"La tasa de crímenes se ha reducido un tercio en Colorado
en los últimos 10 años, lo que ha provocado que desde 2009 este estado
de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus cárceles; pero
paradójicamente las prisiones privadas están cada vez más llenas.
El
motivo es que disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el
Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace
unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas,
que tenían camas vacías, a las privadas. El de Colorado no es, sin
embargo, un caso aislado.
Se repite en otras zonas del país y revela los
entresijos detrás del auge de la privatización carcelaria en EE UU, así
como la perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los
presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda
empresa de maximizar sus beneficios. (...)
La privatización de las cárceles no ha cesado de crecer desde los años
80, cuando nació el primer operador, pero ha sido en la última década
cuando se ha disparado con vigor. Entre 1999 y 2010, el número de
reclusos en prisiones privadas aumentó un 80%, muy por encima del 18%
que registró el conjunto de la población carcelaria, de acuerdo con las
estadísticas oficiales.
Takei tiene muy claras las causas de este
fenómeno: “EE UU vive una epidemia de encarcelación masiva. Entre 1970 y
2010, la cifra de presos creció un 700% y eso ha impulsado a las
compañías privadas”, esgrime. (...)
Sin embargo, el documento del ITPI considera “ilusorio” pensar que las
cuotas mínimas de ocupación de las cárceles acaben beneficiando a los
contribuyentes. La entidad asegura que, por ejemplo, en Arizona las
prisiones privadas han acabado costando 33 céntimos más al día por
recluso que las públicas, mientras que en Colorado el traslado de los
3.330 presos para cumplir la base mínima ha acarreado una factura de dos
millones de dólares. (...)
Como es previsible el auge privatizador ha engrosado las cuentas de
resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group. Por ejemplo,
en el tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8
millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo
periodo del año anterior.
Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada
rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a
invertir en ellas, según explica el activista Takei. En sus informes
públicos, las compañías admiten que el aumento de la población
carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio,
pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los
procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la
duración de las penas.
En este sentido, según el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen intensamente lobby
para tratar de que endurezcan las leyes con el objetivo último de
aumentar —o como mínimo mantener— la población carcelaria. La primera
destinó 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos entre 2002 y
2012, mientras que la segunda gastó bastante menos (2,5 millones) entre
2004 y 2012, según datos del Center for Responsive Politics, una
entidad civil.
En paralelo, también hicieron generosas donaciones a las
campañas de líderes políticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destinó 1,9
millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.
“Mantienen relaciones muy desarrolladas con las autoridades políticas
para tratar de obtener más contratos”, apunta, por su parte, Shar
Habibi, directora del departamento de investigación de ITPI. Y, en
paralelo, en busca del mayor beneficio empresarial, ambas compañías
intentan reducir al máximo los “costes operativos” de sus prisiones para
convertir en ganancia las aportaciones que reciben de los gobiernos.
Esto se traduce, critica, en tener el personal estrictamente necesario o
ahorrar en mantenimiento de las instalaciones, seguridad y sueldos, lo
que suele derivar en contratar a trabajadores sin la cualificación
necesaria. Y todo ello puede generar un cóctel explosivo que, en algunos
casos, ha desencadenado en malos tratos a los presos, un aumento de la
conflictividad o incluso en fugas de reclusos. (...)
Habibi asegura que, en general, los estados mantienen una severa
supervisión de las condiciones de las prisiones privadas, pero que,
cuando ésta se relaja o deja de ser regular, los operadores privados
tienden a tratar de gestionar las cárceles “por debajo de los
estándares” con tal de rebajar aún más sus costes.
Y en algunos casos la
situación se les acaba yendo de las manos, como acaba de pasar en una
prisión de CCA en el estado de Idaho. A principios de enero, las
autoridades anunciaron que iban a retirarle la concesión después de
múltiples denuncias de violencia y negligencias de los trabajadores. CCA
reconoció el año pasado que falsificó los informes que proporcionó al
Gobierno sobre la jornada laboral de sus empleados al notificar que
estaban trabajando en momentos en que en realidad sus puestos estaban
completamente vacantes.
No se trata de un episodio aislado, pues el
informe del ITPI incluye ejemplos muy parecidos en otras cárceles del
país. Y en casos como el de Idaho el rescate público acaba disparando el
presupuesto de gestión de la prisión y son los contribuyentes los que
pagan los platos rotos.(...)" (El País, 23/01/2014)
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