"El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de
julio, ejecutado por comandos de mercenarios extranjeros, sacudió
bruscamente a todo el mundo, provocando una inmensa ola de repudio.
Acaso por primera vez tras el terremoto de 2010, Haití volvía a ocupar
las portadas de los informativos.
El ataque contra la residencia
presidencial, llevado a cabo por un grupo paramilitar integrado por 26
colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano, contratados por
una empresa de seguridad de Miami vinculada al exilio venezolano y
colombiano, ha encendido todas las alarmas de la comunidad
internacional.
Evoquemos los hechos. Los comandos de ex
militares colombianos ingresaron a la residencia presidencial con
chalecos de la DEA y gritando que eran funcionarios de la agencia
antinarcóticos de Estados Unidos. Intimidados por sus amenazas de
disparar, los responsables de seguridad del presidente se replegaron sin
oponer resistencia ni intercambiar disparos. Jovenel Moïse fue
asesinado con visible ensañamiento, tenía varios huesos fracturados, un
ojo arrancado y recibió más de diez disparos en distintas partes del
cuerpo.
La esposa del presidente fue herida en las extremidades y
trasladada inmediatamente a Miami. Antes de huir, los asaltantes
sustrajeron varios objetos de valor que encontraron a su alcance.
Extrañamente, Martine Moïse, la viuda del presidente, manifestó cuatro
días después desde Estados Unidos su intención de continuar la “batalla”
de su marido, y a su regreso declaró que sólo había podido ver las
botas de los sicarios que lo acribillaron.
El presidente
haitiano no tenía una amplia base social ni demasiados partidarios en su
apoyo. Empresario rural y ex secretario general de la Cámara de
Comercio e Industria de Haití, Jovenel Moïse se presentó en 2016 como
candidato del partido de derecha Tet Kale, enfrentado ideológicamente a
la corriente de centroizquierda que lidera Jean-Charles Moïse (Pitit
Desalin), próxima al ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en
dos ocasiones a instancias de Estados Unidos.
El partido Tet Kale venía
gobernando el país con candidatos del agrado del Departamento de Estado
desde el terremoto de 2010 y la posterior intervención de la ONU
liderada por Washington. El predecesor de Jovenel Moïse, Michel
Martelly, fundador de ese partido político, fue elegido fraudulentamente
en 2010 bajo presiones de la OEA y de Estados Unidos, que forzaron su
paso a la segunda vuelta a pesar de haber quedado en tercer lugar, para
bloquear la participación del líder izquierdista Jude Celestin, que
había obtenido un mejor resultado.
Una situación similar se
produjo en las elecciones de 2016. Tras denuncias de fraude que llevaron
a repetir las elecciones un año más tarde, Moïse fue elegido con una
representatividad muy baja, y su gestión estuvo caracterizada por
múltiples conflictos con la oposición, entre otras razones por no haber
convocado elecciones legislativas para renovar el Congreso. Al final de
su mandato el Senado solo contaba con diez de sus miembros y la Corte
Suprema estaba descabezada.
Moïse gobernó el país con rigor y talante autoritario. Durante su
gobierno se produjeron estallidos sociales que reprimió sin compasión, y
hubo un descomunal despliegue de las bandas criminales que de forma
creciente aterrorizan a la población de la capital y el interior del
país. El presidente Jovenel Moïse fomentó la expansión de las pandillas,
que durante el último año secuestraron a más de mil personas,
principalmente en barrios populares y zonas marginales, para exigir
rescates millonarios a los familiares, según ha informado la
organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus.
A mediados de 2020, nueve pandillas de la capital crearon una federación conocida como G9,
dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, “un expolicía que fue
retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves
acusaciones de violaciones de derechos humanos”. La impunidad con la que
actúan ha forzado la salida de la ONG Médicos sin Fronteras de
Martissant, un barrio de Puerto Príncipe abandonado por las autoridades y
convertido en zona de guerra desde hace dos meses.
Además, estas
pandillas suelen perpetrar masacres en los barrios de mayoría política
opositora para acallar las protestas, tienen comunicación fluida con los
jefes de la policía y se ofrecieron como garantes de una victoria
fraudulenta de Moïse en las elecciones.
Por otra parte, desde febrero de 2021, el propio Jovenel Moïse se sentía
amenazado, evitaba salir de su residencia y denunció que se fraguaba un
atentado en su contra. Acusó como inductores a un importante grupo
empresarial que controla el monopolio de la electricidad y a la
“oligarquía corrupta”, de la que él mismo formó parte, acusado de haber dilapidado en beneficio propio los ingresos de Petrocaribe, la compañía impulsada por Venezuela para abastecer de petróleo subsidiado a los países caribeños.
En febrero de 2019 una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló
irregularidades entre 2008 y 2016 que comprometen a 15 ex ministros y
funcionarios, así como a una empresa que dirigía Jovenel Moïse antes de
convertirse en presidente. Paradójicamente, su alineamiento con Donald
Trump lo convirtió a su vez en un acérrimo enemigo político de
Venezuela. Al conocerse esos hechos, la población de Haití estalló
enfurecida ocupando las calles y exigió su renuncia. Previamente, en
2018, una manifestación de cientos de miles de personas ya había
reclamado su destitución. (...)
El jefe de la policía colombiana confirmó que los 26 mercenarios de esa
nacionalidad habían pertenecido al Ejército, del cual se retiraron entre
2018 y 2020. Entre ellos había varios oficiales y suboficiales, y se
supo que al menos siete mercenarios sabían cuál sería el desenlace final
de la operación. (...)
Durante la última década, el fenómeno de la “seguridad privada” como
tapadera del reclutamiento de mercenarios floreció en Maimi, con
Colombia como principal cantera de ex militares, y las mismas empresas
que formaron a esos comandos con técnicas de contrainsurgencia de la CIA
empezaron a reclutarlos como mercenarios para realizar operaciones
terroristas en el exterior. El negocio de la seguridad privada con caladero en Colombia prosperó y rápidamente se internacionalizó, ya que contratar mercenarios norteamericanos o europeos resulta mucho más caro. (...)
El costo de la operación, estimado en unos 30 millones de dólares, es
otro elemento a favor de la hipótesis de un golpe inducido. (...)
La empresa que contrató a los mercenarios,
CTU Services (Counter Terrorist Unit Federal Academy), registrada en
Doral Beach (Miami), es propiedad del opositor venezonalo Antonio
Intriago, muy próximo al autoproclamado 'presidente' de Venezuela Juan
Guaidó. Intriago se jacta de haber pertenecido a la oficialidad de la
policía venezolana y de “tener vínculos o haber trabajado directamente
para agencias de inteligencia de Estados Unidos”.
Su compañía vende
servicios, cursos de formación y armamento a personal de seguridad de
países latinoamericanos. Y es una más de las que actúan desde Florida en
operaciones políticas tenebrosas, amparadas en una legislación muy
permisiva, a veces en concomitancia con los organismos de seguridad
estadounidenses.
Por otra parte, el medio digital venezolano La Tabla reveló
que Intriago “es miembro y tesorero de la Fundación Latino Americanos
Unidos, organización de derecha con amplia presencia política, social y
mediática en toda Florida” y “forma parte de una cofradía llamada
‘Hombres de la Guerra Crisol’. Es una especie de hermandad de
participantes de un programa bélico y filosófico de formación de
‘guerreros’ entrenados por exagentes de Navy Seals, Comandantes SWAT,
emprendedores Élite y expertos en artes marciales”. (...)
El periódico El Nuevo Herald de Miami recuerda
en su edición del pasado 10 de julio que “un golpe fallido en mayo de
2020 en Venezuela involucró de manera similar a hombres de seguridad
contratados en Florida”, refiriéndose a la operación Gedeón, patrocinada
por Estados Unidos para sabotear Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro,
a la que también optó sin éxito la empresa de Intriago. El periódico
estadounidense concluye: “Miami y el enclave de Doral se han convertido
en una especie de taberna de Star Wars para los aspirantes a
libertadores y guerreros a sueldo”.
A su vez en la prensa
colombiana aparecen los nexos entre Antonio Intriago, el “reclutador de
militares-sicarios colombianos”, con el presidente Iván Duque, con quien
organizó en 2019 el macroconcierto de Cúcuta contra el gobierno de
Nicolás Maduro en Venezuela. Intriago, propietario de la marca
organizadora “Venezuela somos todos”, se reunió en diversas ocasiones
con el presidente de Colombia, previamente durante su campaña electoral y
después en ese concierto internacional patrocinado por el gobierno de
Estados Unidos, en presencia de la estrella fugaz Juan Guaidó. (...)
La periodista colombiana María Jimena Duzán completa este análisis:
“Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia,
la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y
contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40
años luego de haber prestado 20 años de servicio.
Eso ha ido creando un
mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a
todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el
Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros
han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a
presidentes. Así de simple”. (...)
Según la policía colombiana, en la planeación y organización del
ataque también habría participado el ex capitán del Ejército colombiano
Germán Rivera, quien sí ha facilitado información sobre los autores
intelectuales del crimen. En sus declaraciones a la policía aseguró que
hubo reuniones previas a la operación donde se planificó el relevo
presidencial, y que “el programa de gobierno lo hizo todo [el empresario
colombiano] Gabriel [Pérez] porque Sanon no tenía ni idea”. Gabriel, el
ya citado Arcángel Pretel, habría digitado y financiado el cambio de
régimen a cambio de asegurarse millonarios contratos con el nuevo
gobierno haitiano que esperaba imponer por la fuerza y es ahora la
persona más buscada del hemisferio.
Por su parte el jefe de
seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, con
antecedentes de narcotráfico en los registros de la DEA, declinó
declarar ante la Fiscalía de Haití a los pocos días del magnicidio y se
ordenó su captura. También quedó detenido por negarse a declarar Jean
Laguel, el coordinador de seguridad del presidente. Añadiendo más
intriga a esta historia, si cabe, pocos días después del atentado se
supo que varios de los ex militares colombianos que intervinieron en la
misión delictiva son confidentes de la DEA
—que lo admitió en un comunicado —y del FBI. Así pues, todo cobra un
giro inesperado cuando el jefe de la Policía de Colombia ‘revela’ que el
comando paramilitar pretendía en realidad 'retener' al presidente
Jovenel Moïse para entregarlo a la DEA. (...)
El móvil en este caso saltaría a la vista. El presidente Jovenel
Moïse acababa de sustituir a Joseph designando un nuevo primer ministro,
Ariel Henry, ex ministro del Interior de talante supuestamente
aperturista con la oposición, rechazado por las élites derechistas del
Tet Kale. El momento del crimen podría haber sido perfectamente
calculado para que Henry no llegase a jurar el cargo.
Cabe
preguntarse finalmente si la policía de Estados Unidos no debería estar
bien informada por sus confidentes de quién actuó como cerebro de la
operación. Según opinión generalizada entre muchos haitianos, en el país
nada se mueve sin que lo sepa Estados Unidos. ¿Cómo podrían ignorar sus
servicios de inteligencia que se estaba gestando un hecho de esa
magnitud, con semejantes ramificaciones internacionales? (...)
El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de
haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen
implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia,
Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana (como país facilitador
del tránsito de personas y armas) y Taiwan (en cuya embajada se
refugiaron 11 de los mercenarios detenidos). (...)
Un duro pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe
muestra el ánimo de los letrados haitianos. Afirman que se trata “de
unas prácticas infra-estatales que ilustran el nivel de colapso
planificado del Estado mismo”.
Para esta entidad, se trataría de un signo de decadencia que pondría
de manifiesto la claudicación del Estado ante fuerzas ajenas a sus
intereses. (...)
Con todo, no pocos activistas haitianos se oponen a la narrativa del
caos como estado permanente (y actual) de su sociedad, ya que esta
mirada a la que consideran sesgada es lo que permitiría que el país sea
ocupado militarmente de forma continuada por tropas estadounidenses y/o
internacionales. Además de los tremendos atropellos reportados durante
las prolongadas estadías de militares extranjeros en el país, como los abusos sexuales denunciados contra niñas
por cascos azules de la ONU, con más de 2.000 casos documentados entre
2004 y 2017, o la propagación de epidemias de cólera, hay entre los
haitianos clara conciencia de que cualquier intervención exterior en
tiempo de elecciones solo puede servir para consagrar a un nuevo
gobierno derechista en el poder. (...)
Hace ahora 30 años Haití pudo haberse convertido, por primera vez en su
historia, en un país democrático. Esta esperanza se vio truncada con el
derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que triunfó en las
elecciones de 1990 con el respaldo de grandes mayorías populares (67 %
de los votos). Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras siete
meses después de llegar al gobierno con apoyo implícito de Estados
Unidos. (...)
La represión dictatorial que impuso el general Cédras produjo cerca
de 4.000 muertos y generó un enorme caos, hasta que una coalición
internacional tuvo que forzar su dimisión en 1994 y restituyó a Aristide
en la presidencia. Después de entregar el poder en 1995 al presidente
electo René Préval, Aristide volvió a ser elegido en 2001, pero en 2004
volvió a ser derrocado, esta vez con intervención directa de Estados
Unidos, cuyas tropas lo trasladaron a un exilio forzado en la República
Centroaficana. Tras su destierro, Aristide quedó excluido de participar
en las elecciones.
Uno de los promotores de ambos golpes
contra Aristide fue el influyente empresario haitiano Reginald Boulos
—con intereses en los sectores financiero, farmacéutico, de medios de
comunicación y en la distribución comercial, entre otros—, dueño de una
de las mayores fortunas del país. Boulos creó en 2018 un nuevo partido
político para optar a la presidencia, el llamado Movimiento Tercera Vía
(MTV), con fuertes vínculos en el Congreso de Estados Unidos, y ahora
es, junto con el también empresario Dimitri Vorbe, sospechoso de haber
actuado como cerebro de la trama local en el asesinato de Jovenel Moïse. (...)
Boulos y Vorbe pertenecen a un puñado de empresarios haitianos de
origen blanco y árabe que controlan los principales recursos de un país
con un 95 % de población negra, y que se disputan la nominación a la
presidencia compitiendo por los favores de Washington. Estas élites
conforman lo que se ha denunciado desde la izquierda haitiana como un
sistema de appartheid, que excluye a los empresarios negros del control de sectores estratégicos de la economía nacional.
La primera consecuencia internacional del golpe de Estado en Haití y de
la inestabilidad política que este agudizó es una tragedia humanitaria
de dimensiones continentales. A pocas semanas del magnicidio de Jovenel
Moïse, decenas de miles de haitianos están abandonando la isla, la mayor
parte con destino a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. La
mayoría de ellos no se dirigen allí directamente, sino a través de un
largo recorrido por seis países de Centroamérica y México, que empieza
precisamente en Colombia, el primer eslabón de esta nueva explosión
migratoria. (...)
La paradoja de esta situación es que Colombia, que ha exportado a Haití
los mercenarios que participaron en la generación de este caos, sufre
ahora —aunque solo como país de tránsito— un flujo desorbitado de
migrantes, de haitianos desahuciados que atraviesan parte del territorio
colombiano en el largo rodeo que los llevará a su destino
norteamericano. Estados Unidos, como país receptor, debería prepararse
para acogerlos de manera digna, por haber creado, tanto ahora como
históricamente, las condiciones de ingobernabilidad que propician que
esto ocurra." (Eduardo Giordano, El Salto, 04/08/21)
