En el Hospital de la Ribera, privatizado, en Alzira, premiaban a los médicos por dar altas precoces. Pacientes que en realidad no estaban en condiciones de ir a casa, después del alta tenían que volver... Además, como por la población de su departamento ya cobraban un fijo, lo que hacían era poner por delante de estos a pacientes de otros zonas. Para hacer resonancias, operaciones… Cuando llegamos, había 19.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica en rayos, de Alzira, y 1.700 informes pendientes, entre los cuales apareció algún cáncer. Iban a sacar dinero... Es el modus operandi de estas concesiones. Si tu fin es obtener beneficio, no puede ser lo mismo que la sanidad pública, cuyo fin es proporcionar salud o curación a los pacientes. ¿Es lo mismo tener una enfermera para dos camas de UCI que una para cuatro? Los responsables sanitarios que revirtieron la primera concesión del mismo modelo que opera en el hospital madrileño se encontraron almacenes casi vacíos y equipos obsoletos, y tuvieron que afrontar denuncias penales y campañas de desinformación

 "Isabel González, nacida en Avilés (Asturias) hace 76 años, fue radióloga, jefa de servicio y gerente del Hospital de Sant Joan de Alicante. En 2017 la nombraron directora general de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat valenciana con la misión de preparar la reversión del Hospital de la Ribera, en Alzira, el primero público de gestión privada en España, inaugurado en el año 2000, que dio nombre a un modelo que desde Valencia se extendió a otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid. Y que esta semana ha vuelto a ser cuestionado a raíz del escándalo del Hospital de Torrejón. La reversión de Alzira se concretó en el primer minuto del 1 de abril de 2018. González la vivió en el hospital, donde estuvo trabajando hasta avanzada la madrugada. “Fue como montarse a un tren en marcha”, responde por viodeollamada desde el edificio de Alicante donde vive, en un piso de la planta 18, frente al mar.

Pregunta. ¿Fue difícil revertir la concesión sanitaria de un hospital?

Respuesta. Privatizar es muy fácil, desprivatizar es difícil. Nosotros tuvimos que pelear mucho. De entrada, afrontamos decenas de recursos judiciales de la empresa, Ribera Salud, que acabó perdiendo la concesionaria. También nos presentaron demandas, por la vía penal, a varias de las personas que dirigíamos la reversión, empezando por la consellera [Carmen Montón], que también ganamos. Pusieron en marcha toda una campaña: con buzoneo en las casas de los ciudadanos, con un periódico que editaban y repartían en el hospital y los centros de salud del departamento, una televisión de circuito cerrado en la que hablaban de las bondades del sistema, anuncios en las traseras de los autobuses… Una asociación de médicos afín a ellos organizaba charlas por la comarca con pacientes, sobre todo de cáncer, diciéndoles que si se producía la reversión tendrían que desplazarse a Valencia para el tratamiento, lo cual no era cierto. Y anunciando que se iba a producir un colapso asistencial inmediato, lo que tampoco ocurrió. La concesionaria era una empresa grande, muy potente, y el hospital era muy emblemático para ella.

P. ¿Qué problemas se encontraron al hacerse cargo del hospital y el resto del departamento de salud de comarca de La Ribera?

R. Desde antes de que se produjera la reversión tuvimos muchos problemas para acceder a la información. La cláusula 17 del acuerdo de concesión decía que debían tener los mismos sistemas de información sanitaria que la consejería. Pero nunca lo cumplieron. Así que desde fuera no podíamos consultar los datos, ni tener acceso a los indicadores. Sus informes eran declarativos, lo que ellos decían, te los tenías que creer. Un sistema opaco. Por ejemplo, presumían de que no tenían lista de espera, pero es que su manera de contabilizarla no tenía nada que ver con la de los hospitales públicos.

P. En el escándalo de Torrejón ha salido a la luz la expresión “pacientes rentables”. ¿Se usaba en Alzira? ¿Qué significa?

R. El paciente rentable es, para ellos, el negocio. Es el que presenta determinadas patologías. Y el que es de fuera de la cápita, es decir, que pertenece a otro departamento de salud y acude a su hospital, porque esos los cobran aparte. En Alzira, que llegó a hacer el 37% de los partos del vecino departamento de Xàtiva, eso dio lugar a incentivos perversos. Como que si un médico captaba pacientes de fuera del departamento le daban un plus económico.

P. ¿Cómo los conseguían?

R. Pues con amigos, conocidos… lo que fuera.

P. ¿Como comerciales?

R. Efectivamente. Y había otro incentivo perverso, que también quitamos al llegar, que era que premiaban a los médicos por dar altas precoces. ¿Qué pasaba? Que tenían unos indicadores muy malos de retorno a urgencias. Pacientes que en realidad no estaban en condiciones de ir a casa, y después del alta tenían que volver. Además, como por la población de su departamento ya cobraban un fijo, lo que hacían era poner por delante de estos a pacientes de otros departamentos. Para hacer resonancias, operaciones… Cuando llegamos a Alzira había 19.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica en rayos y 1.700 informes pendientes, entre los cuales apareció algún cáncer. Iban a sacar dinero.

P. Se parece a lo que se está viendo en Torrejón.

R. Es que no es una cosa aislada del hospital de Torrejón o del de Alzira. Es el modus operandi de estas concesiones. Si tu fin es obtener beneficio, no puede ser lo mismo que la sanidad pública, cuyo fin es proporcionar salud o curación a los pacientes. ¿Es lo mismo tener una enfermera para dos camas de UCI que una para cuatro? Por eso me parece importante la derogación de la Ley 15/1997, que fue la que abrió la puerta a las diferentes fórmulas de gestión público-privada.

P. ¿Se encontraron con más incumplimientos en el hospital?

R. Nos encontramos con un equipo de resonancias que se paraba cada dos por tres con unas averías gravísimas. Un equipo de radioterapia tan obsoleto que la empresa quería quitar el mantenimiento. Un déficit de respiradores terrible... Por contrato, tenían que haber hecho inversiones cada cierto tiempo, pero parte de ellas no las hicieron, como dijo la propia Intervención de la Generalitat. Lo que pasó fue que, con todas las inspecciones que hicimos antes de la reversión, ya sabíamos por dónde teníamos que ir. Y lo primero que hicimos fue una inversión de ocho millones de euros en todo esto.

P. El Hospital de Alzira cobraba por recibir a pacientes de otros departamentos, y tenía que pagar por los que enviaba fuera. ¿Funcionaba así en la práctica?

R. Cuando teníamos que cobrarles a ellos era muy difícil. A pesar de que presentábamos la facturación, la identificación del paciente, todos los datos... bastaba con que faltara algún detalle para que no pagaran. En general, supervisar las concesiones era mucho más complicado que hacerlo con los hospitales públicos. Son los llamados costes de transacción, y en las concesiones sanitarias son muy altos.

P. ¿Qué más recuerda de aquella primera noche en Alzira?

R. Que, aunque tenían que haber dejado una reserva, los almacenes estaban prácticamente vacíos. De fármacos, de ropa de hospital, de mascarillas… No dejaron ni una carpeta, ni un papel, y borraron todo lo que había en los ordenadores, así que no sabíamos ni qué proveedores teníamos. Para esa primera noche habíamos hablado con el Hospital La Fe, en Valencia, para que tuvieran preparado un estocaje con la medicación y material que pudiéramos necesitar." 

(Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira, Ignacio Zafra , El País, 08/11/25) 

El CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital privatizado de Torrejón, ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”... y ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. "Por ejemplo, actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese. No sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar”... como pacientes que requieran diálisis peritoneal en el hospital, por su baja rentabilidad... si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios... esta empresa gestiona un hospital que es público a todos los efectos para los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor del Henares a los que da servicio, pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de “cuatro o cinco millones (Pablo Linde)

 "En los hospitales públicos de gestión privada, cada euro que no se gasta en los pacientes es un euro más para la empresa. El grupo sanitario Ribera quiere exprimir esta idea en el Hospital de Torrejón de Ardoz, centro público madrileño gestionado por la compañía. El CEO del grupo, Pablo Gallart, ha ordenado subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Lo hizo en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre, a cuya grabación ha tenido acceso EL PAÍS, que ha confirmado su contenido con una de las personas presentes. “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dice Gallart, quien reclama “hacer iteraciones”, es decir, ajustes, para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

El empresario ha rechazado atender a este periódico a través de un portavoz de la empresa, que asegura que fuera de “contexto” el contenido de esos audios “puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido”.

En aquella reunión, lo que solicitó Gallart a sus mandos es dejar de hacer intervenciones que no sean rentables para la empresa que gestiona un hospital que es público a todos los efectos para los más de 150.000 habitantes de la zona del Corredor del Henares a los que da servicio, así como los pacientes del resto de Madrid que decidan acudir al centro, en virtud de la libre elección sanitaria de la comunidad.

“¿Cuál es nuestra capacidad de gestión?”, se pregunta Gallart. Y se responde: “Pues entiendo que somos capaces de determinar la actividad que podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y, determinando la actividad [...], determinaréis cuáles [son] los gastos y qué nivel de EBITDA tendremos. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”.

El empresario señala que si acumulan demoras, gastarán menos en intervenciones porque necesitarán menos personal y medios. El consejero delegado justifica esto ante su audiencia alegando que el Hospital de Torrejón es deficitario, que nunca va a dar beneficios hasta el final de la concesión, ya que cada año pierden nueve millones de euros en amortizaciones y gastos financieros. Asegura que lo que aporta la administración no es suficiente para cubrir los gastos que tiene el hospital.

Gallart era hasta mayo director financiero de Ribera. Ascendió a consejero delegado interino después de que Vivalto Santé, el grupo francés propietario de un 75% de la compañía, destituyera al que era alma mater de Ribera, Alberto de Rosa, y a su mano derecha, Elisa Tarazona. Después de proponer estas políticas en Torrejón, Gallart ha sido confirmado como CEO del grupo, a las órdenes de Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto, que asumió en mayo de forma interina la presidencia de Ribera.

Ribera ha enviado una contestación por escrito de Santiago Orio, que es desde hace un mes el director gerente del Hospital de Torrejón: “Las reuniones empresariales internas son de carácter privado y su contenido está dirigido a personas con responsabilidad que conocen su área de trabajo y son capaces de entender el contexto. Fuera de este entorno, el contenido puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido”.

Orio asegura que “Ribera tiene único plan: ofrecer una atención de la máxima calidad a los pacientes de Torrejón y de toda la Comunidad de Madrid que eligen ser atendidos en nuestro hospital, tal y como muestran los resultados de las auditorias de diferentes organismos independientes y los registros de la propia Consejería de Sanidad”.

Un portavoz de la Consejería asegura a este diario que la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de estas órdenes y que, si los tuviera, actuaría de inmediato. “El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) vela por el cumplimiento riguroso de los indicadores y criterios de gestión requeridos y realiza un control y seguimiento continuo de su actividad para garantizar que la prestación de sus servicios es correcta”, ha agregado.

“El camino contrario” a bajar las listas de espera

Durante la reunión de septiembre, Gallart dice: “Estoy convencido de que vamos a llegar. Igual de fácil que ha sido en el pasado aumentar cuatro o cinco millones los gastos de personal para aumentar o reducir la lista de espera, no me cabría en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario, de verdad. La elasticidad siempre va en las dos direcciones”.

Gallart se refiere a la reducción de las listas de espera que logró el hospital tras la covid, cuando se dispararon, y que regresaron en 2023 a niveles prepandemia. El CEO continúa: “Y no solo estoy hablando de listas de espera, seguro que tenéis mucha imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad [rentables] y que procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer”.

El directivo se centra en seleccionar estos procesos en la actividad denominada “cápita”, es decir, la población a la que le corresponde el hospital: la de Torrejón de Ardoz y algunas localidades cercanas. Pero también habla de la “no cápita”: aquellos pacientes que eligen el hospital sin que sea su zona. Todos los residentes en Madrid tienen ese derecho desde la ley que el gobierno de Aguirre aprobó en 2009.

“Seguro que estamos haciendo mucha actividad no cápita que no nos es contributiva, es decir, que nos está perjudicando. No sé si hay posibilidad de captar o no actividad que más nos interese. Por ejemplo, actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese. No sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar”, añade Gallart.

Fuentes del hospital aseguran a este diario que en posteriores reuniones los directivos están estudiando qué intervenciones no son rentables, para tratar de derivar a esos pacientes a otros centros de la comunidad. En documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS queda reflejada la orden expresa de no atender a pacientes “no cápita” que requieran diálisis peritoneal en el hospital, por ejemplo, por su baja rentabilidad.

Un sistema inventado por Ribera

Fue justamente Ribera el grupo que inventó este modelo de gestión privada de hospitales públicos en la Comunidad Valenciana a finales de los años noventa: el entonces famoso modelo Alzira. El Gobierno de Esperanza Aguirre lo importó a principios de los 2000. En la Comunidad de Madrid, además del Hospital Universitario de Torrejón, hay otros tres con este modelo: el General de Villalba, el Infanta Elena y el Rey Juan Carlos, gestionados por Quirón. Esta empresa también es propietaria de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, pero opera por medio de un “concierto singular”, distinto de los anteriores.

La gestión por concesión consiste en que la empresa construye la infraestructura y la gestiona durante un plazo de tiempo a cambio de prestar el servicio público, dando asistencia sanitaria a una población protegida. En el caso de Torrejón, se abrió en 2011 y contará con una gestión de 30 años. La Administración paga un canon per cápita ―por la población asignada, independientemente de la actividad que realice― que obliga al concesionario a prestar todos los servicios que daría cualquier otro hospital de la red pública. Esto diferencia el modelo de otro tipo de concesiones a centros privados, a los que se les paga en función de la actividad.

El último acuerdo de Ribera con la Comunidad de Madrid fue una inyección adicional de 32,7 millones de euros al Hospital de Torrejón en julio para reestructurar la deuda que arrastra desde su apertura. Se suman a los 88 millones que el gobierno madrileño ha pagado al grupo desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta. Según Gallart, esto es insuficiente para mantener la actividad que desarrollaban hasta ahora.

En julio, un portavoz de la comunidad explicó a EL PAÍS que el contrato se tuvo que “reequilibrar” por desembolsos no contemplados, “como el gran incremento del gasto farmacéutico de medicamentos innovadores y de alto impacto que no estaban previstos al inicio, junto a otros de medicina nuclear o dispositivos de glucosa”.

Críticas al modelo Alzira

Los partidos de izquierdas en las comunidades donde se ha implantado este modelo siempre lo han criticado, alegando que poner a empresas a gestionar la salud de los ciudadanos era como poner al zorro a cuidar al gallinero; que harían negocio a costa de la salud. En 2018, el gobierno del socialista Ximo Puig desprivatizó el hospital de La Ribera y solo quedó con este modelo el del Vinalopó, gestionado por el grupo Ribera, que también se encarga de Povisa, en Vigo.

Desde que comenzaron a funcionar, se han sucedido acusaciones a los hospitales que operan bajo este modelo por primar el beneficio sobre la salud en Galicia, Madrid y Valencia, todas gobernadas por el PP. Pero las estrategias para mejorar los resultados nunca habían quedado patentes como en estos audios. Fuentes de Ribera que llevan años en el grupo se muestran escandalizadas ante este tipo de actuaciones que “ponen en peligro la salud de los pacientes”, que “van contra la deontología médica” y que, afirman, jamás se habían puesto en marcha.

El pasado octubre, Almudena Quintana Morgado, directora general asistencial del SERMAS, defendió la gestión del Hospital de Torrejón ante una pregunta de Más Madrid sobre los planes de mejora: “Cuenta con un funcionamiento asistencial sólido, resultados contrastados y con una clara orientación a la mejora continua”. 

( Pablo Linde , El País, 03/12/25)

No respetan nuestras tetas... A veces sexualizadas; otras, la libertad guiando al pueblo; fuente nutricia para bebés o abanderadas del placer erótico, perturban cuando se transforman en reivindicación política... Que el escándalo se haya desatado en nuestros bustos añade una dimensión simbólica de género a un fenómeno relacionado con dinámicas universales: el hecho de que el tratamiento de la vida haya descendido a niveles que no se corresponden con los derechos humanos... esta crisis andaluza evoca un fuerte componente machista que han señalado explícitamente las pancartas de las manifestaciones recientes, en las cuales podía leerse el mensaje: “Las vidas de las mujeres importan”... Pero, ¿importan? Esa minorización de la población femenina obedece a un cambio de paradigma global basado en la ruptura de consensos sobre el significado de lo humano... apunta al desmantelamiento del Estado del bienestar y la priorización del beneficio económico sobre todas las cosas... En las protestas de esas mujeres andaluzas exigiendo dignidad para sus pechos habita el clamor de quien pretende parar el desmoronamiento de todo lo que un día fuimos capaces de construir y ahora está siendo malvendido. Que la capacidad colectiva de escucha las acompañe, porque hay veces que en una teta puede caber el mundo... Me palpo ambos pechos con estupor y rabia... (Azahara Palomeque)

 "Cualquiera que viva en Andalucía sabe que la sanidad pública aquí está sufriendo un enorme deterioro. Para ver a mi médico de cabecera, normalmente tengo que esperar entre siete y diez días, con lo cual, cuando la situación es grave ―una infección, por ejemplo― me veo obligada a acudir a las urgencias de un hospital donde el tiempo se eterniza hasta que llega la receta del antibiótico. Las listas de espera para operaciones son insostenibles, las derivaciones al especialista demoran meses que el cuerpo enfermo no soporta, y todavía tenemos suerte quienes residimos en ciudades: este verano, la Junta cerró el 75% de los centros de salud por la tarde. Yo me acordaba entonces de mi pueblo ―Castro del Río, Córdoba―, con una población tan envejecida que precisa cuidados constantes, y que en su mayoría no conduce ni cuenta con otra alternativa médica en las inmediaciones. La crisis de los cribados por el cáncer de mama que, según ha informado este periódico, afecta al menos a 2.000 mujeres actúa así como la demolición parcial de un edificio cuyas grietas ya sufríamos todos los andaluces, fracturas que atestiguan otras piezas del puzle: el trasvase de varios cientos de millones de euros a la privada, o la rotación frecuente en la Consejería de Sanidad. Faltan profesionales; sobran leyes como la 15/1997 ―que permitió los conciertos y abrió la puerta a esta debacle―; falta, sobre todo, una voluntad política que anteponga la vida al lucro y respete a la ciudadanía.

Me palpo ambos pechos con estupor y rabia. Hace un año, un dolor punzante en el seno izquierdo desató mis sospechas y fui corriendo a hacerme pruebas, con la fortuna de que al final los culpables resultaron ser dos quistes benignos que se inflan o encogen según el momento de ciclo menstrual. Pero estos días me he quedado pensando si no habría podido ser yo una de esas señoras damnificadas por la ineptitud de algunos, y qué valor se atribuye a nuestras tetas. A veces sexualizadas; otras, la libertad guiando al pueblo; fuente nutricia para bebés o abanderadas del placer erótico, perturban cuando se transforman en reivindicación política, como nos ha demostrado durante décadas el feminismo. Que el escándalo se haya desatado en nuestros bustos añade una dimensión simbólica de género a un fenómeno relacionado con dinámicas universales: el hecho de que el tratamiento de la vida haya descendido a niveles que no se corresponden con los derechos humanos. Así, esta crisis andaluza evoca un fuerte componente machista que han señalado explícitamente las pancartas de las manifestaciones recientes, en las cuales podía leerse el mensaje: “Las vidas de las mujeres importan”. El Blacklivesmatter nos ha prestado un lema que apunta a la discriminación de las minorías, con la excepción de que nosotras somos el 50%.

Pero, ¿importan?, ¿importamos más allá de como fuerza laboral, agentes reproductores, estadística a la que rogarle el voto cuando hay elecciones para después utilizar la soberanía transferida en nuestro detrimento? A simple vista, no parece que nuestra relevancia se extienda más allá de un lacito rosa, pero debe quedar claro que esa minorización de la población femenina obedece a un cambio de paradigma global basado en la ruptura de consensos sobre el significado de lo humano, por el cual la producción de víctimas alberga un efecto multiplicador. Este apunta, entre otras cosas, al desmantelamiento del Estado del bienestar y la priorización del beneficio económico sobre todas las cosas. La sanidad pública, eje crucial de dicho Estado, cumple el papel de garantizar una igualdad constitucional, contribuye a mantener los precios de la privada a raya y, en su gratuidad reside la justicia de considerar al enfermo como paciente en lugar de cliente. Representa justo lo contrario al sistema estadounidense, donde el elevado e ineficiente gasto público no impide que cada año se declaren en bancarrota medio millón aproximado de ciudadanos ―incapaces de pagar las facturas médicas―; se cronifican dolencias curables para fidelizar los pagos (cuando no se fabrican epidemias como la de los opiáceos); y eso produce una desconfianza tal que muchas personas directamente evitan ponerse en manos de un facultativo cuando lo necesitan. Allí, podría argumentarse, tampoco se respetan nuestras tetas, ni nuestros úteros, dada la derogación del derecho al aborto a nivel federal en 2022.

Pues bien, si ese es el modelo que la mayoría del electorado desea, entonces quizá deberíamos replantearnos nuestra percepción de la condición humana; reavivar los debates sobre sadomasoquismo ―que el pensador Erich Fromm identificó como el germen del nazismo―; e incluso asomarnos a la realidad de una potencia que, a pesar de su hegemonía, nunca logró desarrollar una estructura social tan equitativa, tan eficaz como la que nos están robando. En las protestas de esas mujeres andaluzas exigiendo dignidad para sus pechos habita el clamor de quien pretende parar el desmoronamiento de todo lo que un día fuimos capaces de construir y ahora está siendo malvendido. Que la capacidad colectiva de escucha las acompañe, porque hay veces que en una teta puede caber el mundo."

( Azahara Palomeque , El País, 13/10/25)

Graves deficiencias de gestión en los tratamientos de diálisis, a raíz de los severos recortes presupuestarios que aplicó el Govern del presidente Artur Mas... Duro informe de la Sindicatura de Cuentas por la externalización de la atención a los pacientes, con un coste de 91,4 millones de euros en el año 2022, con un sobrecoste no presupuestado de 8,4 millones... Además, se ha detectado que en el periodo 2014-22 se emitieron 31.574 facturas presuntamente duplicadas, con un fraude estimado de unos 2 millones de euros... La Sindicatura de Cuentas también muestra su extrañeza por la poca utilización de la diálisis domiciliaria, mucho más barata (29.724 euros anuales) y cómoda para el paciente (elTriangle)

 "La Sindicatura de Cuentas ha puesto la lupa en la asistencia que reciben en Cataluña los enfermos de riñón, una afección crónica que requiere largas, frecuentes y costosas sesiones de diálisis para su tratamiento. Según cálculos del CatSalut, en Cataluña hay casi 280.000 personas con enfermedades de riñón, de las que 6.278 recibían en el año 2022 tratamientos de diálisis.

La solución para las afecciones nefríticas es el trasplante, pero ni hay suficientes donaciones de órganos ni todos los pacientes están capacitados para recibirlas. Durante el año 2022, objeto del informe de la Sindicatura de Cuentas, se realizaron 949 trasplantes de riñón.

La Sindicatura de Cuentas ha detectado graves deficiencias en el modelo de gestión que hace el CatSalut de las diálisis de los pacientes. En buena parte, derivan de la externalización de parte de este servicio que se produjo en el año 2014, a raíz de los severos recortes presupuestarios que aplicó el Govern del presidente Artur Mas.

Esto ha hecho que, durante el periodo analizado por la Sindicatura de Cuentas, el 45,3% de los pacientes recibieran las sesiones de diálisis en los centros privados contratados por CatSalut, mientras que el 54,7% lo hicieron en la red de hospitales públicos y concertados.

Pero ya se sabe, por experiencia, que las privatizaciones de los servicios, con la excusa de abaratar costes, acostumbran a resultar más caras. Así, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, el tratamiento anual de diálisis de un paciente en un centro privado le costó a la Generalitat 47.744 euros, mientras que en la red pública el coste fue de 42.261 euros, incluyendo los traslados del paciente en ambulancia.

La externalización parcial de este servicio se dividió en 17 lotes territoriales, que se han repartido mayoritariamente entre dos empresas: Fresenius (con 7) y Diaverum (también con 7). Según la Sindicatura de Cuentas, en este reparto, que se hizo sin pasar por concurso público, hay indicios que podrían conllevar sanciones administrativas y procedimientos penales.

Las empresas externalizadas cobraron, en 2022, 91,4 millones por prestar el servicio de diálisis a 3.295 pacientes, con un sobrecoste no presupuestado de 8,4 millones. Además, se ha detectado que en el periodo 2014-22 se emitieron 31.574 facturas presuntamente duplicadas, con un fraude estimado de unos 2 millones de euros.

La Sindicatura de Cuentas también muestra su extrañeza por la poca utilización de la diálisis domiciliaria, mucho más barata (29.724 euros anuales) y cómoda para el paciente. En Cataluña, solo está prescrita al 10,8% de los pacientes con enfermedades crónicas de riñón."

(elTriangle, 11/01/25)

“En Osakidetza nos la van a dejar morir, vámonos a la privada”... el “cambio cultural” en Osakidetza: ambulancias y PAC sin médicos, ambulatorios cerrados en vacaciones, dilatadas listas de espera con especialistas y unas urgencias hospitalarias permanentemente colapsadas.

"El sábado de la final de la Copa del Rey, Miren —nombre ficticio— tuvo el segundo síncope en tres días. Desde hacía dos semanas vivía en casa de uno de sus hijos, porque desde mediados de marzo comenzó a experimentar un cansancio extremo y, tras los primeros despistes, aparecieron las pérdidas de memoria y los fallos cognitivos. En menos de un mes, Miren pasó de vivir sola, hacer las tareas del hogar, quedar con sus amigas e ir a bailar, a ser una persona dependiente que pensaba que vivía en los años 70.

El día anterior al partido, un día después del primer síncope, la médica de cabecera le colgó el teléfono a su hijo: “Poneos de acuerdo con los síntomas de vuestra madre”, espetó antes de dar por terminada la conversación de la cita telefónica. Hace año y medio, Miren, de 74 años, fue diagnosticada con un tumor benigno en el oído. Tiene que ser tratado con radioterapia, que aún no ha recibido. En respuesta parlamentaria a la representante de EH Bildu Rebeka Ubera, el Departamento de Salud aseguró el pasado 14 de julio que la lista de espera para medicina nuclear en la OSI de Ezkerraldea-Cruces es de 23 días de media.

Desde que Miren empezó con síntomas hace un mes, varios médicos de Osakidetza le dijeron a la familia que podía ser hipotiroidismo, demencia o depresión, entre otras cosas. En Urgencias le miraron el estómago, pero no la cabeza.

Tras el partido del Athletic, vino una ambulancia a casa para atender el segundo síncope. El médico no quiso trasladarla al hospital, alegando que la mujer tenía las constantes vitales estables. Fue el enfermero que, viendo el panorama y constatando los fallos cognitivos, les recomendó a los hijos fiarse de su instinto: “Insistid e insistid, sino no os harán caso”.

En Osakidetza trabajan entre 7.668 y 8.873. Los números varían según la fuente: el Departamento de Salud tira a la baja, el Ministerio de Sanidad, al alta. Según Osakidetza, solo 523 trabajadores compatibilizan su profesión en la sanidad privada, en respuesta parlamentaria al representante de Izquierda Unida Jon Hernández. Pero según la tabla Excel disponible en la web del Departamento de Salud, el número de médicos que trabaja en la privada se eleva a 1.058. Y no están todos, según ha podido comprobar este diario. La opacidad se ha vuelto política habitual dentro del Departamento de Salud, el cual prefiere hablar de un “cambio cultural” en Osakidetza: ambulancias y PAC sin médicos, ambulatorios cerrados en vacaciones, dilatadas listas de espera con especialistas y unas urgencias hospitalarias permanentemente colapsadas.

Miren pasó la noche de la Copa del Rey en casa, pero al día siguiente sus hijos la llevaron al Hospital de Cruces, insistiendo y fiándose de su instinto. La paciente estuvo más de 24 horas en boxes. Uno de sus hijos, desesperado, acabó pronunciando las palabras mágicas: “Nos la van a matar, vámonos a la privada”. No se fueron. Siguieron insistiendo y pidiendo que los médicos miraran el TAC que le habían hecho a su madre el miércoles anterior por el tumor benigno en el oído.

Los neurólogos miraron el TAC. Hasta entonces, nadie había valorado esa prueba reciente. Tras observarla, el lunes, a las 20h, le asignaron cama en planta y diagnóstico: hidrocefalia. El martes, Miren empezó a recibir tratamiento: le sacaron de la cabeza 200 ml de líquido. Los siguientes días, le siguieron drenando cantidades parecidas. Este lunes le quitaron el drenaje. Al aliviar la presión del cerebro, Miren empezó a mejorar rápidamente. Hoy jueves está prevista su operación para colocarle una válvula intracraneal.

Desde que está en planta, su familia asegura que el trato recibido por toda la plantilla, desde médicos a auxiliares de enfermería, es impecable. Hasta que consiguieron el ingreso, fue un calvario.

Más estudiantes (privados)

Medicina es la segunda carrera con la nota de corte más alta en la Universidad del País Vasco, le precede Biología Molecular. El coste de los 60 créditos del primer curso es de 1.135 euros. La supuesta falta de médicos ha sido una de las razones esgrimida por los colegios profesionales y los sucesivos gobiernos para contrarrestar las críticas hacia Osakidetza. El pasado curso, la universidad pública aumentó en 38 las plazas disponibles, pasando a un total de 368. Pero antes, el Departamento de Educación había dado permiso para ofertar Medicina en la universidad privada de Deusto, a 16.848 euros el curso (80 plazas). La carrera consta de seis cursos (101.088 euros, sin repetir asignaturas). La facultad abrió sus puertas en septiembre de 2020, con el IMQ como hospital universitario de referencia.

La semana pasada, a Jokin —nombre ficticio— le asignaron cita con traumatología general para el 30 de enero de 2025. Según la respuesta parlamentaria a Rebeka Ubera, la lista de espera para esta especialidad en la OSI de Donostialdea es de 143 días. Con 49 años y un trabajo activo, Jokin deberá esperar 290 días. Ha reclamado.

Lleva cojeando desde hace dos meses, debido al dolor que le produce una rozadura interna de un trozo de cartílago, según el resultado de la resonancia —realizada en seis semanas, debido a una cancelación—. El tratamiento a su cojera podría requerir, según la valoración de su médica de cabecera, de una intervención quirúrgica de 15 minutos. La artroscopia de rodilla oscila entre los 3.000 y 8.000 euros en la sanidad privada. Hay diez hospitales privados en el País Vasco, seis en Bizkaia, dos en Araba y dos en Gipuzkoa. Disponen de 2.104 camas y 66 quirófanos donde practican el 26% de las cirugías que se hacen en Euskadi, según los últimos datos de ASPE, la patronal de las clínicas privadas, ofrecidos en 2022. Sin contar las clínicas privadas de estética, dermatología, oftalmología y demás especialidades.

¿Cuánto tiempo se puede cojear sin pedir un presupuesto en la privada? ¿Y cuánto tiempo se puede vivir con el cerebro lleno de un líquido que no le corresponde estar ahí? El barómetro vasco, dependiente de Lehendakaritza, cuantifica en un 35% la preocupación social por la sanidad pública. El Deustobarómetro, de la Universidad de Deusto, lo eleva al 41%.

No tener cita hasta 2025 con el especialista —el cirujano requiere de otra cita—, que una médico de cabecera cuelgue el teléfono, que el facultativo de la ambulancia descarte el traslado de una paciente sin diagnóstico al hospital, es decir, la saturación en atención primaria y en urgencias hospitalarias, son consecuencia de la gestión y planificación política del Departamento de Sanidad, no de los propios sanitarios.

Sin embargo, la respuesta a esta situación es desigual. El Sindicato Médico de Euskadi solo ha respaldado dos jornadas de huelga en 2023 contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Es el más reacio a la hora de convocar el resto de huelgas sanitarias y del sector público registradas por sindicatos horizontales, y también por el sindicato de enfermeras, Satse. Son los propios centros de salud y las plataformas vecinales en defensa de la sanidad pública quienes organizan concentraciones periódicas en defensa de la sanidad pública, mientras los sindicatos horizontales pelean contra la elevada tasa de temporalidad y las externalizaciones. Mientras, las ambulancias están en huelga indefinida desde el 19 de febrero y las matronas del Hospital de Basurto han denunciado esta semana que el área de partos ha superado los 30º, ante la falta de equipo de aire acondicionado. Las condiciones para parir en un hospital privado son más agradables. Otra cosa son sus equipamientos humanos y técnicos si vienen mal dadas.

Miren tuvo suerte. Llegó a Urgencias con un TAC hecho. Paloma —nombre ficticio— no la tuvo. En mayo de 2022 empezaron las pruebas, y no fue operada hasta octubre de 2023. Un año y cinco meses (515 días, aproximadamente). También hidrocefalia. “Desde mayo que le hacen resonancia hasta noviembre, no le dan cita con neurocirugía para realizar diagnóstico”, explica una de sus hijas. Según la respuesta parlamentaria citada anteriormente, la lista de espera de neurología en la OSI de Basurto son 77 días. Y la de neurocirugía, solo 6 días. Como Miren, Paloma perdió su independencia y tuvo que ser cuidada 24 horas por sus hijas. Desesperadas, pidieron presupuesto a la sanidad privada para colocarle una válvula intracraneal.

Según alerta la asociación Amupheb, “el tratamiento de los pacientes con hidrocefalia salva y mantiene la vida del paciente. Si se deja sin tratar, la hidrocefalia tiene una tasa de mortalidad de entre 50 y el 60% y los que logran sobrevivir tienen importantes secuelas cognitivas con importante discapacidad intelectual, física y neurológica”.                 (Gesamí Forner, El Salto, 18/04/24)

"¿Hoy tampoco hay médico? No importa… te ibas a morir igual"... La noche del martes un grupo de ciudadanos y ciudadanas realizaron una acción reivindicativa en varios centros de salud y dispositivos de urgencias extrahospitalarias (nos comentan que al menos 20 de ellos). El motivo fue reclamar la presencia de personal médico, mediante carteles en los que figuraba esa leyenda

 "La noche del martes un grupo de ciudadanos y ciudadanas realizaron una acción reivindicativa en varios centros de salud y dispositivos de urgencias extrahospitalarias (nos comentan que al menos 20 de ellos). El motivo fue reclamar la presencia de personal médico, mediante carteles en los que figuraba la leyenda:

“¿Hoy tampoco hay médico? No importa… te ibas a morir igual”

 Los carteles tienen la cara en blanco y negro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Isabel Diaz Ayuso en clara alusión a su frase de respuesta, ante las preguntas de los partidos de la oposición en el parlamento de la Asamblea de Madrid. Preguntas éstas relacionadas con las denuncias de los familiares de los 7.291 ancianos fallecidos en las residencias durante la pandemia. Ancianos muertos en condiciones deplorables de soledad y sin asistencia médica, por la aplicación de los vergonzosos protocolos de la Comunidad de Madrid, que prohibían la derivación de los ancianos sin seguro privado, a los hospitales de la sanidad pública durante la peor etapa de la pandemia, con la excusa de la saturación.

Esta acción ciudadana es una más de las valientes acciones que se siguen realizando, además de las denuncias de sus familiares, que siguen aún su curso en los tribunales, a pesar de las trabas continuas de la Comunidad de Madrid y los jueces, para conseguir concienciar a la ciudadanía y que no se olvide lo que sucedió, ni queden sin investigar las circunstancias de cada caso concreto. (...)"               (Isabel de Barrio, El Salto, 06/03/24)

Las familias consideran una «burla» el informe del Parlament sobre el covid en las residencias... sobre las derivaciones de gente mayor de la residencia a los hospitales, señala que la falta de coordinación con el sector residencial provocaron un acceso desigual a los centros hospitalarios... El escrito, aprobado por ERC, PSC y Junts, admite que se cometieron errores, pero evita señalar a culpables

 "La coordinadora Familiars de Residències 5+1 se ha manifestado este miércoles ante el Parlament para mostrar su rechazo y disgusto sobre el informe que la cámara catalana ha aprobado sobre el impacto del covid-19 en las residencias de gente mayor. Según su parecer, el documento es una «burla» a las familias y a las personas que murieron en las residencias durante la pandemia, puesto que reconoce que se cometieron errores y que había carencias importantes en el sistema, pero evita señalar a culpables.

El informe ha salido adelante con los votos a favor del PSC, ERC y Junts, mientras que la CUP, En Comú Podem, Vox y Ciudadanos han votado en contra. Las conclusiones del grupo de trabajo que ha analizado la cuestión señalan que «muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de la falta de información científica y del hecho de no disponer de estructuras preparadas y protocolos claros para actuar en una situación de pandemia». El Departamento de Salud cifró en 4.566 los residentes que murieron a causa de la pandemia en las residencias hasta junio de 2022, una cifra que se eleva hasta más de 8.000 si se tienen en cuenta los que murieron en hospitales.

El documento sobre el impacto del covid también admite que la falta de herramientas existía desde un principio, puesto que, entre otros motivos, la cartera de servicios no se actualiza desde 2010. Además, señala la «falta de recursos asistenciales sanitarios en las residencias» y la descoordinación del ámbito social y el sanitario, que funcionaban con sistemas de información distintos y sin bases de datos compartidas.

En cuanto a las derivaciones de gente mayor de la residencia a los hospitales, el informe considera que «las decisiones se tomaron siguiendo criterios médicos», pero reconoce que «la tensión del sistema sanitario y la falta de coordinación con el sector residencial provocaron un acceso desigual a los centros hospitalarios». «Algunas residencias vulneraron el derecho de los familiares a la información sobre el estado de salud y la evolución de los residentes», añade el escrito."                 (elTriangle, 14/02/24)

Médicos de familia que renuncian... Tiene menos de 2 minutos por paciente, y explica que en los últimos tiempos ha cometido errores. No quiere seguir “forzando la máquina”. En su turno debería haber nueve médicos. Hoy solo queda él... “Lo dejo en 15 días. Esta situación es insostenible"... En Madrid hay 18 centros de salud en estado crítico con 483.774 pacientes sin médico asignado. En uno de esos centros, el Vicente Soldevilla, el turno de la tarde queda desierto con la renuncia del último médico y la no reposición de plazas vacantes

"Daniel García Blanco ha atendido hasta a 90 personas en una tarde. Tiene menos de 2 minutos por paciente y explica que en los últimos tiempos ha cometido errores. No quiere seguir “forzando la máquina”. “Lo dejo en 15 días. Esta situación es insostenible. Venimos avisando que necesitamos cambios concretos. Lo que hacemos ahora mismo no se puede llamar medicina de familia. Es poner tiritas más parecido a la medicina de beneficencia. No se puede seguir con esta pantomima”, explica a El Salto.

García pertenece al Centro de Salud Vicente Soldevilla en Vallecas (Madrid) que atiende a 30.000 personas. Con la decisión de este facultativo el centro perderá el turno de tarde de atención primaria. Su vida laboral lleva atada a este barrio desde hace 20 años. Allí fue donde hizo su residencia, allí fue donde hizo un proyecto de promoción de la salud y allí ha pasado consulta desde hace cuatro años. Hasta ahora. En su turno debería haber nueve médicos. Hoy solo queda él. Y por poco tiempo. Explica que ha habido un “efecto dominó”.

“Una compañera decidió irse a vivir a otro lado, quedó una plaza libre. Otras compañeras la solicitaron pero no se las dejó. Quedó vacante, 2.000 personas sin médico y fueron a parar a nuestras agendas, sobrecargándolas”, explica. Después de esto vinieron las bajas, una tras otra hasta que en el mes de octubre, “los tres médicos que quedábamos en la tarde, que además estamos con reducción de jornada, escribimos a la gerencia explicando que esto era insostenible, había que buscar soluciones. No ha habido ningún cambio. Hay muchas tardes en las que se ha quedado un médico solo y muchas en que a partir de las 6 de la tarde ya no había médico”, relata.
Situación que se repite

En la Comunidad de Madrid, y según los datos que ha facilitado el sindicato médico AMYTS a la Consejería en reiteradas ocasiones, hay 18 centros en situación crítica con 483.774 pacientes sin médico asignado. Uno de ellos es el Vicente Soldevilla donde hay siete plazas vacantes. En el total de la comunidad, casi un millón de madrileños y madrileñas no tiene consulta asignada. La no reposición de las plazas vacantes es una constante, tal y como denuncian los sindicatos.

En marzo de 2023 finalizaba una huelga médica de casi cuatro meses de duración, con unos acuerdos que incluían recuperar estos centros críticos. Desde AMYTS piden un plan de rescate “específico y urgente” para volver a hacer atractivas estas decenas de plazas sin profesional. Entre las medidas propuestas estarían impulsar la cobertura de las plazas de tarde ofreciendo beneficios tales como establecer una remuneración de 500 euros mensuales durante un año para plazas de alta dificultad de cobertura o adquirir mayor puntuación por mes trabajado en bolsa de trabajo en tardes puras.

En este contexto la Consejera de Sanidad, Fátima Matute, lanzó una propuesta que colectivos médicos consideran una “ocurrencia”: que cada ciudadano pueda escoger médico allá donde haya hueco. “Es un despropósito y una huida hacia adelante para no adoptar la medida que necesitamos y que la consejera conoce: aumentar plantilla”, expresaba a El Salto Mar Noguerol, médica de familia en un centro de Fuenlabrada y portavoz de AP Se Mueve.

“En mi turno debería de haber nueve médicos. Ahora hay cuatro plazas vacantes, cuatro cubiertas y en dos de esas plazas las profesionales llevan meses de baja. El 1 de febrero hay movilidad, dos compañeras han pedido el cambio a la mañana. A partir del día de hoy quedo como único médico titular del turno de tarde y esto no se puede sostener”, expresa García.

Esta tarde vecinos y vecinas han organizado una manifestación que partirá a las 19 horas desde las puertas del centro hasta la Asamblea de Madrid. García siente que está actuando con responsabilidad para visibilizar lo que realmente está ocurriendo. “Se ha dejado caer el turno de tarde y esto hay que mostrarlo. No tiene sentido seguir trabajando haciendo como sí todavía hubiera una atención primaria, un recurso que desde hace tiempo no venimos dando”, zanja."                            (Sara Plaza Casares , El Salto, 01/02/24)

Un hombre fallece en un centro de urgencias de la localidad madrileña de Majadahonda que no tenía médico... “Quien decidió que esos 29 dispositivos pueden funcionar como dispositivos de urgencias extrahospitalarias sin médico, tiene la directa responsabilidad de lo ocurrido en éste y en todos los otros casos que se han ido sucediendo desde la susodicha reorganización”

 "El pasado 27 de enero, en el parking del Centro de Continuidad de Cuidados de Enfermería de Majadahonda Cerro del Aire, un hombre de 72 años falleció de una parada cardiorrespiratoria. El centro es uno de los 29 dispositivos de Urgencias Extrahospitalarias que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidió reabrir el pasado 27 de octubre de 2022. Cuenta con dos profesionales de enfermería y un celador, pero carece de personal médico. Antes de la pandemia dichas urgencias sí contaban con el equipo completo.

Tal y como adelantó a primera hora El Salto y ha confirmado elDiario.es con fuentes de la consejería, todos los profesionales de enfermería acudieron a atender al paciente sin contar con el personal médico que es el que tiene las competencias para realizar un diagnóstico clínico y su correspondiente prescripción de medicación. Tras intentos de reanimación cardiopulmonar y la llegada de la UVI media hora después, tan solo se pudo confirmar el fallecimiento del hombre. Desde la plataforma de profesionales SAR-SUAP han denunciado públicamente lo ocurrido y se preguntan, ante la tragedia de los hechos, el qué hubiera pasado si el centro hubiera estado dotado del equipo completo, como sí estuvo antes de la reorganización de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. 

 “Las emergencias deben ser atendidas siempre por un equipo completo y por supuesto bajo un diagnóstico médico, no debiendo apostar únicamente por la llegada rápida de una UVI que por diversas circunstancias no siempre es posible”, afirma la plataforma en el comunicado en el que además apunta que “los profesionales sanitarios no dejarán de denunciar estos hechos públicamente y seguirán luchando para que estas terribles situaciones nunca se vuelvan a producir”.

Consultada por elDiario.es, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirman que “es totalmente falso que la UVI tardase 30 minutos en llegar”, que llegó a “los 8 minutos”. Ante la ausencia de médicos, la institución asegura que carece de personal médico debido a su cercanía con el Hospital Universitario Puerta de Hierro que se encuentra a casi cinco kilómetros y más de diez minutos en coche. 

 “La actuación de las enfermeras fue impecable, con la llegada de la UVI, las maniobras de reanimación y aplicación de adrenalina, nada más se pudo hacer, su fallecimiento fue fulminante”, asegura la consejería ante la duda incesante de los profesionales sanitarios que se encontraron una situación en la que no tuvieron el personal necesario para actuar correctamente ante una tragedia que culminó con el fallecimiento de un hombre.

“Quien decidió que esos 29 dispositivos pueden funcionar como dispositivos de urgencias extrahospitalarias sin médico, tiene la directa responsabilidad de lo ocurrido en éste y en todos los otros casos que se han ido sucediendo desde la susodicha reorganización”, concluye la plataforma que ha denunciado el acontecimiento a expensas de que en algún momento las urgencias extrahospitalarias vuelvan a contar con personal médico."          (Diego Alonso Peña  , eldiario.es, 2 de febrero de 2024)

La vuelta a la sanidad universal (un derecho aniquilado por Mariano Rajoy en 2012), es una asignatura pendiente... El desencuentro entre PSOE y UP en torno a la privatización sanitaria impidió de manera indirecta la vuelta a la sanidad universal... Para el presidente de Médicos del Mundo, no es sólo la universalidad de la sanidad para las personas migrantes lo que está en juego, “sino para el conjunto de la población”

"Durante la pasada legislatura el Ministerio de Sanidad dio a conocer un proyecto de ley, fechado en noviembre de 2011, para restaurar un derecho aniquilado por Mariano Rajoy en 2012 y que formó parte del acuerdo de investidura entre el pasado gobierno de coalición: la vuelta a la sanidad universal. Un proyecto de ley “Frankenstein”, tal y como lo define Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, que incluía varios aspectos, algunos que han separado irremediablemente a los partidos en la coalición de gobierno y que ha provocado que la sanidad universal no volviera a hospitales y centros de salud.

Fue la privatización sanitaria el mayor escollo de ese anteproyecto de ley por el que se modificaban diversas normas para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud y que fue reformado en junio de 2022 por el Consejo de Ministros afinando aún más en la vuelta a la universalidad. Del lado del PSOE, mantenían la puerta abierta a recurrir a la colaboración público-privada de manera “excepcional”, mientras del lado de Unidas Podemos pedían una posición más rotunda frente a la privatización sanitaria para evitar que las comunidades gobernadas por el PP usaran esa excepción como excusa. La vuelta a la sanidad universal sufrió los daños colaterales de este desencuentro.

Para Revuelta se ha perdido una oportunidad “muy importante”. Y esto se debe, según este médico de familia, a que “no ha habido una voluntad firme, la vuelta a la sanidad universal fue algo puesto en el final de la agenda, en comparación con otras leyes”. Hoy, y de cara a las próximas elecciones del 23J, las entidades corroboran que la voluntad de las fuerzas progresistas por retornar este derecho sigue en pie, pero las urnas pueden arrojar un resultado incierto.

Desde los recortes de 2012

Fue el Real Decreto de 16/2012 de Mariano Rajoy el que, con la excusa de la crisis, inauguró el ‘apartheid sanitario’: algunos colectivos, como los migrantes en situación irregular, se quedaban fuera del sistema de salud. Esta exclusión sanitaria se ha traducido en cifras preocupantes. Según un estudio de la Universidad Pompeu i Fabra presentado en 2018, entre 2012 y 2015 la mortalidad entre las personas migrantes en situación irregular se incrementó un 15%.

El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió con el fin de la exclusión sanitaria. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Este decreto establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. Las Comunidades Autónomas hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia. El informe de servicios sociales ha actuado también como un tapón para el acceso a la sanidad.

La investigación de Yo Sí Sanidad Universal El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos, presentada en noviembre de 2022 constata el “caos”, la “confusión” y la “inseguridad jurídica” existente en la actualidad. Hasta 14 comunidades autónomas están exigiendo que las personas demuestren que llevan más de 90 días viviendo en el país para poder acceder a la sanidad. Este modelo deja fuera a todas las personas que lleven menos de tres meses en el país, entre ellas mujeres que llegan a España embarazadas y que paren sin poder acceder a ningún tipo de seguimiento, menores que no pueden recibir sus vacunas o personas con enfermedades crónicas.

Un problema de salud pública

Hay quienes apuntan hacia un problema de salud pública ya que se está retrasando el tratamiento de enfermedades infecciosas. Alarma que lanzaban el 6 de marzo de 2022 desde un grupo de siete sociedades científicas, entre las que se encuentra la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP). Hablaban de dificultades y demoras en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en personas con infecciones como VIH, lo que ha impedido o retrasado el acceso a test diagnósticos, tratamientos o medidas preventivas.

“La salud es un aspecto colectivo, si tenemos a un número de personas mal vacunadas, con patologías que puedan ser transmisibles sin tratar, estamos perjudicando al conjunto de la sociedad”, expresa a El Salto Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo, entidad integrante de la plataforma REDER que lucha contra la exclusión sanitaria, para quien restringir el acceso a las personas migrantes significaba una bomba de relojería en el sistema sanitario público.

Y más en un contexto como el actual, donde la extrema derecha pueden ocupar posiciones de poder. Para Fernández el fin del acceso universal a la sanidad fue “la avanzadilla, el cebo que se coloca para ir a una regresión más de fondo en el carácter público y universal del sistema de salud, no solo para las personas migrantes”.

Y el presidente de Médicos del Mundo avisa: “El sistema sanitario va a ir progresivamente a un sistema dual, tendremos seguros privados para quien se lo pueda pagar y una sanidad pública cada vez más descapitalizada”. Por ello, para Fernández en las próximas elecciones no es solo la universalidad de la sanidad para las personas migrantes lo que está en juego, “sino para el conjunto de la población”. (...)"                   (Sara Plaza, El Salto, 10/07/23)

Un hospital catalán deja de contar a los pacientes que esperan en urgencias... y eso que la epidemia de gripe aún no ha empezado... se ha implementado el sistema de gestión de pacientes de la consultora Enaltis

 "Polémica en Mataró por el nuevo sistema de organización del centro; la gerencia subraya que ha habido "participación de los médicos".

 Un hospital catalán ha dejado de contar como "en espera" a los pacientes que aguardan en urgencias. El Hospital de Mataró se ha sumido en la polémica por el nuevo sistema de organización de urgencias, con el que se recuentan como ya ingresados pacientes que están esperando en una camilla. Por su parte, la dirección defiende que la solución "solo es metodológica, y que las decisiones las toman los propios profesionales". 

Lo han explicado fuentes del sector sanitario, que han alertado de la situación de "saturación" de las urgencias del centro sanitario comarcal. El flujo de pacientes está desbordando el área, y eso que la epidemia de gripe aún no ha empezado. 

"De 300 a 400 al dia"

Desde la dirección del equipamiento han admitido un "flujo intenso" de pacientes, pues se han registrado "hasta 400 visitas diarias, cuando suelen rondar las 300".

Los pacientes ya no se cuentan

Pero más preocupante si cabe es el debate sobre el nuevo sistema que emplea el complejo médico para organizar las urgencias. Desde el anonimato, un médico alerta de que "se disfrazan los datos" de personas que esperan cama en planta. 

Es así porque el programa trabaja en los llamados clusteres, una forma de agrupación de los enfermos que busca hacer más eficaz el sistema. Tanto desde el comité de empresa de la ciudad asistencial como desde el estamento médico también critican la apuesta por "añadir más carga de trabajo a medicina y enfermería y camuflar las cifras reales". 

Peligro de "colapso"

Sea como fuere, el estado actual del flujo de pacientes, y la capacidad del hospital, provocan alarma, pues se teme que cuando arrecie la gripe, la unidad "podría entrar en situación de colapso".

Es así porque la saturación actual causa congestión en admisiones, sí, pero también está provocando "la marcha de profesionales". Pronto, alertan médicos del centro, "no se podrán cubrir todos los turnos". 

Dimensión y residencias

Otras fuentes aportan otras causas, como el hecho de que Mataró "atienda a más población de la que puede gestionar", más que "otros hospitales".

Y a que la zona del Maresme está poblada de residencias de mayores, con potenciales enfermos complejos. 

Un sistema de la consultora Enaltis

El escenario actual de urgencias en el Hospital de Mataró se encabalga con la implementación del sistema de gestión de pacientes de la consultora Enaltis, que capitanean Miquel Llover y Antonio Campos. 

La aplicación busca aplicar el método industrial a la atención sanitaria. Para ello, la solución se coordina con David Barrachina, director de Operaciones del Hospital de Mataró. Eso sí, por lo pronto, la propuesta de Enaltis ha supuesto un dispendio de cerca de 100.000 euros. 

"Participación de los profesionales"

La dirección tiene otra opinión. Recuerda que Enaltis "solo aporta conocimiento metodológico", y que "son grupos de trabajo de personal asistencial quien tiene la decisión final". 

En puridad, la aportación de la consultora es un sistema de gestión de flujos de pacientes, un "resideño de los procesos asistenciales" basado en la metología lean, que busca la optimización y la rapidez y eficiencia, insisten. 

Nuevo gerente

El agrio debate de las urgencias y su nuevo sistema de organización han recalado sobre Rafael Lledó, nuevo gerente del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM). Lledó aterrizó en la ciudad asistencial para sustituir a Ramón Cunillera, de quien el CatSalut forzó la marcha tras años de mala gestión.

De hecho, el Consorci estuvo intervenido --perdió la autonomía de gestión-- durante ocho años, y pese a ello ha sido incapaz de mejorar su tesorería. "                (Ignasi Jorro, Crónica Global, 22/12/23)

"Es un engaño decir que un centro sin médico está operativo"... el humor negro de Ayuso... un bebé llegó a Paracuellos con una parada cardiorrespiratoria y no se le pudo reanimar. Se dijo que ya llegó muerto. Pero nunca se podrá saber si ese bebé, si hubiera habido profesional suficiente, se hubiera podido reanimar... En el SAR de San Martín de Valdeiglesias murió un hombre un día que no había profesional de medicina. La justificación es que era un toxicómano, pero eso debe dar igual, es una persona que murió en un centro donde no había médico y nunca sabremos si en caso de haberlo habido se hubiera salvado... se va al modelo sanitario de Reino Unido. Un paradigma basado en la atención "pura de enfermería" que, según calcula el Real Colegio de Medicina de Urgencias, ya provoca entre 300 y 500 muertes semanales en el país anglosajón

 "A punto de cumplirse un año de que los profesionales de las Urgencias de Atención Primaria dieran la voz de alarma por la gestión de la Comunidad de Madrid, las cosas no han mejorado. Tras intensas protestas, huelgas y manifestaciones multitudinarias, la calidad de este servicio sanitario sigue cayendo en picado.

"La mayor parte de las personas que acuden a las Urgencias en los pueblos necesitan un médico para establecer un diagnóstico y, sobre todo, para dar un tratamiento; algo que el personal de enfermería no podemos hacer. Esta situación es muy peligrosa para los pacientes", alerta en una conversación con Público Mar Coloma, portavoz de la Plataforma SAR-SUAP, ante la apuesta del Gobierno de Ayuso de urgencias sin facultativos y con personal de Enfermería.

 El próximo viernes 27 se cumple un año de la reformulación de las Urgencias extrahospitalarias, que llevó a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un plan que apostó por el modelo de enfermería e integró a las antiguas Urgencias urbanas y los SAR (Servicios de Atención Rural), y supuso un recorte del 18% de la plantilla. 

Desde entonces, de acuerdo con los datos recogidos por la Plataforma SAR-SUAP, no ha habido ni un solo día en el que se haya contado con el 100% de los equipos completos (médico, enfermera y celador) en los ambulatorios de guardia. 

Una carencia que ha tenido consecuencias graves: "En el SAR de San Martín de Valdeiglesias murió un hombre un día que no había profesional de medicina. La justificación es que era un toxicómano, pero eso debe dar igual, es una persona que murió en un centro donde no había médico y nunca sabremos si en caso de haberlo habido se hubiera salvado", lamenta Coloma con indignación.

Asimismo, la enfermera recuerda el caso del "bebé que llegó a Paracuellos con una parada cardiorrespiratoria y no se le pudo reanimar". "Se dijo que ya fue muerto. Yo, insisto, nunca se podrá saber si ese bebé, si hubiera habido profesional suficiente, se hubiera podido reanimar. Es terrible lo que está pasando", remarca Coloma, que también conoce el caso de "un niño que llegó convulsionando a Soto del Real, donde tampoco había profesional de medicina, cuyos padres le llevaron al Hospital Universitario La Paz para que pudieran ayudarle allí. Si no hay prescripción, las enfermeras estamos atadas de pies y manos", explica.

 De acuerdo con la Consejería de Sanidad, solo 50 de los 80 centros de Urgencias extrahospitalarias disponen de facultativos, mientras que los otros 28 quedan en manos de enfermeras y celadores. A juicio de la médico de familia María Chamón, las autoridades "engañan a la población" al decir que hay un centro sanitario abierto cuando no tiene médico. "Muchos pacientes no están bien informados, ellos acuden creyendo que pueden ser atendidos", critica.

Unos vacíos que corroboran las cifras reportadas por la consejera, Fátima Matute. De las más de 600.000 las asistencias llevadas a cabo en estos centros, el 57% fueron cuidados de enfermería, mientras que solo el 43% fueron asistencias médicas. Este deterioro ha contribuido, además, a agravar la saturación de las Urgencias de los hospitales, cuya ya de por sí alta presión asistencial sufre, además, la demanda de quienes no pueden ser atendidos en sus centros de salud de referencia. (...)

(...) la Consejería de Sanidad, dirigida entonces por Enrique Ruiz Escudero, no contempló abrir una convocatoria para contratar más facultativos, sino que aprovechó para transitar hacia el modelo sanitario de Reino Unido. Un paradigma basado en la atención "pura de enfermería" que, según calcula el Real Colegio de Medicina de Urgencias, ya provoca entre 300 y 500 muertes semanales en el país anglosajón a causa de los retrasos en la atención de los centros de guardia.

 (...) enfermeras y celadores han sido testigos de una escalada de violencia contra ellos, fruto de la frustración de algunos pacientes provocada por no poder ser atendidos por médicos. (...) solo en este mes de octubre han denunciado públicamente dos nuevas agresiones en Villa del Prado y Veredillas.

A fin de salvar unas Urgencias de Atención Primaria que agonizan, desde la Plataforma SAR-SUAP tienen prevista una concentración el día 27 de este mes frente a la sede de la Consejería de Sanidad, en la calle Sagasta, para reclamar volver al modelo asistencial anterior o, al menos, garantizar la presencia de equipos completos en las guardias."          (María M. Collado, Publico, 23/10/23)

El Defensor del Paciente denuncia intervenciones quirúrgicas en Madrid que no se realizan «por falta de material»... "por el retraso e ir mi salud a peor, mediante llamada telefónica me informan que no voy a ser operada por falta de instrumental y que me quitan de la lista de espera, sin darme ninguna opción... me dan una cita para revisión en Septiembre con Doctor C., quién a fecha 13/09/2023 afirma que siguen sin tener instrumental para mi intervención en el mismo Hospital que determinaron la urgencia de esta operación y que el no puede hacer nada»

 "La asociación Defensor del Paciente ha denunciado la supuesta existencia de casos en la Comunidad de Madrid en los que no se puede intervenir quirúrgicamente a pacientes «por falta de instrumental», y solicita por ello a la Fiscal Superior de Madrid, María Pilar Rodríguez, que abra una investigación.

El Defensor del Paciente se refiere en su denuncia al escrito recibido de una paciente del madrileño Hospital de La Paz, en el que se relata que «desde la desesperación por la situación de Salud que estoy padeciendo y ante la experiencia innecesaria del retraso de mi segunda intervención de riñón que debía haber tenido lugar a los 30 días de la primera a fecha 08.05.2023, que fui intervenida de cirugía percutánea en el hospital de La Paz de Madrid por tener ambos riñones con litiasis, donde se determina proceder a una segunda operación en 30 días del riñón derecho. Tengo una consulta de revisión a fecha 09/06/2023 y  tras salir de la misma realizo analíticas como parte del pre operatorio unido a otras 12/06 cultivo de orina- 23/06/2023 Prueba anestesia, 26/06/2023 electro  y 28/06/2023 TAC».

 Añade que «tras realizar varias llamadas a admisión me confirman que estoy en la lista de espera, hasta que a fecha 27/07 /2023 por  el retraso e ir mi salud a peor,  mediante llamada telefónica me informan que no voy a ser operada por falta de instrumental y que me quitan de la lista de espera, sin darme ninguna opción. Solo que me dan una cita para revisión en Septiembre con Doctor C., quién a fecha 13/09/2023 afirma que siguen sin tener instrumental para mi intervención en el mismo Hospital que determinaron la urgencia de esta operación y que el no puede hacer nada».

Por ello autoriza a la defensora del Paciente, Carmen López, a utilizar esta historia para «poder subsanar esta situación porque  no solo sigo con los dolores propios de la enfermedad que tengo en el riñón que me impiden hacer vida con normalidad».

«Por favor consideren la necesidad de la cirugía por el estado actual de salud y que se respete lo que el propio departamento de Urología determinó como 2 operaciones urgentes en un período corto de tiempo y que siendo ahora 14.09.2023 no hay una fecha, más las desafortunadas palabras que no hay instrumental, frase que es increíble viviendo de un Hospital como es La Paz», incide.

Esta situación, subraya, «en un Sistema Sanitario como el nuestro es una verdadera osadía que incumple un básico  principio  del derecho a la sanidad y que hieren de manera directa a la salud de mi persona, porque impiden mi recuperación». «Ruego, llegue esta información a las personas responsables y se tomen medidas de evitar mayores consecuencias en mi salud», concluye.

Por ello, desde el Defensor del Paciente reclaman a la Fiscalía de Madrid que inicie una investigación sobre lo ocurrido y que también averigüe si hay más pacientes «en esta situación». «Como la explicación de la paciente es clara solicitamos lo anteriormente apuntado, la salud y la vida no puede depender de la mala gestión», insiste."            (Gacetín Madrid, 14/09/23)

Canal Red, el único medio que cubre la Comisión Ciudadana en las residencias de Madrid

 

 "Ningún canal de televisión, excepto Canal Red, ve noticia en la investigación ciudadana que busca la verdad y reparación por las 7291 personas fallecidas durante la pandemia de Covid a consecuencia de los protocolos de la vergüenza del Gobierno de Ayuso en residencias de la Comunidad de Madrid hace poco más de 3 años.

La Comisión Ciudadana por la verdad en las residencias madrileñas hará una labor de investigación durante este viernes y el sábado, 16 de septiembre, para recoger testimonios de familiares y personas afectadas por la decisión del protocolo criminal que negó la medicalización y la atención hospitalaria a los mayores de las residencias madrileñas que no disponían de seguro privado. Lo que se investiga es muy grave y debería hacerlo de oficio la Justicia española, ya que estamos ante un posible caso de genocidio o gerontocidio, para ser más exactos.
En el programa El Tablero, la tertulia matinal de Canal Red, han hablado largo y tenido sobre esta masacre de ancianos que se produjo en las residencias marileñas con la negligencia e incompetencia del Gobierno autonómico de la CAM, dirigido por el PP de Isabel Díaz Ayuso.

Se trata de un asunto que afecta a miles de familias que perdieron a sus seres queridos de la forma más cruel e inhumana, de manera que cuesta entender que en ningún otro gran medio de nuestro país se hayan hecho eco de esta noticia.

Mercedes Huertas, familiar de una de las personas mayores que perdieron la vida en la primera oleada de Covid, ha contado a Dina Bousselham, presentadora de El Tablero, y a Willy Veleta, el reportero de la España plurinacional, los propósitos de la Comisión Ciudadana de investigación, uno de los cuales consiste en tomar declaración a familiares y trabajadores de las residencias que vivieron de cerca cómo sufrieron los residentes la no derivación de los hospitales por una decisión política que, sin duda, debería tener consecuencias penales.

Cuando ha contado el caso de lo que le sucedió a su padre se le notaba visiblemente emocionada y muy afectada, pero muy motivada al mismo tiempo de hacer justicia tanto por su familiar como por todas las personas que fallecieron trágicamente entre marzo y abril de 2020 en unas residencias que se convirtieron en cárceles donde se les negaba a los ancianos la libertad de movimientos y su derecho a ser trasladados a un centro hospitalario para continuar con vida.

El exconsejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de la CAM, Alberto Reyero declarará mañana en esta Comisión Ciudadana para contar toda la información que tiene de los protocolos de la vergüenza de Ayuso, que ya ha denunciado tanto en su libro "Morirán de forma indigna" como ante la prensa sin que la Justicia haya imputado ni siquiera a los responsables de estos homicidios imprudentes que tuvieron lugar en las residencias madrileñas al negarles la ayuda por su condición económica (si no tenían seguro privado) o si tenían alguna discapacidad. Algo terrible e inhumano.

La principal personalidad jurídica que preside esta Comisión Ciudadana es el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que hoy ha hecho unas declaraciones a Willy Veleta, para Canal Red, en Noticias Básicas, en las que ha manifestado su voluntad de que se consiga hacer justicia y ha reconocido que era muy impactante escuchar los testimonios de los testigos que contaban la manera tan cruel y despiadada con la que dejaban morir a los mayores en unas residencias que se convertían en celdas de castigo y aislamiento. Además, ha precisado que se desviaban los recursos económicos para otras cosas innecesarias mientras no gastaban nada desde el Gobierno autonómico en algo muy urgente como era en ese momento medicalizar las residencias.

El sábado será el segundo día de la Comisión Ciudadana que investiga las 7291 muertes en las residencias madrileñas, una noticia que debería ser portada de los telediarios y de los grandes medios de nuestro país, pero que sólo ha dado en exclusiva Canal Red."             (teleizquierda, 15/09/23)

Reyero y la exdirectora de Salud Pública ratifican que el protocolo de Ayuso se aplicó y no fue un borrador

 "Puri Prieto trata de esconder su dolor tras unas gafas oscuras que ocultan cada lágrima que brota de sus ojos cuando habla de su padre. Julián fue uno de los residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia en el geriátrico público Adolfo Suárez de Madrid. Tenía un problema intestinal que le producía hemorragias. Una dolencia que le obligaba a seguir un tratamiento continuo en el centro hospitalario. Hasta que la crisis sanitaria lo cambió todo. "Mi padre empezó a sangrar, a tener fiebre y a presentar dificultad respiratoria", cuenta Prieto. La familia hizo todo lo posible para que Julián fuera trasladado al hospital. En un primer momento, le dijeron que era imposible. Por su edad y por su condición de dependiente. Y para cuando lo lograron, ya era demasiado tarde. El hombre falleció el 2 de abril. Y su hija no pudo ni siquiera despedirse. "Lo único que vimos fue un féretro y, sobre él, una hoja con su nombre". 

Prieto cuenta su historia a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, donde este jueves se ha tomado declaración como testigos al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y la ex directora general de Salud Pública Yolanda Fuentes. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia, ambas declaraciones han servido para confirmar que el Protocolo de la Vergüenza de la Comunidad de Madrid, ese que prohibió en los momentos más críticos de la pandemia derivar a centros médicos a ancianos enfermos de residencias con un alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, fue cumplido "escrupulosamente" por residencias y hospitales y que no se trataba de un simple "borrador", como se encargó de difundir el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuando infoLibre desveló su existencia.

Este jueves también estaba llamado a declarar el ex director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, el alto cargo del Ejecutivo regional que firmó dicho documento. Sin embargo, no se ha presentado. "Al parecer, no le han podido notificar la citación", explican las fuentes consultadas. El médico, que ahora trabaja para el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, había sido citado a declarar como testigo. Pero las familias personadas en la causa, que critican que aún no hayan sido llamadas a declarar en sede judicial, están estudiando pedir que finalmente comparezca como investigado. Al fin y al cabo, consideran que está perfectamente demostrado que él estampó su rúbrica en el protocolo que impidió las derivaciones. De hecho, fue algo que el propio Mur reconoció en otro procedimiento similar que se sigue en un segundo juzgado.

"Manto de oscuridad, abandono y olvido"

La historia de Prieto coincide con la de Ángela Arreba. Esta mujer aragonesa perdió a su madre en la residencia privada Amavir Arganzuela. Se llamaba Julia. "Parada cardiorrespiratoria con posibles síntomas de covid", relata su hija. A sus 91 años tenía algunos achaques, sí. Pero, en principio, nada que pudiera ser mortal. "El 30 de marzo me dijeron que tenía diarrea y que había perdido la consciencia, pero que le metieron suero y recuperó", explica Arreba. Pero a partir de ahí, todo fue a peor. La mujer empezó a tener baja oxigenación y se le encharcaron los pulmones. Una agonía que se prolongó hasta el 6 de abril. "Hasta entonces, su derivación era imposible. Pero esa noche nos ofrecieron la posibilidad de trasladarla", cuenta su hija. La familia, tras escuchar al médico, decidió no hacerlo. Pocas horas después, Julia había fallecido.

"Yo no sé si se hubiera salvado o no, pero si el mismo día 30 se la hubiera permitido ir a un hospital cabe la posibilidad de que se hubiera recuperado", resalta Arreba. Ella es una de las denunciantes en este procedimiento judicial, que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid. Igual que Prieto. Una causa que se abrió por la interposición en 2021 de varias querellas por parte de familiares de siete fallecidos en estos dos centros sociosanitarios. Seis perdieron la vida en la Adolfo Suárez. Y una, la madre de Arreba, en Amavir Arganzuela. "Se ha querido imponer un manto de oscuridad, de abandono y de olvido que no podemos permitir. Que nadie haya admitido una mínima responsabilidad en lo que ocurrió me hace preguntarme si estoy en una sociedad democrática del siglo XXI", resalta la hija de Julia, que solo pide que se investigue a fondo lo ocurrido.

Ambas mujeres no se han movido de Plaza de Castilla hasta que no han finalizado las dos testificales. Unas comparecencias que se prolongaron durante algo más de una hora y que han venido a confirmar, otra vez más, la existencia del Protocolo de la Vergüenza y su aplicación. "Lo que es innegable es que había unos protocolos de la Comunidad de Madrid, hasta cuatro versiones en marzo de 2020, y que fueron escrupulosamente cumplidos tanto por los hospitales como por todas las residencias", ha señalado Jesús Mandri, que representa a Amavir, quien ha insistido que su centro no tenía "ninguna opción" y debía "cumplir" con el contenido de esos documentos.

El departamento de Fuentes recibió el protocolo

Las directoras y médicas de las dos residencias que están investigadas en la causa ya contaron este miércoles al juez que en aquellos días fatídicos la existencia de los protocolos provocaba que los geriatras de los hospitales de referencia no autorizasen los traslados. Unos documentos de los que ya habló el pasado mes de marzo el exconsejero Reyero en otra causa similar que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº9. Entonces, señaló que los protocolos existieron, se aplicaron y tuvieron consecuencias. Algo en lo que ha vuelto a insistir en su comparecencia de este jueves. En este caso, más que en datos generales, el juez ha querido centrarse en los protocolos. Pero eso no ha impedido que se pusieran cifras sobre la mesa. Por ejemplo, ha señalado que si en situación normal el 80% de los residentes fallecidos lo hacen en un hospital, en pandemia fue el 20%.

Además, el extitular de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento se opuso a aquellos protocolos por considerarlos "inmorales" y "posiblemente ilegales", ha recordado que "solo el 10% de las personas que fallecieron" en esas dos residencias durante los momentos más duros de la pandemia lo hicieron en centros hospitalarios. En Amavir Arganzuela, según la información oficial obtenida por este periódico a través del Portal de Transparencia, perdieron la vida 62 personas en las cuatro semanas más críticas –del 9 de marzo al 5 de abril– y sólo se produjeron ocho traslados. En la Adolfo Suárez, por su parte, murieron en ese mismo lapso de tiempo 79 personas y tan sólo se registraron tres derivaciones. La primera se produjo el 27 de marzo, tras 22 días sin que hubiera una sola salida de residentes del centro público al hospital.

Además de Reyero, también ha comparecido como testigo en Plaza de Castilla la ex directora general de Salud Pública Yolanda Fuentes. Es la primera vez que esta médica, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad, declara ante un juez por las muertes en residencias. Y ante el juez, según exponen fuentes jurídicas, ha confirmado que a su Dirección General llegó el Protocolo de la Vergüenza. Lo que deja claro, a ojos de la defensa de las familias, representadas por el abogado Andrés Ollero, que aquel documento no era "ningún borrador".

Pladigmare pide justicia

Alrededor de medio centenar de personas han arropado a las familias de durante toda la mañana a las puertas del juzgado. Lo hicieron pancarta en mano: "Fueron abandonadas a su suerte. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del covid-19 en las residencias". "La actuación en general de la Comunidad de Madrid durante la primera ola ha podido ocasionar el fallecimiento de miles de personas en las residencias", ha señalado Miguel Vázquez Sarti, portavoz de la plataforma Pladigmare. En concreto, solo en marzo y abril, los meses más críticos de la pandemia, perdieron la vida en los geriátricos de la región sin ser llevados a un hospital 7.291 mayores. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que se aprobase el Protocolo.

"Creemos que todo esto debería tener responsabilidad penal. No solo se dictaron aquellos protocolos, sino que tampoco se utilizó el personal de la Atención Primaria para atender a los residentes. Ni se les derivaba ni se les atendía en los centros. Por lo tanto, se les estaba condenado a muerte", ha continuado Vázquez, que ha pedido a la justicia que "investigue a fondo" para que se pueda ver "con claridad" que no hay ningún tipo de freno ni presiones para que todas estas tragedias terminen cayendo en el olvido. "Creemos que se están dando los primeros pasos", ha concluido.

A pocos metros del portavoz de Pladigmare se encuentra Magdalena. La mujer, vestida con un peto naranja, cuenta a quien quiere escucharle su historia. Llevó a su padre a la residencia Riosalud tras sufrir un ictus. "Él se tenía que recuperar y allí tenían los aparatos y especialistas necesarios", explica. Relata que en el centro estuvo tres meses. Y que le quedaba, aproximadamente, uno más antes de volver a casa. Pero estalló la pandemia y las puertas del geriátrico se cerraron a cal y canto. "Ningún médico me informaba de cuál era su estado. Entonces, me planté y pedí verle por videollamada. Me lo encontré en una silla de ruedas", señala. Fue entonces cuando exigió que lo sacaran hacia el hospital de inmediato. Y al poco, falleció. "La doctora que le atendió en el Puerta de Hierro me dijo que estaba desnutrido y deshidratado", sentencia."                 (Álvaro Sánchez Castrillo  , InfoLibre, 15 de junio de 2023)