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20.6.22

Petro define las líneas de su gobierno: la reconciliación del país y la de un Acuerdo Nacional alrededor de las reformas que necesita Colombia... la paz, la justicia social y la justicia ambiental, con un gran énfasis en el tema del cambio climático... “Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos. Sino porque primero hay que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo, la nueva esclavitud”... el alcalde de Bogotá que consiguió que, por primera vez en la historia, ni un solo niño muriera de hambre en la ciudad, puede conseguirlo

 "Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. (...)

Su triunfo es inédito porque representa voces de sectores que han estado tradicionalmente excluidos de las instancias de decisión. (...)

Esto sin contar con que con él llega a la vicepresidencia Francia Márquez, una líder social de La Toma (Suárez), Cauca, una mujer negra quien antes de ser abogada fue empleada doméstica. Ella representa a sectores étnicos y regionales que nunca habían ocupado la Casa de Nariño. 

Además, lo hicieron con una participación electoral que rompió todos los récords. Votó el 58 por ciento de los colombianos, la más alta en medio siglo (...)

La campaña de Petro arrancó una operación sistemática para destruir la imagen de su rival (con un poderoso aparato de bullying digital y la ayuda de Rodolfo, claro) pintándolo como machista, antidemocrático, explotador de los pobres y hasta viejo verde. (...)

En paralelo, Petro –con un discurso mucho más moderado que el que usó en primera vuelta y la promesa de convocar un Acuerdo Nacional– fue sumando apoyos de gente visible del centro como los economistas Alejandro Gaviria y Rudolph Hommes, políticos como Angélica Lozano y Juan Fernando Cristo, y otros líderes de opinión que acompañaron a Fajardo en primera. De esta manera, Petro se proyectó como el candidato más institucional y desplegó un ejército de alfiles políticos por todo el país.

Por debajo de la mesa, el candidato del Pacto hizo también alianzas con estructuras políticas menos respetables como las de la investigada por parapolítica Zulema Jattin y los de condenados como William Montes, los “Ñoños” y hasta de Eduardo Pulgar, que pusieron el transporte para llevar a los petristas a votar en varias regiones del país.

Esta logística del Día D también ayudó a aumentar el porcentaje de votación total en zonas afines a Petro, lo que a la postre le dio el triunfo. La votación total aumentó 1,2 millones de votos respecto a la primera vuelta.(...)

 Y, obviamente, a Petro le ayudó tener un rival que durante la segunda vuelta no pautó casi en televisión ni en redes, que prácticamente no salió a las calles ni dio entrevistas y que le rehuyó a los debates en televisión. Y sobre todo, que no puso una sola idea sobre la mesa, salvo acabar “la robadera”.

Aún así, Rodolfo también hizo historia. Sacar más votos que los que le dieron la Presidencia a Iván Duque, sin el apoyo de políticos y sin una trayectoria política larga, sin invertir casi dinero y sin apuntalarse en nada más que sí mismo y una estructura digital multinivel tipo Herbalife, abre un camino inédito para llegar a la Presidencia de ahora en adelante. (...)

Y es que el triunfo de Petro, el líder de oposición más importante en Colombia, fortalece la democracia, porque deja sin piso la idea de que sigue la exclusión política que justificó durante años la violencia política y alimentó el imaginario de los colombianos que entraron a militar en la guerrilla, incluido Petro.

En su discurso de victoria, Gustavo Petro hizo énfasis en la reconciliación del país y en su idea de un Acuerdo Nacional alrededor de las reformas que necesita Colombia. Dijo, explícitamente, que no llegaba con un ánimo de revancha y que estaría abierto a reunirse con la oposición en cabeza de quien esta se organice.

Definió las tres líneas de su gobierno: la paz, la justicia social y la justicia ambiental, con un gran énfasis en el tema del cambio climático, la sombrilla bajo la cual terminará impulsando las transformaciones al modelo económico que prometió. (No mencionó la pandemia y tampoco al presidente Iván Duque, uno de los grandes derrotados de la jornada).

“Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos. Sino porque primero hay que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo, la nueva esclavitud”, dijo. (...)

También dejó claro que su ambición no se limitará a Colombia, sino que bajo el paraguas ambiental intentará proyectarse como un líder latinoamericano. (...)

Hoy comienza una nueva época para Colombia."                 (Juanita León, CTXT, 20/06/22)


"(...) El alcalde en la plaza pública

Fueron días de aprendizaje (a las malas). En enero de 2012 Gustavo Petro tomó posesión como alcalde Mayor de Bogotá, reconociendo que le esperaba un enorme reto: la idea de una “Bogotá Humana” –su eslogan, pero también el sentido mismo de su programa de gobierno– implicaba poner al fin las instituciones al servicio de la dignidad de todos, de los derechos fundamentales, y ello implicaba ir en contravía de la inercia histórica del poder ejecutivo en Colombia. No se había posesionado y ya estaban varios medios de comunicación exigiendo su renuncia. (...)

El programa de la Bogotá Humana fue, en el ámbito colombiano, ambicioso: combatir la segregación social, con todo lo que ello implica en políticas públicas para los más pobres; proyectar una ciudad que no deprede la naturaleza, que afronte el cambio climático y que se organice en torno al agua; fortalecer el poder público, el patrimonio de los ciudadanos, la capacidad de las instituciones para defender a la gente de a pie. De la mano de esto había que combatir la corrupción estructural (en una ciudad que apenas despertaba del “carrusel de la contratación”) y brindar una atención especial a las víctimas del conflicto armado, esas millones de personas que sólo conocían al Estado como aparato militar, es decir, como adversario. Así, no se trataba solamente de desplazar a las mafias enquistadas en las instituciones, sino de darles un nuevo sentido a las mismas en medio de la hegemonía neoliberal.

Y aun siendo el blanco de todos los ataques, lo que se logró fue –ya lo dije– revolucionario: si miramos, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional de la ONU, que mide no sólo la pobreza monetaria, sino también el acceso efectivo a los servicios públicos, sociales y calidad de vida en general, en la alcaldía de Gustavo Petro casi medio millón de personas salieron de la pobreza (el índice pasó de 11,9% a 4,7%). Fue el resultado de una combinación de políticas públicas (mínimo vital de agua, programa de salud preventiva en los barrios populares, jardines infantiles, fortalecimiento de la educación pública, centros juveniles de enseñanza artística, tarifa diferencial de transporte) que empezaron a arrastrar consigo los demás indicadores: la victimización directa bajó a su mínimo histórico, la tasa de homicidios fue la menor en cuarenta años, disminuyeron todas las cifras de mortalidad infantil y, por primera vez en la historia, ni un solo niño murió de hambre en la ciudad de Bogotá. (...)

La Bogotá Humana estaba frenando las perspectivas de ganancia de los grupos más poderosos: ¿cómo era posible que no se adjudicaran las tradicionales grandes obras de cemento y ladrillo (para priorizar la contratación de maestros y médicos), que se impidiera el crecimiento horizontal de la ciudad (para buscar una ciudad más densa y sostenible), que no se siguieran construyendo troncales de buses articulados (para proyectar y diseñar, al fin, la primera línea de metro de Bogotá)?

Tarde o temprano iba a pasar: luego de que Petro, cumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional, formalizó el trabajo de los recicladores de calle (miles de familias de población vulnerable) e introdujo un operador público en el servicio de recogida de basuras de Bogotá (hasta entonces, en concesión a cuatro poderosas empresas privadas), la maquinaria de guerra apretó el acelerador. El sabotaje de los viejos operadores que perdían el monopolio –no de un negocio sino de una renta millonaria– hizo que durante tres días hubiera dificultades en el servicio de aseo. Los medios de comunicación hicieron lo suyo: Bogotá era, en todos los titulares de prensa, poco menos que un campo de guerra en manos de un alcalde improvisador e irresponsable. Un año después, el entonces Procurador General de la Nación –un puesto de control administrativo en manos de un integrista religioso– destituyó a Gustavo Petro y lo inhabilitó por quince años para ejercer cargos públicos.

Fue entonces cuando el nombre de Petro resonó con más fuerza en los medios de comunicación internacionales: durante tres días seguidos la ciudadanía llenó la Plaza de Bolívar de Bogotá en respaldo al alcalde, pero sobre todo en defensa de sus propios derechos políticos, y de la posibilidad de elegir un gobierno que no se arrodille ante los poderes establecidos y que defienda a los más humildes.

Petro dio la batalla judicial tanto dentro como fuera del país, impulsado por el apoyo popular, y gracias a una combinación de recursos y fallos judiciales volvió al cargo en abril de 2014, cuatro meses después del fallo de la Procuraduría y un mes después de su destitución oficial firmada por el Presidente Santos.

Conviene precisarlo: para el establishment su pecado no fue tanto la formalización laboral de población vulnerable, o plantear un modelo de limpieza basado en el reciclaje, y ni siquiera sería correcto decir que fue el solo hecho de haber afectado el negocio millonario de cuatro poderosos empresarios. Su mayor pecado, a ojos de un establishment furiosamente neoliberal, fue haber planteado –y llevado a cabo– la desprivatización de un servicio público.

Y las grandes movilizaciones ciudadanas no fueron exclusivas del periodo de su destitución. Durante el gobierno de la Bogotá Humana la ciudad vivió una atmósfera política que no sólo toleraba, sino que incentivaba la organización y la movilización popular. Recuerdo dos escenas paradigmáticas. La primera, en el marco de una protesta que paralizó el obsoleto sistema de transporte colectivo de Bogotá (basado en buses articulados por carril exclusivo y que es, en esencia, el negocio privado de un puñado de contratistas y fabricantes de buses). Por lo general, ante casi cualquier movilización popular, los gobiernos envían al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) para disolverla con golpes indiscriminados, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Pero Petro, como alcalde Mayor, ordenaba que en lugar de la Policía –que no siempre le obedecía– hicieran presencia los mediadores sociales de la alcaldía. Y en la ocasión a la que me refiero, Gustavo Petro fue en persona hasta el lugar del bloqueo, se subió al techo de un vehículo, y empezó ahí mismo una asamblea ciudadana para discutir, durante cinco horas, la problemática del transporte público de la ciudad.

La segunda escena fue en el marco de unas jornadas de protesta y movilización de la Universidad Distrital. Los estudiantes en asamblea decidieron marchar hasta la Plaza de Bolívar y exigir una reunión con el alcalde. Petro estaba en su despacho, en reunión, y escuchó las arengas que venían de la plaza. Al informarse de lo que estaba sucediendo dio instrucciones para que reprogramaran sus reuniones de la tarde, y salió a dialogar, a responder al legítimo llamado de los estudiantes.

Son dos ejemplos paradigmáticos de la concepción que tiene Gustavo Petro de los funcionarios públicos –como empleados de la ciudadanía–, de la movilización social –como eje vertebrador de la política– y, sobre todo, del carácter sagrado de la Soberanía popular.

Lo digo, evidentemente, con emoción: al enfrentar a las mafias, los oligopolios, el dogmatismo neoliberal que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas; al defender a los más humildes, combatir la pobreza y la exclusión social, reconocer la diversidad, fortalecer las empresas públicas, lograr que ningún niño –¡por fin!– muriera de hambre en la ciudad; al plantear, en suma, un nuevo proyecto de convivencia y dignidad compartida, la Bogotá Humana de Gustavo Petro fue la primera experiencia de gobierno con un horizonte realmente democrático en la historia de Colombia.

Por eso era –y sigue siendo– tan peligroso.  (...)

(Iván Olano Duque es escritor colombiano, CTXT, 19/05/18)

13.5.22

El narcoparamilitarismo irrumpe en la campaña en Colombia con el plan de asesinar a Gustavo Petro... El plan se sustenta en el hecho de que cinco sicarios ya habrían recibido la mitad de su paga, 500 millones de pesos cada uno, involucrando a políticos regionales, policías y militares... El paramilitarismo, indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de intimidación que condiciona el desarrollo de la campaña electoral en unos comicios que apuntan a una victoria de la izquierda... en uno de cada diez municipios de Colombia presenta algún nivel de riesgo electoral... dado que Petro se perfila como el triunfador imbatible en la segunda vuelta de las elecciones contra cualquier otro candidato presidencial... el nerviosismo de los sectores hegemónicos ante la posibilidad del cambio da rienda suelta a los actores paramilitares incrustados en el viejo esquema de poder

 "El próximo 29 de mayo se celebran elecciones presidenciales en Colombia tras las elecciones legislativas del 13 de marzo que dieron una amplia victoria a la izquierda en el Senado y la Cámara de Representantes. Por primera vez se produjo un cambio en la correlación de fuerzas que favorece al Pacto Histórico de las fuerzas progresistas en detrimento de las viejas maquinarias políticas y de los dirigentes tradicionales. El paramilitarismo, indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de intimidación que condiciona el desarrollo de la campaña electoral.

Desde los primeros meses de campaña se produjo una intensificación de la violencia en muchas regiones del país, con una especial incidencia en el departamento de Arauca, donde los ataques de las llamadas disidencias de las FARC y de la organización narcoparamilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo han causado varias masacres de población civil. Durante los dos primeros meses del año 2022 hubo en ese departamento más de un centenar de muertos. A ello se sumó el paro armado declarado por la guerrilla del ELN, interpretado por candidatos del Pacto Histórico como un regalo al uribismo gobernante y a su estrategia de militarización de la lucha política. 

También ha aumentado la violencia en el suroeste del país, en particular en el Cauca, donde se han denunciado hasta 14 asesinatos de líderes indígenas en el transcurso de los primeros dos meses y medio de este año. En este caso, es la organización paramilitar Águilas Negras la que amenaza a los líderes sociales y dirigentes políticos del Pacto Histórico (PH). En toda Colombia fueron asesinados 31 líderes sociales y defensores de derechos humanos durante los primeros dos meses de 2022, uno cada dos días.

 Según un informe presentado en enero de 2022 por la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones sociales que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, uno de cada diez municipios de Colombia presenta algún nivel de riesgo electoral. El documento alerta que en 131 municipios repartidos por casi todos las regiones existen riesgos de que se produzca fraude o violencia.

La violencia paramilitar reciclada

La campaña electoral se desarrolló con una gran disparidad de recursos de comunicación entre los candidatos de los distintos sectores, en particular entre los partidos de derecha y centroderecha, que cuentan con el decidido respaldo de los principales medios de comunicación, y los líderes de partidos de izquierda y movimientos progresistas, que si bien han podido convocar multitudinarias concentraciones en sus recorridos a través del país, estas carecen de eco mediático y se transmiten casi exclusivamente a través de las redes sociales.

Ante el evidente ascenso de la izquierda en todas las encuestas, los grupos narcoparamilitares se propusieron amedrentar a los líderes sociales que la apoyan y sabotear los actos de campaña del Pacto Histórico. En este sentido, actúan como el instrumento extremo de la clase gobernante tras el derrumbe de sus expectativas de perpetuarse en el poder bajo formas democráticas. Los ejemplos son muy numerosos. A finales de 2021, el Clan del Golfo amenazó de muerte al gobernador del departamento del Magdalena, el progresista Carlos Caicedo, quien tuvo que exilarse durante algunos días hasta que el Gobierno le aseguró la debida protección. En enero de 2022, al inicio de la campaña electoral, un comunicado de la organización paramilitar Águilas Negras amenazó de muerte a algunos de los principales dirigentes del Pacto Histórico, entre otros a Gustavo Petro e Iván Cepeda, así como a varios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otras personas señaladas con nombre y apellido. El panfleto es una declaración de intenciones:

“Entre nuestras misiones está la de evitar la toma del poder por parte de los narcoterroristas guerrilleros, defender a Colombia de la amenaza del comunismo progresista […] los encontraremos en cualquier parte del territorio nacional […] los vamos a encontrar, a torturar, descuartizar vivos y a desaparecer para que sean ejemplo de lo que le hacemos a los sapos [soplones], traidores, colaboradores y cómplices de las FARC, a quienes también exterminaremos”.

El comunicado añade: “No permitiremos que […] se instaure en el poder la dictadura del narcoterrorismo comunista progresista o que conviertan a Colombia en otra Venezuela”, mostrando una total sintonía con los argumentos no menos rudimentarios al respecto del presidente Iván Duque y su partido Centro Democrático. Al final del panfleto destaca el lema del supuesto 'Comando General de las Águilas Negras de Colombia': Por un nuevo plan de ordenamiento y limpieza directa.

La organización paramilitar Águilas Negras surgió bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Su paternidad se atribuye al temible jefe paramilitar Vicente Castaño, impulsor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien fundó esta organización en desacuerdo con la desmovilización de las AUC pactada por su hermano Carlos Castaño con Álvaro Uribe, efectuada entre los años 2004 y 2006 con grandes beneficios para quienes se acogieran a ella.

El uribismo permitió la expansión y diversificación de los grupos paramilitares después de la desmovilización de las AUC, que se fueron reconvirtiendo en un sinfín de organizaciones: las AGC o Clan del Golfo, Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos, La Constru, etc. Ante el avance de esta legión de grupos mafiosos y ultraderechistas, el Estado fue cediendo terreno y en muchos casos les permitió controlar el territorio o, a lo sumo, los combatió como bandas criminales, desvinculando sus fechorías de todo tinte ideológico.

Las distintas organizaciones paramilitares que han proliferado desde entonces fueron reciclando la violencia con nuevas denominaciones y marcas, pero muchas de ellas permanecieron interconectadas. Algunos de sus integrantes ‘migraron’ al Clan del Golfo, una estructura que debe su nombre a los carteles mexicanos del narcotráfico y que actúa como organización paramilitar con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Muchos sicarios del Clan del Golfo, conocido también como Clan Úsuga o Bloque Héroes de Castaño, proceden del antiguo bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar desmovilizada en 2004, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. Se estima que este grupo sería responsable de la mitad del tráfico de toda la cocaína que hoy sale de Colombia. Sus principales clientes son los carteles mexicanos de Sinaloa y el Cartel del Noreste de México.

Por el contrario, hay serias dudas de que realmente exista una organización centralizada que responda al nombre de Águilas Negras. No obstante, detrás de sus comunicados y acciones hay algún comando paramilitar centrado en difundir amenazas —llegando en un caso a consumarlas— en plena campaña electoral. Desde hace más de una década no hay rastros de sus campamentos, ni se ha capturado a ninguno de sus miembros, según informes policiales, y varias organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una pantalla para mantener en la impunidad a los verdaderos autores de los asesinatos de líderes sociales, ambientalistas, ex guerrilleros y políticos de oposición. En enero de 2020 hubo otra serie de amenazas similares, dirigida a diversos políticos e intelectuales críticos, incluida la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el periodista y politólogo Ariel Ávila (subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación), entre otros. Los afectados claman desde entonces sin éxito al Gobierno de Iván Duque que investigue quién promueve estas gravísimas intimidaciones.

Amenazas a líderes sociales y “paro armado”

Las amenazas a políticos de izquierda y líderes sociales arreciaron a mediados de marzo de 2022, tras la victoria del PH en las elecciones legislativas. Las intimidaciones fueron cada vez más graves. La senadora electa por el PH, María José Pizarro, mostró en redes sociales un comunicado de las AN amenazando a todo el equipo del PH en Valle del Cauca. Una amenaza de muerte efectivamente se cumplió con el asesinato del líder indígena nasa Miller Correa, que hizo campaña por el PH. Su asesinato en el Norte del Cauca al día siguiente de las elecciones fue reivindicado por las Águilas Negras como un ejemplo de cumplimiento de su palabra.

Otro panfleto del autodenominado Bloque Occidente de las Águilas Negras, con fecha del 19 de marzo, amenazó sin ambages a los activistas de Valle del Cauca que se implicasen en la campaña: “seguimos cumpliendo con nuestra palabra de limpiar a todos esos llamados líderes indígenas y sociales […] que apoyan al tal llamado Pacto Histórico”. Se señalaba con nombre y apellido a nueve dirigentes locales, coaccionándolos de forma brutal: “comenzó la cacería y no descansaremos hasta tenerlos a todos bajo tierra, los siguientes difuntos serán ustedes”. El líder indígena Capaz Lectamo, en representación de la consejería del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), aseguró que no hay dudas sobre cuál fue el móvil de los asesinos de Miller: “Estamos convencidos que se trata de una retaliación (…) por el liderazgo que ha dado el movimiento indígena caucano en torno a los resultados”.

En el Valle del Cauca y su capital, Cali, la prolongada lucha popular que sostuvo la juventud en las calles durante el largo Paro Nacional se transformó en votos para el proyecto progresista del Pacto Histórico. El PH obtuvo cinco representantes y tres senadores en este departamento, cuando anteriormente los partidos alternativos no contaban con ninguna representación. El paramilitarismo actúa por cuenta de los sectores gobernantes que quisieran retrotraer la situación a su anterior dominio incontestado.

La extradición a Estados Unidos del máximo jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, sirvió de excusa a esta organización para declarar un “paro armado” que en los primeros cuatro días ya supuso un balance de muerte y destrucción en 11 departamentos (con afectaciones en 119 municipios), además de haber causado el confinamiento de la población de 74 comunidades. El grupo paramilitar impuso restricciones sobre el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas. La pertinencia o no de la extradición de Otoniel implica analizar otras cuestiones que merecen un desarrollo más amplio, como la posibilidad de privación a las víctimas en Colombia de su derecho a la verdad y justicia. En cualquier caso, no está de más señalar el “sentido de la oportunidad” del Gobierno de Duque de dar lugar a una situación como ésta a pocos días de las elecciones presidenciales.

El plan de asesinar a Gustavo Petro

Las intimidaciones de los paramilitares alcanzaron a toda la plana mayor del PH. Primero a la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, que denunció haber recibido hasta por tres veces consecutivas muy graves amenazas de las Águilas Negras. El objetivo más probable era dificultar la participación personal de la lideresa en la campaña, pero no lo han conseguido. En el caso del candidato presidencial del PH, Gustavo Petro, se descubrió un plan para asesinarlo que impidió su asistencia a algunos actos de campaña.

El equipo coordinador de la campaña de Gustavo Petro denunció a principios de mayo que el grupo paramilitar La Cordillera había planeado atentar contra la vida del candidato izquierdista durante su gira por los departamentos del Eje Cafetero, suspendida por obvias razones de seguridad. Los coordinadores de la campaña supieron de fuentes policiales y militares que “un integrante de la SIJIN (Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional), que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa, también sería parte del plan criminal”. Lucas Villa fue asesinado en las protestas del Paro Nacional de mayo de 2021 y su muerte continúa sin esclarecerse, aunque hay indicios de que también pudo haber intervenido en su ejecución La Cordillera. El comunicado del equipo de campaña de Petro describe el trasfondo de esta estructura mafiosa: “La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de dicha organización criminal”.

El plan de asesinar a Petro se sustentaría en el hecho de que cinco sicarios ya habrían recibido la mitad de su paga, 500 millones de pesos cada uno. Así mismo, según ha revelado el portal Cuestión Pública citando fuentes de la campaña de Petro, en este plan estarían involucrados políticos regionales, policías y militares. Tanto el presidente Iván Duque como la Policía rechazaron que existieran pruebas de las denuncias. Sin embargo, tras una reunión del equipo de campaña de Petro con el ministro del Interior, Daniel Palacios, este anunció que reforzaría el esquema de seguridad del candidato del Pacto Histórico.

La intervención del paramilitarismo contra los líderes del Pacto Histórico se vuelve cada vez más virulenta a medida que Gustavo Petro se perfila como el triunfador imbatible en la segunda vuelta de las elecciones contra cualquier otro candidato presidencial, según la encuesta de Invamer publicada a comienzos del mes de mayo. El nerviosismo de los sectores hegemónicos ante la posibilidad del cambio es lo que da rienda suelta a los actores paramilitares incrustados en el viejo esquema de poder."              (Eduardo Giordano  , El Salto, 11/05/22)

2.6.21

Lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios... Los gobiernos conservadores no conocen otro medio que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana... ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

 "(...) ¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). 

Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población.

 Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores; la crisis social y económica pospandémica será gravísima, sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave.  Las políticas de ayuda de emergencia, por deficientes que sean, combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia, van a causar un enorme endeudamiento del Estado, y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. 

Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia, ya bastante evidente, se profundizará todavía más.

 ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

 Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen* que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos, que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro de si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos, a pesar de que estos estén siendo violados tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los Estados Unidos. Seguramente la Organización de Estados Americanos (OEA), el alto comisariado de la ONU y el Gobierno estadounidense ya estarían denunciando los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha?

 No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los Estados Unidos en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares estadounidenses en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo. (...)"           (Boaventura de Sousa Santos , Público, 08/05/21) 

17.5.21

Cali, un epicentro de la cacería desatada por el gobierno colombiano, es también el lugar donde se juega la reconfiguración de las economías de la cocaína, con sectores institucionales y élites involucradas. Desatar esta violencia en medio de este reacomodo del narcotráfico no puede ser pasado por alto

 "Desde el 28 de abril, la gente en Colombia –y los y las colombianas fuera del país– está en las calles, tumbando estatuas, bailando, haciendo música, gritando, pintando, detonando una de las mayores movilizaciones sociales en la historia, también una de las más cruentas. 

Desde el primer día hasta el pasado viernes, se contabilizaban mil 773 casos de violencia policial, 37 víctimas de asesinato y 936 detenciones arbitrarias. Según las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos se han reportado desde ese día 379 personas de las que no hay rastro. (...)

En Colombia, durante ocho días habían sido asesinadas 37. Es una cacería. Pero los pueblos avanzan, y esto desborda la inconformidad por una reforma fiscal; muchos colombianos ya no son inmunes a la realidad.

Entre las cosas por hacer en Medellín que venden los tours no está, por supuesto, visitar La Escombrera. Medellín ha tenido un crecimiento inmobiliario sostenido, una ciudad colgada azarosamente entre las montañas; La Escombrera es donde se han lanzado los restos de los escombros de este “desarrollo”, tetas y edificios, dicen los turistas. Pero también La Escombrera podría ser la fosa común más grande del país. No se sabe aún cuántas personas fueron y siguen siendo sembradas en esta montaña de escombros. El escenario más crudo fue cuando durante la Operación Orión, una cacería urbana paramilitar en apoyo del ejército sobre la Comuna 13, enterró la población ahí. Esta metáfora, que nos planta frente a los ojos Pablo Montoya en su libro La Sombra de Orión, es la contradicción de una nación en guerra de los que se enriquecen en ella y los jodidos.

 Por una parte, nos robaron la posibilidad de un futuro sin armas. Nos dijeron que se iban las FARC y el país mejoraba y no, se han encargado de romper uno a uno los compromisos, y nos empujan a una espiral de violencia y de degradación humana a la que las élites vándalas han estado acostumbradas a lo largo de la historia de la nación. Quieren volver a asperjar con glifosato, quieren volver a criminalizar a los campesinos y los pueblos étnicos, quieren impedir la justicia transicional. Hace un par de semanas asesinaron a una gobernadora indígena y la lista de dirigentes regionales y nacionales, y ex combatientes asesinados crece diariamente. “El silencio de los fusiles” temporal nos permitió escuchar el país muerto, sus víctimas, que como dice Pablo Montoya, es “este enjambre descomunal y aturde cuando se oye”.

De otra, el bolsillo no aguanta. Antes de la pandemia, el gobierno hizo una reforma fiscal que benefició al gran capital y descapitalizó el Estado. Entramos a la crisis del coronavirus y la manera de corregir el hueco fiscal provocado por el gobierno de Iván Duque fue redactar una reforma que desconoce que se vive en un país donde 90 por ciento de la población gana menos de mil 100 dólares. Hace un par de semanas, el Departamento Nacional de Estadísticas informó que el último año aumentó el número de personas en pobreza en 3 millones y ahora hay 46 por ciento de pobres, casi la mitad. Los edificios llenos de trapos rojos de gente pidiendo comida en los barrios populares de toda la nación son la voz del hambre. La imposibilidad de controlar la pandemia, que en este momento está en su tercer pico, con un país que ha estado encerrado sin alternativas económicas, pero aun así contagiándose, detonaron en legítima rabia.

 La historia nos enseña que en los periodos más agudos del conflicto armado en el país (2002-2010) se llevó a cabo el boom del sistema financiero; el crecimiento del Grupo Aval no se da por fuera de este contexto de guerra. No se está marchando por un mal gobierno, la nación se levanta porque ya no es inmune a la realidad de que la guerra para muchos era un velo; ha habido gente que se ha beneficiado en medio de la guerra, y quieren, ahora en medio de la pandemia, seguir haciéndolo. A esto hay que sumarle que Cali, un epicentro de la cacería desatada por el gobierno colombiano, es también el lugar donde se está jugando la reconfiguración de las economías de la cocaína, en la cual hay sectores institucionales y élites involucradas. Desatar esta violencia en medio de este reacomodo del narcotráfico no puede ser pasado por alto."              

Vandalizaron la economía, la paz, el futuro, la salud, la vida. ¿Quiénes son los vándalos? No los vemos. Vemos una camioneta blanca que le dispara a un punto de misión médica organizada por ciudadanos para atender las emergencias del Paro en Cali. Le dispara a los y las doctoras y enfermeras que voluntariamente están atendiendo ahí. Vemos que desde una moto disparan a quemarropa una ráfaga a tres marchantes en el Viaducto de Cali. Vemos un helicóptero aterrizando en un colegio en Bogotá, vemos a la policía disparándole sin control a las personas que persigue en sus motos. Vemos las nuevas tanquetas del Esmad lanzando ráfagas de aturdidoras. Es un escenario de guerra.

Vemos también a las Altas Cortes violando la independencia constitucional y escribiendo comunicados conjuntos con el gobierno de Iván Duque creyendo que un papel va a detener este hilo que se hizo quebrada ahora es un río.

Vemos fotos. La imagen es en blanco y negro, la de un hombre encapuchado vestido de militar señalando una casa. Es una foto de 2002 de Jesús Abad Colorado, durante la Operación Orión, en el barrio San Javier, en Medellín. Va señalando a quién asesinar, capturar, desaparecer. Vemos tuits. Vemos a un ex presidente dando vía libre a la policía para el uso de armas de fuego porque, según él, están en su derecho. También vemos tuits del mismo ex presidente diciendo que la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es la de un grupo guerrillero. Lo vemos gritando en CNN que los muertos de las marchas no son de las marchas.

Y por supuesto, no son de las marchas, son de la esperanza de rescribir nuestro mito. Ahora o nunca."              

 (Estefanía Ciro , Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, La Jornada, 11/05/21)

4.12.19

¿Cómo entender la revuelta colombiana?

"Y sí, el 21N puede verse como un sancocho [plato típico colombiano, similar a un cocido]. Se convocó en rechazo el “paquetazo” contra los trabajadores en el país, las “reformas” laboral y pensional, el intento de privatización de empresas públicas como Ecopetrol, los asesinatos de niñas y niños en bombardeos contra “disidencias” y su justificación, el regreso de los “falsos positivos”, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, la actitud del Gobierno frente a los asesinatos contra el pueblo indígena en el Cauca, el incumplimiento de los Acuerdos de paz y de acuerdos con estudiantes, con profesores e indígenas, la impostura de Iván Duque sin rumbo definido y el cinismo mediático de quienes le apoyan, entre otras.
No obstante, ese sancocho no significa una suma accidental de oportunismos y en cambio es producto de una activación social expansiva desde la apertura del proceso de paz. Allí se enmarcaron las movilizaciones agrarias y estudiantiles de 2011-2013. Allí la novedad de los votos por el Si en el plebiscito después de décadas de propaganda anti-paz. Allí las movilizaciones que llenaron la Plaza de Bolívar con el “Acuerdo Ya”. 

Ese proceso continuó en 2018 con la ruptura del techo de la votación “alternativa” que llegó a ocho millones, en 2019 con la lucha universitaria por el presupuesto y la relativa renovación en las lecciones locales. Desde la apertura, han sido incontables las formas de acción política colectiva que han liderado precisamente los hoy llamados líderes y lideresas sociales en cada territorio. 

 Como marca de esa activación, el movimiento estudiantil desde 2011 y aún en 2019 ha venido impulsando el retorno a la mirada sobre los problemas estructurales del país —después de años de hiperconcentración en la mirada humanitaria en torno al conflicto armado—, y un salto táctico para hacer la movilización más efectiva y ofensiva al conducirla hacia otro punto diferente del viejo destino de la ruta hacia el centro y el mero tropel.
Con esos antecedentes, el “paquetazo” propuesto por el presidente Duque en 2019 aparece como el colmo de la estafa, como un anuncio descarado frente a una sociedad activada que no acepta la decisión de bloquear la paz y perseguir al fantasma “castrochavista” como cortina para nuevas reformas neoliberales.

La movilización sin precedentes, con muchas identidades, sensibilidades, etc., tuvo tres características muy importantes. 

En primer lugar, no pretendió ser una movilización “de nadie” y fue una movilización “de todos”. El involucramiento de marcas de movimientos sociales y políticos no fue visto por los manifestantes como “politización negativa”, contaminación o marca de oportunismo. Con el protagonismo de las banderas sindicales, no hubo sectores atemorizados de untarse con otros ni los sin partido, las ciudadanías libres, artistas, intelectuales, etc., se sintieron utilizados.

En segundo lugar, la movilización también trascendió las divisiones entre acción directa y pacifismo. Hubo consenso frente al enemigo común de la estigmatización y el miedo particulares promovidos por el Gobierno (hablando del Foro de Sao Paulo). También hubo consenso sobre la necesidad imperativa de hacer, más que una demostración de corrección política, una marcha efectivamente convocante y masiva. 

 En tercer lugar, no se ajustó exactamente a la dinámica clásica del paro como cese de actividades que corta la circulación del capital, pero tampoco se quedó en la marcha del 21N. Después de las horas marcadas por desmanes y enfrentamientos que siguieron a las de la movilización gigantesca, se difundió y caló la iniciativa del cacerolazo que se constituyó en un llamado de atención para que no se perdiera el foco en el paro ahora ciudadano, y que se no desviara hacia esa hiper-concentración humanitaria naturalizada en el cubrimiento mediático. (...)

 El Gobierno, por el momento, está metido en una trampa que se ha construido a sí mismo, de lealtad de Uribe y de alianza con la internacional de Bolsonaro, Piñera, Moreno, y cía. No es fácil prever por dónde buscará la salida."                   (José Antequera, El Salto, 26/11/19)