"Lo que se ha vendido al mundo como un acuerdo histórico entre Washington y Caracas tiene todas las características de un atraco a mano armada, perpetrado no con pistolas, sino con la pluma y el chantaje geopolítico. Donald Trump ha anunciado en persona, con el tono triunfal y arrogante que le es habitual en Truth Social, que Estados Unidos ha obtenido el control mayoritario sobre más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela. Diecisiete yacimientos estratégicos repartidos entre la Franja del Orinoco y el lago de Maracaibo, el corazón de la industria petrolera venezolana, pasan de hecho a estar bajo la gestión de empresas estadounidenses. Para un país que hasta hace unos meses se veía asfixiado por un entramado de sanciones sin precedentes, esta medida tiene el amargo sabor de la rendición incondicional.
La presidenta interina Delcy Rodríguez ha confirmado el acuerdo mediante un comunicado en el que se hablaba de inversiones por valor de más de 100 000 millones de dólares y de ingresos fiscales por 209 000 millones destinados a las arcas del Estado. Cifras que, leídas a toda prisa, pueden impresionar. Pero basta con detenerse un instante y hacer una división elemental para darse cuenta de que algo no cuadra. Doscientos nueve mil millones dividido entre 65 mil millones de barriles da 3 dólares y 22 céntimos por barril. Esta es la cifra que Venezuela recaudaría por cada barril extraído de su subsuelo.
El portal de investigación La Tabla ha desmontado la operación con una frialdad que deja poco margen para interpretaciones. Antes de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026, el Estado venezolano recaudaba, a través de regalías e impuestos, al menos 25 dólares por barril, y en los cálculos más generosos se superaban los 44. Con el nuevo régimen fiscal que entró en vigor en abril, que prevé regalías del 30 % y un Impuesto Integrado sobre Hidrocarburos del 15 %, los ingresos podrían alcanzar teóricamente hasta 37 dólares y 35 céntimos por cada barril, teniendo en cuenta que el precio del crudo WTI rondaba los 83 dólares a finales de agosto. El acuerdo con Trump, en cambio, otorga a Venezuela menos del 9 % de lo que le garantizaría su propia legislación vigente.
La magnitud de la venta a precio de saldo resulta aún más vertiginosa si se amplía la perspectiva a todo el período de explotación. Esos 209 000 millones de impuestos, repartidos a lo largo de un horizonte de extracción que podría durar un siglo, se reducen a una media anual de poco más de 2 000 millones de dólares. Si Caracas aplicara el régimen fiscal actualmente vigente a los 65 000 millones de barriles objeto del acuerdo, la recaudación total rozaría los 2,4 billones, es decir, más de once veces lo previsto en el contrato. La diferencia, unos 2,2 billones de dólares, es dinero que Venezuela cede voluntariamente —o al menos así se presenta— a las empresas estadounidenses.
Trump no ha ocultado sus intenciones. Ha declarado que, con esta operación, su país duplica con creces sus reservas de petróleo, que en la actualidad rondan los 46 mil millones de barriles, según la Agencia de Información Energética. En realidad, las reservas permanecen físicamente en territorio venezolano, y la Constitución de Caracas reserva al Estado las actividades fundamentales de la industria petrolera, pero el control operativo mayoritario pasa a manos de las empresas estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha hablado de 100 mil millones de inversiones privadas, mientras que el secretario de Guerra, Peter Hegseth, ha participado directamente en las negociaciones, un detalle que dice mucho sobre la naturaleza de las mismas.
Para comprender cómo se ha llegado a este punto, hay que remontarse al pasado 3 de enero, cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron una agresión militar contra Venezuela que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro, trasladado a una prisión de Nueva York. Desde ese momento, la nueva administración de Caracas, liderada por Delcy Rodríguez, ha ido desmantelando progresivamente las barreras que protegían la soberanía energética del país. La reforma de la Ley de Hidrocarburos de enero, que abrió la puerta a la participación mayoritaria del capital privado extranjero, ya era en sí misma una concesión significativa. Pero este acuerdo va mucho más allá de cualquier escenario previsto por la propia reforma, hasta tal punto que los analistas de La Tabla se preguntan si el modelo de arrendamiento de yacimientos propuesto por Washington es siquiera compatible con la legislación venezolana.
La comparación con el pasado es implacable. En 2010, bajo el mandato de Hugo Chávez, Petróleos de Venezuela firmó los contratos para el desarrollo del bloque Carabobo en la Faja del Orinoco con gigantes como Chevron, Repsol y la empresa india ONGC. Se trataba de 50 000 millones de barriles de crudo extrapesado con inversiones por valor de 40 000 millones de dólares; sin embargo, el Estado mantenía el control accionarial y una participación fiscal incomparablemente superior a la actual. Hoy, con un volumen de reservas mayor e inversiones nominalmente más elevadas, Venezuela renuncia a casi todo.
Delcy Rodríguez ha descrito el acuerdo como fruto del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, y Trump se ha hecho eco de ello con entusiasmo. Pero la retórica de la amistad y la cooperación tiene dificultades para sostenerse ante las cifras. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, más de 303 000 millones de barriles según los datos históricos de la OPEP. Con este acuerdo, Washington obtiene el control operativo sobre más del 21 % de ese tesoro geológico, a un precio que haría palidecer a cualquier empresa minera colonial del siglo XIX."
(L’AntiDiplomatico, 29/08/26, traducción Salvador L. Arnal)
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