A León XIV le ha estallado el primer caso de pederastia de su mandato, y ha surgido en la Iglesia española: la primera investigación conocida contra un obispo, Rafael Zornoza, de Cádiz... al menos 60 obispos españoles son sospechosos de encubrimiento... Siete años después de que estallara el escándalo, la Iglesia española aún tiene pendiente decir toda la verdad sobre lo que sabe, da información escasa, confusa y contradictoria... León XIV debe decidir si van a cambiar las cosas, qué rumbo tomar y definir su estrategia contra esta lacra. Su respuesta al caso de España dará pistas sobre su sensibilidad en esta cuestión... el informe del Defensor del Pueblo, presentado en octubre de 2023, estimó entre 350.000 y 530.000 los casos de abusos en la infancia en el ámbito de la Iglesia católica... son números similares a los que ofreció el estudio que habían encargado los obispos en Francia... La Iglesia española es la única del mundo católico que siempre ha rechazado las cifras estimadas sobre el escándalo, incluso las del estudio que ella misma había encargado (Íñigo Domínguez)

 "A León XIV le ha estallado el primer caso de pederastia de su mandato que afecta a un alto cargo, en el que debe demostrar cómo actúa con este problema, y ha surgido en la Iglesia española: la primera investigación conocida contra un obispo, Rafael Zornoza, de Cádiz y Ceuta, desvelada por EL PAÍS. Es un caso subestimado y mal gestionado tanto en el Vaticano como en España, pues han pasado cuatro meses desde que llegó la denuncia a Roma y Zornoza aún no ha sido apartado. Además en Roma, señalan fuentes vaticanas, hay “malestar” porque desde que en España salió a la luz el escándalo de los abusos del clero en 2018, a través de las investigaciones de este diario, la CEE siempre ha transmitido que estaba afrontando el problema y todo estaba bajo control. Pero en el Vaticano ahora tienen la impresión de que no era así y el Pontífice, que va afrontando asuntos heredados, quiere saber la verdad. Por eso el primer encuentro que el Pontífice mantendrá este lunes con la cúpula de la Conferencia Episcopal (CEE) está marcado por el escándalo y puede suponer un cambio de página. Hay un nuevo papa, y es una prueba de fuego para él y sobre todo para la Iglesia española, que va a tener que dar explicaciones de qué ha hecho exactamente con la oleada de casos surgidos en los últimos años.

Como prueba del ambiente enrarecido que ha generado el caso del obispo de Cádiz, en estos días se ha producido un evidente cortocircuito entre el Vaticano y los obispos españoles, que ansiosos de atajar la crisis filtraron el jueves a numerosos medios que la salida de Zornoza estaba decidida y sería efectiva este mismo viernes. Pero no ha sido así, y tampoco ha ocurrido este sábado. Salvo que ocurra el domingo, los obispos llegarán ante el Papa con Zornoza aún en su puesto.

En realidad, el balance de la gestión del escándalo estos años de la Iglesia española es alarmante. Lo representa bien quien está al frente de la Comisión Ejecutiva de la CEE que acude a ver a León XIV, Luis Argüello, presidente de los obispos desde el año pasado. En abril de 2019 era secretario general de la institución y declaraba: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”. En 2020, cuando este diario llevaba dos años destapando casos y casi se habían multiplicado por 10 los conocidos ―en 2018 eran solo 34―, aún decía que en España había “cero casos o ninguno”. Según la contabilidad de este diario, la única existente todavía hoy, pues la propia Iglesia ni quiere ni parece capaz de concretar con exactitud cuántos casos conoce, en España hay ya al menos 1.564 acusados y 2.936 víctimas.

Tras la negación total inicial, la Iglesia española fue reaccionando lentamente, siempre arrastrada por el número creciente de casos, pero lo cierto es que ha tenido que rendir pocas cuentas porque contó a su favor con la inacción del papa Francisco, que optó por no enfrentarse al episcopado español y prefirió delegar la gestión del escándalo. Nunca se pronunció sobre ello y cuando convocó a todos los obispos españoles en noviembre de 2023 acudieron muy preocupados pensando que recibirían una bronca, pero salieron aliviados diciendo que ni siquiera se había hablado del tema.

Francisco se fio del cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE entre 2020 y 2024, con quien se llevaba bien, y lo dejó todo en sus manos, indica una fuente vaticana. Con resultados desastrosos, que culminan ahora en el caso del obispo de Cádiz.

Silencio ante al menos 60 obispos sospechosos de encubrimiento

Siete años después de que estallara el escándalo, la Iglesia española aún tiene pendiente decir toda la verdad sobre lo que sabe. La CEE da información escasa, confusa y contradictoria, y la última cifra reconocida es de 2.002 víctimas. Pero aún es un misterio cuántos casos reconoce, en qué lugar, en qué fechas, y qué medidas se tomaron. También qué explicación da al resto de casos que no incluyen en sus listados internos, como cientos destapados por este periódico.

Otro de los asuntos más graves eludidos sistemáticamente por la jerarquía es asumir las responsabilidades de posibles encubrimientos: en su base de datos pública sobre el escándalo, este diario ha señalado 60 obispos españoles acusados de silenciar, tapar o ignorar denuncias de abusos. Sin consecuencia alguna. “En las diócesis españolas aún hace falta concienciarse de que los casos tienen que salir a la luz. Hay obispos con miedo por los encubrimientos de casos, pero no podemos aliarnos en el oscurantismo”, confiesa un obispo español.

León XIV, elegido hace seis meses, debe decidir ahora si van a cambiar las cosas, qué rumbo tomar y definir su estrategia contra esta lacra. Su respuesta al caso de España dará pistas sobre su sensibilidad en esta cuestión.

Hasta ahora, Robert Prevost ha dado muestra de tomarse en serio este tema. El pasado 8 de noviembre mantuvo una reunión “profunda y dolorosa”, de casi tres horas, con 15 víctimas de abusos en la Iglesia de Bélgica. En junio envió un discurso de apoyo a los reporteros de Perú que investigaron los abusos del grupo ultraconservador Sodalicio, con una llamada a imponer una cultura de tolerancia cero, que “solo será auténtica si nace de una vigilancia activa, de procesos transparentes y de una escucha sincera a los que han sido heridos”. “Para ello necesitamos a los periodistas”, concluyó. Una actitud totalmente opuesta a la de la Iglesia española, que siempre ha criticado y desdeñado el trabajo de los medios en este campo.

Cuando era obispo en Perú, Prevost apoyó a las víctimas y a los periodistas, atacados por la jerarquía eclesiástica del país, que sacaron a la luz el caso del Sodalicio, finalmente disuelto por Francisco en enero de 2025. Luego, desde 2023 y hasta su elección, fue prefecto del Dicasterio de los Obispos, el potente ministerio vaticano que gobierna sobre todos los responsables de diócesis del mundo, y actuó rápido y sin contemplaciones cuando surgía un problema en cualquier país.

“Si lo del obispo de Cádiz hubiera pasado cuando estaba él, se hubiera solucionado enseguida. Ya te lo digo: en dos días”, confía un miembro de este dicasterio. De hecho, el cónclave ha podido influir en el curso de la denuncia contra Zornoza: al ser elegido Papa, Prevost dejó su puesto, que quedó vacante durante cuatro meses, hasta que él mismo designó un sucesor. Este vacío de poder ha acumulado el papeleo pendiente y cuando llegó la denuncia de la víctima al Vaticano, el pasado mes de julio, en ese despacho no había nadie: el Papa no nombró al nuevo prefecto, Filippo Iannone, hasta el pasado 25 de septiembre.

“Está claro que los filtros han fallado, en el Dicasterio de la Fe, en el de los Obispos, y luego en España. Todos se han ido pasando la pelota, y cuando el escándalo ha estallado, han dejado vendido al Papa, que ahora tiene que resolverlo”, explica una fuente eclesiástica. En cuanto a la actitud de la Iglesia española, opina que siempre “juega a la ruleta rusa”. “Espera tener suerte y que no se sepa. Luego, cuando se sabe, se arma el escándalo y solo le queda aguantar el chaparrón y atacar a EL PAÍS”, resume. Y también, en ocasiones, decir que quien denuncia abusos miente, como ha hecho el obispo de Cádiz, que considera “falsas” las acusaciones.

La ruleta rusa dura desde hace años. Rueda de prensa tras rueda de prensa, Argüello repetía que la Iglesia española no haría una investigación, no encargaría tampoco una auditoría externa, no abriría sus archivos y no pagaría indemnizaciones a las víctimas. Acabaría haciendo todas esas cosas, aunque mal y a regañadientes. Incluso argumentaba que la CEE no tenía el poder de pedir a las diócesis que le remitieran información sobre sus casos.

Oficialmente, para la Iglesia el problema no existía y, como dijo Argüello en septiembre de 2021, su actitud no iba a ser “proactiva”. La transparencia también era nula: la gran mayoría de diócesis y órdenes se negaba a revelar los casos que conocían. La Iglesia española aún está pagando esa actitud de negación: “Algo hemos hecho mal si las víctimas siguen prefiriendo ir a los medios de comunicación antes que a nosotros”, admite un eclesiástico. Un obispo español añade: “Algunas víctimas sienten miedo por cómo funcionaban las oficinas de atención de víctimas y prefieren no denunciar. Hay que animar a que lo hagan, es el camino para que esto cambie”.

Todo empezó a cambiar a partir de diciembre de 2021, cuando este diario presentó un informe al papa Francisco y a la CEE con testimonios de 251 casos, que obligó a la Iglesia española a afrontar la gran investigación que no quería hacer. En los tres años siguientes este periódico aportó otros cuatro dosieres, un trabajo que ha reunido en total casi 800 testimonios en 1.600 páginas. Ni el Dicasterio de Doctrina de la Fe ni la CEE han dado hasta ahora respuesta sobre qué han hecho con esa mole de acusaciones.

El impacto de aquel primer informe de EL PAÍS llevó en marzo de 2022 al Congreso de los Diputados a encargar una investigación al Defensor del Pueblo ―aprobada casi por unanimidad, salvo Vox y UPN―, y obligó a la CEE a dar un volantazo, presionada desde el Vaticano. Aunque Argüello seguía diciendo en abril de 2022: “No sé si estamos exagerando la cuestión”. En todo caso, la CEE por primera vez tuvo que dar datos: en cuatro meses pasó de decir que eran “pequeños casos” (noviembre de 2021), a admitir de golpe 506 (marzo de 2022).

Francisco pidió respuestas y Omella tuvo que actuar. Encargó entonces, en febrero de 2022, una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. También empezó a hacer su propia investigación interna y a pensar en pagar compensaciones. La CEE ahora ya tiene un plan en marcha, llamado PRIVA, que avanza muy lentamente y con criterios muy restrictivos: solo ha resarcido a un 2% de las víctimas reconocidas por la propia Iglesia. Pero ha tenido que desembolsar ya más de un millón y medio de euros.

Presionada también por el Gobierno español, con el que ha habido momentos de abierto enfrentamiento por la cuestión, las indemnizaciones son lo único en lo que ha avanzado algo la Iglesia. Por el contrario, las operaciones de transparencia han sido una catástrofe con ribetes de culebrón. La relación con el bufete que realizaba una auditoría externa degeneró cuando la CEE comprobó que no la podía controlar (aunque había un topo de los obispos que llegó a ser expulsado del despacho). De hecho, no asumió sus conclusiones (1.383 denuncias y al menos 2.056 víctimas, y advertía que eran la punta del iceberg). Es más, después de pagar 1,2 millones por el informe, la CEE lo ocultó y realizó uno propio a toda prisa que rebajaba las cifras. En realidad fue un chapucero corta y pega que, según descubrió este periódico, dejó fuera más de 300 casos que órdenes y diócesis ya habían reconocido. La CEE tuvo que reconocer luego “un error muy significativo” en su estudio y simplemente dejó de hacer públicos los datos.

Además, el informe de los obispos limitaba la contabilidad oficial a 806 casos, 700 menos de los que constan en la base de datos de este diario, pero lo más sorprendente, descubierto al publicar este diario la lista secreta de casos que manejaba la CEE, es que estableció un sistema insólito de clasificación de veracidad de los casos, de criterios desconocidos, por el que solo consideraba creíbles 237. Es decir, uno de cada 10 casos de los conocidos hasta ahora en España. Como colofón, este periódico descubrió que la CEE hizo públicos por error la identidad y datos confidenciales de las víctimas al colgar el informe de Cremades & Calvo-Sotelo en su página web.

En el debate público del escándalo constituyó un antes y un después el informe del Defensor del Pueblo, presentado en octubre de 2023. Fue la primera respuesta institucional a la cuestión y el punto más controvertido fue un sondeo incluido en el estudio que retrató la dimensión del problema: un 1,13 % de los encuestados dijo haber sufrido abusos en la infancia en el ámbito de la Iglesia católica, lo que supone unas 440.000 personas, una cifra que aplicando un margen de error oscilaría entre 350.000 y 530.000 individuos. Omella atacó duramente a la prensa por utilizar esas cifras y acusó a los medios de tener “la intención de engañar”. Eran números similares a los que ofreció el estudio que habían encargado los obispos en Francia. La Iglesia española es la única del mundo católico que siempre ha rechazado las cifras estimadas sobre el escándalo, incluso las del estudio que ella misma había encargado." 

(Íñigo Domínguez , Julio Núñez , El País, 16/11/25)

El Defensor del Pueblo estima en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española... España es el país con la proyección oficial de víctimas más alta... la cifra de los afectados llega al 1,13% de la población... “hay evidencia de que el clericalismo, fuertemente arraigado en el seno de la Iglesia católica, la sacralización de la figura del sacerdote como representante de Dios en la Tierra, la soledad de muchos clérigos y la asunción problemática de la sexualidad son factores que han podido propiciar” los abusos... Como factor de “riesgo específico”, se apunta “al celibato obligatorio, la práctica de la administración de la penitencia y cierta visión de la sexualidad”

 "España pasa hoy de ser una excepción mundial entre los países católicos, sin casos de pederastia en la Iglesia reconocidos oficialmente, a ser el país con el cómputo de víctimas más alto del mundo: un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según una encuesta a gran escala, la primera de este tipo en el país, que ha realizado el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El Defensor ha eludido hacer el cálculo en números redondos en su comparecencia en el Congreso, algo que tampoco figura en el informe. Pero, según los cálculos de EL PAÍS, ese 1,13% de los 38,9 millones de empadronados en España en 2022, de entre 18 y 90 años (franja de edad que abarca la encuesta), se corresponde con unas 440.000 personas. Más en concreto, de ese 1,13%, el 0,6%, unas 233.000 personas, afirma haber sufrido abusos de un sacerdote o religioso, y el resto, de laicos. Para la encuesta se ha entrevistado a más de 8.000 personas.

El estudio demográfico es uno de los pilares de la investigación que Gabilondo ha presentado la mañana de este viernes en la Cámara baja, 18 meses después de que el Congreso se la encargara. El Defensor ha presentado su informe como un intento de arrojar luz sobre este problema oculto y ha criticado “el silencio de quienes pudieron hacer más para evitar” la pederastia.

 Estas abrumadoras cifras, que superan las 330.000 víctimas que calculó Francia en 2021, suponen un vuelco histórico tras décadas de silenciamiento de los abusos y, desde que estalló el escándalo en otros países a partir de 2002, años de negación y encubrimiento de la Iglesia española. Hasta hace dos años afirmaba que conocía “cero o muy pocas” denuncias, en palabras del entonces portavoz de los obispos, Luis Argüello, en 2021. Ha sido el impacto de la investigación que emprendió EL PAÍS en 2018, que ha hecho aflorar las voces de cientos de víctimas, lo que finalmente forzó al Congreso en 2022 a querer saber la verdad de lo ocurrido. Hoy se ha dado el primer paso. Este diario ha colaborado en el trabajo de la comisión del Defensor, con todos sus datos disponibles, y Gabilondo ha resaltado este viernes que ha sido una de las fuentes de información del estudio. La otra, la propia Iglesia, por primera vez ha accedido a revelar datos propios, aunque incompletos y descoordinados: diócesis y órdenes admiten 1.140 casos, un dato nuevo que es la cifra más alta conocida hasta ahora. Su primera admisión de cifras fue en abril de 2021 y solo ascendían a 220 casos.

El 1,13% de las personas que han sufrido abusos en el ámbito religioso católico, según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor, se divide en dos: un 0,6% fue a manos de sacerdotes o religiosos, y el resto, de laicos que trabajaban en sus instituciones. El estudio indica que ese 0,6% es “una cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países”. En todo caso, es un dato enmarcado en unas cifras globales de abusos aún más graves: el sondeo revela que un 11,7% de las personas entrevistadas ha sido víctima de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, principalmente en el ámbito familiar. En total, la prevalencia es mayor en mujeres, un 17%, que en hombres, un 6%. En el ámbito religioso, ese dato se invierte, son los hombres quienes han sufrido más abusos: representan el 53,8% de las personas abusadas en el ámbito religioso, y el 64,6% de las que fueron agredidas sexualmente por un sacerdote o religioso.

 El exhaustivo estudio tiene 779 páginas y se ha titulado Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria. Es un trabajo muy meticuloso y durísimo con la Iglesia católica, a la que reprocha la falta de colaboración en la investigación, sobre todo de algunas diócesis, no tanto de las órdenes religiosas. “La respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema”, señala el informe. La propia respuesta de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a la petición de información de la comisión de investigación “refleja todavía una actitud caracterizada por las cautelas y reticencias”. “Por encima de una declarada voluntad de colaboración, los datos han sido presentados de una forma que tiende a minimizar el fenómeno y a relegarlo a un aspecto marginal en el seno de la institución, enfatizando la dimensión social del problema y rehuyendo abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y de encubrimiento”, afirma.

 El documento alega que el “argumento defensivo de que la investigación debería extenderse a los abusos sexuales en otros ámbitos olvida o minimiza la relevancia social de la Iglesia y su poder en España, durante gran parte del siglo XX. Además, no transmite la impresión de que la Iglesia esté especialmente interesada en el conocimiento de los delitos”. En esta línea, constata que “se han detectado en algunos episcopados ciertas actitudes que indican una reticencia al reconocimiento y a la investigación de los casos de abusos”. Como ejemplo, cita la falta de atención a algunas denuncias cuando no se ha encontrado información en los archivos, “presumiendo de alguna manera que las personas denunciantes, a menudo adultos de más de 60 años, tienen un interés espurio, en vez de mostrar voluntad de investigar los casos”. En cuanto a los archivos diocesanos, la información “ha resultado ser excepcional y casi inexistente”, aunque muchas diócesis solo los han consultado, no los han revisado por completo.

 Uno de los puntos más relevantes del trabajo es que tampoco ahorra críticas a las instituciones, que “durante mucho tiempo han permanecido inactivas ante la realidad de los abusos sexuales y no han realizado los esfuerzos necesarios para proteger a los menores” en los centros educativos. Por ello, considera que el Estado, como supervisor, también tiene una responsabilidad en lo ocurrido y propone “la creación de un órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas (...) en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal”. Para ello, recomienda “la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones”, en colaboración con la Iglesia.

“Los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar que las víctimas de estos delitos puedan ver satisfecho el derecho a la justicia que reclaman”, mediante algún tipo de declaración pública en la que, “a partir de un principio de prueba presentado ante un órgano especial integrado por personas expertas e independientes, se haga constar que un hecho ha tenido lugar, se exprese su carácter injusto y se reconozca como víctimas a quienes han sufrido sus consecuencias, además de acordarse una reparación”. Entre las recomendaciones, el informe no incluye que se aplique una de las principales reclamaciones de las asociaciones de víctimas, la imprescriptibilidad de estos delitos. El estudio señala que no tendría efecto retroactivo y se centra en propuestas de reparación y reconocimiento del daño. También propone celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas.

 Como trasfondo del problema, el informe señala que “hay evidencia de que el clericalismo, fuertemente arraigado en el seno de la Iglesia católica, la sacralización de la figura del sacerdote como representante de Dios en la Tierra, la soledad de muchos clérigos y la asunción problemática de la sexualidad son factores que han podido propiciar” los abusos. Como factor de “riesgo específico”, indica que la investigación académica apunta “al celibato obligatorio, la práctica de la administración de la penitencia y cierta visión de la sexualidad”. “Durante mucho tiempo, la Iglesia católica ha percibido los abusos sexuales más como un pecado del abusador que como un daño causado a la persona abusada. Esta concepción ha sido superada, aunque solo recientemente”, señala el estudio.

8.013 entrevistas

La encuesta que está recogida en el informe se basa en 8.013 entrevistas, de las que 4.802 se realizaron por teléfono y 3.211 online. Se hicieron un total de 113.126 llamadas, en las que se llegó a contactar con 23.991 personas. Entre los encuestados que refirieron abusos, la mayor parte dijeron que ocurrieron en el ámbito familiar (34,1%), como siempre han señalado todos los estudios. Sigue la vía pública (17,7%), ámbito educativo no religioso (9,6%), ámbito social no familiar (9,5%), laboral (7,5%), internet (7,3%), ámbito educativo religioso (5,9%), ámbito religioso (4,6%), ocio (4%), deportivo (3%) y sanitario (2,6%). Es decir, reflexiona el estudio, sumando los porcentajes, “ello lleva a señalar que prácticamente un 6,6% de los abusos sexuales han ocurrido en establecimientos de carácter religioso”.

Un 6,1% de las personas abusadas sexualmente respondió que el abusador fue un sacerdote o religioso católico. Y además, un 29,3% de las víctimas indicaron que conocían, de forma directa, otras personas que habían sido abusadas por la misma persona. Más de la mitad de las víctimas en el ámbito religioso (51,9%) manifestaron tener conocimiento de otros casos de abusos cometidos por la misma persona.

 El informe explica que la comisión encargada de la investigación encomendó la encuesta porque “sin este dato es imposible poder expresar una voz, con una base empírica sólida, en el debate sobre el alcance del problema en España y sobre si la prevalencia es o no comparable a la que se ha detectado en otros países europeos”. El cuestionario consistió en 34 preguntas cerradas, 10 de ellas dirigidas a todas las personas encuestadas y el 24 restante solo a quienes indicaron experiencias de abuso sexual cuando eran menores.

El trabajo analiza el problema con la abundante información recabada por una unidad de escucha a las víctimas, que se entrevistó con 487 personas que se dirigieron al Defensor para aportar su testimonio. La mayoría, 334, fueron atendidas en persona. Este trabajo ha servido para conocer en profundidad la cuestión, pero el objetivo no era cuantificar víctimas una por una, tarea que se antojaba imposible. En todo caso, la comisión sí ha recopilado los números existentes a través de dos vías: los casos recogidos por la propia Iglesia católica, de diócesis, órdenes y la Conferencia Episcopal, “no siempre coincidentes entre ellos”; y la investigación de EL PAÍS. El informe no deja de señalar que estos datos “no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida”.

 Parte del interés, y el éxito, del trabajo estribaba en la colaboración de la Iglesia española, que hasta ahora siempre se ha negado a revelar lo que sabe sobre los abusos y los casos que conoce del pasado. Pero esa respuesta sigue pendiente, pues la información facilitada ha sido muy parcial. El Defensor ha usado tres vías para pedir datos: los de las 70 diócesis españolas, las 410 órdenes religiosas y los números globales de la CEE. Este organismo ha respondido con datos ya conocidos: las oficinas de atención creadas en 2019 recibieron hasta el 31 de diciembre de 2022 un total de 728 testimonios de abusos, con 927 víctimas. Las diócesis han admitido 354 casos. Las órdenes, 786. En total, 1.140. Este número no coincide con el global de la CEE y tampoco hay manera de saber si hay casos duplicados o son distintos. En todo caso, este dato es nuevo y supera los casos registrados en este momento por la base de datos de EL PAÍS, 1.036, con 2.206 víctimas. Otro problema es que las respuestas de la Iglesia solo han aportado datos anónimos, que imposibilitan cruzarlos con los obtenidos a través de EL PAÍS y los testimonios recogidos por el Defensor y obtener una cifra única.

 Pero además, destaca el informe, estos datos son muy incompletos. El documento es crítico con obispos que en algunos casos ni siquiera han contestado a los requerimientos de la comisión del Defensor del Pueblo: “Hay obispos que parecen haber decidido evitar el tema, que quieren pasar página, más preocupados por las consecuencias para la institución que por las que los abusos han tenido para las víctimas, lo cual les lleva a reconocer un mínimo de casos o ninguno, incluso pese a la existencia de indicios”. Ha sido “muy alto” el número de diócesis que manifestaron no haber recibido ninguna denuncia o comunicación de abusos, 20 de un total de 70, con el añadido de la de Vic, que nunca respondió. El documento destaca a tres diócesis que dieron una información completa desde el primer momento: Girona, Santiago de Compostela y Tarragona.

 En las contestaciones, por otro lado, “no se deduce un criterio claro y compartido sobre los casos de abusos sexuales”. En cuanto al encubrimiento, las diócesis no han hecho comentarios, “ni siquiera de los que han sido señalados expresamente de una forma pública por parte de víctimas o de testimonios indirectos”. Tan solo un obispado ha señalado a un posible encubridor.

Pocas diócesis afirman haber pagado indemnizaciones. Sí las han reconocido, la mayoría en juicios civiles, las de Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 100.000 y 25.000) y Vitoria (5.000). El informe destaca la falta de datos en este apartado, “sobre todo si se compara con la información que proporcionaron las víctimas” que acudieron al Defensor, “que relataron muchos más casos de indemnizaciones por parte de las órdenes en comparación con las que han pagado las diócesis”."                        (Íñigo Domínguez , Julio Núñez , El País, 27/10/23)

El informe de los abusos sexuales en la Iglesia portuguesa: al menos 4.815 víctimas desde 1950... el presidente de la comisión independiente cree que se trata de un cálculo minimalista de lo que habrá sido la realidad

 "El primer acto de expiación pública de la Iglesia portuguesa por los casos de pederastia cometidos en su seno se ha desplegado la mañana de este lunes en Lisboa. En la primera fila del auditorio de la Fundación Calouste Gulbenkian, representantes de la Conferencia Episcopal, encabezada por su presidente, el obispo José Ornelas, escucharon una sucesión de cifras y testimonios que prueban los infiernos vividos por muchos portugueses. 

Al menos 4.815 menores sufrieron abusos sexuales en instituciones o durante actividades vinculadas a la Iglesia católica entre 1950 y 2022. La cifra es una estimación de la comisión independiente que ha investigado la pederastia a partir de los 512 testimonios recogidos y validados durante un año. Y es, reiteró su presidente, el psiquiatra Pedro Strecht, un cálculo minimalista de lo que habrá sido la realidad. No obstante, la comisión independiente no ha aportado datos sobre el número de acusados ni los nombres de los obispos que silenciaron o encubrieron muchos de los casos.

 Los datos enumerados permiten dibujar el mapa de los abusos sexuales sufridos en uno de los países europeos con un catolicismo arraigado durante décadas. Y hay algunas diferencias respecto a lo ocurrido en otros donde ya se ha estudiado el fenómeno: el perfil de los abusadores (cuya cifra total no se concretó) y la edad media de las víctimas que dan el paso para relatar lo que sufrieron. El 77% de los agresores eran clérigos y la edad media actual de las víctimas es de 52 años, “la más baja de los países europeos donde hay datos”, según Strecht.

Los principales datos estadísticos señalan que la edad media del inicio de los abusos fue de 11,2 años y que el 57,2% los sufrió en más de una ocasión. Casi un tercio padecieron las agresiones durante más de un año. Después del seminario (23%) como el lugar más habitual de los abusos, se situaron la iglesia (18,8%), el confesionario (14,3%) y la casa parroquial (12,9%). El silencio sobre lo sufrido es abrumador: apenas la mitad de las víctimas relataron lo que habían vivido y solo un 4% lo denunció ante los tribunales. De hecho el 43% habló por primera vez de su experiencia ante la comisión independiente. “Los efectos del trauma perduran hasta ahora”, resaltó el psiquiatra.

 Solo 25 casos fueron enviados a la Fiscalía por considerar que el delito no había prescrito. La mayoría de los abusadores fueron hombres (96%), mientras que entre las víctimas hay más equiparación (52% niños y 48% niñas). La socióloga Ana Nunes de Almeida, miembro de la comisión, destacó que las agresiones más frecuentes fueron “las más invasivas” (la manipulación de órganos sexuales, la masturbación y la penetración).

Pero más allá de las cifras sobrecogen las palabras. Sin identificar a las personas, a lo largo de la mañana se leyeron relatos de víctimas como M., que tenía 12 años cuando fue agredido sexualmente por el sacerdote que les impartía clase de Religión y Moral durante un campamento en el verano de 2000. “Sé que está vivo, aunque no sigue en aquella escuela”, contó la víctima ante la comisión.

 La jerarquía católica portuguesa tuvo que escuchar la voz de las víctimas y afrontar su propio papel de encubrimiento en algunas situaciones. La apertura de los archivos diocesanos a una comisión de investigación histórica, formada por un equipo de cuatro universidades, permitió descubrir la existencia de casos como el del sacerdote F. que había sido condenado por abusar de dos menores en el país europeo al que había emigrado su familia y que, cuando regresó a Portugal, recibió un destino eclesiástico como si nada hubiera ocurrido a pesar de que el obispo extranjero había avisado a su colega luso. La divulgación de la nueva actividad del padre F., fruto de un azar periodístico, acabaría llegando al Vaticano en 2022.

El empuje del Vaticano ha sido determinante para la apertura de archivos eclesiásticos con información confidencial, aunque esto solo fue posible tras una carta enviada desde la Santa Sede a mediados de 2022. El respaldo del Papa Francisco a la labor de la comisión independiente también quedó patente esta mañana con la presencia en el acto de Lisboa de Hans Zollner, uno de los especialistas nombrados por el Pontífice para estudiar la pederastia en la Iglesia. Además, estuvieron presentes los autores del informe sobre la Iglesia alemana y el abogado Javier Cremades, que está al frente del bufete que realiza una auditoría sobre lo ocurrido en España a petición de la Conferencia Episcopal Española.

 En la versión entregada por la comisión lusa a la jerarquía católica se incluye el listado de religiosos abusadores que todavía están en activo. “Hubo en el pasado una cultura de encubrimiento, y no deja de haber ese deseo en algunos, pero si estamos hoy aquí es porque hay un afán para hacer el camino contrario”, indicó el exministro de Justicia. Una idea que recogió el presidente de los obispos lusos, José Ornelas: “Hemos visto y escuchado cosas que no podemos ignorar. Es una situación dramática, que no será fácil de superar”.

En una conferencia de prensa por la tarde, el obispo Ornelas aseguró que la Iglesia no tolerará “ni abusos ni abusadores” y rogó el perdón a las víctimas, como ya hizo varias veces en 2022, reconociendo que la cifra estimada no recogerá toda la realidad. “Pedimos perdón a todas las víctimas, a las que dieron su testimonio de forma valiente y a las que todavía conviven con un dolor íntimo en su corazón, sin compartirlo con nadie. Sus vidas fueron atravesadas por la perversidad donde no debería estar”, manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal, que en su reunión de marzo decidirá las medidas que adopta tras el informe. “Es una herida abierta que nos duele y nos avergüenza”, dijo.

La comisión independiente fue creada en noviembre de 2021 por decisión de la cúpula católica. Y aunque no ha tenido la misma acogida en todos los obispos, ha realizado su trabajo sin interferencias, que era una de las condiciones exigidas por su presidente, Pedro Strecht, para realizar el estudio. Strecht escogió a cinco personalidades de distintos ámbitos (el exministro de Justicia Álvaro Laborinho Lúcio, el psiquiatra Daniel Sampaio, la socióloga Ana Nunes de Almeida, la trabajadora social Filipa Tavares y la cineasta Catarina Vasconcelos) para elaborar el informe durante un año. Al concluirlo, elogió a los obispos portugueses por su “apertura” y animó a otras instituciones a seguir su ejemplo para combatir la violencia sexual contra los menores.

Entre las recomendaciones que incluyen en su informe plantean que se amplíe el plazo legal para denunciar los abusos hasta que la víctima cumpla 30 años, que se preste apoyo psicológico a los afectados y que la Iglesia pida perdón con un memorial (el arquitecto Álvaro Siza ha realizado una propuesta para esto). También han solicitado que se prosiga investigando y que se cree otra comisión para determinar qué tipo de compensaciones se deben facilitar. (...)"                   (Tereixa Constenla , El País, 13/02/23)

Pederastia en el Valle de los Caídos: “Nos daba una copita de licor benedictino y abusaba de nosotros”

 "En el Valle de los Caídos, ahora llamado de Cuelgamuros, también han vivido, y viven, niños. Es un aspecto poco conocido: los monjes benedictinos procedentes de Silos que se instalaron en el lugar en 1958, tras la creación del gran osario de víctimas de la Guerra Civil, contaron desde el principio con un internado de menores que formaban la escolanía. Allí vivían, estudiaban e integraban el coro infantil que cantaba en las misas del monasterio y la basílica. Hoy en día sigue funcionando igual. En ese internado, según acusan dos exalumnos, también se han producido abusos de menores. Antonio Arévalo González estudió allí nada más abrirse la abadía, de 1959 a 1961, de los nueve a los 11 años. José G., una década después, de 1967 a 1971, de los 10 a los 14 años. Él lo ha denunciado ya a la comisión de investigación del Defensor del Pueblo y Arévalo afirma que lo hará en los próximos días. En todo caso, EL PAÍS ya ha remitido sus testimonios a esa comisión.

Los dos vuelven al lugar, para hacerse la foto de este artículo, y se conocen allí, removiendo recuerdos y sintiendo escalofríos. Antonio recuerda que él mismo llevó una caja con restos humanos a la cripta, un día que volvían de una excursión y se encontraron un camión ante la basílica. Les pidieron a los chicos que les echaran una mano. Era en los primeros años del Valle, cuando seguían llegando restos de cementerios de toda España. José describe el ascensor que va de la abadía a la basílica, atravesando la montaña, y que cogían cada día para bajar a cantar, y a veces a misas presididas por Franco. Los dos, paradójicamente, eran hijos de republicanos. “Como cantaba bastante bien, era un niño pobre e hijo de rojo, allí había la oportunidad de escolarizarme”, explica Antonio. En el caso de José lo pidió él, porque su primo había estado interno y había viajado con la escolanía a Japón, “aunque lo más lejos que fui luego es a Alpedrete”. Solo años más tarde supo que su padre había sido un esclavo del franquismo: “Estuvo en un batallón disciplinario en un campo de trabajos forzados, en otro sitio. Para mí fue un choque emocional descubrir que el mismo lugar donde estudié había sido hecho por presos”.

 Arévalo señala a cinco monjes, uno que abusó de él y otros cuatro a los que vio, o supo de sus acciones a través de sus compañeros. “Tengo 72 años, y la verdad es que he vivido toda mi vida con esto. Tras ver cómo iban saliendo casos de abusos a la luz, llegó un momento en que dije: yo tengo que participar en esto. Quiero contar los abusos que se cometían allí. Yo tuve las primeras experiencias sexuales a los diez años con los monjes”. Acusa como su agresor a Albino Ortega, fallecido en 1980, famoso porque fabricaba un licor benedictino. “En el área oeste tenía una destilería. Llevaba a los niños allí. Me acuerdo del sabor dulzón del licor. Nos daba una copita y luego abusaba de nosotros. En mi caso eran tocamientos y masturbaciones, pero es que yo no debía de gustarle mucho, le iban los gorditos y con dos compañeros míos fue a más”. Este monje también era su confesor: “Te sentaba encima, y era un sobón. Yo dejé de confesarme y tenía un problema, porque era creyente e iba a comulgar sin confesar, y eso me torturaba porque creía que estaba en pecado mortal”. Ortega dejó la abadía en 1966 y se trasladó al monasterio de Samos, en Galicia, hasta su muerte.

Otro monje al que acusa es L. S. B.: “Te ponía la mano en el hombro, y empezaba a sobarte. Te tocaba los genitales por encima de la ropa, y también te cogía la mano y se la llevaba a los suyos. Era un pederasta, era evidente”. También ha fallecido. Arévalo señala a otros tres religiosos, según las confidencias de otros compañeros, aunque admite que él no sufrió agresiones de ninguno de ellos. Sus iniciales son J. A. G., el hermano F. y uno del que no recuerda el nombre, solo el apodo, La Oveja.

 El segundo exalumno, José G., que prefiere no identificarse más que con iniciales, acusa a otro monje, T. B., que dejó la abadía en 1975 para pasar al clero diocesano y luego ha sido sacerdote en la comunidad de Madrid durante casi 50 años. “Era uno de nuestros vigilantes. Con la excusa de que me gustaban los sellos me llevó a su celda a enseñarme su colección, y allí me bajó la bragueta y empezó a toquetearme. Me quedé bloqueado, no sabía qué hacer, supongo que él iba a buscar una erección, me intentó masturbar, entre el shock y que para mí era una situación impensable, me empecé a enfadar, y me fui de allí de manera instintiva. Me dijo que no dijera nada a mis padres. Pero yo no fui el único. Era un internado donde estabas a su merced, lejos de tu familia. Pero con 12 y 13 años teníamos ya la sensación del bien y del mal, y de que teníamos que ser astutos para sobrevivir”. Nunca se lo dijo a nadie, ni lo denunció: “Ir contra la Iglesia, pero además contra una Iglesia que era parte del Estado de la dictadura, y en ese lugar, era una locura. Yo querría que ahora se sepa la verdad, dentro de la memoria democrática, y que haya verdad, justicia y reparación”.

Este sacerdote sí que sigue vivo, tiene 86 años, y EL PAÍS lo ha localizado esta semana en una parroquia de Madrid. Rezaba en la iglesia a primera hora de la mañana, atendió con amabilidad al periodista y escuchó con asombro las acusaciones: “No tengo ni idea de lo que me habla”, ha asegurado. Al preguntarle si cree que quien le acusa se lo ha inventado se encoge de hombros. También afirma que es la primera vez que alguien le habla del tema. Es decir, confirma que en su caso no se ha abierto ninguna investigación canónica, en contra de las órdenes del Papa, pues ninguna institución de la Iglesia le ha llamado al menos para preguntarle si las acusaciones, conocidas desde hace un año, son ciertas o no.

Las seis denuncias figuran en los informes que EL PAÍS entregó en diciembre de 2021 y junio de 2022 al Vaticano y a la Iglesia española, con acusaciones a un total de 451 clérigos y seglares. Aunque ha transcurrido desde entonces entre un año y seis meses, y este diario ha preguntado en numerosas ocasiones a la abadía por el resultado de sus investigaciones, a las que le obligan las normas eclesiásticas, el prior ha optado por no responder. “Todo lo referente al Valle lo lleva Dios, y como hay una realidad trascendente, nosotros no nos preocupamos, y como él lleva las riendas de la historia, dejamos a él que lo resuelva. Comprendemos que los periodistas tienen su trabajo, pero hemos tomado la decisión de dejarlo todo a la providencia divina”, ha respondido uno de los monjes en conversación telefónica. Sobre las acusaciones de abusos, únicamente ha explicado: “Llevo aquí 60 años y no tengo noticias de nada”.

 Esta pasividad también hace que los benedictinos, tras recibir en el primer informe de este diario la denuncia contra T. B., tampoco hayan informado a la archidiócesis de Madrid, pese a que luego ha ejercido durante casi 50 años en la comunidad madrileña. Este obispado ha conocido el caso a través de EL PAÍS y confirma que la abadía del Valle de los Caídos no se lo ha comunicado. La diócesis de Madrid es una de las pocas que practica la transparencia y, tras revisar sus archivos, asegura que no consta ninguna denuncia contra este cura durante estos años. Pero explica que es la orden de los benedictinos quien debe investigarlo. Señala que en su día pasó a ser sacerdote sin ningún informe que advirtiera de nada negativo.

Como en otros casos, vuelve a plantearse el problema de la voluntad real de la Iglesia española de investigar los abusos de menores y ser totalmente transparentes con lo que saben órdenes y diócesis. Ante la opacidad y la negativa de la mayoría de ellas a colaborar en que la verdad salga a la luz, será decisivo el papel del Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo ha asegurado que la comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia, aprobada en marzo en el Congreso por todos los grupos, salvo Vox y dos exdiputados de UPN, solicitará a la Iglesia toda la información y el acceso a sus archivos. Aún no ha llegado a esa fase, pues de momento el trabajo se centra en la recogida de testimonios, que son ya más de 400. La única estadística de referencia es la que lleva EL PAÍS, tras el inicio de su investigación en 2018. Es una base de datos con todos los casos conocidos en España que en este momento contabiliza 856 acusados y 1610 víctimas.

Antonio recuerda que lloraba mucho: “Nos levantábamos a las siete en invierno y en verano, a las seis y media. Íbamos a la capilla a cantar maitines, luego estudio, desayuno, clase, a cantar a misa de doce… Llegó un momento en que le dije al padre Albino que le iba a decir a mi madre que estaba todo el día metiéndonos mano. Fue antes de las navidades, que se pasaban allí. Y creo que pensó: a este mejor nos lo quitamos de encima. Salí de allí el 2 de febrero del 1961, a mitad de curso. Me llevaron al autocar de Larrea, que salía de la hospedería, y me pusieron con una maletita en el kilómetro 27 de la carretera de La Coruña. Me fui a mi casa y al llegar me preguntaron qué hacía allí. Dije que no podía seguir en la escolanía porque había perdido la voz”. Sesenta años después, la ha recuperado para hablar de lo que vivió allí."                (Íñigo Domínguez, El País, 09/12/22)

Un infierno de pederastia en los colegios jesuitas: “Todos temblábamos porque sabíamos lo que ocurría”... el resto de los profesores jesuitas no hacían nada ante lo que, según afirman, “era un secreto a voces”... Blanco pidió ayuda al segundo al mando de la FERE, el sacerdote salesiano Luis Blázquez. “Le indiqué que quería confesarme. Le comenté el problema y su contestación rotunda y autoritaria fue que como se me ocurriera decir a alguien algo de este asunto, automáticamente me excomulgaría. Que me atuviera a las consecuencias. Nadie me iba a creer”

 "Es inevitable. Cada vez que Bautista (nombre ficticio) pasa por delante del colegio jesuita de Sant Ignasi de Sarrià, en Barcelona, siente cómo su estómago se le revuelve. Este antiguo alumno afirma que no ha pasado una semana en los últimos 50 años en la que no recuerde cómo el hermano Emilio Benedetti le hacía llamar a su despacho para agredirle sexualmente o le llevaba consigo a la casa de colonias que el colegio tenía en Ribes de Freser, donde los abusos “eran más serios”. 

La denuncia de Bautista no es la única. EL PAÍS comenzó a investigar el caso de Benedetti en 2018 y desde entonces ha recabado más testimonios. En total, Benedetti está acusado por abusar de al menos 13 menores en ese colegio entre 1969 y 1973. El exalumno Alejandro de Gregorio afirma que fue testigo de tales hechos: “Hacía ir a algunos al colegio los sábados por la tarde, para explicarte cosas. Todos temblábamos, porque sabíamos lo que ocurría. A mí no me llamó nunca, pero todos contaban lo mismo: sacaba un libro de anatomía y te explicaba el aparato reproductivo, y entonces aprovechaba para hacer tocamientos”.

Durante las vacaciones de verano del curso de 1969 y 1970, De Gregorio fue a Salardú (Lleida), en los Pirineos, a un curso de inglés organizado por los jesuitas, donde el acusado impartiría varias clases. “Cada noche, Benedetti se levantaba a tocar a algunos niños. Todos lo sabíamos. Yo no quería seguir allí y llamé a mis padres para volver, con la excusa de preparar los exámenes. Al llegar a casa se lo conté. Luego supe que fueron al colegio a protestar, pero [los sacerdotes] no hicieron nada”, relata. Años después, en 1973, Benedetti fue trasladado al colegio Joan Pelerí, en el barrio barcelonés de Hostafrancs (1974-1985), y a la Escuela Nacional Mallorca (labor que compaginó con el centro de la capital catalana entre 1983 y 1985). Entre 1985 y 1998 se mudó a Bruselas para trabajar en los centros Foyer Catholique Européen y Arbeitstelle der Jesuiten im Bistum Aachen. Volvió a Cataluña y desde 1998 hasta su muerte en 2019 colaboró con varias entidades, como Cáritas, la Biblioteca regional de la Misión Rusa y asociaciones de antiguos alumnos de los colegios jesuitas de Sant Ignasi y Joan Pelerí, entre otras.

El caso Benedetti no es el único al que hace frente la Compañía de Jesús. En total, 130 miembros de la orden (religiosos y laicos que trabajan en la institución) están acusados de haber abusado de menores en las últimas décadas. Más de la mitad (67 de ellos) forman parte de los dos dosieres que este diario entregó al Vaticano y a la Conferencia Episcopal Española en 2021 y el pasado junio. El número de víctimas se eleva a 160, según datos recabados por este diario durante la investigación sobre la pederastia en la Iglesia que inició hace casi cuatro años. La Compañía de Jesús es la orden que más acusaciones de abusos ha recibido hasta la fecha, un 15,4% de los 840 clérigos españoles señalados por abusos que este diario ha contabilizado en su base de datos.

 La Compañía de Jesús fue una de las primeras órdenes en realizar una investigación interna sobre los casos de pederastia cometidos dentro de sus muros. La contabilidad de la orden, recogida en dos informes publicados a comienzos de 2021 y mediados de 2022, cifra en 84 las víctimas que sufrieron abusos por parte de 68 jesuitas y cuatro laicos que trabajaban para la orden. No obstante, más allá de dar estas cifras, la Compañía se ha negado a informar de datos relevantes sobre cada caso, como las iniciales de los acusados o el lugar donde tuvieron lugar los hechos.

La Compañía explica que en estos dos informes aún no se han incluido los casos que este diario recopiló en sus dosieres, pero que estarán presentes en su próxima publicación. No obstante, la orden explica que dichos casos se encuentran “en proceso de investigación”.  (...)

El caso más antiguo data de 1927 y el más reciente es de 2012. Si se tienen en cuenta que, desde esa primera fecha, según datos de la orden, 8.782 jesuitas han pasado por la congregación, puede extraerse que en torno a un 1,4% de los religiosos de la compañía están acusados de haber cometido abusos.

La mayoría de los abusos denunciados se cometieron en centros educativos. Concretamente en 25 centros repartidos en 19 provincias. (...)

La mayoría de los abusos denunciados se cometieron en centros educativos. Concretamente en 25 centros repartidos en 19 provincias. La compañía dirige actualmente 68 centros en toda España. En algunos hay varios acusados, como el colegio de Sant Ignasi de Sarrià, donde Benedetti impartió clases de Espíritu Nacional, religión e inglés. Allí hay otros seis jesuitas señalados: José Soler, el padre Cabanach, Pere Sala, Josep Antoni Garí, Antoni Roigé y Luis To. Estos dos últimos fueron los sacerdotes a los que acudieron los padres de Gregorio para alertar del comportamiento de Benedetti. El sufrimiento de los abusos se entremezcla con la frustración que Bautista y De Gregorio sienten al pensar que el resto de los profesores jesuitas no hacían nada ante lo que, según afirman, “era un secreto a voces”. (...)

Otra historia de abusos es la de José Luis Blanco. Con 15 años empezó a trabajar en la sede de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) en Madrid. Corría 1960 y Blanco trabajaba en turno de tarde, a partir de las 16.00, cuando ya no quedaba mucha gente en las oficinas. Entre sus responsabilidades diarias estaba repartir el correo. Cada tarde, relata, acudía al despacho del entonces director de la federación, el jesuita Luis Fernández, para que le indicara a quién debía entregar la correspondencia. Durante los primeros meses no hubo ningún comportamiento anormal.

No fue hasta el séptimo mes, denuncia Blanco, que el jesuita empezó a sobrepasarse con él. “Al sentarse en su sillón y yo a su lado para recibir la correspondencia, comenzó a pasarme el brazo de forma disimulada por la entrepierna. Al principio, al notar mi rechazo, automáticamente cesaba en su intento”, relata.

Pero cierto día, añade la víctima, Fernández fue más allá. “Cerró la puerta con llave, se aposentó en su sillón y me arrimó hacia él. Bajó la cremallera de mi pantalón y se entretuvo sobando y besando mi miembro”. Blanco cuenta que, a partir de aquel día, el padre Fernández abusó de él cada tarde durante dos años. “Al terminar me decía que no dijera nada, que me quería mucho, dándome una copa de vino de consagrar, caramelos y obleas”, describe.

“Fue un contratiempo tremendo que, por mi corta edad, no sabía cómo afrontar”, dice. Esta víctima, ahora con 77 años, padecía los tocamientos como una contradicción enorme: por las mañanas, dice, veía al padre Fernández consagrar en la capilla de la FERE y, unas horas más tarde, ese mismo jesuita abusaba de él en el mismo piso, a tan solo unas puertas de la capilla. Atrapado en una espiral de confusión y sin saber cómo salir de ella, Blanco pidió ayuda al segundo al mando de la FERE, el sacerdote salesiano Luis Blázquez. “Le indiqué que quería confesarme. Le comenté el problema y su contestación rotunda y autoritaria fue que como se me ocurriera decir a alguien algo de este asunto, automáticamente me excomulgaría. Que me atuviera a las consecuencias. Nadie me iba a creer”, afirma la víctima. (...)

Pero no son los caramelos lo que Montiel retiene en sus recuerdos con más nitidez, sino lo que el sacerdote hacía con él cuando se quedaban solos: los rozamientos del sacerdote contra él mientras él dibujaba sobre la mesa, el olor del aliento y el ruido de los labios secos del religioso que se pegaba en su nunca. “En la comisura tenía restos de saliva seca, blanca”, describe Montiel.

 La víctima cuenta que no entendía lo que pasaba. “También íbamos los dos al baño y yo tenía que orinar con él en la misma taza del váter. Él decía que eso eran cosas de mayores y en varias ocasiones me hizo que le tocara el pene. A partir de ahí, yo estuve hasta los 13 años haciéndome pipí en la cama sin saber por qué”, cuenta. Los abusos duraron tres años.

Montiel también sentía pánico ante la idea de contar lo que estaba sufriendo. “Mi madre le tenía idealizado, para ella era un Dios. Era un intocable y muy querido por la comunidad. Recuerdo que tuve que acompañar a mi madre a su entierro en 1992″, dice Montiel. “El padre Mondéjar fue la primera persona que me robó la dignidad, la inocencia. Me lo robó todo”, lamenta. La orden ha comunicado que ha revisado toda la documentación de la que dispone del acusado en sus archivos y no ha encontrado “ninguna señal que invite a pensar que cometió algún delito de abusos”. No obstante, invita a la víctima a que contacte con la compañía “para poder ampliar la información y por tanto la investigación”."                  (Julio Núñez , Paola Nagovitch , Íñigo Domínguez , El País, 30/08/22)

“Mientras me tocaba el cura, la sacristana aporreaba la puerta para que me soltara”... Cuando se enteró mi madre yo tenía 12 años. Me llevó a la casa del cura, pero yo no sé qué pasó allí, porque me dejaron fuera. Ella cortó toda relación con la parroquia y me llevó a un psiquiatra en Valencia, que le dijo que o lo denunciaba o callaba. Y callamos... a primera hora de la mañana del día siguiente, los padres fueron a hablar con otro sacerdote de la parroquia, Benedicto Santos, ya fallecido. “Una bellísima persona que, eso sí, nos pidió que perdonáramos a Don Álvaro y que rezáramos por él. Había sido la suya una debilidad del hombre... Con un muro de incredulidad fue con lo que se topó cuando les contó a los que eran sus dos mejores amigos que estaba siendo víctima de abusos sexuales... El más creyente me convenció de acudir a un psicólogo. Dicho psicólogo era cura... Al principio, “todo era medio normal”. Pero conforme iban avanzando las sesiones, “la cosa cambió”; un día, me tocó los genitales y me pidió que le tocara los suyos mientras me abrazaba

 "María Díaz de Jesús ha guardado un secreto durante siete décadas. Una historia que hasta hace poco pensaba que se llevaría consigo a la tumba. Ahora, con 80 años, ha decidido contarla. Cuando tenía ocho, un simple recado se convirtió en un calvario con el que cargaría el resto de su vida. “No puedo olvidarlo”, explica. En 1949, vivía con su familia en el pueblo vizcaíno de Erandio, en una casa frente a la parroquia de San Agustín. Un día, su madre la mandó a esa iglesia, donde el coadjutor José Luis Pujana le entregaría un papel para que su hermano pudiera matricularse en un colegio de frailes. “En la sacristía, el sacerdote se sentó en una silla, me cogió entre sus piernas y empezó a preguntarme si me dolía la tripa. Mientras tanto, me metía la mano dentro de las braguitas”, relata. El miedo, añade, invadió su cuerpo durante varios meses. Cuando salía de casa temía cruzarse con Pujana: “Miraba a ver si venía, y me escondía en los portales”, recuerda.

Pujana es uno de los 100 sacerdotes señalados por abusar de menores mientras ejercían su ministerio religioso dentro de una parroquia, según la base de datos de este diario sobre los casos de pederastia en la Iglesia y que ya registra 840 abusadores y 1.594 víctimas. En este tipo de casos —donde el agresor es un párroco o ayudante en estos templos— las mujeres representan tres de cada 10 de los denunciantes. En la contabilidad general, las mujeres representan aproximadamente el 17,5%. La historia de Díaz de Jesús también forma parte de los 451 casos que este diario ha entregado al Vaticano y a la Conferencia Episcopal Española (CEE) en dos informes, en 2021 y 2022.

 Díaz de Jesús cuenta que el abuso que sufrió derivó en unas secuelas que ha arrastrado durante toda la vida. “Cuando empecé con mi novio, que ahora es mi marido, tuve problemas. No me dejaba tocar. Se lo comenté y tuvo paciencia, pero incluso de casados yo no quería preliminares, ni tocamientos, ni nada”, dice. El recuerdo de lo que pasó le llevó hace 20 años a rastrear el nombre del acusado por internet. “Puse su nombre y me salió un artículo de una mujer hablando de él, contando su historia. Contaba justo la misma historia que yo con el mismo sacerdote. Al parecer, de Erandio se fue a San Ignacio, otro barrio de Bilbao”, relata. La web de la que habla Díaz se llama Noizbehinkakoak. La autora, que prefiere permanecer en el anonimato, publicó en 2012 una carta con el título Hoy es nuestro aniversario, cerdo, en la que relataba cómo Pujana abusó de ella entre 1985 y 1989 en la Iglesia de San Ignacio y en excursiones que organizaba el cura. Lo que escribe sucedió más de tres décadas después de los hechos que describe Díaz de Jesús. “Me horroriza pensar que este sujeto estaba actuando ya en el año 49, cuando tendría unos 35 años. Qué barbaridad”, afirma tras conocer la historia de Díaz de Jesús. La diócesis bilbaína afirma que ha abierto una investigación sobre estos hechos y se ha puesto a disposición de Díaz de Jesús y de otras posibles víctimas.

Este obispado también hace frente a otra denuncia contra otro coadjutor, el sacerdote Vicente Gorocica y Lequerica. José María Viar, de 72 años, relata que a los 10 años visitaba semanalmente la parroquia bilbaína de San Francisco de Asís, conocida popularmente como la Quinta Parroquia. Un día, describe, Gorocica le llevó a su despacho. “Cerró la puerta con llave. Tenía un despacho grande, con esos muebles antiguos. Se sentó en un sillón y me sentó encima de su rodilla derecha. Empezó a hablarme sobre la confesión y me empezó a meterme la mano por dentro del pantalón, en mis partes”, describe Viar. Minutos después, añade la víctima, alguien llamó a la puerta, pero Gorocica no abrió. “Mientras me tocaba el cura, la sacristana aporreaba la puerta para que me soltara. Él no paraba. Después de un rato, me cogió del hombro y me sacó de allí. Fuera estaba doña Concha, la sacristana, que no dijo ni una palabra”, describe Viar.

 Viar no volvió a pasar por la parroquia hasta décadas después, cuando trabajaba como electricista y su empresa recibió el encargo de cablear el templo. “Mientras trabajaba, escuché a unos feligreses de la Cofradía del Nazareno —hermandad de la que el acusado fue director espiritual— que le iban a hacer un homenaje y yo les dije que ese hombre era un pederasta. Que, si le hacían un homenaje, lo contaría a la prensa. No sé qué pasó después”, explica. No volvió a hablar de su caso hasta 2022, cuando leyó en la prensa otros episodios de abusos. “Decidí contarlo y escribí a EL PAÍS. Hace poco, he estado con la comisión de obispado de Bilbao y he presentado denuncia en la Ertzaintza, aunque sé que el delito está prescrito”, dice. La diócesis de Bilbao ha informado a este diario de que continúa investigando dicho caso.

 Daban misa y catequesis. Absolvían pecados en el confesionario. Compartían desdichas y alegrías con los feligreses. Les invitaban a las fiestas, y asistían a bautizos, bodas y funerales. Pero eran intocables. Y su palabra, inapelable. Así describen a sus agresores la mayoría de víctimas de sacerdotes parroquiales. Esta posición que tenían en la comunidad hacía imposible a los supervivientes de sus abusos denunciar el daño que esta persona les estaba causando. El miedo a no ser creído era una losa demasiado pesada para ellas.

Inmaculada García, de 45 años, sintió ese peso durante muchos años. García afirma que entre 1987 y 1989 mantuvo una relación con Vicente Santamaría, por aquel entonces párroco de la Iglesia de San Jorge Mártir, en Paiporta (Valencia). “Me decía que lo nuestro era una relación de amor, una relación especial que nadie entendería. Se acabó porque yo, como persona con creencias religiosas, no lo veía bien. El sacerdote se había enamorado de mí y no podía ser. Era pecado”, explica García, también presidenta de la Asociación contra el Abuso Sexual en la Infancia (ACASI) de la Comunidad Valenciana. “Solo con el paso del tiempo y mucha terapia, me di cuenta de que eso no había sido una relación de amor, sino un abuso sexual infantil”, señala. García por entonces tenía 10, 11 y 12 años. El cura, 44, 45 y 46. “¿Hasta dónde llegaron los abusos? Hubo violación, pero fue sin violencia explícita. Hubo chantaje, hubo manipulación, pero nunca me sentí amenazada”, describe. Las agresiones más graves, declara, sucedieron en casa del cura. Tras romper con Santamaría, García dice que dejó de acudir a la iglesia y evitó “por todos los medios” cruzarse con él.

García nunca ha denunciado su caso a la justicia, aunque ahora habla abiertamente de ello: “Cuando se enteró mi madre yo tenía 12 años. Me llevó a la casa del cura, pero yo no sé qué pasó allí, porque me dejaron fuera. Ella cortó toda relación con la parroquia y me llevó a un psiquiatra en Valencia, que le dijo que o lo denunciaba o callaba. Y callamos. No se volvió a hablar del tema hasta que fui mayor. Yo incluso lo negaba, por miedo a que se creara una situación incómoda. Ahora está todo prescrito”. Sobre las secuelas, destaca la “baja autoestima”, la “constante preocupación por lo que piensen los demás”, la “necesidad enfermiza de aprobación”, las “dificultades para conocer a gente” y la “dificultad de tener relaciones de pareja”.

 Hace 15 años, García explica que sintió la necesidad de buscar al párroco: “Me encontré con él en casa de su hermana. No fui sola, por recomendación de la psicóloga, que también me recomendó que no me acercara a él, que no le diera dos besos. Yo a lo que iba era a decirle que eso no había sido una historia de amor; que se llamaba abuso sexual infantil y era delito. Él me respondió que no podía negar lo que había vivido y me pidió perdón: ‘¿Has tenido un coche? ¿Y nunca le has dado por detrás a otro o te has salido de la carretera?’, me preguntó. Y yo le contesté: ‘Sí. Pero eso es un error de dos segundos, no de dos años’”. Para ella, aquella conversación fue el “click” de su recuperación. “Un subidón, un cambio radical”, confirma. La archidiócesis de Valencia cuenta que ya ha hablado con la víctima y que abrió una investigación canónica, la cual sigue abierta a la espera de una sentencia.

 Concha H. Fernández, de 59 años, siempre ha tenido un deseo: que todo el dolor que sufrió con 17 años saliera a la luz. Por eso, más de cuatro décadas después, escribió un relato al EL PAÍS donde señalaba un nombre: Álvaro Iglesias Fueyo, coadjutor de la iglesia ovetense de San Juan el Real y responsable del movimiento junior de la parroquia. “Don Álvaro, muy conocido en la ciudad, abusó sexualmente de mí en 1979″, admite H. Fernández. Un sábado por la tarde, cuenta la víctima, cuando todo el mundo se había ido para casa, el sacerdote la llamó a su despacho ubicado en la calle Fray Ceferino, en el número 24. “Cerró la puerta del despacho y me pidió que me acercara donde tenía los libros que, según él, necesitaba leer. Pasados unos minutos, al sentirlo a mis espaldas, me giré y se abalanzó sobre mí. Al tiempo que manoseaba mis pechos, intentaba restregar su pene duro, que ocultaba bajo el pantalón, sobre mi cuerpo. Mientras, me decía: ‘Te deseo, te deseo’. Fue repugnante, asqueroso, repulsivo”, recuerda.

H. Fernández dice que no sabe cómo se zafó de él, cómo salió de aquel despacho, pero recuerda haberse ido para casa “muy asustada, corriendo, llorando, muy nerviosa”. Le contó a su madre lo que había sucedido, y ella se lo contó a su padre. Tras una noche sin pegar ojo, a primera hora de la mañana del día siguiente, los padres fueron a hablar con otro sacerdote de la parroquia, Benedicto Santos, ya fallecido. “Una bellísima persona que, eso sí, nos pidió que perdonáramos a Don Álvaro y que rezáramos por él. Había sido la suya una debilidad del hombre”, describe. H. Fernández no volvió a poner los pies en la casa parroquial. Su silencio, justifica, ha durado hasta que sus padres han fallecido. “Nada pudieron hacer más allá de lo que hicieron. Entonces nadie iba a la policía. No les habrían creído. Imposible todo”, termina H. Fernández. Por eso se juró a sí misma que, mientras vivieran, “este tema, que tanto les había dolido y no habían sido capaces de gestionar, no iba a salir a la luz”.

 Iglesias Fueyo dijo adiós a la parroquia ovetense de San Juan el Real en 2012, después de 40 años vinculado a ella, y se convirtió en rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón. Desde 2016 oficia la misa a las seis de la tarde en la capilla de las Hermanas Esclavas de Oviedo. “Esta persona me hizo un daño psicológico enorme. Lo conocía desde los siete años, era muy cercano a mi familia y frecuentaba mi casa. Su acción tuvo una influencia increíblemente negativa sobre mi autoestima, mi personalidad y la manera de relacionarme tanto con hombres como con personas religiosas, en las que difícilmente podía confiar”, concluye la mujer, que, no obstante, se declara creyente.

La diócesis de Oviedo no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre si está investigando este caso. No obstante, ha publicado un comunicado en su web haciendo referencia a la investigación periodística de este diario en el que matiza que solo investigará a los acusados en los que la denuncia sea “presentada ante la oficina [de atención] por la posible víctima, con su nombre y no de manera anónima”.

 Con un muro de incredulidad fue con lo que se topó David Merino, de Madrid, cuando les contó a los que eran sus dos mejores amigos que estaba siendo víctima de abusos sexuales por parte del padre Carmelo. Uno de ellos, dice, necesitó pruebas para creerle; el otro, dejó de hablarle. “Todo sucedió en 1992 o 1993. Yo tenía 16 o 17 años cuando les confesé que era homosexual. El más creyente me convenció de acudir a un psicólogo. Dicho psicólogo era cura, y me ayudaría de forma gratuita, cosa que me venía bien porque aún no me había decidido a contárselo a mis padres y yo no podía pagarlo”, explica Merino. Esta víctima recuerda que la consulta del padre Carmelo estaba muy cerca de la Parroquia de San Antonio del Retiro, de los Franciscanos, a la que pertenecía. Al acusado, lo describe como “alto, corpulento, moreno y calvo”.

Merino cuenta que acudía al despacho del “cura-psicólogo” los sábados a última hora de la mañana. Al principio, “todo era medio normal”. Pero conforme iban avanzando las sesiones, “la cosa cambió”. “Una vez conoció mis puntos débiles y mis miedos e incertidumbres, me planteó que para superar lo que me pasaba —que, según él, tenía solución— debía perder el miedo al contacto con el cuerpo de un chico. Al principio, sólo me abrazaba al finalizar la consulta. Eso sí, bajando antes las persianas. De repente, un día, me tocó los genitales y me pidió que le tocara los suyos mientras me abrazaba”, relata.

“En la siguiente sesión bajó las persianas y me abrazó, me empezó a tocar los genitales y me llevó la mano a los suyos. Luego me llevó a la sala de espera, donde tenía un sofá, y me obligó a hacerle una felación. Después me condujo al baño, donde intentó penetrarme, pero ahí creo que ya me resistí”, explica. Este superviviente reconoce que hay partes de la historia que ha borrado de sus recuerdos. Inmediatamente después, dice, se lo contó a sus amigos y estos fueron a hablar con el cura. “Les dijo que me lo estaba inventando”, lamenta. Merino, al día siguiente, dice que acudió a la consulta con una grabadora. “Hablé con el cura de lo sucedido y lo grabé todo. Acudí a mis amigos para que la escucharan y uno de ellos, el más creyente, no quiso siquiera escucharla y dejó de hablarme. El otro, mi mejor amigo, la escuchó y comprobó que era verdad lo que decía”, declara. Merino guardó esas cintas, pero no consigue reproducirlas. “De las grabaciones, no tengo reproductor de cintas, así que no he podido ir revisando las cintas que tengo”, reconoce.

 El caso de Merino fue unos de los que este diario entregó al Papa en diciembre de 2021, en el primer dosier. Poco después, la orden de los Franciscanos abrió una investigación canónica y “tomó medidas cautelares”, según ha informado a este diario el secretario provincial, Antonio Arévalo Sánchez. También contactaron a la víctima para, además de conocer su testimonio, pedirle perdón y ayudarle “en todo lo que pueda devolver su dignidad y cicatrizar su herida”. Medio año después, el proceso canónico sigue abierto, a la espera de una sentencia."                    (Julio Núñez , Paola Nagovitch , Lucía Foraster Garriga , El País, 18/08/22)

La auditoría de la Iglesia detecta al menos 30 acuerdos secretos con víctimas de pederastia y pagos de hasta 50.000 euros... es el procedimiento estándar... así, un cura del Opus Dei 'compró' el silencio de una víctima de abusos por 17.000 euros, con un contrato ante notario

 "La investigación de abusos en la Iglesia española ha revelado, por el momento, la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia. El equipo que está al frente de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal ha detectado “alrededor de una treintena” de documentos en los que se “renuncia a los tribunales” en casos de agresiones sexuales, según detallan fuentes del grupo de trabajo creado por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.  

 Los acuerdos extrajudiciales revisados por el equipo encargado de las pesquisas encomendadas por los obispos afectan sobre todo a la congregación de los Maristas y han llegado al despacho de abogados a través de los encuentros que el equipo de Cremades ha mantenido con asociaciones de víctimas, según añaden las fuentes consultadas por esta redacción.

 Debido al carácter privado de los documentos y a la falta de transparencia de la Iglesia Católica española en este asunto, no es descartable que existan otros muchos acuerdos firmados a título personal o por instituciones religiosas de los que la auditoría no tenga conocimiento. La labor de esta comisión de investigación, que comenzó en febrero, se alargará durante un año.

En los documentos revisados por el grupo de trabajo se refleja un procedimiento estándar y no un acuerdo individual. En estos casos, la conciliación se ha alcanzado a través de un organismo de mediación establecido y aceptado por las partes, según explican fuentes de la auditoría. Además, en los textos queda claro que los victimarios reconocen los hechos.

Comprar la impunidad y el silencio

La particularidad del documento notarial firmado por el cura del Opus Dei Manuel Cociña –uno de los sacerdotes más relevantes de la Obra, que llegó a convivir con su fundador, José María Escrivá de Balaguer– es que en él no se admiten los hechos, aunque se compensa económicamente a la víctima. En el documento notarial desvelado por elDiario.es se habla de “comportamientos inadecuados”. 

En el escrito publicado por esta redacción se constata que los 17.000 euros de “ayuda económica” acordada se abonan a cambio de que la víctima renuncie a cualquier proceso penal y a comentar en medios de comunicación lo sucedido, e incluso debe admitir que “esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual”. 

 La justicia canónica condenó a Cociña por “solicitación” e “imprudencias” a cinco años sin poder ejercer en público, cinco de atención espiritual en su centro y tres décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años. Por este caso, la organización accedió por primera vez a pedir perdón a la víctima. El Opus Dei emitió entonces un comunicado en el que se referían al comportamiento del sacerdote como “actuaciones canónicamente reprobables”.

Tras la publicación del acuerdo extrajudicial entre Cociña y D. M. G. F. en elDiario.es, la prelatura asegura que “no ha habido silencio ni cláusula de confidencialidad alguna” en este caso. Además, añaden en una nota de prensa publicada este martes que en este procedimiento el delegado del Opus Dei “mantuvo un contacto estrecho con el denunciante durante todo el proceso y le procuró atender con la mayor cercanía posible”. 

El futuro de un documento notarial

Para analizar estos acuerdos, Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), señala que lo primero que hay que examinar es si el caso está prescrito. En caso de que así sea, la denuncia ya no tendrá recorrido por la vía penal. Si en cambio la causa continúa viva, Tamarit sostiene que “un documento formalizado ante notario en el que alguien renuncia a ejercitar una acción penal en principio no tiene consecuencias”. Y añade: “La acción penal no es algo a lo que se pueda renunciar, como sería una acción civil, donde se recibe una cantidad a cambio de no reclamar más”. 

En esa misma línea se pronuncia la profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, Carmen Cuadrado. Esta docente defiende que un “notario únicamente refleja que es cierto lo que se ha dicho ante él, que esa declaración se ha producido”. “Nunca puede ser prueba de validez del contenido de las afirmaciones”, señala.  

 El catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos Antonio Cuerda se muestra en contra de estos acuerdos extrajudiciales en casos de delitos sexuales. En su reflexión, señala que esta actuación “beneficia a todos los intervinientes”, “sobre todo al autor” porque “evita la cárcel o reduce el tiempo de prisión”. 

Cuerda defiende que también gana el magistrado porque “evita un juicio y una sentencia engorrosa” y los abogados, tanto el de la víctima –que tiene que afrontar “una estrategia acusadora generalmente complicada”– como el del denunciado –porque su estrategia “se simplifica al máximo”–. Y concluye: “Pierde la sociedad, ya que la ausencia de reacción penal facilita la reincidencia del autor”.

“Los acuerdos extrajudiciales que incluyan una renuncia clara por parte del perjudicado al ejercicio de acciones civiles y penales son plenamente válidos siempre y cuando no hubiere mediado vicio del consentimiento de carácter relevante”, indica la abogada penalista Rocío Gil, a su vez, la letrada del despacho Ceca Magán reseña que “el artículo 107 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cualquier víctima de un delito puede renunciar tanto a la acción civil como a la penal”.

Cremades aboga por indemnizaciones

Otras fuentes jurídicas consultadas defienden que este acuerdo “supone una renuncia de derechos” que los jueces van a tener en cuenta. Por su parte, el abogado Eduardo Ranz subraya que estos acuerdos deberían “ser homologados” ante un magistrado. Esta actuación implicaría que “el religioso” reconozca los hechos y que el Ministerio Fiscal pueda “continuar con el proceso, aun sin acusación o víctima”. La renuncia por vía penal –añade Gil– “no perjudicará más que al renunciante y por lo tanto no extinguirá la acción penal que, si se trata de un delito público, podrá ser ejercitada por un tercero si el delito no ha prescrito”.

En los acuerdos revisados por el grupo de trabajo del despacho de Cremades, las indemnizaciones económicas oscilan entre los 9.000 y los 50.000 euros, según detalló el abogado en una entrevista a Europa Press. El presidente del bufete que ha asumido el encargo de los obispos aboga por que la Conferencia Episcopal indemnice a las víctimas a pesar de que los casos estén prescritos. 

En relación a estos documentos, Cremades indicó a la agencia de noticias que han “aprendido de las víctimas que el procedimiento penal no siempre es el lugar idóneo para resolver su problema”. “Y, aunque animemos, y ojalá lo hagan más, a denunciar penalmente todo lo que sucede y la Fiscalía tenga que actuar, la realidad es que no está siendo fácil para ellas enfrentarse a un lugar en el que se va a dudar de su testimonio”, ha apuntado, aunque señaló que “en ningún caso” defiende “eludir” la responsabilidad de los victimarios."                (Laura Galaup, eldiario.es, 16/08/22)

 

"Un cura del Opus Dei 'compró' el silencio de una víctima de abusos con un contrato ante notario

 Manuel Cociña –uno de los sacerdotes más relevantes del Opus Dei, que llegó a convivir con su fundador, José María Escrivá de Balaguer, y primer cura de la Obra condenado por abusos– abonó una “ayuda económica” de miles de euros a su víctima, a cambio de que esta renunciara a cualquier proceso penal y a comentar el caso e incluso admitiera que “esos comportamientos en ningún caso fueron abuso sexual”, según un documento notarial firmado en abril de 2021 al que ha accedido elDiario.es. El silencio como respuesta a los abusos.

“Manuel-José Cociña Abella deberá comprometerse en (…) abonar a D. M. G. F. en concepto de ayuda económica la cantidad de 17.000 euros, dentro del plazo de quince días desde la firma de este acuerdo, y que obtendría de donaciones particulares”, reza el texto. La víctima ya recibió el dinero, según han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas.

El concepto del abono es de “ayuda económica” por unos “comportamientos inadecuados”, según puede leerse. Ni en su día el Opus Dei, ni ahora el documento notarial, hablan de abusos. Es más, la víctima tiene que firmar que “esos comportamientos [ocurridos en un colegio mayor de Sevilla en 2002] en ningún caso fueron abuso sexual”.

El acuerdo indica que los gastos de “psiquiatra, psicólogo, medicamentos psiquiátricos o similares” que la víctima pudiera necesitar en un futuro –a partir de los seis meses de la firma del documento– debería asumirlos él mismo. Las posibles secuelas y su tratamiento por lo que tuvo que soportar en el Colegio Mayor sevillano a cuenta del sacerdote serán asunto suyo desde el punto de vista económico.

Renunciar a cualquier acción en cualquier tribunal

Una vez establecido el precio, el documento notarial se encarga de los compromisos que impone a la víctima. Por un lado, añade cláusulas que obligan a M. G. F. a “renunciar a cuantas acciones pudieran corresponderle contra don Manuel José Cociña Abella y contra cualesquiera otras personas, entidades o instituciones con él relacionadas (Colegio Mayor Almonte, Prelatura del Opus Dei, Arzobispado de Sevilla, Iglesia católica)”.

Es decir, este punto intenta apartar cualquier posibilidad de que el sacerdote o las instituciones a su alrededor se vieran reclamadas en los tribunales. Y en cualquier tribunal, ya que el párrafo prosigue: “En todos los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, etc.) y en todas las jurisdicciones, tanto nacionales (España, Chile o cualquier otro país) como internacionales (Cortes Internacionales, Santa Sede o cualquier otra), por cualesquiera hechos acaecidos en el Colegio Mayor en 2002”.

Cociña solo ha respondido ante la justicia canónica que le condenó, según su terminología, por “solicitación” e “imprudencias” a cinco años sin poder ejercer en público, cinco de atención espiritual en su centro y tres décadas de prohibición de acción pastoral con menores de 30 años.

Este sacerdote no es un cura cualquiera dentro del Opus Dei. Cociña convivió con el fundador de la institución, José María Escrivá de Balaguer, y durante años fue uno de los religiosos miembros del Opus Dei con mayor influencia en España.

También es el primer sacerdote de la Obra en ser condenado por el Vaticano por abusos sexuales –aunque el código católico aplicara otras terminologías–. Con su caso, la organización accedió por primera vez a pedir perdón a la víctima. Todo ello después de más de un año de publicaciones en Religión Digital y elDiario.es, que obligaron a la Obra a emitir dos comunicados y a informar, por primera vez en su historia, de la existencia de abusos en la institución.

Sello de silencio

Una vez abordado el tema judicial, el documento se encarga del silencio público. Y redacta que la víctima se compromete una vez recibido el dinero y “por el deseo de no causar daños a las personas, entidades o instituciones relacionadas” a “no desvelar ni pronunciarse en los medios de comunicación sobre este acuerdo ni sobre sus términos, pudiendo de lo contrario don Manuel José Cociña Abella ejercitar la acción de reembolso de la cantidad abonada, en concepto de cláusula penal”.

La víctima, que hoy vive en Chile, ha declinado hacer declaraciones sobre el citado contrato, aunque sí quiso aclarar que, una vez el Opus Dei admitió los “comportamientos inadecuados” de Cociña y procedió a su condena eclesiástica, el prelado de la Obra, Fernando Ocáriz, le pidió “perdón por los daños” que sufrió y “por las heridas causadas por un sacerdote de la Obra”. Poco después, según ha podido saber elDiario.es, se puso en marcha el procedimiento de compensación, de carácter privado y en el que el Opus Dei oficialmente no participó.

Este diario ha intentado contactar con Cociña, quien actualmente continúa residiendo en una casa de la Obra en Granada, cumpliendo la condena dictada por la Congregación para la Doctrina de la Fe: cinco años la prohibición de predicar, escuchar confesiones y administrar sacramentos y sacramentales, salvo la misa en privado, por un delito de 'solicitación' y otros de 'imprudencias'. Cumplido este periodo, su actividad pastoral quedará limitada al ámbito del centro del Opus Dei en el que tiene su domicilio por otros cinco años. Además, de manera indefinida, no podrá prestar atención pastoral a personas menores de 30 años.

Fuentes cercanas al clérigo admiten que “está tranquilo” y “dispuesto a seguir adelante, aceptando la condena y las consecuencias derivadas”.

La pena canónica es en realidad ínfima para un cura que, según los testimonios de varias personas en un proceso canónico cuyas actas, pese a lo que prevén las normas aprobadas por el Papa Francisco, no han sido entregadas a la víctima, practicaba tocamientos en los genitales durante la confesión a varias víctimas, delitos canónicos que podrían haber acabado con su excomunión o, al menos, con su expulsión del sacerdocio.

En una nota firmada el 16 de julio de 2020, el Opus Dei anunciaba la condena a Cociña y aseguraba que “la Prelatura está atendiendo los gastos médicos y psicológicos del denunciante, a través del Arzobispado de Santiago de Chile”. 

Ahora, el portavoz de la Prelatura en Roma, Marco Carroggio, apunta a elDiario.es que la Obra, como tal, solo ha participado en un caso de mediación en Estados Unidos, así como en otro en la actualidad en otro país de Latinoamérica.

“Lo importante es resolver bien cada caso”, recalca el portavoz de la Obra, quien muestra su extrañeza por la exigencia del silencio, “salvo que sea petición de la víctima”. No es este el caso. “Para nosotros, la vía en estos casos son los protocolos de la Prelatura”. “En resumen, lo que hay que hacer es abrir una investigación y un proceso civil o canónico”, concluye Carrogio."           (Jesús Bastante, eldiario.es, 15/08/22)