A veciñanza de Soandres presentou unha Iniciativa Popular Local asinada por 2.000 persoas para que o PXOM impida a planta de biogás

 "A Plataforma Stop Biogás A Laracha acompañada de varios veciños e veciñas, acaban de presentar unha Iniciativa Popular Local xunto coas 2.000 firmas que a sustentan, co obxectivo de solicitar nun Pleno extraordinario que se inicien os trámites e estudos necesarios para a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) da Laracha, co obxetivo de prohibir a instalación de plantas industriais de xestión de residuos para a producción de biogás, e similares, en solo rústico no municipio e que afectan a núcleos de población e ao patrimonio.

Ademais, esta iniciativa insta á suspensión cautelar inmediata no outorgamento de licenzas para estas industrias mentres se leve a cabo o estudio e tramitación da modificación do PXOM.

“Outro paso máis na defensa do noso territorio e da nosa veciñanza”, afirman dende a Plataforma, que quere agradecer a implicación de todas e cada unha das persoas que asinaron e que recolleron e custodiaron estas sinaturas, no que supón unha acción máis na súa loita contra este proxecto de macroplanta de biogás en Soandres e que pretenden garantir que proxectos así, en lugares así, non se poidan implantar.

As actividades continúan este sábado 8 de agosto ás 12:30 cun “Abrazo á Auga 2026” no entorno do río Anllóns, na Área Recreativa de Gabenlle. Esta actividade reivindicativa quere poñer o foco na defensa dos ríos e os seus ecosistemas, e realízase en colaboración con Ecoloxistas Galicia “Atlántica e Verde”, enmarcado nas acción previas ao IV Encontro Burla Verde, que terá lugar o 5 e 6 de setembro en Mazaricos.

Por outra banda, o vindeiro xoves 13 de agosto realizarán a IV Cadea Humana no Río Anllóns na mesma Área Recreativa de Gabenlle, recordando cada día 13 de cada mes, o día que saíu a exposición pública o proxecto da macroplanta que  retenden intalar na parroquia de Soandres."   (Qué pasa na costa, 05/08/26)

El XV Plan Quinquenal de China se configuró a partir de un proceso en el que millones de ciudadanos han aportado ideas, sugerencias y propuestas para orientar el desarrollo de los próximos años... la planificación a largo plazo no se limita a una labor de expertos o funcionarios, sino que se abre a un mecanismo amplio de consulta social que refleja la esencia socialista china... Entre el 20 de mayo y el 20 de junio de 2025 se ha llevado a cabo una consulta pública en línea que ha recibido más de 3.113 millones de sugerencias enviadas por internautas. La magnitud de esta cifra revela hasta qué punto la población está dispuesta a implicarse en los debates sobre el rumbo del país... Tras un proceso de revisión y clasificación, esas propuestas se agruparon en unos 1.500 conjuntos representativos organizados en 27 áreas clave de desarrollo... la experiencia social acumulada por millones de personas se convierte en una fuente de información para orientar las decisiones del Estado... El XV Plan Quinquenal abarca prácticamente todos los ámbitos del desarrollo económico y social, desde la innovación tecnológica hasta el bienestar social. Por esa razón, las autoridades consideran importante escuchar las voces de distintos sectores de la sociedad... Entre las metas más destacadas se encuentran mantener un crecimiento estable del PIB, crear más de 12 millones de nuevos empleos urbanos cada año y mantener la tasa de desempleo urbano en torno al 5,5 %. No se trata solo de indicadores macroeconómicos y muchas de estas prioridades coinciden con preocupaciones que han aparecido repetidamente en las propuestas enviadas por la ciudadanía, especialmente en lo relacionado con el empleo y las condiciones de vida... A esto se suma la ampliación de la cobertura de la seguridad social y la mejora de los servicios sanitarios y educativos... También me parece significativo el peso que se da a la innovación, que, en buena medida, responden a la percepción compartida por muchos investigadores, trabajadores del sector tecnológico y estudiantes que han participado en los procesos de consulta (Pedro Barragán)

  "La elaboración del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030), que la Asamblea Popular Nacional discute estos días, ofrece algo más que un simple ejercicio de planificación económica. A mi juicio, constituye una muestra significativa de cómo la participación popular puede integrarse en la toma de decisiones estratégicas de un país. Lejos de tratarse únicamente de un documento técnico, el plan se está configurando a partir de un proceso en el que millones de ciudadanos han aportado ideas, sugerencias y propuestas para orientar el desarrollo de los próximos años. En este sentido, la planificación a largo plazo no se limita a una labor de expertos o funcionarios, sino que se abre a un mecanismo amplio de consulta social que refleja la esencia socialista china.

Uno de los ejemplos más visibles de este proceso ha sido la participación masiva de los ciudadanos a través de internet. Entre el 20 de mayo y el 20 de junio de 2025 se ha llevado a cabo una consulta pública en línea que ha recibido más de 3.113 millones de sugerencias enviadas por internautas. La magnitud de esta cifra revela hasta qué punto la población está dispuesta a implicarse en los debates sobre el rumbo del país. Tras un proceso de revisión y clasificación, esas propuestas se agruparon en unos 1.500 conjuntos representativos organizados en 27 áreas clave de desarrollo. Más allá del dato numérico de miles de millones, lo relevante es que se trata de un canal mediante el cual la ciudadanía puede intervenir de forma directa en la construcción de los objetivos nacionales.

Las sugerencias ciudadanas han abordado cuestiones muy concretas de la vida cotidiana y muchas de ellas han terminado reflejándose en el borrador del plan. Este hecho resulta especialmente significativo porque muestra que la participación popular no es un gesto simbólico, sino un elemento que puede influir en la formulación de políticas públicas. En la práctica, la experiencia social acumulada por millones de personas se convierte en una fuente de información para orientar las decisiones del Estado.

En China, los planes de desarrollo a medio y largo plazo establecen objetivos económicos y sociales pero también funcionan como un proceso de consulta destinado a reunir lo que a menudo se denomina la sabiduría colectiva de la sociedad. El XV Plan Quinquenal continúa esa tradición, integrando mecanismos modernos de participación ciudadana con procedimientos institucionales de deliberación. Desde una perspectiva política, este método refleja la idea central del socialismo de que el desarrollo del país debe construirse con la implicación activa de la población.

Otro ejemplo de este enfoque participativo es la campaña para recopilar sugerencias a través de la plataforma digital "Sugerencias del pueblo", gestionada por el Diario del Pueblo en Línea. En el marco de la iniciativa "Ofrezco sugerencias para el plan especial de trabajo social durante el XV Plan Quinquenal", el departamento de trabajo social del Comité Central del PCCh ha invitado a la ciudadanía a enviar opiniones sobre temas de interés público. Las propuestas se han podido presentar hasta el 5 de marzo y serán examinadas cuidadosamente para servir como referencias en la formulación final del plan.

Este tipo de iniciativas reflejan una característica central del sistema de planificación chino como es la participación pública durante todo el proceso de redacción. El XV Plan Quinquenal abarca prácticamente todos los ámbitos del desarrollo económico y social, desde la innovación tecnológica hasta el bienestar social. Por esa razón, las autoridades consideran importante escuchar las voces de distintos sectores de la sociedad, incluidos trabajadores, científicos, empresarios, agricultores y estudiantes. La diversidad de estos grupos permite que el debate incorpore perspectivas muy diferentes sobre los retos del desarrollo.

En octubre, la Cuarta Sesión Plenaria del XX Comité Central del PCCh revisó y aprobó las propuestas generales para el plan. Sin embargo, la participación pública no terminó en ese punto y entre finales de octubre y mediados de noviembre, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma organizó una nueva consulta en línea sobre el borrador del documento. En esta fase se recogieron opiniones de once grupos sociales distintos, entre ellos investigadores, trabajadores, agricultores y personas con discapacidad.

En total, esta ronda ha reunido más de 66.000 sugerencias consideradas de alta calidad. Cerca del 60% estaban relacionadas con preocupaciones cotidianas de la población. La presencia de estas cuestiones en el debate revela que la planificación nacional también se construye a partir de las necesidades sociales más inmediatas.

A mi juicio, los objetivos que se están perfilando en el XV Plan Quinquenal reflejan con bastante claridad hacia dónde quiere avanzar el país en los próximos años. Entre las metas más destacadas se encuentran mantener un crecimiento estable del PIB, crear más de 12 millones de nuevos empleos urbanos cada año y mantener la tasa de desempleo urbano en torno al 5,5 %. No se trata solo de indicadores macroeconómicos y muchas de estas prioridades coinciden con preocupaciones que han aparecido repetidamente en las propuestas enviadas por la ciudadanía, especialmente en lo relacionado con el empleo y las condiciones de vida.

También me parece significativo el peso que se da a la innovación. El plan plantea aumentar el gasto en investigación y desarrollo en al menos un 7% anual y reforzar sectores emergentes como la tecnología cuántica, la biofabricación, la energía de hidrógeno o la inteligencia artificial. Estas áreas no solo apuntan al crecimiento económico futuro, sino también a fortalecer la autonomía tecnológica del país. En buena medida, responden a la percepción compartida por muchos investigadores, trabajadores del sector tecnológico y estudiantes que han participado en los procesos de consulta.

Por otro lado, el plan incorpora objetivos sociales y ambientales que reflejan preocupaciones muy presentes en las propuestas populares. Entre ellos destaca la reducción del 17% de las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB durante el período 2026-2030 y el aumento de la esperanza de vida media hasta los 80 años. A esto se suma la ampliación de la cobertura de la seguridad social y la mejora de los servicios sanitarios y educativos. En mi opinión, estas metas muestran que la planificación no se limita a impulsar el crecimiento económico, sino que intenta responder a demandas concretas de la población sobre bienestar, salud y calidad de vida.

En definitiva, el XV Plan Quinquenal no solo marcará el rumbo del desarrollo económico y social del país entre 2026 y 2030. También pone de relieve una cuestión más amplia como es que la planificación estatal se nutra de la participación popular. Desde esta perspectiva, el proceso que se está desarrollando en China es la expresión de uno de los principios fundamentales del socialismo de que las grandes decisiones sobre el futuro colectivo se construyan con la implicación activa de la sociedad."

(Pedro Barragán , Público, 14/03/26)  

Podemos ir más allá del modelo capitalista y salvar el clima... estos son los tres primeros pasos: una nueva arquitectura financiera que penalice las «inversiones» privadas destructivas y permita la financiación pública con fines públicos. En el centro de esta arquitectura necesitamos un nuevo banco de inversión público que, en asociación con los bancos centrales, convierta la liquidez disponible en tipos de inversión compatibles con una prosperidad común y sostenible. La segunda condición es el uso extensivo de la democracia deliberativa para decidir los objetivos sectoriales, regionales y nacionales (por ejemplo, en lo que respecta al crecimiento o incluso a la reducción de diferentes producciones) a los que se destinarán las nuevas herramientas de financiación pública. Y la tercera condición es una gran ley de reforma corporativa con el fin de democratizar las empresas, favoreciendo y promoviendo la formación de empresas que funcionen según el principio de un empleado, una acción, un voto (Jason Hickel, Yanis Varoufakis)

 "El capitalismo se preocupa por el futuro de nuestra especie tanto como un lobo se preocupa por el de un cordero. Pero si democratizamos nuestra economía, un mundo mejor estará a nuestro alcance.

Tenemos una responsabilidad urgente. Nuestro sistema económico actual es incapaz de abordar las crisis sociales y ecológicas a las que nos enfrentamos en el siglo XXI. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos una paradoja extraordinaria. Por un lado, tenemos acceso a nuevas tecnologías extraordinarias y a una capacidad colectiva para producir más alimentos y más cosas de las que necesitamos o de las que el planeta puede permitirse. Sin embargo, al mismo tiempo, millones de personas sufren condiciones de grave privación.

¿Cómo se explica esta paradoja? El capitalismo. Por capitalismo no nos referimos a los mercados, el comercio y el espíritu empresarial, que han existido durante miles de años antes del auge del capitalismo. Por capitalismo nos referimos a algo muy extraño y muy específico: un sistema económico que se reduce a una dictadura dirigida por una pequeña minoría que controla el capital: los grandes bancos, las grandes empresas y el 1 % que posee la mayoría de los activos invertibles. Aunque vivamos en una democracia y podamos elegir nuestro sistema político, nuestras elecciones nunca parecen cambiar el sistema económico. Son los capitalistas quienes determinan qué producir, cómo utilizar nuestra mano de obra y quién se beneficia de ella. El resto de nosotros, las personas que realmente realizamos la producción, no tenemos voz ni voto.

Y para el capital, el objetivo de la producción no es principalmente satisfacer las necesidades humanas o lograr el progreso social, y mucho menos cumplir con ningún objetivo ecológico. El objetivo es maximizar y acumular beneficios. Ese es el objetivo primordial. Esa es la ley capitalista del valor. Y para maximizar los beneficios, el capital requiere un crecimiento perpetuo, una producción agregada cada vez mayor, independientemente de si es necesaria o perjudicial.

Así que acabamos con formas irracionales de producción: tenemos una producción masiva de cosas como SUV, mansiones y moda rápida, porque estas cosas son muy rentables para el capital, pero una subproducción crónica de cosas obviamente necesarias como viviendas asequibles y transporte público, porque estas son mucho menos rentables para el capital, o no lo son en absoluto.

Lo mismo ocurre con la energía. Las energías renovables ya son mucho más baratas que los combustibles fósiles. Por desgracia, los combustibles fósiles son hasta tres veces más rentables. Por lo tanto, el capital obliga a los gobiernos a vincular los precios de la electricidad al precio del más caro gas natural licuado, y no a la energía solar barata. Del mismo modo, la construcción y el mantenimiento de autopistas es mucho más lucrativo para los contratistas privados, los fabricantes de automóviles y las compañías petroleras que una red moderna de ferrocarriles públicos ultrarrápidos y seguros. Así que los capitalistas siguen presionando a nuestros gobiernos para que subvencionen los combustibles fósiles y la construcción de carreteras, incluso mientras el mundo se quema.

Desde la elección de Donald Trump, muchas grandes empresas de inversión han abandonado con entusiasmo sus compromisos climáticos, que, en favor del bien común, habían restringido su rentabilidad. Esto debería ser un momento esclarecedor para todos nosotros: al capitalismo le importan las perspectivas de nuestra especie tanto como a un lobo le importa un cordero.

Así que aquí estamos: atrapados en el conjunto de prioridades del capitalismo, que son enemigas de las de la humanidad. El ingenio humano nos ha legado tecnologías y capacidades espléndidas. Pero, como una divinidad cruel, el capital no solo nos impide utilizarlas para nuestro bien colectivo, sino que, de hecho, nos obliga a emplearlas para nuestra ruina colectiva.

El sistema también nos encierra en ciclos interminables de violencia imperialista. La acumulación de capital en las economías avanzadas se basa en la aportación masiva de mano de obra barata y recursos naturales del sur global.

Para mantener este orden, el capital utiliza todas las herramientas a su alcance: deuda, sanciones, golpes de Estado e incluso invasiones militares directas para mantener subordinadas a las economías del sur.

La solución está ante nuestros ojos. Necesitamos urgentemente superar la ley capitalista del valor y democratizar nuestra economía, para poder organizar la producción en torno a prioridades sociales y ecológicas urgentes. Al fin y al cabo, nosotros somos los productores de los bienes, los servicios y las tecnologías. Es nuestro trabajo y los recursos de nuestro planeta los que están en juego. Por lo tanto, nosotros debemos reclamar el derecho a decidir qué se produce, cómo y con qué fin.

¿Cómo se puede hacer esto? Hay tres condiciones necesarias para la transformación de nuestra economía de una dictadura sin salida a una democracia funcional y ecológicamente sólida.

La primera condición es una nueva arquitectura financiera que penalice las «inversiones» privadas destructivas y permita la financiación pública con fines públicos. En el centro de esta arquitectura necesitamos un nuevo banco de inversión público que, en asociación con los bancos centrales, convierta la liquidez disponible en tipos de inversión compatibles con una prosperidad común y sostenible.

La segunda condición es el uso extensivo de la democracia deliberativa para decidir los objetivos sectoriales, regionales y nacionales (por ejemplo, en lo que respecta al crecimiento o incluso a la reducción de diferentes producciones) a los que se destinarán las nuevas herramientas de financiación pública.

Y la tercera condición es una gran ley de reforma corporativa con el fin de democratizar las empresas, favoreciendo y promoviendo la formación de empresas que funcionen según el principio de un empleado, una acción, un voto.

Vivimos a la sombra del mundo que podríamos crear. Un mundo en el que podríamos evitar un colapso ecológico casi seguro, en lugar de esperar a que el capitalismo nos empuje más allá del punto de no retorno. Un mundo en el que sea posible abolir la inseguridad económica, la precariedad, la pobreza, el desempleo y la indignidad, mientras llevamos una vida significativa dentro de los límites planetarios. No se trata de un sueño lejano. Es una perspectiva tangible."

( Jason Hickel, Yanis Varoufakis  , Rebelión, 18/02/26,  fuente https://www.theguardian.com/environment/commentisfree/2026/feb/12/capitalist-model-climate-growth-capitalism-species-humanity  )

¿Cómo es posible que la CUP vote en contra de que se celebre una consulta ciudadana para remunicipalizar el agua de Barcelona? Pues lo ha hecho. Mientras tanto, Agbar feliz...

"(...) Avancemos hasta 2018. El Ayuntamiento de Barcelona aprueba un nuevo Reglamento de Participación, donde se regulan las consultas ciudadanas a través del recién creado portal digital Decidim Barcelona.

 Como sucede a nivel autonómico, estas consultas tienen importantes limitaciones, señaladas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Principalmente, la restricción de los temas sobre los que se puede consultar a la ciudadanía y el carácter no vinculante del resultado. 

Aún con estas limitaciones, las consultas ciudadanas municipales han cobrado importancia en ciudades como Madrid, gracias al compromiso informal de algunos grupos políticos de acatar el resultado de las mismas. El mismo compromiso se pretendía llevar a cabo en Barcelona, con varios grupos políticos dispuestos a trasladar a las votaciones del Pleno el parecer ciudadano manifestado en las consultas.

Nada más aprobarse este Reglamento de Participación, un conglomerado de grandes empresas, entre las que se encuentra Agbar, decidieron recurrirlo judicialmente para dejarlo sin efecto. Curiosamente, la primera prueba del Reglamento consistiría en una multiconsulta donde se tratarían temas como la remunicipalización del agua, con un detalle importante: esta consulta no es iniciativa de un partido, sino el resultado de la movilización de diversas plataformas que han recogido las firmas suficientes para ponerla en marcha.
Y así llegamos al 10 de abril, día en el que se somete al Pleno la celebración de esta multiconsulta con dos temas estrella: el tranvía de la Diagonal y la remunicipalización del agua; con un importante sustrato: comenzar a poner en práctica la apuesta participativa y generar la cultura necesaria para que se mantenga y crezca.

 Especialmente en lo referente a la remunicipalización del agua, la batalla se jugaba (se juega) en dos dimensiones, la propia del servicio de gestión del agua y la batalla que los lobbyshan abierto contra el Reglamento de Participación, con una pata en los tribunales y otra política, en la calle.

Sorprendentemente, el Pleno acabó rechazando la celebración de la multiconsulta; especialmente llamativo resultó el voto en contra de la CUP para la celebración de la votación sobre la remunicipalización del agua.

 ¿Cómo es posible que un partido que persigue esta remunicipalización vote en contra de que se celebre esa consulta? ¿Cómo es posible que un partido que defiende el derecho a decidir se oponga a la realización de cualquier consulta? Aquí es donde entra la letra pequeña. 

(...) aducen que, siendo el agua un bien y un derecho humano fundamental, sacar su remunicipalización a consulta es poner en duda ese derecho. Es decir, que un derecho tan importante no se debería ni siquiera consultar. Se remunicipaliza y punto.

Es llamativo que unos argumentos que parecen firmes, sólidos y coherentes hayan situado el voto de la CUP junto al del PP, CiU o C’s y que, a la postre, haya tumbado una consulta promovida por plataformas de una sociedad civil a la que dicen representar en las instituciones. Pero lo más grave es que esos argumentos ni siquiera son reales. 

El problema es que no será tan sencillo que los grupos que apoyaron las mociones en 2016 lo hagan si lo que se presenta es el reglamento ejecutivo de esa remunicipalización. Especialmente el PSC, cuyos votos son imprescindibles (junto a los de BeC, ERC y CUP).

 Por eso, esa vía institucional debería ser complementada por una manifestación ciudadana de voluntad, porque si hay algo que puede enfrentar al poder de los lobbys a la hora de presionar a los partidos es el poder de mucha gente exigiendo una determinada política. 

Esto, que no debería tener que explicarse a una fuerza que defiende el derecho a decidir, parece que se les olvidó a los representantes de la CUP. Dudo que haya alguien en ese partido que no esté de acuerdo con la obviedad de que es más fácil que el PSC o ERC voten a favor de un reglamento de remunicipalización si en una consulta ciudadana, aunque no sea vinculante, las vecinas y vecinos de Barcelona votan masivamente para que se ejecute.

Pero hay más. De la misma forma que un Pleno municipal privatiza, luego llegan elecciones y otro Pleno puede remunicipalizar, pero luego llegan otras elecciones y otra composición plenaria podría volver a privatizar. 

Sin embargo, si detrás de la remunicipalización hay una consulta con un resultado mayoritario, se está estableciendo una importante garantía. Haciendo evidente lo impopular de la medida, presionando a los partidos donde más les duele, en las expectativas electorales.

 Esto es entender la participación, además de como un derecho, como un recurso estratégico, sobre todo si a lo que te enfrentas es a una poderosa multinacional y al poder financiero en su deseo de controlar un negocio tan rentable como el agua.

Lamentablemente, no alcanzo a saber si por desconocimiento de la realidad política, de la eficacia de los instrumentos y el funcionamiento institucional (mociones, reglamentos…) o simplemente porque las elecciones se acercan y hay que diferenciarse de competidores políticos directos, la CUP ha hecho un flaco favor al movimiento por la remunicipalización del agua y, por el mismo precio, ha dejado tocado el Reglamento de Participación, el proyecto de Decidim y la aspiración de que Barcelona sea una ciudad más participativa y democrática.  (...)

Mientras tanto, Agbar feliz. "            (Francisco Jurado, CTXT, 18/04/18)

Ideas centrales para un programa municipal de contenido democrático, social y ambientalmente sostenible

"Los programas electorales municipales no suelen distinguir de forma muy clara entre principios políticos generales inspiradores de las propuestas y las propuestas concretas. Esto los convierte muchas veces en listados indiferenciados de reivindicaciones, muchas de ellas imposibles de aplicar en muchos municipios o incoherentes entre sí.

La presente propuesta intenta dar directrices generales sobre algunos aspectos centrales para que sirvan de referencia en la elaboración de los programas municipales de cada localidad. Esto no quiere decir que sea posible quedarse en la definición de principios generales: hay que hacer propuestas concretas.

El objetivo es, por tanto, que principios y propuestas estén bien engarzadas con el fin de ser lo más convicentes y realistas posible de cara a la ciudadanía. En las manos de los ciudadanos de cada municipio y distrito está la transformación de estos principios generales en programas detallados lo suficientemente convincentes como para convencer a sectores mayoritarios de la ciudadanía.

1. FINANCIACION, EMPLEO Y ECONOMIA PRODUCTIVA

1. Los municipios son los espacios más cercanos al ciudadano y a través de ellos recibe el grueso de los servicios sociales a los que tiene derecho. Pero los ayuntamientos también generan identidades facilitando el acercamiento de los ciudadanos a la esfera pública.

En una situación de crisis como la actual, los ayuntamientos son, además, espacios en los particularmente necesitados pueden recibir una ayuda más rápida y directa para cubrir sus necesidades más elementales. Sólo es posible asegurar todos estos servicios si se dotan de una financiación suficiente y sostenible. El desplome del capitalismo inmobiliario obliga a un replanteamiento radical de la financiación municipal.

2. Hoy por hoy los ayuntamientos canalizan alrededor del 14% del gasto público, mucho menos que en los demás países europeos que, en la mayoría de los casos, dumplica este porcentaje. imprescindible alcanzar una estructura 50% (Estado), 25% (Comunidades Autónomas), 25% (Ayuntamientos).

Esta estructura se debe hacer preferentemente a costa del presupuesto de las Comunidades Autónomas pues hacerlo a costa del Estado haría imposible unificar las prestaciones en todos los territorios Pero también es necesario reforzar los mecanismos de las comunidades autónomas y el Estado para hacer cumplir la legalidad en los ayuntamientos, evitar que surjan espacios y estructuras caciquiles inmunes al derecho como las que hemos conocido en muchos municipios de la Costa del Sol.

Los ayuntamientos tienen que agotar todos los recursos disponibles para desarrollar políticas tributarias progresivas, particularmente el derecho “sagrado e inviolable” a una vivienda y un medioambiental saludable, consagrados en la Constitución española y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre.

3. Es imposible garantizar la financiación local y el acceso al crédito de los ayuntamientos sin una banca pública eficiente. Esta posibilidad ha quedado anulada con la privatización del Banco de Crédito Local y de las Cajas de Ahorros durante los gobiernos socialistas.

Esto ha dejado a los ayuntamientos en manos de la banca privada y los ha sometido a un férreo control del Gobierno Central. Desde los ayuntamientos hay que reclamar la creación de mecanismos de financiación públicos apoyados en los flujos económicos (ingresos y gastos) pilotados por las administraciones.

4. Pero no es suficiente la redistribución: hay que actuar sobre los mecanismos económicos que influyen sobre la conformación de la cuidad. Si estos mecanismos están dominados por un mercado desregulado se generarán desigualdades sociales y territoriales imposibles de reducir con más gasto.

Cuando dichos mecanismos están dominados por una economía solidaria basada no sólo en la redistribución sino también en nuevas formas de generar riqueza y empleo, un urbanismo democrático y sostenible puesto al servicio del interés general empezará a ser no sólo posible, sino también sostenible en el tiempo.

5. Los ayuntamientos tienen que generar capacidades productivas propias y empleos de proximidad. Su rica tradición unida a la alta cualificación de la población, permite abrir en poco tiempo sectores de actividad más intensivos en trabajo que en capital, sectores que contribuyan a la reconversión social y ambiental de la sociedad. Para ello tienen que cambiar las formas de organizar la economía local y acercar los procesos de producción y consumo eliminando intermediarios y, por tanto, costes y beneficiarios privados.

La implicación de los ayuntamientos en la actividad productiva permite (primero) financiar de forma más sostenible las competencias que les han sido atribuidas.

Segundo hace más fácil canalizar recursos endógenos -naturales, culturales, humanos, productivos pero que hoy están infrautilizados o destruidos por efecto de la crisis- hacia la creación de empleo local.

Tercero: el empleo local permite acercar lugares de trabajo y lugares de residencia y mejorar la calidad de vida y el medioambiente.

Cuarto: los circuitos económicos locales son menos vulnerables a los grandes flujos económicos de tipo capitalista que buscan una revalorización a corto plazo.

Quinto: generan más puestos de trabajo e introduce formas solidarias y flexibles de actividad productiva convirtiendo al ayuntamiento en un actor activo en el mercado de trabajo.

El sector de la energía, de las transformaciones agrícolas, de la restauración de patrimonio inmobiliario o del turismo ofrecen grandes posibilidades de desarrollo local. Hay muchas experiencias exitosas que se deben estudiar y generalizar.

4. La propuesta de “Plan Marshall” para Europa formulada por los sindicatos alemanes y basado en la creación de un fondo financiado con la emisión de deuda a largo plazo cuyos dividendos se pagarían con el impuesto sobre transacciones financieras, es una propuesta interesante de fuertes implicaciones municipales.

El objetivo de dicho fondo es la financiación de un proceso de reconversión energética y social en Europa basada en la gestión local y democrática de recursos orientados a crear puestos de trabajo locales y fiscalizados por órganos ciudadanos participativos. Esta estructura de gestión de las inversiones públicas puede convertirse en una especie de experiencia piloto que puede extenderse a otros espacios de la administración.

2. PLANIFICACION URBANA Y GESTION DE SUELO

1. La burbuja inmobiliaria ha devastado una gran cantidad de espacio urbano. Las tramas urbanas que han ido creándose con los siglos no han sido adaptarlas a las necesidades de los ciudadanos, no se puesto al servicio de una ciudad sostenible y democrática sino al del mercado inmobiliario.

El destrozo y el patrimonio ha sido irreversible en muchos casos de forma que barrios y localidades enteras tienen que ser sometidos a una redefinición general de espacios en función del interés general y del servicio a la ciudadanía. La titularidad de la actividad urbanizadora debe corresponderle a la administración que tienen que garantizar un equilibro de intereses, las leyes urbanísticas, que son competencia de las autonomías, deben ser armonizas en una ley de urbanismo democrático.

Es necesario crear bancos públicos de suelo para luchar contra la especulación y el acaparamiento de suelo, reducir los solares vacíos y darle preferencia a la rehabilitación -sobre todo del tejido con interés histórico- antes que apostar por la extensión periférica de las ciudades. El urbanismo debe ser elevado a la categoría de servicio público tanto local como también estatal.

2. La ciudadanía se crea o destruye todos los días, las ciudades democráticas son aquellas con capacidad de generar ciudadanía constantemente. Para ello es necesario crear espacios urbanos que faciliten un elevado nivel de interacción e integración social. Esto sólo es posible con políticas que fomenten un uso diversificado y mixto del territorio: el uso residencial, administrativo, laboral, comercial, deportivo, de ocio etc. tienen que coexistir en los mismos espacios urbanos.

Este modelo de planificación territorial es el que mejor asegura la comunicación y la participación social, la calidad de vida y un medioambiente saludable. Primero porque refuerzan los vínculos y la comunicación entre todos los ciudadanos por el hecho de compartir un mismo espacio.

Segundo porque reduce los desplazamientos y las emisiones multiplicando el número de lugares que los ciudadanos pueden alcanzar a pie o en bicicleta elevando así su calidad de vida. 

Y tercero porque facilitan la identificación de los vecinos con su ciudad y su barrio incentivando la defensa compartida y de lo público.

3. Los espacios urbanos altamente especializados no encajan en la ciudad polifuncional que queremos. Los barrios o polígonos de uso comercial, las calles altamente especializados en bares y ocio nocturno o en usos exclusivamente residenciales, los centros financieros hiperespecializados, los barrios históricos muertos para el disfrute exclusivo de turistas, las “ciudades” monotemáticas como la ciudad de la justicia, los campus universitarios segmentados de la ciudad o los polígonos de uso comercial, no son la línea a seguir: las protestas de los barrios de Chueca en Madrid o de la Barcelonesa en Barcelona sino sintomáticas en este sentido.

Se derivan de una lógica de mercado y excluyente que tiende a segmentar la población urbana por clases, y grupos funcionales (trabajadores terciarios, comerciantes, vecinos etc.). El mercado fomenta esta clase de espacios urbanos especializados basados en operaciones urbanísticas desligadas del conjunto y en edificaciones no incorporados a un diseño global e inclusivo de ciudad.

El boom inmobiliario, que ha destrozado tramas urbanas de tipo mediterráneo altamente cohesionadas y generado espacios especializados expulsando a las clases populares de los centros históricos y destruido una gran cantidad de patrimonio arquitectónico y urbano, es el ejemplo que no se debe seguir.

4. Frente a este modelo aquí apostamos por reivindicar el modelo de ciudad mediterráneo, por dejar atrás el modelo anglo-americano. Nuestra propuesta se basa en ciudades compactas con distritos altamente autosuficientes y policéntricos, dotados de usos multifuncionales y núcleos bien comunicados entre sí por medio de transporte público y formas de desplazamiento no basadas en el uso del coche, transiciones suaves entre el campo y la ciudad, con anillos y pasillos verdes que incluyan la creación de huertos municipales de uso público.

Para ello hay que desarrollar un urbanismo activo destinado a diversificar el uso del suelo, y que cuente con la participación de la ciudadanía: desarrollo de políticas particularmente activas de apoyo del pequeño comercio y para desincentivar la creación grandes superficies comerciales, intercalar suelo residencial, espacios productivos con espacios de ocio, parques públicos y centros deportivos, creación de equipamientos próximos a los espacios residenciales y comerciales deben ser prioritarios.

3. PROPIEDAD Y PATRIMONIO

1. La construcción de una cuidad o un pueblo sostenibles no se pude regir por el interés individual de promotores y compradores de pisos. Por el contrario, pasa por tener como referencia el conjunto de la población y del tejido urbano, así como la defensa y la preservación de los recursos colectivos, tanto de los tangibles (suelo, edificios, obras de arte, patrimonio natural) como de los intangibles (culturales, estéticos, la memoria colectiva, las tradiciones y costumbres etc.).

Es imposible conseguirlos sin la creación de culturas urbanas que promuevan la identificación de los ciudadanos con sus calles, sus parques, sus tradiciones y sus edificios. 

Las formas de gestión de la propiedad, y de la propiedad del suelo en particular, tienen que estar en consonancia con estos objetivos. Los intereses particulares no tienen por qué estar enfrentados a los colectivos: más bien se trata de formularlos en consonancia con los intereses de todos, convertir la propiedad excluyente en propiedad incluyente, sea esta pública o privada.

Pero en la política de ordenación urbana tiene preferencia siempre el interés público frente al privado. Aquí el suelo ocupa un lugar central: del cambio de las formas de propiedad del suelo y de su municipalización y su gestión depende la posibilidad de hacer un urbanismo sostenible.

2. En España la propiedad del suelo urbano privilegia a los propietarios individuales de forma mucho más marcada, incluso, que en otros países de Europa. Este esquema alimenta la especulación y le da un poder muy importante a los propietarios del suelo y a las empresas inmobiliarias.

Estos privilegios tienen que ser suprimidos. En los municipios tienen que coexistir muchas personas en muy poco espacio, los recursos son escasos, la propiedad está muy dispersa y sementada pero todos -las generaciones presentes y futuras. tienen derecho a disfrutar del espacio común, de un medioambiente saludables y de un patrimonio histórico.

Hacer un urbanismo democrático exige renegociar continuamente los usos entre todos los afectados pensando siempre en adaptar las formas de propiedad al interés general. Las políticas fiscales son muy efectivas en este sentido: no obligan a realizar expropiaciones masivas pero son altamente disuasivas de ciertas prácticas.

3. Proponemos la creación de un registro de solares desocupados y un impuesto que grave aquellos sin edificar, así como otro impuesto que grave las viviendas desocupadas con el fin de incentivar su uso para atender a la urgente demanda creada tras la crisis. Asimismo proponemos el establecimiento, en todos los Planes Generales de Ordenación Urbana, de una nueva categoría de suelo: el "suelo de equipamiento escolar" y usos públicos similares.

Para ello se debería desarrollar un Plan Especial de Equipamiento Escolar en el que el suelo destinado a este y otros usos colectivos quede blindado, es decir, resguardado del mercado y de los intereses excluyentes. Proponemos convertir el IBI en un impuesto progresivo en función de los metros cuadrados de las viviendas y de los barrios en las que estas están enclavadas.

También proponemos fijar las tasas -por ejemplo de recogida de basura- de forma progresiva con el fin de que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios comparables independientemente de sus ingresos.

4. No hay ninguna prueba de que las empresas privadas sean más eficientes en la provisión de servicios públicos básicos. Todo lo contrario: al quedarse con unos beneficios de explotación necesitan sustraer una parte de los rendimientos para el lucro personal de los accionistas. Tenemos que volver a un sistema público de provisión de servicios básicos municipales.

El suministro de agua, el saneamiento, la retirada de basuras y la limpieza de las calles, los servicios funerarios, el cuidado de parques y jardines, los destinados a asegurar la movilidad -grúas para la retirada y la custodia de vehículos, aparcamientos etc.- deben ser propiedad de los municipios y estar fuera del alcance del mercado.

Es imprescindible remunicipalizar el servicio de aguas y de otros servicios públicos como medida para abaratar su coste y para disminuir la corrupción que favorece la adjudicación de esos servicios a grupos privados que financian el clientelismo municipal de los grandes partidos.

5. El patrimonio histórico de los pueblos y de las ciudades es patrimonio común de las generaciones presentes y futuras. Esto obliga a protegerlo de forma activa y preservarlo de las operaciones urbanísticas que generan plusvalías destruyéndolo. Proponemos el desarrollo de planes especiales de protección de conjuntos históricos que no sólo afecten a edificios aislados sino a conjuntos y tramas urbanas completas.

Proponemos la creación de equipos interdisciplinares para la preservación del patrimonio histórico en las gerencias de urbanismo integradas por arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos y sociólogos. También proponemos la creación de una fiscalía de patrimonio histórico así como instrumentos de gestión de este patrimonio en los que participen todas las partes: promotores, propietarios radicados en los conjuntos históricos, asociaciones de vecinos y los consejos asesores municipales de patrimonio histórico.

Es necesario hacer una revisar inmediata de la política de ruinas y que predomine el criterio de rehabilitación preferente sobre el de demolición inmediata. Todas las actuaciones relacionadas con bienes históricos tienen que estar precedidas por un informe vinculante de impacto cultural.

4. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD

1. Los Ayuntamientos son los espacios en los que la ciudadanía puede participar de la forma más directa en la gestión de lo público, incluidos los servicios de los que es destinataria. Pero los Ayuntamientos son también los espacios en los que mejor pueden consolidarse las corruptelas y los caciquismos locales.

La participación de la ciudadanía en la gestión local permite un mejor control del dinero público, acerca su inversión a la satisfacción de las necesidades de la población y permite establecer prioridades de forma democrática (presupuestos participativos). El control ciudadano puede funcionar como un mecanismo maximizador del uso de recursos -públicos y privados- y previene la corrupción.

Además, la participación directa en la gestión municipal es una escuela de democracia con efectos positivos para todo el sistema político del país: cuando los ciudadanos se elijan de su ayuntamiento se alejan al mismo tiempo de todas las instituciones. Y al revés.

2. Los ciudadanos tienen muchas cosas que proponer para el diseño de una forma de vida mejor en común. Aún cuando no tengan siempre razón y aún cuando siempre haya intereses particulares, la riqueza de puntos de vista facilita la búsqueda de las soluciones más razonables y estables.

Es necesario organizar la recogida de estos puntos de vista, vincular a los ciudadanos en la solución de los conflictos y llegar a acuerdos de forma transparente. Lo principal es que la ciudadanía sienta que tiene enfrente a una autoridad que representa el interés general y que no impone soluciones opacas y tecnocráticas que no la tienen en cuenta.

3. Para participar es necesario dotar a la ciudadanía de medios -locales, sistemas informáticos, información actualizada, tiempo etc.- para hagan posible dicha participación. Si no se proporcionan estos medios, la participación se reduce a una cuestión simbólica sin consecuencias reales para la gestión municipal, lo cual acaba desincentivando la propia participación.

4. Las próximas elecciones municipales deben ser un hito para avanzar hacia un proceso de refundación constitucional de todo el Estado. El Partido Popular está aprovechando su asfixia económica de los ayuntamiento para socavar la autonomía, las competencias locales y para erosionar la democracia a través de la ley de Racionalización de las Administraciones Locales (LRSAL).

Es necesario derogar esta Ley. Las diputaciones y las mancomunidades pueden y deben ser órganos intermedios de apoyo a los ayuntamientos y de gestión y coordinación de recursos, sobre todo cuando los municipios son pequeños o están muy dispersos.

Hay que defender estos órganos intermedios también frente a las Comunidades Autónomas que quieren absorber sus competencias en un proceso neocentralizador a nivel autonómico que no debemos perder de vista.

5. Proponemos la introducción del carácter revocatorio de los cargos municipales como paso previo al su extensión a los cargos de índole autonómica y estatal.  

Proponemos también el establecimiento de procedimientos participativos para fijar el reparto de algunas de las partidas centrales de los presupuestos municipales (“presupuestos participativos”).

5. MEDIOAMBIENTE

1. Los municipios son los espacios en los que los ciudadanos sufren de forma más directa y cotidiana la degradación del medioambiente, pero también donde se pueden beneficiar más de su mejora. La planificación del territorio, del sistema productivo local y de su sistema de transportes deben ponerse al servicio de la minimización de las emisiones y los consumos de energías no renovables.

Este criterio general debe regir todas las decisiones de política municipal y el desarrollo urbanístico de localidades y distritos. Tiene que estar íntimamente unido a las políticas de planificación del territorio (ver arriba).

2. Sobre todo en situaciones de grave de crisis de empleo como la actual, los huertos urbanos o periurbanos pueden contribuir a mitigar la penuria social. Los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, deberían desarrollar planes agrícolas municipales que permitan proveer a los colegios públicos y los mercados locales con productos frescos producidos por los propios habitantes, que creen trabajo local y mejoren la calidad de los alimentos ingeridos.

3. Los ayuntamientos tienen que tratar los recursos naturales de los que disponen como un bien a preservar para las generaciones futuras. Su preservación puede ser una fuente importante de empleo y, muchas veces, puede conducir a la generación de sistemas energéticos locales (por ejemplo plantas de biomasa alimentadas con masa forestal local) desvinculados de los grandes productores privados de energía. También estos pueden convertirse en generadores importantes de empleo local.

6. SEGURIDAD

1. La izquierda ha pasado de puntillas sobre el tema de la seguridad ciudadana a pesar de que es uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía y a pesar de es muy fácil manipularla con determinados discursos de seguridad.

La seguridad ciudadana es una pieza central para garantizar los derechos y libertades de todas las personas, su derecho a la movilidad y el libre tránsito, al descanso y al disfrute de los espacios urbanos comunes sin tener que temer ser agredidos o amenazados por personas extrañas o por miembros de la propia familia: una sociedad insegura es también una sociedad injusta pues las principales víctimas de la inseguridad son las personas con menos recursos habitantes de las barriadas con las tasas de criminalidad más altas: seguridad y exclusión van íntimamente de la mano. La seguridad ocupa un lugar central, también, en la defensa de los derechos de la mujer a no sufrir agresiones machistas.

Hay que hacer una lectura amplia de la seguridad que incluya una cultura no consumista que lleva a muchos jóvenes a desear marcas y objetos comerciales que no pueden ganar son su trabajo.

2. Frente a un modelo autocrático de seguridad, hay que apostar por un modelo democrático de gestión de la seguridad basado en la en la intervención directa de los los ciudadanos. Para ello es necesario incluirlos en la elaboración de mapas de los focos de inseguridad.

Hay que crear cuerpos policiales insertados en el tejido de los barrios, encomendarles también la custodia del derecho de todos a un medioambiente saludable y libre de ruidos, recuperar los vigilantes de jardines públicos municipales.

3. Lo importante es que estos agentes tenga una comunicación directa y continua con los vecinos y sus problemas, bien directa, bien a través de los consejos de distrito. Este esquema no sólo es el más barato sino también el más eficiente. 

La creación de policías locales de barrio permite detectar rápidamente las fuentes de inseguridad, facilita la construcción de un discurso transparente de seguridad no basado en los prejuicios del “malo frente al bueno” y facilita la búsqueda de las soluciones más rápidas y estables a los problemas de seguridad de los barrios.

Los agentes deben vestir de forma que expresen su servicio al ciudadano y no como unidades de intervención coercitiva necesitadas de portar armas continuamente. Las fiestas privadas deben financiarse su propios servicios obligatorios de seguridad, pero la seguridad pública debe recaer en manos de agentes públicos financiados con impuestos. Proponemos la creación de juzgados municipales y/o comarcales para asuntos de violencia de género así como un aumento de los juzgados especializados en este tipo de violencia.

2. Muchas veces lo que parecen ser problemas de seguridad no son sino problemas de exclusión y de falta de trabajo. La creación de empleo local, redes directas e institucionales de asistencia y de espacios de solidaridad y comunicación son, por tanto, también políticas de seguridad en el sentido literal de la palabra. Estas redes constituyen formas altamente eficientes de prevenir delitos, identificar a los delincuentes y de promover su reinserción social.

Redacción: Armando Fernández Steinko , afsteinko@gmail.com . Actualizado 30 sep. 2014" (Piensa y Actúa, 09/11/17)

Así serán la Gran Vía y la Plaza España que han decidido 212.108 madrileños... además de crear un billete único para el transporte público de Madrid: autobús, metro y cercanías

"Más de 212.000 personas de 2,7 millones han participado en la primera consulta ciudadana de Madrid para decidir, entre otras cuestiones, sobre el futuro de la Plaza de España, que contará con un espacio circular con centenares de árboles, y la Gran Vía, que contará con aceras más amplias. La consulta ha tenido un coste total de más de un millón de euros y este lunes se han dado a conocer los primeros resultados provisionales.

 Una de las principales decisiones que se debían votar era la que afectaba a la remodelación de la Plaza de España. Finalmente, los madrileños se han decantado por el proyecto "X", Welcome Mother Nature el de mayor presupuesto, que planteaba una gran zona verde con centenares de árboles y una plaza circular.

Este proyecto ha obtenido el 52,19% de los votos frente al 30,06% que ha recibido el proyecto Y, 'Un paseo por la cornisa'. El 17,75% restante han votado en blanco. Además, los participantes quieren un Madrid 100% sostenible y por un billete de transporte único.

Otra de las grandes cuestiones tenía que ver con la remodelación de la Gran Vía. Mucho se ha hablado sobre la necesidad, o no, de ir hacia la peatonalización de esta calle. Finalmente, la votación ha dado como resultado que las aceras de esta calle principal sean más amplias y que, por tanto, los peatones ganen terreno frente a los coches.

Además, esta nueva configuración de la Gran Vía tendrá también como resultado más pasos de cebra para los peatones. Esta Navidad el Ayuntamiento ya hizo algunos ensayos e intentos por ensanchar la Gran Vía para los andantes. De esta forma, durante los días clave de las fiestas, se peatonalizaron los carriles bus de esta calle.

En este sentido, de las 83.100 personas que han votado las cuestiones relativas a la Gran Vía, un 85,49% han decidido darle prioridad al peatón a través de la ampliación de aceras, frente al 13,79% que ha votado en contra. También quieren la mejora de las plazas aledañas, más pasos de peatones y que el transporte público sea prioritario frente al privado.

Billete único para el transporte público

A votación también se sometía la idea de crear un billete único para el transporte público de Madrid: autobús, metro y cercanías. Finalmente, un 94,01 % de los votantes ha aprobado la propuesta ciudadana “Billete único para el transporte público”, frente al 3,14 % que la han rechazado y el 2,85 % que ha votado en blanco.

Además, los madrileños también han apostado por un Madrid más respetuoso con el medio ambiente. La propuesta presentada por la plataforma Alianza por el Clima, “Madrid 100% Sostenible”, ha obtenido el 89,16 % de votos a favor frente a un 6,97% en contra.  (...)"          (Público, 27/02/17)

Madrid destinará 60 millones a 206 proyectos en los presupuestos participativos... para guarderías, casas para mujeres, para enfermos de Alzheimer e instalación de energía solar en edificios municipales

"El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy la lista de 206 proyectos que serán financiados en el marco de los primeros presupuestos participativos, a los que han destinado 60 millones de euros. Entre los proyectos, 22 se desarrollarán en todo el municipio y otros 184 están repartidos entre los 21 distritos de la ciudad.

Algunos de los proyectos que abarcarán todo el municipio serán la creación de una nueva red de puntos limpios, el aumento de las casas de acogida para mujeres maltratadas, un plan de reforestación de Madrid o la instalación de energía solar en edificios municipales.

Los proyectos han sido propuestos y elegidos a través de la página web decide.madrid.es y, según señala el Ayuntamiento en una nota de prensa, “han contado con un importante impulso desde el trabajo en los distritos. Prueba de ello es que 107 proyectos ganadores provienen de espacios de debate y de colectivos o asociaciones”

Muchos de los proyectos van dirigidos al cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, como casas para mujeres víctimas de violencia de género, centros de atención a enfermos de Alzheimer o de atención a personas sin hogar. Los espacios verdes y huertos agroecológicos también han protagonizado muchas de las propuestas elegidas.

Entre las propuestas aceptadas también se incluyen el aumento de centros deportivos, la apertura del solar Antonio López (Carabanchel), creación de guarderías municipales (toda la ciudad), la conexión peatonal de Legazpi con Méndez Álvaro (Arganzuela), bosques urbanos gestionados por los vecinos (Barajas), la apertura de locales públicos vacíos como bienes comunes en red (Centro), la creación de un centro de participación ciudadana en Ciudad Jardín (Chamartín), espacios para colectivos de mujeres (Puente de Vallecas), áreas recreativas caninas (varios distritos) o rocódromos (varios distritos).

El Ayuntamiento afirma que 45.522 personas han participado en la presentación y selección de proyectos. En total, se han presentado alrededor de 5.000 propuestas.

De los 60 millones destinados a los Presupuestos Participativos, 24 irán destinados a proyectos dirigidos a toda la ciudad y los 36 millones restantes a los proyectos por distrito.

Los 60 millones de los Presupuestos Participativos suponen algo más del 1% del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, aún lejos del 5% que destinan ciudades como Reykiavik o París. Pablo Soto, concejal de Participación, afirmó en la presentación de este programa en septiembre que el objetivo será acercarse progresivamente al 5% del presupuesto general. La cuantía de 60 millones fue pactada entre Ahora Madrid y PSOE."                   (Diagonal, 15/07/16)

Pablo Soto: “Queremos convertir a Madrid en referencia mundial de participación ciudadana”

 El concejal del Ayuntamiento de Madrid Pablo Soto

"(...) Quisiera ahora, pasados unos meses, hacer un repaso de las iniciativas en marcha: Propuestas ciudadanas, Pleno abierto, Presupuestos participativos y la nueva Ordenanza de transparencia de la ciudad de Madrid, que constituyen el grueso del trabajo de esta concejalía y toda una novedad en la vida de la ciudad.

 

Hasta ahora se han hecho más de 11.000 propuestas y las más votadas superan los 20.000 votos [el billete único para el transporte público y Madrid 100% sostenible], lo que supone el 45% de los apoyos necesarios para que una propuesta se traslade al Pleno. Y todavía quedan seis meses de votación. (...)

¿Qué ocurre cuando no se llega a los 54.128 votos necesarios para pasar a la siguiente fase?

Se sigue hasta que se llegue. Este es un mecanismo continuo; cada día entran propuestas nuevas y cada una de ellas tiene un año para conseguir los apoyos necesarios. El mecanismo está siempre vivo, a la expectativa de que alguien se lo apropie y consiga hacerlo funcionar. 

 También es importante hacer la comparación de lo que representa el 2 % necesario del total de habitantes para que una propuesta pase a ser considerada. Es poca cosa comparándolo con el número de habitantes de la ciudad, pero comparándolo con las personas inscritas en www.madrid.decide.es -unas 146.000 hasta el momento- que está participando en los procesos, es muy significativo. Fíjate que el 18% que se ha inscrito en la plataforma de participación suscribe la propuesta más apoyada.

 El reto, adonde queremos llegar, lo que tenemos que conseguir, es que todo el censo de la ciudad esté inscrito en el censo de participación que estamos elaborando, porque una vez inscrito ya puedes participar en cualquier momento simplemente con tu teléfono móvil, lo que facilita mucho el procedimiento. (...)

Que pueda participar el censo completo de la ciudadanía ¿es lo habitual en otras iniciativas de democracia directa?

Lo que ocurre en realidad en otros lugares es que el censo de participación no existe porque son procesos que ya vienen dictados por el ordenamiento jurídico federal y nacional. Así ocurre en Suiza.

¿Y en experiencias más jóvenes?

No conocemos ninguna que llegue al nivel de Suiza. Nosotros nos encontramos en el grupo de procesos más habituales en los que no se ha movilizado nunca más del 2% de la población, lo que por otra parte es una participación altísima, también en los presupuestos participativos. El siguiente escalón sería aquel en el que se despliega toda la máquina electoral de la democracia directa en el sentido de que la Junta Electoral Central toma el control de los procesos que se articulan cuando hay unas elecciones. 

Esto quiere decir que se destina dinero primero a las plataformas para que puedan llevar adelante las iniciativas. En Suiza consigues las 10.000 primeras firmas y te dan 10.000 francos para que financies la campaña; los debates de la televisión nacional recogen las iniciativas que van recogiendo firmas… 

Y cuando se hace una convocatoria de votación, se abren todos los colegios electorales un domingo; se le manda una carta a todo el censo electoral para que pueda votar por correo y en la carta se incluyen datos sobre quiénes plantearon la iniciativa, la posición del Parlamento al respecto, qué organizaciones suscriben el “sí” y cuáles el “no”; una papeleta con el “sí” y otra con el “no”, y un sobre con el franqueo pagado… 

Pero, ¿qué ocurre?, que el coste es altísimo, en torno a ocho euros por voto. En nuestro caso, el coste está siendo cien veces más barato… Pero estamos arrancando. A mí me gustaría que en el primer referéndum, en la primera convocatoria para la primera iniciativa hagamos la prueba de enviarle una carta a cada madrileño dándole la opción de que participe por correo postal…

Otra herramienta de participación ciudadana ha sido la convocatoria del primer Pleno Abierto del Ayuntamiento, el pasado 24 de abril, para que los ciudadanos pudieran hacer preguntas y defender personalmente sus propuestas. De las cinco elegidas entre las más votadas, dos se cayeron por incomparecencia de los autores. ¿Qué ocurrió?

Yo me enfadé mucho. Podíamos haber asumido como Ayuntamiento que alguien leyera sus propuestas. Pero la Junta de portavoces -los cuatro grupos por unanimidad- decidió que si la persona no comparecía decaía la propuesta; que es lo que ocurre cuando un concejal no comparece. 

Se podía haber hecho una aplicación menos rigurosa del reglamento y más garantista y que el secretario del Pleno hubiera leído las propuestas… Eran dos propuestas, además, en las que no iban a estar de acuerdo todos los grupos y eso siempre es interesante porque permite mantener un debate real.  (...)

En un escenario donde esa interlocución, esos plenos abiertos sean más frecuentes, entrarán asuntos más políticos como qué hacer con el alumbrado público, que no afecta solo a un grupo. En esta ocasión, lo que se vio muy claro es que había colectivos que tenían un problema y que encontraron la puerta abierta y dijeron: por fin vamos a poder hablar.

Pues para empezar no está mal…

No, no. Está muy bien.

¿Y se va a convocar cada año?

Sí, claro. (...)

Hablemos de los Presupuestos participativos. También habrá otros casos por el mundo.

Muchísimos. Lo que no es normal es lo que ocurre aquí. Lo habitual es que los plenos incluyan participación vecinal. Y aquí es en los distritos, en el turno de ruegos y preguntas -aunque no sea lo más adecuado pedir que “los vecinos te vengan a rogar”-, pero en fin… Sin duda, es complicado y necesita organización.  (...)

Hasta el 30 de junio permanecerá abierto el tiempo de votación final de las Propuestas y esas se llevarán a los presupuestos de 2017, para los que hay asignados 60 millones de euros. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una propuesta para ser seleccionada?

Que sea legal, que se pueda financiar con el capítulo de inversiones, que exige unas condiciones concretas, porque no todo cabe ahí. Por ejemplo, un plan de empleo no cabe en ese capítulo, ni una campaña institucional.

 ¿Qué cabe? Pues inversiones que pasen a ser un activo del Ayuntamiento como un desarrollo informático, un edificio, un parque, una fuente, un carril bici, instalaciones y dotaciones municipales; y además que cumpla las ordenanzas y que el Ayuntamiento pueda intervenir en el suelo sobre el que actuar.

Te he oído decir en alguna ocasión que Madrid es el ámbito más grande por número de habitantes en el que se están llevando adelante unos presupuestos participativos.

Sí, en Europa es la experiencia más grande por población. En París, en la Ville, el número de habitantes es de unos dos millones y medio. Por lo tanto, Madrid es la experiencia más amplía por población a la que se interpela para unos presupuestos participativos. (...)

En término generales, ¿puede considerarse, dada la novedad, que la participación ha sido aceptable? 

Como promedio la participación en los Presupuestos participativos puede considerarse razonable. Yo creo que sí. Pero hay que contextualizarla. Las cifras de participación en términos cuantitativos son altísimas si las comparamos con el pasado. La suma de las diez últimas consultas que ha hecho el Partido Popular en la ciudad de Madrid -en toda la década anterior- suma menos de 22.000 votos emitidos.

 Cualquiera de los cinco procesos que tenemos en marcha –en solo unos meses- ha sumado más que todo ese acumulado en diez años. Y si lo comparamos con otras ciudades de nuestro tamaño que están haciendo procesos similares, no se encuentran fácilmente ejemplos. Sí se encuentran en comunidades más pequeñas, como es el caso de Islandia, donde participó el 40% de la población en procesos similares, pero es que Islandia es como un distrito de Madrid y, además, hay que tener en cuenta que es una sociedad hiperdigitalizada. 

Nosotros estamos copiando todo lo bueno que podemos de esa experiencia. Pero si lo comparamos con casos de presupuestos participativos en España -que ha habido en muchas ciudades y pueblos-, a todos ellos les cuesta sacarlos adelante y en la mayoría no se llega a una participación del 2 %.  (...)

¿Y esto quiere decir que estamos a las puertas de una eclosión de la participación ciudadana?

Absolutamente. Creo que existe el consenso social de que no queremos votar cada cuatro años y que cada quien haga después lo que le dé la gana. De esto -desde hace años- se habla en las calles, en las plazas, en los bares. Lo que hacía falta era que las instituciones buscasen soluciones. 

¿Cómo se responde a la necesidad de democracia más profunda, de votar más cosas, de poder incidir más, de más transparencia, más participación ciudadana…? Pues esto se consigue poniendo en marcha procesos. A nosotros cada vez que tenemos un pleno, el Partido Popular se pone a hablar de Venezuela y, sin embargo, todas las políticas de participación que estamos llevando a cabo se basan en el modelo suizo o en el modelo alemán o en el estadounidense… 

Si se centran un poco, verán que lo que estamos haciendo se lleva haciendo décadas, incluso algún siglo, con unos resultados que no es que favorezcan precisamente las tesis comunistas; favorecen a las democracias asentadas. (...)

En tu agenda he visto reuniones con representantes de distintos ámbitos, de otros países y entrevista en medios extranjero. ¿Hay trasvase de experiencias?

Pues que pueda comentar, en muchas ciudades argentinas, en Guatemala, en Suiza, en París….

¿En Suiza?

Pues sí, están interesados en los presupuestos participativos. A ellos no les hacen falta porque cuando quieren poner un tranvía nuevo lo proponen junto a las firmas, se vota y ya está. El Ayuntamiento después verá cómo meterlo en los presupuestos, así la burocracia se amolda a la democracia. 

Los presupuestos participativos son un sistema más encorsetado para cumplir con la ley de presupuestos, pero por otro lado, de ellos se obtiene mucha más información a partir de las otras propuestas -más allá de las ganadoras- que tienen buena acogida, y para los representantes locales en Suiza esto es muy interesante.

Convencer a la gente de ejercer su derecho a decidir, a votar, a controlar a sus representantes, a participar de manera activa y directa en la vida municipal -que es buena parte de los cometidos de esta concejalía- entiendo que es un trabajo más ideológico, más político y por tanto más complejo de comunicar que os exige una mayor pedagogía que en otras áreas. 

Coincido con el análisis. La gente lo ve como algo lejano. Y solo empezará a cambiar la percepción cuando se produzcan resultados de los procesos en marcha como va a ocurrir en los próximos meses. Andreas Gross, que es un diputado suizo con el que hablamos mucho, que está obsesionado con la democracia directa y que viaja por todo el mundo explicando el modelo suizo, dice que hay un patrón que se da en los procesos vinculantes de democracia directa que es: lentitud en el arranque y que luego, en el momento en el que el Gobierno pierde un referéndum y lo votado por los ciudadanos se cumple, la gente se hace consciente de que tiene poder. Y eso lo cambia todo. (...)

Hablamos ahora de transparencia. Además de la aplicación de la que hablabas para recoger las agendas de los concejales, está en marcha la Ordenanza de Transparencia para la Ciudad de Madrid, ¿para qué le va a servir a la ciudadanía?

Yo diría que hay cuatro aspectos importantes. Para empezar, puedo asegurar que es la una de las ordenanzas de transparencia de todo el mundo en la que más compromisos y comunicación proactiva aparece.

 Nos comprometemos, sin que nadie lo exija, a volcar toda la información -que es brutal- que recoge todos los procesos en la toma de decisiones; desde la primera reunión, pasando por quiénes participan en esa reunión, el orden del día, la documentación que se entregue, datos sobre si se solicita información jurídica, qué informes genera…

¿Y esto cómo ayuda?

Normalmente, cuando se han producido casos de corrupción, los malos lo han conseguido serpenteando. Primero, la Intervención les ha dicho: por aquí no; la Asesoría Jurídica, que tenía que haber un concurso público… 

Ahora todos esos datos van a salir a luz -información desde los planes parciales, lo que se les paga de productividad a los funcionarios, hasta los convenios internos, la publicidad, el capítulo de información ambiental, jurídica, de participación…, que va a estar a la vista de todos todo el tiempo. Es muy ambicioso. La transparencia se lo va a poner más difícil a los malos.  (...)

Otra de las patas importantes de la ordenanza es el derecho a la información, derecho que recoge la ley de transparencia estatal, pero lo regula diciendo que hay que identificarse para ejercer ese derecho. Esto no ocurre en el resto del mundo: tú envías un correo al Ayuntamiento de Copenhague preguntando cuánto cobra el alcalde y un funcionario te responde tanto, y ya está.

 Es el derecho a la información y cuando esa información es pública se tiene que tener acceso a ella. En nuestro caso, la ley de transparencia estatal dice que hay que identificarse y las comunidades lo interpretan diciendo que hay que confirmar esa identidad y eso en la práctica exige DNI electrónico y un lector. El resultado es que el 96% de la población no lo tiene y en consecuencia el 96% de la población no puede ejercer ese derecho.

 Nosotros hemos hecho una interpretación distinta, manteniendo el procedimiento al que obliga la ley de transparencia estatal, un procedimiento paralelo en el que se piden solo los datos suficientes para poder responder. Y esto jurídicamente ha exigido mucho trabajo.

Un aspecto importante y novedoso de la próxima Ordenanza de Transparencia es el registro de ‘lobbies’. 

Otra de las patas de las que hablaba es el Registro obligatorio de lobbies. Quiere decir que cualquier grupo que venga al Ayuntamiento a hacer valer sus intereses en el desarrollo de normativa de políticas públicas tiene que registrarse, sea un colectivo, una empresa, un abogado “en representación de”, tiene que declarar “estos son mis intereses”; en definitiva, dar datos suficientes para que se pueda saber qué intereses representa.

 Eso va a estar enlazado con la información de las agendas públicas, de manera que cuando tú veas una reunión, vas a ver también quiénes han sido los participantes y el enlace al registro de lobbies para entender qué intereses representan.  (...)

Y la cuarta pata de la Ordenanza de Transparencia de la ciudad de Madrid es…

La última pata es el Régimen sancionador. Esto significa que no solo es una ordenanza que dice lo que vamos a hacer o vamos a decir, sino también que estas son las obligaciones del director general, estas del concejal, estas de la empresa adjudicataria; y estas son las sanciones que va a tener quien no cumpla. El régimen de sanciones garantiza que la ordenanza no sea una simple carta de intenciones.  (...)"         (Público, 23/05/16)

Madrid tendrá autobuses eléctricos a petición ciudadana en un pleno abierto

"De las 341 propuestas presentadas en la web de participación decide.madrid.es fueron escogidas las cinco más apoyadas, aunque solo se han podido debatir tres por la incomparecencia de dos de los proponentes: la recaudación del IBI a la Iglesia católica y la remunicipalización de los servicios de limpieza.

También se eligieron las cinco preguntas más votadas de entre las 730 planteadas y todas ellas han podido ser formuladas en este “pleno ciudadano”.

Ninguna de ellas tiene carácter vinculante, pero la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha aprovechado la ocasión para anunciar que sí asumirán una de las que ha contado con mayor consenso.

Se trata de la puesta en marcha el próximo año una línea de la EMT “cien por cien eléctrica” con carga de inducción en las cabeceras, que funcionará como experiencia piloto.

El Pleno se ha desarrollado manteniendo la rigidez que impone el reglamento, según ha explicado al inicio la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha presidido la sesión, a la que han asistido los portavoces de todos los grupos municipales.

Así, cada uno de los ciudadanos ha dispuesto de tres minutos para realizar sus preguntas o plantear sus propuestas, el mismo tiempo con el que contaban los portavoces para responder."            (República.com, 24/04/16)

Los madrileños apuestan por las iniciativas sobre movilidad en los Presupuestos Participativos

"Carriles y aparcamientos para bicicletas, más líneas de autobuses nocturnos, peatonalización o soluciones para el tráfico en determinadas zonas. Las propuestas sobre movilidad dominan la segunda fase de los Presupuestos Participativos, y se encuentran entre las que más apoyos reciben. Madrid se encuentra en mitad de esa segunda fase, que deja algunas pistas sobre  en qué proyectos pueden acabar los 60 millones de euros sobre los que deciden madrileños.

Entre las propuestas de inversión más apoyadas por el momento destacan aquellas que tienen que ver con mejorar la movilidad en la capital. La primera de la lista es la creación de una carril bici “real” por la zona central de Madrid. Hasta ahora, y como denuncia el autor de la propuesta, lo que se ha hecho es pintar el icono de una bicicleta en uno de los carriles para coches y una señal que limita la velocidad a 30 kilómetros por hora.

Esta solución es “peligrosa” y no incita a su uso por parte de los ciclistas, dice el proponente. Hay varias propuestas que tienen que ver con la movilidad en bici, sobre todo con la construcción de carriles bici en distintos puntos de la ciudad y que enlacen varias zonas. También hay quien pide más aparcamientos privados para estos vehículos.

Las propuestas sobre movilidad también afectan a la EMT. Los madrileños quieren que se aumente la flota para reducir los tiempos de espera y que se recupere el antiguo sistema de búho-metro. El Consorcio de Transportes eliminó en 2014 el servicio de autobuses que cubría el trayecto de las líneas de Metro durante la noche.

Hay también iniciativas sobre la movilidad en coche, aunque son minoritarias. Están enfocadas a pedir mejores conexiones entre algunas zonas de la capital con las carreteras de circunvalación, o reclaman soluciones para puntos negros en los que suelen formarse atascos, como el Nudo de Manoteras.

Pero no todo es movilidad en los Presupuestos Participativos. 

La segunda iniciativa que más apoyos tiene después de la construcción de más kilómetros de carril bici es la instalación de fuentes de agua potable, que durante los últimos años han ido desapareciendo de la capital. La iniciativa, que enlaza a una ya alojada en Decide Madrid, ha generado un intenso debate sobre su viabilidad.

Entre las propuestas originales con más apoyos está la de crear el primer centro “Refood” en Madrid. Su autor defiende la necesidad de poner en marcha una comunidad que trabaje para “reducir los desechos de comida y eliminar el hambre en los vecindarios”. Es una de las pocas iniciativas que lleva un dossier explicativo adjunto con una estimación de su coste: 35.000 euros.

Entre las más apoyadas hasta el momento también está la rehabilitación de los centros educativos públicos, la instalación de paneles solares en edificios municipales, un espacio para artistas urbanos o que se instaure una red wifi pública en la capital.

Los presupuestos participativos reservan una parte del dinero -36 millones de euros- para propuestas concretas en los 21 distritos de la capital. La mayoría comparten objetivos, y apuestan por más zonas verdes, mejores instalaciones deportivas o construcción de bibliotecas. Aunque entre las más votadas se cuelan en algún distrito propuestas alejadas de lo convencional.

Al igual que para el conjunto de la ciudad, los vecinos quieren para sus distritos más carriles bici y soluciones para el tráfico. Las propuestas de movilidad son más concretas en este apartado de la web, con iniciativas que piden aparcamientos disuasorios o soluciones para las zonas con más densidad de coches, además de mejores conexiones con el centro.

Aparte de estas iniciativas, las reclamaciones de zonas verdes, parques infantiles y bibliotecas son una constante, así como la construcción de nuevas instalaciones deportivas, la mejora de las existentes o el equipamiento necesario para hacer deporte al aire libre en los parques de los barrios de la capital. (...)

En Chamberí, los vecinos apoyan la construcción de una pista de hockey hierba, en Centro triunfa la reclamación de equipamiento musical para los colegios, en Retiro tiene posibilidades de salir adelante una iniciativa para instalar una estatua al movimiento scout y una parte de los vecinos de Vallecas quiere que su distrito tenga un museo de arte urbano.

Entre los autores de las propuestas los hay quienes han visto en los presupuestos participativos una ventana de oportunidad, y proponen al Ayuntamiento que mejore el tráfico y el aparcamiento en la capital invirtiendo en su aplicación móvil. La iniciativa, la más votada en el distrito de Salamanca, requiere un desembolso de más de un millón de euros. (...)"                     (Marcos Pinheiro, eldiario.es, 08/04/16)