"Se llamaba Amaia Egañana y era vecina de Barakaldo.
Se quitó la vida el 9 de noviembre de 2012, su casa llevaba un año en el
portal de ofertas inmobiliarias de La Caixa y Egaña se precipitó por la
ventana de su hogar cuando la Comisión Judicial iba a proceder a su
desahucio.
El caso de Egaña conmovió a la sociedad vasca e hizo de los
desahucios el principal tema informativo de aquellos días de noviembre.
Meses después, la vicepresidenta del Gobierno se
emocionaba ante las cámaras hablando de desahucios. El Gobierno anunció
una moratoria de los desahucios con una duración de dos años. Y aunque
la medida solo afectó a 10.000 de las 120.682 ejecuciones en el plazo
entre 2012 y 2014, el problema de la vivienda no ha vuelto a tener la
repercusión que tuvo en aquel mes de noviembre.
Ayer, 14 de junio de 2018, un hombre de 45 años se
quitaba la vida en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Se repetían
algunos hechos: el suicidio se producía cuando la Comisión Judicial y
los Mossos d'Esquadra practicaban el lanzamiento del desalojo. Como
Egaña, la víctima del desahucio se tiraba por la ventana de la vivienda
que iba a perder.
Entre el desahucio de Barakaldo y el de Cornellà se
han producido tres decenas largas de suicidios con la historia de un
desahucio como telón de fondo. Los expertos advierten de los riesgos de
buscar relación causa-efecto entre los desahucios de vivienda y los
suicidios, el primero de ellos, el tratamiento “morboso” de la
información.
Otro de los efectos, que destacaba Javier Padilla, del
Colectivo Silesia, en un artículo en Diagonal, es la capacidad de los
medios de comunicación “tienen capacidad de generar un efecto imitación
dependiendo de la manera en la que traten los casos de suicidio”.
Pese a la necesidad de enfoques
que eviten el “show”, los colectivos antidesahucios y la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca vienen reclamando que se visibilice el
componente social del problema del acceso a la vivienda y cómo la
angustia, el sentimiento de culpa y la sensación de frustración del
proyecto de vida ha conducido a varias decenas de personas bajo riesgo
de desahucio a quitarse la vida o a intentos de suicidio.
Tras el suicidio de ayer en Cornellà, la portavoz de la PAH, Lucía
Delgado, reclamó soluciones ante el ritmo de desahucios: se producen más
de 16.000 desalojos cada trimestre y aunque la tendencia ha cambiado en
los últimos años —hay más desahucios por alquileres que por impagos de hipotecas—, la PAH considera que “parece mentira que
tenga que pasar un hecho como este, tan grave, para que volvamos a
poner luz a lo que sucede cada día”.
La investigación mantiene la cautela
Hace cinco años se publicaba el primer estudio que
relacionó crisis económica y suicidios en el contexto español. Un equipo
dirigido por James López Bernal analizó las medias mensuales de
suicidios comprendidos entre 2005 y 2010 y estableció que la tasa de
suicidios había aumentado un 8% como consecuencia del impacto en España
del crash financiero global de 2008.
Así, aunque la tasa de suicidios es
menor que la media de la Unión Europea —donde hay una brecha
significativa entre países del norte y los países del sur—, los
investigadores, señalaron una controvertida línea de trabajo, que han
retomado estudios posteriores.
En 2017, un equipo de investigadoras de la
Universidad de Granada documentó el vínculo entre los procesos de
desalojo y la aparición de la sintomatología del trastorno de estrés
postraumático, ansiedad, depresión y estrés percibido. El estudio, basado en 205 entrevistas, reveló que el 88% de los desahuciados presentan ansiedad y nueve de cada diez sufren depresión.
Otros
estudio relaciona el 90% de los casos de suicidio como una consecuencia
de una enfermedad mental. Entre las más frecuentes están la depresión,
el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el alcoholismo y el trastorno de
la personalidad múltiple.
“En Europa, de 2000 a 2010 el consumo de
antidepresivos creció por encima del 80% de media, y en España el
crecimiento ha sido superior al 120%”, apuntaba la psicóloga María
Reneses, especializada en antropología médica, en un artículo
de Belén Macías Marín. Es lo que se conoce como “medicalización del
sufrimiento”, una tendencia anterior a la crisis que, no obstante, se ha
exacerbado a medida que se producían despidos y desahucios.
Posibles soluciones
Ante los episodios de aislamiento y culpa de los
desahuciados, la prescripción de los movimientos por la vivienda digna
es siempre el mismo: apoyo mutuo y vínculos sociales para volcar en la
lucha colectiva la rabia generada por las situaciones de emergencia
habitacional que son comunes a cientos de miles de personas en todo el
territorio.
Como recogió el psicólogo Guillermo Rendueles, un estudio finlandés sobre 35.000 trabajadores mostró que el predictor de riesgo-protección para superar la crisis es el llamado “capital social”, definido
como “el grado de reciprocidad y confianza en las relaciones formales e
informales entre personas, que facilita la acción colectiva en búsqueda
de beneficio mutuo”.
La médica de familia Elena Ruiz
Peralta escribió en 2014 una ponencia titulada Desahuciar, Desalojar,
Ejecutar. Cuando la política callejera se convierte en medicina que
pretendía responder a una pregunta: “Por qué, si es un problema
sociopolítico lo que hace a esta persona sufrir, termina tratándose en
consulta?”.
Ruiz Peralta destacó entonces que la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca objeto de su estudio, la de Córdoba, trabajaba en un
“desmontaje del estigma del deudor” origen de muchos de los síntomas de
enfermedad mental en las personas en proceso de desahucio.
“El
grupo proporciona una atención y cuidado colectivos que desmedicalizan,
desestigmatizan a las personas afectadas. Se trata de una apuesta por
otros modos de expresión, comprensión y atención a los desahucios,
diferentes a los de la enfermedad, el aislamiento y la asistencia
médico-psicológica”, explicó Ruiz Peralta a Belén Macías en 2014.
No fue hasta marzo de 2018 cuando la Mesa de
Emergència Social de la Generalitat conoció el caso del hombre que se
suicidó ayer en Cornellà.
Pero el principio del fin tuvo lugar en
noviembre, cuando el Banco Popular —que en ese momento estaba siendo
intervenido por el Estado— reclamó el desahucio de la vivienda.
Posteriormente, el edificio fue adquirido por el fondo oportunista
Blackstone, propietario del inmueble en el momento del desahucio. Desde
entonces, pasaron meses hasta el desenlace. El Ayuntamiento de Cornellà
estudia actuaciones contra el Popular.
La PAH de la ciudad del Llobregat
culpa al banco ya que tras pedirle unos alquileres que no podía pagar,
exigió hasta tres veces su desahucio. En declaraciones a El Periódico de
Catalunya, un portavoz de la PAH afirmaba ayer que si la familia
hubiese acudido a las asambleas del movimiento, se podría haber evitado
el trágico final." (Pablo Elorduy, El Salto, 15/06/18)
