Los únicos que obtienen beneficios son quienes están entre el productor y el consumidor: las multinacionales y la agroindustria... La estrategia 'De la granja a la mesa' desactiva los tratados de libre comercio, por eso los agricultores neoliberales y conservadores están en su contra... la Ley de la Cadena Alimentaria del Estado español debe plantearse en el marco europeo: con legislaciones que planteen que no se puede vender a pérdidas, venga el producto de donde venga... y la UE tiene prohibido la utilización de hormonas para la producción de leche de vaca, antibióticos para el engorde del ganado e, históricamente, ha planteado que toda la leche y carne que entre de fuera cumpla esos parámetros que se exigen a los productores europeos. Pero esa ley no planteaba reciprocidad. Y debe reconocerla

"En Bizkaia no hay latifundistas ni señoritos. Hay una orografía llena de montes y valles que dejan poco espacio para bancales, huertas y fondos inversión. La tierra heredada es muchas veces una losa que hernia la espalda y, desde los municipios, aún no se ha perdido del todo el cordón umbilical que une la mesa con el campo: los mercados agrícolas son sagrados, excepto para los inspectores de la Seguridad Social.

Los sindicatos agrarios de Bizkaia, EHNE y ENBA, realizarán mañana una movilización conjunta bajo tres ejes unitarios: el cese inmediato de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, la necesidad de que los precios de los alimentos incluyan los costes de producción y la simplificación de la burocracia. Tres columnas de tractores llegarán a Bilbao desde Karrantza-Margen Izquierda, Busturialdea-Mungia-Txorierri y Durangaldea-Lea Artibai para desfilar a primera hora por la Gran Vía, hasta llegar a las 11h al Arenal. Allí celebrarán un mercado con cuartos de cordero a 20 euros, para protestar contra el acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda. Piden una moratoria para que el cordero de la otra punta del planeta no eche por el suelo los precios de este animal, para que se respete la producción local y para no contaminar el mundo. Unzalu Salterain es el coordinador de EHNE Bizkaia, su objetivo es la agroecología y la soberanía alimentaria.

En el Eroski, y también en la verdulería de mi calle, las manzanas rojas son de Chile, y no lo soporto. Para comprar unas que venga de Larrabetzu o Derio tengo que ir al mercado, específicamente a los puestos de los baserritarras. Uno de vuestros ejes son los acuerdos de libre comercio. ¿Por qué?

Pedimos una moratoria en todos los acuerdos de libre comercio que se están firmando. No es aceptable que se firmen sin analizar sus impactos en la producción local. Estamos hablando de, por ejemplo, la ratificación del nuevo acuerdo con Nueva Zelanda, que permitirá la importación de cordero y leche.

¿Importaremos leche de Nueva Zelanda, después de habernos cargado la ganadería de vacas lecheras tirando por el suelo el precio del litro durante los últimos 20 años? 

Europa importará leche de Nueva Zelanda y exportará otro tipo de productos, que no tienen por qué ser alimentarios. Esta lógica carece de sentido. Los alimentos viajan de punta a punta del mundo, haciendo dumping y destruyendo la economía de la zona y, lo más grave, tienen un gran impacto en la crisis climática.

Como las manzanas que detesto.

Los sistemas globales no funcionan: agotan al planeta y al sector, y lo que no se dice es que la consumidora acaba pagando muchísimo por los productos. Hay que relocalizar los sistemas alimentarios y la Unión Europea lo plantea en la estrategia conocida como 'De la granja a la mesa' y la Agenda 30.

¿De qué hablamos cuando hablamos de libre comercio y de la PAC?

La PAC ha estado dirigida durante muchos años por la Organización Mundial del Comercio. La OMC aún tiene muchos tentáculos en la PAC, pero la estrategia 'De la granja a la mesa' es contraria a los tratados de libre comercio. Eso plantea dos debates: hay una parte de la izquierda que ha dicho que 'De la granja a la mesa' no es aceptable. Nosotros hemos dicho: vamos a fijarnos en qué ingredientes incluye y qué nos aportan en la producción alimentaria de Euskal Herria. Entendemos que el impacto será bestialmente positivo, que plantea virar hacia la agroecología, porque exige una disminución del uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos, algo que cambia absolutamente el modelo, pasando de uno industrial a otro con menos inputs. Además, dibuja un horizonte a 10 años en el que el 25% del territorio debe ser de producción ecológica. Consideramos que todo eso es suficiente, ya que podemos iniciar una transición muy profunda. La estrategia 'De la granja a la mesa' desactiva los tratados de libre comercio, por eso los agricultores neoliberales y conservadores están en su contra.

¿Hay algún pero?

Estados Unidos lo tiene clarísimo: con estas exigencias no podrá exportar a Europa carne hormonada, por eso trata de liderar el mercado de la carne sintética, donde también se han metido de lleno los fondos de inversión. Desde EHNE entendemos que 'De la granja a la mesa' no es perfecto, pero los procesos perfectos no existen y tienen contradicciones en cada etapa. Lo que debemos medir es si 'De la granja a la mesa' nos acerca a nuestro objetivo de la agroecología. Por ello desde EHNE decimos que estamos de acuerdo con estas estrategias, pero los mecanismos que la UE pone en marcha para hacer la transición no funcionan, también por la burocracia que implican.

En todas las protestas del campo se reclama “menos burocratización”. ¿Puedes explicar qué es el cuaderno digital de explotación?

Es el registro digital de toda actividad. Es un proceso que se suma a toda la burocracia que ya tienes que hacer, en un sector bastante envejecido y con una brecha digital evidente, por lo que el cuaderno genera rechazo y no es eficaz. Parece que la UE está dispuesta a revisarlo.

Burocracia para los agricultores y libre mercado para las empresas.

Sí, otra cuestión básica de los acuerdos de libre mercado es que la regulación del mercado es absolutamente liberal, con grandes multinacionales y fondos de inversión que están invirtiendo en alimentación, creando procesos de especulación. El cereal para los ganaderos, por ejemplo, está por las nubes porque desde la bolsa de Chicago está desorbitando los precios. Tiene que haber mecanismos de control para el mercado. Esas subidas a las que estamos asistiendo son absolutamente especulativas y repercuten en el precio de los alimentos que paga el consumidor. Y no olvidemos que la inflación de ahora es fruto, en gran medida, de la especulación.

Pasemos al tercer eje de vuestra tabla reivindicativa: los precios. Pedro Sánchez dijo ayer en el Congreso que se compromete a “fortalecer” la Ley de la Cadena Alimentaria. Los observatorios dependen de las comunidades autónomas. ¿Tenemos observatorio en la CAV?

Sí, lo tenemos. Pero además de observar, los observatorios tienen que hacer algo y los gobiernos deben poner mecanismos para que actúen de oficio frente a las infracciones, no solo cuando hay denuncia. Y esta misma lógica de la Ley de la Cadena Alimentaria del Estado español debe plantearse en el marco europeo: con legislaciones que planteen que no se puede vender a pérdidas, venga el producto de donde venga. Esto también es regular el mercado. Y, sin embargo, en estos últimos 30 años de política agraria del mercado libre, aunque hayan puesto ayudas, ha fracasado, tanto para el productor como para el consumidor. Ya que no hay alimentación barata para el consumidor. Los únicos que obtienen beneficios son quienes están entre el productor y el consumidor: las multinacionales y la agroindustria.

Sin embargo, indicas que aprecias un cambio en la UE.

Hay que resaltar que la Vía Campesina de Europa, en la Comisión Europea, está abriendo canales de interlocución para abordar estos temas y esto es muy importante. No vamos a ver cambios en dos días, pero es importante que el proceso empiece.

Recientemente, ha saltado a la prensa que inspectores de la Seguridad Social se han pasado por los mercados vascos y han aplicado, como mínimo, una docena de sanciones a baserritarras jubilados que venden lo que cultivan en casa.

Nos parece absolutamente inaceptable que se aplique de oficio y con miles de euros de multa, cuando hasta ahora hemos interpretado que la actividad era legal, siempre y cuando los ingresos no superaran el SMI. Nos parece absolutamente alucinante que la Seguridad Social vaya a por personas jubiladas seguramente con pensiones inferiores a 700 euros al mes, cuando vemos que en los consejos de administración de las grandes empresas hay jubilados cobrando miles y miles de euros cada mes.

La instrumentalización de la extrema derecha de las protestas en el campo, ¿qué?

Es clara: las movilizaciones del 6 de febrero están instrumentalizadas y, en parte, organizadas por la derecha. No solo por partidos políticos, sino por lobis de la agroindustria y de las empresas fitosanitarias, que son los que están abanderando las peticiones de la disminución del uso de plaguicidas, colocándose contra la estrategia ‘De la granja a la mesa’. Estos ‘promotores’ están haciendo una utilización indebida del sector agrario, beneficiando a la gran industria, porque detrás de todo está esa gente. Y el rechazo que han planteado a los sindicatos agrarios es claro. ¿Y por qué? Porque la interlocución con el Gobierno debe ser con nosotros, por ley es así. De ahí que traten de instrumentalizar las protestas.

En Bizkaia no la ha habido.

Hemos conseguido que no ocurra y los dos sindicatos agrarios que tenemos representación hemos acordado tres ejes de acción y una salida unitaria. En el proceso no ha habido intereses corporativistas, como los hay en otras provincias y comunidades autónomas. A la calle está saliendo mucha gente con elementos en común, como la falta de precios, pero no debemos olvidar que los intereses son distintos. No hay más que mirar a Francia: hay gente con muchas hectáreas, como el presidente del sindicato agrario mayoritario en Francia, FNSA, una persona muy conocida e inversor en bolsa. Está metido en el meollo de la especulación. En el Estado hemos salido todos a la calle, sí, pero no todos reivindicamos lo mismo.

En mi opinión, esta instrumentalización trata de opacar la línea divisoria entre señoritos y labradores, al menos en el Estado español.

Efectivamente. Están intentando meter a todo el mundo en el mismo saco: terratenientes legitimándose y utilizando a gente que vive de lo que produce, sin tener en cuenta que los grandes productores son los grandes explotadores de los temporeros inmigrantes, como en Peralta de Nafarroa. Nosotros, aquí en Bizkaia, siempre estaremos más con los temporeros que con los terratenientes.

Von der Leyen retiró el martes su proyecto para reducir los pesticidas en la UE para, supuestamente, contentar las protestas del campo. ¿Estás más contento?

Ha retirado un proyecto de ley, pero no ha especificado del todo. Da a entender que retira la obligatoriedad por ley de bajar los pesticidas. Si es así, es el camino equivocado. Es necesario articular y rebajar el uso de pesticidas, fitosanitarios y fertilizantes para 2030 un 50%. Todo lo que no sea eso, es mala noticia para nosotros. Ahora bien, el proyecto de ley no era muy de agrado incluso para una organización como la nuestra.

¿Por qué?

La UE tiene prohibido la utilización de hormonas para la producción de leche de vaca, antibióticos para el engorde del ganado e, históricamente, ha planteado que toda la leche y carne que entre de fuera cumpla esos parámetros que se exigen a los productores europeos. Pero esa ley no planteaba reciprocidad. Y debe reconocerla.

Volviendo al tema de las manzanas rojas y perfectas de mi calle, una vez hablé con un trabajador de los que hacen tratos comerciales para las distribuidoras. Decía, con razón, que como consumidores queremos manzanas rojas, perfectas y de tamaño uniforme. ¿Cuánta pedagogía necesitamos las consumidoras?

Muchísimos años. Para que las consumidoras quieran manzanas rojas brillantes iguales, la industria ha pasado décadas acostumbrando a la gente para que desee eso. Ahora ni siquiera se conoce a la manzana de Errezil y otras variedades autóctonas. Esas son las verdaderamente buenas, las que aguantan meses. Pero no se trata de ridiculizar a la consumidora, sino de sensibilizar, de explciar mucho y bien.

En tu comarca existe un movimiento fantástico que impulsa el producto de km 0 en los comedores escolares, esos sitios que desmanteló el Gobierno vasco para instaurar el menú de cátering.

Efectivamente. Los centros de enseñanza son clave. Debemos recuperar la conexión entre la producción y la urbe. Y esa conexión se hace a través de la alimentación. Cuando eso se rompe, aparecen las grietas que tenemos. La compra pública de alimentos no vamos a cambiar de noche a la mañana, pero si en 5 años ponemos como objetivo que el 40% se producto local y dentro de 7, el 60%, eso tendrá un efecto tractor en la parte productora, que demandaría más producción local y daría más seguridad a los que quieran instalarse. Y así debe ser, porque este planeta no aguanta este ritmo y desde la alimentación podemos contribuir a pararlo.

Una de mis iniciativas municipales preferidas, bien sea en Mallabia, Zarautz o Bilbao, son las huertas municipales. En las últimas elecciones municipales te presentaste por EH Bildu en tu pueblo, Abadiño, donde ahora eres concejal. ¿Qué ha pasado con las huertas?

Estaban al lado del río y había riesgo de que el agua se llevara la tierra. Ha habido que hacer limpieza y asegurar taludes. Cuando se termine la acometida, las huertas volverán y se ampliarán. Para nosotros el cultivo de la tierra es clave. El otro día llevé a mi hijo al instituto de Rekalde, en Bilbao, a jugar un partido de deporte escolar, y vi cómo habían instalado jardineras por todos los lados y los chavales cultivaban productos hortícolas. Esa pequeña pedagogía me parece muy importante. Están rodeados de asfalto, pero ahí tienen sus jardineras. Me alegró ver que el mensaje con el que tanto tiempo llevamos insistiendo esté calando. Los chavales que cultivan lechugas y que comen en el comedor son los consumidores de mañana."                (Gessamí Forner , El Salto, 08/02/24)

«Mientras no se garantice la renta de los agricultores vía precios hay un problema grave»... La cesta de la compra cada vez cuesta más y los agricultores cada vez ganan menos. Las cuentas no salen. El dinero se queda en el camino. Ahí está el problema. La agroindustria, la agricultura y ganadería intensiva, las macrogranjas, la mecanización a gran escala, los tratados de libre comercio y los acuerdos geopolíticos están acabando con el medio de vida de las y los agricultores. Los fondos buitres y las grandes fortunas especulan con los alimentos, van comprando las mejores tierras, las explotan, ponen regadío en tierras de secano y cuando agotan los acuíferos se van a esquilmar otros terrenos en los que tampoco viven. Es el neoliberalismo en estado puro... Es una lucha de clase: de un lado los agricultores, de otro las grandes corporaciones, los fondos de inversión y las grandes fortunas... Están enfrentando a los agricultores que se dedican a producir alimentos contra quienes se dedican a especular con ellos a escala mundial. Esta es la cuestión de fondo (Andoni García, COAG)

"La ciudad se divorció del campo hace mucho tiempo, los agricultores y agricultoras desaparecieron del imaginario urbano y sólo se acuerdan de ellos cuando organizados y movilizados cortan las carreteras y paralizan las calles de las grandes urbes para hacerse oír. Empezaron a hacerlo en Alemania el 15 de enero con una gran manifestación. Les siguió Francia y Bélgica. La oleada de protestas se ha ido extendiendo por toda Europa. En España comenzó el 6 de febrero. Y todos se unieron en Bruselas. Las reivindicaciones se adaptan a la coyuntura de cada país, pero el problema es común y la demanda se repite en todos los idiomas: proteger la agricultura europea, la de los pequeños y medianos agricultores. Hoy, por ejemplo, en Alemania dos tercios de la tierra están en manos de grandes explotaciones. Una tendencia de los últimos años que se replica globalmente. La uberización ha llegado al campo.

El pan, la leche y los garbanzos ya no vienen de la tierra sino de los lineales del supermercado, envasados y etiquetados. Muchos llegan de otros continentes. La cesta de la compra cada vez cuesta más y los agricultores cada vez ganan menos. Las cuentas no salen. El dinero se queda en el camino. Ahí está el problema.

La agroindustria, la agricultura y ganadería intensiva, las macrogranjas, la mecanización a gran escala, los tratados de libre comercio y los acuerdos geopolíticos están acabando con el medio de vida de las y los agricultores. Los fondos buitres y las grandes fortunas especulan con los alimentos, van comprando las mejores tierras, las explotan, ponen regadío en tierras de secano y cuando agotan los acuíferos se van a esquilmar otros terrenos en los que tampoco viven. Es el neoliberalismo en estado puro: sacar el máximo beneficio en el mínimo tiempo y a costa de quien sea. Se avanza peligrosamente hacia una agricultura sin agricultores.

En ese contexto, a los agricultores les piden que produzcan más y más barato para poder competir con los precios de los alimentos que llegan de países donde no se respetan los derechos laborales y se utilizan pesticidas prohibidos en el país de destino. Esos productos se venden más baratos y hunden los precios. Es así como se sustituye la producción local por otra que juega a la competencia desleal. En estas circunstancias muchas veces los pequeños y medianos agricultores y agricultoras acaban vendiendo por debajo de coste. Los tratados de libre comercio engordan con la globalización y socavan la renta de los agricultores. Pero hay que tener cuidado de dónde poner el foco: el enfrentamiento no es entre agricultores de uno y otro continente. Es una lucha de clase: de un lado los agricultores, de otro las grandes corporaciones, los fondos de inversión y las grandes fortunas. Muchos problemas a los que además se añaden todas las consecuencias provocadas por el cambio climático que se traducen en la pérdida de cosechas provocadas por la sequía, las plagas y los incendios cada vez más agresivo. El resultado es que no hay relevo generacional. En 10 años el 60 % de los agricultores y agricultoras se habrá jubilado. La España vaciada es esto. Por eso, las y los agricultores demanda regulación y ayudas para seguir existiendo. Hay que cambiar el modelo. Eso son decisiones políticas que competen a los gobiernos y administraciones, pero los consumidores también contribuyen cuando se informan y se responsabilizan de lo que compran

Hay una agricultura a dos niveles: las grandes explotaciones, que producen excelentes beneficios económicos y que cuentan con un gran capital y las pequeñas explotaciones familiares que sufren miedos existenciales y ansiedad económica. Y esos dos modelos de la agricultura se reflejan en dos perfiles diferentes de convocantes: el de las pequeñas explotaciones que luchan por sobrevivir y el de las grandes empresas, desde una posición más confortable. Unas movilizaciones las convocan las organizaciones agrarias y buscan la negociación; otras responden a otros intereses y trabajan el enfrentamiento frontal y transversal.

Andoni García responsable de organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), y miembro del Comité Coordinador de La Vía Campesina Europa, nos acerca a los problemas del campo y nos explica las reivindicaciones que traen al Ministerio de Agricultura. La agricultura necesita un cambio estructural, un cambio de modelo que deje da favorecer a la agroindustria para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones.

ANDONI GARCÍA: ¿Cómo valoráis estos casi dos meses de movilizaciones?

GEMA DELGADO: La valoración que hemos realizado en unidad de acción las tres organizaciones agrarias, en este caso COAG, ASAJA y UPA, es positiva porque ha habido una respuesta muy importante por parte de los agricultores y de las bases. Se han hecho movilizaciones bastante importantes en muchos territorios y la de Madrid del 26 de febrero fue una movilización muy fuerte en número de agricultores; también sirvió para distinguir entre las movilizaciones de personas y las de los tractores.

A.G.: ¿En qué se diferencian unas y otras movilizaciones?

G.D.: Las movilizaciones de las tres organizaciones agrarias han tenido unas reivindicaciones muy claras que reflejaban lo que respondían los agricultores de a pie o que conducían los tractores, al mismo tiempo que se abrieron las negociaciones con el Ministerio desde el principio. Por otra parte ha habido otras movilizaciones con otros intereses y una radicalización que rechazamos profundamente, como los intentos de entrar en el Parlamento de Navarra y en el de Aragón y los insultos que se hacían. Eso no tiene nada que ver con las movilizaciones unitarias que han hecho los tres organizaciones agrarias. Nosotros hemos ido respetando y buscando a la ciudadanía como un elemento clave.

En toda la trayectoria, desde el primer momento, además de tener una parte reivindicativa muy importante, se ha estado tratando con el Ministerio de Agricultura de forma constante; no sólo con el ministro, también en mesas de trabajo, y ha habido posibilidades de profundizar en los temas. Otra cuestión es dónde están los límites que plantea el gobierno en torno a algunas reivindicaciones como son los Tratados de Libre Comercio y en concreto Mercosur. Ahí directamente el gobierno no entra; el Ministerio de Agricultura y el gobierno mantienen una posición favorable a los acuerdos de Libre Comercio. En este punto, que es un elemento importante para nosotros, no hay cambio de opinión. Desde hace muchos años estamos viviendo una política agraria adaptada totalmente a la globalización: los tratados de libre comercio, la desregulación de los mercados, las importaciones de choque, la sustitución de las mujeres y hombres que producen alimentos para priorizar el negocio. Estás enfrentando algo absolutamente imposible: alguien que produce alimentos sobre alguien que está especulando con ellos a escala mundial. Esta es la cuestión de fondo.

COAG como parte de Vía Campesina tienen el mismo análisis: los agricultores en Europa, y también a nivel mundial, sufren el mismo problema, que es cómo la globalización impulsa a reducir los precios en todas las partes del mundo generando una competencia donde las reglas las fijan las grandes empresas del agro negocio y no se puede competir y donde continuamente se sustituyen los pequeños y medianos agricultores por otro tipo de modelo de agricultura.

A.G.: ¿Os estáis coordinando a nivel europeo?

G.D.: Sí, desde el principio. Cuando comenzaron las movilizaciones en Alemania y, posteriormente, en Francia, en Bélgica y aquí, hubo una coordinación a través de La Coordinadora Europea Vía Campesina Europa (ECVC) apoyando las movilizaciones y siendo parte convocante en Bruselas frente a las instituciones. No todo lo que se movía era igual. En Alemania, en Francia, en Bélgica y aquí no se ha movilizado la misma gente.

En esas reivindicaciones, y desde el primer momento, ECVC planteó el rechazo a los acuerdos de libre comercio, el impacto interno que provocan y cómo hunden los precios. También se reclama la modificación de la directiva marco sobre prácticas desleales y que aquí se ha desarrollado en la Ley de la Cadena que contiene un elemento muy importante y que es que los precios cubran los costes de producción y la prohibición de la venta a pérdidas. E igualmente se plantea la renovación generacional y la flexibilización de la PAC.

Son los 4 ó 5 elementos muy importantes que se trabajan a nivel europeo y que están incluidos en las reivindicaciones y las movilizaciones de COAG, ASAJA Y UPA.

A.G.: ¿Qué pasa con la Política Agraria Común (PAC)?

G.D.: Este ha sido el primer año de aplicación de la nueva PAC y se ha visto no sólo la complejidad sino también lo absurdo en algunos casos de la adaptación en el territorio de la normativa que llega desde Bruselas. Ya no es que se esté en contra del medioambiente, que es falso, sino que directamente hay normativas que no puedes cumplir porque no están adaptados al territorio. Hay muchos elementos técnicos que acaban siendo políticos y que al adaptarlos al territorio son una auténtica locura.

A.G.: ¿Puedes darnos algún ejemplo?

G.D.: Cuando te exigen dejar 5 metros libres de tu parcela en los cauces de los ríos, por ejemplo. El primer problema es que esos cauces no están definidos. Y luego, si eres un pequeño agricultor pierdes mucho espacio de tu terreno. No está adaptado si se trata de un cauce grande o de un cauce pequeño; si afecta a una parcela grande o a una parcela pequeña. Y esto perjudica también a la producción ecológica que debiera estar exenta de las exigencias y que generalmente se realiza en pequeñas parcelas.

Cuando se trazan las directivas desde Bruselas se ve el territorio desde arriba y no se dan cuenta que cuando hay que bajar a cada finca y a cada agricultor o agricultora no hay forma de entenderlo. Puede cumplirlo quien tiene capacidad financiera para hacerlo: grandes empresas, grandes extensiones, etc. Son técnicas agronómicas, pero hay una política por detrás que es no querer definir qué modelo de agricultura apoyar, y no hacerlo significa apostar por modelos de agricultura a gran escala. Y esa es la apuesta de fondo de la Unión Europea que luego se sigue tanto en el territorio español como en las comunidades autónomas.

A.G.: Habláis de la uberización del campo. ¿Qué significa?

G.D.: La industrialización de la agricultura. No es nuevo, ya lleva años. Llevado al comercio se podría entender lo que sucede con un pequeño comercio que se sustituye por cadenas y se franquician cuando llegan las transnacionales. Por una parte, con la industrialización de la agricultura se pierden los agricultores a favor de la gran escala. Ahora se ve de forma muy transparente cómo están entrando fondos de inversión y grandes fortunas acaparando tierra, producción y agua. Están comprando los mejores terrenos. Pero si hablamos de futuro, que es una de los puntos de las reivindicaciones de ECVC y de las tres organizaciones agrarias, tenemos que hablar de la protección de la tierra para facilitar la incorporación de los jóvenes al campo; hay que hacer políticas para el traspaso de la tierra a los jóvenes y favorecer el relevo generacional.

A.G.: Si en los próximos 10 años se va a jubilar el 60 % de los agricultores, ¿qué va a pasar con el campo?

G.D.: Ese es un gran problema. La agricultura es uno de los principales motores de la vida en el campo, pero si no hay una política estratégica de incorporar nuevas personas a la agricultura, qué va a pasar con esos pueblos. Y a su futuro va unido el del pequeño comercio y el autónomo en las zonas rurales. Hablamos de abandono, de reto demográfico pero no se toman medidas para abordarlo.

A.G.: ¿Qué medidas harían falta?

G.D.: Por una parte se necesitaría parar los acuerdos de libre comercio y, por lo tanto, cuestionar esa política de abrir y abrir acuerdos de libre comercio. Y, por otra parte, ver qué pasa con la OMC (Organización Mundial del Comercio). Si tu apuestas por que la alimentación en Europa esté basada en el comercio mundial, estamos hablando de otro modelo de alimentación y de otro modelo de agricultura. O se reconsidera eso o la seguridad y la soberanía alimentaria queda en entredicho. Lo vimos con el COVID y lo vemos con las guerras. La UE está reconociendo que hay problemas y que hay que abordarlos. En la política agraria y en la política alimentaria se han dado muchas mesas de trabajo y hay muchas reflexiones sobre la necesidad que hay de preservar la alimentación en Europa por parte de los y las agricultoras . Pero luego las políticas, al concretarlas, no llevan a ese nivel o hacen lo contrario.

A.G.: También demandan la regulación de los mercados, ¿Cómo afectaría?

G.D.: No se trata de cuestionar el comercio internacional pero hablamos de complementariedad; ese comercio tiene que estar basado en reglas de la soberanía alimentaria. Se necesita una política agraria con instrumentos de regulación de los mercados para que los precios cubran los costes y que las ayudas sean complementarias para hechos específicos. Mientras no se garantice la renta de los agricultores vía precios hay un problema grave.

La renta agraria a nivel europeo es un 50 % de la renta media de la población. En los últimos diez años en Europa se han perdido 5 millones de pequeñas y medianas explotaciones. Hay que abordar todo esto.

Por otra parte también se plantean la directiva sobre la tierra, la directiva marco sobre prácticas desleales para que también se actúe sobre los precios. Reivindicamos que la ley de la cadena sea mucho más efectiva y hay que reforzar instrumentos para que así sea: más inspecciones, pero además también estudios de la cadena de valor que deben hacerse por parte del Ministerio y las comunidades autónomas para que sirvan de referente. Ya sabemos que no se puede hacer una fijación de precios pero sí tener elementos más referenciales. Por otra parte hay que hacer un control sobre esas importaciones que están entrando, su precio y su cantidad; y un observatorio para que se vean los impactos internos y se adopten las medidas oportunas, cosa que no se está haciendo.

A.G.: Uno de los lema de las movilizaciones ha sido: “El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento”. ¿Creéis que desde las ciudades y las administraciones hay un desconocimiento del mundo rural y agrícola?

G.D.: Sí. Inmenso. De hecho, desde COAG hemos planteado, y ha sido apoyado además por el Ministerio de Asuntos Sociales, que en educación, desde las primeras edades, haya una asignatura sobre la alimentación porque vemos un desconocimiento enorme sobre la producción de los alimentos y el trabajo que se hace en el campo. Y pasa también con las normativas, que tienen poco que ver con la realidad.

Hace falta mucha más información, un fortalecimiento de esas relaciones entre lo rural y lo urbano; y hace falta que lo urbano integre a lo rural como propio de una cultura más amplia no como algo ajeno al cual hay que enseñar. Y no es así. En la ciudad quieren decirle al campo lo que tiene que hacer desde una perspectiva urbana. En muchos casos se puede hacer con buena intención, pero la voz de los agricultores será la voz de los agricultores, y esa no se sustituye. O se abraza, se entiende y se asimila como parte propia de una sociedad o de lo contrario la puedes rechazar. Y eso es peligroso, más ahora cuando la extrema derecha está intentando aprovechar el descontento de las y los agricultores y dar una visión de que todo el sector agrario es suyo. Y esto hace mucho daño, además de no ser real.

A.G.: ¿Cuál es la relación entre el movimiento ecologista y los agricultores?

G.D.: Hay que hablar de varios elementos. Por una parte el mayor interesado en que la tierra produzca en buenas condiciones es el agricultor. Igual que con los animales. Eso está claro. Por otra parte está la presión que se recibe del comercio cuando a ti te exigen producir más barato, y a ver cómo compites en una situación desigual.

El mundo ecologista ha sentido que se ha empoderado en la política. Pero el mundo ecologista es diverso. Hay una política medioambiental que se ha olvidado de lo social porque es una política medioambiental en un sistema neoliberal. Parece que hay un ecologismo que entiende que la mejor manera de cuidar la naturaleza es sin agricultores. Pero al final son las grandes empresas las que van a gestionar ese territorio sin personas. No se si el turismo es más medioambiental frente a agricultores y ganaderos cuidando la tierra.

Pero hay otro ecologismo que entiende muy bien que la naturaleza, la agricultura y la ganadería forman parte del cuidado del medioambiente. Para nosotros no hay un medioambiente que no integre lo social y ese es el ecologismo que nos está apoyando.

A.G.: Potenciar la soberanía alimentaría, el comercio directo, los circuitos cortos es una demanda generalizada, pero ¿es suficiente?

G.D.: La clave de todo está por supuesto en la relación con el conjunto de la ciudadanía y de los consumidores. Cuanto más directa sea mucho mejor. Hablamos de venta directa, de circuitos cortos, de compra pública de alimentos, pero la realidad es que no hay venta pública ni se ha potenciado la venta directa ni los circuitos cortos. Y luego, si estás en Castilla y produces cereales, a ver qué haces con ellos.

Y si también hablamos del derecho a una alimentación sana para toda la población, hay que ver cómo se realiza. Esa producción no va a responder únicamente a la venta directa. Y para eso hacen falta más agricultores. La clave no está en «menos personas haciendo más, sino en más personas produciendo alimentos”.

A.G.: ¿Hace falta intervenir?

G.D.: Absolutamente. Sin regulación de los mercados no se va a poder hacer. Si regularizas el mercado ya estás ayudando. Otra forma es a través de apoyos públicos y económicos para incorporar nuevas personas a la agricultura, y para ayudar a zonas con mayores dificultades. Para abordar el abandono igual hay que hablar de un apoyo especial para garantizar que haya vida en el medio rural; de la misma forma en que se apoya al pequeño comercio o a otros sectores.

A.G.: ¿Qué hacemos con el agua?

G.D.: Hay que saber que el agua significa riqueza a la hora de producir alimentos y que siempre ha habido regadío. Otra cosa es que se estén realizando grandes inversiones para poner regadío en terrenos de secano. Una cosa es la agroindustria y otra el agricultor. Por eso no se puede estigmatizar ni condenar al agricultor que siempre ha tenido agua. Es un debate difícil y profundo

A.G.: ¿Qué podemos hacer como ciudadanos y consumidores?

G.D.: Mucho. Es absolutamente vital. A la hora de comprar hay que identificar muy bien lo que se compra y ser exigentes con ese productos. Y ser muy conscientes de que es lo que está en juego en la alimentación, que es también el poder sobre la tierra y sobre los recursos naturales.

A.G.: La ultraderecha, aquí y en otros países, quiere capitalizar el descontento de los agricultores. ¿Es el campo es un feudo de Vox?

G.D.: No. Mayoritariamente el campo no está ahí. Otra cosa es que la extrema derecha quiera dar esa visión, y que sea muy fácil comprarlo. No ayuda nada alguna de la imágenes que se han dado, pero a lo mejor es eso lo que buscaban. En cualquier caso el campo probablemente está reflejando una sociedad que también está evolucionando y que es muy compleja."                    (Gema Delgado, Mundo Obrero, 21/04/24)

Por qué la movilización de los agricultores va a perdurar... porque es existencial, no es que sientan que su futuro está en juego, sino su mismo presente. En los agricultores confluyen una serie de presiones estructurales, como el aumento de precio de las materias primas y de los seguros, una regulación más exigente impulsada desde las distintas administraciones, las disfunciones en la cadena de mercado o la llegada de productos baratos de otros países obtenidos en regímenes de competencia desleal... Sus problemas no son tan difíciles de entender. Son una cuestión de margen... es el mal funcionamiento del mercado lo que está provocando su declive... El sistema económico y comercial de las últimas décadas se forjó desde un enfoque orientado hacia el consumidor que la UE quiso liderar. La producción se repartió internacionalmente, de modo que la fabricación se asignó a aquellos lugares que aseguraban menores costes. La consecuencia obvia fue la pérdida de industria y de los empleos ligados a ella, pero a cambio los consumidores occidentales gozarían de precios más bajos. Lo que perdían por un lado lo ganaban por otro. La agricultura y la ganadería fueron dos de esos sectores dañados (Esteban Hernández)

 "Me educaron para tener una buena opinión de los europeos y hablar francés era el culmen de lo que significaba ser civilizado. Mi educación política ha consistido en constatar que el estadounidense más tonto tiene más sentido común que el 95% de los burócratas de Bruselas". Quien realiza esta atrevida afirmación se llama Matt Stoller y es director de investigación del think tank American Economic Liberties Project, con sede en Washington. Es de esas afirmaciones gruesas que bien podrían proferirse también respecto de los burócratas de Washington, pero en este caso es probable que tenga razón. Stoller se refería a cómo la UE no es capaz de jugar el juego del poder en términos económicos. Las manifestaciones de los agricultores están muy relacionadas con esta falta de perspectiva europea.

Las movilizaciones, que han tenido y tienen lugar en distintos países europeos, son muy significativas porque plantean problemas de calado. Aunque contengan reivindicaciones sectoriales, expresan dilemas latentes que son comunes a diferentes ámbitos de la actividad económica continental.

En España, los agricultores hablan de “situación límite”, y ello a pesar de que las reuniones con el ministerio van por buen camino y “se están dando pasos adelante”, según aseguran fuentes del sector. Se ha avanzado en el refuerzo de la ley de cadena, en la prórroga de la entrada en vigor del carnet digital y en ciertos elementos de la PAC, y además se está trabajando en medidas de fiscalidad, seguridad social y en seguros. En este último ámbito, la acción es importante, porque el sistema funcionaba razonablemente bien, pero las condiciones, también por los cambios en el clima, han variado: las primas se han encarecido y hay aspectos que ya no cubren, por lo que hay muchas resistencias a contratarlos ahora.

Todo va bien, pero…

Pero si hay receptividad en el Ministerio de Agricultura, las negociaciones avanzan y hay aspectos relevantes en los que se están llegando a acuerdos, ¿por qué siguen las movilizaciones? En parte, aseguran desde el sector, porque hay que concretar lo hablado y plasmarlo en términos concretos sobre el papel; fundamentalmente, porque las reivindicaciones son dispersas y dispares, ya que no termina de existir unidad ni en la acción ni en las peticiones: “Cuando nos movilizamos para conseguir ayudas para el gasoil, había un objetivo claro, y cuando se consiguió, las manifestaciones terminaron. Ahora es mucho más complicado”.

La razón última de las movilizaciones, sin embargo, es que el malestar de los agricultores es existencial. Lo que está en juego no es solo una forma de vida, ni tampoco un choque entre las distintas formas de ver la vida de la ciudad y el campo, sino la subsistencia de quienes cultivan la tierra: no es que sientan que su futuro está en juego, sino su mismo presente. En los agricultores confluyen una serie de presiones estructurales, como el aumento de precio de las materias primas y de los seguros, una regulación más exigente impulsada desde las distintas administraciones, las disfunciones en la cadena de mercado o la llegada de productos baratos de otros países obtenidos en regímenes de competencia desleal. En ese carácter existencial están inscritos algunos de los grandes dilemas de la época, porque para dar respuesta a sus demandas, las medidas concretas como “eliminar burocracia o modificar algunas exigencias ambientales” pueden servir solo coyunturalmente.

Desde las mismas asociaciones son conscientes de que, por más que ahora logren detenerse las manifestaciones, regresarán en algún momento. Y no aluden tanto a las dificultades que supone coordinar las distintas capas administrativas (comunidades autónomas, Estados y UE) para encontrar un camino de salida, sino en que sería necesario un improbable cambio de enfoque y de visión en todos esos niveles.

Sus problemas, sin embargo, ni son tan difusos ni tan difíciles de entender. Son una cuestión de margen: hay muchos productores, en general pequeñas y medianas explotaciones, que ven cómo sus beneficios son escasos, o inexistentes, o desaparecen entre un mar de deudas. Desde la perspectiva economicista, cuando eso ocurre, es señal de que esos operadores deberían cerrar y dejar paso a otros más eficientes. Pero, más al contrario, es el mal funcionamiento del mercado lo que está provocando su declive.

Los agujeros de la economía europea

El sistema económico y comercial de las últimas décadas se forjó desde un enfoque orientado hacia el consumidor que la UE quiso liderar. La producción se repartió internacionalmente, de modo que la fabricación se asignó a aquellos lugares que aseguraban menores costes. La consecuencia obvia fue la pérdida de industria y de los empleos ligados a ella, pero a cambio los consumidores occidentales gozarían de precios más bajos. Lo que perdían por un lado lo ganaban por otro. La agricultura y la ganadería fueron dos de esos sectores dañados. Fue la época de los acuerdos comerciales y del crecimiento chino. Sin embargo, y dado que se trataba de un ámbito estratégico, trató de garantizarse al menos un mínimo de producción, por lo que se concedieron ayudas, enmarcadas en la PAC, que compensaban, en cierta medida, el deterioro que suponía la apertura de los mercados. Estas aportaciones implicaban también la adopción de medidas más exigentes en aspectos sanitarios y de calidad para las explotaciones europeas. Aquí se produciría más caro, pero mejor."                 (Esteban Hernández, El Confidencial, 22/02/24)

Somos el país europeo donde un mayor porcentaje de la población participa en manifestaciones, luchas y protestas. Lo dice cada año la Encuesta Social Europea... Estamos a la cabeza en movilización y organización popular. Está silenciado pero es un hecho contundente que todos los datos avalan... No es “flor de un año”. Durante la última década encabezamos este ranking. Una fuerza popular que, por mucho que se empeñen en ocultar juega un papel determinante en la vida política, social, económica, obteniendo victorias importantes... ¿Quién se manifiesta? Prácticamente todo el mundo. No está reducido a una minoría radicalizada, es un fenómeno de una enorme amplitud social... la pluralidad de manifestaciones, por sus motivos y las organizaciones que las convocan, es enorme: desde las marchas feministas al movimiento ecologista, la defensa de la sanidad pública, la solidaridad internacional, con Ucrania o Palestina, la protesta contra leyes o medidas injustas... Por ejemplo en las huelgas. El año pasado se celebraron 679 en toda España, casi dos diarias, con más de 700.000 jornadas no trabajadas. Y que no surge espontáneamente. Se asienta en un alto grado de organización. En España existen 64.230 asociaciones legalizadas, desde más de 4.000 partidos políticos a 500 sindicatos, más de 1.000 organizaciones feministas y casi 7.000 ecologistas

 "Estamos a la cabeza en movilización y organización popular. Está silenciado pero es un hecho contundente que todos los datos avalan.

Según la Encuesta Social Europea somos el país del continente donde un porcentaje mayor de la población participa en manifestaciones.

No es “flor de un año”. Durante la última década encabezamos este ranking.

Una fuerza popular que, por mucho que se empeñen en ocultar juega un papel determinante en la vida política, social, económica, obteniendo victorias importantes.

¿Cuántas veces hemos escuchado que “la gente no se mueve”? Es una idea interesadamente extendida, y rotundamente falsa.

La última oleada de la Encuesta Social Europea se realizó en 31 países entre 2020 y 2022. Sus conclusiones son rotundas: el 20,3% de la población mayor de 15 años ha acudido al menos a una manifestación en el último año. En la anterior encuesta, elaborada entre 2018 y 2020, ocupábamos el segundo lugar, con un 20,4%. Y entre 2012 y 2014 volvimos a ser los primeros, con un 27,5% participando en alguna manifestación.

No suelen salir en el telediario, excepto en algunas ocasiones importantes, pero según el Ministerio del Interior el año pasado se realizaron en nuestro país 33.989 manifestaciones. 93 cada día. Cuatro manifestaciones cada hora. Y en esos datos no están incluidos los de Euskadi y Cataluña.

¿Quién se manifiesta? Prácticamente todo el mundo. No está reducido a una minoría radicalizada, es un fenómeno de una enorme amplitud social. La mitad de las manifestaciones son por motivos laborales, y están convocadas por sindicatos, comités de empresa o grupos de trabajadores. Demostrando que el movimiento obrero es punta de lanza de la movilización popular. Pero la pluralidad de manifestaciones, por sus motivos y las organizaciones que las convocan, es enorme: desde las marchas feministas al movimiento ecologista, la defensa de la sanidad pública, la solidaridad internacional, con Ucrania o Palestina, la protesta contra leyes o medidas injustas…

Un grado de lucha y movilización que aparece en todas las formas posibles. Por ejemplo en las huelgas. El año pasado se celebraron 679 en toda España, casi dos diarias, con más de 700.000 jornadas no trabajadas.

Y que no surge espontáneamente. Se asienta en un alto grado de organización. En España existen 64.230 asociaciones legalizadas, desde más de 4.000 partidos políticos a 500 sindicatos, más de 1.000 organizaciones feministas y casi 7.000 ecologistas.

Frente a la idea, también falsa, de que “manifestarse no sirve para nada”, hablamos de una fuerza popular en la calle, presente en toda la geografía española, que es clave y determina lo que sucede en el país. Irrumpió el 23-J, cerrando el paso a un gobierno PP-Vox. Ha actuado como un muro en defensa de las pensiones públicas, obligando a derogar la reforma de 2013, o empuja hacia la mejora de la sanidad pública…"          (Claudia Arcoba, De Verdad Digital, 03/01/24)

Quién desee comprender los sentimientos de angustia y humillación del campesino español debe ver este vídeo hasta el final... todos los campesinos gallegos que conozco me lo recomendaron... explica perfectamente la sensación de abandono que sienten

Paul Krugman: Cómo aplacar la ira del campo... El resentimiento rural se ha convertido en un factor esencial de la política estadounidense; concretamente, en un puntal del aumento del extremismo de derechas... que en algunos sitios ha ido tan lejos que los demócratas que quedan son objeto de intimidaciones y temen revelar su afiliación política... obedece a la percepción de que los responsables políticos hacen caso omiso de las zonas no urbanas, de que no reciben la parte de los recursos que les correspondería, y de que la “gente de ciudad” los menosprecia... cualquier cosa que ayude a revertir el declive del Estados Unidos rural sería buena en sí misma. Y a lo mejor, solo a lo mejor, el reducir la desesperación económica del corazón del país también ayude a revertir su radicalización política

 "El resentimiento rural se ha convertido en un factor esencial de la política estadounidense; concretamente, en un puntal del aumento del extremismo de derechas. A medida que el Partido Republicano se ha ido desplazando cada vez más hacia Magalandia —la tierra del Make America great again—, ha ido perdiendo votos entre los electores con buen nivel educativo de los barrios residenciales de las ciudades, pero esta pérdida a menudo ha quedado compensada por un giro drástico hacia la derecha en las zonas rurales, que en algunos sitios ha ido tan lejos que los demócratas que quedan son objeto de intimidaciones y temen revelar su afiliación política.

Pero ¿se trata de un giro permanente? ¿Se puede hacer algo para aplacar la ira del campo? La respuesta dependerá de dos cosas: de si es posible mejorar la vida y reconstruir las comunidades rurales, y de si los votantes de esas comunidades reconocerán a los políticos el mérito de las mejoras que se produzcan. Esta semana mi compañero de The New York Times, Thomas B. Edsall, hizo un análisis de los estudios sobre el cambio republicano en el campo. Me sorprendió su resumen del trabajo de Katherine J. Cramer, que atribuye el resentimiento rural a la percepción de que los responsables políticos hacen caso omiso de las zonas no urbanas, de que no reciben la parte de los recursos que les correspondería, y de que la “gente de ciudad” los menosprecia.

Resulta que estas tres impresiones son erróneas en buena medida. Lo cierto es que, desde el new deal, las zonas no urbanas de Estados Unidos han recibido un trato especial por parte de los responsables de la toma de decisiones políticas. No estoy hablando solo de las subvenciones agrícolas, que con Donald Trump se dispararon hasta representar alrededor del 40% de los ingresos de las explotaciones. El Estados Unidos rural también se beneficia de programas especiales de fomento de la vivienda, los servicios públicos y los negocios en general.

En lo que a recursos se refiere, los principales programas federales favorecen de manera desproporcionada a las zonas rurales, en parte porque en ellas reside una gran cantidad de personas beneficiarias de la Seguridad Social y Medicare. Pero incluso los programas que dependen de los recursos disponibles se inclinan del lado del campo. En particular, en este momento los estadounidenses de las zonas rurales tienen más probabilidades que los de las zonas urbanas de estar en Medicaid y recibir cupones de alimentos.

Y como el Estados Unidos rural es más pobre que el urbano, paga muchos menos impuestos federales per capita, de manera que, en la práctica, las principales áreas metropolitanas subvencionan al campo con enormes cantidades. Estas subvenciones no solo financian los ingresos, sino también las economías: el Gobierno y el denominado sector de la sanidad y la asistencia social emplean cada uno a más personas en el campo de Estados Unidos que en las ciudades; ¿con qué creen que se pagan esos puestos de trabajo?

¿Y qué hay del menosprecio que percibe la población rural? Bueno, mucha gente tiene una opinión negativa de las personas cuya forma de vida es diferente; es algo que forma parte de la naturaleza humana. Sin embargo, en la política estadounidense hay una norma no escrita según la cual está bien que los políticos persigan el voto rural insultando a las grandes ciudades y a sus habitantes, pero sería imperdonable que sus homólogos de los núcleos urbanos les devolvieran el favor. “Tengo que ir pronto a Nueva York”, tuiteaba J. D. Vance durante su campaña al Senado. “He oído que es repugnante y violenta”. ¿Se imaginan, por ejemplo, a Chuck Schumer diciendo algo parecido de la zona rural de Ohio, aunque fuera en broma?

Así que las aparentes justificaciones del resentimiento rural no resisten un examen de cerca. Pero eso no quiere decir que las cosas vayan bien. Los cambios en la economía han favorecido cada vez más a las zonas metropolitanas con abundante mano de obra con educación superior en detrimento de los pueblos. La población rural en edad de trabajar se ha ido reduciendo, y las personas mayores se han quedado atrás. Los hombres del campo en la plenitud de su vida laboral tienen muchas más probabilidades de estar en paro que sus coetáneos de las ciudades. Las dificultades de las zonas rurales son reales. Sin embargo, paradójicamente, el programa del partido que cuenta con el apoyo de la mayoría de los votantes rurales empeoraría aún más las cosas al recortar los programas de seguridad de los que dependen esos votantes. Y los demócratas no deberían tener miedo a señalarlo.

Pero ¿pueden tener además un programa constructivo para renovar las zonas rurales? Como señalaba Greg Sargent, de The Washington Post, las leyes de gasto en infraestructuras promulgadas por Joe Biden, aunque pensadas inicialmente para hacer frente al cambio climático, también crearán un gran número de empleos para obreros en el campo y en las ciudades pequeñas. ¿Funcionarán? Las fuerzas económicas que han deprimido las zonas rurales son profundas y difíciles de contrarrestar. Pero, desde luego, merece la pena intentarlo.

Incluso si esas medidas mejoran la suerte del campo, ¿se reconocerá el mérito a los demócratas? Es fácil ser cínico. La nueva gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ha prometido que sacará a los “tiranos burocráticos” de Washington “de los monederos” de la gente. En 2019, el Gobierno federal gastó en Arkansas casi el doble de lo que recaudó en impuestos, lo que, de hecho, supuso otorgar al residente medio del Estado 5.500 dólares en ayudas. Entonces, aun si las políticas demócratas mejoran sustancialmente la vida de la población no urbana, ¿se percatarán de ello los votantes rurales? En todo caso, cualquier cosa que ayude a revertir el declive del Estados Unidos rural sería buena en sí misma. Y a lo mejor, solo a lo mejor, el reducir la desesperación económica del corazón del país también ayude a revertir su radicalización política."                                     ( Paul Krugman , El País,  28/01/23)

Batalla por la leche por tres céntimos el litro... Un ganadero se enfrenta a la empresa de la que es proveedor para negociar un precio más alto por litro y denuncia las presiones para que los ganaderos acepten trabajar en pérdidas

 "Jon Gutiérrez tiene 36 años y es ganadero. Su explotación, de 140 vacas, 60 de ellas de ordeño, dobla la que tenía su padre en la localidad vizcaína de Karrantza, lindando con Cantabria. 

En ella produce una media de 500.000 litros al año, pero a Jon hace mucho que no le salen las cuentas. Igual que la mayoría de sus compañeros de profesión, ahora trabaja “en pérdidas”, dice. “Con lo que me pagan por litro de leche no cubro los gastos”, asegura, abrumado por la subida del coste del pienso, el gasóleo y la luz. La empresa que hasta el jueves compraba la leche de sus vacas, SAT Valle de Karrantza, le pagaba 42 céntimos por cada litro. 

Afirma que ahora, con la subida de los precios, “por debajo de 44 céntimos trabajo perdiendo dinero”. Como muestra señala que en dos meses el precio de la tonelada de pienso le ha subido 100 euros. “Es lógico que quiera vender mi leche a quién me pague más, ¿no?”. Sin embargo, su encuentro con otra empresa, Central Láctea de los Picos de Europa, que le ofrecía tres céntimos más por cada litro, 45, ha dado lugar no solo a su expulsión fulminante, de un día para otro, del circuito de proveedores de SAT sino a una auténtica batalla en el Valle de Karrantza por el control de los ganaderos de la zona y evitar su fuga a otra empresa que les ofrezcan más dinero.

Según denuncia Jon Gutiérrez, al día siguiente de mantener su encuentro con la empresa asturiana Central Láctea de los Picos de Europa para “escuchar sus propuestas, sin llegar a cerrar ningún acuerdo”, SAT Valle de Karrantza decidió expulsarle del grupo de proveedores como “represalia” por haber mantenido un encuentro con una empresa de la “competencia” y haber facilitado que responsables de esa compañía se entrevistaran con otros ganaderos de la zona que podrían estar interesados. A partir de ahí, asegura que se iniciaron una serie de “presiones” al resto de ganaderos proveedores de SAT para evitar que se marcharan con la otra compañía, así como llamadas a diversas empresas intentando que vetaran a Gutiérrez como proveedor y no pudiera vender su leche. El propio gerente de la asturiana Picos de Europa, Daniel Elola, ha asegurado a elDiario.es/Euskadi que una de las responsables de la cooperativa SAT se puso en contacto con varias compañías con las que ambas mantienen negocios, para intentar que cierren su relación con la asturiana si le ‘quitan los ganaderos’. “Nosotros queremos crecer y necesitamos más proveedores. Estamos en nuestro derecho de hacer ofertas a los ganaderos”, señala. 

 La comunicación remitida por SAT Valle de Karrantza el 25 de mayo a Jon Gutiérrez, y que está también dirigida a Irene Arnaiz, su mujer, con la que comparte la sociedad, la empresa les comunica que al día siguiente, día 26, se dejará de recoger la leche de su explotación ganadera, achacando el final de la relación a “reajustes técnicos de producción y distribución a la industria láctea”. La decisión de 'expulsarle' es para Jon un claro intento de SAT de mantener el control en la zona de todos los ganaderos, y ser “una especie de cártel”, fijando “el precio que ellos quieren sin que podamos rechistar”. Esta empresa es proveedora de Eroski, que vende esta leche en sus supermercados como su marca blanca a 81 céntimos, destacando que proviene de ganaderos vascos. De hecho, la cooperativa está comprometida con la compra de productos kilómetro cero. Fuentes de Eroski, han señalado a elDiario.es/Euskadi que conocen el precio que la empresa paga a los ganaderos, pero que “no lo negocian”, por lo que se trata de una cuestión que afecta a la relación de SAT con el ganadero. En cualquier caso, han considerado que los 42 céntimos son un valor que están por encima de la media del mercado. 

 Esa misma noche del jueves 26, la empresa intentó recogerle la leche por última vez, pero ante el temor de que pudieran “manipularla” “con algún antibiótico” para justificar su expulsión y con ello impedir que le compraran otras compañías, el ganadero se negó a que recogieran la leche si no realizaba ‘in situ’ un análisis de la misma y se le daba una prueba cerrada. La empresa se negó a realizarlo, por lo que 6.000 litros de leche se quedaron en jueves en el tanque de Jon. La mañana del viernes tuvo que tirar 1.200 litros porque ya no tenía espacio para almacenarlos. Al precio que estaba vendiendo la leche hasta ahora, 42 céntimos, 504 euros se fueron por la fosa de purines. Posteriormente, Picos de Europa le vació el tanque. “He tenido que aceptar que me lo vacíen antes de cerrar el acuerdo con ellos para no tener que tirar más leche”, afirma.(...)"                  (Belén Ferreras, eldiario.es, 28/05/22)

Daniel Bernabé: España no cuenta con el combustible más caro de la UE, el gasoleo B ya está bonificado y a los transportistas se les han puesto 500 millones encima de la mesa. Si lo que se pide son aún más subvenciones, habrá que decir cómo se financian porque, España no tiene petróleo... Las subvenciones, tan criticadas otras veces, hay que pagarlas con un sistema impositivo justo, como los sanitarios que nos salvaron del virus. ¿Saben qué otra cosa se puede hacer? Justo lo que las instituciones neoliberales llevan décadas considerando un anatema: intervenir desde lo público en sectores estratégicos. Es decir, si el sistema de fijación de precios eléctricos es una extorsión mensual, se cambia, por inútil, por arbitrario y porque el bien común está por encima del beneficio desmedido... En el caso de los transportes, el corporativismo se manifiesta como un conflicto que ha explotado por sus capas medias, aquellos que lograron comprar un camión, y hacerse autónomos o montar una pequeña empresa. Sus problemas vienen de su una relación con las grandes corporaciones que les subcontratan, (quedándose un gran porcentaje del porte y no acordando con el cliente unas condiciones aceptables para la carga). Es decir, que los que hace unos años mejoraron y pudieron emanciparse del trabajo asalariado, ahora, pese a ser pequeños empresarios o autónomos, ven que ni les cubre el convenio colectivo, ni tienen la suficiente fuerza para tener buenos acuerdos mercantiles con las grandes empresas de transporte, y aquí los responsables no son el Gobierno o la guerra, sino un modelo neoliberal insostenible, justo el defendido por Vox y el PP... La izquierda no puede cometer el error de criminalizar las protestas del campo o los transportistas clasificándolas de conspiración ultraderechista, ya que algunos de los problemas que las impulsan son reales: así sólo se dejará vía libre a las derechas que pretenden instrumentalizarlas. Pero tampoco, de manera pueril y bienintencionada, aceptar esas protestas como si fueran conflictos laborales entre el capital y el trabajo, porque no lo son... Bajo el corporativismo (misma bandera, diferentes derechos y beneficios), a menudo se reivindican tratos de favor en la fiscalidad y subvenciones públicas para los gastos fijos, que nunca acaban repercutiendo en mejores condiciones laborales para los asalariados de esos sectores... Los sindicatos de clase no pueden tolerar que se pretendan hacer pasar los derechos de los Duques de Alba bajo el mismo epígrafe que los de los jornaleros, o los derechos del “pequeño empresario” con los de sus asalariados, con los que incumple el convenio reiteradamente

 "De repente hemos recordado que los productos requieren de materias primas para su fabricación, que necesitan de almacenaje y transporte, que la energía es un factor imprescindible en este proceso. Quizá parezca una obviedad, pero tras varias décadas donde lo único que parecía existir era el sistema financiero, lo digital y lo comunicativo —lo bien que nos contábamos las fábulas— parece que nos hemos dado cuenta de que las cosas pesan.

 Primero por los efectos de la parada de la producción mundial las semanas del confinamiento, después por su puesta en marcha de manera demasiado súbita. Ahora, el encarecimiento de los combustibles provocado por la guerra hace que la máquina ande sin resuello, no porque falte electricidad, gas o diésel, sino porque su encarecimiento hunde a los que estaban con el agua al cuello.

Pues sí, las cosas pesan, ahora y antes de 2020, sólo que entonces fingimos no darnos cuenta. Por ejemplo, usted pedía desde su móvil —domingo por la noche, pies sobre la mesa— algo tan útil e imprescindible como una cafetera 5G que, además de hacer la infusión, le felicitaba el santo y le daba el resultado de la quiniela. Apenas un par de días después, el maravilloso ingenio estaba en su cocina. 

Nos parecía todo tan mágico que olvidábamos que el cacharrito salía de una fábrica en China, a bordo de un camión, llegaba a un aeropuerto, cogía un avión, aterrizaba en suelo español y de ahí, bien en tren, bien por transporte rodado, aparecía en nuestra vivienda. Olvidábamos que sus componentes, incluidos los chips, salían de alguna parte y tenían que ser trasladados a la fábrica que los ensamblaba, el periplo del objeto recorriendo medio mundo, así como el combustible necesario para su movimiento.

A pesar de que los ecologistas nos recordaban el proceso, todo esto se nos había olvidado no porque fuéramos imbéciles, sino porque cuando algo funciona, más allá de su utilidad, conveniencia o justicia, nadie pregunta cómo sucede. Cuando intentamos acertar con el tenedor a un tomate cherry —la ñoñería hecha verdura— no pensamos en el agua, el gasoil y la electricidad que ese simpático amigo coloradito lleva encima y, si quieren que les diga la verdad, es lo esperable. Porque ya está bien de volcar sobre el ciudadano anónimo todas las cargas de una organización económica sobre la que carece de control. Eso sí, cuando el tomate falte dos días del supermercado, al ciudadano habría que exigirle que, al menos, no entrara en pánico y, para somatizar la ausencia, se llevara cuatro kilos de nueces de macadamia y todo el papel higiénico que le quepa en el todoterreno.

Ese pánico viene de alguna parte, concretamente del mismo móvil con el que pedimos la cafetera parlanchina. A través de esa pantalla, nuestro primo Eulogio —que es un tipo listo que se sacó un curso de mecanografía por correspondencia en 1985— nos manda imágenes, desde hace dos años, que nos alertan de que “Gobierno de rojos, hambre y piojos”. También de que la tormenta de calima era una fumigación con metales pesados, de que las vacunas te dejan impotente y de que Irene Montero se va a gastar veinte mil millones de euros para volver loca a tu mujer y homosexual a tu hijo. Esos memes, esos vídeos de señores dando voces, ese sabotaje comunicacional cuesta también, como las verduras ñoñas, bastante dinero. Detrás de él está la extrema derecha.

Sin embargo convendría no engañarnos: además de manipulación, existen problemas de entidad sobre la mesa. Unos son coyunturales, como el alza de los combustibles, que ha resultado el detonante de las movilizaciones de transportistas y sector rural. Primer punto de interés: España no cuenta con el combustible más caro de la UE, el gasoleo B ya está bonificado y a los transportistas se les han puesto 500 millones de euros encima de la mesa. Si lo que se piden son aún más subvenciones, habrá que decir cómo se financian porque, como bien saben, España no tiene petróleo y los camiones y tractores no funcionan con cariño. Si la derecha y los ultras llevan en sus programas políticos constantes bajadas de impuestos, lo que nos queda entonces es montar nosotros una guerra y robarle el combustible a alguien a punta de pistola.

O no. Como en España somos gente honrada y gente de paz, la mayoría, en vez de guerra habrá que subir los impuestos, o recuperarlos, esos que la derecha ha ido eliminando. Las subvenciones, tan criticadas otras veces, hay que pagarlas con un sistema impositivo justo, como los sanitarios que nos salvaron del virus o unas Fuerzas Armadas que son requeridas en tiempos convulsos. ¿Saben qué otra cosa se puede hacer? Justo lo que las instituciones neoliberales llevan décadas considerando un anatema: intervenir desde lo público en sectores estratégicos. Es decir, si el sistema de fijación de precios eléctricos es una extorsión mensual, se cambia, primero por inútil, segundo por arbitrario y tercero porque el bien común está por encima del beneficio desmedido.

Pero, además, en protestas como las del campo o los transportes deberíamos tener claro que, al margen de los problemas reales, hay un factor que las hace susceptibles de convertirse en un arma en manos de las derechas: el corporativismo. Cuando en una protesta se juntan las patronales con autónomos y asalariados bajo un mismo paraguas, podemos deducir que hay un problema que afecta a un sector entero, en este caso el combustible, que a todos les interesa arreglar. También, y paralelamente, que las líneas de clase se han ido diluyendo, mezclando intereses divergentes en favor de los peces gordos. Como ya les advertimos por aquí a finales de noviembre, el corporativismo es la herramienta que las patronales utilizan como coartada para encubrir los problemas de precariedad, generados por su acción empresarial, en dificultades sectoriales.

La manifestación del campo, el pasado domingo, era de clara naturaleza corporativista. Primero porque juntaba a sectores cuya única vinculación era una difusa coincidencia territorial, ¿qué tiene que ver un regante del Segura o un cooperativista de Navarra con un cazador de Núñez de Balboa que se va a matar bichos los domingos?. Segundo porque los intereses de los propietarios estaban por encima de los de los trabajadores rurales. Uno de los puntos del manifiesto era reivindicar “las condiciones de contratación que permitan la temporalidad intrínseca al sector agrario”. Como lo leen, los convocantes de la protesta rural pedían derogar la reciente reforma laboral que convierte en fijos discontinuos a los trabajadores temporales, algo que sería un recorte de derechos. Una buena parte de los asistentes estaba tirando piedras contra su propio tejado.

En el caso de los transportes, el corporativismo se manifiesta como un conflicto que ha explotado por sus capas medias, aquellos que lograron comprar un camión, y hacerse autónomos o quizá montar una pequeña empresa. Sus problemas vienen precisamente de una relación con las grandes corporaciones que les subcontratan, quedándose un gran porcentaje del porte y no acordando con el cliente unas condiciones aceptables para la carga. Es decir, que los que hace unos años mejoraron y pudieron emanciparse del trabajo asalariado, ahora, pese a ser pequeños empresarios o autónomos, se ven como parte de un proceso de externalización encubierta en emprendimiento: ni les cubre el convenio colectivo, ni tienen la suficiente fuerza para tener buenos acuerdos mercantiles con las grandes empresas de transporte o clientes que requieran sus servicios. Y aquí los responsables no son el Gobierno o la guerra, sino un modelo neoliberal insostenible, justo el defendido por Vox y el PP. 

El corporativismo es un viejo conocido de la derecha y los grandes propietarios. A pesar de que surge en el siglo XIX, como una actualización de las asociaciones gremiales pre-industriales, es adaptado por los fascismos de los años 30 como el modelo perfecto para desactivar al movimiento obrero y su sindicalismo. Todos, trabajadores y patronos, bajo la unidad de destino nacional: misma bandera, diferentes derechos y beneficios. Aquel corporativismo fue el resultado de un acuerdo entre los dictadores fascistas y los grandes industriales para eliminar la lucha de clases y, a la vez, crear un marco laboral sin conflicto ni derechos.

La izquierda no puede cometer el error de criminalizar las protestas del campo o los transportistas clasificándolas de conspiración ultraderechista, ya que algunos de los problemas que las impulsan son reales: así sólo se dejará vía libre a las derechas que pretenden instrumentalizarlas. Pero tampoco, de manera pueril y bienintencionada, aceptar esas protestas como si fueran conflictos laborales entre el capital y el trabajo, porque no lo son. Bajo el corporativismo, a menudo se reivindican tratos de favor en la fiscalidad y subvenciones públicas para los gastos fijos, que nunca acaban repercutiendo en mejores condiciones laborales para los asalariados de esos sectores: el rural en España acumula miles de infracciones laborales en estos últimos años, es decir, cuando se ha puesto a los inspectores a hacer su labor.

Que estos días se hayan utilizado los paros patronales para cargar contra CCOO y UGT es una diáfana batalla de clase. Las derechas obtienen cercanía con algo que pasa por una protesta de carácter patronal para las miradas menos atentas, su “foto con el currante”, para atacar a quien no está lógicamente presente. Los sindicatos de clase no pueden tolerar que se pretendan hacer pasar los derechos de los Duques de Alba bajo el mismo epígrafe que los de los jornaleros, o los derechos del “pequeño empresario” con una decena de camiones con los de sus asalariados, con los que incumple el convenio reiteradamente. La misión de Solidaridad, el brazo corporativista de Vox, es justo esta: hacer que el señorito Iván pase por cercano a los trabajadores y hacer que los trabajadores vendan baratos sus derechos a los empresarios.

Al principio de este artículo, al describir el viaje de la cafetera parlanchina, nos acordamos de los medios de transporte, de los procesos de logística y de la energía necesaria para moverlos, pero, premeditadamente, obviamos el elemento esencial de la actividad económica a propósito: los trabajadores. Los que construyen el cacharro, los que lo transportan, los que te lo entregan en tu domicilio. Claro que el proceso nos parece mágico: como que hemos sido capaces de borrar a nuestra propia clase, la que constituye el grueso de la población. Y seamos justos, apenas nos damos cuenta: así somos, así estamos, ausentes de nuestra propia existencia.

Eso sí, qué rico el café."                     (Daniel Bernabé, InfoLibre, 22/03/22)

Es todo el modelo agrario el que ha de transformarse, con la vigorosa intervención del Estado y el abandono de muchos de los “principios esenciales” de la economía liberal; en primer lugar, la obsesión exportadora (con la “vuelta hacia dentro” de lo esencial de la producción de nuestro campo). No puede aceptarse que el agro actual se rija por un modelo que se empeña en ser dominante y exclusivo, negándose a reconocer que no tiene salida por esa vía: los manifestantes del 20 de marzo en Madrid tienen que pensar y actuar, tomándose muy en serio que ni son viables ni tienen futuro... Si no surge desde el campo esa necesaria corriente transformadora, reivindicativa de verdad y alzada contra la situación generalizada de abusos y depredaciones, con enriquecimientos ilegítimos y pobreza rampante, poco podrá hacer la ciudadanía entera... la rentabilidad falsaria son los salarios de miseria y la humillación humana a que —en numerosas empresas y en muchos territorios— se somete a los trabajadores... Y sólo así es como salen las cuentas para los pocos beneficiarios del campo

"En realidad, nuestro campo debiera mirarse a sí mismo y reflexionar bien y rápido. Los tiempos son de crisis ecológica generalizada, y en este trance el agro es un importantísimo contribuyente a la terrible desolación ambiental y a la pobreza a término: es todo el modelo agrario el que ha de transformarse, con la vigorosa intervención del Estado y el abandono de muchos de los “principios esenciales” de la economía liberal; en primer lugar, la obsesión exportadora (con la “vuelta hacia dentro” de lo esencial de la producción de nuestro campo). 

No puede aceptarse que el agro actual se rija por un modelo que se empeña en ser dominante y exclusivo, negándose a reconocer que no tiene salida por esa vía: los manifestantes del 20 de marzo en Madrid tienen que pensar y actuar, tomándose muy en serio que ni son viables ni tienen futuro.

 Y si persisten en llevar su protesta hacia donde no es posible ya, que obtengan la respuesta que exigen. Si no vuelven sus sentidos hacia las producciones ecológico-tradicionales, si no recuperan la sabiduría de sus (y nuestros) mayores, si no se rebelan contra los empresarios logreros y los exportadores sin escrúpulo (que exigen siempre mayor competitividad y mayor cuota en los mercados extranjeros), llevarán al país a muy serias encerronas. Por eso, el campo es cada día más cosa de todos, y hay que señalar a sus principales protagonistas que llevan muy mal camino, implicándonos a todos en sus errores y obsesiones.

En la melé de la protesta, da la sensación de que la mayoría de los participantes se creen que los problemas del campo afectan a todos por igual: empresarios grandes o pequeños, firmas exportadoras, organizaciones profesionales, sindicatos de regantes, autónomos y asalariados… y no. 

Esta falta de distinción y diferenciación entre clases, niveles y roles económico-financieros impide que se levante una verdadera reivindicación, que está ausente totalmente de los eslóganes y el “carnet de quejas” de los manifestantes: una reacción verdaderamente política y ecológica, que acuda a cambiar radicalmente el modelo productivo. Si no surge desde el campo esa necesaria corriente transformadora, reivindicativa de verdad y alzada contra la situación generalizada de abusos y depredaciones, con enriquecimientos ilegítimos y pobreza rampante, poco podrá hacer la ciudadanía entera, tan afectada y alarmada por la mala marcha de las cosas.

El campo agoniza, también políticamente, porque los capitales y las técnicas, ferozmente intensivas, se recrean en el crimen ecológico y la muerte agronómica; y esto, que culpabiliza a nuestra gente del agro no obtiene más salida que la rabia, la violencia y la desesperación. En este momento, en el campo español sólo tenemos de positivo los esfuerzos de numerosos grupos y entidades que se empeñan en mantener —o más bien regresar a— la agricultura civilizada, ecológica, familiar, nutritiva y socialmente cohesionadora; pero la asfixia de la agricultura negra (y la ganadería parda) vienen impulsando la rabia ultra en una medida alarmante.

Se impone la revisión total de objetivos, con planificación estricta por los poderes públicos y obligación especial del Estado de planificar la estrategia alimentaria (no dejando a los intereses privados medrar en mercados internacionales, descuidando al país), sobre estas premisas:

Son las políticas industrialistas (originadas nada menos que en La Revolución Industrial) las que han ido arrinconando el campo económica, social y políticamente.
Es la depredación sistemática, de tipo industrialista, lo que humilla y arruina al campo, agotando con avaricia una fertilidad casi imposible de reponer. Se considera que el principio de los “rendimientos decrecientes” puede burlarse con tecnología y agresión al medio natural, lo que es una estupidez.

Es el desprecio a los límites, tanto ambientales como tecno-económicos, la ceguera y la obsesión por la rentabilidad y el beneficio social lo que, en realidad, ya no pueden continuar bajo este sistema y este modelo, siendo los resultados empresariales el efecto de un crimen contra la tierra, la vida y el trabajo humano, ya que se ignoran los costes ambientales.

Es la ausencia de un verdadero movimiento reivindicativo la auténtica y más profunda catástrofe del agro español. Que sea tanto político como ecológico, que remueva nuestros campos y nos recuerde las luchas de otros tiempos, eminentemente sociales, que ahora han de ser, también, ambientales. Porque esas siglas ASAJA, UPA, COAG, creadas para salvaguardar al medio rural y sus gentes, son ya espectros y funámbulos del agro español, enganchadas al sistema y encaminadas por la reacción y la bronca.

Por su parte, la PAC comunitaria, ideología perversa y engañosa, no ha hecho más que malear nuestra tierra, con sus pobladores, llevándolos a una encerrona de la que ya es muy difícil escapar. La vigencia y aplicación de la PAC ha reducido a mínimos la población activa agraria, y sigue haciéndolo ya que lo que pretende es que la restante sea productivista y competitiva, que es lo que lleva al abandono y la desertización social. Hay que dudar, radicalmente, de la posibilidad y conveniencia de reformar la PAC, ya que lo que se impone es la separación progresiva de las directrices agrarias comunitarias: el corsé aplicado desde Bruselas ha ido apretándose sobre nuestro agro mientras nos creíamos que era protección y subvención lo que nos proporcionaba (a cambio de someternos).

Quienes predijeron —y fueron muchos— el desastre que aguardaba a nuestra agricultura tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea no llegaron a imaginar ni perfilar todo el daño que se produciría y las tragedias a esperar a manos de unas políticas meramente comerciales y productivistas, contrarias al campo y la calidad de vida, a la alimentación y la soberanía alimentaria (y nos creímos, ante el espejismo, que lo que sucedería era que nos modernizaríamos “por fin”).

Los eslóganes-amenaza de esos vociferantes de Madrid, tipo “Sin nosotros España pasará hambre”, no valen nada, pues son falaces: el campo sobrevive económicamente por la obsesión productivista y exportadora, que lo arrasa todo y a todos, no por su orientación a la autosuficiencia (ahora llamada “soberanía alimentaria”).

Los gritos y amenazas poco veladas hacia los ecologistas no sólo los causan el marcaje que estos hacen a un agro en vertiginoso proceso depredador, sino también la acusación de que esa agricultura es ineficiente a la par que tóxica, antisocial por más rentable que resulte, y sólo sostenible por cuanto no paga lo esencial de sus costes. 

Es también desde el mundo ecologista desde el que se les lanza la acusación, política y social, de que otra poderosa causa de rentabilidad falsaria (digamos, simplemente crematística) son los salarios de miseria y la humillación humana a que —en numerosas empresas y en muchos territorios— se somete a los trabajadores, especialmente los emigrantes, como ponen en evidencia las frecuentes intervenciones de la Guardia Civil liberando semiesclavos. Y sólo así es como salen las cuentas para los pocos beneficiarios del campo."                                    (Pedro Costa Morata, El Salto, 29/03/22)

O artigo clave da lei da cadea alimentaria que o sector agrogandeiro esixe cumprir: prohibido vender a perdas

 "O sector agrogandeiro está en plena convulsión. Hai xa practicamente un ano que retomou as mobilizacións fronte á suba dos custos de produción, unha inflación galopante tras os meses con máis restricións da pandemia que agora se ve agravada polas consecuencias da guerra na Ucraína e as sancións a Rusia, entre outros factores.

Nas protestas máis recentes onde participaron algunhas das principais organizacións agrarias galegas conflúen reivindicacións dispares. Dende a denuncia polos prezos insostibles dos combustibles ou de diversas materias primas a outra, se cadra menos sonora, que pasa polo cumprimento dunha lei que leva uns poucos meses en vigor, a da cadea alimentaria. Concretamente, da lei da cadea alimentaria tras a reforma aprobada definitivamente polo Congreso en decembro de 2021 cos votos a prol dos grupos do Goberno (PSOE, UP) e varios dos seus socios habituais e co voto en contra do PP e mais Vox ás emendas finais -previamente, para o conxunto do texto, abstivéranse-.

Unha das claves desa reforma foi a nova redacción do seu artigo 12 para introducir máis garantías nunha das reivindicacións históricas dos sectores agrario e gandeiro: a prohibición da venda a perdas. Así, a norma ampliou o contido sobre a "destrución de valor na cadea". "Cada operador -sinala- deberá pagar ao (...) inmediatamente anterior un prezo igual ou superior ao custo de produción" e ademais, agregou, "para protexer a capacidade de comercialización dos produtores primarios", os responsables da venda final ás persoas consumidoras (por exemplo, os supermercados) "non poderán aplicar nin ofertar un prezo de venda ao público inferior ao prezo real da adquisición do mesmo".

Nesta mesma liña, a lei fixou que "en ningún caso as ofertas conxuntas ou os obsequios aos compradores poderán utilizarse para evitar" a prohibición da perdas e sinala que incumprilo "terá a consideración de venda desleal". A norma inclúe esta práctica como infracción grave, sancionada con entre 3.001 e 100.000 euros, pero pasa a ser moi grave se é repetida en menos de dous anos. Nese caso, vira en moi grave, con multas de ta un millón de euros". 

Ademais, especifica, a "autoridade que resolva o expediente sancionador poderá acordar tamén que se poña termo á práctica comercial prohibida". Engade, ao tempo, que "a comisión de infraccións non poderá resultar máis beneficiosa para infractor que o cumprimento da norma", polo que "o montante final das sancións non pode ser inferior" ao beneficio obtido por quebrantar a norma.

E, quen son esas autoridades responsables de facer cumprir a lei da cadea alimentaria? Se as "partes contratantes" teñen as súas sedes en comunidades autónomas diferentes, "corresponde á Administración Xeral do Estado", o mesmo que se o contrato afecta a un ámbito superior ao dunha única autonomía ou se unha das partes é estranxeira. Se o negocio se produce dentro dunha única autonomía, a competente é a Administración autonómica, a Xunta no caso galego. "Se o órgano competente dunha comunidade autónoma non actúa nos prazos establecidos"  (o primeiro é dun mes), "o denunciante poderá acudir á Administración Xeral do Estado".

Malia á letra da norma, organizacións como Unións Agrarias veñen afirmando que "a venda a perdas é unha realidade xeneralizada" nun sectro "que percibe prezos de hai 30 anos". "Por iso non abonda con dicir que é ilegal vender por baixo do que custa producir", senón facer cumprir a lei con medidas como un observatorio público de custos de referencia combinadas neste momento con axudas directas, reclaman."                   (David Lombao, Praza Pública, 21/03/22)

Daniel Bernabé: Las derechas buscaban calentar la calle para elevar el clima de ilegitimidad contra el Gobierno, el único plan trazado desde el principio de la legislatura. El deseo era paralizar el país antes de las Navidades con camiones, tractores y protestas policiales... la huelga del metal de Cádiz tuvo el efecto de romper el esquema previsto... no es la primera vez que los obreros industriales hacen un favor a la democracia que tantas veces les ha dado la espalda... El asalto al Ayuntamiento de Lorca por parte de una manifestación de ganaderos no ha sido un acontecimiento casual, sino parte del intento de reactivación de este plan... a pesar de que el Congreso aprobó la prohibición de la venta a pérdidas, una histórica reivindicación del sector, con la abstención de PP y Vox... lo único que podemos deducir es que el asalto buscaba una justificación al discurso de Vox, no al revés... ¿Cómo conjugar la defensa de los intereses de la gente del dinero con el de algunos de tus votantes que son perjudicados justo por esos intereses? Pues con muchas banderas, mucha amenaza de un enemigo exterior y escenificando que hay un “pueblo” que ha dicho “basta ya” a la “tiranía sociolcomunista”... Las derechas necesitan fingir que representan algún tipo de ira popular... en el asalto de Lorca a lo que asistimos es a la comunión de las derechas con los grandes propietarios, que se han erigido como única voz del rural... Y en medio el fondo gris de trabajadores rurales y pequeños propietarios que se dejan arrastrar en una mezcla de incertidumbre y miedo... En 2014 había acusados 260 sindicalistas con penas que sumaban más de 120 años de cárcel. Sindicalistas de verdad, digo, no a sueldo de la ultraderecha y la patronal

 "Quizá recuerden que a finales de noviembre, en estas mismas páginas, les advertí de que las derechas buscaban calentar la calle para elevar el clima de ilegitimidad contra el Gobierno, el único plan trazado desde el principio de la legislatura. El deseo era paralizar el país antes de las Navidades con camiones, tractores y protestas policiales, sin embargo aquella estrategia no funcionó. 

Primero porque el Gobierno estuvo rápido de reflejos mediando con la patronal del transporte, segundo porque lo de calentar a la policía parece que tiene unos límites y tercero porque apareció en escena un invitado inesperado: la huelga del metal de Cádiz. Los metalúrgicos luchaban por su convenio, pero tuvieron el efecto de romper el esquema previsto, de dejar en fuera de juego a una derecha que no podía apoyar a un sector que le es hostil para a continuación justificar un corte de carreteras. 

La historia pesa, aun viviendo en una sociedad con alergia a reconocerse en las tradiciones: no es la primera vez que los obreros industriales hacen un favor a la democracia que tantas veces les ha dado la espalda.

El asalto al Ayuntamiento de Lorca por parte de una manifestación de ganaderos no ha sido un acontecimiento casual, sino parte del intento de reactivación de este plan, ya sólo con los sectores propietarios del campo como ariete y con la campaña de las elecciones en Castilla y León sobrevolando el panorama, donde también se han producido protestas, salvo que sin la escenografía de la violencia de Murcia. Leer las justificaciones de los políticos de Vox, el silencio de buena parte del PP, nos descubre el interés de todo este asunto. 

Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en Andalucía y dirigente del sindicato vertical de los ultras, declaró en sus redes sociales respecto al asalto: “Esta es la imagen de la desesperación del pueblo que se ve sometido por las políticas globalistas, comunistas y de izquierdas. Se ven en la ruina y reaccionan”. No hay mayor dedo acusatorio que las palabras de quien agita el árbol para recoger los frutos. Desenredemos la madeja.

Primero, ¿qué desesperación? El campo español tiene una serie de problemas que no son, precisamente, producto de esta legislatura. Lo cierto es que en 2020 el sector aumentó sus exportaciones un 4,1%, llegando a la cifra récord de 53.848 millones de euros. Es decir, la pandemia ha reforzado el sector primario de nuestro país, con un crecimiento en el caso del porcino de más de un 30% por sus exportaciones a China. 

Es decir, cifras que no parecen retratar a un sector productivo precisamente “desesperado”. Repetimos, el campo tendrá una serie de problemas, pero no parece que en estos momentos las patronales agrarias sean los sans culotte a las puertas de Versalles reclamando pan.

Segundo, ¿qué políticas globalistas, comunistas y de izquierdas? El ayuntamiento de Lorca, gobernado por el PSOE, trataba de aprobar una ordenación urbanística para que las macrogranjas se situaran a una distancia prudencial de viviendas, colegios u hospitales, tan sólo eso. No iba a expropiar y socializar las 50 explotaciones intensivas de gran tamaño que ya existen en el municipio mediante la guardia roja; tampoco, ni siquiera, vetar la puesta en marcha de nuevos negocios, tan sólo intentar ordenar su urbanismo.

 ¿Es el PERTE agroalimentario impulsado por la UE, de mil millones de euros, una política globalista? ¿El señor del sindicato vertical pide a sus escasos afiliados patronales que renuncien al mismo? A finales de diciembre de 2021, el Congreso aprobó la prohibición de la venta a pérdidas, una histórica reivindicación del sector, con la abstención de PP y Vox, para no coincidir, imaginamos, con una ley impulsada por el comunismo. (...)

Es decir, que viendo la realidad frente al relato ultra, lo único que podemos deducir es que el asalto lo que buscaba era dar justificación al discurso de Vox, no al revés. La ultraderecha sabe cuál es su punto débil: que más allá de sus guerras culturales, en políticas concretas, son un partido ultraliberal, servil con los intereses de los grandes propietarios.

 ¿Cómo conjugar la defensa de los intereses de la gente del dinero con el de algunos de tus votantes que son perjudicados justo por esos intereses? Pues con muchas banderas, mucha amenaza de un enemigo exterior y escenificando que hay un “pueblo” que ha dicho “basta ya” a la “tiranía sociolcomunista” que les lleva a la “ruina”. Una oración que requiere de ocho comillas para poder encajarla en su absoluta falsedad.

 Las derechas necesitan fingir que representan algún tipo de ira popular, pese a que las razones tengan que ser sustituidas por la manipulación —ver episodio Garzón— y los protagonistas sean un tipo muy peculiar de “pueblo”. En agosto de 2021, conocimos que los señores del chalequito marrón que asaltan ayuntamientos se enfrentaron a más de 3.000 sanciones por fraude laboral una vez que la inspección de Trabajo puso la lupa sobre ellos, nada más y nada menos que un 42% del total de las investigaciones emprendidas.

 ¿Qué sector productivo en este país acumula tal cantidad de infracciones? ¿Qué patronal se puede permitir amenazar a una ministra, asaltar ayuntamientos y pretender que está por encima de la ley y las instituciones con las que nos dotamos? Uno que se sabe esencial al estar situado en la base de la pirámide, uno que conoce que el poder del que dispone en su entorno directo es omnímodo: ponen y quitan alcaldes, pero lo peor, dan y quitan trabajos en zonas donde no hay una gran variedad laboral.

 Repetimos, es cierto que el campo español tiene una serie de problemas a solucionar, tanto como que hablar de un sector productivo sin tener en cuenta los intereses de clase es parcial e interesado. Y aquí, en el asalto de Lorca, en los episodios que nos quedan por delante, a lo que asistimos es a la comunión de las derechas con los grandes propietarios, que se han erigido como única voz del rural. 

Mientras que con la mano izquierda están ávidos del dinero de los fondos Next Generation, le dan libertad a su derecha para que muestre su gen más reaccionario. Sí, el episodio murciano ha recordado al asalto trumpista al Capitolio, pero en nuestra historia tenemos trágicos y numerosos ejemplos de cómo esta pequeña burguesía rural se constituyó en ariete contra cualquier progreso y equidad social del siglo XIX en adelante: desamortiza, Estado, pero ni se te ocurra una reforma agraria o brilla el acero y vuela el plomo.

 Y en medio, no es menos cierto, el fondo gris de trabajadores rurales y pequeños propietarios que, o bien carecen de voz y organización propia, salvo quizá en algunas zonas de Andalucía, o bien se dejan arrastrar en una mezcla de incertidumbre y miedo: la acusación de rojo traidor se lleva siempre mejor en una ciudad de cuatro millones de habitantes que en una localidad de cuatro mil personas. Es aquí donde el Gobierno debería centrar sus esfuerzos, no en apaciguar a quien no quiere ser apaciguado, sino en políticas reales que permitieran un reequilibrio en la propiedad, los modos de producción y los derechos laborales. 

Que nadie se confunda: Vox no engaña a nadie que no quiera ser engañado, tan sólo les da la coartada política y moral para que impongan sus intereses de clase, si es necesario, a hostias, recibiendo en el intercambio la escenografía de “pueblo iracundo” que tanta falta les hace cuando, por mucho nylon marrón que vistan, el único campo que pisan y quieren es el de las monterías donde tirar cinco duros al guardés desde la ventanilla del todoterreno. (...)

En 2014 había acusados 260 sindicalistas con penas que sumaban más de 120 años de cárcel. Sindicalistas de verdad, digo, no a sueldo de la ultraderecha y la patronal.

La pretensión de equiparar la escenografía sucedida en Lorca con las protestas de la pasada década, además de terriblemente mezquina, es falsa. Hace diez años existió un ataque legislativo y empresarial contra los intereses de los trabajadores, los porrazos y las detenciones se los llevaron los despedidos en gigantescos expedientes de regulación de empleo. 

Si tienen todavía dudas sobre las diferencias, acudan a los periódicos de grapa y orden: a estas alturas, si el asalto al consistorio hubiera sido por una protesta laboral, tendríamos las caras de los implicados en las portadas. También si hubieran hablado euskera o catalán. Puede que algunos se crean, aún, con el monopolio de la violencia. Algunos opondremos entonces la virtud de la memoria."                 (Daniel Bernabé, InfoLibre, 01/02/22)