Fue a su oficina cada día durante dos meses con una pancarta en la que había escrito ‘Devuélveme mi dinero’. Es un desgaste psicológico increíble... la estafa de las preferentes tienen graves consecuencias sanitarias

"En otoño de 2011 estalló la crisis de las preferentes. Cientos de miles de españoles habían perdido sus ahorros por culpa de las malas prácticas bancarias y comenzaban la lucha para recuperarlo. Un drama económico que empezó a resolverse en los tribunales años más tarde gracias a la movilización ciudadana.

Muchos casos particulares abrieron los telediarios, ocuparon páginas enteras de los periódicos. Algún suicidio o intento de suicidio, afectados explicando que llevan años con ansiedad, matrimonios que no aguantaron la crisis y muchos que, al ser mayores, se quedaron en el camino... Aunque, de manera general, no se solía hablar de los perjuicios a la salud.

Hoy, cinco años más tarde, esos daños ocultos son el rastro de una crisis que sobrepasa la estricta estafa financiera. Como unas muñecas rusas del drama: una vez abierto el desastre económico encontramos otro sanitario.

En junio de 2015, un grupo de expertos en economía, derecho, medicina y ética crearon la fundación Finsalud para establecer, de manera científica, asociaciones entre “la pérdida súbita de los ahorros y la salud física y mental de las personas”. (...)

“En un primer momento, me preocupé para que recuperara su dinero, temía que mi padre perdiera sus ahorros de toda la vida y veía que eso le afectaba, pero no tanto en temas de salud aunque sí veía que se pasaba noches sin dormir o con estrés”. Su padre falleció súbitamente pocas horas después de recuperar su dinero. (...)

“Recuerdo a esta mujer gallega que había perdido 6.000 euros, todos sus ahorros, y que fue a su oficina cada día durante dos meses con una pancarta en la que había escrito ‘Devuélveme mi dinero’. Al final, la echaron y siguió tres meses más fuera de la oficina. Fueron cinco meses en la que estuvo completamente sola. Es de este desgaste psicológico del que estamos hablando. Es un desgaste increíble”, sentencia Missé.

En su libro, el periodista relata cómo en Mataró la profesora de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona Ingeborg Porcar investigó y dirigió talleres para preferentistas que ya habían cobrado después de varios años de lucha. Según ella, incluso después de recuperar su dinero, los afectados seguían teniendo “una sensación de absoluto descontrol” sobre sus vidas y muchos seguían traumatizados.

Para Missé, el tema de fondo es el engaño sustentado ya que los afectados confiaban plenamente en su banco, pensando que seguían funcionando como cajas de ahorros, destinados a ayudar al pequeño ahorrador. Pero, de momento, son pocos los casos en los que la justicia ha reconocido los daños morales y otorgado indemnización para ellos.   (...)

La hipótesis de la fundación es que estas estafas bancarias han aumentado el riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresiones y crisis de ansiedad que pueden llevar al suicidio, así como un deterioro general de la calidad de vida del afectado.

A principios de octubre, la fundación presentó sus resultados preliminares con un análisis de unos 200 afectados que habían o no recibido compensación (el estudio prevé estudiar un total de 800 casos). Según la investigadora, los resultados finales estarán disponibles en la publicación científica que se encuentra actualmente en revisión.

Estas primeras conclusiones del estudio no son optimistas. En su análisis, los expertos indican que, en comparación con la población general, los afectados por fraude bancario tienen peor calidad de vida, peor calidad de sueño, menos horas de sueño, peor salud mental y peor percepción de la salud.

Un cuarto de las personas afectadas tiene diagnóstico psiquiátrico aunque, según el estudio, un 80% presenta criterios de “posibles casos” psiquiátricos. Además, de manera general, la salud mental de los afectados por preferentes es regular o mala en el 85% de los casos frente a un 20% del conjunto de la población. Y casi todos sufren algún dolor, sobre todo en el cuello o la espalda, donde se acumula la tensión. (...)

En Vilanova de Córdoba, Pedro Vera luchó junto a 300 afectados de su pueblo para recuperar un total de 13 millones de euros. Tras dos años y medio de lucha, lo consiguieron pero, al ser preguntado sobre su estado de ánimo, Vera contestó:

“Me siento un poco frustrado. Al fin y al cabo, hemos logrado que nos den lo que era nuestro, hemos tenido que luchar mucho, con mucho sufrimiento y algunos se han quedado por el camino. Ellos en cambio se han ido de rositas, nadie nos ha pedido ni disculpas ni perdón, eso no es justicia”.

El sufrimiento, añadido al sentimiento de culpa, lleva a algunos a querer olvidar esta época después de cobrar el dinero que pensaban perdido. Serrano explica cómo muchos siguen en trauma, “no les gusta recordarlo”, y eso dificulta el trabajo de investigación de la fundación. Missé coincide con esta versión explicando cómo varios expertos y activistas dejaron de contestarle una vez recuperado el dinero. “Quedan todos agotados de tantos años de lucha y ahora quieren olvidar”, explica el periodista.

Pero si los resultados finales del estudio son concluyentes, Serrano espera que puedan servir para que todos estos perjuicios en la salud sean reconocidos. “Nuestro objetivo es dar argumentos científicos para que la reparación sea lo más total posible”, concluye el economista aunque reconoce que siempre faltará algo que ningún estudio podrá lograr: una disculpa."               (Elise Gazengel, CTXT, 26/10/16)

Desamparados ante la usura: "Me quitan mi casa por una deuda de 18.000 euros"

"Miguel Ángel tiene miedo a salir de casa. A sus cincuentaitantos y a pesar de ir siempre flanqueado por un perrazo cruce, de mastín y pastor alemán, cada vez que escucha un motor en la calle se encierra tras una puerta de metal y llama a su abogado. Lleva meses soñando, entre pesadillas, con este momento, el momento en el que vengan a su casa para desahuciarlo.

Sobre el asfalto de la calle Fuente Romana, en Navalcarnero, seis agentes de la Guardia Civil y dos funcionarios del juzgado esperan a que den las 11:30. Los vecinos miran por las ventanas. Una señora lamenta, a lo lejos, que "no se hagan estos despliegues con los auténticos delincuentes", pero los agentes no desvían la mirada de la casa de Miguel Ángel. Dan y media. En ese momento, el agente más cercano al chalé da un paso adelante y llama al timbre. 

— Caballero, tiene que abrirnos la puerta, tenemos una orden de desahucio.
— Estoy llamando a mi abogado, ha ido a ver a la jueza. Lo último que me dijo es que no abriese.
— Si no abre tenemos a un cerrajero que lo hará por usted. Vaya atando al perro. 

En este momento Miguel Ángel da un paso atrás y trata de respirar hondo. No puede. Su pareja y su hijo siguen dentro, detrás de las ventanas. Se agarra el pecho tratando de conseguir oxígeno y echa una mirada desesperada a los periodistas que estamos dentro de la casa, como si con nuestras cámaras pudiésemos espantar a las autoridades y pagar su deuda. Y nosotros bajamos la cabeza. Ha llegado el momento. Miguel Ángel y su familia tienen que abandonar el edificio que ha sido su casa los últimos catorce años.

“Denme solo diez minutos, se lo pido por favor”, suplica Miguel Ángel, aferrándose a un milagro en forma de llamada de móvil. Su abogado, Carlos Galán, se ha presentado en los juzgados para conseguir una moratoria 'in extremis', pero lo último que sabemos es que la jueza no ha querido recibirle. Los minutos caen como plomo, en silencio, mientras Miguel Ángel y los periodistas nos miramos con los agentes a través del portón de la casa.

Y, de repente, lo imposible. Un agente se retira a hablar por teléfono y se acerca a la puerta: “Caballero, me comunican que han detenido el desahucio”, le dice a Miguel Ángel que, esta vez sí, parece desfallecer. Tras unos minutos, y todavía con los ojos empañados, recibe a su abogado y juntos se funden en un abrazo. “Esta vez ha estado cerca”, lamenta Miguel Ángel con la voz trémula. Todo ha acabado por hoy, pero dentro de un mes su acreedor volverá a intentar quedarse con la casa. 

 “¿Tú te crees que me van a quitar la casa por un crédito de 18.000 euros?”, dice Miguel Ángel. Hace cinco años avaló un crédito hipotecario de su cuñado con su casa y el familiar no solo dejó de pagar, sino que se fugó a Perú. Miguel Ángel, charcutero en una gran superficie, se vio obligado a pedir otro crédito para evitar que el banco se quedase con su domicilio, una casa unifamiliar en Navalcarnero que, en el cénit del ladrillazo, llegó a tasarse por 600.000 euros. 

Ahora vale en torno a 400.000. Intentó pedir otro crédito para pagar el anterior, pero Bankia le había inscrito en la lista de morosos y todos los banqueros se negaron a hacerlo. Así que recurrieron a los préstamos privados. Su mujer hizo una búsqueda en internet y fue a topar con el primer resultado, que no es otro que el célebre Antonio Arroyo, también conocido como ‘El gran usurero’. 

Arroyo, primer prestamista inscrito en España, es un personaje polémico que ha ejecutado a más de 90 familias, mientras que las asociaciones de afectados hablan de otras 3.000 personas en problemas con este prestamista. La mayoría denuncia que Arroyo les obligó a avalar el crédito con su casa y que, una vez concedido, nunca les dio la posibilidad de devolverlo.

 “Les llamé un montón de veces y nunca me cogían el teléfono. Incluso quedé con ellos, cuatro o cinco veces, y nunca acudieron a la cita. Lo que querían, como es obvio, no era que yo devolviese el dinero, sino quedarse con mi casa por poquísimo dinero”, dice el propietario. Arroyo, que tiene derechos sobre más de 500 fincas por toda España, ha sido detenido tres veces, pero sigue libre y operando.

Miguel Ángel no se preocupó ni siquiera de preguntar por la tasa de demora del préstamo. Se reunió con el equipo de Arroyo en una notaría de la calle Buen Suceso, en Madrid, y firmó los papeles sin hacer muchas preguntas. Necesitaba el dinero. No sabía que se estaba comprometiendo a pagar unos intereses de demora del 29%, un porcentaje que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ubica por encima del umbral de la usura. 

“No me atendieron durante los primeros meses y, un día de repente, me llamó la secretaria de Arroyo para decirme que les debía 40.000 euros”, dice Miguel Ángel, cuya casa ha salido a concurso público sin avisarle. 

Una ley con 108 años

En realidad, en España la usura no es una figura penal. La ley que la regula data de 1908 y no establece márgenes claros para identificar cada caso. El texto legal, impulsado por el diputado y filósofo Gumersindo de Azcárate durante el primer Gobierno de Antonio Maura, reza así: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

 Imponía, además, unas multas de entre 500 y 5.000 pesetas para los usureros, que fueron derogadas en 1995 por el socialista Juan Alberto Belloch. (...)

"Los españoles están completamente desamparados ante la usura. Es que el mismo concepto es problemático, porque no se fijan unos márgenes aceptables en ninguna ley. No hay control de la Administración sobre estos establecimientos financieros, ni tampoco de las comunidades autónomas", lamenta Rubén Sánchez, portavoz de la agencia de consumidores Facua.

 "El sector está muy mal regulado. La banca pase, porque tiene al Banco de España, pero con los establecimientos financieros, y no quiero ya ni mencionar a los prestamistas privados, eso es la jungla. La ley de 1908 es escueta y poco específica", considera el letrado especilista en préstamos Carlos Galán.

En España, un prestatario que se sienta estafado no tiene vías extrajudiciales a las que acudir. Los institutos de consumo autonómicos, el Banco de España o la CNMC no tienen potestad para emitir veredictos vinculantes y mucho menos declarar un contrato de préstamo nulo. La única solución es acudir al juzgado.  

Para Adicae, (Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas), "urge establecer unos criterios comunes ante la dispersión legislativa del sector, todo un ‘coladero’ para una gran variedad de empresas y productos sin control que abusan del consumidor. Los créditos al consumo ofertados por bancos y establecimientos financieros de crédito (EFC) –supervisados por el Banco de España– conviven con productos como los microcréditos, que cualquier sociedad mercantil puede comercializar, siendo libre de imponer cláusulas abusivas y precios fraudulentos sin supervisión alguna". 

¿Significa esto que la usura no pasa factura en España? No exactamente. De hecho, en los últimos meses, diversos juzgados han recuperado la ley Azcárate para anular créditos y líneas de financiación diversas. 

La sentencia más importante, en tanto que crea jurisprudencia, es la emitida por el Supremo a finales del año pasado, cuando el Pleno de la Sala Civil del alto tribunal concluyó que “los créditos que dupliquen el interés medio del mercado deben ser considerados usurarios y, por tanto, nulos”. Se trataba de un crédito al consumo con un interés del 24,6% TAE por el que un cliente que obtuvo 25.634 euros de préstamo fue penalizado con unos intereses de 18.568 euros. (...)"          (El Confidencial, 23/10/16)

Créditos rápidos, la usura del siglo XXI: tipos de interés de más del 2.000%... ofrecidos a través de la televisión

"La desesperación de aquellas personas que siguen sin encontrar salida a su deplorable situación económica después de años de crisis y que se ven asfixiadas por las deudas, sumado a la pequeña subida del consumo y el barato precio del dinero, han traí­do consigo un repunte de las empresas que ofrecen dinero “rápido y fácil”. Son los conocidos como créditos rápidos o minicréditos, que inundan los cortes publicitarios de la televisión y las marquesinas de las calles con agresivas campañas de captación de clientes.

Los créditos rápidos, llamados así por la velocidad con la que se conceden, son préstamos de menor importe, inferiores a 200 euros –llamados minicréditos y que escapan a cualquier legislación– y hasta los 6.000 euros. El plazo de devolución es otra característica singular de estos préstamos. Algunas empresas ofrecen la posibilidad de devolver los créditos en plazos de entre 12 y 36 meses, pero muchas de ellas, como 1credito.es o twinero.es, ofrecen préstamos a devolver en un máximo de 30 días.

La inmediatez en la disposición del dinero, los sistemas de contratación a distancia (teléfono e internet) y la poca o nula exigencia de garantía de pago son otras de las características de estos préstamos que facilitan el acceso a personas empujadas por la urgencia o la desesperación, que responden a impulsos consumistas, con una mayor predisposición a no poder devolver el dinero, o a colectivos más desprotegidos, excluidos por el sistema bancario tradicional y sin capacidad de defenderse ante los abusos cometidos por estas empresas por un posible impago o demora.

Intereses del 2.000% TAE

Pero, sin duda, lo más llamativo, a la vez que peligroso, son los tipos de interés que ofertan estas empresas. Los intereses, comisiones y penalizaciones de muchas de estas compañías multiplican en cientos de veces los tipos de interés de los préstamos al consumo que comercializan en la banca tradicional o del precio actual del dinero. (...)

Si los tipos de interés que ofertan estas compañías no fueran lo suficientemente altos de por sí, las penalizaciones y recargos aplicadas a los retrasos en los pagos terminan de encarecerlos de manera exorbitada. Algunas empresas, como Cashper, cargan con 20 euros de comisión el retraso en un pago, aunque éste sea de un solo día. A esto se le suman las “comisiones por informar” del retraso que cobran muchas de estas empresas. Cobros de 20 euros por el simple hecho de enviar al cliente un SMS avisando del impago o 35 euros por el envío de un SMS, una carta y un email.

Según un estudio realizado por la asociación de clientes de la banca Adicae sobre el crédito no hipotecario en España, las penalizaciones por impago pueden multiplicar los costes del préstamo, como ocurre con la empresa Vivus.es, que obliga al cliente, en caso de impago al vencimiento de una cuota, a pagar una penalización por mora de un 1% diario de la cantidad pedida. 

En Kredito24, si el retraso en la devolución es de un día, los intereses y gastos supondrán un 20% más, y de esta forma correlativamente hasta alcanzar el 45% si el plazo transcurrido es de 20 días. En el caso de Creditomovil, pasados tres días desde la fecha de vencimiento, tendrá un coste adicional de 10 euros. Transcurridos 10 días, ese coste adicional será de 15 euros a sumar a los 10 del paso anterior, y así sucesivamente; cantidades exorbitadas comparadas con los importes de los préstamos. (...)

Las penalizaciones económicas no son los únicos abusos que pueden sufrir los clientes en caso de demora o impago. En un estudio realizado por la Cooperativa de Investigación Social y de Mercado Indaga Research para la Asociación General de Consumidores, los clientes de créditos rápidos entrevistados narran las agresivas técnicas de recobro que usan estas empresas. 

“Cuando tienes un retraso son capaces de llamarte cada hora mediante un sistema de marcado automático”, dice uno de ellos. Otro cliente explica que “hubo un momento de cartas con amenazas. Llegaban a llamar a mi familia, la localizaban, llamaban a mis padres y llegaron a llamar a mi hermano, que vive al lado de mis padres, sólo por tener el mismo apellido que yo”, lo que supone una posible infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

 

Además, aprovechando la urgencia y desesperación de muchos de los clientes que acuden a este tipo de servicios, las empresas que comercializan estos préstamos eluden la obligación de información y transparencia. Según un sondeo realizado por Adicae entre sus socios en 2015, el 68% de los encuestados que accedieron al crédito rápido afirmaban que no fueron informados con claridad y sencillez de las condiciones.

 El 56,3% afirmó que no conoce las consecuencias de no pagar el crédito y el 64% tuvo problemas con la contratación del mismo, porque la explicación fue difusa y porque había cláusulas que les parecieron abusivas.

¿Quién los controla?

Los créditos rápidos no cuentan con una definición legal, ni regulación o tratamiento específico. Muchas de las compañías que los comercializan son entidades no financieras, por lo que escapan a la regulación del Banco de España. También a la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya que no son sociedades cotizadas. (...)

Usura

La Ley Azcárate de 1908, todavía vigente, sobre la usura indica que será cancelado todo contrato con “un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que el crédito resulte leonino por las circunstancias de angustia o similar en la que se concedió”, pero no establece un tipo de interés concreto.

 Esta ley, declaran desde Adicae, “es muy ambigua y la realidad nos muestra que en caso de conflicto hay que acudir a la jurisprudencia y al análisis del caso por caso, con el perjuicio que este enfoque individualista conlleva para la defensa de los consumidores, en lugar de regularla de forma clara y con una solución general y colectiva”.    (El Salmón contracorriente, 27 de septiembre de 2016, Yago Álvarez )

"Lo llaman suicidio pero es homicidio cuando la estafa financiera va a por esa persona"

"Suicidios y crisis. Dos palabras que sólo cuando se pronuncian desatan la polémica. Frente a quienes sostienen que no existe relación, otros alertan con datos. Un estudio concluía que la tasa de suicidio creció un 8% desde 2008, con el inicio de la crisis. Otra investigación apuntaba un aumento de la ansiedad y depresión. 

 Más allá de las cifras, la realidad pone nombres y apellidos. El paro y las amenazas de desahucio fueron las causas que minaron la moral de Francisco José. La pobreza y la exclusión social provocaron que la ansiedad y la depresión se apoderasen de su vida. La llegada de una carta fue la gota que colmó el vaso. En un callejón sin salida, Francisco puso punto final.

La casa de Francisco José sigue en silencio, cerrada, sin venderse. Su familia es testigo e intenta sobrevivir con el peso del recuerdo. Su ausencia se mastica día tras día, desde que hace casi dos años Francisco se lanzase al vacío.

 “Lo llaman suicidio pero es homicidio cuando la estafa financiera va a por esa persona, creando miedo, depresión y ansiedad”, explica Nani, desde la impotencia de haber perdido a su hermano. Toda la familia vivía en Villafranca, Córdoba. De aquel día negro apenas recuerda breves momentos, pero sí un dolor profundo, sordo y hueco. 

 Cuando ocurre un suicidio casi nadie quiere hablar. Hay familias que lo viven como un final a ocultar, aún más cuando la pobreza se cruza en el camino. Nani quiere recordar a su hermano y su historia como una víctima de la crisis. Francisco trabajaba en la construcción cuando firmó una hipoteca con Cajasur. 

La llegada del paro parte en dos sus proyectos y, con la ayuda del desempleo, apenas le da para salir hacia delante con su mujer y una hija de ocho años. Las amenazas de desahucio no tardan en llegar. “Una, y otra, y otra, y otra…”, recuerda Nani. No tenían fin.

Para intentar saldar esta deuda, Francisco solicitó ampliar la hipoteca y otra entidad, Ibercaja, le ofrece 22.000 euros, donde su padres fueron avalistas. “Pero Ibercaja, a espaldas de mi hermano, llega a un acuerdo con Cajasur: repartirse la vivienda. Ibercaja le concede el préstamo para pagar a Cajasur. 

Le dijeron que el desahucio no seguía adelante pero le hicieron firmar negociaciones falsas bajo notario y ahí fue cuando descubrimos la estafa entre las dos entidades”.

 A pesar del pago, Nani describe que las presiones continuaron hasta que tuvo que abandonar su vivienda. Ellos suponían que era una dación en pago, pero Ibercaja continuó con su reclamación de 22.000 euros y amenazaron a los padres como avalistas. 

Buscaban a Francisco a través de cartas, llamadas a altas horas de la noche, en las empresas donde tenía entrevistas de trabajo o incluso delante de su hija cuando la recogía en el colegio.

En 2011, Francisco ya se autolesionó. En una de las visitas al banco, una nueva negativa le hizo coger un abrecartas y hacerse un corte en la yugular. “Estuvo casi una semana en coma, pero salió hacia delante. Después se hizo activista de la PAH. Siempre se arrepintió de aquello. Tomó conciencia, pero era una señal de aviso, de ver si servía esa desesperación y de si ese acto podía acabar con aquel drama”, relata Nani. Pero no fue así, las amenazas aumentaron.

 Con la PAH pudo acceder a una ayuda de alquiler y se mudaron a Córdoba capital, pero los problemas nunca se iban. Los 400 euros de ayuda como parado de larga duración se agotaban. El 8 de febrero de 2013 Francisco regresó a casa después de dejar a su hija en el colegio. Lo siguiente que recibe Nani es una llamada de teléfono. Francisco había muerto. 

“El mundo se para. Se para en seco. El suicidio lo provoca la pobreza. Y lo suyo no fue sólo un caso de impago. Fue una estafa. Aquel día recibió una carta de Hacienda. Le reclamaban 400 euros de la venta de la vivienda, cuando el titular de la casa era Cajasur y mi hermano no había vendido nada. Esa fue la gota que colmó el vaso.”

Fueron años de dolor y de lucha. De ver cómo las amenazas y las presiones afectaban a toda la familia. “En un año yo vi un deterioro tremendo de mi hermano. Todo se le hacía grande. Pero mi padre también tuvo un infarto con varias recaídas. Mis padres siguen en tratamiento psicológico. Nadie puede hacerse una idea del estado emocional y mental que crea todo ese acoso. Es apabullante. Muy complicado de digerir”. 

Nani reconoce que estos suicidios se producen porque falla el sistema al completo. Por más gritos de ayuda que lancen los afectados no encuentran suficiente apoyo. Están desamparados. Son excluidos sociales. “No puedes seguir tu vida de esa forma. Te consumen poco a poco, sin motivaciones ni esperanzas. La misma sociedad te aparta.

Él tuvo el apoyo de Stop Desahucios en su momento, y tenía que acudir a Cáritas en Villafranca, pero ¿es una ayuda, para tres miembros, tres litros de leche al mes con una caja de galletas? Todo le machacaba. Perdió la ilusión incluso por su hija. 

 Había días que ni si quiera quería verla. Esa niña ha aprendido muy pronto de qué va la vida, ha madurado de golpe, por desgracia. Mi hermano vivía en un estado depresivo, distante, serio, y quería siempre quedarse sólo.”

La familia de Francisco José se quedó sin capacidad de reacción. Nani suma la muerte de su hermano a su reciente separación, por malos tratos. Y, aún así, coge el timón de la casa y transforma su luto en lucha.

 Los primeros días, el caso de Francisco se queda en un cajón, en silencio, esperando que su muerte pase desapercibida, pero su hermana reabre el caso porque la deuda permanece. Lo deja todo. Vive de lo que le den sus padres y de Cáritas y emprende un nuevo camino para honrar la memoria de su hermano. 

“No había habido una venta del piso, sólo la entrega. El negocio de los dos bancos era acordar beneficios para ambos. Como no fue una venta, Ibercaja no tuvo el beneficio que quería de aquella vivienda, así que aún muerto mi hermano reclamaba la deuda y yo no me fiaba”, relata Nani, que actúa en cuanto comprueba que el banco también va a por la pensión de sus padres. 

 Ella con su hija se une a los compañeros de Stop Desahucios. Nunca olvidará cuando intentó convencer a Cajasur de que negociara con Ibercaja para anular la deuda. “Me dijeron que no conocían el caso de mi hermano, pero tampoco como cliente. Y, claro, aún menos la muerte que ellos habían ocasionado de alguna forma. 

Le planté la foto con la cara de mi hermano sobre la mesa, lo cogí del brazo y le respondí que si no lo reconocía, lo iba a recordar ahora mismo. Le propuse subir a la azotea del edificio y que nos íbamos a tirar, como ellos hicieron con mi hermano, porque sus amenazas lo empujaron”. No hubo respuesta salvo la indiferencia. A la salida de la entidad estaba Ada Colau, que aún pertenecía como portavoz de la plataforma.

Pasaron los días de titulares, de noticias sobre su hermano y su familia se queda en la soledad, sin ayudas y con la carga de la deuda. Nani se fortalece y emprende el dos de julio una marcha hasta Bruselas, con seis personas más afectadas, para denunciar la estafa financiera. A la vuelta de Bruselas todo sigue igual. El círculo se cierra. 

La única alternativa era ir a la sede de Ibercaja en Zaragoza. Y allí acude Nani. “También voy a Stop Desahucios de Zaragoza y, con su apoyo, he conseguido la condonación. Han pasado casi tres años. Lo firmé el pasado 29 de octubre. Me acordé de mi hermano mucho ese día. Es como si yo tuviese esa deuda personal con él. Fue una injusticia grandísima”.

Pero justo después, como activista de la PAH, Nani recuerda que el caso de su hermano no fue el único. Que hay más víctimas como él, y que sin ayuda pueden tener el mismo final. “Ocurre cada día, pero eso no sale en prensa. El problema sigue. Se hizo más conocido con los suicidios, pero cuando no ocurren, no salen. 

En próximas fechas tenemos más desahucios, como una familia de cuatro hijos y en plenas Navidades. Yo ya no creo a los políticos. Yo hace tiempo que dejé de creer ya en las palabras. Quiero hechos”, afirma con rotundidad.

 Nani mira atrás y le da vértigo. Todo ha sido acelerado. No sabe de dónde sacó fuerzas durante este tiempo y ahora no puede dejar de ser activista, de preocuparse por los demás y de denunciar las estafas que esta crisis ha provocado. “He aprendido a ver la realidad, esa de la que aún la gente no es consciente. Creen que lo que sale en las redes es lo que ocurre y eso es la punta del iceberg. 

 Cuando estás aquí compartes momentos con esas familias, vas a la puerta de un domicilio a parar un desahucio, de recoger a esos niños que están en la calle y buscarles un techo… Vivir ese día a día es lo que me mantiene viva”, confiesa.

 No quiere ser protagonista de esta historia. Quiere que lo sea su hermano y Stop Desahucios en Zaragoza, porque sin ellos no existiría esta victoria amarga por las circunstancias. Han conseguido mucho. Nada menos que evitar ver a sus padres en la calle y seguir pagando la deuda.

Se han quitado esa angustia, no el dolor. Nani dice que nunca estarán tranquilos. Que nunca olvidarán lo ocurrido. Que nunca borrarán aquel día. Jamás dejarán de pensar en su hermano. Tampoco en aquellas cosas que le recuerdan a él, como los magníficos objetos que tallaba en madera durante horas, o cuando dibujaba cargado de ilusión.  

Entre esa nostalgia brota la melancolía, la rabia, y la impotencia de todo lo que no han podido vivir junto a él. De la comunión de su hija tres meses después de su muerte. De aquel camino hasta Bruselas. De la condonación de la deuda.

Cada uno encuentra una manera de pasar el duelo y de canalizar ese cóctel de sentimientos. Nani localizó la suya: “Mi rabia la saqué en forma de lucha. Sólo me quedaba tranquila cuando me veía en una acción, negociando, luchando. Ahora empiezo a asimilar la muerte de mi hermano, no pude pararme a sentir ni a padecer en esas circunstancias.”

Antes de terminar me recalca un mensaje importante. Que con este reportaje ella solo quiere que su hermano no quede en el olvido. Tampoco su muerte. Aún menos, sus circunstancias. Que su hermano no es un número más. Que tenía nombres. Y apellidos. Como todos los afectados. Y que el paro, la exclusión social y la codicia fueron sus verdugos. Francisco José Lema Bretón (1976- 2013)"                     (Público, 16/12/15)

Las cláusulas suelo de las hipotecas han provocado 200.000 ejecuciones hipotecarias

"La cláusula suelo en las hipotecas españolas supone de media una pérdida de unos 3.000 euros al año para cada afectado, al tiempo que este tipo de topes a la caída del euríbor tiene un papel determinante en casi el 90% de los desahucios, según estimaciones de Adicae.

La asociación calcula que en España hay dos millones de hipotecas con cláusula suelo, fijadas en una media del 3,5%. Así pues, el tipo de interés que se aplica por estos suelos oscila entre un 426% y un 200% superior al que debería aplicarse si se tiene en cuenta el desplome del euríbor.

Adicae considera que el fin de las cláusulas suelo evitaría 200.000 ejecuciones hipotecarias. La demanda colectiva de Adicae, inicialmente dirigida contra 101 entidades bancarias que finalmente quedaron en 35 fruto de los procesos de fusión, se dirige contra 31 entidades, después de que algunas entidades hayan dejado de aplicar la cláusula suelo.  (...)

Los servicios jurídicos de la Comisión Europea han remitido un informe al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que discrepan del Tribunal Supremo español, que condenó a la banca a restituir lo cobrado en exceso a los clientes con ese tipo de cláusulas, pero sólo a partir de mayo de 2013.

Desde su punto de vista, si el límite del tipo de interés a cobrar es ilegal lo es desde el momento en que se establece, no desde que se produce la sentencia. (...)"           (Crónica Global, 27/10/2015)

La contaminación total del letal óxido de nitrógeno por los diesel de la Volkswagen, de casi un millón de toneladas al año, equivale a la que producen todas las industrias automovilísticas, y toda la agricultura de Gran Bretaña

"(...) Pero la fama de rigor, seriedad y eficiencia que siempre se identificó con Volkswagen, fue más consecuencia de un sobredimensionado departamento de marketing y relaciones públicas que no de la existencia de una excepcionalidad que, en realidad, no existía ni existió. 

A decir verdad, esta y otras grandes empresas automovilísticas nunca se caracterizaron por su sentido de la responsabilidad, oponiéndose, desde el principio, a que existieran instituciones públicas que las regularan a fin de proteger a los ciudadanos que compraran y utilizaran sus productos. La historia de Volkswagen no fue ninguna excepción. En realidad, no es la primera vez que a Volkswagen se le han descubierto prácticas en las que intentaba saltarse las regulaciones. 

Ya en 1973 ocurrió otro caso, situación que, por cierto, es bastante común en la industria automovilística. Otro suceso conocido es el de la General Motors en los años noventa. Tales industrias están constantemente intentando saltarse las regulaciones públicas que en teoría deberían seguir, regulaciones que en muchas ocasiones ya son excesivamente laxas debido a la exagerada influencia que la industria tiene sobre los organismos reguladores.

En realidad, cuando en EEUU las autoridades públicas decidieron avanzar hacia el fin del diesel por sus efectos muy nocivos para la población expuesta a él, la industria automovilística europea –y muy en especial la alemana- se sacó de la manga lo que llamó el “new diesel”, que presentó erróneamente como un diesel mejorado que no contaminaba. Hoy este “new diesel” se ha extendido por toda Europa, sin que la toxicidad del diesel haya, en realidad, disminuido. 

Es casi imposible que la compañía Volkswagen no fuera consciente de ello. Y también es difícil creerse que la dirección de Volkswagen no conociera la existencia del truco que se había instalado en el motor para ocultar la gran producción de óxido de nitrógeno -NOx- (que es una sustancia extraordinariamente dañina).

Cuando se descubrió el truco (en un laboratorio de la Universidad de West Virginia), la compañía mintió diciendo que solo 482.000 coches estaban afectados, cosa que tuvo que corregirse en cuestión de horas, pues el problema era mucho mayor. La compañía reconoció que eran 11 millones, y que la producción de tal sustancia tóxica era 40 veces superior a lo que aparecía en los tests llevados a cabo por las autoridades reguladoras.

 En total, la cantidad de contaminación total de este producto era de casi un millón de toneladas al año, que era la cantidad que producían todas las industrias automovilísticas británicas, junto con todos los coches, así como en todas las industrias y los servicios de agricultura existentes en Gran Bretaña (ver “What will VW Pay?” de Jamie Lincoln Kitman, The Nation, Sept. 19, 2015), artículo del cual extraigo gran parte de estos datos.

Ahora bien, les aseguro que ningún directivo terminará en la cárcel. Todo lo contrario. El máximo responsable de Volkswagen, su CEO o Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Martin Winterkorn, ha dimitido, con una pensión privada de 66 millones de euros.

 Y nunca ha habido una sanción hacia responsables de situaciones semejantes. La complicidad entre el poder político y mediático, por una parte, y la industria automovilística, por la otra, explica que, además de haber una enorme negligencia, haya un enorme silencio mediático sobre estas prácticas que distan mucho de ser nuevas. Así de claro."

 (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 14 de octubre de 2015, en www.vnavarro.org, 14/10/2015)

Condenado el Banco de Santander por endosar un producto financiero “diseñado para que el cliente entrara en pérdidas siempre”

"La complejidad de los productos financieros ha hecho que el “siempre gana la banca” pueda en ocasiones verse superado por un terrible “el cliente pierde seguro”: el Tribunal Supremo acaba de condenar al Banco de Santander a devolver el dinero que cobró a una cooperativa zaragozana por un producto financiero en el que esta “ jugaba siempre a pérdidas”.

 En realidad fueron siete contratos consecutivos cuya cuantía fue aumentando hasta superar los dos millones de euros.

La referencia a la posición de perdedor permanente consta en la sentencia por la que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ratificó el fallo del juzgado de Primera Instancia e impuso al banco las costas del pleito. También le condenó a pagarlas el juez que dictaminó inicialmente sobre el asunto y ha vuelto a hacerlo la Sala Primera del Supremo, que ha desestimado el último recurso de la entidad financiera.

El tribunal provincial, que destaca que “el propio perito del banco” admitió “de manera esclarecedora” en el juicio esa tesis del perjuicio asegurado, califica el contrato de permuta financiera – 'swap' en la jerga bancaria- que el Santander le endosó a la Cooperativa Vitivinícola de Longares como “un producto diseñado para que el cliente entrara en pérdidas siempre” y con el que “la entidad vulneró en todo caso el deber de lealtad contractual que le impone la legislación sectorial”.

La cadena de 'swap' comenzó en 2006. El “nocional” o cifra en la que se basa el negocio del segundo ya fue de 500.000 euros. El séptimo alcanzó los 2.030.000 euros. “Los siete contratos se suscribieron de forma sucesiva con una clara relación con el endeudamiento de la cooperativa”, sostiene el banco, que mantiene que incluían anexos que explicaban los posibles escenarios que podían producirse y que, en el caso del último, contenía “unas claras advertencias sobre los riesgos” y estaba “precedido de los test de conveniencia e idoneidad” que la ley obliga a firmar a quien los suscribe.

Los tribunales concluyen lo contrario, por lo que han anulado todos los contratos, han establecido un saldo de 75.144 euros a favor de la cooperativa y han condenado al banco a devolverle, con intereses, todas las cantidades que le cargó desde marzo de 2010.

Un 'swap' es un contrato financiero en el que banco y cliente acuerdan intercambiar “flujos de caja” de acuerdo con determinadas fluctuaciones. Normalmente, la referencia es la evolución de distintas divisas. 

La legislación los califica como “complejos” y “de riesgo”, por lo que obliga a los bancos cumplir “a unos severísimos deberes de información precontractual” y de lealtad que le impiden “ofertar y concertar productos claramente desventajosos para el cliente. Y ello aunque no medie un contrato de asesoramiento”, señala la Audiencia.

En este caso, “existía una absoluta desproporción entre las horquillas en las que podía resultar un beneficio (léase pretendida cobertura) para la Cooperativa y la horquilla en la que entraba en pérdidas”.

“El último swap, el de una más fácil comprensión teórica -añade-, no es en realidad tal permuta, sino un mecanismo para dilatar las pérdidas generadas por los anteriores, lo que lleva a sentar unas condiciones ya siempre a pérdidas en la previsión inicial”. De hecho, los tribunales apuntan que “no resulta entendible ni coherente esa sucesión contractual, que no es explicable desde la posición e intereses del cliente”.

Las sentencias dictaminan que el banco “no respetó sus específicos deberes de lealtad contractual” y ofreció a la cooperativa “productos desequilibrados” sin indagar sobre sus “condiciones subjetivas, capacidad y experiencia inversora”. 

“A todas luces -anota- no informó adecuada y suficientemente al cliente de los riesgos que asumía”, el cual “en realidad no terminó entendiendo nada de los productos que se le ofrecían”. De esa manera, sumió a la empresa “en una cadena de contrataciones que no terminó sino por generar lo que para el banco tenía que ser previsible desde el primer momento, esto es una posición final de desventaja y de claras pérdidas”. (...)"                (Eduardo Bayona - Zaragoza, eldiario.es, 04/10/2015)

El rescate encubierto de las eléctricas. O cómo terminamos pagando 80.000 millones de euros a las cinco grandes eléctricas... el regalito de Aznar

"(...) Desde 1998, cuando se liberalizó la energía eléctrica, 28 millones de consumidores han visto cómo el precio de la luz ha aumentado más del 80% mientras los beneficios de las eléctricas no han dejado de crecer, incluso en los peores años de la crisis. 

Algo que tiene consecuencias directas en la población: un 16,6% de los españoles tiene serios problemas para afrontar los pagos de la luz y de la calefacción. En la Unión Europea, sólo los habitantes de Ale­mania, Irlanda y Dinamarca pagan más que los españoles en la factura de la luz. 

La perra gorda se la llevan las cinco empresas que conforman la Asocia­ción Española de Industria Eléctrica (UNESA): Endesa, Iber­dro­la, Gas Natural-Fenosa, Viesgo y EDP. Junto con Red Eléctrica de España, controlan cerca del 90% del mercado de la electricidad.

La razón que aducen las eléctricas para aumentar año tras año las tarifas es que su actividad es deficitaria. Algo complicado de saber ya que, a día de hoy, no se conoce buena parte de sus costes de producción, afirma Cote Ro­mero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético e integrante de la cooperativa Ecooo.

El sistema eléctrico es tan opaco como la factura de la luz, y no es casualidad, afirma Ro­mero: “Es tan complejo porque lo que están ocultando es una permanente transferencia de la renta de los consumi­dores de la luz a las grandes corporaciones, a las eléctricas”.

Las cantidades de esta gigantesca transferencia han sido calculadas por primera vez por el Obser­vatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Según el reciente informe El Coste real de la energía, los hogares entregaron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. Y pretenden que la transferencia continúe, al menos, hasta 2027. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación?

Hasta 1997, el suministro eléctrico estaba completamente regulado. El Estado establecía lo que los consumidores tenían que pagar, pero también lo que las eléctricas tenían que cobrar. Sin embargo, el 27 de noviembre de ese año, el Gobierno de Aznar decidía dar un paso más en el proceso de privatización del sector y “abandonar la noción de servicio público”, según podía leerse en el texto de la ley 54/1997.

“Liberalizar el mercado fue el regalo real que se les hizo a las grandes eléctricas para forrarse”, explica a Diagonal Mario Sánchez Herrero, profesor de Economía de la Uni­ver­sidad Complutense de Madrid. La “reducción de la tarifa” y de los “costes energéticos de las empresas”, según palabras del entonces ministro de Industria, Josep Piqué, eran las dos principales ventajas de abrir el mercado eléctrico a la competitividad. 

Una parte importante del precio de la electricidad a partir de ese momento sería decidido por las leyes de la oferta y la demanda. Pero ¿qué ocurre cuando el 67% de la oferta y el 87% de la demanda de electricidad están en manos de las mismas cinco empresas, como sucede a día de hoy?

 Con la llegada del libre mercado, las empresas “temían” una bajada de los precios, y lograron cubrirse las espaldas. Así, “si el precio del mercado diario de la electricidad no llegaba a una cantidad concreta se ponían en marcha unos mecanismos que garantizaban que las empresas cobraran la cantidad desea­da”, precisa Romero. 

Por este concepto, el Gobierno concedió ayudas a las eléctricas por valor de 7.327 millones, que aún hoy siguen pagando los consumidores en su factura. A razón de 261 euros cada uno.

Ése fue el primer pago “ilegítimo”, según el ODG, que se derivó de la ley de 1997. Pero desde entonces, indica Romero, “la sangría no ha parado”.

El gran golpe

El segundo gran regalo del Gobierno del PP a las eléctricas se llamó “déficit de tarifa”. En el año 2000, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, estableció un límite para el precio de la luz. Sin embargo, se diseñó una arquitectura para que, en ningún caso, las empresas perdieran.

Las grandes eléctricas pusieron sobre la mesa sus costes, sin que mediara ningún tipo de auditoría pública. Y el Gobierno los aceptó. Si el dinero que ingresaban las empresas a través de la factura de la luz era inferior a esos costes acordados, el Estado le debía esa diferencia a las empresas. Se había creado la deuda con las eléctricas, que fue creciendo desbocadamente año tras año. (...)

Sería injusto negar cierta clase y estilo al golpe. La deuda, aunque contabilizada como tal, no la paga realmente el Estado, sino millones de consumidores, mes a mes, en su factura de la luz. Y la deuda no es ya con las eléctricas, sino con los tenedores de bonos que le compraron la deuda a las eléctricas, y cobran intereses del 4,5% por los años de demora en el pago. (...)

“Éste es el gran engañabobos de todo este asunto. Ha servido para justificar todo tipo de tropelías y de cambios de regulación y consolidación del poder de las eléctricas”, subraya el autor del informe del ODG, Pablo Cotarelo. “Como no sabemos cuáles son los costes reales, porque tanto las eléctricas como el Estado no quieren dar acceso a esos datos, lo que decimos es que se haga una auditoría para ver si realmente existe ese déficit de tarifa y decidir entre todos si realmente debemos pagarlo”, agrega.

Y en éstas llegó la crisis

La euforia de la burbuja inmobiliaria, con su ilusión de crecimiento indefinido, también encandiló al sector eléctrico, que vivió su propia burbuja. Las inversiones llegaron en forma de centrales de ciclo combinado. Pe­ro la euforia no tardó en desinflarse.

La capacidad de generación de electricidad en centrales de ciclo combinado, alimentadas por gas, se multiplicó por diez entre 2002 y 2010. Pero, con la crisis, el consumo de electricidad no sólo no creció sino que disminuyó. “Consumimos menos electricidad por la pérdida de poder adquisitivo. Y las centrales de gas, que tienen costes mucho más altos que las renovables, se han visto desplazadas en el mercado diario”, explica Cote Romero. 

Las energías renovables habían crecido en esos mismos años en competitividad y eficiencia hasta convertirse en la principal fuente de electricidad, con el 40% del mercado español de generación eléctrica. Las centrales térmicas, especialmente las de ciclo combinado, se habían quedado “obsoletas”, explica Mario Sánchez Herrero, funcionando a un 10% de su capacidad.

“El sector inmobiliario, el de la construcción, el de las cajas de ahorro, quebraron –señala este economista–. Y un sector que había hecho exactamente lo mismo en su ámbito, no quebró. ¡Qué extraño! Se les rescató para que se mantuvieran con los beneficios que venían recibiendo”.

Las reglas establecían que las empresas nunca perderían. Y así fue. Nunca como en los años de crisis subió tanto el precio de la luz y nunca la deuda generada por el déficit de tarifa, que debían pagar religiosamente los hogares, fue más alta que en esos años. Pero no bastaba. Llegaron los llamados pagos por capacidad.

Pagar periódicamente a las grandes eléctricas por unas instalaciones inactivas, como las de ciclo combinado, por si se necesitan en algún momento, podría parecer absurdo, más aún en años de sobreproducción de electricidad, denuncia Cote Romero. 

Los pagos por capacidad, reactivados en 2007 por el Gobierno del PP y camuflados en la factura de la luz, supusieron a los consumidores 12.476 millones de euros, unos 445 euros por hogar. “Te­nemos una sobrecapacidad para cubrir la demanda. ¿Qué hacemos entonces pagando a determinadas centrales por si acaso?”, critica Romero.

Déficit de tarifa, pagos por capacidad... ¿por qué no financiar también a otras grandes industrias con la factura de la luz? ¿Imposible? Todo es ponerse. En el supuesto de que se  produzca un pico de demanda eléctrica, el Gobierno acordó con los grandes consumidores de electricidad (acereras, sector cerámico, etc.) la posibilidad de cortarles puntualmente el servicio para garantizar el suministro a la población. 

A cambio, la factura de la luz incluye otro concepto, los llamados pagos por interrumpibilidad, por los que los hogares subvencionan a industrias como Acerosa o Porcelanosa con 500 millones al año. Para Romero, se trata de otra “transferencia de renta ciudadana a las grandes empresas con un mecanismo que no se llega a poner en marcha. Eso sí, cobrarlo, lo cobran todos los años”. Entre 2008 y 2013, los consumidores pagaron a la gran industria 2.700 millones de euros, 96 euros cada uno. Peseta a peseta.

Beneficios caídos del cielo

Para Sánchez Herrero, donde se encuentra el principal “agujero oscuro” es en los llamados “beneficios caídos del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas, centrales cuyas inversiones ya habían sido amortizadas hace décadas. 

Una singularidad que no es reconocida a la hora de cobrar por la electricidad que venden en las subastas diarias, donde se paga a todos los productores de electricidad el precio más alto de todas las instalaciones que se necesitan para cubrir la demanda. Unas subastas en las que vendedores y compradores pertenecen a las mismas cinco empresas.

 Según el informe El Coste de la energía, si en 1997 no se hubiera cambiado la forma de calcular el precio de la electricidad, las familias se hubieran ahorrado en sus facturas de la luz 10.573 millones de euros, otros 377 euros.

 Y que seguirán pagando, sostiene Pablo Cotarelo, hasta que se audite el sector eléctrico y entre toda la ciudadanía se decida qué hacer con los cerca de 80.000 millones de pagos ilegítimos a las eléctricas. (...)"       ( han conseguido camuflar en millones de operaciones, peseta a peseta, pagos ilegítimos, según el ODG, por un monto que se acerca al 10% del PIB español.

 

Entre las razones de esta falta de transparencia, Cote Romero señala la línea directa que tiene el sector eléctrico con el poder político a través de las puertas giratorias y con los medios de comunicación. “Todos los consejos de administración de las grandes eléctricas y energéticas están cruzados con los de los grandes grupos de comunicación. De ahí que sea muy difícil entrar en los medios con el debate sobre la energía”.

 Para Mario Sánchez Herrero se trata “del negocio del palco del Bernabéu, de siempre ganar”. Y pone como ejemplo el caso del almacén Castor, que fue paralizado después de que provocara 500 seísmos. El Estado pagará a la compañía de Florentino Pérez, ACS, 1.350 millones de euros. Para ser exactos, no lo hará el Gobierno. Lo pagarán millones de hogares en las próximas facturas del gas. "               (Martín Cúneo, Izaskun Sánchez Aroca

  , Diagonal, 05/10/15)

Así roban las eléctricas y el gobierno a las familias españolas

"Es habitual que se quiera hacer creer que la escandalosa corrupción que sufrimos en España es cosa de unos cuantos políticos sinvergüenzas.

 La mayoría de los medios de comunicación y muchos dirigentes sociales se empeñan en decir eso para que la gente normal y corriente se aleje de la política, considerándola una actividad sucia, y se deje así vía libre a los empleados de quienes verdaderamente generan y se aprovechan de la corrupción, que no son otros que las grandes empresas y entidades financieras. (...)

El robo al que voy a referirme en esta ocasión tiene que ver con el cálculo de la “potencias trifásicas normalizadas” que es preciso establecer para facturar la luz que se consume en las instalaciones domésticas (no se asusten los lectores, podrán entender todo lo que sigue sin saber una palabra de física o ingeniería eléctrica, y quién sí sepa y desee tener todos los datos, fórmulas y argumentos completos de Antonio Moreno Alfaro puede verlos en los siguientes enlaces: uno, dos y tres)

La cuestión, resumida de la manera más rápida y clara posible, es la siguiente:

1. Mensualmente, la compañía eléctrica cobra al usuario el denominado “término de potencia”, cuyo importe consta en la factura como “Facturación por potencia contratada”. Dicho importe es calculado multiplicando la potencia contratada por un factor definido periódicamente por el Ministerio de Industria.
2. Para calcularlo, el Ministerio de Industria publica en el Boletín Oficial del Estado la tabla de potencias normalizadas.
3. Antonio Moreno Alfaro ha comprobado que, en el caso de las potencias trifásicas, el cálculo de la tensión normalizada que hace el Ministerio está mal hecho, porque en lugar de considerar que la tensión entre fases es 398,17 voltios, que es el valor correcto, redondea a 400 voltios.
4. Este redondeo del Ministerio no afecta a cálculos de tipo eléctrico, pero sí a los de tipo económico.
5. Como demuestra Moreno Alfaro, el redondeo solo supone un incremento medio de 42 watios (0,042 kW) en las potencias trifásicas normalizadas, que al precio actual del kW (3,50 euros mensuales) supone un exceso de 0,15 euros mensuales para un hogar con instalación trifásica. Pero si se tiene en cuenta el número total de instalaciones trifásicas en España (actualmente, cerca de tres millones) y que el exceso está siendo cobrado desde marzo de 2006, resulta que la cantidad facturada en exceso por las empresas eléctricas en perjuicio de las familias españolas supera ya los 35 millones de euros.
6. Puede parecer que la cantidad media mensual cobrada en exceso por las eléctricas (0,15 euros) es despreciable, pero es preciso recordar que este tipo de compañías son capaces de cortar el suministro por esta cantidad. Eso hizo el 3 de febrero de 2009 la compañía Gesa en Mallorca: cortó el fluido de gas a una familia por el impago de una deuda de 0,15 euros y le facturó 168,265 euros por restablecérselo días más tarde.

Pero el escándalo no acaba aquí.

Cuando Moreno Alfaro se dirigió a la entonces llamada Comisión Nacional de Energía (actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC) señalando el “error” del redondeo, solicitando que se corrigiese y que se devolviera a los hogares lo cobrado de más, recibió una respuesta que sirve para conocer a favor de quién están las autoridades que supuestamente actúan como árbitros y defensores de los intereses nacionales.

En contestación a la demanda de Moreno, la Comisión le dice que el asunto no es de su incumbencia pero que, ya de paso, adjunta un informe (documento dos) en el que sentencia que el cálculo del Ministerio es correcto porque éste estableció las tarifas según las tablas de potencias elaboradas por ella misma, ¡¡por la propia Comisión Nacional de Energía!! 

Y concluye diciendo que las empresas distribuidoras han cumplido con la normativa vigente porque se han limitado a aplicar las tarifas que aparecen publicadas en el BOE. Es decir, el cálculo está bien porque lo hice yo y las compañías obran correctamente porque hacen lo que yo digo.

Así llevan robados más de 35 millones de euros a las familias en España. Y el robo continúa… (...)"             (Juan torres López, Publicado en Público.es , Ganas de escribir

 , en Attac España, 30/09/2015)

Que Repsol y Cepsa pactaban los precios de sus gasolineras... ya lo sabía todo el mundo, menos los fiscales

"Con cuentagotas y tras una guerra de guerrillas desde las petroleras hacia la cúpula de la CNMC, con fuego cruzado fratricida entre los despachos de los propios consejeros del regulador, comienzan a conocerse algunos de los detalles de los acuerdos de precios y pactos de no agresión que sellaban las petroleras para eliminar cualquier atisbo de competencia en algunas de sus zonas de su influencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha podido “acreditar infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE” cometidos por cinco grandes petroleras.

A todas ellas, la CNMC les ha impuesto multas por un monto conjunto de 32,4 millones de euros. La sanción más gravosa ha recaído en Repsol, que tendrá que pagar una multa de 20 millones; Cepsa, la segunda petrolera de España controlada ahora por el fondo IPIC de Abu Dabi, 10 millones; Disa, 1,3 millones; Galp, 800.000 euros; y Meroil, 300.000 euros.

Según la primera información facilitada por la CNMC sobre los pactos secretos que firmaban entre ellas, las investigaciones han podido confirmar la existencia de acuerdos ilegales entre las dos grandes del sector.

Pese a ser competidores, las pesquisas han encontrado “un acuerdo entre Cepsa y Repsol para la coordinación en la estaciones de servicio de Brea de Aragón e Illueca (provincia de Zaragoza) en julio de 2013; y un pacto de no agresión entre Repsol y Cepsa en julio-agosto de 2011 en relación con las acciones de injerencia de cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra”. (...)

También ha encontrado la CNMC “un pacto de no agresión en precios entre Cepsa y Disa entre julio y septiembre de 2011 y acuerdo entre ambas en relación a los precios a aplicar en Ceuta en julio de 2013”. (...)

Por su parte, la portuguesa Galp y Meroil intercambiaron información, al menos, en lo “relativo a un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2013”. (...)

Además de la disensión interna existente en la CNMC, las dos grandes petroleras han venido librando una guerra con el presidente del regulador, José María Marín Quemada, y sus dos consejeras (Idoia Zenarrutzabeitia y María Ortiz). Han intentado, sin éxito, recusarles a los tres por supuesta enemistad manifiesta y falta de objetividad en su trabajo al frente del regulador."            (Vox Populi, 26/02/2015)

Desahuciado con la casa pagada y tras ser estafado con conocimiento de un notario

"Un operativo compuesto por cinco furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha ejecutado esta mañana el desahucio de Umberto, vecino de la calle Guzmania, 7, en el madrileño barrio de Tetuán. 

Alrededor de 50 activistas, en su mayoría de la Asamblea Popular de Tetuán, han tratado de evitar la actuación de la Policía Nacional mediante resistencia pasiva, pero no han podido impedir que el afectado haya sido expulsado de su vivienda. Umberto ya tenía su casa completamente pagada y había sido estafado tras solicitar 4.000 euros a Antonio Arroyo Arroyo, quien más tarde le reclamaría una cifra ocho veces superior, 32.000 euros, tan sólo 6 meses después. 

A pesar de que Umberto había interpuesto una demanda contra Arroyo y de que éste tiene decenas de procedimientos abiertos por motivos similiares, el lanzamiento ha sido finalmente ejecutado.

Umberto, que se encuentra actualmente en paro, solicitó al banco 4.000 euros para poder tener liquidez, algo que la entidad le negó. Tras ver un anuncio en un periódico, solicitó a Arroyo, prestamista privado, la misma cantidad.

 “Le dijeron que después de 6 meses va a pagar 100 euros al mes, pero cuando pasó ese tiempo le pidieron 32.000”, explica Pedro Álvarez, portavoz de la Asamblea Popular de Tetuán 15M. Según explica este activista, “el notario estaba compinchado en la estafa y él no sabía lo que realmente firmaba, las condiciones no eran las que realmente se planteaban, el objetivo desde el principio era quedarse con la casa".

Arroyo tiene más de medio centenar de denuncias por lo penal y hay más de 100 familias afectadas por sus procedimientos. “A pesar de que esta comprobadísimo que es un estafador, como los procedimientos penales son tan lentos y el desahucio va por lo civil, no pasa nada. Además, tiene cientos de propiedades. Aunque prospere la querella, la casa ya se la ha quedado”, denuncia Álvarez.

A las 6.30 de la madrugada comenzaban a llegar vecinos y activistas al stop desahucios, convocados por las redes sociales, para sumarse a los que habían pernoctado dentro del inmueble. Una pancarta en la entrada rezaba “Desahucios bajo cero”.

 Sobre las 8.15, aparecían los primeros vehículos policiales, que no han intervenido en un principio a la espera de la negociación con la comisión judicial. Sin embargo, el abogado de Arroyo se ha negado a negociar, con lo que los agentes han procedido al desalojo. Es entonces cuando los activistas han comenzado su resistencia pasiva en el patio interior del edificio.

“El desalojo ha sido absolutamente brutal, el peor y más salvaje que hemos tenido nunca”, apunta Álvarez. Según denuncia, mientras había periodistas con cámaras los agentes han procedido a desalojar a los activistas uno a uno con técnicas de relajación muscular, pero una vez se encontraban fuera del alcance de los objetivos han propinado “puñetazos en la cara y patadas” a los presentes. “A mí me han llamado hijo de puta y me han dado un puñetazo, hay un montón de gente herida y magullada”, relata.

Desde la Asamblea de Tetuán estudian posibles acciones judiciales contra la policía y temen que las personas que han participado en la convocatoria de hoy sean denunciadas por las fuerzas de seguridad como ya ha sucedido en otras ocasiones. “Han traído a 5 unidades del Samur sólo para ellos y se han hecho partes de lesiones a pesar de que no les ha pasado nada, con lo que mucho nos tememos que denunciarán”, concluye."               (Pablo Rivas, Diso Press  , Diagonal, 09/02/15)

Ángel Acebes ya acaricia el millón de euros de sueldo acumulado en Iberdrola

 Imagen de archivo del exministro Ángel Acebes. EFE

"Ángel Acebes camina firme hacia el millón de euros de sueldo en Iberdrola. La retribución bruta acumulada del exministro como consejero de la primera eléctrica española alcanzará esa emblemática cifra en unos meses, coincidiendo con el tercer aniversario de su nombramiento como miembro del consejo de administración de la multinacional.

Desde su desembarco en Iberdrola, el 24 de abril de 2012, hasta ahora, la retribución acumulada de Acebes en la eléctrica suma más de 850.000 euros brutos, según un cálculo basado en una estimación de su sueldo de 2014 y en los datos disponibles de los ejercicios 2013 y 2012. 

El último ejercicio del que hay datos publicados es 2013, cuando Iberdrola pagó 317.000 euros brutos al exsecretario general del PP, exdiputado, exsenador y exministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas con José María Aznar. Esa cifra quintuplica con creces los cerca de 60.000 euros anuales que percibía en su última etapa en la vida política como diputado raso en el Congreso, en la que ya estaba vinculado a la extinta Corporación Cibeles (Caja Madrid).

De esos 317.000 euros, que equivalen a unos 26.000 euros brutos al mes, 165.000 euros correspondieron a retribución fija, otros 62.000 euros a dietas (cada consejero de Iberdrola cobra 2.000 euros por reunión en concepto de prima de asistencia) y otros 88.000 euros, a la compensación por su pertenencia a comisiones del consejo de Iberdrola.  (...)"         (Antonio M. Vélez , eldiario.es,  06/01/2015)

Bankia, condenada por vender preferentes a un matrimonio sin estudios y con un hijo minusválido

"El 22 de mayo de 2009, Bankia cerró dos contratos de suscripción de participaciones preferentes con un matrimonio mayor sin apenas formación por importe de 136.000 y 20.000 euros, así como otro el 12 de abril de 2011 por 30.000 más. También cerró órdenes de compra de acciones de la entidad el 1 de julio de 2011 por 6.000 euros.

Los afectados son una pareja sin estudios. Él -ya jubilado- trabajó en una empresa de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Ella se ha dedicado a las labores del hogar. Tienen un hijo con capacidad intelectual limitada y disminución orgánica y funcional del 52%. No querían poner en riesgo su dinero pensando en sus hijos, sobre todo en el dependiente.

El matrimonio puso el caso en manos de la Justicia. Sus abogados, del bufete Navas & Cusí, constataron que sus clientes “no recibieron la suficiente información precontractual”. Afirman que hubo abuso de confianza del personal de la entidad con el que la pareja llevaba trabajando en los últimos 40 años.

La defensa asegura también que el banco no informó del “riesgo de perder el capital invertido, ni de que la liquidez estaba sujeta al mercado secundario. Tampoco que la rentabilidad estaba ligada a la existencia de beneficios, ni de que en caso de quiebra estaban detrás de los acreedores ordinarios en el orden de prelación”.

Segun ha podido confirmar El Confidencial Digital, la sentencia, fechada el pasado 23 de octubre, da la razón al matrimonio afectado, condenando a Bankia a reintegrar la suma de 157.681, 53 euros por las partipaciones preferentes, además de los 6.000 euros invertidos en acciones. La entidad también deberá hacerse cargo de las costas del proceso.

El juez considera que la comercialización de preferentes y de acciones de Bankia fue “dolosa” porque ocultó la realidad económico-financiera de la entidad “aparentando una solvencia que no era tal”. Declara que “es imposible que la entidad desconociera las dificultades financieras que atravesaban trasladando el riesgo a quien no podía asumirlo”.

Constata que las preferentes se vendieron como un producto exento de riesgo, recuperable al 100%, con un preaviso de 7 días y con vencimiento en 5 años. Además, concluye que sólo se realizó test de conveniencia (no de identidad) sobre el marido. No sobre la mujer ni sobre el hijo con minusvalía. (...)"        (El Confidencial Digital, 07/11/2014)

¿Qué político del PSUC o de lo que fuera, y que aceptara someterse, no conseguía un buen cargo como historiador o editor o comentarista? Vasallaje y discreción... con Jordi Pujol

"(...) la escena espectacular del balcón de la Generalitat, aquella tarde de mayo de 1985, cuando exonerado de una de las estafas más escandalosas de la historia bancaria de Catalunya, dijo con voz solemne, un tanto agrillada por la emoción:

 “A partir de ahora seremos nosotros los que hablemos de moral y de ética”. Y las masas embebidas ante el líder, como si se tratara de un documental de Leni Reifenstahl.

De ahí la secuencia empalma con la entrada en el Parlament donde sumisamente, como corresponde a un Padrino que va a encontrarse con un subalterno, la presidenta Núria de Gispert recibe al expresident en el umbral y le conduce a las salas altas. Le ha invitado a comer. No creo que haya precedentes en la historia parlamentaria de Europa que un político delincuente haya tenido el privilegio de compartir mesa y mantel con quien va a dirigir el debate.

 (A partir de ahora, cada vez que me cite un juez le pediré respetuosamente a su Señoría que tenga el detalle de invitarme a desayunar; al fin y al cabo yo siempre he pagado más impuestos que el exhonorable, y la justicia se sostiene de eso). ¡Qué gentil es la clase política catalana y qué encantadores son sus comentaristas!

El filme continúa. La intervención emotiva de por qué un buen hombre se ve obligado a estafar por el bien de sus herederos, y a su vez enseña a su hijo cómo en los tiempos oscuros es mejor robar a que te roben; una enseñanza que marcará el destino de este hombre providencial. Una pequeña herencia, entonces suculenta, testimonio más falso que un duro sevillano.

 Luego la pantalla va desgranando las intimidadas declaraciones, reflejando el respeto que les merece el Padrino, que apenas los mira. Casi todos se lo deben todo, porque, como muy bien expresó su señora, modelo de mujer y esposa, al decir de las masas, una Evita Perón con floristería: la Generalitat era su casa.

 Y la voz un tanto quebrada de los líderes de la oposición -eché a faltar la zapatilla del líder de la CUP que exhibió ante Rato, que en este caso yo hubiera sugerido una Chiruca de las de antes, pero le dijo algo conmovedor: le negaba un asiento en el inminente viaje a Ítaca-. Estupefacto debió quedar el exhonorable.

Y entonces llegó el gran momento de este actor de provincias, que no pronuncia bien pero que como la gente le tiene muy visto y muy oído, puede reconstruir las frases sin demasiado esfuerzo. Le salió bordada la insolencia al Padrino. “Yo no soy un corrupto”. Incluso salió Felipe González de avalista, ¡con el pedigrí que le garantiza! 

La casta se protege y los padrinos más; aunque la zona de tu influencia no sea la misma, compartes pasados y trampas y hasta cosas más gordas que la autocensura evita que se escriban. Bastaría con ese momento de la entrevista de Mónica Terribas a Artur Mas: “¿Está usted limpio, president?”. No hacía falta un detector de mentiras ante lo inseguro de la respuesta.

Pero sigamos con el filme. El Padrino de Catalunya, antiguo presidente, expresa una idea genial, un retrato de su personalidad: “Yo me he desnudado”. A inventarse una historia para tontos creyentes sobre una supuesta herencia antes de que le cayera la Hacienda, y la Policía, y los Tribunales; al taparrabos de sus vergüenzas lo llama “desnudarse”. Es toda una concepción del mundo. 

Fue entonces cuando pensé por primera vez que no estábamos ante el redentor de unas clases sociales complacientes con la Dictadura que él había redimido gracias a un panfleto que redactó pero que no tiró en el Palau, y por el que pasaría cárcel, en la que tuvo la fortuna de poder solicitar que fuera Zaragoza, cerca de casa, modesto privilegio que miles de antifranquistas no soñaron. 

En el texto se denunciaba al Caudillo de corruptor de la sociedad catalana, la lucha por la libertad aún no estaba del todo presente y menos en el Palau. Digo, que cuando escuché la insolencia del exhonorable President, pensé por primera vez en la posibilidad de que más que un redentor se tratara de un impostor. Aquí termina el filme y empieza la historia.

Cuando dio por terminada la sesión, que él mismo programó en día y hora, se evidenció que no tenía ganas de seguir representando aquella pantomima. Un Padrino no se somete a sus empleados políticos. Son subalternos y de eso se encargó ese tipo de aspecto definitorio que es Jordi Turull, un sacristán untuoso y servil como un personaje de Goldoni, que ayudó a la misa del Padrino, desdeñoso con aquella feligresía. Ni siquiera agotó el turno que le quedaba. No merecía la pena ni gastar saliva.

¿Y si Jordi Pujol Soley siempre hubiera sido un impostor? El hombre que salió de la cárcel para crear un Banco, no un Partido; cosa insólita en la historia de la humanidad. Un banco que quebró y fraudulentamente, y que gracias al respaldo de una parte de la sociedad catalana, logró envolverse en el patriotismo y la bandera para evitar la humillación de asumir una estafa de la que él salió beneficiado no sólo políticamente sino económicamente.  (...)

¿Qué político del PSUC o de lo que fuera, y que aceptara someterse, no conseguía un buen cargo como historiador o editor o comentarista? Vasallaje y discreción. Lo único importante era la Familia, como los Padrinos. ¿Qué puede hacer un hombre sin familia? Y en verdad que él alimentó de modo suculento a la suya. No fue un político corrupto, fue el jefe de los políticos corruptos. (...)

“La doblez pujoliana es uno de los hallazgos de la historia contemporánea de este país. Ha conseguido hacer de la doblez una moral. Entre el personaje real y el que la gente se quiere creer hay tal diferencia que el resultado es un producto genuino: él es él y su doblez”.

“Y esta doblez pujoliana, que es el privilegio mejor guardado del Olimpo, ha cimentado el denominado oasis catalán. En casi veinte años se ha creado un sindicato de intereses del tal envergadura, que al final se impone como moral social la propia doblez pujoliana: no somos como somos sino como creemos que somos”. (...)"             (La insolencia del Padrino, de Gregorio Morán en La Vanguardia, en Caffe Reggio, 04/10/2014)

El caso de Banca Catalana obliga a reconstruir el dramático sufrimiento de aquel juez instructor, Ignacio de Lecea, que lo llevaba puramente en la cara

"1984 es el año clave del pujolismo. Y de toda la neolengua vertida en Cataluña. Es el año en que buena parte de la sociedad catalana cede ante el nacionalismo, empezando por alguno de sus más conspicuos intelectuales. 

El año en que los ciudadanos pasan a CIUdadanos. En mayo la fiscalía se querella contra Jordi Pujol y otros directivos de Banca Catalana, a los que acusa de apropiación indebida. La reacción de Pujol es fulminante: acusa al Gobierno de indigno y el mismo día de su investidura convoca a los ciudadanos a una esperpéntica manifestación en defensa de su honradez.

 A cualquier carácter templado se le debió caer ese día la cara de vergüenza, sin necesidad de ver más de lo que veía: unas masas que despreciaban la ley, birladas por el populismo. Pero cuando se evoca la luz innoble de aquella tarde añadiendo lo que ahora es conocido, es decir, que aquel que había sacado las masas a la calle para que reivindicaran su moralidad intacta llevaba cuatro años manteniendo una cuenta opaca en el extranjero, la impresión es puramente devastadora.

El caso de Banca Catalana es doblemente importante. Primero, porque es el epicentro de una estafa ética, caja B de la moral, que en España al menos no tiene precedentes. Y en segundo lugar por la supuesta relación entre la ruina del banco y la sucia fortuna pujolista que acaba de descubrirse. Lo primero es una evidencia y lo segundo un indicio. Pero los dos asuntos obligan a que aquellos años sean investigados, ahora que el arrogante blindaje pujolista se ha deshecho.

Obligan a que se conozca la historia del fiscal Burón Barba, de la que el psiquiatra Castilla del Pino daba un inquietante apunte en sus memorias, cuando señalaba a qué punto de agobio le condujeron las presiones del entonces gobierno socialista para que la querella quedase en nada. Obligan a que el siguiente fiscal, Javier Moscoso, cuente las instrucciones reales que dio y que recibió, y hasta las afrentas que sufrió. 

Obligan a reconstruir el dramático sufrimiento de aquel juez instructor Ignacio de Lecea, que lo llevaba puramente en la cara. Y obligan, sobre todo, a que hable Felipe González. Porque la impresión dominante, y la que es en realidad la hipótesis menos dolorosa sobre su conducta, es que al presidente González le ocurrió lo mismo que a muchos ciudadanos subyugados por el mito pujolista. 

También él debió de creer que en las cuentas de Banca Catalana había desorden y hasta trampas… antifranquistas, pero que no eran la obra de un tramposo. Exactamente y lo que, sin duda alguna, Pujol ha resultado ser."         (EL MUNDO 04/09/14, ARCADI ESPADA, en Fundación para la Libertad)