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6.10.26

El movimiento por la vivienda ha transformado la política española y podría salvar a Sánchez el 29 de noviembre... El surgimiento de un movimiento masivo por la vivienda en los últimos diez días ha devuelto la cuestión de la clase social a la agenda política española y ha alterado por completo las dimensiones de las elecciones generales... El Gobierno español reaccionó con rapidez a la presión del movimiento impulsando dos decretos sobre vivienda. Junts se negó a votar a favor de cualquiera de los dos decretos por presiones de la banca catalana y de los grupos de presión del sector inmobiliario... ¿Por qué la derrota parlamentaria del Gobierno sirvió de trampolín para convocar elecciones generales? Antes del desahucio de Maricarmen, la política española se había centrado obsesivamente en la crisis migratoria de Ceuta. Si la crisis de Ceuta hubiera marcado la campaña electoral, Sánchez no habría tenido ninguna oportunidad... La vivienda es un asunto totalmente distinto. Lejos de contraponer a autóctonos frente a inmigrantes o a cristianos frente a musulmanes, la cuestión de la vivienda se define por la división entre inquilino y propietario: entre el joven que no puede permitirse independizarse del hogar familiar y el fondo buitre que busca desahuciar a los inquilinos para dejar paso a los turistas... Pedro Sánchez, al responder con rapidez a las demandas del movimiento por la vivienda, ha posicionado al PSOE y a su gobierno de coalición como defensores de los inquilinos; por el contrario, el PP y Vox se han opuesto rotundamente a los decretos sobre vivienda, apareciendo así como portavoces de las clases propietarias... Sánchez habló de la necesidad de que los votantes le otorgaran una mayoría para poder «someter a las élites». A medida que España se ha polarizado en bloques de izquierda y derecha, Sánchez se ha convertido en la figura dominante del primero (Ben Wray)

"España volverá a las urnas el 29 de noviembre. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar nuevamente a la ciudadanía está estrechamente ligada al movimiento social surgido en España durante los últimos diez días contra los desahucios y en defensa del derecho a la vivienda.

La chispa inicial saltó con el desahucio de Maricarmen, una inquilina de 87 años, de su piso en Madrid, donde había residido durante 71 años. La policía agredió a los activistas que intentaban impedir el desalojo, y Maricarmen fue evacuada en camilla. Un fondo buitre, propietario del inmueble, pretendía aumentar el alquiler más de un 300 %. En respuesta al desahucio, miles de activistas —incluidos miembros del sindicato de inquilinos— ocuparon la madrileña Puerta del Sol y montaron tiendas de campaña: la mecha ya se había encendido.

El Gobierno español reaccionó con rapidez a la presión del movimiento impulsando dos decretos sobre vivienda. El primero contemplaba, entre otras medidas, la paralización de todos los desahucios hasta 2030; el segundo atendía las demandas específicas del sindicato de inquilinos sobre contratos incondicionales, obligando a los propietarios a abonar una indemnización equivalente a 12 meses de alquiler si rescindían el contrato y desahuciaban al inquilino. El Gobierno carece de mayoría absoluta y depende del apoyo de un conjunto de partidos de izquierda y de centro-derecha para sacar adelante cualquier ley.

Sánchez dividió la propuesta en dos decretos, previendo que el segundo sería rechazado por sus «aliados» de derecha —el partido independentista catalán Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV)—, pero confiando en que el primero saldría adelante y se lograría frenar los desahucios. Finalmente, Junts se negó a votar a favor de cualquiera de los dos decretos. Se rumorea que el partido de Carles Puigdemont recibió presiones de la banca catalana y de los grupos de presión del sector inmobiliario. El rechazo de los decretos provocó una gran indignación: al día siguiente, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid y otras muchas miles lo hicieron en el resto de España, produciéndose ocupaciones de plazas públicas por todo el país.

¿Por qué la derrota parlamentaria del Gobierno sirvió de trampolín para convocar elecciones generales? En cualquier caso, Sánchez estaba obligado a convocar elecciones a más tardar en mayo de 2027, y la cuestión de la vivienda constituye un terreno mucho más favorable para la izquierda que cualquier otro tema que pudiera llegar a dominar una campaña electoral. Antes del desahucio de Maricarmen, la política española se había centrado obsesivamente en la crisis migratoria de Ceuta, tras la entrada de miles de personas en el enclave africano desde Marruecos a finales de julio. Si la crisis de Ceuta hubiera marcado la campaña electoral, Sánchez no habría tenido ninguna oportunidad: el debate sobre la inmigración está dominado por el partido de extrema derecha Vox, que arrastra consigo al Partido Popular (PP), de centro-derecha.

La vivienda es un asunto totalmente distinto. Lejos de contraponer a autóctonos frente a inmigrantes o a cristianos frente a musulmanes, la cuestión de la vivienda se define por la división entre inquilino y propietario: entre el joven que no puede permitirse independizarse del hogar familiar y el fondo buitre que busca desahuciar a los inquilinos para dejar paso a los turistas. La crisis de la vivienda está marcada por la clase social: por un lado, quienes poseen múltiples propiedades y pueden utilizar su patrimonio inmobiliario para obtener rentas; por otro, quienes carecen de propiedad y deben pagar alquileres o hipotecas cada vez más inasequibles. En este terreno, el intento de la izquierda de frenar los desahucios transmite un mensaje capaz de atraer a sectores mucho más amplios que su base electoral habitual: una gran mayoría de votantes de todos los partidos, incluidos los del PP y Vox, respalda el llamamiento del sindicato de inquilinos a una huelga general contra los desahucios.

Históricamente, el PSOE de Sánchez se ha posicionado del lado del rentista frente al inquilino. Cuando estalló la crisis financiera de 2008 y cerca de un millón de personas perdieron su vivienda en el país, el PSOE gobernaba y rescató a los bancos, al tiempo que protegía la facultad de los agentes judiciales para desahuciar a las personas de sus hogares. El movimiento antidesahucios PAH, surgido a raíz de la crisis financiera, se opuso explícitamente a la gestión de la crisis por parte del PSOE bajo el liderazgo de Zapatero, hasta que el PP asumió el poder a finales de 2011. En los años posteriores, el número de inquilinos en España ha aumentado a medida que la clase trabajadora se ha visto progresivamente excluida del mercado de compra de vivienda debido a los precios prohibitivos. Sin embargo, incluso cuando Sánchez devolvió al PSOE al poder en 2018, abordar la crisis de la vivienda siguió estando muy lejos de sus prioridades.

De hecho, el único argumento de ataque del PP y Vox que ha ganado cierto peso durante la última semana es el siguiente: ¿por qué el Gobierno español tardó ocho años —y necesitó que se produjera el desahucio de Maricarmen— para tomar finalmente medidas serias ante la crisis de la vivienda? Los precios de la vivienda y los alquileres se han disparado durante el mandato de Sánchez, mientras los salarios han seguido estancados. La agudización de la crisis de la vivienda bajo el gobierno de coalición de izquierdas desde 2020 pone de manifiesto el tipo de socialdemocracia —de carácter débil— que se ha aplicado: aunque el Gobierno ha hecho gala de un discurso de justicia social y ha impulsado algunas reformas en esa dirección, la economía española ha seguido alimentando la inflación de los precios de los activos, la turistificación 
el empleo en el sector servicios con salarios bajos.

No obstante, Sánchez ha logrado mantenerse en el poder hasta ahora gracias a su agilidad política y a su capacidad para captar el sentir de la ciudadanía. Al responder con rapidez a las demandas del movimiento por la vivienda, ha posicionado al PSOE y a su gobierno de coalición como defensores de los inquilinos; por el contrario, el PP y Vox se han opuesto rotundamente a los decretos sobre vivienda, apareciendo así como portavoces de las clases propietarias. La única respuesta del PP ante la crisis habitacional es construir más viviendas, una postura defendida, entre otros, por Jeff Bezos. Sin embargo, cualquiera que recuerde el *boom* inmobiliario español previo a 2008 sabe que esa no es la solución: entre 1998 y 2008 se construyeron seis millones de viviendas y el precio de la vivienda se duplicó. Lo que determina la evolución de los precios inmobiliarios es la aceleración en la creación de crédito hipotecario, no la oferta y la demanda. O, dicho de otro modo: nadie cree que un mayor número de viviendas en manos de fondos buitre vaya a resolver la crisis de la vivienda.

Aun así, las encuestas sugieren que el PP y Vox formarán un gobierno de coalición tras el 29 de noviembre. El principal problema de Sánchez es que los partidos situados a su izquierda —con los que necesita sumar fuerzas para lograr una mayoría— han perdido peso desde las elecciones generales de 2023, cuando el PP y Vox se quedaron a las puertas de la mayoría absoluta. La coalición «Sumar», surgida en torno a Yolanda Díaz en 2023 —tomando el relevo de Podemos como referente de la izquierda alternativa—, parecía una opción renovadora hace tres años; hoy, sin embargo, transmite una imagen muy distinta. Dividida entre los restos de Sumar y los de Podemos, no está claro que la izquierda sea capaz de unirse y, aun logrando articular algo, cabe preguntarse si esa unión sería algo más que una «unidad de cementerio».

Fue un movimiento social masivo —el de los «Indignados» o el «15-M»— el que insufló nueva vida a la izquierda alternativa española. De aquel movimiento surgió Podemos como una fuerza antisistema dinámica y renovadora. Sin embargo, nunca logró desplazar al PSOE como principal actor de la izquierda en la política española. Al final, la izquierda ha terminado sosteniendo al PSOE en el poder, mientras que el PSOE ha ido adoptando gran parte del discurso de la izquierda. En el discurso en el que anunció las elecciones, Sánchez habló de la necesidad de que los votantes le otorgaran una mayoría para poder «someter a las élites». A medida que España se ha polarizado en bloques de izquierda y derecha, Sánchez se ha convertido en la figura dominante del primero.

Pero la aritmética electoral no engaña. Sánchez no ganará en solitario. Necesitará que la izquierda alternativa alcance al menos cerca del 10 % de los votos para tener posibilidades reales de formar gobierno de nuevo. Esto no parecía factible antes de que estallara el movimiento por la vivienda, y sigue pareciendo improbable, pero si logran canalizar parte de la indignación antisistema de dicho movimiento, ¿quién sabe? Los activistas por la vivienda tienen motivos legítimos para recelar de que su movimiento sea instrumentalizado con fines electorales, pero también podrían percibir una oportunidad: si la izquierda logra una victoria sorprendente el 29 de noviembre, todo el mundo sabrá que se lo debe al movimiento por la vivienda, y el impulso político que esto otorgaría al movimiento podría ser enorme.

Por otro lado, si gana la derecha y tenemos un partido de extrema derecha en el gobierno por primera vez en la España posterior a Franco, cabe esperar un giro brusco hacia el autoritarismo. Vox, en particular, buscará avanzar hacia sus aspiraciones de un Estado español centralizado, recortando el poder de las fuerzas independentistas en Cataluña y el País Vasco. El objetivo será restar competencias a las comunidades autónomas para que España no vuelva a vivir un proceso independentista como el que presenciamos en Cataluña hace casi diez años. Se revertirán todos los intentos realizados durante los años de mandato de Sánchez por forjar una España «plurinacional».

Las viejas divisiones que definen a España —de clase y de nación— habían quedado algo eclipsadas durante los años de «gobierno progresista», pero nunca llegaron a desaparecer del todo. La dimensión de clase social ha resurgido con fuerza gracias al movimiento por la vivienda. Si el PP y Vox ganan las elecciones, las divisiones nacionales volverán también a ocupar un lugar central." 

(Ben Wray, Brave New Europe, 05/10/26, traducción google, enlaces en el original) 

5.10.26

España está trazando una línea roja a nivel mundial: las ciudades deben volver a ser comunidades vivas, no mercancías que se venden al mejor postor, y ha sido testigo del surgimiento de la primera rebelión masiva contra una industria turística desenfrenada... La ciudadanía se alza contra la gentrificación y la transformación de sus ciudades en parques temáticos para el consumo global... una revuelta abierta impulsada por una crítica fundamental a un modelo económico especulativo, extractivo y destructivo... Los centros históricos se han convertido en productos financieros... los alquileres superan ya los salarios medios locales... Los comercios locales desaparecen...En su lugar surgen cadenas de comida rápida y tiendas de recuerdos... El Sindicato de Inquilinas encabeza la movilización en Madrid y Barcelona. Exigen una congelación total de las licencias de alquiler turístico y la expropiación de los activos en manos de «fondos buitre»... En las islas, el colectivo *Menys Turisme, Més Vida* (Menos turismo, más vida) ocupan playas y puertos para oponerse a la masificación, reclamando una moratoria en los vuelos y en la llegada de cruceros... La red *Stop Desahucios* trabaja en defensa de los barrios, formando barreras humanas para proteger a las familias frente a los desalojos... El lema que resuena en las plazas es: «Vecina, despierta: hay buitres en tu puerta» (Lucio Alvio, Conttropiano)

"España: La gran revuelta contra la gentrificación y el turismo caníbal

España ha sido testigo del surgimiento de la primera rebelión masiva contra una industria turística desenfrenada, un sector que se ha convertido en el símbolo del vertiginoso aumento del coste de la vida. Asistimos a una revuelta abierta impulsada por una crítica fundamental a un modelo económico especulativo, extractivo y destructivo. La ciudadanía se alza contra la gentrificación y la transformación de sus ciudades en parques temáticos para el consumo global.

El rechazo parlamentario a dos decretos urgentes sobre vivienda hizo que la tensión estallara, y la "protesta de las llaves" sacó a más de medio millón de personas a las calles. La consigna es clara: las ciudades pertenecen a quienes las habitan, no a los mercados financieros.

Ciudades como Barcelona, ​​Valencia y Palma de Mallorca se han convertido en puntos de desembarco para barcos gigantescos; el impacto medioambiental es catastrófico, con motores de cruceros que permanecen encendidos incluso atracados —contaminando sin cesar—, todo ello a cambio de una generación de riqueza nula pero un consumo máximo. Los cruceristas y los alquileres de Airbnb se han convertido en los símbolos de una industria turística caníbal y perniciosa.

Los megacruceros consumen recursos públicos mientras se embolsan los ingresos de los billetes. En connivencia con especuladores inmobiliarios, destruyen el tejido social, colonizan barrios y desplazan a la población local. Como consecuencia, los centros urbanos se homogeneizan. Los comercios locales desaparecen.

En su lugar surgen cadenas de comida rápida y tiendas de recuerdos, todas idénticas. Es el fin de la historia, de la singularidad y de las identidades diversas y originales. Barrios obreros enteros de las ciudades portuarias más bellas del Mediterráneo están siendo adquiridos por grandes fondos de inversión multinacionales.

Los centros históricos se han convertido en productos financieros. La rentabilidad de los alquileres a corto plazo a través de grandes plataformas ha distorsionado el mercado inmobiliario; los alquileres superan ya los salarios medios locales. Los jóvenes no pueden emanciparse y un número creciente de trabajadores con empleo se ve obligado a vivir en coches o tiendas de campaña.

Ante esta grave situación, el movimiento de protesta generalizado que cobra fuerza no está liderado por partidos políticos, sino por redes sociales de base.

El Sindicato de Inquilinas encabeza la movilización en Madrid y Barcelona. Exigen una congelación total de las licencias de alquiler turístico y la expropiación de los activos en manos de «fondos buitre»: grandes fondos de inversión especulativa que «rodean» las ciudades en crisis para adquirir viviendas a precios de saldo.

Se están organizando para alcanzar un objetivo estratégico: una huelga general de alquileres que frene la economía de la especulación inmobiliaria.

En las islas, el colectivo *Menys Turisme, Més Vida* (Menos turismo, más vida) practica la resistencia civil. Ocupan playas y puertos para oponerse a la masificación, reclamando una moratoria en los vuelos y en la llegada de cruceros.

La red *Stop Desahucios* trabaja en defensa de los barrios, formando barreras humanas para proteger a las familias frente a los desalojos.

El lema que resuena en las plazas es: «Vecina, despierta: hay buitres en tu puerta». España está trazando una línea roja a nivel mundial: las ciudades deben volver a ser comunidades vivas, no mercancías que se venden al mejor postor."

(Lucio Alvio, Contropiano, 05/10/26, traducción google)

9.9.26

Pasar de 53 a 97 millones de turistas al año, prácticamente duplicándose en tan solo quince años, con un crecimiento anual acumulado del cinco por ciento, es una auténtica burbuja de demanda externa, que ya le ha explotado en la cara a los cientos de miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda (ni propia ni de alquiler)... esta explosión de la demanda no se resolvió con un aumento de la oferta hotelera... el negocio de las camas necesarias se está resolviendo —como se certifica claramente en la evolución de las viviendas de uso turístico y el colapso del mercado inmobiliario para residentes— mediante una burbuja especulativa de alquileres... Una captura rentista en la que están embarcados unos pocos grandes, pero también miles de pequeños inversores que huyen de unos depósitos bancarios no remunerados por el oligopolio financiero... En este modelo económico millones de consumidores llegan del extranjero y también en gran medida la mano de obra necesaria serán inmigrantes extranjeros, mientras que numerosos rentistas (arrendadores, comercios, hostelería, transporte, ocio nocturno, etc.), pequeños, medianos y grandes (autóctonos o foráneos) obtienen ingresos dentro del país. Podríamos considerarlo una burbuja de rentistas turísticos... nos encontramos ante una burbuja de empleo precario (a menudo irregular) de trabajadores extranjeros (del Sur global) que depende de millones de visitantes del Norte global... Sobra decir que si este modelo ha crecido hasta el presente a sus anchas, lo hará hasta su explosión en manos de Gobiernos (locales, autonómicos y quizás pronto estatal) entregados sin límites a esas manos invisibles del mercado. Pues son muchos miles de rentistas conscientes de que es la mano invisible sin ataduras la que garantiza sus rentas y privilegiado nivel de vida; no es extraño que estén siendo, por tanto, muy activos propagandistas de las alternativas de derecha extrema que supuestamente les blindarán esos privilegios (Albino Prada)

 "El modelo económico de España: un Parque Temático

En el año 2007 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero nos informaba que en los tres años anteriores en España se había creado el cuarenta por cien de los empleos de la Unión Europea. Luego vino lo que vino. Este mes de julio de 2026 el presidente Pedro Sánchez en su balance anual declaró que España crea hoy cerca de la mitad de los empleos de la UE. Parece que el capitalismo rentista y financiero español es amigo de estos sortilegios.

Por aquél entonces también se nos informaba que el Reino de España era el mayor consumidor de cemento de la Unión Europea, con un veinte por ciento del total consumido. Un nivel tóxico. Y así pasamos de tener dos millones y medio de personas ocupadas en el sector de la construcción en 2008 a apenas un millón en 2016. La burbuja inmobiliaria había estallado de la mano de nuestro sistema financiero. En abril del 2007 publicaba un breve análisis titulado «La España del tío Gilito» sobre este frenesí, que recomiendo leer con la perspectiva de estos últimos veinte años.

Ahora de nuevo, entre 2020 y 2025, según datos de Eurostat, veinticinco de cada cien empleos creados en la UE, en esos cinco años, se generaron en España. Conviene recordar —como referencia para estas cifras— que apenas un once por ciento es el nivel de los ocupados en la UE que trabajan en España.

¿Caminamos hacia una nueva burbuja? ¿en qué sectores estamos engordando demasiado esta vez?. Sostendré en lo que sigue que habríamos pasado de una burbuja de promotores a una burbuja de arrendadores, en sintonía con las decrecientes capacidades de gasto de los visitantes extranjeros. Sin en la primera la demanda turística fue determinante, en la segunda no lo será menos.

*

Para ayudar a responder estas preguntas, recientemente analizaba con cierto detalle la evolución del empleo en España entre 2011 y 2025, llegando a la conclusión de que la mayor parte de los empleos creados se concentraban en las actividades de servicios directa o indirectamente dependientes del turismo (cada vez más en sectores auxiliares distintos de los hoteles) y en servicios personales (ocios varios, educación, sanidad, atención a la dependencia, asistencia familiar, etc.), públicos y -cada vez más- privados.

Un auge del empleo que se traduce en un problema gigantesco[1]: de colapso y de burbuja inmobiliaria. Pues quienes buscan una vivienda permanente para trabajar (o incluso para desplazarse a estudiar) hoy se enfrentan a una oferta escasa y muy cara, dado que el reducido parque inmobiliario existente busca una mayor rentabilidad en el enorme crecimiento del sector turístico o de temporada[2]. Precisamente en este desajuste reside un factor (el acceso a la vivienda) que podría desinflar (junto a las recurrentes olas de calor, danas y demás) la burbuja de crecimiento del empleo en las actividades que hemos mencionado. Un caso típico es el del personal de hoteles en muchas zonas turísticas. Pero existen muchos más.

*

Para dilucidar si hemos pasado de un modelo tóxico de burbuja inmobiliaria y financiera en 2008 a una nueva y particular burbuja en 2026, paso a describir lo que denominaré «Modelo Parque Temático» centrado en el turismo.

En este modelo económico millones de consumidores llegan del extranjero y también en gran medida la mano de obra necesaria serán inmigrantes extranjeros, mientras que numerosos rentistas (arrendadores, comercios, hostelería, transporte, ocio nocturno, etc.), pequeños, medianos y grandes (autóctonos o foráneos) obtienen ingresos dentro del país. Podríamos considerarla una burbuja de rentistas turísticos.

En este modelo una España vaciada (y cíclicamente calcinada) coexiste con otra congestionada: gentrificada en pueblos y ciudades turísticas (se habla de zonas tensionadas), con un uso abusivo de hidrocarburos, derroche de recursos hídricos, etc., etc.,: burbuja difícilmente sostenible. En la nación de España donde resido, podría resumirlo como una mezcla de turismo espiritual (San-Tiago), turismo de sol y luna (San Chencho) o turismo de luces (Vigo) ... parques temáticos. Cada lector puede concretar las ofertas del “éxito” turístico correspondiente en su territorio (para otros ejemplos “exitosos”: Cádiz o Palma).



Para comprobar si nos dirigimos —o no— a una burbuja, resumo cuatro datos en un gráfico para el periodo 2010-2025 (2010=100): los turistas extranjeros y sus pernoctaciones, la disponibilidad de hoteles o alojamientos regulados, y la evolución de los inmigrantes empleados en la economía española en su conjunto.

Ya de entrada debemos hablar de un modelo no resiliente porque necesita de clientes y trabajadores extranjeros, quienes, por lo tanto, dependen de factores externos que, en gran medida, no controlamos (por ejemplo olas de calor). Pero también peligroso porque es ambiental y socialmente insostenible con los recursos internos del país (como ya se ha demostrado en el caso de la vivienda[3], la vida urbana o el medio ambiente, etc.).

Un modelo no resiliente ni sostenible que, además, es una burbuja o bola de nieve, ya que la demanda externa derivada de millones de esos visitantes ha experimentado un crecimiento espectacular, pasando de un índice 100 en 2010 a un índice de 184 en 2025. Esto significa pasar de 53 a 97 millones de turistas al año, prácticamente duplicándose en tan solo quince años, con un crecimiento anual acumulado del cinco por ciento. Una auténtica burbuja de demanda externa[4]. Que ya le ha explotado en la cara a los cientos de miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda (ni propia ni de alquiler).

Hay que destacar que esta explosión de la demanda no se resolvió con un aumento de la oferta hotelera. De hecho, en la serie amarilla en el gráfico, las plazas ofrecidas pasa de 100 a 112 en el índice durante esos quince años, de 1,1 millones de plazas a 1,2 millones. Esto significa que el negocio de las camas necesarias se está resolviendo —como se certifica claramente en la evolución de las viviendas de uso turístico y el colapso del mercado inmobiliario para residentes— mediante una burbuja especulativa de alquileres. Y con una animada inversión en vivienda usada para captar esos ingresos turísticos.

Una captura rentista en la que están embarcados unos pocos grandes, pero también miles de pequeños inversores (S.P.: sociedad de propietarios) que huyen de unos depósitos bancarios no remunerados por el oligopolio financiero[5]. Para así alimentar un sector turístico con gastos unitarios cada vez menores y duración media más corta, que, sin embargo, no deja de tener creciente impacto en muchos otros ámbitos.

Acoplado a ese negocio extra hotelero en auge se observa en el gráfico un aumento del empleo de inmigrantes (que en total pasa de un índice de 100 a 146, nótese que es el mismo nivel que el de las pernoctaciones). Empleo que poco tiene que ver con el sector hotelero, más bien con actividades vinculadas al mantenimiento de alojamientos turísticos y al ocio diurno y nocturno en restaurantes o actividades recreativas y festivas. En definitiva, nos encontramos ante una burbuja de empleo precario (a menudo irregular) de trabajadores extranjeros (del Sur global) que depende de millones de visitantes del Norte global.

España funciona en este modelo como un parque temático para un particular encuentro Norte-Sur, del que múltiples rentistas (del sector inmobiliario y de diversos negocios) obtienen notables ingresos, mientras que el acceso a la vivienda y la sostenibilidad ambiental del país se ven muy comprometidos. Las manos invisibles de los mercados son las que deciden los flujos de turistas y de inmigrantes, los usos de las viviendas y de nuestras ciudades, de los recursos y del medio ambiente. Por todo ello lo defino como modelo económico de Parque Temático.

Sobra decir que si este modelo ha crecido hasta el presente a sus anchas, lo hará hasta su explosión  en manos de Gobiernos (locales, autonómicos y quizás pronto estatal) entregados sin límites a esas manos invisibles. Pues son muchos miles de rentistas los asociados a estos Parques Temáticos, conscientes de que es la mano invisible sin ataduras la que garantiza sus rentas y privilegiado nivel de vida; no es extraño que estén siendo, por tanto, muy activos propagandistas de las alternativas de derecha extrema que supuestamente les blindarán esos privilegios.

[1] Sobre la relación del crecimiento del empleo con el vector turístico y de éste con el colapso de la vivienda: https://www.sinpermiso.info/textos/crecimiento-economico-espanol-turismo-y-vivienda.

[2] Crecimiento impulsado por la digitalización masiva de una oferta minifundista de viviendas de uso turístico. Grecia, Portugal y España son grandes e intensos destinos turísticos en la UE que comparten, no por casualidad, un grave problema de encarecimiento de la vivienda (ver aquí).

[3] Algo sobre lo que vengo llamando la atención desde hace ocho años: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/jovenes-burbuja-alquiler-espana_1_1163157.html.

[4] Que con datos (INE) de la primera mitad del año 2026 continúa engordando.

7.7.26

Giorgio Agamben: Los turistas, al igual que los peregrinos, son peregrinos, es decir, según el significado del término latino, extranjeros en la tierra. El turismo es el signo de un cambio trascendental en la relación entre los hombres y la tierra que habitan: estén donde estén, son forasteros, están fuera (extra), ante todo en la misma ciudad en la que viven. Recuerdo perfectamente el asombro con el que, hace ya muchos años, cuando vivía en Venecia, me di cuenta de que ya no era posible distinguir a los venecianos de los turistas... no solo ha cambiado la relación de los ciudadanos con su ciudad, sino que también ha cambiado la propia ciudad: los hombres se han convertido en turistas, es decir, en extranjeros, en la misma medida en que ahora les resulta extraña y ajena la tierra que habitan (o, mejor dicho, que habitaban en otro tiempo). Si se lee la extraordinaria descripción que Joseph Roth hace de Marsella en el otoño de 1925, con sus callejuelas densas y aventureras, donde en una superficie de pocos kilómetros se agolpaban vivas todas las épocas de la historia y nadie era forastero, es difícil escapar a la amarga e implacable constatación de que las ciudades ya no existen hoy en día: el turismo ha podido destruirlas porque ya habían dejado de estar vivas... Habitar es una forma intensiva del verbo tener (habeo) y significa una cierta manera de morar y de vivir, de tener hábitos y costumbres... El hecho de habernos convertido en turistas, de haber perdido la capacidad de habitar, de ser peregrinos y forasteros en todas partes, nos obliga entonces a imaginar de nuevo una ética posible, a reinventar de arriba abajo la capacidad de habitar. Una tarea ciertamente nada fácil, pero que quizá nos ofrezca la única vía para salir del turismo, para volver a hacer habitables nuestra tierra y nuestras ciudades

"La palabra «turista» aparece por primera vez en italiano en 1837 (mientras que «turismo» no lo hace hasta 1907). La etimología es clara: el «tour» (el «grand tour») es el viaje de formación que los aristócratas e intelectuales europeos realizaban a partir del siglo XVIII, sobre todo en Italia, para conocer su historia del arte, sus modos de vida y su cultura. Como suele ocurrir, lo que al principio era propio de una élite se ha transformado con el tiempo en un fenómeno de masas.

Es significativo que su antecedente sean, sin duda, las peregrinaciones que los creyentes emprendían para visitar los lugares sagrados de su religión: también los turistas, al igual que los peregrinos, son peregrinos, es decir, según el significado del término latino, extranjeros en la tierra. El turismo es el signo de un cambio trascendental en la relación entre los hombres y la tierra que habitan: estén donde estén, son forasteros, están fuera (extra), ante todo en la misma ciudad en la que viven. Recuerdo perfectamente el asombro con el que, hace ya muchos años, cuando vivía en Venecia, me di cuenta de que ya no era posible distinguir a los venecianos de los turistas.

 Sin embargo, no solo ha cambiado la relación de los ciudadanos con su ciudad, sino que también ha cambiado la propia ciudad: los hombres se han convertido en turistas, es decir, en extranjeros, en la misma medida en que ahora les resulta extraña y ajena la tierra que habitan (o, mejor dicho, que habitaban en otro tiempo). Si se lee, como me ha ocurrido estos días, la extraordinaria descripción que Joseph Roth hace de Marsella en el otoño de 1925, con sus callejuelas densas y aventureras, donde en una superficie de pocos kilómetros se agolpaban vivas todas las épocas de la historia y nadie era forastero, es difícil escapar a la amarga e implacable constatación de que las ciudades ya no existen hoy en día: el turismo ha podido destruirlas porque ya habían dejado de estar vivas. 

El «overtourism» no viene de fuera, ha comenzado dentro de nosotros, dentro de los barrios y las zonas familiares, que ya no somos capaces de habitar. Habitar es una forma intensiva del verbo tener (habeo) y significa una cierta manera de morar y de vivir, de tener hábitos y costumbres. Y si ethos en griego designa la morada habitual, entonces la vivienda es la forma primordial de la ética. El hecho de habernos convertido en turistas, de haber perdido la capacidad de habitar, de ser peregrinos y forasteros en todas partes, nos obliga entonces a imaginar de nuevo una ética posible, a reinventar de arriba abajo la capacidad de habitar. Una tarea ciertamente nada fácil, pero que quizá nos ofrezca la única vía para salir del turismo, para volver a hacer habitables nuestra tierra y nuestras ciudades."

(Giorgio Agamben, blog, 01/07/26, traducción DEEPL)

 

6.5.26

La Costa del Sol del narcotráfico... se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico, el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más... Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto? Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente... por ejemplo, la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad

"Hace 20 años Marbella saltó por los aires. Desde entonces, nada es lo mismo en la Costa del Sol. La Operación Malaya contra la corrupción urbanística acabó con un sistema de incumplimiento sistemático de la legalidad que nació con la llegada de Jesús Gil a la alcaldía y acabó con la detención de un centenar de personas. Aquel trabajo policial supuso la disolución del Ayuntamiento, primera y única vez que esto ha sucedido en democracia. También un antes y un después para todo el litoral malagueño, que dos décadas más tarde ha conseguido liberarse de la imagen de corrupción, pero se enfrenta a nuevos retos ante un crecimiento que parece infinito. Entre ellos, la escasez de recursos naturales, los problemas de movilidad o el crimen organizado. De fondo, la falta de vivienda y la masificación turística, que va ya mucho más allá del verano en estos casi 150 kilómetros de urbanización continua donde viven 1,3 millones de personas. Y cuyo nuevo centro de gravedad se ha desplazado hacia Málaga, paradigma de este litoral.

Hoy en el Consejo Consultivo de Andalucía, el abogado Diego Martín Reyes fue el elegido hace dos décadas para presidir la comisión gestora que puso orden —en la medida de lo posible— en el Consistorio marbellí. “Malaya corrigió Marbella y provocó que actuaciones similares en ayuntamientos cercanos fuesen descubiertas y enjuiciadas”, recuerda. Ciudades como Estepona, Manilva o Ronda se vieron salpicadas en grandes tramas corruptas, que con el paso de los años han ido desapareciendo de los titulares. “La operación supuso una catarsis en los poderes públicos, un punto de inflexión; pero tengo dudas de que no sigan ocurriendo irregularidades”, advierte Diego Vera, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (I-INGOT) de la Universidad de Málaga (UMA), quien trabaja, de hecho, en analizar si hoy hay otras fórmulas de corrupción urbanística que pasen desapercibidas. “Entonces era todo muy burdo, con tonadilleras, futbolistas y bolsas de basura llenas de dinero. Ahora no sabemos si se están produciendo corruptelas más sutiles”, apunta. “O puede que funcione todo bien, es lo que queremos saber”, cuenta quien fue uno de los redactores del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, que pretendía poner orden al urbanismo en la zona pero acabó tumbado por el Tribunal Supremo porque la Junta de Andalucía no emitió el informe sobre impacto de género.

El documento se empezó de nuevo y aún hoy no ha sido aprobado. “Tuvimos un momento donde los criterios de ordenación territorial se agudizaban, pero ahora vuelven a estar adormecidos. Si miras al litoral es todo un desastre, con problemas gravísimos” advierte Vera, que cree que la disrupción se produce porque cada municipio va a lo suyo y porque lo privado avanza a toda velocidad buscando rentabilidad, mientras lo público va detrás intentando dar servicios, pero de forma más lenta —para cumplir la legalidad— y sin tantos recursos. “El urbanismo devorador es lo que más ha marcado a la Costa del Sol en su historia reciente”, recalca Librada Moreno, portavoz de Ecologistas en Acción en Mijas, que a sus 56 años lleva desde los 16 implicada en la defensa del medioambiente. “Se ha esquilmado todo”, lamenta quien, además, pone el acento en la crisis climática y la escasez de recursos naturales de este territorio, como ha demostrado la reciente sequía, que puso en jaque al turismo y mantuvo a buena parte de su población con restricciones y cortes de agua durante dos años.

De la vivienda al narcotráfico

Más allá del daño al medio ambiente, las consecuencias del crecimiento infinito del hormigón son evidentes, sobre todo en verano. A un lado, la movilidad. Basta con subir al coche para encontrarse con la A-7 colapsada y una AP-7 de pago que nadie ve como una solución, ni siquiera si dejaran de cobrar peaje. El Cercanías —saturado, aunque en proceso de desdoblamiento— solo llega hasta Fuengirola dejando a Marbella como única gran ciudad sin ferrocarril y el ambicioso tren litoral que apenas ha avanzado en 20 años a pesar de los cambios de gobierno estatales y autonómicos. Al otro lado, la escasez de vivienda, una paradoja porque a simple vista es fácil ver decenas de grandes grúas construyendo miles de pisos en todo el litoral año a año. “Pero la mayoría son para el turismo, segundas residencias y, sobre todo, inversión” asegura Fernando Almeida, profesor de Geografía en la Facultad de Turismo de la UMA, quien expone cómo en el litoral malagueño el urbanismo y el turismo “van de la mano”. “La confianza del inversor es hoy mayor precisamente porque Marbella fue obligada a limpiar su casa de forma pública y ejemplar”, destaca Christopher Glover, máximo responsable de Panorama Properties. Como consecuencia, el mercado marbellí está desbocado, situación que ha contagiado a municipios cercanos como Estepona y Benahavís.

Ahí merece la pena hacer un apunte porque en esas localidades también se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico: el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más. Esa competencia es el origen de los múltiples tiroteos que se producen cada año. “Viene de los años 70 y 80, mucho antes de Malaya, pero ahora se ha complicado más. Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente”, indica Alejandra Gómez-Céspedes, criminóloga que coordinó la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado de la ONU, quien advierte lo que muchos investigadores: la posibilidad de que un día las balas equivoquen su camino y haya víctimas colaterales. “Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto?”, se pregunta.

Turismo sin límites

Los ajustes de cuentas apenas tienen influencia sobre esa gran actividad transversal y origen de la Costa del Sol, el turismo, que generó 21.811 millones de euros en 2025, según los datos de la Diputación, que dicen que en este litoral hay 650.000 plazas en 87.500 alojamientos, 84.000 de ellos pisos turísticos, agravando la crisis habitacional. “El destino es indestructible, pero ya no tiene mucho más margen para crecer. O no debería tenerlo si no quiere terminar de reventar el territorio”, avisa Germán Ortega, profesor en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR), quien pone como gran protagonista de la turistificación a la capital, la que más sufre sus consecuencias en la actualidad. “Hace 20 años la ciudad era un vacío, pero el turismo ha entrado de manera disruptiva, poniendo todo patas arriba y cambiando la ciudad para lo bueno y lo malo”, afirma.

Su colega Alfonso Cerezo, también del IATUR, subraya cómo la política malagueña tiene cada vez discursos centrados en primar la calidad del turismo frente a la cantidad —traducida principalmente en mayor gasto y menos viajeros— pero luego celebran que la Costa del Sol bata récords año a año. Sin ir más lejos, el año pasado registró su mejor cifra histórica con 14,6 millones de visitantes y el aeropuerto de Málaga también se superó a sí mismo alcanzando los 26,7 millones de viajeros. “Y no podemos crecer siempre”, insiste. Cerezo celebra, eso sí, que cada vez más ayuntamientos llaman a la puerta del IATUR en busca de investigaciones y generación de conocimiento que sirva de base para elaborar planes estratégicos de turismo, también consultando a la ciudadanía, en busca de soluciones y equilibrio. Marbella, Mijas o Torremolinos ya lo han hecho. “Antes eso nunca se hacía y es una buena noticia”, añade el investigador. “El problema está en que por muchas normas que pongas, la economía, el mercado, siempre encuentra cómo superarlas”, advierte Fernando Almeida y se comprueba ante la creciente turistificación y gentrificación de la capital y otras muchas zonas del litoral.

Esos tres municipios mencionados tienen, además, otro punto en común: están gobernados por el Partido Popular y ocurre lo mismo en todos los que componen la Costa del Sol occidental y oriental —a excepción de Manilva, donde gobierna el partido local Compromiso Manilva— en muchos casos con mayorías sólidas. “Tras Malaya se produjo una clara derechización del litoral por varias razones. La principal, que el PSOE ya estaba desgastado en la Junta de Andalucía y la derecha fue ganando posiciones en los municipios desde una postura tranquila, sin radicalismos, como predica Juan Manuel Moreno Bonilla. Esa forma de hacer convence, más allá de los resultados de sus políticas”, explica Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas en la UMA.

Valencia señala, además, cómo muchos de estos ayuntamientos tienen salud de hierro con alcaldes que parecen intocables. Pase lo que pase. Habla de José María García Urbano (PP), salpicado por varios casos judiciales que no desgastan su liderazgo en Estepona; o Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad desde que se hiciera con el cargo, tras Malaya, en 2007, salvo un paréntesis de dos años. Destaca, además, una izquierda “que muestra cierta incapacidad de recuperar la iniciativa política”. “No genera líderes convincentes, pero tampoco discursos o programas ilusionantes”, indica. Un caso claro, en su opinión, es el de Daniel Pérez en la capital, que no ha sabido conectar con la ciudadanía a pesar del grave problema de vivienda de Málaga o la turistificación, que podrían haber hecho tambalear al alcalde, Francisco de la Torre. “La clase media ha progresado y cree que la derecha protege mejor sus intereses económicos que uno de izquierdas, aunque puede no ser cierto”, concluye Diego Martín Reyes con el recuerdo de Malaya aún muy presente." 

(Nacho Sánchez , El País, 05/05/26)  

10.11.25

Multa de 2.250 euros por usar su apartamento en La Gomera como segunda residencia y no destinarlo al turismo... 2.250 euros. Es la propuesta de multa que les ha llegado a los propietarios de un apartamento en La Gomera por no destinarlo al turismo. Viven en Tenerife y usan su vivienda para pasar fines de semana y a veces largas temporadas, ya que en La Gomera tienen arraigo familiar... “Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa... Los propietarios estamos desamparados de alguna manera"... Pese a que el Gobierno canario anunció que se cancelaban estas sanciones, siguen las multas a los propietarios por vivir en zonas turísticas, por no dedicarlos a esta actividad o no cederlos a un explotador... cada día en el BOE llegan nuevas resoluciones con sanciones a propietarios por residir o no dedicar sus viviendas en zonas turísticas a esa actividad (Jennifer Jiménez)

 "Pese a que el Gobierno canario anunció que se cancelaban estas sanciones, siguen las multas a los propietarios por vivir en zonas turísticas, por no dedicarlos a esta actividad o no cederlos a un explotador

2.250 euros. Es la propuesta de multa que les ha llegado a los propietarios de un apartamento en La Gomera por no destinarlo al turismo. Viven en Tenerife y usan su vivienda para pasar fines de semana y a veces largas temporadas, ya que en La Gomera tienen arraigo familiar. Una de las propietarias explica que se siente “indefensa” ante la Ley Turística en la que se ampara la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para sancionarles, ya que compró esta propiedad con unas expectativas de disfrute o de que puedan usarlo sus hijos en un futuro incluso para residir, como han hecho otros conocidos suyos. “Te ves en una situación de indefensión porque has hecho un esfuerzo para comprar esta propiedad con unas expectativas de disfrute más que de otra cosa y es una inversión para el futuro de tus hijos”, explica. 

El expediente de sanción le llegó a estos propietarios recientemente, bastantes meses después del decreto de marzo con el que el Gobierno canario anunciaba la suspensión de las sanciones a los propietarios en zonas turísticas que no lo dedicaban a este fin y residieran en sus apartamentos o no lo cedieran a un explotador turístico. Los propietarios esperan que se haga justicia y finalmente no tengan que pagar y van a batallar por ello. 

Los propietarios prefieren salvaguardar su nombre, el nombre del complejo y el municipio donde se encuentra. No obstante, este periódico ha tenido acceso al expediente y en la propuesta de sanción se recoge que, en respuesta al requerimiento del Servicio de Inspección, los titulares manifestaron que hacen “uso de su casa como segunda vivienda”. Y se considera que se ha incumplido “el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida en el momento de su edificación”, que era el de dedicarlo a la actividad turística en modalidad extrahotelera en lugar de dedicarlo “al uso residencial”. En el informe de Inspección se sostiene que “ni los propietarios ni el Ayuntamiento han acreditado que se haya consolidado el uso residencial que se está realizando ni que el mismo esté permitido por el planeamiento ni por la licencia”. 

Para la determinación de la sanción se ha tenido en cuenta que la infracción originaria es “muy grave” conforme al tipo infractor del artículo 75.14 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias: “Se consideran infracciones muy graves a la disciplina turística el incumplimiento del deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, destinando un establecimiento turístico de alojamiento a usos residenciales”, siendo no obstante, considerada como “grave” por aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.18 del mismo texto legal, que señala que “constituyen infracciones graves a la normativa turística las infracciones tipificadas como muy graves que por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias no deban considerarse como tales”. 

Por todo ello, se propone como sanción 2.250 euros para estos propietarios. La afectada explica a este periódico que no va a pagar la multa y que va a recurrir hasta última instancia. 

“Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa”

“Cuando compramos ponía un contrato de explotación turística pero era de mutuo acuerdo renovarlo o no y en las escrituras no pone que estés limitado a ese uso de por vida”, apunta. “No dice que la vivienda tenga uso exclusivo turístico”, insiste. 

La propietaria multada subraya que en su complejo hay personas que han alquilado a médicos y otros profesionales que han venido a La Gomera a trabajar por temporadas y que los han alquilado y que hay otras casuísticas. Recuerda que hasta la Ley Turística de 2013 no se ponía esta limitación de que no se puede residir en las zonas consideradas turísticas. 

“Los propietarios estamos desamparados de alguna manera porque además, cuando compramos, no compramos una plaza alojativa. Hay otros complejos en los que no hay división horizontal y compras un porcentaje dentro del edificio, pero nosotros compramos en estos casos una vivienda determinada”, asegura. “Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa, tengo una escritura y tengo una vivienda”, insiste. 

Un goteo constante de multas 

Desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias han explicado a este periódico que el decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 17 de marzo, lo que dice es que se suspenden las sanciones por un plazo de tres años y a petición del interesado. Además, remarca que se realizará en los municipios que hubieran iniciado los procedimientos de especialización de usos del suelo. No obstante, no disponen de un listado de cuántos son ni de cuáles son los municipios que han iniciado esa especialización y matizan que los expedientes individuales no se pueden comentar por protección de datos. 

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, recuerda que cuando se anunció ese decreto ella aseguró que “insultaba a la inteligencia y que era un decreto mentiroso”. “El artículo 3 de este decreto, quien lo lee lo sabe, no suspende las multas”, añade. “¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 3? Que nosotros tenemos que ir al ayuntamiento a solicitar un cambio de uso. Y que si lo solicitamos en tres años se paralizan las multas, pero no significa que el uso te lo concedan, sino que hay un stand-by. Eso es lo que dice el decreto”, resume. 

“¿Cómo vamos a ir nosotros a solicitar algo que ya tenemos? Si nosotros tenemos un uso residencial consolidado y legal, ¿para qué tenemos que ir al ayuntamiento a solicitar un cambio de uso? Si voy al ayuntamiento y solicito un cambio de uso, es una trampa. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole que yo soy turístico y que estoy declarándome turístico y que quiero que me lo cambies a residencial. Luego, si yo me declaro que tengo un uso turístico eso es haber afirmado que mi uso era un uso que no era legal y mi uso residencial”, insiste. 

“Como el cambio de uso es por parcela, no es por apartamento o bungaló, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo los propietarios de una parcela si tenemos intereses enfrentados? ¿Y por qué metes a los propietarios de una parcela cuya convivencia ha existido durante más de 50 años de forma pacífica, pudiendo convivir sin haber tenido ningún tipo de problema de convivencia? ¿Por qué los metes en esa situación? ¿Para qué? ¿Para favorecer qué?”, se cuestiona. 

(Jennifer Jiménez , eldiario.es, 08/11/25) 

14.8.25

Veinte turistas por cada residente: el motor económico de Baleares avanza hacia el colapso ambiental y social... En Baleares, la sequía se ha vuelto crónica, pero en vez de atajarla “estamos regando campos de golf, abriendo parques acuáticos y llenando piscinas por todas partes... la población local sufre cortes y restricciones de agua mientras los hoteles y resorts llenan sus piscinas... las cremas solares liberan al mar unas 4.000 toneladas de químicos cada año, afectando a animales como los corales y los peces. A las cremas se suman los vertidos de aguas fecales, también masivos... la mitad del parque residencial está destinado a alquiler vacacional y gestionado por plataformas como Airbnb o Booking, que agendan un montón de pisos sin licencia. Baleares tiene los precios por metro cuadrado más caros de España... Cáritas atendió en Mallorca a casi 1.000 personas sin hogar, la mayoría trabajadores asalariados que no podían permitirse pagar un alquiler dentro de la isla... los precios por habitación oscilan entre los 500 y los 1.200 euros... El mercado laboral asociado al turismo en Baleares está basado en empleos precarizados y salarios bajos... “Los poderes políticos no aportan ninguna solución... Lo que hacen es intentar calmar el malestar social, no molestar a los turistas y que los empresarios sigan amasando riqueza" (Alberto Mesas)

"No hace tanto, apenas 60 años, lugares como Alcúdia, Ibiza o Maó eran pequeños pueblos costeros con unos pocos miles de habitantes que vivían principalmente del campo y de la pesca. Hoy, como otros muchos municipios a lo largo de todo el litoral balear, son algunos de los destinos más demandados de Europa. Las Islas Baleares, donde habitualmente residen 1,2 millones de personas, recibieron el año pasado 20 millones de turistas. El aeropuerto de Palma de Mallorca, por ejemplo, recibe más de 31 millones de pasajeros anuales, con picos de hasta 66 vuelos por hora.

Solo en los primeros cinco meses de este año, las islas han recibido más de cuatro millones de visitantes, un incremento del 3,7% respecto a 2024, una cifra que evidencia la enorme presión demográfica que soporta el archipiélago, ya que esa gran masa de turistas se baña en sus playas, consume su agua potable y se aloja en su parque de vivienda.

El boom turístico ha transformado radicalmente la morfología de las Islas, provocando una auténtica mutación urbana y social, y está acarreando serios problemas ambientales que van desde la rápida degradación de las costas hasta la sequía. Unos problemas que en los últimos años se han visto agravados por el cambio climático.

Jaume Pujol, portavoz de la plataforma Menys Turisme Més Vida Mallorca, es conciso: “Para la gente que vivimos aquí el turismo es una maldición, porque nos ha condenado a unas condiciones de vida y de trabajo muy precarias. Obviamente, para los empresarios capitalistas es una bendición, porque están lucrándose, pero a costa de la explotación de la clase trabajadora y la destrucción de nuestra tierra”.
Beneficio económico a un alto coste ambiental

El turismo es el pilar fundamental de la economía balear. Su peso directo e indirecto sobre el PIB regional supera el 40%, muy por encima del peso que tiene en la economía estatal, con un 13% del PIB el año pasado. En 2024, los turistas gastaron en Baleares más de 22.000 millones de euros, tal y como detalla un informe de la Consellería d’Economía. Sin embargo, el llamado fenómeno de la “balearización”—término que describe la urbanización masiva y desordenada del litoral de las Islas— también es el símbolo de los riesgos asociados a un modelo turístico basado en el crecimiento constante e ilimitado.

Durante mucho tiempo, principalmente en los años del ladrillazo, en Baleares se construyeron grandes complejos turísticos prácticamente en la orilla del mar. Las consecuencias de esta urbanización acelerada y la sobredimensión del sector hotelero son la degradación de ecosistemas, la saturación de playas y carreteras durante la temporada alta y un aumento de los conflictos sociales, con residentes en pie de guerra que denuncian el empeoramiento de la calidad de vida.
El turismo se bebe 1 de cada 4 litros de agua

En Baleares, la sequía se ha vuelto crónica. El archipiélago cerró 2024 con unas reservas hídricas del 52 %, dos puntos menos que en 2023. En junio de este año, las reservas habían caído al 48 %, el nivel más bajo desde que hay registros. Al inicio del verano, el 98,4 % del territorio estaba bajo prealerta de sequía, con Ibiza y Menorca en una situación especialmente alarmante.

La saturación de la infraestructura hídrica y la falta de reservas estratégicas convierten a las Baleares en una de las regiones europeas más vulnerables ante olas de calor y sequías extremas. Las Islas han vivido el junio más seco desde 1961 y embalses como los de Gorg Blau y Cúber, vitales para el abastecimiento de Palma, se situaron a mediados de 2025 en apenas el 37 % y el 50 % de su capacidad respectivamente, reflejo de una situación extrema.

“Las Islas Baleares no están preparadas para resistir temporadas de escasez de agua”, comentan desde la asociación ecologista Amics de la Terra. Los elevadísimos consumos no permiten medidas eficientes para plantear restricciones que sean efectivas. Las únicas soluciones que se enuncian desde la Administración competente es construir más plantas desaladoras con todos los efectos medioambientales que estas conllevan”.

La portavoz de la asociación ecologista GOB Mallorca, Margalida Ramis, coincide en la falta de previsión frente a posibles temporadas de sequía aguda: “No se está haciendo una planificación hídrica con suficiente responsabilidad. Estos escenarios se agravarán por la crisis climática”. Para Ramis, “el sistema sigue funcionando como si hubiera agua para todos, para siempre y sin ningún problema, y esto no es la realidad”.

Desde GOB señalan cómo la sequía es un riesgo ya presente en Baleares, pero en vez de atajarlo “estamos regando campos de golf, abriendo parques acuáticos y llenando piscinas por todas partes. Estamos en un modelo en el que se vende un paraíso con chalet y piscina, sin prestarle atención a que ya estamos en una situación de recursos hídricos crítica”.

El turismo consume uno de cada cuatro litros del agua potable disponible en el archipiélago, según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Acuíferos de la isla como el de Serra Grossa están salinizados al 133% por la sobreexplotación, y las depuradoras vierten 18.000 m³ de agua no tratada al mar, dañando la posidonia, una planta esencial en el suelo marino del Mediterráneo.

La sobrecarga y el estrés que sufren los acuíferos es notable. Según el Plan Hidrológico de Baleares, 29 de las 87 masas de agua subterránea —una de cada tres— están actualmente sobreexplotadas. El turismo y el desarrollo inmobiliario en la línea litoral, sumados al ciclo natural de menor precipitación y aumento de las temperaturas, han alterado el equilibrio hídrico, comprometiendo no solo el abastecimiento a la población, sino también la viabilidad de la agricultura y los hábitats naturales.

A la sobreexplotación de los acuíferos se le suma la contaminación de los suelos. Tal y como detalla Ramis, “la contaminación normalmente se debe a nitratos en algunas áreas de la isla debido a actividades de agricultura y ganadería intensiva. Esto hace que muchos municipios de centro de la isla tengan suministro de agua con una cantidad tan alta de nitratos que la hace no potable”.

Todo esto se traduce en problemas directos para la población local, que sufre cortes y restricciones de agua mientras los hoteles y resorts llenan sus piscinas. El Govern balear ha respondido con medidas más cosméticas que eficaces, como la construcción de plantas desaladoras que solo tratan el 20% de las aguas residuales —el resto se vierte al mar sin depurar— y proyectos como el trasvase desde la península, criticado por su alto coste y su impacto ambiental.

Desde Amics de la Terra denuncian tanto la escasez de agua como de infraestructuras de energía. “Las desaladoras intentan mitigar la falta de agua, pero no llega a todos los pueblos y muchos ya están sufriendo restricciones que afectan a toda la población. Además, la contaminación atmosférica ha llegado a niveles peligrosos para la salud humana, empeorada por la cantidad de tráfico de coches de alquiler y de los megacruceros que llegan a las Islas”.
Degradación ambiental y yates de lujo

La expansión del modelo turístico también tiene consecuencias en el paisaje y el medio natural. ONG como Greenpeace han denunciado que el litoral balear se enfrenta a procesos de degradación acelerada por la construcción masiva de piscinas ilegales, chalets y campos de golf en suelo rústico. Entre las consecuencias de estas prácticas se encuentran la especial vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático y la subida del nivel del mar.

“Es evidente que el cambio climático está ocasionando épocas de sequía más largas, y se producen episodios de lluvias muy torrenciales que no permiten una infiltración pausada para la recarga de los acuíferos de la Isla”, lamenta los ecologistas de Amics de la Terra, que también echan en falta “infraestructuras públicas para almacenar el agua en esos episodios de lluvias torrenciales”.

Cada turista en Baleares erosiona 34 gramos de arena cada vez que pisa la playa. Una pequeña pérdida que en playas como Es Trenc o Caló des Moro acaba sumando toneladas cada año. La contaminación del agua es otro frente abierto. Según el informe Mar Balear, las cremas solares liberan al mar unas 4.000 toneladas de químicos cada año, afectando a animales como los corales y los peces. A las cremas se suman los vertidos de aguas fecales, también masivos.

En 2025, bahías como la de Portmany (Ibiza) alzaron la bandera negra por la deficiente depuración, con hasta un 80% de los vertidos liberados mediante un emisario submarino obsoleto. En verano, la saturación de las plantas depuradoras provoca que 18.000 m³ de aguas sin tratar acaben en el Mediterráneo, dañando praderas marinas y contaminando zonas de baño.

Ajenos a las aguas fecales y la destrucción de la biosfera marina están los yates de lujo. Baleares lidera las matriculaciones de este tipo de embarcaciones recreativas con un aumento del 95% en la última década. Su fondeo incontrolado destruye 30 hectáreas de fondo marino cada año. El Govern balear, lejos de frenar esta tendencia, ha facilitado la legalización de amarres ilegales y reducido las inspecciones.
Gentrificación, especulación y expulsión

Otro de los males que acarrea la masificación turística de las Islas Baleares es la escasez y encarecimiento de la vivienda. En el archipiélago, la mitad del parque residencial está destinado a alquiler vacacional y gestionado por plataformas como Airbnb o Booking, que agendan un montón de pisos sin licencia. Además, el precio medio del alquiler ha subido un 48% en solo cinco años, situándose muy por encima de la media nacional y provocando un efecto expulsión de residentes. Actualmente Baleares tiene los precios por metro cuadrado más caros de España.

“Hace mucho tiempo que se rebasó el límite social y ecológico de la llegada de turistas”, insiste el portavoz de Menys Turisme. “Se ha llegado a un punto de no retorno, sin embargo, a nivel económico y político, los dirigentes y los empresarios quieren seguir creciendo […]. No se hacen estudios de carga poblacional porque a los políticos y los grandes empresarios no les interesa tenerlo. No les interesa que haya datos sobre los que se pueda decir ‘decrecemos hasta aquí, o no se reciben más turistas a partir de este punto’”, añade Pujol.

En la misma idea del decrecimiento inciden en Amics de la Terra. Aunque reconocen el peso económico del turismo en las Islas, consideran que urge “decrecer y fortalecer otros sectores económicos para no depender completamente de turismo”. “Bajar el número de personas que vienen aquí durante los meses de verano y diversificar la economía, enfocándonos a producir aquello que realmente necesitamos para sostener vidas dignas en un contexto insular a 20 o 30 años vista” es la solución que propone la portavoz de GOB Mallorca.

Este problema se hace extensible a los trabajadores esenciales. Muchos de ellos no tienen acceso a una vivienda digna. En 2023, organizaciones como Cáritas, Sojorn o la Fundación La Sapiència atendieron en Mallorca a casi 1.000 personas sin hogar, la mayoría trabajadores asalariados que no podían permitirse pagar un alquiler dentro de la isla debido a los precios abusivos.

La especulación inmobiliaria es otro de los prismas de la crisis habitacional. En zonas como Santa Catalina (Palma), el precio del metro cuadrado se disparó un 120% entre 2015 y 2025. En la isla, cada anuncio de alquiler de habitación recibe de media casi 100 solicitudes, y los precios por habitación oscilan entre los 500 y los 1.200 euros.

Bancos, fondos buitre y de inversión y plataformas online de alquileres especulan con la vivienda aumentando la desigualdad. Según la UIB, en Palma la riqueza inmobiliaria supera al salario como indicador de estatus social y los desahucios por impago se concentran en barrios pobres como Son Gotleu.

“Con la falsa excusa de facilitar el acceso a la vivienda, PP y Vox acaban de aprobar una medida ultraliberal puramente especulativa”. Margalida Ramis se refiere al texto que a principios de julio se aprobó en el Parlament balear y que permite la construcción de vivienda en suelo rústico y la liberalización del suelo. Para GOB Mallorca, esta nueva ley “densificará aún más el crecimiento urbanístico y muchos espacios donde estaba previsto que hubiera servicios y equipamientos públicos y municipales también se cederán a la iniciativa privada para que construya vivienda.
Trabajo precario y sueldos bajos

El modelo de masificación turística y sus extraordinarios beneficios económicos no va acompañado de mejoras laborales. El mercado laboral asociado al turismo en Baleares está basado en empleos precarizados y salarios bajos. Son habituales los contratos temporales de corta duración para funciones específicas (recepcionistas, camareros, personal de limpieza, trabajadores de transporte…) y los turnos de entre 10 y 12 horas son algo común en temporada alta.

Los sindicatos llevan tiempo denunciando que muchos trabajadores no pueden vivir en Baleares pese a ejercer allí. La externalización de servicios ha consolidado modelos laborales precarios, especialmente para las camareras de piso en hoteles, que cobran por habitación y padecen dolencias físicas derivadas de jornadas interminables. El movimiento de las Kellys ha denunciado públicamente esta explotación, poniendo el acento en los bajos sueldos, los riesgos físicos que conlleva su trabajo y los atropellos contra sus derechos laborales.

Sin embargo, la precariedad no solo golpea al trabajador, también condiciona la sostenibilidad del modelo económico. Tanto el Govern balear como las alcaldías se ven obligados a negociar permanentemente con grandes cadenas hoteleras que ejercen presión fiscal y económica. Frente a los grandes inversores, los ayuntamientos apenas disponen de recursos para establecer límites a las plazas turísticas o imponer condiciones sociales a las licencias, lo que reduce la capacidad municipal de controlar el impacto del sector turístico.

A pesar de proponer un cambio de modelo, las voces institucionales se desmarcan del problema. Sin ir más lejos, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha negado que exista precariedad generalizada, a pesar de reconocer la sobrecarga laboral de muchos trabajadores de las Islas y el aumento del coste de la vida en el archipiélago.
‘Rentista, pingajo, búscate un trabajo’

Desde 2024, Baleares ha vivido un estallido social. Decenas de miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades para denunciar la gentrificación de sus pueblos y ciudades, la inaccesibilidad de la vivienda y la precarización del trabajo; y exigir a las administraciones públicas que tomen medidas como la implantación de moratorias urbanísticas, la prohibición del alquiler vacacional, la imposición de cupos de turistas y un aumento en el control de la llegada de cruceros y vuelos a las Islas.

Una de las protestas más recientes es la que tuvo lugar a mediados del mes de junio en Mallorca e Ibiza. Bajo consignas como “Mallorca no es un parque temático”, “SOS Residentes” o “Rentista, pingajo, búscate un trabajo”, los asistentes denunciaron que el aumento descontrolado del número de turistas provoca saturación de infraestructuras, un incremento de la contaminación, la pérdida de espacios públicos y la expulsión progresiva de la población local debido a la inflación de los precios del alquiler y la gentrificación de los barrios.

Los trabajadores del transporte interurbano balear también se sumaron a las movilizaciones a finales de julio. En plena temporada alta, y secundada por el 90% de la plantilla, la huelga de conductores de autobuses se ha prolongado más de una semana para denunciar jornadas laborales imposibles, descansos insuficientes y sueldos congelados desde hace nueve años. Finalmente, patronal y sindicatos han llegado a un preacuerdo que contempla subidas salariales de más del 8% y la ampliación del calendario de descansos.

No obstante, las autoridades balear y central siguen apostando por la expansión del modelo turístico. El Govern, liderado por el PP con apoyo de Vox, anunció una reducción simbólica de 18.000 plazas turísticas (solo el 4% del total) mientras está impulsando la ampliación del aeropuerto de Palma con una inversión de 247 millones de euros. Asociada con la aerolínea United Airlines, la Administración balear también está promocionando una línea directa de vuelos sin escalas entre las Islas y Nueva York, y ha firmado acuerdos con gigantes como Meliá para construir cientos de viviendas para los empleados de sus hoteles.

“Los poderes políticos no aportan ninguna solución”, denuncia el portavoz de Menys Turisme. “Ahora el Govern es del PP, pero con el PSOE ocurría lo mismo; no hacen absolutamente nada. Se habla de medidas de contención, pero este año, que se supone que entraban en vigor esas medidas, en los primeros cinco meses hemos batido récord de turistas. Lo que hacen es intentar calmar el malestar social, no molestar a los turistas y que los empresarios sigan amasando riqueza”.                 (Alberto Mesas , El Salto, 11/08/25)

7.7.25

Una familia logra cerrar 10 pisos turísticos en Madrid por atentar contra su salud y su intimidad... Una sentencia pionera ordena el cierre de alojamientos vacacionales en La Latina y condena a las empresas a indemnizar con 37.000 euros a una familia afectada por años de insalubridad, ruido y ansiedad... el derecho de propiedad privada no es absoluto, debe cumplir una función social y respetar los derechos de los demás... El juez consideró que el derecho de los vecinos a descansar, criar a sus hijos con tranquilidad y sentirse seguros en su propia casa pesaba más que el lucro empresarial...

 "Por primera vez en España, un tribunal ha ordenado el cierre de diez pisos turísticos no por razones administrativas o urbanísticas, sino por la vulneración de derechos fundamentales. En el corazón del barrio de La Latina, en la calle Toledo, una familia ha conseguido una victoria judicial tras años de padecer lo que califican como un "infierno cotidiano": fiestas constantes, suciedad, borracheras, y un ambiente que no solo atentaba contra su bienestar, sino también contra la salud mental de sus hijos.

Según informa El País, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid, dictada el pasado 19 de junio, representa un hito legal al reconocer que el negocio turístico no puede estar por encima del derecho a una vida digna y tranquila. El fallo obliga a cesar de inmediato la actividad de alquiler vacacional en esos pisos y a abstenerse de retomarla en el futuro. Además, impone una indemnización de 37.000 euros a favor de la familia.

Un hogar convertido en pesadilla

Todo comenzó hace cuatro años, cuando la pareja adquirió y reformó su vivienda en un edificio histórico entre la Puerta de Toledo y la Plaza Mayor. Lo que debía ser su hogar se transformó rápidamente en una pesadilla diaria. De los 60 pisos del edificio, una inmensa mayoría estaba ya dedicada al alquiler turístico. Los pocos vecinos residenciales eran minoría, y sus derechos quedaban completamente relegados.

La familia empezó a sufrir todo tipo de molestias: ruidos a altas horas de la noche, basura en las zonas comunes, fiestas con inquilinos ebrios, incluso relaciones sexuales en espacios compartidos, según testimonió un agente de policía. La situación escaló hasta el punto de afectar gravemente la salud de todos los miembros del hogar. La madre perdió su empleo a causa del estrés, y tanto ella como su pareja y sus hijos desarrollaron síntomas de ansiedad, insomnio y depresión. Un informe forense aportado al proceso judicial confirmó un vínculo directo entre el deterioro psicológico de los niños y las condiciones de convivencia impuestas por la actividad turística del edificio.

Las quejas, denuncias a la Policía y reuniones vecinales fueron inútiles. El control del inmueble estaba en manos de las empresas que explotaban los pisos, que copaban las juntas de vecinos y sorteaban cualquier medida de regulación interna. Desesperados, los padres decidieron acudir a la vía judicial, alegando la vulneración de derechos fundamentales como la intimidad familiar y la inviolabilidad del domicilio.

Una sentencia sin precedentes

El juez no se limitó a evaluar si los pisos cumplían con las licencias municipales, sino que dio un paso más allá. La sentencia cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para subrayar que el derecho de propiedad privada no es absoluto: debe cumplir una función social y respetar los derechos de los demás.

En este caso, la vida de una familia con niños pequeños estaba siendo sistemáticamente destruida por una actividad económica que generaba insalubridad, alteraba el orden público y comprometía su salud emocional. El juez consideró que el derecho de los vecinos a descansar, criar a sus hijos con tranquilidad y sentirse seguros en su propia casa pesaba más que el lucro empresarial.

El fallo impone el cierre inmediato de los diez pisos turísticos situados en la escalera exterior del edificio —donde reside la familia— y condena a cuatro empresas distintas a pagar una compensación económica. A cada uno de los niños se le reconoce un daño específico cifrado en 9.833 euros, un gesto inédito que pone el foco en la salud mental infantil como derecho protegido.

Los testimonios que lo cambiaron todo

Durante el juicio, los testimonios fueron clave. Un policía municipal que patrullaba la zona declaró que en múltiples ocasiones tuvo que intervenir por quejas vecinales: botellones en la entrada, vómitos, orines, peleas, robos e incluso relaciones sexuales en zonas comunes. Relató cómo encontraba cada fin de semana a grupos de turistas, principalmente extranjeros, completamente ebrios, generando situaciones de verdadero caos.

El portero del edificio también intervino. Relató cómo había denunciado en varias ocasiones destrozos como buzones arrancados, correspondencia tirada, robos y actos vandálicos. También declaró la psicóloga del sistema público que atendía a la madre, y la psiquiatra forense que evaluó a los niños subrayó que ninguno de ellos tenía antecedentes psiquiátricos antes de vivir en esas condiciones, dejando claro el impacto nocivo del entorno.

Uno de los testimonios más llamativos fue el de Mariano Rodríguez de Barutell, alias "Nanín", conocido por su vinculación pasada con la presidencia del Real Madrid. Aunque no estaba imputado en esta causa concreta, sí participó como testigo, ya que explota pisos turísticos en la otra escalera del edificio. Admitió que "es muy difícil vivir con niños en el inmueble" y reconoció el constante trasiego, la basura y las molestias generadas por la actividad turística.

Una victoria legal que puede marcar un antes y un después

Para el abogado de la familia, Miguel Rubio, del despacho Sofima 10, la sentencia marca un precedente: “No es el Ayuntamiento quien ha pedido el cierre, sino una familia. Es la primera vez que se gana un caso así desde la óptica de los derechos fundamentales”.

La resolución judicial es recurrible, pero ya ha encendido las alarmas en un sector que, hasta ahora, se movía con una amplia tolerancia institucional. El modelo de ciudad que prioriza al turista sobre el residente podría estar comenzando a resquebrajarse. La magistrada ha dejado claro que el turismo no puede destruir el tejido social ni convertir los hogares en cárceles emocionales.

¿Qué implica esta sentencia para el futuro de los barrios?

Este caso podría sentar las bases para una nueva oleada de demandas vecinales. La turistificación descontrolada de barrios tradicionales de Madrid y otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia ha generado tensiones crecientes entre residentes y propietarios de alojamientos turísticos.

Hasta ahora, las respuestas institucionales han sido insuficientes o meramente estéticas. La sentencia muestra una vía alternativa: la defensa judicial de los derechos fundamentales. No se trata solo de licencias o normativas urbanísticas. Se trata de salud, dignidad y convivencia.

En barrios donde el alquiler turístico ha desplazado a las familias y encarecido brutalmente el coste de vida, esta sentencia representa una pequeña victoria, pero de gran simbolismo. Muestra que David puede vencer a Goliat, si logra articular su defensa en los marcos adecuados.

Cuando los derechos pesan más que el negocio

El fallo judicial que obliga a cerrar diez pisos turísticos por vulnerar la intimidad y salud de una familia en Madrid abre una puerta hasta ahora cerrada. Es una advertencia para el modelo de ciudad que sacrifica la vida de sus habitantes en favor del turismo de masas. También es una esperanza para quienes resisten en sus barrios, luchando por vivir en paz. Porque una ciudad no se construye con maletas de paso, sino con vidas que echan raíces." 

(  , Diario16+, 07/07/25)

17.6.25

Quien te garantizará la pensión viaja en patera, no en crucero... El Banco de España ya cifró en 25 millones los migrantes que necesitaba España hacia 2050 para ’evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español... Por otra parte, se acercan a los cien millones los turistas extranjeros que pasan anualmente por España, una cifra insostenible que genera fuertes desequilibrios en materia de servicios públicos e infraestructuras (agua, saneamiento, sanidad, vivienda….)... En las zonas turísticas, la demanda vacacional devora hasta el 50% de la vivienda, reduciendo a la mitad la disponibilidad de casas para hogares... y la vivienda es el mayor problema para los españoles... Pero para la extrema derecha, tanto en España como en la UE, el problema son los inmigrantes... pero los canarios no se manifiestan contra los migrantes ni contra los menores. Se han manifestado reiteradamente contra la masificación turística, la especulación y la desigualdad... Pero para la ultraderecha, el problema son los 5.000 menores migrantes... la AIRef calcula que se necesitará la llegada de un millón de migrantes anuales para sostener las pensiones en las próximas décadas (Fátima Martín)

 "Quien te garantizará la pensión viaja en patera, no en crucero. El Banco de España ya cifró en 25 millones los migrantes que necesitaba España hacia 2050 para ’evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español’ [1]. En la actualidad, el flujo migratorio anual es de una media de 288.000 personas, según la AIReF [2]. Por su parte, se acercan a los cien millones los turistas extranjeros que pasan anualmente por España [3], en torno al doble de la población, una cifra insostenible que genera fuertes desequilibrios en materia de servicios públicos e infraestructuras (agua, saneamiento, sanidad, vivienda….)

 De hecho, el mismo Banco de España explica el aumento del precio de la vivienda por la demanda de los no residentes y la de usos alternativos de la vivienda como el turístico o el de temporada, entre otros factores. En las zonas turísticas, la demanda vacacional devora hasta el 50% de la vivienda, reduciendo a la mitad la disponibilidad de casas para nuevos hogares [4].

El Informe de estabilidad financiera de la primavera de 2025 [5] del Banco de España señala que de las 367.000 operaciones de compraventa de viviendas que se firmaron en el segundo semestre de 2024, “las adquisiciones de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros siguieron siendo elevadas, un 18% en 2024”. También advierte que “en el caso de la vivienda nueva, el precio ha superado, en términos reales, su máximo previo en un 2,6%” y alerta de que los precios en general ya están por encima de los niveles de equilibrio. Cabe recordar que la vivienda es, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el mayor problema para los españoles [6].

 Pero para la extrema derecha, tanto en España como en la UE, el problema son los inmigrantes. Veamos los datos. Según cifras del Parlamento Europeo, unos 3,7 millones de personas utilizaron vías legales de migración para entrar en la UE en el año 2023. De ellos, 385.000 lo hicieron de manera considerada irregular por la burocracia europea [7]. En esta línea, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), subraya que “la suma total de las personas llegadas de manera irregular en 2023 apenas representa el 0,06% del total de la población de la UE” [8].

Un año después, en 2024, la UE registró una caída del 38% en el número de migrantes que llegaron de manera considerada irregular con respecto al año anterior, con algo más de 239.000 entradas detectadas en 2024, según los datos de la Guardia Europea de Costas y Fronteras (Frontex), que apunta que fue la cifra más baja desde 2021, cuando los flujos se redujeron drásticamente como consecuencia de las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia de coronavirus [9].

Esa caída no es así para las islas Canarias, donde las 46.843 llegadas de 2024 supusieron el dato más elevado en el archipiélago desde que la agencia europea comenzó a tener registros en 2009. La ruta canaria supuso ese año cerca del 20% de todas las llegadas consideradas irregulares a la UE y el 73% a España. En concreto, a España llegaron 63.970 personas de manera considerada irregular, según el Ministerio del Interior y fallecieron 10.457 personas en el intento, un 58% más respecto al año anterior, según el informe Derecho a la Vida 2024 de Caminando Fronteras [10].

 Compárense esas menos de 47.000 entradas con los 15,2 millones de turistas extranjeros que recibió Canarias el mismo año 2024, siete veces más que su población [11]. Pero para la ultraderecha, el problema son los en torno a 5.000 menores [12] migrantes no acompañados [13].

Por su parte, los canarios no se manifiestan contra los migrantes ni contra los menores. Se han manifestado reiteradamente contra la masificación turística, la especulación, la desigualdad y el crecimiento infinito. “Canarias tiene un límite”, claman los convocantes, colectivos sociales, ecologistas y ciudadanos, exigiendo una mayor protección de los espacios naturales y una regularización de la vivienda vacacional. Las marchas canarias del pasado mes de mayo fueron secundadas en otras ciudades españolas como Granada, Valencia, Barcelona o Madrid [14].

No ha sido la única protesta contra la turistificación masiva. Precisamente este domingo ha tenido lugar en 15 ciudades europeas una movilización para exigir decrecimiento turístico. En Barcelona, la manifestación llevaba por lema “el turismo nos roba el pan, el techo y el futuro” [15]. Uno de los colectivos participantes es Stop Creuers (Stop Cruceros), que se creó para luchar contra el aumento incesante del tránsito marítimo de cruceros en Catalunya, una actividad “altamente contaminante, gran consumidora de energía y recursos locales y generadora de inmensos y graves impactos sociales, ambientales y sanitarios, tanto a escala local como global” [16].

A través de cruceros atracaron en los puertos españoles 12,8 millones de pasajeros en 2024, según datos de Puertos del Estado [17]. Hay expertos que cuestionan la rentabilidad de los cruceros para las ciudades, mientras que generan impactos negativos, como la masificación o la contaminación [18].

Por el contrario, y volviendo al inicio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que alerta sobre la sostenibilidad del sistema, prevé una deuda pública ascendente debido al envejecimiento de la población hasta alcanzar el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070 y calcula, en la misma línea que el Banco de España, que se necesitará la llegada de un millón de migrantes anuales [19] para sostener las pensiones en las próximas décadas [20]. Reiteramos lo dicho desde estas mismas líneas: ¿Se pretende que toda esa mano de obra viva y trabaje en condiciones de esclavitud? Regímenes que no respetan los derechos humanos de las personas migrantes tampoco lo hacen de las autóctonas [21]."

 ( Fátima Martín , CADTM, 16/06/25, notas en el original)

30.5.25

Canarias: “Líderes en turismo y en pobreza: los esclavos de Europa”... los beneficios empresariales son enormes... el turismo representa el 37% del PIB canario, casi 21.500 millones de euros, y el 47% de la población trabaja en la hostelería. No hay una sola familia sin vinculación directa con el empleo turístico... Toda esa riqueza no se redistribuye entre la población canaria, al contrario, soporta uno de los salarios más bajos de España... más del 50% de los alquileres residenciales han desaparecido al convertirse en viviendas para uso turístico... En Canarias hay riqueza, pero se la apropian los grandes grupos hoteleros -y cuyos accionistas clave son fondos buitres estadounidenses como Blackstone, Vanguard y BlackRock... de sus inmensos beneficios deben salir las tres medidas determinantes para revertir la situación de que las Islas sean ‘líderes en turismo y en pobreza’. Una subida significativa de los salarios, la creación de un parque de viviendas residenciales suficiente, y la planificación de desarrollo sostenible y de cuidado medioambiental, que paralice los daños (Eduardo Madroñal Pedraza)

 "Las manifestaciones en contra del actual modelo en las islas Canarias se desarrollaron con el lema ‘Canarias tiene un límite’. En Tenerife asistieron 90.000 personas según los convocantes; en Las Palmas de Gran Canaria, 50.000; en Lanzarote serían 2.000, en Fuerteventura y La Palma, 500 en cada lugar; en La Gomera, 100, y El Hierro, 90; y también en Madrid acudieron 300 personas; lo que suma más de 140.000. Canarias ha clamado por un cambio de modelo turístico.

No han sido las primeras manifestaciones de ‘Canarias tiene un límite’, era la tercera vez, después de las dos anteriores del 20 de abril y del y 20 de octubre del pasado año 2024. Manifestaciones contra el modelo económico actual en el archipiélago, sostenido en “la turistificación, la especulación, la desigualdad y el crecimiento infinito” de una tierra que, advierten, es “muy limitada”.

“Allí donde voy veo turistas. Pero eso no se nota en la sociedad. Solo notamos las consecuencias, el beneficio se lo llevan otros”, decían dos estudiantes. “Estamos aquí por nuestros hijos y nuestros nietos, que casi no pueden pagarse un lugar donde vivir pese a tener trabajo”, afirmaban dos pensionistas.

En las pancartas: “Líderes en turismo y en pobreza: los esclavos de Europa”, “El turismo en masa nos quita las casas”, “El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria” y “Dónde están, no se ven, esos pisos de alquiler”.

La plataforma ‘Canarias tiene un límite’ valora que, después de las manifestaciones multitudinarias, las instituciones están ignorando sus demandas, y, lo que es peor, manipulando con normativas regresivas que profundizan la crisis social, económica y ambiental.

Leyes para fomentar el turismo invasivo

Las propuestas del gobierno autonómico para modificar la Ley del Suelo y la vacía Ley de Residencia solamente agravan el problema en lugar de solucionarlo. La plataforma ha presentado muchas alegaciones en contra de unas medidas que buscan en realidad recalificar más para construir más vivienda turística. Por ejemplo, la Ley de Islas Verdes facilita la recalificación de terrenos rústicos para permitir el uso turístico. Eso significa que podemos encontrar ya terrenos que antiguamente se dedicaban a cultivos de secano (sin riego) -que es lo óptimo para la agricultura en tiempos de emergencia hídrica- convertidos en nuevas casas vacacionales.

Incluso en la revisión de la Ley Canaria de Vivienda Vacacional, se propone para las islas pequeñas -como el Hierro- el aumento del porcentaje de viviendas vacacionales frente a las residenciales. Lo que no soluciona el problema habitacional, sino que genera una perversa espiral -aprovechan el drama que existe desde hace tiempo, que, si vas a trabajar allí, no encuentras casa- por la que un pequeño aumento del número de viviendas residenciales, permite un gran aumento de las vacacionales.

Salarios precarios e irrisorios

El turismo de procedencia extranjera, principalmente europea, es constante durante todo el año en Canarias. La generación de riqueza de la actividad turística representa el 37% del Producto Interior Bruto (PIB) canario -que son casi 21.500 millones de euros-; y el 47% de la población -de los 2.200.000 de habitantes- trabaja en la hostelería. No hay una sola familia sin vinculación directa con el empleo turístico.

Pero tanto las condiciones y las cargas de trabajo como los horarios son insoportables, cuando además estamos hablando de que el salario medio se sitúa en los 1.400 euros. Sin embargo, los beneficios empresariales son enormes. En 2024, el turismo extranjero ha alcanzado su máximo histórico con casi 18 millones de visitantes -algo así como un millón y medio mensual, 50.000 al día-, máximo histórico- y de ganancias.

Toda esa riqueza no se redistribuye entre la población canaria, al contrario, soporta uno de los salarios más bajos de España. Es, además, la que más poder adquisitivo ha perdido en los últimos dos años, sufre una de las tasas de riesgo de pobreza más altas (el 31,2%) y la cuarta tasa de paro más elevada (13,5%).

Vivienda inalcanzable

Canarias es la cuarta comunidad con el precio medio de compra más elevado, por detrás de Madrid, Baleares y el País Vasco. Entre 2014 y 2024, el precio real de la vivienda se ha revalorizado un 40%. En alquiler es el quinto más alto de España. En 2024, el precio medio del alquiler aumentó un 17,4%, alcanzando los 1.051 euros mensuales. Este encarecimiento ha llevado a que los canarios destinen, en promedio, el 55% de su sueldo bruto al pago del alquiler, superando ampliamente el 30% reivindicado.

Según el Informe Anual 2024 del Banco de España, más del 50% de los alquileres residenciales han desaparecido al convertirse en viviendas para uso turístico. En Canarias, más de 48.000 viviendas están registradas actualmente como turísticas. Y el incremento de la oferta de vivienda para el alquiler de temporada y el de habitaciones, ha reducido aún más la oferta de alquiler residencial. En Canarias -una de las zonas más tensionadas de España- no hay una oferta de vivienda suficiente para cubrir la demanda local.

No hay actualmente un parque de viviendas suficiente para dar respuesta a las necesidades residenciales, lo que impide el acceso a la vivienda, en particular, a los trabajadores, tanto jóvenes como familias con rentas medias y bajas..

Canarias tiene un límite

‘Canarias tiene un límite’ -plataforma de organizaciones- tiene demandas destacadas:

La paralización inmediata de proyectos destructivos y derribo de los ilegales. Una moratoria hotelera y vacacional real. Una Ley de Residencia que regule la compra de viviendas por extranjeros, y una tasa turística que grave a los visitantes y se reinvierta en la conservación del medio ambiente y la mejora de los servicios al residente.

También dar un impulso a las energías renovables sin dañar el territorio. La protección de los espacios naturales. La restauración de ecosistemas y soberanía alimentaria y energética. Y el rechazo a macroproyectos como trenes, ampliaciones de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos con gran impacto ambiental.

Así como una defensa del patrimonio cultural y social. Medidas inmediatas para detener los millones de litros de vertidos contaminantes al mar. Y la creación de una ley de restauración ambiental.

Riqueza se genera, pero no se redistribuye

En Canarias hay riqueza. El turismo genera 21.500 millones de euros anuales. Pero esa riqueza no se redistribuye. Porque se la apropian los grandes grupos hoteleros -y cuyos accionistas clave son fondos buitres estadounidenses como Blackstone, Vanguard y BlackRock.

Y de tales inmensos beneficios deben salir las tres medidas determinantes para revertir la situación de que las Islas sean ‘líderes en turismo y en pobreza’. La primera es una subida significativa de los salarios, generalizada a los trabajadores, empezando por los del propio sector turístico, con la redistribución salarial para que nadie cobre menos de 1.400 euros.

La segunda es la vivienda, con la creación de un parque de viviendas residenciales suficiente y asequible que no supere el 30% del salario. Y la tercera es planificar un desarrollo sostenible y de cuidado medioambiental, que paralice los daños." 

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