"España volverá a las urnas el 29 de noviembre. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar nuevamente a la ciudadanía está estrechamente ligada al movimiento social surgido en España durante los últimos diez días contra los desahucios y en defensa del derecho a la vivienda.
La chispa inicial saltó con el desahucio de Maricarmen, una inquilina de 87 años, de su piso en Madrid, donde había residido durante 71 años. La policía agredió a los activistas que intentaban impedir el desalojo, y Maricarmen fue evacuada en camilla. Un fondo buitre, propietario del inmueble, pretendía aumentar el alquiler más de un 300 %. En respuesta al desahucio, miles de activistas —incluidos miembros del sindicato de inquilinos— ocuparon la madrileña Puerta del Sol y montaron tiendas de campaña: la mecha ya se había encendido.
El Gobierno español reaccionó con rapidez a la presión del movimiento impulsando dos decretos sobre vivienda. El primero contemplaba, entre otras medidas, la paralización de todos los desahucios hasta 2030; el segundo atendía las demandas específicas del sindicato de inquilinos sobre contratos incondicionales, obligando a los propietarios a abonar una indemnización equivalente a 12 meses de alquiler si rescindían el contrato y desahuciaban al inquilino. El Gobierno carece de mayoría absoluta y depende del apoyo de un conjunto de partidos de izquierda y de centro-derecha para sacar adelante cualquier ley.
Sánchez dividió la propuesta en dos decretos, previendo que el segundo sería rechazado por sus «aliados» de derecha —el partido independentista catalán Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV)—, pero confiando en que el primero saldría adelante y se lograría frenar los desahucios. Finalmente, Junts se negó a votar a favor de cualquiera de los dos decretos. Se rumorea que el partido de Carles Puigdemont recibió presiones de la banca catalana y de los grupos de presión del sector inmobiliario. El rechazo de los decretos provocó una gran indignación: al día siguiente, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid y otras muchas miles lo hicieron en el resto de España, produciéndose ocupaciones de plazas públicas por todo el país.
¿Por qué la derrota parlamentaria del Gobierno sirvió de trampolín para convocar elecciones generales? En cualquier caso, Sánchez estaba obligado a convocar elecciones a más tardar en mayo de 2027, y la cuestión de la vivienda constituye un terreno mucho más favorable para la izquierda que cualquier otro tema que pudiera llegar a dominar una campaña electoral. Antes del desahucio de Maricarmen, la política española se había centrado obsesivamente en la crisis migratoria de Ceuta, tras la entrada de miles de personas en el enclave africano desde Marruecos a finales de julio. Si la crisis de Ceuta hubiera marcado la campaña electoral, Sánchez no habría tenido ninguna oportunidad: el debate sobre la inmigración está dominado por el partido de extrema derecha Vox, que arrastra consigo al Partido Popular (PP), de centro-derecha.
La vivienda es un asunto totalmente distinto. Lejos de contraponer a autóctonos frente a inmigrantes o a cristianos frente a musulmanes, la cuestión de la vivienda se define por la división entre inquilino y propietario: entre el joven que no puede permitirse independizarse del hogar familiar y el fondo buitre que busca desahuciar a los inquilinos para dejar paso a los turistas. La crisis de la vivienda está marcada por la clase social: por un lado, quienes poseen múltiples propiedades y pueden utilizar su patrimonio inmobiliario para obtener rentas; por otro, quienes carecen de propiedad y deben pagar alquileres o hipotecas cada vez más inasequibles. En este terreno, el intento de la izquierda de frenar los desahucios transmite un mensaje capaz de atraer a sectores mucho más amplios que su base electoral habitual: una gran mayoría de votantes de todos los partidos, incluidos los del PP y Vox, respalda el llamamiento del sindicato de inquilinos a una huelga general contra los desahucios.
Históricamente, el PSOE de Sánchez se ha posicionado del lado del rentista frente al inquilino. Cuando estalló la crisis financiera de 2008 y cerca de un millón de personas perdieron su vivienda en el país, el PSOE gobernaba y rescató a los bancos, al tiempo que protegía la facultad de los agentes judiciales para desahuciar a las personas de sus hogares. El movimiento antidesahucios PAH, surgido a raíz de la crisis financiera, se opuso explícitamente a la gestión de la crisis por parte del PSOE bajo el liderazgo de Zapatero, hasta que el PP asumió el poder a finales de 2011. En los años posteriores, el número de inquilinos en España ha aumentado a medida que la clase trabajadora se ha visto progresivamente excluida del mercado de compra de vivienda debido a los precios prohibitivos. Sin embargo, incluso cuando Sánchez devolvió al PSOE al poder en 2018, abordar la crisis de la vivienda siguió estando muy lejos de sus prioridades.
De hecho, el único argumento de ataque del PP y Vox que ha ganado cierto peso durante la última semana es el siguiente: ¿por qué el Gobierno español tardó ocho años —y necesitó que se produjera el desahucio de Maricarmen— para tomar finalmente medidas serias ante la crisis de la vivienda? Los precios de la vivienda y los alquileres se han disparado durante el mandato de Sánchez, mientras los salarios han seguido estancados. La agudización de la crisis de la vivienda bajo el gobierno de coalición de izquierdas desde 2020 pone de manifiesto el tipo de socialdemocracia —de carácter débil— que se ha aplicado: aunque el Gobierno ha hecho gala de un discurso de justicia social y ha impulsado algunas reformas en esa dirección, la economía española ha seguido alimentando la inflación de los precios de los activos, la turistificación el empleo en el sector servicios con salarios bajos.
No obstante, Sánchez ha logrado mantenerse en el poder hasta ahora gracias a su agilidad política y a su capacidad para captar el sentir de la ciudadanía. Al responder con rapidez a las demandas del movimiento por la vivienda, ha posicionado al PSOE y a su gobierno de coalición como defensores de los inquilinos; por el contrario, el PP y Vox se han opuesto rotundamente a los decretos sobre vivienda, apareciendo así como portavoces de las clases propietarias. La única respuesta del PP ante la crisis habitacional es construir más viviendas, una postura defendida, entre otros, por Jeff Bezos. Sin embargo, cualquiera que recuerde el *boom* inmobiliario español previo a 2008 sabe que esa no es la solución: entre 1998 y 2008 se construyeron seis millones de viviendas y el precio de la vivienda se duplicó. Lo que determina la evolución de los precios inmobiliarios es la aceleración en la creación de crédito hipotecario, no la oferta y la demanda. O, dicho de otro modo: nadie cree que un mayor número de viviendas en manos de fondos buitre vaya a resolver la crisis de la vivienda.
Aun así, las encuestas sugieren que el PP y Vox formarán un gobierno de coalición tras el 29 de noviembre. El principal problema de Sánchez es que los partidos situados a su izquierda —con los que necesita sumar fuerzas para lograr una mayoría— han perdido peso desde las elecciones generales de 2023, cuando el PP y Vox se quedaron a las puertas de la mayoría absoluta. La coalición «Sumar», surgida en torno a Yolanda Díaz en 2023 —tomando el relevo de Podemos como referente de la izquierda alternativa—, parecía una opción renovadora hace tres años; hoy, sin embargo, transmite una imagen muy distinta. Dividida entre los restos de Sumar y los de Podemos, no está claro que la izquierda sea capaz de unirse y, aun logrando articular algo, cabe preguntarse si esa unión sería algo más que una «unidad de cementerio».
Fue un movimiento social masivo —el de los «Indignados» o el «15-M»— el que insufló nueva vida a la izquierda alternativa española. De aquel movimiento surgió Podemos como una fuerza antisistema dinámica y renovadora. Sin embargo, nunca logró desplazar al PSOE como principal actor de la izquierda en la política española. Al final, la izquierda ha terminado sosteniendo al PSOE en el poder, mientras que el PSOE ha ido adoptando gran parte del discurso de la izquierda. En el discurso en el que anunció las elecciones, Sánchez habló de la necesidad de que los votantes le otorgaran una mayoría para poder «someter a las élites». A medida que España se ha polarizado en bloques de izquierda y derecha, Sánchez se ha convertido en la figura dominante del primero.
Pero la aritmética electoral no engaña. Sánchez no ganará en solitario. Necesitará que la izquierda alternativa alcance al menos cerca del 10 % de los votos para tener posibilidades reales de formar gobierno de nuevo. Esto no parecía factible antes de que estallara el movimiento por la vivienda, y sigue pareciendo improbable, pero si logran canalizar parte de la indignación antisistema de dicho movimiento, ¿quién sabe? Los activistas por la vivienda tienen motivos legítimos para recelar de que su movimiento sea instrumentalizado con fines electorales, pero también podrían percibir una oportunidad: si la izquierda logra una victoria sorprendente el 29 de noviembre, todo el mundo sabrá que se lo debe al movimiento por la vivienda, y el impulso político que esto otorgaría al movimiento podría ser enorme.
Por otro lado, si gana la derecha y tenemos un partido de extrema derecha en el gobierno por primera vez en la España posterior a Franco, cabe esperar un giro brusco hacia el autoritarismo. Vox, en particular, buscará avanzar hacia sus aspiraciones de un Estado español centralizado, recortando el poder de las fuerzas independentistas en Cataluña y el País Vasco. El objetivo será restar competencias a las comunidades autónomas para que España no vuelva a vivir un proceso independentista como el que presenciamos en Cataluña hace casi diez años. Se revertirán todos los intentos realizados durante los años de mandato de Sánchez por forjar una España «plurinacional».
Las viejas divisiones que definen a España —de clase y de nación— habían quedado algo eclipsadas durante los años de «gobierno progresista», pero nunca llegaron a desaparecer del todo. La dimensión de clase social ha resurgido con fuerza gracias al movimiento por la vivienda. Si el PP y Vox ganan las elecciones, las divisiones nacionales volverán también a ocupar un lugar central."
(Ben Wray, Brave New Europe, 05/10/26, traducción google, enlaces en el original)
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