España tiene un déficit público permanente porque la contribución fiscal está 5,5 puntos del PIB por debajo de la Eurozona. Esto supone dejar de recaudar 68.400 mill al año. Esta anomalía hace muy difícil que el país prospere... Bancos, constructoras e inmobiliarias tributan por menos del 3% frente al 15% de las PYMEs

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

España tiene un déficit público permanente pq la contribución fiscal está 5,5 puntos del PIB por debajo de la Eurozona. Esto supone dejar de recaudar 68.400 mill al año. Esta anomalía hace muy difícil q el país prospere. La brecha está principalmente en la cotizaciones, IRPF e IS

La brecha en cotizaciones se debe a tipos más bajos, a una baja contribución de autónomos y a que la base máxima de cotización está topada muy abajo. Las cotizaciones españolas son de las más regresivas de Europa. Pesan más en los deciles más bajos de renta que en el más alto

La brecha en el IRPF se debe a su uso como mecanismo de ajuste proclíclico, se sube cuando cae el PIB y se baja cuando sube, a pesar de ser un impuesto estructural. La tarifa q estuvo vigente de 2012 a 2014 fue la más progresiva. Después se bajó y la recaudación cayó 8.500 mill.

La brecha en el impuesto de sociedades se explica por el proceso de desfiscalización de los beneficios empresariales, que ha sido más intenso en España. El tipo medio efectivo sobre beneficios ha pasado de estar en torno al 20% entre 1995 y 2006, al 8% en la actuliadad

La desfiscalización de los beneficios se concentra en los grandes grupos que son los que aprovechan los agujeros del impuesto y el privilegio de no tributar por los beneficios repatriados. Bancos, constructoras e inmobiliarias tributan por menos del 3% frente al 15% de las PYMEs

CONCLUSIÓN: Urge una reforma fiscal seria y solvente. Para serlo ésta debe actuar sobre cotizaciones, IRPF e IS que explican el 68% de la brecha fiscal con Europa. No hacerlo supone dejar una herencia a los jóvenes de más deudas y peor educación, sanidad, vivienda y medioambiente

Para llevarla a cabo hace falta una labor pedagógica de los gobernantes y políticos. Empezando por cambiar el lenguaje habitualmente negativo para referirse a los tributos y positivo o suavizado, en cambio, cuando se habla del escaqueo fiscal. (...)

"Me gusta pagar impuestos pq con ellos compro civilización" decía un juez de la Corte Suprema de EE.UU. Los datos empíricos corroboran su apreciación causal. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas tiene una fuerte correlación positiva con el nivel de ingresos públicos

2:25 p. m. · 4 abr. 2022
256 Retweets 17 Tweets citados 414 Me gusta

Las multinacionales dejan de declarar 13.500 millones en España

"Las multinacionales dejan de declarar en España unos 13.500 millones de euros al año que se van a países con una tributación baja o paraísos fiscales. Pese a que tienen una parte de su negocio radicado en el territorio español, estas compañías intentan abaratar el pago de impuestos moviendo artificialmente los beneficios a otras jurisdicciones. 

Según estas cifras, el Estado español pierde un 13% de la recaudación del impuesto de sociedades, unos 2.600 millones que se evaporan por obra de la ingeniería fiscal. Así lo concluye un estudio global de varios académicos, entre ellos Gabriel Zucman, que el viernes recibió el premio Bernácer al mejor economista joven de Europa, concedido por el Observatorio del BCE y con el apoyo del Banco de España.

¿Cuántos beneficios se desvían a otros países debido a las diferencias en los tipos del impuesto de sociedades?, ¿qué países ganan y pierden por la agresiva competencia fiscal? 

A esas preguntas trata de responder en una de sus últimas investigaciones Gabriel Zucman, profesor de Berkeley, discípulo de Thomas Piketty y uno de los economistas más influyentes del panorama actual. Con 32 años, sus hallazgos sobre riqueza, desigualdad, tributación y paraísos fiscales están agitando el debate económico en Europa y, sobre todo, en Estados Unidos. Se trata de hallar una forma de globalización que sea sostenible y que no perjudique a los más débiles, dice Zucman a EL PAÍS. Y añade que la armonización fiscal es un camino para lograrlo. 

La agencia estadística Eurostat brinda un mapa de los beneficios por países, incluyendo los de las multinacionales. Así que Zucman y compañía han diseccionado los datos para ver cuántos beneficios se mueven desde donde se producen las ventas hacia países con una tributación baja o paraísos fiscales. Además, han tomado información de los registros mercantiles. Con cifras de 2016, concluyen que las multinacionales desplazan un 36% de sus ganancias a estas jurisdicciones. Entre ellas incluyen países como Irlanda, Puerto Rico, Luxemburgo, Singapur, Suiza u Holanda.

Y calculan los rotos que ocasionan: de media, los países afectados pierden un 9% de la recaudación de sociedades. España se queda sin un 13%, 2.600 millones. En total se dejan de declarar en el territorio español unos 13.500 millones, de los que casi 11.000 millones se desvían a países europeos.

¿Cómo lo hacen? Sobre todo con el pago de royalties. La filial ubicada donde se desarrolla la actividad paga mucho por estos derechos a la matriz ubicada en un territorio de baja tributación. Y así se trasladan artificialmente los beneficios. También se manipulan los precios de las compras intragrupo para llevarse la ganancia donde se tributa menos. Antes se solía hacer a través de préstamos entre filiales, cuyos intereses se abonan en el país de mayor tributación para obtener una deducción en la factura tributaria.  (...)

Las que más desvían ganancias son las compañías estadounidenses. Y los principales perdedores son los grandes Estados de la UE. (...)

Por cada euro que gana un paraíso fiscal, perdemos cinco

Gabriel Zucman bromea con que Irlanda es el paraíso de Laffer, el economista asesor de Reagan que propugnó bajadas de impuestos para animar la actividad y, al final, recaudar más. “En la economía irlandesa se recauda mucho. Solo que no se ve el incremento que decía Laffer de la inversión o de la economía productiva”, ironiza Zucman.

A los países pequeños les merece la pena llevar a cabo estas prácticas tributarias porque pierden pocos ingresos de las compañías locales pero ganan muchos de las multinacionales. Por cada euro que se embolsa uno de estos paraísos fiscales, los países perjudicados pierden cinco, dicen las estadísticas que maneja el economista. Por eso, propone que los haciendas intenten recaudar los tributos evadidos directamente de las compañías. Incluso de forma unilateral gracias al cálculo empresa por empresa de la parte de ventas no declarada en el país."                 (Antonio Maqueda, El País, 13/10/19)

La Plataforma por la Justicia Fiscal reclama un pacto de Estado para que España recaude 80.000 millones más en cinco años

"Esta semana se celebra el Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales. Será el 3 de abril, tercer aniversario de la publicación de los "Papeles de Panamá" la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. 

Esta filtración reveló, cuando apenas se superaban los peores años de la crisis, las artimañas fiscales de multimillonarios, famosos y dirigentes políticos de todo el planeta para eludir el pago de impuestos. En España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. 

Con motivo de la efeméride, la Plataforma por la Justicia Fiscal, que engloba a gran parte de las organizaciones sociales del Estado y a los principales sindicatos, va a reclamar a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios un pacto de Estado contra la evasión y la elusión fiscal.  (...)

Lo que reclaman es "recaudar, de quienes no pagan lo que deben, ese 20% más que necesitamos para equipararnos con la media europea: 80.000 millones de euros" al año. En 2018 se recaudaron 208.685 millones en España.Así, piden a los grupos políticos, en plena precampaña electoral, un pacto de Estado contra el fraude fiscal que rompa con ese déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de un plan de acción urgente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal (...)

Al mismo tiempo, quieren que se establezca una lista negra de paraísos "objetiva y ambiciosa" que incluya al menos todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, y que incluya la aplicación de sanciones, así como apoyar y proteger la figura del denunciante, entre otras medidas, un total de nueve. 

 

Acabar con la demagogia fiscal

En paralelo a las iniciativas para reclamar acciones contra la evasión y la elusión, las organizaciones sociales tratan de hacer pedagogía contra la "demagogia" de la carrera de promesas electorales para rebajar o eliminar impuestos. 

 Según el último barómetro fiscal del CIS, de 2018, el 45% de los españoles pagaría más por mejorar los servicios públicos, aunque el 57,4% considera que en España se pagan muchos impuestos y un 87,6% no cree que se cobre con justicia. Solo un 19,6% optaría por pagar menos impuestos aunque hubiera que reducir los servicios públicos. 

Sin embargo, la necesidad de mantener los impuestos, de acabar con la avalancha de bonificaciones fiscales o de incluso elevar la carga impositiva es una idea poco popular en precampaña electoral. Mientras los partidos de la izquierda evitan el tema o circunscriben sus propuestas por lo general a los más ricos, la derecha directamente ha iniciado una escalada en las promesas de rebaja impositiva. 

Este discurso no cae en saco roto, y en España se han llegado a organizar manifestaciones contra el impuesto de sucesiones, a pesar de que es considerado por muchos expertos como fundamental en la tarea de redistribuir la riqueza. En la actualidad, este tributo sufre un dumping de competencia fiscal entre autonomías.  (...)

El líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, ha prometido acabar con una parte esencial de la financiación de las autonomías con la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados (este último ahora lo pagan los bancos). Por su parte, Ciudadanos "presume" de haber eliminado el impuesto de sucesiones para herederos de más de 800.000 euros. 

Por ello, existen iniciativas de organizaciones sociales que tratan de contrarrestar el discurso dominante de promesas electorales de rebaja de impuestos.  (...)"            (Marina Estévez, eldiario.es, 31/03/19)

Cuando se reduzca el fraude fiscal y laboral a la media de la Europa de los 15, se podrá dar cobertura a todas las necesidades sociales...

"Desde la crisis de 2008, en España ha habido un aumento de la desigualdad que aparece obvio por el aumento de millonarios y también el aumento de personas en riesgo de exclusión. (...)

Para acabar con la desigualdad habría que dar los siguientes pasos:

1. Rebajar el fraude fiscal a la media de Europa, reducido a la mitad. Hoy el fraude en España está en torno al 25% mientras que la media europea de fraude fiscal se estima en torno a un 13%. La cifra estimada de fraude fiscal en España es de 60.000 millones de euros. Para reducirlo es necesario reorganizar la Agencia Tributaria y que persiga el gran fraude, la gran evasión de impuestos y la elusión fiscal, pues éstos prácticamente no se han reducido en los últimos años y la recuperación de fraude se mantiene en torno a los 10.000 millones de euros. Hay que aumentar las atribuciones de los técnicos de Hacienda y cambiar los modos de investigar y de perseguir el fraude, evasión y elusión como gran objetivo de la Agencia.


2. También hay que confluir en el número de empleados de hacienda y duplicar la actual inspección. Estadísticamente, a cada miembro de la AEAT le corresponde inspeccionar  a 1000 habitantes, mientras en los países de nuestro entorno a cada inspector le toca supervisar fiscalmente a 535 ciudadanos, en Portugal a 427, en Francia y a 387 en Alemania. En España hay el doble de fraude, pero la mitad de inspectores.


3. Y es necesario también duplicar el número de inspectores del trabajo, acercándose a Europa, pues hay la mitad por habitantes que en el resto Europa. Si en España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, en Europa la media es un inspector por cada 7.300 asalariados. El fraude laboral se estima en unos 30.000 millones de euros.


4. Hay que cambiar la visión del pago de impuestos, que aparece como molesta obligación que no reporta ventaja para el contribuyente. Pero todos los recortes que ha habido en los últimos años han sido por la falta de ingresos fiscales, pero la gente no es consciente de que, aumentando esos ingresos, reduciendo el fraude fiscal y laboral, se eliminarían los recortes.


5. El aumento de recursos, al reducir el fraude fiscal y laboral a la mitad, supondría unos 50.000 millones de euros. Lo presupuestos de sanidad, educación, dependencia y ayudas sociales aumentarían casi un 50%. Eso permitiría unas cifras de ayudas sociales en torno al 15% del PIB, aún lejos del 25% de Suecia, pero generaría también una disminución del paro con la creación de un millón y medio más de empleos.

Cuando se reduzca el fraude fiscal y laboral a la media de la Europa de los 15, se podrá dar cobertura a todas las necesidades sociales, reducir considerablemente la desigualdad y proporcionar las coberturas sociales que requieren los más desfavorecidos."                               

(Miguel Gorospe, Plataforma por la Justicia Fiscal, Nueva Tribuna.es, 24/09/18)

Nos empobrecen, se descojonan de nosotros, y utilizan a políticos de medio pelo para conservar y aumentar su patrimonio. Si realmente consiguiéramos neutralizar a los buscadores de rentas, como sociedad democrática y de derecho habríamos dado un paso hacia adelante

"(...) ¿Saben ustedes cuál ha sido y es el único y genuino golpe de estado que ha triunfado en las últimas décadas en todas y cada una de las democracias occidentales? Los filósofos políticos Sheldon S. Wolin, autor de libros tan relevantes como “Politics and Vision” y “Democracy Incorporated”; y John Ralston Saul, que escribió los no menos impactantes “Voltaire’s Bastards” y “The Unconscious Civilization”, hace años que dieron una respuesta clara y contundente. 

Hemos sufrido un golpe de Estado corporativo y ahora vivimos en una especie de dictadura corporativa que Wolin denominó Totalitarismo Invertido. Lo demás, majaderías.

 Todo ello viene a colación de dos hechos acaecidos esta semana y que muestran el mundo distópico en el que vivimos. Por un lado, el que fuera primer ministro laborista británico, Gordon Brown, ha afirmado algo que mucha gente de bien viene demandando hace años: “Los banqueros deberían haber sido encarcelados por su comportamiento fraudulento y deshonesto durante la crisis financiera que condujo a la recesión más profunda de Gran Bretaña después de la guerra”.

 Por otro lado, la ONG Intermon Oxfam, azote de neoliberales de distinto pelaje, en su informe "El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad" señala que “la inversión española hacia paraísos fiscales en el último año se ha multiplicado por cuatro, con lo que la contribución de las empresas multinacionales al total de recaudación es cada vez menor y la financiación del Estado recae cada vez más en las familias”. Nos empobrecen, se descojonan de nosotros, y utilizan a políticos de medio pelo para conservar y aumentar su patrimonio. Los datos son cada día más contundentes, no dejan lugar a dudas.

 El ex primer ministro laborista británico Gordon Brown usó el segundo extracto de sus memorias para advertir que el hecho de no tomar una línea más dura contra las malas prácticas ha hecho inevitable que los banqueros deshonestos vuelvan a apostar con dinero público. "Si los banqueros que actúan fraudulentamente no son encarcelados, con sus bonus devueltos, los activos confiscados e inhabilitados de por vida para el desempeño de su función, solo daremos luz verde a un comportamiento similar cargado de riesgos en nuevas formas", dice Brown. ¡Elemental, querido Watson!

Pero además saca a colación algo de lo que nos venimos quejando desde estas líneas. Los grandes bancos están siendo subsidiados por los ciudadanos, y más con el comportamiento irresponsable de autoridades políticas, económicas y financieras tendente a favorecer la creación de grandes campeones nacionales y supranacionales bancarios. 

Vergüenza. Estos bancos, respaldados por los contribuyentes, obtienen sus ganancias al menos en parte debido a la garantía del gobierno. Los riesgos que están tomando a menudo no son con su dinero sino con el nuestro. Y de esos barros, todos los lodos. Lo que la ortodoxia neoclásica no entendió, ni entiende a fecha de hoy, es que ¡los banqueros no son meros éforos del capitalismo, sino que son su principal fuente de inestabilidad!

Pero la imagen actual no es simplemente la de unas finanzas fuera de control. Las grandes corporaciones hace tiempo que dejaron de adoptar un enfoque de largo plazo. Tienen una visión cortoplacista.

 No se fomenta la inversión a largo plazo, solo la especulativa. Los líderes empresariales han respondido con acciones que pueden ofrecer resultados inmediatos a los accionistas, tales como recompras de acciones o aumentos de dividendos, mientras que no han invertido suficientemente en innovación, mano de obra especializada o gastos de capital necesarios para sostener el crecimiento a largo plazo. 

Pero además no contribuyen al bienestar de sus ciudadanos en el pago de impuestos. Todo lo contrario.

 Según el informe de Intermon Oxfam, "El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad", antes de la crisis las familias españolas aportaban el 74% del total de impuestos recaudados para pasar a aportar el 83% en 2016, mientras que las empresas aportaron el 22% en 2007 y el 12% en 2016. 

Como afirma la ONG, "se trata de un rediseño del sistema fiscal que no sólo no contribuye a reducir la desigualdad, sino que la acentúa". Una de las principales causas de esta situación, según se desprende del documento, es el “descalabro" que han sufrido los ingresos procedentes del impuesto de sociedades. 

El impuesto que pagaron las empresas en 2016 recaudó un 52% menos que lo que ingresaba antes de la crisis económica, mientras que la recaudación del resto de impuestos ha recuperado los niveles pre-crisis. Y en esta "carrera a la baja" en la tributación empresarial, los paraísos fiscales "juegan un papel determinante".

¡Basta ya de mimar a estos nuevos señores feudales! Hoy es más necesario que nunca eliminar los privilegios y la mayoría de las deducciones fiscales, manteniendo sólo aquellos beneficios tributarios directamente relacionados con la productividad y creación de empleo. 

Por eso es necesario introducir un impuesto mínimo para las grandes empresas, apoyando e impulsando el proyecto de Directiva Accispara la determinación de la base imponible consolidada de los grupos multinacionales y su reparto entre los países donde operan.

Hay que recuperar ya, y con carácter de mínimos, la capacidad recaudatoria de un tributo que se ha visto afectada por las maniobras de los grupos multinacionales encaminadas a situar artificialmente sus beneficios en países de baja tributación, utilizando los llamados precios de transferencia y, con más frecuencia de la que sería deseable, por operaciones entre las sociedades del grupo empresarial realizadas con fines de ahorro fiscal.

Las multinacionales deben pagar sus impuestos en los países donde obtienen los beneficios, siendo necesarias además una serie de actuaciones inspectoras y modificaciones legales que impidan la planificación fiscal agresiva en las operaciones interiores de los grupos empresariales. 

Para evitar estas maniobras, siguiendo las propuestas del economista Gabriel Zucman, autor de esa joya titulada “La Riqueza Oculta de las Naciones”, es necesario que los impuestos se establezcan sobre las ventas, los gastos de personal o las inversiones en inmovilizado material. De esta forma no se jugarían con los intangibles y los precios de transferencia.

Respecto a nuestra querida España, si realmente consiguiéramos neutralizar a los buscadores de rentas -rentistas del suelo y aquellos muñidores de la ingeniería impositiva de las grandes corporaciones-, como sociedad democrática y de derecho habríamos dado un paso hacia adelante

En ese caso, se podrían bajar los impuestos al factor trabajo, reducir de manera ostensible el impuesto que se ceba sobre los más débiles, el IVA, y también los impuestos al factor capital. Lo que ya no es de recibo es un sistema impositivo tan injusto e ineficiente como el nuestro. Con ello habríamos revertido el único golpe de Estado que ha triunfado en nuestro país, el corporativo."            ( Juan Laborda  , Vox Populi, 05/11/17)

Las grandes fortunas españolas ocultan en paraísos fiscales el 12% del PIB

"Un estudio del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) ha logrado sortear los obstáculos de la estructura financiera global para conocer cuánta riqueza esconde cada país en paraísos fiscales, de forma que las cantidades desagregadas puedan explicar las consecuencias de que el 0.01% más rico no esté pagando por su parte del pastel. 

Ha sido posible gracias a que los principales paraísos fiscales del mundo permitieron en 2016 al Banco de Pagos Internacionales (BPI) publicar estadísticas “país por país” sobre datos que el propio organismo ha recopilado durante varias décadas.

Con ello, el estudio ofrece dos contribuciones a lo que hasta ahora conocíamos sobre el capital offshore de los más ricos: el cálculo de la riqueza total que los ciudadanos de cada país ocultan en paraísos fiscales de todo el planeta y su implicación en los niveles de desigualdad en esos mismos estados.

Sobre lo primero, los datos arrojan “resultados sorprendes” para los propios autores: alrededor del 10% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales. Pero esa media oculta grandes desequilibrios según el país de referencia. Por ejemplo, se estima que los países escandinavos mantienen en suelo offshore un pequeño porcentaje de su capital nacional, mientras la mayoría de la Europa continental esconde en paraísos fiscales hasta el 15% de su riqueza. En el otro extremo, Rusia, los países del Golfo y varios estados latinoamericanos atesoran en territorios propicios para la evasión fiscal hasta el 60% de su PIB.

En España, por encima de la media mundial (que se sitúa en el 9,8% del PIB), las grandes fortunas envían a paraísos fiscales un capital que ronda el 12% del PIB nacional

En segundo lugar, los autores del ENBR analizan la relación de estos datos con la tendencia a la concentración de la riqueza, enfocando a diez países (uno de ellos España) que suman alrededor de la mitad del PIB mundial.

Junto a Reino Unido y Francia, España es uno de los tres estados donde la evasión de capital provoca mayor desigualdad. Se trata de tres países en los que entre el 30% y el 40% de la fortuna de los más ricos (el 0,01% de la población) permanece oculta en paraísos fiscales. “En todos los casos, el aumento de la riqueza offshore provoca un crecimiento de la desigualdad”, indican los autores, resaltando el “caso dramático” de Rusia, cuya cúspide más rica mantiene fuera del país la mayor parte de su fortuna.

“Nuestro objetivo es estudiar el tamaño y distribución de la evasión fiscal y su implicación en la desigualdad”, explican los autores, confirmando a cada paso que la riqueza oculta en el extranjero está en muy pocas manos: el 0,1% de los hogares más ricos son los dueños del 80% del capital offshore de todo el país. Cerrando el círculo, el 0,01% de los más ricos poseen el 50%.  (...)"    (El Boletín, 19/09/17)

El Banco Pastor ideó un sistema informático para blanquear dinero de Gürtel

"Banco Pastor, adquirido en 2011 por Popular y desde el miércoles 7 de junio perteneciente a Santander, está en el punto de mira de la Justicia por su presunta vinculación con el Caso Gurtel, a través de un sofisticado entramado de sociedades con el que habría colaborado para blanquear capitales.  (...)

Tal como refleja el auto de la Audiencia que se hizo público en abril, la sociedad uruguaya Belfast Link y la argentina Eves, controladas por el español Manuel Roel y el argentino Walter Manuel Hernández, realizaron movimientos por más de 1.200 millones de euros entre 2006 y 2010, a través de cuentas sospechosas constituidas en la oficina de Pastor de la calle Cantón Pequeño de La Coruña.

Ante la gravedad de los hechos, la cúpula de Popular decidió impulsar una investigación interna el año pasado para prepararse ante posibles responsabilidades penales que pudiesen corresponderle. Ahora, Santander, como propietario del grupo, podría verse afectado por la ‘responsabilidad sucesiva’ que adquiere una entidad cuando absorbe otra por los delitos que pudiese haber cometido, según regula el Código Penal de 2010.

Las conclusiones de esta investigación, a las que ha tenido acceso El Independiente, fueron remitidas a principios de noviembre a la secretaria del Consejo de Popular, por aquel entonces en plena guerra para sustituir al presidente Ángel Ron. Los Servicios Jurídicos del banco solicitaban al Consejo que les facultase para poner en conocimiento de la Audiencia Nacional los hechos investigados, en el caso de que llegase el momento procesal. (...)

El documento, que fue elaborado con la participación de las áreas de Cumplimiento Normativo, Auditoría y Servicios Jurídicos de Popular, asegura que hay indicios suficientes para concluir que Pastor articuló un sistema en sus oficinas de representación para realizar transferencias opacas a medio centenar de países, entre los que destacan Suiza, EEUU, Uruguay, Bahamas, Liechtenstein y las Antillas Holandesas.

Aunque el informe hace alusión en varias ocasiones a “oficinas de representación”, fuentes conocedoras puntualizan que el foco está en la oficina de Buenos Aires.

“Unos años más tarde, a las oficinas de representación de Banco Pastor se les instala una aplicación informática departamental que utilizaban para abonar las partidas cedidas por los clientes (normalmente remesas de cheques), que permitía dar un tratamiento opaco a gran parte de estas partidas, no apareciendo en extractos el detalle de muchos de los movimientos de abono”, explica.

El documento, citando a empleados entrevistados con conocimiento de la práctica, apunta que “esto se justificaba dado que se trataba de actividades no legales en los países de origen (salida de divisas) por lo que además se decide no conservar copia de estos registros ni de los documentos compensados”.

Sin embargo, “estas sociedades fueron modificando su operativa […]. Empiezan a recibir transferencias […] que apuntan indiciariamente a un posible blanqueo de capitales, ya que una vez abonados los fondos en sus cuentas los desvían hacia otras jurisdicciones”.  (...)

El documento constata que en 2010, bancos corresponsales del Pastor, entre los que se encuentran HSBC y JPMorgan, decidieron no procesar transferencias de Eves, Belfast Link y otras sociedades como Casa de Cambio Los Tilos, Northwick Insurance, Lucía Enterprise, Krause Corporation (empresa continuadora de la actividad de Belfast Link) y Pandera Management, bajo la sospecha de blanqueo de capitales.

El informe considera que estas sociedades podían estar controladas por los mismos socios o testaferros que Eve y Belfast Link, es decir, Manuel Roel y Walter Manuel Hernández.  (...9

Según las conclusiones de la investigación interna, la OFAC, dependiente del departamento del Tesoro de EEUU, bloqueó en 2011 una transferencia de fondos de Lucía Enterprise, hecho que parece ser el detonante definitivo que termina con la cancelación de relaciones comerciales de Pastor con todas las sociedades. (...)"                   (Ana Antón , El Independiente, 19/06/17) 

"(...) Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez del caso explican que las empresas investigadas, ambas controladas por las mismas personas, operaron durante varios años en seis cuentas de no residentes en España abiertas en el Banco Pastor.

"Su operativa bancaria consistía", especifica el magistrado, "en servir de mero puente entre unos fondos que procedían tanto de cuentas abiertas, principalmente en el extranjero, y también en España; para, inmediatamente o muy poco después, canalizar tales fondos a otras personas y sociedades localizadas mayoritariamente en el exterior, y en menor medida también en España".

Fraude elevadísimo

Y la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el fraude podría ser "elevadísimo" explica, a título de ejemplo, que solo entre 2006 y 2010 el volumen de fondos canalizado ascendió entre las dos sociedades a más de 14.336 operaciones de salidas de fondos "con un volumen agregado de 516.642.832 euros y dólares; y de 20.140 operaciones de entrada de recursos, con un volumen total agregado de 617.531.870 euros y dólares".

Por todo ello, el Ministerio Público considera, destaca el juez, que podría tratarse de una operativa de blanqueo de capitales que se habría podido cometer entre, al menos, los años 2003 a 2011 en el seno de la sucursal bancaria unicada en la Calle Cantón Pequeño de A Coruña del entonces Banco Pastor, absorbida por el Banco Popular, en relación con las cuentas abiertas a nombre de la sociedad uruguaya Belfast Link y de la entidad argentina Eves. (...)

Información "insuficiente"

"En efecto, como se recoge en el informe de la Onif, la información que solicitó el Banco Pastor sobre la identidad, era notoriamente insuficiente. Así, prácticamente se dispone sólo de la identificación del presidente de ambas sociedades, el ciudadano español Manuel Roel Pérez, quien aparecería como accionista único de Eves desde el año 2007, y del vicepresidente de las dos sociedades desde el año 2007, el ciudadano argentino Walter Manuel Hernández", completa el juez.

Y De la Mata avanza que pese a la limitada información obtenida por los investigadores, "resulta la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por cuanto, de lo informado por la Onif, Manuel Roel Pérez aparecería investigado en Argentina por la posible comisión de un delito de estafa, consistente en la captación de fondos de particulares para, supuestamente, invertir en el exterior, con la promesa de altos rendimientos, por lo que el capital canalizado a través de las cuentas abiertas a nombre de las sociedades por él presididas podría proceder de aquel ilícito penal".

Amado Boudou

Asimismo, De la Mata recuerda también que se desconoce el nombre de los dirigentes de la empresa Eves con anterioridad a 2007 "ni tampoco de los verdaderos accionistas de Belfast Link, respecto de la que sólo consta como socios fundadores los titulares de una oficina de Uruguay cuyo objeto es la constitución, venta, reforma y disolución de sociedades anónimas".

Tal y como adelantó infoLibre, Belfast Link fue creada el 13 de agosto de 1998 por los ciudadanos uruguayos Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, y según la documentación aportada por el diario argentino La Nación, estos dos empresarios estaban detrás de la empresa Dusbel, clave en el caso de corrupción por el que está procesado el anterior vicepresidente del Gobierno argentino Amado Boudou."                      (Tono Calleja , Infolibre, 26/04/16)

El privilegio fiscal de la Iglesia Católica nos cuesta 11.000 millones al año

"El 2 de marzo de 2006, calladamente, con un certificado del obispo de la diócesis y por tan solo 30 euros, la Mezquita de Córdoba pasó a ser propiedad de la Iglesia Católica. Tan sigilosa fue la operación que los vecinos de la capital andaluza no se enteraron hasta tres años después, en 2009. 

Con la misma discreción, tacita a tacita, al menos 4.500 templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo han pasado en un puñado de años a manos de la Iglesia. Sin trabas burocráticas, sin pagar impuestos, sin estar sometidos a los requisitos complejos que una operación de este tipo tiene para el común de los mortales. 

Es el escándalo de las inmatriculaciones –registrar ante notario por primera vez una propiedad– a la carta (con tan solo un certificado del obispo) que un resquicio en la reforma de la ley hipotecaria en 1998 (gobierno de Aznar) dejó en exclusiva a la Iglesia Católica.

Así se las gasta esta santa institución con los dineros y las propiedades. Por eso no es extraño que se rebelen contra la posibilidad de que se les pida que expliquen con transparencia en qué gastan el dinero que reciben por su casilla de la declaración de la Renta, 251 millones en el último ejercicio. El Tribunal de Cuentas, controlado aún por el PP, se ha negado a intervenir, pero el Congreso, con los conservadores en minoría, va a exigir que lo haga.

Si tan complicado lo ponen para justificar 251 millones, imaginen qué pasará el día que tengan que justificar euro a euro los aproximadamente 11.000 millones al año que nos cuesta la Iglesia Católica a todos los españoles, creyentes o no.

Un informe de Europa Laica desgrana partida a partida de dónde sale esta cifra aparentemente tan abultada. Y aunque no es fácil de calcular, dado el oscurantismo con el que opera la institución, les ofrezco un resumen: los ya referidos 251 millones vienen de la casilla exclusiva del IRPF. Otros cien los recauda de la otra casilla, la de fines sociales.

 Las exenciones y bonificaciones tributarias (no pagan IBI, ni impuestos de patrimonio, sociedades, obras, etc.) les ahorran y nos cuestan a los demás alrededor de 2.000 millones. En la enseñanza, 4.900 millones (de los que 600 se nos van en pagar a profesores de religión). Hospitales, 900 millones. Funcionarios capellanes militares (sí, han leído bien), 50 millones. 

 Mantenimiento del patrimonio, 600 millones. Subvenciones diversas, 300 millones... Así hasta los 11.000. Una pasada ¿no? Sobre todo si está fuera del control y la transparencia que sí se exigen, lógicamente, a cualquier asociación o fundación del tipo que sea, más aún si recibe dinero público. (...)"               (Gumersindo Lafuente , eldiario.es)

Bárcenas, Granados, Rato, Marjaliza, los Pujol… Algunos de los grandes 'amiguetes amnistiados'... inconstitucionalmente. El deshonor de una nación tenía un precio: 2.500 millones

" Toda amnistía fiscal es un fracaso colectivo. Se mire por donde se mire. 

Se podrá argumentar que no había más remedio que aprobarla para cumplir con la senda de reducción del déficit. O esgrimir, incluso, que los impuestos son un medio para lograr un objetivo y no un fin en sí mismo. En una palabra, que lo importante es recaudar aunque sea con la nariz tapada. Pero lo cierto es que su obscenidad es manifiesta.

 No hay razones para aprobar una amnistía que va a costar a la larga más que los 2.500 millones de euros que Hacienda pretende recaudar. El mal está hecho y a partir de que la norma entre hoy en vigor, ningún inspector de Hacienda tendrá argumentos morales —aunque sí legales— para levantar un acta a un contribuyente. 

Los países serios no hacen amnistías para recaudar una cantidad irrelevante que supone apenas el 5% del déficit que tendrá este país en 2012 en el mejor de los casos. Si el Gobierno tiene argumentos suficientes para aflorar el dinero negro —y seguro que los hay—, lo que debería haber hecho es un plan más ambicioso: lanzar un plan de blanqueo masivo de los capitales que hoy se escapan a los ojos del fisco. ¿Por qué 2.500 y no 25.000 millones, señor Montoro?

No lo ha hecho, y el resultado es que la propia Hacienda viene a reconocer que solo ataca una parte del fraude fiscal, mientras que el resto seguirá campando a sus anchas. Este es, en realidad, el fondo del problema. La incapacidad del sistema fiscal para exigir a todos los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El fracaso no ha caído del cielo. No es ninguna maldición bíblica. Responde a comportamientos humanos y a decisiones equivocadas. No es un juicio de valor. Lo dicen las fuentes oficiales, que reconocen que el 72% de los contribuyentes considera que el fraude fiscal ha aumentado en los últimos años. Cuando en 1999 este porcentaje apenas llegaba al 24%.  (...)

Los altos tipos impositivos no son la causa del problema, sino, al contrario, la consecuencia de haber dejado crecer la economía sumergida —el dinero negro— hasta límites insoportables. Si todos los contribuyentes pagaran sus impuestos, es evidente que la presión fiscal individual bajaría, elevándose, al mismo tiempo, la presión fiscal global y, por ende, la recaudación.  (...)

Los datos son aterradores. Dignos de una sociedad adormecida acostumbrada a ver el fraude como un fenómeno cotidiano. Los expedientes por delito fiscal se pudren en los tribunales por la lentitud de la justicia. Y esos mismos tribunales son los que acostumbran a imponer penas mínimas por delitos fiscales, probablemente por una percepción laxa de los jueces sobre lo que significa el fraude en términos económicos y sociales. Como han señalado algunos inspectores, en ocasiones la cuantía de las multas penales es, incluso, inferior a la que le hubiera correspondido al condenado por vía administrativa.

Aunque resulte increíble, el fisco es acreedor de deudas tributarias por valor de más de 6.000 millones de euros pendientes de cobro, más del doble de lo que pretende recaudar Hacienda con la amnistía. En muchos casos, se trata de sentencias en firme que condenan a los contribuyentes por delito fiscal. Y ahora lo que se hace, sin embargo, es exonerar al delincuente sin pasar 'el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal'. (...)

El número de expedientes que envían los inspectores a la Fiscalía por presunto delito fiscal ha caído un 40% desde 2003, pese a que tres de cada cuatro sentencias son condenatorias, lo que da a entender que había razones fundadas para enviar un expediente a los tribunales. Pero no pasa nada. Ni siquiera entra nadie a la cárcel por defraudar a Hacienda. Y tampoco se ha creado una policía fiscal, prevista ya cuando se creó la Agencia Tributaria, ¡en 1991! (...)"           (Carlos Sánchez , El Confidencial, 01/04/12)

"Legalmente la sentencia no sirve, pero alguien ha querido ajustar cuentas con el Gobierno”

 (...)  ¿Qué consecuencias tendrá en la práctica?

Jurídicamente, ninguna. De una parte porque en materia tributaria el TC viene afirmando desde 1989 que la sentencia que anula una norma no tiene efecto para los actos administrativos que se hubieran dictado antes de dicha sentencia. Luego no se anula ningún acto de Hacienda por el que aplique estos beneficios tributarios. (...)

¿El Estado tendría que indemnizar de alguna manera a los ciudadanos por el dinero ya regularizado?

Para nada. La parte de la sentencia que habla de la ilegitimidad de la amnistía fiscal en sí misma dice el propio Tribunal que es solo un comentario, sin vinculación con la decisión final. Aunque no fuera así, tampoco cabe ninguna indemnización por una sentencia del TC.

¿Cree que Montoro debería dimitir?

La sentencia es dañina, pero formalmente no entra sobre el fondo de la cuestión. Puede alegar que por ahora no ha quedado desautorizado más que en cuanto a haber usado el mecanismo del decreto-ley en vez del de la ley. De todas formas, los comentarios del TC diciendo que es injusta dejan a Montoro en una situación política peligrosa. Queda desautorizado políticamente, aunque no jurídicamente.

¿Cabría una denuncia por prevaricación?

No. En ningún caso. La inconstitucionalidad de una ley nunca es prevaricación. No hay previo conocimiento expreso de que la ley es evidentemente inconstitucional.

¿La sentencia sirve entonces para algo?

Legalmente no. Pero sí… para dar caña al Gobierno. En la sentencia alguien ha querido ajustar cuentas con el Gobierno."         (Entrevista al profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, La Marea, 09/06/17)

"La amnistía fiscal ya es historia. El Ministerio de Hacienda no podrá volver a perdonar deudas con el fisco a defraudadores con dinero oculto en cuentas extranjeras. 

Pero durante estos años, la iniciativa ha beneficiado a numerosos personajes ilustres, en su mayoría investigados por delitos de corrupción, que tiraron de este recurso para aflorar fondos en negro que escondían al fisco. Bárcenas, Rato y los Pujol encabezan una lista a la que se suman otros muchos nombres.

El extesorero del PP Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal de Montoro para regularizar más de 10 millones de euros que tenía en sus cuentas suizas a nombre de la empresa Tesedul. Según han ido desvelando los avances en el caso Gürtel, realizó posteriormente otras declaraciones complementarias. Según el propio exsenador del PP, este dinero procedía de su pericia en los negocios y sus inversiones en bolsa, donde gestionaba una cartera de clientes.

 Su compañero de banquillo en el juicio por la primera época de actividades de la trama, Alberto López Viejo, hizo lo mismo para regularizar una cuenta helvética en la que llegó a disponer de más de un millón y medio de euros.

También el exministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato hizo uso de la medida aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La información, que fue confirmada por miembros del Gobierno, se hizo pública como avance a la causa judicial en la que se encuentra inmerso desde abril de 2015 y que investiga al que fuera presidente del FMI por irregularidades en su patrimonio. Se le acusa, entre otros delitos, de blanqueo de capitales.

Otros de los protagonistas habituales de los juzgados, los Pujol, recurrieron a la medida y declararon a través del socorrido formulario 750 parte de su fortuna oculta hasta ese momento en cuentas de Andorra. Con el expresidente de la Generalitat de Cataluña a la cabeza, varios miembros del clan admitieron que disponían de cantidades millonarias hasta entonces desconocidas.

La lista continúa con un ya viejo conocido de la Audiencia Nacional, el cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, que tras hacer uso de la amnistía pagó tres millones de euros en 2014. Su socio David Marjaliza regularizó, por la misma época, el año 2014, 12 millones de euros depositados fuera de España.

De un caso de corrupción a otro, la querencia por la amnistía fiscal llega también al caso Lezo. El hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, tiró de este recurso para legalizar más de 400.000 euros de su cartera de valores suiza. Lo hizo el mismo año 2012 aunque, según ha podido comprobarse años después, no reconoció todos sus fondos, como demuestra el reciente hallazgo de billetes por un importe total de 262.000 euros que guardaba en su piso colombiano de Barranquilla.

El caso Nóos también aparece en la relación de ilustres beneficiados por la iniciativa de Montoro. El socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, saldó con este sistema sus deudas con el fisco y declaró 160.000 euros de los que disponía en Luxemburgo. Otro empresario, el expresidente de Martinsa Fadesa Fernando Martín, inmerso en Gürtel, hizo lo propio con sus fondos expatriados.

Empresarios pero también sindicalistas, como el histórico de la UGT asturiana José Ángel Fernández Villa, que, hasta entonces, había ocultado a Hacienda 1,4 millones de euros. Familiares del Rey vinculados a Alicia de Borbón-Parma declararon, a su vez, cantidades ligeramente superiores a los 70.000 euros.

Cierra la relación Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del comisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete, que se acogió también a la medida, según adelantó El Confidencial. Miembro de una familia de terratenientes y empresarios de Jerez de la Frontera (Cádiz) y administradora de empresas familiares, fue una de las 29.000 personas que abrazaron la amnistía y que hicieron aflorar bienes por valor de 40.000 millones en 2012."                 (El Confidencial, 08/06/17)

¿Qué se podría haber hecho con el dinero presuntamente defraudado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? 95.000 familias podrían pagar la guardería de sus hijos durante un año

"(...) El deporte rey por antonomasia tiene protagonistas que no lo son tanto por marcar goles o ganar balones de Oro. 

Tiene protagonistas que se encaran como mejores jugadores del mundo o se disputan ser el pichichi de la Liga Española de Fútbol, no obstante, no es en lo único en lo que compiten. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, presuntamente, han defraudado a Hacienda cantidades desorbitadas. Pero, ¿qué se podría haber hecho en España con ese dinero no declarado?

Al argentino se le ha confirmado recientemente –el pasado 24 de mayo- una condena ejemplar de 21 meses de prisión por el fraude de 4,1 millones de euros a Hacienda. No ingresará en prisión por tratarse de menos de dos años, pero lo que parece claro es que Messi defraudó esa cantidad. 

Ronaldo no se queda atrás. El pasado diciembre comenzaron a salir a la luz datos del portugués en los que se le incluía en los denominados Football Leaks –'El Mundo'- y en los que se leía que el galáctico merengue habría dejado de pagar 15 millones de euros a las arcas del Estado. En este caso, la Fiscalía aún no ha dado dictamen de si hay delito o no en los actos del portugués.

España podría haber invertido esos millones de euros en numerosos factores. Desde las propias familias que luchan cada día por poder llevar a sus hijos al colegio o los jóvenes que tienen que elegir entre trabajar o estudiar en la universidad por el precio de la matrícula hasta las becas comedor o las largas listas de espera congeladas que sufren los que necesitan ayudas en dependencia.

Los colegios públicos españoles tienen una tasa de admisión que ronda los 500 euros de media, si no se tienen en cuenta el transporte o el comedor. El dinero defraudado por Messi les valdría a 8.200 familias para llevar a los más pequeños al colegio un año. Y aún 1.366 familias podrían hacerlo durante su etapa de Primaria. 

 Si se cuentan el comedor –de media 90€/mes- y el transporte –de media 50€/mes-, 3.129 familias tendrían cubierto un año escolar con comedor y 1.814 lo tendrían con la alimentación y el transporte. Si hablamos del caso de Ronaldo, las cifras se disparan aún más: 30.000 niños podrían matricularse en el colegio un año; 5.000 tendrían cubierta la etapa de Primaria; 11.450 tendrían colegio y comedor; y 8.522 pequeños tendrían educación, comedor y transporte durante un año.

En el caso de las guarderías, 20.500 padres y madres podrían matricular a sus hijos doce meses con el dinero defraudado por Messi; con el de Ronaldo, 75.000. En la enseñanza superior, 3.693 estudiantes podrían matricularse en la universidad con la primera cifra – la matrícula media en España es de 1.110 euros-; 13.513 lo podrían hacer con la cantidad del merengue.

 En el caso de los más longevos, la pensión media atribuida en España es de 1.046,28 euros al mes, por lo que, 326 personas tendrían su pensión cubierta durante un año con lo defraudado por el del Barça. Con el dinero de Cristiano, lo harían 1.194 jubilados. 

Finalmente, si nos centramos en la Ley de Dependencia y tenemos en cuenta la prestación por cuidados en el entorno familiar con un cuidador dado de alta en la Seguridad Social, lo de Messi daría para 701 de estas dotaciones, lo de Ronaldo, para 2.566. (...)"               (Lupe Carrasco, Vox Populi, 03/06/17)

La Comunidad de Madrid deja de ingresar 3.000 millones de euros por ventajas fiscales

"Durante el año 2016, la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 2.810 millones de euros debido a diversas fórmulas fiscales, relacionadas con los impuestos directos e indirectos bajo control y bajo la normativa autonómica, destaca este lunes la Cadena Ser. (...)

Los datos muestran que las mayores pérdidas están en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto de Transmisión Patrimonial y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

Esta situación también afecta al IRPF. 

Hace tres años, en 2014, Madrid dejó de ingresar 198 millones a través de ventajas relacionadas con el impuesto de la Renta de las Personas Físicas, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria.  (...)"                (Público, 20/12/17)

Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha): más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015

"El Ministerio de Hacienda español ha pinchado en hueso en su lucha contra la evasión fiscal. Así lo ha considerado el colectivo de Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que ha denunciado que “más del 90% de la evasión fiscal no fue detectada en 2015”. 

En concreto, han señalando “que en el mejor de los años, la Agencia Tributaria sólo fue capaz de llegar al 9,65% de la evasión tributaria total que se cometió en España”.

La lucha fiscal se ha convertido en una de las piezas que defiende este colectivo y más al ver que el Gobierno de Mariano Rajoy ha apostado por la subida de impuestos para intentar reducir el déficit, en vez de decantarse por la pelea contra la evasión.

 “Es mejor recuperar ingresos evadidos que aumentar IRPF e IVA, como recomiendan las instituciones internacionales y las organizaciones empresariales, y aplauden el consenso de los grupos políticos”, han recalcado desde Gestha.

Y el margen de mejora es mayúsculo, según el colectivo. Porque, como recogen los resultados logrados por la Agencia Tributaria, la lucha contra la evasión es “desastrosa” al ver que apenas representó el 8,47% de la evasión total estimada entre 2012 y 2015.

 A pesar de que supone, como han sentenciado los expertos, “una mejora respecto al trienio anterior”, en Gestha han presenciado que los datos dejan “al descubierto un enorme agujero en la administración tributaria por el que se escapa el fraude y un grado de ineficacia muy elevado”.

Pero esta ineficacia no es la única característica del departamento que dirige Montoro, según los Técnicos de Hacienda. Desde Gestha han afirmado que la evolución que ha seguido la deuda liquidada media en 2012, 2013 y 2014 demuestra que la Agencia Tributaria “centró la investigación en los contribuyentes de escasos recursos (pymes, autónomos y trabajadores), a los que se descubre un menor importe defraudado; mientras que la investigación sobre los grandes patrimonios y corporaciones –que a día de hoy suponen el 70% del fraude fiscal en España-, es decir, el fraude sofisticado, ha decaído”.

Un fraude fiscal a gran escala que no se persigue y que se aprecia, según el colectivo, en que los “delitos fiscales descubiertos por la Agencia Tributaria cayeron un 57% en la última década”. De hecho, los datos hablan por sí solos: “En 2015, se tramitaron únicamente 341 denuncias por delito fiscal, frente a los 793 de 2005 y muy lejos del récord de 1.014 delitos fiscales denunciados en 2011”. 

Un “desplome” que, “entre otras causas”, se debe, como ha denunciado Gestha, a la “limitación de las competencias de los técnicos para investigar estos delitos tras aprobarse una resolución interna por la que los técnicos dejaron de tener control sobre el expediente en los casos de especial dificultad sobrevenida”.

Una “falta de ambición de la dirección actual de la Agencia Tributaria” que también se aprecia en que “ordena realizar investigaciones parciales, es decir, investigaciones de un hecho o elemento concreto, por lo que es más difícil descubrir fraudes superiores a 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal”.               (Librered, en Rebelión, 14/01/17)

El 85% del dinero que circula en el país se mueve en billetes de 500 euros... el fraude fiscal tiene en España una tasa de impunidad cercana al 80%

"(...) según el Banco de España, el 85% del dinero que circula en el país --26.000 millones de 30.448-- se mueve en billetes de 500 euros, esos a los que el imaginario popular bautizó como Bin Laden por ser tan difíciles de localizar como en su día lo fue el fallecido jefe integrista.

Y, en tercer lugar, el dinero circulante se ha reducido a menos de la mitad en un sexenio: de los 76.558 millones de euros de diciembre de 2010 a los 30.448 del pasado mes de octubre. Entre otros motivos, porque en ese periodo, que incluye las fases de mayor dureza de la crisis, el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome de las rentas como consecuencia de la precarización, han salido de la circulación 26.000 millones en billetes de 500, 1.800 de 200 y 7.700 de cien. 

Es decir, que de unas cuevas parecidas a las del cuento de Ali Babá –el fraude fiscal tiene en España una tasa de impunidad cercana al 80%, de la que se benefician principalmente las grandes fortunas-- han salido en seis años, como aquel que no quiere la cosa, 35.500 millones de euros en billetes grandes. (...)

¿Qué beneficios podría obtener la banca española de una limitación a la baja de las cantidades máximas que pueden moverse en efectivo? Parece obvio que la parte proporcional a la cuantía de las comisiones que cobre a sus clientes por cada una de esas operaciones y por disponer de los instrumentos necesarios para tramitarlas, como una tarjeta o una cuenta. (...)

Las comisiones, de hecho, se han convertido en uno de los principales puntales del negocio bancario español: el sector cerró el ejercicio de 2015 con unos beneficios de 10.389 millones de euros tras un margen bruto de 82.679, la tercera parte de los cuales --17.495, casi 850 más que un año antes-- aparecen anotados como “comisiones netas” en las cuentas de la AEB (Asociación Española de la Banca). 

Organizaciones de consumidores como Aicar-Adicae estiman que un tercio del negocio bancario procede de las comisiones, que le suponen al consumidor un gasto medio anual de entre 250 y 529 euros.  (...)"                   (Eduardo Bayona, CTXT, 07/12/16)

La Gran Coalición piensa que va a solucionar el agujero fiscal con parches de 7.500 miillones (de ilusiones, tabacos y colas). Sólo la recaudación perdida en paraísos fiscales es de: 7.400 millones... curioso

"Las decisiones sobre política fiscal tomadas por los gobiernos de Rajoy, y también por los últimos de Zapatero, no responden a ninguna planificación, ni ideología, sino a meros espasmos para cuadrar el déficit, una vez fracasada la hoja Excel de los Presupuestos.

 Solo así, se puede explicar las prisas para aprobar el último paquete fiscal, que será apoyado por la otra pata de la Gran Coalición, el PSOE, que incluye unas ligeras subidas de impuestos especiales (tabaco y alcohol) y un ensanchamiento de las bases imponibles en el Impuesto de Sociedades. (...)

Las cifras que aporta el ejecutivo en materia de recaudación, casi 7.500 mill€ se necesitan, son, de nuevo, un brindis al sol, que no tienen cotejadas con la realidad, y que sin duda responden, una vez, más a ejercicios de simulación en la oscuridad de los bajos del Ministerio en el antiguo edificio de Aduanas. Lo que sí sorprende es que hasta ahora, se podían deducir las empresas las pérdidas cuando tenían participadas que operaban en paraísos fiscales. 

Es decir, una forma de diluir beneficios era comprar o crear una filial en un paraíso fiscal, declarar pérdidas, como hacían algunas entidades financieras, y luego descontar esas pérdidas del resultado consolidado. Estas prácticas, tan injustas como insolidarias, reflejan hasta qué punto, las grandes corporaciones han estado mimadas por los diferentes gobiernos, aunque el primero de la clase fue, curiosamente, el mal llamado socialista de Zapatero.

 Estas grandes corporaciones, cuyos despachos de abogados y fiscalistas, dictan la política fiscal de los gobiernos, crean menos empleo que las empresas de menor tamaño y su contribución a las arcas públicas, resultaba ridícula, por más que los grandes liberales salgan en tromba a defenderlas, con el argumento que suponen y engordan la marca España, engendro de marketing para gloria de los grandes grupos empresariales que beben y se nutren del BOE.

 Con estos parches fiscales, un pellizco del tabaco, otro del alcohol, solo licores espirituosos ya que el vino y la cerveza son saludables, por lo que no cabe desincentivar el consumo, y los anticipos del Impuesto de Sociedades, la Gran Coalición ya piensa que va a solucionar el problema del agujero fiscal donde todos los años se licuan y se blanquean miles de millones de euros.

 Las mejores estimaciones apuntan a que solo en el IRPF se calcula que el fraude alcanza los 20.0000 mill€, casi un 2% del PIB, junto a las rentas en paraísos fiscales que se cuantifican en más de 144.000 mill (7.400 mill de recaudación perdida).  (...)

Como la práctica y la filosofía fiscal en España es compartida por PP y PSOE, se entiende la rapidez con la que se han puesto de acuerdo en los últimos días para acometer este pastiche fiscal, amén de la subida del salario mínimo y por supuesto el techo de gasto y la traca final de los Presupuestos.

 Con estas ayudas políticas, el PSOE salva al PP de las garras de Ciudadanos, que pretendía darle un giro más liberal a la política económica, y por supuesto pretendía eliminar el salario mínimo, variable denostada por las huestes de Garicano, al estilo de los académicos anglosajones. (...)

 Lamentablemente, la Gran Coalición no acometerá la gran reforma fiscal que necesita España y que pasa por una equiparación de la fiscalidad de rentas del trabajo y capital, por una verdadera cruzada contra el fraude en rendimientos de capital mobiliario, por la instauración de un impuesto que grave la riqueza y por supuesto la equiparación de la fiscalidad de sucesiones en toda España. 

Seguimos siendo un país con baja presión fiscal relativa respecto a nuestra posición en el PIB europeo, con un 34,4% del PIB, muy lejos de Francia (47.8%), Alemania (39,8%), Italia (43,7%) y por supuesto los países nórdicos, todos ellos en el umbral del 40%.  En resumen, las medidas que se han aprobado por RD, como le gusta al PP, no van a solucionar los graves problemas de recaudación que tiene España. 

Como el PSOE ha asumido el techo de gasto impuesto por el PP, que consolidad los recortes ya realizados en 2016, cuando la recaudación se desvíe y no cumplamos el déficit (3,3% en 2017), el sentido de Estado les obligará a recortar más gasto. Qué pena de capital político tenemos en España y que solos estamos los ciudadanos."               (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 05/12/16)

Oxfam-Intermon: la presión fiscal sigue recayendo muy desproporcionadamente sobre el consumo y el trabajo, mientras la riqueza queda prácticamente desfiscalizada

"(...) Según un reciente informe sobre paraísos fiscales de Oxfam-Intermon, “la presión fiscal sigue recayendo muy desproporcionadamente sobre el consumo y el trabajo, mientras la riqueza queda prácticamente desfiscalizada y la contribución empresarial se ha desplomado.

 La recaudación por el Impuesto de Sociedades en 2015 es prácticamente la mitad que antes de la crisis y en ello juega un peso creciente la presencia de filiales de empresas del Ibex-35 en paraísos fiscales que se ha multiplicado por 3,3 entre 2009 y 2014”.

 Los grandes acreedores de deuda obtienen plusvalías multimillonarias por sus inversiones en España pero apenas contribuyen a los ingresos públicos y son las clases trabajadoras y la población en general, a través del IRPF y el IVA, quienes más aportan. (...)

El último eslabón del endeudamiento es el que tienen los hogares españoles que casi se ha triplicado en los últimos 20 años al pasar 300.000 a 800.000 millones de euros, en valores constantes. 

Como recogíamos en el informe del año pasado, esta carga de deuda es mucho mayor para los hogares con menos recursos (25% con menos patrimonio) cuyas deudas pendientes representaban en 2011 el 88% de su riqueza neta mientras las cuotas anuales que tenían que pagar para amortizarlas absorbían el 46% de sus ingresos anuales.

 Unas cargas muy superiores a las del resto de la población que conducen inexorablemente a muchas familias empobrecidas al impago y a cuadros de exclusión social. (...)

Tanto la desigualdad en el reparto de la riqueza como la subordinación de la política a la economía son hechos que gozan de un acuerdo creciente en la opinión pública. Así, según una encuesta periódica aplicada por el CIS entre 1997 y 2013, la proporción de quienes opinan que  la distribución de ingresos en España es “injusta” o “muy injusta” ha pasado del 81 al 91%. 

En especial, quienes opinan que esa distribución es “muy injusta” se ha doblado con creces entre dichos años, pasando del 18,9 al 40,7% (Gráfico 2). Por otra parte, sondeos cualitativos del propio CIS reconocen que “la correlación de fuerzas entre los poderes económicos y políticos es claramente favorable a los primeros. Hoy el poder último es el poder del dinero” (Estudio Nº 2.865, 2013, dirigido por José Luis de Zárraga). (...)"                   (Colectivo IOE , Economía crítica y crítica de la economía, 22/06/16)

La creación de Sicav se desploma en 2016: sólo 11 ante el pánico a Podemos

"La incertidumbre política tiene efectos en las decisiones de los inversores. En lo que va de año, el número de nuevas Sicav (sociedades de tributación ventajosa) registradas es de apenas once, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y 14 según los registros de Bolsas y Mercados. El año pasado por estas fechas ya se habían constituido unas 42 de estas empresas con las que los ricos logran pagar menos impuestos, y en el conjunto del año se crearon 130 en total.

Fuentes del mercado consultadas por este diario apuntan a varias causas para explicar esta fuerte ralentización en España de estas sociedades conocidas por su tributación reducida (1% de sus beneficios). 

La principal sería, según estas fuentes, la incertidumbre electoral y el miedo de los inversores a un posible Gobierno favorable a aprobar cambios perjudiciales para los mismos. Y es que la posibilidad, a la vista de los programas electorales de los partidos, está lejos de ser imposible.

Todos los grandes partidos que acudirán a las próximas Elecciones Generales (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) prometen llevar a cabo cambios legislativos contrarios a las Sicav, a su tributación o su nivel de transparencia. 

Estas polémicas sociedades están acusadas de ser foco habitual de fraudes: entre sus condiciones para ser legales está la de un número mínimo de 100 partícipes, aunque es habitual que las grandes fortunas creen sus propias Sicav como si de una empresa patrimonial se tratase, y para completar el cupo del centenar de partícipes coloque a los conocidos como mariachis, en la práctica testaferros. (...)

A finales del pasado año, las entidades financieras españolas controlaban un total de 33.700 millones de euros atesorados en Sicav españolas. Esta cifra es 600 millones de euros más baja a inicios de mayo, según muestran los datos globales del sector, que suma 3.393 sociedades a día de hoy. 

Crece el interés por convertir Sicav en fondos

Fuentes del sector explican a este diario que cada vez más Sicav están estudiando la opción de convertirse en fondos de inversión. Aunque el traslado conlleva gestiones a nivel administrativo, la legislación concede unas condiciones relativamente similares en cuanto a la tributación, por lo que cada vez más gestores están recomendando a sus clientes esta transformación, toda vez que los fondos de inversión no sufren el estigma que sí tienen las Sicav en la opinión pública y entre la mayoría de los partidos políticos españoles.

Esta transformación en un simple fondo de inversión (que también tributan al 1%) la están estudiando los responsables de Lierde, la Sicav controlada por el expresidente de Telefónica, César Alierta. Así lo harían si cambiase el régimen legal de estas sociedades en un sentido que penalizase este vehículo de inversión."               (Nicolás R. Sarries, Vox Populi)

Lo que deben los morosos pagaría los recortes que exige Bruselas, las ayudas a dependencia y el I+D

"Cuatro días después de las elecciones generales del 26J, la Agencia Tributaria ha hecho pública la segunda tanda de la lista de morosos, sucesora de la que difundió por primera en diciembre de 2015. A los nombres que ya aparecían en la anterior lista, como Mario Conde o Dani Pedrosa, se suman ahora otros como Dani Alves o la Región de Murcia.

Los 4.768 deudores (empresas, personas físicas e instituciones públicas) que al cierre del año pasado tenían una deuda sin regularizar con el fisco superior al millón de euros debían en total 15.700 millones. Una cifra igual a la suma del recorte exigido por Bruselas para recortar el déficit público y las partidas nacionales de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para dependencia e I+D.
Dos veces el recorte exigido por Bruselas

Entre 2016 y 2017, la Unión Europea ha propuesto un ajuste fiscal a las cuentas de España que asciende a 8.000 millones de euros. La cantidad, que ha centrado parte de la reciente campaña electoral, equivale a la mitad de la deuda de los morosos con Hacienda.
Ocho veces la posible multa de la UE

Relacionado con lo anterior, los niveles de déficit presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy no convencieron a Bruselas, ya que según el Pacto de Estabilidad, España tendría que presentar un descuadre en sus cuentas públicas del 3% que superó el 5%.

La sombra de una multa millonaria planea sobre el próximo Ejecutivo y se cifra en 2.000 millones de euros. Lo adeudado por los grandes morosos multiplica por ocho el importe de esa posible sanción.
Cuatro veces la subida del IRPF

En 2012, tras prometer una bajada de impuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma fiscal que supuso un aumento en la recaudación por el IRPF de 3.931 millones respecto al ejercicio anterior. ¿Hubiera sido necesaria la subida si los morosos estuvieran al día con Hacienda?

No. Esta recaudación se podría haber compensado hasta cuatro veces con los 15.700 millones que deben los morosos de la lista de la Agencia Tributaria. (...)" (eldiario.es, 30/06/16)

“Cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude fiscal de otros”

"El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, no ve voluntad política real para emprender el combate de los paraísos fiscales. Y en pleno escándalo de los papeles de Panamá, denuncia que no se destinan medios suficientes para dar la batalla a las grandes bolsas de fraude fiscal.

En los papeles de Panamá aparecen 1.200 sociedades, más de 500 accionistas y unos 90 beneficiarios directos con domicilio en España (amén de los ciudadanos españoles que figuran en ellos pero con direcciones en otros países). Con esos datos, ¿se puede considerar que se ha actuado con diligencia en el combate de estas prácticas? (...)

Ahora que tenemos todos, o casi todos, los datos, ¿cómo debería actuar el Gobierno a la luz de las revelaciones de los papeles de Panamá?

La Agencia Tributaria debería haber abierto ya inspecciones a todas las personas que han ido apareciendo en estos papeles que son residentes en España y que, con obligación de declarar sus bienes en el extranjero, no lo hayan hecho.

 La Agencia Tributaria ha debido de cotejar la información de los papeles de Panamá con las declaraciones del modelo 720, y aquellas personas que no hayan declarado estos bienes se les debería haber abierto inspecciones, sin darles plazo de regularizar en estos días mientras se instruye el caso.

¿Pero tiene constancia de que se hayan activado ya de manera efectiva esos procesos?

La Agencia Tributaria ha dicho públicamente que se está investigando. Pero una cosa es contrastar esos datos con el modelo 720 y otra cosa abrir inspecciones, que supone notificar a las personas involucradas las correspondientes aperturas de expediente y la paralización de cualquier posibilidad de regularizar voluntariamente. Habrá que ver si se está inspeccionando efectivamente.

Las personas de la lista que no hubieran declarado esos bienes pueden regularizarlos voluntariamente antes de recibir la notificación de la apertura de una inspección. Y si lo hacen es muy difícil, o directamente imposible, poderles sancionar. Pagarían los impuestos con recargo, pero evitarían las sanciones muy duras que se establecer en el caso de no declarar los bienes.  (...)

¿Existe voluntad política, en España y en otros países, para combatir de manera real a los paraísos fiscales?

Radicalmente, no. Desde el año 2009, cuando el G-20 habló del fin del secreto bancario y de los paraísos fiscales, lo cierto es que hemos visto cómo han proliferado progresivamente. No hay más que ver que, según diferentes estudios de Oxfam Intermon o del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 34 de las 35 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales y no acreditan actividad en estos territorios. Entre todas suman más de 800 sociedades con sede en estos paraísos fiscales. (...)

En las últimas dos semanas hemos sabido que en los famosos papeles de Panamá aparecen un ministro que estaba en ejercicio, José Manuel Soria, y un ex que fue incluso vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. ¿Así puede haber voluntad política?

Así es muy difícil, claro. Y lo hemos visto también con otros responsables políticos de otros países, como David Cameron o Vladimir Putin. En este ámbito también se puede hablar de las famosas puertas giratorias, de las relaciones de la política y las grandes empresas.

 El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el encargado de dar el visto bueno a los acuerdos de Luxemburgo para que cientos de empresas transnacionales tributaran apenas un 1% en su país. (...)

¿Cuánto les cuesta a los contribuyentes españoles la actividad de empresas y particulares en paraísos fiscales?

Es muy difícil de valorar. Hay distintas estimaciones, pero resulta complicado confirmarlas. Se calcula que más del 50% de todas las transacciones mundiales se hacen a través de paraísos fiscales. Así que es muy difícil calcular el montante.

 La estimación del profesor Gabriel Zucman apunta a que el importe de depósitos y patrimonio de españoles en el extranjero se sitúa por encima de los 160.000 millones de euros, de los que 144.000 millones estarían en paraísos fiscales ocultos. Conocemos la información que aparece en la lista Falciani, la de los papeles de Panamá… pero se trata sólo de la punta del iceberg.

¿Y cuánto le cuesta el conjunto del fraude fiscal?

De acuerdo con las estimaciones de Gestha, con datos de hace dos años, la economía sumergida representa el 24,6% del PIB español, lo que representaría más de 250.000 millones que no se declaran a Hacienda ni a la Seguridad Social. Aplicando el tipo de presión fiscal correspondiente, podemos hablar de cerca de 90.000 millones que se dejarían de recaudar cada año. 

Y si no se contabilizan las cotizaciones sociales que no se pagan, hablaríamos de casi 60.000 millones de euros de impuestos que no se pagan por no declararse. Erradicar al 100% el fraude fiscal es algo muy complicado, o imposible, pero reducirlo hasta los niveles que tienen los países de nuestro entorno, supondría que España recuperase cerca de 40.000 millones al año.

 En definitiva, cada español está pagando entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos de más por ese fraude fiscal que cometen otros. (...)

Si equiparáramos nuestros niveles de economía sumergida con la media de los países de nuestro entorno –lo que implicaría reducirla en 10 o 12 puntos porcentuales-, conseguiríamos recuperan unos 40.000 millones de recaudación extra. Una cantidad en consonancia con los intereses de deuda que paga España. Así que, si reforzáramos las posibilidades de actuación de la Agencia Tributaria, podríamos estar recaudando lo suficiente para pagar esos intereses de deuda. (...)"               (Carlos Cruzado -sabemos.es

 , en Attac España, 26/04/16)