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9.11.26

En Italia ya no son ficción las unidades de precrimen... La policía aplica a adolescentes lo que la oposición ya llama “delito de sudadera negra”, una polémica medida de Meloni que permite detener antes de una protesta a quien sea sospechoso de participar LUEGO en disturbios... o sea, detención PREVENTIVA por la pinta de decenas de menores... Ya se aplicaba a adultos, pero el último decreto de seguridad de Giorgia Meloni, el octavo, lo ha ampliado a los menores: permite llevar a comisaría antes de una manifestación a quien se considere sospechoso de crear luego altercados en la protesta. El resultado es que decenas de chicos y chicas han permanecido detenidos durante horas sin haber hecho nada y sin poder llamar a sus padres... Carolina Di Giacomo, de 18 años, ha contado en el diario La Repubblica cómo fue abordada por agentes en la salida de la parada de metro Flaminio, cuando iba a manifestarse con cuatro amigos. “Nos pidieron la documentación y nos tuvieron 40 minutos esperando. Nos grabaron con una cámara. Nos quitaron los teléfonos, nos metieron en dos furgonetas y a tres de nosotros nos llevaron a comisaría. Afirma que ante sus quejas el comisario les amenazó con tenerles allí hasta las tres y media de la mañana. Salieron de allí ya de noche: “Nos dijeron estas palabras exactas: ‘Ahora volved a casa y no vayáis más a manifestaros porque ya os hemos fichado’. Pero manifestarme es un derecho, no me lo pueden quitar”, concluía ella... En algunos casos, según ha denunciado Hub for Defenders, se tomó la huella dactilar a menores, una práctica que solo está permitida ante indicios de delito... Matteo Renzi declaró: "¿Se puede decir que lo que le ha pasado a Carolina no puede suceder en un país civilizado? Si un chico va a una manifestación no hay ningún motivo en el mundo para arrestarlo sin una razón” (Íñigo Domínguez)

"Detenidos por las pintas: decenas de menores en comisaría en Italia con el nuevo arresto preventivo en manifestaciones

La policía aplica a adolescentes lo que la oposición ya llama “delito de sudadera negra”, una polémica medida de Meloni que permite detener antes de una protesta a quien sea sospechoso de participar luego en disturbios

En Italia ya no son ficción las unidades de precrimen, como en la película de Steven Spielberg, Minority Report, en la que el personaje de Tom Cruise veía el futuro y podía actuar antes de que se cometiera un delito. Se trata de arrestos preventivos por lo que la oposición ya llama “delito de sudadera negra”, la prenda más habitual entre los jóvenes que en las últimas semanas han salido a manifestarse en todo el país contra los bajos salarios, el precio de la vivienda y a favor de la paz, la sanidad y la educación públicas. Ya se aplicaba a adultos, pero el último decreto de seguridad de Giorgia Meloni, el octavo, lo ha ampliado a los menores: permite llevar a comisaría antes de una manifestación a quien se considere sospechoso de crear luego altercados en la protesta. El resultado es que el primer día que se puso en práctica, el 24 de octubre, llevó a comisaría a 110 menores en solo 24 horas, aunque según ONG luego ha habido decenas más. Chicos y chicas que han permanecido detenidos durante horas sin haber hecho nada y sin poder llamar a sus padres.

Esto es posible en Italia por esa polémica nueva norma de la líder ultraderechista, que permite a la policía retener de 12 a 24 horas a quien crea que luego puede protagonizar disturbios. En teoría, porque al ser registradas lleven objetos peligrosos, e incluso máscaras o pasamontañas. En la práctica, sin embargo, según denuncia la oposición y las ONG, se ha estado aplicando de forma indiscriminada a decenas de adolescentes, detenidos cuando iban a manifestarse únicamente por su aspecto. Solo porque en los disturbios de Milán del 17 y 18 de octubre, en emulación de los que se registraban en Francia, los grupos de jóvenes que causaron destrozos y saquearon tiendas en el centro de la ciudad iban todos de negro y con sudaderas de ese color.

El Gobierno aprobó el nuevo decreto el 20 de octubre, a los dos días de los altercados de Milán, donde el 80% de los 271 detenidos eran menores, temiendo que se repitieran el fin de semana siguiente. Meloni reaccionó rápido ante la alarma que crearon los disturbios, también entre críticas a la escasa presencia policial del propio alcalde de la ciudad. El Ejecutivo quiso responder con mano dura a un fenómeno imprevisible, pues no se sabía bien de dónde salían estos jóvenes, no estaban organizados, acudieron convocados por redes sociales y no tenían ninguna ideología. Aunque fueron 2.000 personas llegadas desde el extrarradio de Milán en un contexto muy concreto, el de una ciudad con graves desigualdades sociales, ha permitido justificar medidas duras contra los miles de jóvenes que se manifiestan de forma pacífica en toda Italia.

El sábado 24 de octubre se temían nuevos incidentes, que finalmente no se produjeron, o fueron reducidos, pero la nueva norma se aplicó con contundencia. Ese día, con grandes manifestaciones en todo el país, la policía identificó a 4.292 personas, sobre todo en Roma, Milán, Turín y Bolonia. Fueron llevadas a comisaría 371 con arresto preventivo y 110 de ellas, una de cada tres, eran menores, según los datos del Ministerio del Interior. La organización Hub for Defenders, promovida por Amnistía Internacional y otras ONG, tiene un teléfono para pedir asistencia legal e informó de que ese día recibió decenas de llamadas.

La prensa ha publicado varios testimonios, como el de Carolina Di Giacomo, de 18 años y vecina de Roma, que ha contado en el diario La Repubblica cómo fue abordada por agentes en la salida de la parada de metro Flaminio, en el centro de la ciudad, cuando iba a manifestarse con cuatro amigos. Esa tarde había una marcha autorizada, aunque también se habían sucedido llamamientos en redes a protestas no permitidas, sin especificar el lugar exacto. “Nos pidieron la documentación y nos tuvieron 40 minutos esperando. Nos grabaron con una cámara. Luego, cuando pensábamos que ya nos dejaban ir, nos quitaron los teléfonos, nos metieron en dos furgonetas y a tres de nosotros nos llevaron a comisaría”, ha relatado.

Di Giacomo asegura que encima solo llevaba el móvil y un paquete de chicles. Solo después de unas horas e insistir varias veces le permitieron avisar a sus padres con el único mensaje que le permitieron enviar: “Todo OK”. Afirma que ante sus quejas el comisario les amenazó con tenerles allí hasta las tres y media de la mañana. Salieron de allí ya de noche: “Nos dijeron estas palabras exactas: ‘Ahora volved a casa y no vayáis más a manifestaros porque ya os hemos fichado’. Pero manifestarme es un derecho, no me lo pueden quitar”, concluía ella.

“Un golpe a los derechos de la persona”

La oposición se apoyó en este testimonio para pedir explicaciones al Gobierno en el Parlamento. No fue precisamente la extrema izquierda, sino Italia Viva (IV), el partido de centro del exprimer ministro Matteo Renzi. “¿Se puede decir que lo que le ha pasado a Carolina no puede suceder en un país civilizado? Y al decirlo no defiendo a todos los manifestantes ni justifico a quien tenía cócteles molotov en la mochila”, acusó el exdirigente. “Si un chico va a una manifestación no hay ningún motivo en el mundo para arrestarlo sin una razón”.

La Unión de Cámaras Penales Italianas, organismo en el que están inscritos 10.000 abogados penalistas, también criticó el nuevo decreto como “un nuevo golpe a las garantías y a los derechos de la persona y a los principios constitucionales de proporcionalidad y determinación” del delito, declaró Francesco Petrelli, presidente de la institución.

En algunos casos, según ha denunciado Hub for Defenders, se tomó la huella dactilar a menores, una práctica que solo está permitida ante indicios de delito. En otros casos, el motivo de sospecha no parecía ser el color de la sudadera, sino el de la piel. La plataforma ha señalado que una de las personas que asistieron fue un estudiante británico-polaco que estaba en Milán por turismo y para ver un partido. Iba con dos amigos, fueron identificados por la policía y solo se lo llevaron a él a comisaría, el único de los tres que no era blanco. Estuvo 23 horas en una celda con 37 personas sin intérprete y sin ninguna explicación del arresto.

La derecha italiana ha vinculado desde el principio los altercados de Milán a la inmigración y los llamados italianos de segunda generación, nacidos en Italia de padres extranjeros. La propia Meloni, el día que anunció el nuevo decreto, subrayó que de los 330 detenidos en Milán y otras ciudades el 17 y 18 de octubre, la mitad era “de origen extranjero, nacidos en el extranjero o nacidos en Italia de familias extranjeras”.

Estas semanas han ido surgiendo más testimonios. También de padres, porque muchos se han asustado por la actuación policial. En los colegios de Roma circuló a los tres días, el martes 26 de octubre, un comunicado de un grupo de padres del instituto Pilo Albertelli, en pleno centro de Roma, que ya ha sido firmado por más de 2.100 personas. Estaban alarmados porque la policía había arrestado a sus hijos el sábado, simplemente mientras charlaban delante de la puerta del instituto antes de la manifestación autorizada, que discurría al lado del centro. “El único objetivo de este comportamiento parece ser el de intimidar y criminalizar toda una generación y lanzar un mensaje inconstitucional: volved a casa, no protestéis, estamos contra vosotros y os podemos hacer daño”, señala la carta.

Jones Mannino, padre de uno de los chicos detenidos, entrevistado en el diario Il Manifesto, contó que su hijo fue detenido con cuatro amigos. Tres del grupo eran menores y estuvieron tres horas en comisaría. “Dijeron que fue porque eran cinco, y porque uno tenía una kufiya [el pañuelo palestino] y otro una braga de cuello, que potencialmente son dos cosas que podían ser usadas para cubrir el rostro, pero no había ningún motivo para llevarlos a comisaría”, relató. El hecho de que fueran cinco personas se debe a otro punto polémico del último decreto, que permite intervenir a la policía ante grupos iguales o superiores a ese número en lugares públicos que tengan “comportamientos intimidatorios”. “Es absurdo pensar que estar delante del instituto, donde los chicos quedan para salir con los amigos, con la novia o ir al cine, se ha convertido en motivo de arresto”. Nadie llamó a los padres de los menores, aunque la ley obliga a hacerlo.

“Son evidentes abusos de poder”, advierten estos progenitores en su texto. Su reflexión y su preocupación van más allá: “¿Cómo podemos justificar ante sus ojos el comportamiento de la policía? ¿Cómo hacerles entender que no deben temerla, después de los comportamientos violentos de muchos agentes, que ponen en cuestión el buen nombre de la policía y del Estado que la dirige?”. De hecho, lo que dicen estos padres es que cuando sus hijos salieron de comisaría estaban mucho más enfadados que antes y con más ganas de manifestarse ante las injusticias, porque creen que han sufrido personalmente una más.

De forma paralela, aunque no tenga nada que ver con las manifestaciones, el Gobierno hizo el pasado fin de semana un gran despliegue policial en zonas de marcha nocturna de las grandes ciudades. Es verdad que ha aumentado la delincuencia juvenil, pero la operación ha llegado justo en plena polémica por los arrestos de adolescentes. Se llamó Alto Impacto y desde luego sus cifras eran impactantes: fueron identificados 236.138 jóvenes en todo el país, de los cuales 23.060 eran menores. Fueron arrestados 575 jóvenes y 69 menores, y denunciados y puestos en libertad 1.695, de los cuales 373 eran menores. Las acusaciones fueron delitos contra la persona, el patrimonio, posesión de armas o tráfico de estupefacientes.

En este endurecimiento de la represión a menores hay otro punto polémico. El último decreto incluía la bajada de la edad penal en la que se imputa automáticamente un delito de los 18 a los 14 años. Hasta ahora solo se hacía si se probaba que el menor era plenamente consciente del alcance de sus actos, pero ahora se invierte la carga de la prueba y será la defensa del menor quien tendrá que probar que sabía lo que hacía." 

(Íñigo Domínguez ,El País, 08/11/26)

Trump está encarcelando de por vida a MANIFESTANTES de izquierda... Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7, que ordena a las agencias federales contrarrestar el "terrorismo doméstico", un término vagamente definido y sin un cargo penal federal específico... Según la ACLU, el grupo de trabajo ha monitoreado a activistas de Black Lives Matter, ha atacado a musulmanes, periodistas y ambientalistas, incluyendo visitas intimidantes a sus hogares o lugares de trabajo. Esencialmente, Trump ha ordenado al FBI investigar la protesta y organización de izquierda... Este verano, nueve manifestantes fueron condenados por cargos de terrorismo con sentencias que van de 30 a 70 años por una manifestación ruidosa ocurrida el 4 de julio de 2025 frente a la instalación de ICE en Prairieland, Texas, en la que fué herido un oficial federal... solo una persona cometió realmente un acto de violencia contra un oficial. Los otros activistas están pagando el precio por su proximidad al tirador, y por participar en formas muy comunes de organización política moderna. Los fiscales condenaron a los nueve de Prairieland bajo estas nuevas definiciones establecidas por el NSPM7, condenándolos como una célula terrorista de Antifa, sustentándolo en su manejo de fanzines políticos impresos y material promocional, usar ropa negra similar la noche de la manifestación ruidosa, o su uso de chats grupales de Signal... Los cargos incluyen una sentencia de 50 años para la manifestante Autumn Hill, quien declaró que se marchó antes de que el oficial resultara herido, y una sentencia de 30 años para Daniel Rolando Sanchez-Estrada, quien ni siquiera estaba presente en el lugar del tiroteo y fue condenado por conspiración para ocultar documentos por mover una caja de revistas y panfletos de "literatura antifascista"... Estas condenas no tienen precedentes y solo es el comienzo de la represión de la administración Trump contra la organización (Ryan Johnson)

 "Investigamos cómo Trump está encarcelando de por vida a manifestantes de izquierda.

you tube: https://www.youtube.com/watch?v=Fth1MZzSLnA

En septiembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7, un documento clasificado que ordena a poderosas agencias federales contrarrestar el "terrorismo doméstico", un término vagamente definido y sin un cargo penal federal específico. Aun así, la Administración Trump ha tomado medidas para usarlo como pretexto para atacar y castigar a personas y organizaciones que defienden a comunidades marginadas.

Este verano, nueve manifestantes fueron condenados por cargos de terrorismo con sentencias que van de 30 a 70 años por una manifestación ruidosa ocurrida el 4 de julio de 2025 frente a la instalación de ICE en Prairieland, Texas, que resultó en el disparo contra un oficial federal.

Los cargos incluyen una sentencia de 50 años para la manifestante Autumn Hill, quien declaró que se marchó antes de que el oficial resultara herido, y una sentencia de 30 años para Daniel Rolando Sanchez-Estrada, quien ni siquiera estaba presente en el lugar del tiroteo y fue condenado por conspiración para ocultar documentos por mover una caja de revistas y panfletos de "literatura antifascista". Benjamin Song, el tirador, también recibió 100 años de prisión.

La siguiente es una transcripción apresurada y puede contener errores. Será actualizada.

Ryan Johnson:

En septiembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional siete, un documento clasificado que ordena a poderosas agencias federales contrarrestar el terrorismo doméstico, un término vagamente definido y sin un cargo penal federal específico. Aun así, la administración Trump ha tomado medidas para usarlo como pretexto para atacar y castigar a personas y organizaciones que defienden a comunidades marginadas. El memorando también fue redactado solo días después de que Trump designara a Antifa como organización terrorista.

Donald Trump:

Antifa es terrible. Estas no son protestas. Estos son crímenes, lo que están haciendo.

Ryan Johnson:

Así que el memorando comienza conectando vagamente las protestas de ICE en Los Ángeles y Portland, el asesinato de Charlie Kirk y un tiroteo de 2025 en una instalación de ICE en Dallas. El memorando afirma que estos incidentes ocurridos en partes completamente diferentes del país son la culminación de sofisticadas campañas organizadas de intimidación dirigida, radicalización, amenazas y violencia diseñadas para silenciar el discurso opositor y prevenir el funcionamiento de una sociedad democrática. También lanza una red amplia sobre lo que supuestamente cree la red, incluyendo el antiamericanismo, el anticapitalismo, el anticristianismo y, muy importante, el antifascismo.

Donald Trump:

Los Antifa, estas son personas malas. Te das cuenta de que siempre atacan a personas que realmente nunca han sido atacadas antes.

Ryan Johnson:

Entonces, ¿cómo buscará la administración Trump hacer cumplir la persecución y disolución de su supuesta red antifascista a través del grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo liderado por el FBI, un equipo que trabaja con redes de aplicación de la ley locales en todo el país para llevar a cabo investigaciones contra el terrorismo? Según la ACLU, el grupo de trabajo ha monitoreado a activistas de Black Lives Matter, ha atacado a musulmanes, periodistas y ambientalistas para investigación, incluyendo con visitas intimidantes a sus hogares o lugares de trabajo. Esencialmente, Trump ha ordenado al FBI junto con otras organizaciones gubernamentales usar toda la extensión de su poder y jurisdicción para investigar la protesta y organización de izquierda.

Donald Trump:

Debería estar claro para todos los estadounidenses que tenemos una amenaza terrorista de izquierda muy seria en nuestro país, radicales asociados con el grupo terrorista doméstico Antifa, del que han oído mucho últimamente, y he oído mucho sobre ellos durante 10 años. Y otros extremistas de extrema izquierda han estado llevando a cabo una campaña de violencia contra agentes de ICE y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal.

Ryan Johnson:

Este verano, nueve manifestantes fueron condenados por cargos de terrorismo con sentencias que van de 30 a 70 años por una manifestación ruidosa ocurrida el 4 de julio de 2025 frente a la instalación de ICE en Prairieland, Texas, que resultó en el disparo contra un oficial federal. Los cargos incluyen una sentencia de 50 años para la manifestante Autumn Hill, quien declaró que se marchó antes de que el oficial resultara herido, y una sentencia de 30 años para Daniel Rolando Sanchez Estrada, quien ni siquiera estaba presente en el lugar del tiroteo y fue condenado por conspiración para ocultar documentos por mover una caja de revistas y panfletos de literatura antifascista. Benjamin Song, el tirador, también recibió cien años de prisión. Cada acusado fue condenado por proporcionar apoyo material a terroristas, un cargo que puede incluir servicios, entrenamiento, equipos de comunicaciones, explosivos, personal incluyéndose a sí mismos, o transporte, que conllevaba una sentencia adicional de 15 años. Los fiscales federales acusaron y condenaron a los nueve de Prairieland de ser miembros de lo que llamaron una célula terrorista de Antifa.

En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el director del FBI, Kash Patel, declaró que la sentencia demostró que el FBI sigue comprometido a identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiamiento en todo el país, y que el FBI continuará trabajando para proteger a las comunidades de todo el país del terrorismo doméstico. Lo que el comunicado de prensa omite es que solo una persona cometió realmente un acto de violencia contra un oficial. Los otros activistas están pagando el precio por su proximidad al tirador, que la administración Trump considera radical, y por participar en formas muy comunes de organización política moderna. Los fiscales condenaron a los nueve de Prairieland bajo estas nuevas definiciones establecidas por el NSPM7, condenándolos como una célula terrorista de Antifa, sustentándolo en su manejo de fanzines políticos impresos y material promocional, usar ropa negra similar la noche de la manifestación ruidosa, y su uso de chats grupales de Signal.

Los manifestantes están ahora en prisión por más del doble del tiempo que cualquier persona condenada por participar en la insurrección del 6 de enero. Estas condenas son sin precedentes y solo el comienzo de la represión de la administración Trump contra la organización. La intención es enfriar el discurso, intimidar a las personas con puntos de vista de izquierda y aplastar estos movimientos." 

(Ryan Johnson , Scheer Post, 08/11/26, enlaces en el original)  

6.11.26

Cousas veredes... han cerrado las cuentas bancarias de un partido político... ¿En Rusia, en China? Pues no, nada menos que en la democrática Unión Europea... así que el sagrado principio de la inviolabilidad de los derechos políticos, se ha conculcado en la principal expresión de la democracia, la agrupación ciudadana a través de un partido político... se amenaza el respeto básico a la participación ciudadana en una democracia representativa... "El movimiento «Democracia en Europa 2025» (DiEM25) informó el martes de que su cuenta fue «cerrada de forma repentina y sin previo aviso»... «¿Por qué lo han hecho?», se pregunta Varoufakis —secretario general de DiEM25— en una declaración en vídeo. «Podría decirse que es porque no apoyamos lo suficiente a la oligarquía o al genocidio... pero, naturalmente, no podemos hacer comentarios al respecto» (Joshua Carroll)

"Un partido político de izquierdas liderada por Yanis Varoufakis pierde el acceso a su cuenta bancaria. El banco se ha «negado a explicar por qué».

Una alianza de partidos políticos europeos de izquierdas, cofundada por el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, ha perdido el acceso a su cuenta bancaria.

El movimiento «Democracia en Europa 2025» (DiEM25) informó el martes de que su cuenta fue «cerrada de forma repentina y sin previo aviso» el 8 de octubre, dejando al grupo sin acceso a decenas de miles de euros.

La organización no ha revelado el nombre del banco, alegando motivos legales, pero su portavoz, Erik Edman, señaló que la cuenta estaba radicada en Bélgica.

«Pedimos una explicación al banco y solicitamos una prórroga», declaró a Novara Media. «Se negaron a explicar su decisión y rechazaron la prórroga».

Edman indicó que DiEM25 no puede confirmar «si la decisión tuvo una motivación política».

No obstante, añadió: «A través de conversaciones con otras organizaciones en Bélgica, hemos tenido noticia de casos que sugieren un patrón preocupante: las organizaciones políticas progresistas parecen estar viéndose afectadas de manera desproporcionada por el cierre de sus cuentas bancarias».

En dicha cuenta, los simpatizantes de DiEM25 depositaban pequeñas donaciones mensuales. Según Edman, el movimiento cuenta con dos empleados y una oficina en Bélgica, y ahora corre el riesgo de no poder abonar los salarios, las cotizaciones a la seguridad social ni el alquiler en ese país.

El grupo ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos de emergencia para cubrir sus gastos inmediatos y afirma estar buscando una nueva entidad bancaria en Bélgica.

«¿Por qué lo han hecho?», se pregunta Varoufakis —quien también ejerce como secretario general de DiEM25— en una declaración en vídeo. «Podría decirse que es porque no apoyamos lo suficiente a la oligarquía o al genocidio... pero, naturalmente, no podemos hacer comentarios al respecto». Varoufakis fue diputado por Mera25 —la rama griega de DiEM25— entre 2019 y 2023. En 2016, fundó DiEM25 junto con el filósofo y activista político croata Srećko Horvat. La organización, que cuenta con 192.000 miembros, tiene también partidos en Alemania, Italia y los Países Bajos. (...)"   

(Joshua Carroll , NovaraMedia, 03/11/26, traducción google)

19.10.26

Los escolares franceses han sido tratados como enemigos a los que aplastar, por decir la verdad... en Dunkerque, un SUV policial arremetió repetidamente contra grupos de alumnos de secundaria... Los relatos de niños aterrados por un trato brutal bajo custodia policial describen experiencias traumáticas con graves consecuencias psicológicas y físicas... Francia está atrayendo ahora el tipo de escrutinio legal internacional que cabría esperar si se tratara de un régimen autoritario desquiciado... Un relator especial de la ONU ha instado a las autoridades francesas a respetar la seguridad física de los manifestantes... Amnistía Internacional ha recordado a las autoridades su deber de proteger a los niños... A menudo se argumenta que los niveles de deuda paralizantes hacen que la demanda estudiantil de 10.000 millones de euros de inversión sea inviable... Los economistas Élise Huillery y Romane Paris han presentado una propuesta creíble para invertir 11.800 millones de euros adicionales al año en educación, financiados mediante una reforma fiscal dirigida a las grandes herencias, que recaudaría 12.700 millones de euros en 2026 y aumentaría los impuestos solo para el 1% más rico de los herederos... el ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que no había dado a las fuerzas «ninguna instrucción de ejercer moderación». Esta es una forma vergonzosa y desdeñosa de responder a la sana expresión de disidencia de los jóvenes. Tal violencia hacia los ciudadanos no tiene cabida en una democracia... además, las autoridades francesas saben cómo aplicar moderación cuando los agricultores organizan bloqueos. Para el 8 de octubre, 6.877 personas habían pasado a custodia policial, alrededor del 80% de ellas niños... sucede que el sistema de educación estatal se encontraba entre los más desiguales del mundo desarrollado... los colegios se están desmoronando físicamente: agua no potable, algunas aulas están tan mal aisladas que las temperaturas bajan por debajo de los 14°C en invierno y alcanzan los 40°C durante las olas de calor... 126.000 solicitantes para la educación superior, muchos de entornos desfavorecidos, sin plaza... En 2025, se registraron 49 suicidios entre el personal del sistema educativo nacional (Rokhaya Diallo)

"Los escolares franceses han sido tratados como enemigos a los que aplastar – por decir la verdad**

Como alumna de secundaria en 1994, participé en protestas contra una reforma que habría permitido a los empleadores franceses pagar a los jóvenes por debajo del salario mínimo. Nuestra campaña tuvo éxito, pero si hubiéramos tenido que enfrentarnos a la aterradora respuesta policial desatada contra los estudiantes manifestantes en Francia durante las últimas semanas, me habría quedado en casa.

Un niño de 14 años, Eden, sufrió una fractura de mandíbula y perdió dientes después de que una granada lacrimógena de la policía le impactara en la cara. Maël, de dieciséis años, perdió la visión de un ojo supuestamente después de recibir el impacto de un disparo de un LBD, un tipo de lanzador de balas de goma. Evan, de 15 años, perdió la mano en una explosión provocada por una granada aturdidora de la policía. Y en Dunkerque, se alega que un SUV policial arremetió repetidamente contra grupos de alumnos de secundaria, mientras se podía oír a un agente decir: «Acercaos, les vamos a reventar las putas caras». Los relatos de niños aterrados por un trato brutal bajo custodia policial describen experiencias traumáticas con graves consecuencias psicológicas y físicas.

Francia, que se autoproclama cuna de los derechos humanos, está atrayendo ahora el tipo de escrutinio legal internacional que cabría esperar si se tratara de un régimen autoritario desquiciado. La organización de derechos humanos Ligue des droits de l'Homme ha condenado la alarmante «brutalización de los jóvenes» y la amenaza a su libertad de expresión.

Un relator especial de la ONU ha instado a las autoridades francesas a respetar la seguridad física de los manifestantes. La oficina de derechos humanos de la ONU afirma que sigue «con preocupación» los incidentes relacionados con las protestas en Francia. Amnistía Internacional ha pedido la suspensión de los lanzadores de balas de goma en las protestas escolares, ha condenado el uso desproporcionado de la fuerza y ha recordado a las autoridades su deber de proteger a los niños. La activista climática sueca Greta Thunberg, cuyo activismo abarca cada vez más las luchas contra la opresión y la violencia estatal, viajó a Francia esta semana para apoyar a los alumnos.

A menudo se argumenta que Francia está quebrada y que los niveles de deuda paralizantes hacen que la demanda estudiantil de 10.000 millones de euros de inversión para mejorar sus condiciones de aprendizaje sea inviable. Pero incluso en nuestra difícil situación fiscal, el gasto público es una elección política: para reducir la deuda se puede recortar el gasto público o se puede aumentar los ingresos.

Los economistas Élise Huillery y Romane Paris han presentado una propuesta creíble para invertir 11.800 millones de euros adicionales al año en educación, financiados mediante una reforma fiscal dirigida a las grandes herencias, que recaudaría 12.700 millones de euros en 2026 y aumentaría los impuestos solo para el 1% más rico de los herederos. Esto liberaría dinero para aumentar los salarios de los profesores, mejorar el apoyo a los alumnos, las becas y la vivienda estudiantil, y ampliar las plazas universitarias.

Pero el debate sobre el gasto público no invalida las legítimas reivindicaciones de alumnos, profesores y padres, que no son nuevas. Tampoco justifica una respuesta viciosa de ley y orden. Las condiciones de aprendizaje en algunos de los colegios más desfavorecidos se han ido deteriorando hasta niveles sorprendentemente malos durante mucho tiempo. Ya señalé las condiciones escolares en Francia en el Guardian hace tres años, argumentando entonces que el sistema de educación estatal se encontraba entre los más desiguales del mundo desarrollado. La falta de recursos asignados a cosas tan básicas como las vacantes docentes ha sido evidente durante años, con puestos en algunos distritos que a veces quedan sin cubrir durante meses.

Más de 20 millones de horas de enseñanza se perdieron en los institutos públicos en 2024-25, equivalente a casi una de cada 10 clases. Más de 15 millones de esas horas se perdieron porque no se proporcionaron profesores sustitutos. Los colegios en zonas designadas de educación prioritaria, que atienden a comunidades desfavorecidas, se han visto especialmente afectados, según el Tribunal de Cuentas francés.

En Seine-Saint-Denis, la parte más pobre de la Francia continental, dos tercios de los puestos de médico escolar estaban vacantes en 2023. Ya en 2022, la autoridad educativa de Créteil informó de un déficit de 60 enfermeras escolares y 20 trabajadores sociales, con el 90% de los puestos sin cubrir en Seine-Saint-Denis. En 2025, se registraron 49 suicidios entre el personal del sistema educativo nacional. Aunque no todas estas muertes pueden atribuirse al trabajo, es difícil evitar pensar en el grave deterioro de las condiciones laborales en todo el sector.

Luego están los colegios que se están desmoronando físicamente: agua no potable debido a la contaminación bacteriana, alumnos que informan de ratas y cucarachas, baños sucios y, en un caso, un tanque séptico que se desborda cuando llueve. Hay cortes de electricidad, falta de mobiliario y algunas aulas están tan mal aisladas que las temperaturas bajan por debajo de los 14°C en invierno y alcanzan los 40°C durante las olas de calor.

En Mayotte, donde comenzaron las protestas, un instituto construido para 900 alumnos alberga a 2.300. Las protestas se extendieron luego a la Francia continental a través de un colegio en Créteil que comenzó el año académico con 13 profesores y otro personal faltantes, así como un subdirector.

Otro tema en el centro de la ira de los alumnos es Parcoursup, el sistema mediante el cual los egresados solicitan plaza en la educación superior. Considerado discriminatorio, ha dejado este año a 126.000 solicitantes –muchos de entornos desfavorecidos– sin plaza.

En lugar de tratar esta crisis como una protesta social justificada basada en demandas legítimas, el gobierno ha invocado una doctrina expuesta en su Guía Operativa para la Violencia Urbana. Ha tratado a los alumnos como enemigos internos a neutralizar. Esto establece una respuesta coercitiva, descartando la posibilidad de resolver el conflicto mediante medidas constructivas.

Para el 8 de octubre, 6.877 personas habían pasado a custodia policial, alrededor del 80% de ellas niños. Solo el 1 de octubre, la policía realizó 1.949 detenciones, superando el total diario más alto registrado desde 1961, según el historiador Éric Anceau. Según el Syndicat de la magistrature, un sindicato francés de izquierdas de jueces, las cifras reflejan una clara determinación de aplastar el movimiento. El despliegue policial ha sido tan abrumador que profesores y padres han tenido que formar cadenas humanas para proteger a los niños.

Las operaciones policiales también están impulsadas por un enfoque en las detenciones, que fomenta confrontaciones contundentes y alimenta la escalada. Esto, a su vez, atrae a más personas a los disturbios. Unos 700 agentes de policía y varios profesores han resultado heridos desde el inicio de los disturbios.

El sociólogo Olivier Fillieule señala que la vigilancia de las protestas requiere una evaluación del riesgo. Si la rápida ruptura de un bloqueo expone a los adolescentes a lesiones graves, hay que considerar alternativas. Aceptar temporalmente un cierto grado de desorden cuando la intervención inmediata corre el riesgo de crear más debería seguir siendo un principio rector de la vigilancia de las protestas, dice Fillieule, señalando que las autoridades francesas saben cómo aplicar moderación cuando los agricultores organizan bloqueos.

Sin embargo, mientras la policía ha abierto investigaciones internas sobre 36 denuncias de violencia policial, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que no había dado a las fuerzas «ninguna instrucción de ejercer moderación». Esta es una forma vergonzosa y desdeñosa de responder a la sana expresión de disidencia de los jóvenes. Tal violencia hacia los ciudadanos no tiene cabida en una democracia."

 (Rokhaya Diallo, Revista de prensa, 19/10/26, fuente  The Guardian, traducción deepseek)

24.6.26

La acusación federal contra 15 manifestantes contra el ICE en Minnesota como supuestos miembros de "Antifa" —y por lo tanto terroristas domésticos— es una clase magistral de cómo el FBI está practicando ahora el "precrimen", arrestando a ciudadanos normales antes de que cometan un delito, o sin considerar si han cometido algún delito en absoluto... Es uno de los primeros casos en los que el memorando presidencial de seguridad nacional 7 (NSPM-7) ha sido citado explícitamente por el Departamento de Justicia como director de los arrestos, una nueva práctica que comenzó este mes... Bajo el NSPM-7, los federales no requieren que se haya cometido realmente un delito. Solo necesitan "indicadores". Los indicadores son lo suficientemente amplios como para abarcar a millones de estadounidenses: "antiamericanismo", "anticapitalismo", "anticristianismo", "extremismo en migración"... la prueba más vívida que Rosen presentó realmente a los periodistas fue un video de uno de los acusados, Kyle Wagner, usando retórica violenta —discurso—... Rosen dijo que nadie estaba siendo acusado "por lo que dijo"... en la "Operación Midway Blitz" de Chicago, los fiscales acusaron a los "Broadview Six" —un grupo que incluía a un candidato demócrata al Congreso y a un candidato demócrata a la legislatura estatal— de conspirar para "obstaculizar" a un agente del ICE fuera de un centro de detención. Un juez federal desestimó el caso... Nada de esto frena a la Casa Blanca. "La administración Trump asesta otro golpe aplastante a la red terrorista Antifa", anunció la Casa Blanca con los arrestos en Minnesota. El comunicado detalla casos federales contra individuos "Antifa" en estados como Minnesota, Oregón, Texas, Washington, Nueva Jersey, California e Indiana... Trump vomita y la maquinaria gubernamental avanza lentamente detrás (Ken Klippenstein)

"Terroristas "Antifa" de Minnesota acusados. El fiscal federal no puede explicar por qué o quién es Antifa

La acusación federal de la semana pasada contra 15 manifestantes contra el ICE en Minnesota como supuestos miembros de "Antifa" —y por lo tanto terroristas domésticos— es una clase magistral de cómo el FBI está practicando ahora el "precrimen", arrestando a ciudadanos normales antes de que cometan un delito, o sin considerar si han cometido algún delito en absoluto.

Es uno de los primeros casos en los que el memorando presidencial de seguridad nacional 7 (NSPM-7) ha sido citado explícitamente por el Departamento de Justicia como director de los arrestos, una nueva práctica que comenzó este mes. El fiscal de Estados Unidos para Minnesota, Daniel Rosen, dijo que la directiva estableció el Grupo de Trabajo Conjunto Vanguard para "priorizar la violencia motivada políticamente", lo que para la administración Trump significa, por supuesto, sus opositores. La directiva, dijo Rosen, también ordena a los investigadores federales "investigar, procesar y desarticular a quienes participan en violencia política e intimidación".

Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa cómo define el Departamento de Justicia a Antifa, Rosen básicamente no tuvo respuesta. "Qué es Antifa va más allá, va más allá, creo, del alcance de esta acusación", respondió. "Pero lo que puedo decirles es que tenemos muchas personas que se autoidentifican de esa manera, y quizás quieran preguntarles a ellos esa pregunta".

Y en cuanto a si alguien resultó realmente herido, aquí también Rosen titubeó. "Si al final del día causaron o no daño físico no es la medida de si cometieron o no un delito federal grave", dijo, sonando como un niño que no había hecho la tarea y al que llaman en clase.

En otras palabras, el gobierno federal está procesando a un grupo que ni siquiera puede definir.

La guerra de la administración Trump contra sus oponentes encuentra su forma sólida en la guerra contra Antifa. Debido a que el presidente Trump "designó" a Antifa como un grupo terrorista, se aplican las reglas del "contraterrorismo". Piensen en el objetivo actual del FBI como prevenir otro 9/11: es decir, seguir la doctrina de las últimas dos décadas, que es detener un ataque antes de que ocurra.

Aunque no lo dicen explícitamente, el Grupo de Trabajo Vanguard se dedica al precrimen. Bajo el NSPM-7, los federales no requieren que se haya cometido realmente un delito. Solo necesitan "indicadores". Los indicadores son lo suficientemente amplios como para abarcar a millones de estadounidenses: "antiamericanismo", "anticapitalismo", "anticristianismo", "extremismo en migración", como ya he informado.

*El NSPM-7 de Trump etiqueta creencias comunes como "indicadores" de terrorismo*

*Con los medios de comunicación convencionales distraídos por el drama televisivo de la acusación de James Comey, Trump ha firmado una directiva de seguridad nacional poco notada que identifica las opiniones "anticristianas" y "antiamericanas" como indicadores de violencia izquierdista radical. Denominado Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7, su...*

Antifa como indicador es absurdo. En las protestas que he cubierto durante los últimos años, cuando preguntaba a la gente qué pensaba de Antifa, la respuesta que escuché una y otra vez —de madres, de abuelos— fue "¡Yo soy Antifa!". Algunos manifestantes lo decían en broma, otros con desafío. Pero lo que no querían decir era que formaban parte de alguna organización como la que Washington imagina. Cuando les preguntaba por qué Antifa, la respuesta era universal. Son antifascistas, lo que en términos no relacionados con la seguridad nacional es lo que ellos creían que la palabra significaba simplemente.

Esa confusión ha producido percances que serían divertidos si lo que está en juego no fuera lo que es —como cuando las fuerzas del orden federales estaban convencidas de que habían identificado al "líder de Antifa", que resultó ser un tipo cualquiera de Portland, como informé.

El fiscal Rosen anunció en su conferencia de prensa:

*"Hoy se desveló una acusación federal que imputa a 15 acusados el delito de conspiración para obstaculizar o lesionar a agentes federales y otros cargos relacionados con los esfuerzos de dos grupos Antifa con sede en Minneapolis que se opusieron violentamente a la aplicación de la ley federal en nuestro estado. Los acusados son miembros y asociados de Direct Action Minnesota… Estos acusados han sido acusados no por lo que dijeron, sino por lo que hicieron. Todos se unieron a un acuerdo, una conspiración, para interferir con las operaciones legales de aplicación de la ley de inmigración".*

"Conspiración" me parece mucho a desobediencia civil o libertad de expresión. Nótese, por ejemplo, que la prueba más vívida que Rosen presentó realmente a los periodistas fue un video de uno de los acusados, Kyle Wagner, usando retórica violenta —discurso— lo que resulta extraño junto a la insistencia de Rosen de que nadie estaba siendo acusado "por lo que dijo".

El NSPM-7 se firmó en septiembre de 2025, tres días después de la orden ejecutiva de Trump que designaba a Antifa como organización terrorista doméstica. Ordena al gobierno desarticular redes supuestamente "animadas" por creencias que incluyen el anticapitalismo, el anticristianismo y el "extremismo en migración". El memorando de implementación de la fiscal general Pam Bondi —titulado "Poner fin a la violencia política contra el ICE"— dirigió ese aparato directamente contra las personas acusadas de obstaculizar la aplicación de la ley de inmigración. El Grupo de Trabajo Conjunto Vanguard es ahora el brazo ejecutor con un objetivo mucho más amplio.

En su afán por arrestar y condenar a sus oponentes políticos, la administración Trump no ha tenido éxito hasta ahora. En enero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció orgullosamente que el ICE había sobrevivido a "un intento de asesinato de agentes federales" en el norte de Minneapolis, sugiriendo que los manifestantes amenazaban directamente a los agentes del orden. Lo que describió como agentes federales "emboscados y atacados por tres individuos que los golpearon con palas de nieve y mangos de escobas", lo que obligó a un agente a disparar "un tiro defensivo", resultaron ser dos repartidores venezolanos de DoorDash sin antecedentes violentos.

Luego apareció el video. Las imágenes de vigilancia municipal mostraron un altercado de unos 12 segundos, sin golpes con pala de nieve; una pala permaneció en el suelo todo el tiempo. Las autoridades tuvieron las imágenes horas después del tiroteo. Los fiscales no se molestaron en verlas hasta semanas después de haber acusado a los hombres y haber presentado la declaración jurada de un agente ante un juez. En febrero, la propia oficina de Rosen solicitó el sobreseimiento de los cargos con perjuicio —lo que significa que nunca pueden ser presentados nuevamente— citando pruebas "materialmente inconsistentes" con la declaración jurada. Un juez federal estuvo de acuerdo. Dos agentes del ICE fueron puestos en licencia administrativa por mentir aparentemente bajo juramento.

El jefe de policía de Minneapolis ofreció el epitafio: los agentes "se ahorcaron solos".

Esto no fue un caso aislado. La filial local de CBS en Minneapolis revisó los documentos judiciales y encontró al menos 18 habitantes de Minnesota cuyos casos de agresión a un agente fueron desestimados, con un juez desestimando los cargos para 15 de ellos. Las declaraciones juradas de un solo agente del ICE aparecieron en aproximadamente diez de los casos desestimados. En un caso que el propio Rosen solicitó retirar, el acusado dijo que los agentes federales lo habían esposado a una cama de hospital durante días sin acceso a su teléfono.

Otro caso se derrumbó después de que un juez determinara que Bondi había nombrado públicamente a manifestantes arrestados en una publicación en las redes sociales —violando la orden de sellado del tribunal y, escribió el juez, "probablemente" varias políticas del Departamento de Justicia.

Y el patrón no se limita a Minnesota. En la "Operación Midway Blitz" de Chicago, los fiscales acusaron a los "Broadview Six" —un grupo que incluía a un candidato demócrata al Congreso y a un candidato demócrata a la legislatura estatal— de conspirar para "obstaculizar" a un agente del ICE fuera de un centro de detención. Un juez federal desestimó el caso por mala conducta procesal, incluidas alegaciones de manipulación del jurado y engaño al tribunal.

De 22 procesos en el área de Chicago bajo el estatuto federal de obstrucción a un agente, 16 han sido desestimados o nunca llegaron a ser acusados, según un recuento del Chicago Sun-Times citado por CNN.

En Los Ángeles, el gobierno ha perdido los cinco casos que llegaron a juicio —cinco absoluciones consecutivas.

Nada de esto frena a la Casa Blanca. "La administración Trump asesta otro golpe aplastante a la red terrorista Antifa", anunció la Casa Blanca con los arrestos en Minnesota. El comunicado detalla casos federales contra individuos "Antifa" en estados como Minnesota, Oregón, Texas, Washington, Nueva Jersey, California e Indiana.

Trump vomita y la maquinaria gubernamental avanza lentamente detrás. Sí, Noem, Bondi y Kash Patel pueden twittear como si hubiera tanto una amenaza como una rápida respuesta federal, pero los Grupos de Tarea tienen que resolver su presupuesto y sus membretes antes de poder llegar a la rampa de acceso a X (antes Twitter).

Rosen concluyó calificando la violencia política como "una plaga nacional en nuestros tiempos". No los precios de la gasolina. No el alquiler. No el costo de la atención médica. O el cuidado infantil. Eso es lo que obtienes cuando se permite que los imperativos de la "seguridad nacional" establezcan las prioridades de una sociedad —especialmente una vez que la "seguridad nacional" se ha redefinido para significar casi cualquier cosa que el gobierno quiera que signifique." 

(Ken Klippenstein , , blog, 23/06/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original)   

22.4.26

El derecho a protestar está bajo ataque... Chris Nineham, vicepresidente de Stop the War, y Ben Jamal, director de la Campaña de Solidaridad con Palestina, fueron condenados en virtud de la Ley de Orden Público por su participación en una protesta pacífica... La Coalición Palestina había recibido permiso originalmente para reunirse fuera de la BBC con el fin de protestar contra los informes sesgados de la Corporación sobre el genocidio de Israel en Gaza. Sin embargo, tras una campaña coordinada por el Consejo de Liderazgo Judío (JLC), el comandante de la Policía Metropolitana, Adam Slonecki, cambió de opinión y solo dio permiso para una protesta estática en Whitehall... fueron condenados porque una pequeña delegación intentó depositar flores en la parte superior de Whitehall... el juez pasó por encima de la evidencia en video que mostraba a los oficiales de policía dejando pasar a la delegación que portaba flores... Chris Nineham calificó el veredicto de "grotesco", y grupos de la sociedad civil, con Human Rights Watch describiéndolo como "una farsa de la justicia y un duro golpe al derecho a protestar" (Des Freedman)

 "El derecho a protestar está bajo ataque.

Esto se ilustró dramáticamente cuando dos organizadores destacados del movimiento pro-Palestina fueron declarados culpables de violar las restricciones policiales durante una protesta masiva en Londres el 18 de enero de 2025.

Chris Nineham, vicepresidente de Stop the War, y Ben Jamal, director de la Campaña de Solidaridad con Palestina, fueron condenados en virtud de la Ley de Orden Público por su participación en una protesta pacífica en la que una pequeña delegación intentó depositar flores a los pies de la policía en la parte superior de Whitehall.

Esta fue una acusación altamente política y un juicio igualmente político que, inusualmente para un caso visto en un juzgado de paz, se extendió a más de cincuenta páginas.

La Coalición Palestina había recibido permiso originalmente para reunirse fuera de la BBC con el fin de protestar contra los informes sesgados de la Corporación sobre el genocidio de Israel en Gaza. Sin embargo, tras una campaña coordinada por el Consejo de Liderazgo Judío (JLC), el comandante de la Policía Metropolitana, Adam Slonecki, cambió de opinión y solo dio permiso para una protesta estática en Whitehall.

La JLC cabildeó repetidamente ante Slonecki y argumentó que el "impacto acumulativo" de las marchas pro-palestinas estaba interrumpiendo el derecho de las personas a asistir a una sinagoga local. Sin embargo, se presentó escasa evidencia de que los fieles judíos fueran amenazados o impedidos de ejercer ese derecho.

El juez, que previamente había desestimado un caso contra Tommy Robinson, ignoró el argumento de los acusados de que las condiciones policiales eran ilegítimas e innecesarias. De manera similar, pasó por encima de la evidencia en video que mostraba a los oficiales de policía dejando pasar a la delegación que portaba flores.

La policía metropolitana se jactó inmediatamente del veredicto, advirtiendo a los futuros organizadores de protestas "que comprendan la importancia de cooperar con los agentes". Mientras tanto, organizaciones proisraelíes como el Community Security Trust utilizaron el veredicto como una oportunidad para repetir una vez más la mentira de que las marchas pro-Palestina –que suelen incluir un gran bloque judío– representan una amenaza para el pueblo judío.

Fuera del tribunal, Ben Jamal acusó al juez de presidir un juicio obviamente injusto en el que cuatro de sus seis días se dedicaron específicamente a presentar el caso de la fiscalía. El veredicto fue condenado inmediatamente por una serie de diputados, sindicalistas y grupos de la sociedad civil, con Human Rights Watch describiéndolo como "una farsa de la justicia y un duro golpe al derecho a protestar".

Chris Nineham calificó el veredicto de "grotesco" y argumentó que era un intento obvio de asustar a la gente para que no protestara. Su conclusión: "Es un intento que no nos detendrá".

Las apuestas difícilmente podrían ser más altas. La policía se ha negado hasta ahora a la ruta preferida del movimiento palestino para la manifestación del 16 de mayo del Día de la Nakba, y ha permitido a Tommy Robinson tomar el control del centro político de Londres ese día.

El movimiento palestino está pidiendo la mayor movilización posible ese día para asegurar que la extrema derecha no pueda detener nuestro movimiento." 

(Des Freedman  , Counterfire, 20/04/26, traducción Quillbot, enlaces en el original)  

8.4.26

Llegas al aeropuerto de Miami o Nueva York, pero al acercarse al mostrador no le recibe un oficial de aduanas estándar, sino un agente armado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)... De repente, las preguntas de rutina desaparecen y se encuentra en un interrogatorio sobre sus redes sociales, sus opiniones políticas o el contenido de su teléfono móvil... Esta escena, que parece sacada de una distopía, se ha convertido en la nueva realidad de los aeropuertos estadounidenses en 2026... Hoy, el capital intangible de EE. UU. se está evaporando en las salas de migración de los aeropuertos estadounidenses. Las terminales aéreas han dejado de ser espacios de tránsito para convertirse en lugares de vigilancia ideológica y detención... Estas medidas afectan a garantías civiles consolidadas, como el derecho al libre tránsito y el respeto a la dignidad del viajero. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), reunió 410 000 firmas para pedir a los congresistas que el ICE no tomara el control de los aeropuertos... ACLU publicó un comunicado que arranca con la siguiente declaración: “Nunca en nuestra historia, un presidente había desplegado agentes armados en los aeropuertos para inspirar temor a nuestras familias”... El actual marco legal establece que el visado ya no es un salvoconducto, sino un documento sujeto a una interpretación arbitraria sin precedentes... El costo de esta medida no se contará solo en dólares perdidos en turismo, sino en la erosión de la autoridad moral de una nación que alguna vez se llamó a sí misma la puerta del mundo (Juan Martín Flores Almendárez)

"El prestigio de una nación no se mide solo por sus portaaviones, sino por la facilidad con la que el mundo desea visitarla, invertir en ella y emular su estilo de vida. Es lo que Joseph Nye, ilustre politólogo y profesor emérito de Harvard fallecido el año pasado, denominó soft power o poder blando.

Imagine que ha planeado sus vacaciones durante meses, tiene sus boletos, un hotel reservado y, lo más importante, una visa válida estampada en su pasaporte.

Llega al aeropuerto de Miami o Nueva York, pero al acercarse al mostrador no le recibe un oficial de aduanas estándar, sino un agente armado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De repente, las preguntas de rutina desaparecen y se encuentra en un interrogatorio sobre sus redes sociales, sus opiniones políticas o el contenido de su teléfono móvil.

Esta escena, que parece sacada de una distopía, se ha convertido en la nueva realidad de los aeropuertos estadounidenses en 2026.

La parálisis presupuestaria del gobierno federal ha provocado que el ICE tome el control total de los puntos de entrada, desplazando a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Cerca de 61 000 empleados del TSA han estado trabajando sin cobrar desde el cierre parcial del Gobierno, iniciado en octubre de 2025 y extendido el pasado 14 de febrero. Otros han buscado nuevas ocupaciones o, simplemente, han renunciado a su puesto.

El fin de la cortesía en la frontera

Hoy, el capital intangible de EE. UU. se está evaporando en las salas de migración de los aeropuertos estadounidenses. Las terminales aéreas han dejado de ser espacios de tránsito para convertirse en lugares de vigilancia ideológica y detención.

Estas medidas afectan a garantías civiles consolidadas, como el derecho al libre tránsito y el respeto a la dignidad del viajero. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que ha marcado la evolución constitucional del país a través de sus demandas, reunió 410 000 firmas para pedir a los congresistas que el ICE no tomara el control de los aeropuertos.

El pasado 22 de marzo, ACLU publicó un comunicado que arranca con la siguiente declaración: “Nunca en nuestra historia, un presidente había desplegado agentes armados en los aeropuertos para inspirar temor a nuestras familias”.

También ha elaborado una práctica guía en línea para conocer los derechos y obligaciones del viajero a la hora de interactuar con las fuerzas de seguridad en los aeropuertos.

El nuevo escenario de los destinos aéreos de EE. UU. se basa en los recientes cambios en la Ley Laken Riley y las órdenes ejecutivas introducidas por la Presidencia en 2026. El actual marco legal establece que el visado ya no es un salvoconducto, sino un documento sujeto a una interpretación arbitraria sin precedentes.

México: el costo humano del “trámite de rutina”

Para el ciudadano mexicano, la relación con la frontera siempre ha sido compleja, pero nunca tan precaria para quienes cumplen con la ley.

Cientos de miles de profesionales, estudiantes y familias mexicanas dedican meses de espera y recursos considerables para obtener o renovar una visa. Para ellos, el visado era un contrato de confianza.

Sin embargo, bajo el nuevo despliegue del ICE, ese contrato ha sido denunciado unilateralmente. Reportes recientes indican que viajeros mexicanos con perfiles profesionales sólidos están siendo sometidos a rechazos sistemáticos basados en la discrecionalidad del agente de turno.

No se trata solo de una fila más larga; es la vulneración de derechos esenciales, como la privacidad de las comunicaciones y la presunción de buena fe.

La incertidumbre de no saber si verás a tu familia o llegarás a una junta de negocios, a pesar de tener los papeles en regla, está fracturando la integración social y económica de la región norteamericana.

El Mundial 2026: una colisión inminente

Este endurecimiento fronterizo ocurre en el peor momento posible: la antesala de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Estados Unidos, que se comprometió a ser un anfitrión abierto, enfrenta ahora una contradicción flagrante. Millones de aficionados de países con diversas realidades políticas han invertido sus ahorros en boletos y traslados.

¿Cómo planea el gobierno de EE. UU. gestionar la llegada de esos aficionados de los cinco continentes bajo una consigna de rechazo y sospecha? La logística de ICE, centrada en la detención, es incompatible con un evento de esta magnitud.

El riesgo no es solo el caos en los aeropuertos de Dallas, Los Ángeles o Atlanta, sedes del mundial, sino la posibilidad de crisis diplomáticas en cadena cuando aficionados con entradas y visas sean devueltos a sus países por criterios ideológicos o falta de presupuesto para procesar su acceso al país.

El precio de la desconfianza

El derecho al libre tránsito y el respeto a la dignidad del viajero no son concesiones, son pilares de la convivencia internacional. Al permitir que una fuerza policial de control interno dicte las normas en los aeropuertos, Estados Unidos está sacrificando su activo más valioso: la admiración del mundo.

Como comunidad internacional, es imperativo exigir que se restablezcan las garantías mínimas para los visitantes. Mientras el visado sea un documento sin valor frente a la arbitrariedad de un agente de ICE, viajar a los Estados Unidos, ya sea por una escala técnica, un compromiso familiar o un evento deportivo, representa un riesgo jurídico que nadie debería estar obligado a correr.

El costo de esta medida no se contará solo en dólares perdidos en turismo, sino en la erosión de la autoridad moral de una nación que alguna vez se llamó a sí misma la puerta del mundo.

 ( , , The Conversation, 07/04/26)

21.3.26

La represión alemana contra el activismo propalestino está provocando una erosión generalizada de las libertades civiles y los estándares democráticos... la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, concluyó su visita oficial a Alemania, reprendió al gobierno alemán por la "vigilancia de organizaciones por motivos vagos e indefinidos de 'extremismo'" y "el uso de leyes antiterroristas para restringir o prohibir ampliamente el contenido de la defensa palestina". Recordando a los funcionarios que estos enfoques eran "inconsistentes con las normas internacionales de derechos humanos", Khan también lamentó el fracaso de Alemania en distinguir entre antisemitismo y el derecho protegido a boicotear a Israel... Un nuevo estudio publicado por el Instituto Transnacional (TNI), argumenta que la represión de Alemania contra la solidaridad con Palestina "ha servido para probar una transformación más amplia hacia el autoritarismo". "Las medidas probadas en el movimiento de solidaridad palestino bien podrían extenderse a otros grupos disidentes, desde ecologistas hasta antimilitaristas"... De hecho, la extensión de la represión estatal alemana a otros movimientos de justicia social ya no es una cuestión de especulación. En enero, un tribunal de distrito en el estado de Brandeburgo permitió que los cargos contra miembros del ahora disuelto grupo de acción climática Letzte Generation, incluido el cargo de "formación de organización criminal", fueran juzgados en lo que es la primera acusación de este tipo a nivel nacional... Claramente, el Estado alemán continúa desentrañando las libertades democráticas básicas en apoyo de un genocidio colonial en Palestina, la remilitarización en casa y la destrucción global del clima

 "En cuanto a las libertades civiles, el año pasado terminó con otra nota baja para Alemania.

Como el solucionador más leal del régimen criminal israelí en Europa durante el genocidio en curso en Palestina, la República Federal sigue empeñada en sacrificar su democracia liberal en el altar de lo que el profesor de la Universidad de Columbia Joseph Massad ha descrito como el "culto genocida del sionismo".

En diciembre, el CIVICUS Monitor, con sede en Johannesburgo, degradó el espacio cívico de Alemania de "reducido" a "obstruido", citando la represión estatal contra la solidaridad con Palestina como la razón principal.

Los autores denuncian que "las autoridades alemanas han seguido restringiendo severamente el derecho a protestar en solidaridad con el pueblo palestino" y que reaccionan a cualquier "percepción de incumplimiento de restricciones de protesta demasiado amplias" con "brutalidad policial severa, incluyendo acorralamiento, rociado con gas pimienta, puñetazos y estrangulamiento".

El informe también identifica la instrumentalización del antisemitismo como una estrategia clave para silenciar las voces contra el genocidio.

"En lugar de apoyar a quienes abogan por los derechos humanos, Alemania ha confundido la crítica antiisraelí con el antisemitismo, lo que ha enfriado el discurso a nivel nacional, envalentonado a la derecha y silenciado las voces de la sociedad civil", dijo el investigador de Europa del grupo.

Esta es la segunda rebaja en dos años, después de que CIVICUS cambiara el estatus de Alemania de "abierto" a "restringido" en 2023 como resultado de sus medidas enérgicas contra las protestas pro-Palestina en los primeros tres meses de la guerra genocida de Israel contra Gaza.

Un caso a favor de la ONU

En 2026, la represión estatal contra la solidaridad con Palestina (que incluye la oposición a la guerra de elección de Estados Unidos e Israel contra Irán y la aplicación por parte de Israel de su doctrina genocida de Gaza al Líbano) sigue siendo la fuerza impulsora del inexorable declive democrático de Alemania.

La brutalidad policial contra los manifestantes prolifera sin control, al igual que la absurda vigilancia política del discurso relacionado con las protestas, como la criminalización arbitraria del eslogan de liberación "Del río al mar, Palestina será libre", a pesar de que no existe certeza legal sobre la ilegalidad de la frase.

El truco sionista de gritar lobo sobre el supuesto odio a los judíos se está volviendo cada vez más grotesco, con el comisionado de antisemitismo no judío del estado de Hesse acusando recientemente al grupo de la sociedad civil antisionista Jüdische Stimme (Voz Judía) de "difundir el antisemitismo" y pidiendo una prohibición nacional de la organización.

De hecho, la situación de las libertades civiles en Alemania se ha deteriorado tanto que ha atraído la atención de las Naciones Unidas.

El 6 de febrero, la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, concluyó su visita oficial a Alemania, durante la cual se reunió con funcionarios estatales y miembros de la sociedad civil para examinar "la situación de los derechos a la libertad de opinión y de expresión en el país".

El fin del derecho internacional y quién lo mató

En una declaración emitida al final de lo que fue la primera misión de observación a Alemania por parte de un experto independiente de la ONU sobre libertad de opinión y expresión desde que se creó el mandato en 1993, Khan advirtió que el espacio para la libertad de expresión se estaba reduciendo en el país.

Ella reprendió al gobierno alemán por sus "enfoques orientados a la seguridad" contra la solidaridad con Palestina, como la "vigilancia de organizaciones por motivos vagos e indefinidos de 'extremismo'" y "el uso de leyes antiterroristas para restringir o prohibir ampliamente el contenido de la defensa palestina".

 Recordando a los funcionarios que estos enfoques eran "inconsistentes con las normas internacionales de derechos humanos", Khan también lamentó el fracaso de Alemania en distinguir entre antisemitismo y el derecho protegido a boicotear a Israel.

Con respecto al tan difamado "Del río al mar", criticó la naturaleza desproporcionada de "una prohibición general o criminalización por simplemente pronunciar un eslogan".

Canario en la mina de carbón

Un nuevo estudio publicado por el Instituto Transnacional (TNI) con sede en Ámsterdam a finales del año pasado será innegablemente útil para la Relatora Especial al evaluar la gravedad de la situación en Alemania mientras prepara su propio informe para el 62º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio.

Titulado "Solidaridad bajo asedio", el informe del TNI argumenta que la represión de Alemania contra la solidaridad con Palestina "ha servido para probar una transformación más amplia hacia el autoritarismo".

"Las medidas probadas en el movimiento de solidaridad palestino bien podrían extenderse a otros grupos disidentes, desde ecologistas hasta antimilitaristas", escribe Josephine Solanki, autora del informe.

Esto es lo que muchos analistas y activistas quieren decir cuando afirman que la cuestión de Palestina es el canario en la mina de carbón de los derechos humanos internacionales, el "conejillo de indias" sobre el que los gobiernos occidentales cada vez más autocráticos están probando su tolerancia a la oposición política.

De hecho, la extensión de la represión estatal alemana a otros movimientos de justicia social ya no es una cuestión de especulación.

En enero, un tribunal de distrito en el estado de Brandeburgo permitió que los cargos contra miembros del ahora disuelto grupo de acción climática Letzte Generation, incluido el cargo de "formación de organización criminal", fueran juzgados en lo que es la primera acusación de este tipo a nivel nacional.

Un comunicado del grupo describió la decisión como reveladora de "cómo el procesamiento penal se está convirtiendo cada vez más en una herramienta para lidiar con la protesta política indeseable".

En diciembre, un tribunal alemán en la ciudad de Friburgo condenó a un ex estudiante de secundaria de 19 años a 15 horas de servicio comunitario por publicar memes en las redes sociales en protesta por las campañas de reclutamiento militar al estilo estadounidense en las escuelas.

Burlándose de una presentación de PowerPoint realizada por un oficial de la Bundeswehr, un meme simplemente decía: "Así que niños, ¿quién de ustedes quiere morir en el frente oriental?".

En sus observaciones finales, la Relatora Especial Khan advirtió que la criminalización de la expresión solo debería aplicarse "a las situaciones más graves".

Claramente, el Estado alemán tiene una definición diferente de lo que constituye "atroz", ya que continúa desentrañando las libertades democráticas básicas en apoyo de un genocidio colonial en Palestina, la remilitarización en casa y la destrucción global del clima." 

( , AlMayadeen, 17/03/26, traducción Quillbot, enlaces en el original)  

10.2.26

Un tribunal alemán abre el primer juicio contra activistas climáticos bajo la ley de "organización criminal"... Los cinco acusados se enfrentan a una pena de prisión de hasta 5 años. El conflicto sobre cómo el Estado aborda las protestas climáticas hace tiempo que se ha convertido en un conflicto sobre derechos democráticos fundamentales... El artículo 129 del Código Penal alemán es ampliamente criticado como una ley vaga y expansiva que permite una vigilancia y persecución de gran alcance, particularmente en el contexto de los movimientos políticos. Como no solo apunta a la participación activa, sino también a los simpatizantes de los grupos investigados, potencialmente puede afectar a cualquiera que haya donado dinero, llevado café a una protesta o publicado un comentario de apoyo en línea... el monitor internacional CIVICUS, que monitorea la libertad cívica de los países, degradó a Alemania de "abierto" a "restringido" en 2023 y a "obstruido" en su evaluación de 2025... La apertura de estos procedimientos pone de manifiesto cómo la persecución penal se utiliza cada vez más como una herramienta para hacer frente a las protestas políticas "indeseables"... Es imposible predecir a quiénes podrían atacar a continuación la política y el poder judicial... Las democracias no colapsan de la noche a la mañana; se erosionan paso a paso a través de decisiones como estas. Una prueba clave de la democracia no es cómo maneja el consentimiento, sino cómo responde a la protesta. La aplicación del artículo 129 contra Última Generación es, por lo tanto, más que un caso penal individual: es una medida de hasta qué punto ya se están recortando los derechos democráticos (Stefan Müller)

 "Potsdam, 9 de febrero de 2026, 9:00 a.m. – Por primera vez en Alemania, el Tribunal Regional de Potsdam ha abierto un juicio contra cinco activistas climáticos del antiguo movimiento Última Generación, acusados de formar una organización criminal según el artículo 129 del Código Penal alemán. Desde 2022 hasta principios de 2025, Última Generación Alemania (Letzte Generation) llevó a cabo acciones de desobediencia civil no violenta con el objetivo de exigir políticas de protección climática más sólidas. Los acusados son Henning Jeschke (26), Mirjam Herrmann (28), Edmund Schultz (62), Lukas Popp (27) y Jakob Beyer (32). Los cinco acusados se enfrentan a una pena de prisión de hasta 5 años. El conflicto sobre cómo el Estado aborda las protestas climáticas hace tiempo que se ha convertido en un conflicto sobre derechos democráticos fundamentales.

Mirjam Herrmann, una de las acusadas, declara:

"Después de casi tres años de agotadora incertidumbre, mi primer sentimiento fue de alivio de que finalmente algo esté sucediendo. Pero no me hago ilusiones: este juicio será brutal. Los cinco estamos sentados allí como suplentes de todos los que defienden una democracia vibrante.

El artículo 129 del Código Penal alemán es ampliamente criticado como una ley vaga y expansiva que permite una vigilancia y persecución de gran alcance, particularmente en el contexto de los movimientos políticos. Como no solo apunta a la participación activa, sino también a los simpatizantes de los grupos investigados, potencialmente puede afectar a cualquiera que haya donado dinero, llevado café a una protesta o publicado un comentario de apoyo en línea.

Desde diciembre de 2022, cuando la acusación de formar una "organización criminal" se hizo pública por primera vez tras las redadas a nivel nacional contra Última Generación, tanto los activistas como sus redes más amplias han sido sometidos a un intenso escrutinio estatal. Esto ha incluido redadas en hogares privados, vigilancia telefónica de individuos, así como la línea directa de prensa del grupo, la incautación de fondos de donación y el cierre temporal del sitio web de la organización. Estas extensas intervenciones estatales no quedaron sin oposición: más de 2.000 personas presentaron autoinculpaciones en solidaridad por actos (menores) de apoyo, mientras que académicos de derecho, la sociedad civil y, en particular, Relatores Especiales de la ONU criticaron duramente la aplicación de la Sección 129 en este contexto [1]

Varios periodistas también han presentado una denuncia constitucional contra la vigilancia encubierta de la línea directa de prensa [2]. En un lapso de 3 años, el monitor internacional CIVICUS, que monitorea la libertad cívica de los países, degradó a Alemania de "abierto" a "restringido" en 2023 y a "obstruido" en su evaluación de 2025, citando, entre otros factores, el manejo de la policía y los estados del activismo climático [3].

El uso del artículo 129 del Código Penal alemán contra los movimientos de protesta no es nuevo. Históricamente, se ha empleado repetidamente para intimidar y reprimir a los oponentes políticos y se desarrolló precisamente con este fin [4]. Su creciente aplicación contra los movimientos de la sociedad civil hoy en día no es, por lo tanto, un desarrollo legal neutral. Más bien, refleja un intento de normalizar un enfoque represivo y autoritario de la protesta política y de restringir la participación política legítima.

Tras una importante presión política de altos cargos [5], se han presentado cargos en tres casos separados en Flensburgo, Múnich y Neuruppin, contra un total de once activistas climáticos de la antigua Última Generación. El Tribunal Regional de Potsdam (vinculado a Neuruppin) es el primer tribunal que permite que la acusación de la fiscalía avance hasta el juicio.

La apertura de estos procedimientos pone de manifiesto cómo la persecución penal se utiliza cada vez más como una herramienta para hacer frente a las protestas políticas "indeseables". No hay una línea clara que comience o termine con Última Generación. Es imposible predecir a quiénes podrían atacar a continuación la política y el poder judicial. Cuando el Estado comienza a tratar los movimientos políticos como organizaciones criminales, abre espacios que las fuerzas autoritarias están demasiado dispuestas a explotar.

Las democracias no colapsan de la noche a la mañana; se erosionan paso a paso a través de decisiones como estas. Una prueba clave de la democracia no es cómo maneja el consentimiento, sino cómo responde a la protesta. La aplicación del artículo 129 contra Última Generación es, por lo tanto, más que un caso penal individual: es una medida de hasta qué punto ya se están recortando los derechos democráticos. La forma en que se lleve a cabo este juicio ayudará a determinar cuán libre será la participación de la sociedad civil en el futuro.

 [1] – UN Special Rapporteurs communiqué criticizing application of Section 129 in this context
– English news article: Mafia or environmental group? Some EU states don’t see a difference
– Menschen gegen Öl – was bisher geschah (in german)
[2] Constitutional complaint against Germany’s Federal Intelligence Service Act
[3] Civicus Monitor 2025 Germany
[4] The escalation dynamics of Section 129 of the German Criminal Code (StGB) – A commentary on the investigations against the Last Generation by Peer Stolle (in german)
[5] – CSU Dobrindt: Die letzte Generation ist eindeutig eine kriminelle Vereinigung
– WDR: “Letzte Generation”: Innenminister Reul hält Verdacht auf kriminelle Vereinigung für möglich
– TAZ: Senat bringt Justiz in Stellung – Schwarz-Rot will prüfen, ob die Letzte Generation eine “kriminelle Vereinigung” ist. Die Staatsanwaltschaft weist den Vorwurf zurück.
– Tagesspiegel: Debatte um Einstufung als kriminelle Vereinigung: Berliner FDP verlangt Senats-Gutachten zur „Letzten Generation“ (all german news articles)"

(Brave New europe , 09/02/26, fuente Stefan Müller (climate stuff, 1 Mio views , traducción Quillbot)

27.1.26

Estuve en un juicio de una persona acusada de haber pegado a un policía, a la que dejaron inconsciente. No permitieron que las ambulancias la atendieran. Y aun así, le llegó una acusación por agredir a la policía, con posible pena de cárcel... Y esto no es una excepción: es constante. La mayoría de los juicios por agresión a la policía en Alemania responden a situaciones en las que ha sido la policía la que ha agredido primero. Aun así, las personas se enfrentan a antecedentes penales. Y eso tiene consecuencias gravísimas... La policía entra a detener a alguien por un eslogan, por un símbolo prohibido o simplemente porque es una persona conocida. Entra una decena de agentes, pegando a todo el mundo alrededor y llevándose a la persona por la fuerza. Está grabado y se puede ver. Si protestas porque te empujan, te pueden acusar de insultar a la policía. Si no te apartas lo suficientemente rápido, es “resistencia a la autoridad”. Si te tocan y tú reaccionas mínimamente, es “agresión a la policía”. “Resistir a la autoridad” es todo: no oír una orden, no caminar al ritmo que quieren, cubrirte la cara mientras te pegan. Asistí a un juicio de un estudiante al que tiraron al suelo y le dieron patadas. En el vídeo se ve claramente que se cubre la cara para protegerse, y eso fue interpretado como resistencia a la autoridad. Salió culpable y tuvo que pagar unos 4.000 euros... También hubo juicios por consignas como “los sionistas son fascistas”, por los triángulos rojos, por sandías, por kufiyas, por puños. Incluso detuvieron a una persona LGTBI por un triángulo rosa, y luego tuvieron que pedir disculpas. Las propias universidades, como la Humboldt o la Freie Universität, han denunciado a sus estudiantes... Están construyendo la idea de que el enemigo está dentro, que somos terroristas, y con eso justifican más represión. Por eso es fundamental mirar lo que pasa aquí. Ya hay personas acusadas de terrorismo por acciones de protesta. Hay gente en prisión preventiva durante meses sin cargos. Esto no es una excepción: es el futuro que están ensayando (Roser Gari, activista madrileña que vive en Berlín)

 "Roser Gari es una activista madrileña que vive en Berlín y ha acompañado como observadora a muchos activistas que están sufriendo represión política por apoyar la causa palestina con su grupo Palestine on Trial y han publicado varios informes al respecto. Hablamos con ella para que explique lo que está ocurriendo con las personas solidarias con Palestina en Alemania. Desde octubre de 2023 puede haber unos 11.000 juicios relacionados con el movimiento pro-palestino, estima.

¿Qué has podido observar en los juicios contra activistas pro-Palestina en Berlín?

El Estado represivo alemán está funcionando exactamente como quería. Tenemos varias conclusiones. Una parte fundamental de esta represión tiene como objetivo que la gente deje de ir a las calles y deje de organizarse. Las personas que pasan por procesos judiciales se quedan sin recursos económicos, porque los juicios son caros y los abogados también.

Muchas de estas personas sufren niveles de estrés muy fuertes: problemas de sueño, depresión, ansiedad generalizada y, como consecuencia, abandonan la militancia porque están completamente agotadas. A muchas personas a las que la policía ha pegado de forma excesiva, la propia policía las acusa de lo contrario: de haber agredido a los agentes. Eso significa que se enfrentan incluso a penas de cárcel. Son personas profundamente traumatizadas.

Esta misma semana estuve en un juicio de una persona acusada de haber pegado a un policía a la que dejaron inconsciente. No permitieron que las ambulancias la atendieran. Y aun así, le llegó una acusación por agredir a la policía, con posible pena de cárcel. Imagínate cómo se siente alguien a quien han dejado inconsciente y luego recibe una carta diciendo que ha sido él quien ha pegado a la policía.

Y esto no es una excepción: es constante. La mayoría de los juicios por agresión a la policía en Alemania responden a situaciones en las que ha sido la policía la que ha agredido primero. Aun así, las personas se enfrentan a antecedentes penales. Y eso tiene consecuencias gravísimas: problemas con visados, retrasos o retiradas de permisos de residencia, pérdida de becas, dificultades laborales.

¿Por qué tipo de cargos se está procesando a activistas que se manifiestan ejerciendo, en teoría, su derecho a la protesta?

Hablamos de multas económicas altas. Agredir a un policía puede costar 3.600 euros, más los gastos judiciales y el abogado, que pueden llegar fácilmente a 2.000 euros. Desde octubre de 2023 puede haber unos 11.000 juicios relacionados con el movimiento pro-palestino. El Estado está intentando rebajar las cifras públicamente, pero la magnitud es enorme. La policía entra a detener a alguien por un eslogan, por un símbolo prohibido o simplemente porque es una persona conocida. Entra una decena de agentes, pegando a todo el mundo alrededor y llevándose a la persona por la fuerza. Está grabado y se puede ver.

Si protestas porque te empujan, te pueden acusar de insultar a la policía. Si no te apartas lo suficientemente rápido, es “resistencia a la autoridad”. Si te tocan y tú reaccionas mínimamente, es “agresión a la policía”. “Resistir a la autoridad” es todo: no oír una orden, no caminar al ritmo que quieren, cubrirte la cara mientras te pegan. Asistí a un juicio de un estudiante al que tiraron al suelo y le dieron patadas. En el vídeo se ve claramente que se cubre la cara para protegerse, y eso fue interpretado como resistencia a la autoridad. Salió culpable y tuvo que pagar unos 4.000 euros.

También hay juicios por eslóganes y símbolos. El principal es “From the river to the sea, Palestine will be free”, después de que el Ministerio del Interior declarase ese slogan como símbolo de Hamás en noviembre de 2023. Decirlo se considera apología del terrorismo. Se usa incluso para disolver manifestaciones enteras.

Este caso llegó a segunda instancia y se perdió en un juicio completamente amañado, con una jueza que ya había declarado su postura y un “experto” abiertamente racista. También hubo juicios por consignas como “los sionistas son fascistas”, por los triángulos rojos, por sandías, por kufiyas, por puños. Incluso detuvieron a una persona LGTBI por un triángulo rosa, y luego tuvieron que pedir disculpas. Las propias universidades, como la Humboldt o la Freie Universität, han denunciado a sus estudiantes. Algunos tienen prohibida la entrada a su propia universidad.

Dentro de toda esta estructura represiva, ¿cuál es el papel de las observadoras como tú?

Primero, la solidaridad. Muchas personas van solas a los juicios y sentarse frente a los policías que te han pegado es durísimo. Intentamos estar ahí, acompañar, llevar comida, ponernos físicamente entre la policía y las personas acusadas. Segundo, somos muy conscientes de que cuando ponen a una persona en el banquillo, nos están poniendo a todas. No es un juicio individual: es un juicio político contra todo el movimiento. Y tercero, documentamos. En Alemania no hay transcripciones públicas completas. Muchas barbaridades racistas, falsas o violentas no quedan registradas. Nosotras transcribimos, archivamos y guardamos pruebas de lo que ocurre. Tener esas transcripciones es clave para recurrir y para la memoria colectiva.

Nosotros somos los testigos que dejamos constancia de lo que ocurre. Los policías mienten muy mal y hemos presenciado casos en los que el juez les pregunta tras declarar si quieren decirlo de otra manera, porque su colega no ha declarado eso. Les repite exactamente lo que ha dicho el compañero para que puedan corregirse, ya que, si un testigo, mientras está declarando, se retracta o cambia su versión, no se le puede imponer una multa. Es una forma de decir: “¿Seguro que quieres afirmar que ocurrió así? Porque tu colega no lo ha explicado de ese modo”. Si se retracta, ya no se le puede sancionar por haber mentido en juicio. La mayoría de los que propinan las palizas más brutales, justo después de hacerlo, se cogen una baja médica por depresión. Están dos o tres meses de baja médica y luego vuelven haciéndose las víctimas.

¿Quiénes están siendo más perseguidos?

Personas racializadas, migrantes, musulmanas, personas LGTBIQ+ y activistas con trayectoria previa. La mayoría de quienes salen a la calle no son alemanes blancos. A personas con doble nacionalidad se les amenaza con retirársela. Hay un racismo y una islamofobia muy fuertes, incluso en sectores de la izquierda. La violencia policial genera mucha menos empatía social cuando la víctima es racializada. Por ejemplo, a un palestino que ya tenía la nacionalidad alemana se la han retirado porque en la última década, según ellos, habría compartido contenido antisemita.

¿Cómo enmarcas esta represión dentro del giro autoritario y militarista alemán, y qué mensaje mandarías al activismo en el Estado español?

Están usando al movimiento pro-palestino como laboratorio. Igual que Palestina es el laboratorio de Israel, el movimiento pro-palestino es el laboratorio de Alemania. Están probando hasta dónde pueden llegar. Tenemos cooperación directa con Israel, rearme policial, nuevas leyes que permiten entrar en casas sin orden judicial y espiar teléfonos y ordenadores. El mensaje es claro: hoy somos nosotros, mañana sois vosotros. Están construyendo la idea de que el enemigo está dentro, que somos terroristas, y con eso justifican más represión. Por eso es fundamental mirar lo que pasa aquí. Ya hay personas acusadas de terrorismo por acciones de protesta. Hay gente en prisión preventiva durante meses sin cargos. Esto no es una excepción: es el futuro que están ensayando." 

(Publicado en Diario Red : Roser Gari: «Hay personas acusadas de terrorismo por acciones de protesta» )

( Entrevista a Roser Gari, Carmela Negrete, en Rafael Poch, blog, 26/01/26)

21.1.26

El terror del puerta a puerta en Minneapolis: Un video de una mujer siendo interrogada por el ICE en Minnesota se ha vuelto viral. Los agentes la rodean. Están armados. Llevan máscaras. «¿Es usted ciudadana?», le preguntan. Ella responde: «Sí». Ellos le dicen: «Muéstrenos una prueba». Ella repite: "Soy ciudadana; no tengo que mostrar ninguna prueba. Este es mi hogar". Le preguntan dónde nació. Ella responde: «Minnesota es mi hogar». Le repiten la misma pregunta una y otra vez. Le dicen que si no muestra una prueba de su identidad, la meterán en la parte trasera de su coche. Firme, ella se niega. Finalmente, se marchan... La mujer tiene razón. En este país, nadie está obligado a presentar documentos de identificación. En este país, ningún funcionario del Gobierno tiene derecho a exigirlos a alguien de quien no sabe nada. Todo el mundo está protegido contra registros e incautaciones injustificados en virtud de la Cuarta Enmienda, y contra la autoincriminación en virtud de la Quinta. Aunque se puede optar por cooperar con el ICE, nadie está obligado a hacerlo... Lo que estamos viendo en Minneapolis no se trata de deportaciones selectivas, de ejecutar una orden de arresto contra alguien con una orden de deportación o de buscar a una persona indocumentada condenada por un delito. No se trata de detener a alguien sobre quien el agente tiene una «sospecha razonable» de que está infringiendo la ley... JD Vance dijo que espera ver «al ICE yendo puerta por puerta y asegurándose de que, si eres un extranjero ilegal, tienes que salir de este país». ¿Puerta por puerta? ¿Cómo será eso? ¿Era este el terror «puerta a puerta» contra el que protestaba Renee Good? Si es así, yo también haría sonar un silbato y tocaría el claxon como ella. Y todos deberíamos hacerlo... Vance, un graduado de la Facultad de Derecho de Yale que sabe muy bien cómo funcionan las cosas, insistió en que los agentes del ICE, incluido Ross, el asesino de Good, gozan de «inmunidad absoluta». Eso es falso... Si se permite a esta administración violar impunemente los derechos constitucionales aquí —intimidación puerta a puerta claramente ilegal—, ¿cuál será su próximo objetivo?..."En los meses posteriores a la llegada al poder de Hitler, los agentes de las SA y la Gestapo fueron puerta por puerta buscando a los enemigos de Hitler. Socialistas, comunistas, líderes sindicales y otras personas que se habían pronunciado en contra del Partido Nazi fueron arrestados" (Nancy Gertner)

"Un video de una mujer siendo interrogada por el ICE en Minnesota se ha vuelto viral. Los agentes la rodean. Están armados. Llevan máscaras. «¿Es usted ciudadana?», le preguntan. Ella responde: «Sí». Ellos le dicen: «Muéstrenos una prueba». Ella repite:

"Soy ciudadana; no tengo que mostrar ninguna prueba. Este es mi hogar."

Le preguntan dónde nació. Ella responde: «Minnesota es mi hogar». Le repiten la misma pregunta una y otra vez. Le dicen que si no muestra una prueba de su identidad, la meterán en la parte trasera de su coche. Firme, ella se niega. Finalmente, se marchan.

La mujer tiene razón. En este país, nadie está obligado a presentar documentos de identificación. En este país, ningún funcionario del Gobierno tiene derecho a exigirlos a alguien de quien no sabe nada. Todo el mundo está protegido contra registros e incautaciones injustificados en virtud de la Cuarta Enmienda, y contra la autoincriminación en virtud de la Quinta. Aunque se puede optar por cooperar con el ICE, nadie está obligado a hacerlo.

Lo que estamos viendo en Minneapolis no se trata de deportaciones selectivas, de ejecutar una orden de arresto contra alguien con una orden de deportación o de buscar a una persona indocumentada condenada por un delito. No se trata de detener a alguien sobre quien el agente tiene una «sospecha razonable» de que está infringiendo la ley. No se trata de deportar a los peores de los peores, como diría el presidente Trump. Se trata de todos nosotros, que seguimos con nuestras vidas.

Durante una entrevista en Fox News, el vicepresidente JD Vance dijo que espera ver «al ICE yendo puerta por puerta y asegurándose de que, si eres un extranjero ilegal, tienes que salir de este país». ¿Puerta por puerta? ¿Cómo será eso? Una falange de agentes del ICE enmascarados, armados hasta los dientes, golpeando puertas, amenazando con arrestar a quien no les dé respuestas y documentos.

¿Era este el terror «puerta a puerta» contra el que protestaba Renee Macklin Good? Si es así, yo también haría sonar un silbato y tocaría el claxon como ella. Y todos deberíamos hacerlo.

La muerte de Good tuvo lugar cinco años después de que Derek Chauvin pusiera su rodilla sobre el cuello de George Floyd y lo matara. Se produjeron grandes manifestaciones, lo que desencadenó un debate a nivel nacional sobre la reforma de la policía, el aumento de la responsabilidad policial, la clarificación del uso de la fuerza, el refuerzo de la denuncia de las conductas indebidas de las fuerzas del orden e incluso la exigencia de cámaras corporales.

Ahora, un vídeo inquietantemente similar al de George Floyd muestra a un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis golpeando con la rodilla la cara de un hombre mientras otros agentes federales lo sujetan.

Ahora, los agentes irrumpen en las casas con las armas desenfundadas, arrastran a un adolescente fuera de su trabajo, vigilan los baños de Target, utilizan llaves ilegales y sacan a la gente de sus coches.

Ahora hay una pseudopolicía —los agentes de inmigración— sin formación o con formación insuficiente, enmascarados y armados. No nos equivoquemos: esta fuerza está pisoteando nuestros derechos y garantías constitucionales. Todos nuestros derechos están en juego.

Vance, un graduado de la Facultad de Derecho de Yale que sabe muy bien cómo funcionan las cosas, insistió en que los agentes del ICE, incluido Ross, el asesino de Good, gozan de «inmunidad absoluta». Eso es falso.

Como dijo el tribunal de apelaciones del Décimo Circuito en 2006:

"Si bien la legislación penal estatal constituye un importante control contra el abuso de poder por parte de los funcionarios federales, la supremacía de la legislación federal impide el uso del poder fiscal estatal para frustrar el ejercicio legítimo y razonable de la autoridad federal."

Esa es la clave: si los agentes del ICE actuaron de «manera objetivamente razonable» en el desempeño de su trabajo.

Desde principios del siglo XIX hasta la actualidad se han iniciado procesos penales estatales contra funcionarios federales. Más recientemente, un francotirador del FBI fue procesado por homicidio involuntario en virtud de la legislación estatal cuando mató a Vicki Weaver, la esposa del separatista blanco Randall Weaver, durante una redada del FBI en el reducto del separatista blanco en Ruby Ridge, Idaho.

Así que no, JD: los agentes del ICE no gozan de inmunidad absoluta.

Cuando se le preguntó a Brian O'Hara, jefe de policía de St. Paul y Minneapolis, qué fue lo primero que pensó al enterarse del tiroteo de Good, respondió: «Esto podría ser una repetición de lo ocurrido en 2020». «¿Otra vez como con George Floyd?», preguntó el entrevistador. «La destrucción de la ciudad», respondió el jefe.

Quizás eso sea quedarse corto. Como explica el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos en su sitio web:

"En los meses posteriores a la llegada al poder de Hitler, los agentes de las SA y la Gestapo fueron puerta por puerta buscando a los enemigos de Hitler. Socialistas, comunistas, líderes sindicales y otras personas que se habían pronunciado en contra del Partido Nazi fueron arrestados y algunos asesinados. A mediados de 1933, el Partido Nazi era el único partido político y casi toda la oposición organizada al régimen había sido eliminada. La democracia había muerto en Alemania."

Si se permite a esta administración violar impunemente los derechos constitucionales aquí —intimidación puerta a puerta claramente ilegal—, ¿cuál será su próximo objetivo? ¿Atlanta? ¿Boston? Y, lo que es peor, ¿contra quién?"

(Nancy Gertner, MROnline, 21/01/26, traducción DEEPL, enlaces en el original)

¿Qué significa vivir como árabe en Alemania hoy? Los árabes en Alemania han presenciado una reestructuración autoritaria que afecta todos los aspectos de la vida... He vivido en Alemania la mayor parte de mi vida. Para bien o para mal, soy alemán, pero nunca se me permitió serlo del todo, por culpa de mi ascendencia libanesa... los árabes en Alemania han presenciado cambios en las leyes para vigilarnos, acosarnos y criminalizarnos mejor... Tan solo en Berlín se investigan 10.000 casos judiciales relacionados con manifestantes solidarios con Palestina... la policía berlinesa inventó específicamente una categoría de delito con el único fin de criminalizar a los árabes... que permite a la policía allanar viviendas de forma encubierta e instalar tecnología de vigilancia... Ser árabe en Alemania significa familiarizarse con sus leyes, las cosas que puedes y no puedes exigir; significa sentirse cómodo discutiendo con policías incluso frente a una audiencia ; pero aún sabiendo que nada de eso ayuda... En el sector educativo, se han instaurado nuevas doctrinas que garantizan que los estudiantes sigan la versión «correcta» de la historia, o se enfrentarán a todo, desde malas calificaciones hasta la intervención policial... cualquier debate crítico sobre Israel, e incluso cualquier mención de Palestina, es el fin de todo... Ser árabe en Alemania significa arriesgar tu posición una y otra vez... “Ni siquiera me han arrestado tan a menudo”, les digo a mis amigos, solo para contar los incidentes y darme cuenta de que mi “no tan a menudo” equivale a más veces de las que puedo recordar... Ser árabe en Alemania conlleva una profunda y desesperada alienación y una rabia ardiente contra una sociedad que continúa como si la violencia no existiera (Jara Nassar)

"Desde el 7 de octubre de 2023, los árabes en Alemania han presenciado una reestructuración autoritaria que afecta todos los aspectos de la vida. Alemania afirma haber superado su pasado genocida, pero esta mentira solo sirve para distraer la atención de su violento presente.

¿Qué significa vivir como árabe en Alemania hoy en día?

Desde el 7 de octubre de 2023, hemos observado cómo el país que nos rodea se ha embarcado en un proceso de reestructuración autoritaria que afecta todos los aspectos de la vida. El informe « Represión de la solidaridad con Palestina en Alemania », del que soy coautor, divide esta represión en cinco esferas: la legal, la estatal, la discursiva, la cultural y cívica, y la educativa.

He vivido en Alemania la mayor parte de mi vida; mi familia regresó a la ciudad natal de mi madre cuando era niño. De adulto, me mudé a la capital, Berlín, tras un año en un pequeño pueblo del este de Alemania, plagado de resentimiento tras la reunificación, que se desahogó en el odio hacia los refugiados. He viajado por varios lugares de Europa y he pasado tiempo en Líbano y Palestina siempre que puedo, pero sigo volviendo a Berlín. Para bien o para mal, soy alemán, pero nunca se me permitió serlo del todo, por culpa de mi ascendencia libanesa. 

¿Qué significa entonces vivir como árabe en Alemania hoy en día? 

La característica más llamativa es la constante y persistente disonancia cognitiva. Alemania se enorgullece de haber superado su pasado genocida, pero vemos a diario que esto es una mentira abyecta creada para distraer la atención de la violencia de su presente.

En los últimos dos años, los árabes en Alemania han presenciado cambios en las leyes para vigilarnos, acosarnos y criminalizarnos mejor. Frases como «Del río al mar, Palestina será libre» fueron declaradas símbolos de Hamás y se utilizan como justificación para arrestos violentos. Tan solo en Berlín se investigan 10.000 casos judiciales relacionados con manifestantes solidarios con Palestina.

En varios estados federales se han introducido nuevas leyes policiales con poderes policiales ampliados. Como se describe en el excelente ensayo del jurista palestino-alemán Nahed Samour , «El árabe en la ley de Berlín, o: ‘¿Qué se siente al ser un problema?’», la policía berlinesa inventó específicamente una categoría de delito con el único fin de criminalizar a los árabes. Ahora, la numerosa población árabe de la ciudad —la mayor diáspora palestina de Europa, además de numerosos sirios, libaneses y otras nacionalidades árabes— se enfrenta a una nueva ley policial que permite a la policía allanar viviendas de forma encubierta e instalar tecnología de vigilancia. Todo esto se hace con el pretexto de la necesidad de «protegerse contra el terrorismo».

En Berlín, la policía ha recibido carta blanca de los políticos y la sociedad civil para brutalizar a los manifestantes en solidaridad con Palestina a su antojo, golpeando, estrangulando, pateando, vigilando masivamente, arrestando y encarcelando. Cuanto más árabe y masculino parezcas, más se sentirán atraídos los puños negros de los omnipresentes antidisturbios hacia tu cara, estómago o testículos.

Ser árabe en Alemania significa familiarizarse con sus leyes, las cosas que puedes y no puedes exigir; significa sentirse cómodo discutiendo con policías incluso frente a una audiencia ; pero aún sabiendo que nada de eso ayuda porque al final, son sus puños los que gobiernan, no tus supuestos derechos.

En el sector educativo, se han instaurado nuevas doctrinas que garantizan que los estudiantes sigan la versión «correcta» de la historia, o se enfrentarán a todo, desde malas calificaciones hasta la intervención policial. Mi universidad, la Universidad de Artes de Berlín, tuvo la dudosa fama de ser la primera en facilitar una campaña pública de desprestigio contra sus estudiantes por protestar contra el genocidio israelí en noviembre de 2023. La universidad mantuvo declaraciones de solidaridad con las víctimas israelíes en su sitio web principal, mientras que no ofreció ningún apoyo a los estudiantes palestinos y libaneses afectados por las agresiones en curso. 

El verano pasado, al hijo de un amigo palestino le dijeron que tendría que presentar su examen final, el examen del que dependía su graduación escolar, alrededor del 7 de octubre, pero tenía que ser desde una perspectiva sionista. Cualquier contexto histórico o cualquier simpatía hacia los palestinos le acarrearía un suspenso, declaró el profesor. Los padres de la clase, que incluía a varios niños palestinos y libaneses, así como a niños turcos y alemanes que no estaban de acuerdo con que el profesor les impusiera esta postura política, solicitaron una reunión de emergencia con el director y lograron cambiar el tema del examen.   

La iniciativa comunitaria » Archivo del Silencio » ha documentado más de 200 casos de silenciamiento de contenidos solidarios con Palestina en la educación, las artes y el panorama cultural en general. Sin embargo, apenas ha habido protestas, a pesar de los numerosos escándalos de corrupción que salen a la luz en torno a proyectos destinados a combatir el antisemitismo. Cualquier director de escuela y profesor universitario dirá cuánto valora (normalmente valora) la libertad académica; sin embargo, cualquier debate crítico sobre Israel, e incluso cualquier mención de Palestina, es el fin de todo. 

La escena artística, donde la disidencia debería encontrar su escenario más protegido, se ha quedado sin árabes que cancelar. Los directores de museos hablan de libertad artística mientras su personal censura la palabra genocidio .

Soy dramaturgo, poeta y escritor. El teatro es mi hogar, pero en Alemania ya no es mi santuario.

Mi primera obra, Baba Dein Herz (Baba, tu corazón), es una obra trilingüe profundamente política y a la vez personal sobre la realidad de las mujeres en Cisjordania, comisionada y creada con el Colectivo Ara Ara, a quien conocí mientras trabajaba en el Teatro Ashtar de Ramallah. En septiembre de 2023, varios teatros alemanes expresaron su interés e incluso ofrecieron financiación. Después del 7 de octubre, todas estas ofertas desaparecieron, sustituidas por el rechazo y el silencio. Al final, presentamos la obra en un pequeño escenario en Austria, porque no había ningún teatro en Alemania dispuesto a proyectarla.   

Ser árabe en Alemania significa arriesgar tu posición una y otra vez, luchando contra la práctica alemana de no hacer preguntas , con promesas eternas de seguimiento, investigaciones y mejoras en el futuro, pero ese futuro nunca llega. Significa encogerte y ni siquiera darte cuenta de que te estás empequeñeciendo.

Todos mis amigos árabes bromean sobre irse. Algunos no pueden hacerlo legalmente: una amiga refugiada anhela volver a casa y prefiere ser trans en Jordania porque «en nuestras tierras no somos Ausländers » (extranjeros), pero como refugiada, incluso una visita breve pondría en peligro su estatus de asilo y posiblemente la deportaría, lo que podría impedirle entrar en la mayor parte de Europa durante años. Otras ya se han ido.

Ser árabe en Alemania conlleva una profunda y desesperada alienación y una rabia ardiente contra una sociedad que continúa como si la violencia no existiera. Significa que nuestra simple existencia se ha politizado, y yo, por mi parte, estoy harta de ser el chivo expiatorio.

La académica palestino-alemana Anna Younes , quien fue objeto de un humillante y profundamente racista expediente sobre ella, creado por dos organizaciones antiantisemitas financiadas por el Estado, habla de cómo, como chivos expiatorios, somos a la vez hipervisibles e invisibles. Todo el mundo habla de nosotros, pero casi nadie se molesta en hablar con nosotros. El discurso ha cambiado constantemente, inventando nuevas amenazas y culpando a diario de viejos problemas a «los antisemitas», «los extranjeros», «los refugiados» y «los musulmanes». Y pregúntele a cualquier alemán: la imagen que evocará bajo esas frases es, inevitablemente, la de un árabe.

Observamos cómo se construye en tiempo real el racismo antipalestino y antimusulmán. Ya sean disturbios en Nochevieja, crímenes antisemitas (que siguen siendo el punto fuerte de la derecha) o la disolución del tejido social, donde hay un alemán, hay una forma de culpar a los árabes. 

Vivimos cada vez más en una sociedad paralela compuesta casi exclusivamente por migrantes, árabes y judíos antisionistas, junto con los pequeños contingentes de la población alemana que no ignoran con ceguera insensata los horrores que azotan nuestros países. Muchos días, hablo más inglés que alemán.

En secreto, cuando se les puede sacar la opinión a los alemanes en privado, admitirán a regañadientes que sí, que es horrible lo que está sucediendo, que es inadmisible la situación humanitaria, pero… pero… pero. Siempre hay un pero que les permite guardar silencio en público sobre lo que podrían admitir en privado. He roto a llorar cuando los alemanes mostraron inesperadamente compasión por la situación palestina, porque una parte de mí siempre está preparada para que el racismo se manifieste. 

“Ni siquiera me han arrestado tan a menudo”, les digo a mis amigos, solo para contar los incidentes y darme cuenta de que mi “no tan a menudo” equivale a más veces de las que puedo recordar. 

Vivimos aquí en la relativa comodidad del Norte Global mientras tenemos que lidiar con el hecho de que este país produce una gran cantidad de armas utilizadas para destruir países enteros. 

Ser árabe en Alemania conlleva una profunda y desesperada alienación y una rabia ardiente contra una sociedad que continúa como si la violencia no existiera. Significa que nuestra simple existencia se ha politizado, y yo, por mi parte, estoy harta de ser el chivo expiatorio." 

(Jara Nassar, Gaceta Crítica, 20/01/26, fuente Mondoweiss)