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15.6.26

Guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil... ¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? ¿Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales? El sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública... representa la posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital... La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales... Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados... PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. Pero desde la perspectiva del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante... Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino, lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital (Alejandro Marcó del Pont)

"¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? ¿Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales? (El Tábano Economista)

Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.

La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.

La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.

Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.

En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.

La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.

OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?

Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.

La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.

La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.

Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.

Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.

Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.

La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.

La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.

Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.

Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.

El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.

En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.

La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.

PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?

Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.

El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.

Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.

Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.

El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.

Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.

Vista desde esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.

Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global."

(Alejandro Marcó del Pont, blog, 14/06/26)

13.11.25

Una condición previa para que los países del Sur global ganen autonomía económica es la condonación de la deuda, como condición previa para la soberanía económica. Su elección hoy es, por lo tanto, entre pagar sus deudas externas—al costo de bloquear su propio desarrollo—o afirmar que estas deudas son odiosas e insistir en que sean canceladas... Su autodeterminación solo puede lograrse uniéndose en un frente colectivo. La agresión arancelaria de Donald Trump ha catalizado este proceso al reducir drásticamente el mercado estadounidense para las exportaciones de los países deudores, impidiéndoles obtener los dólares para pagar sus bonos y deudas bancarias, por lo que estos no se pagarán en ningún caso. El mundo ahora está ocupado desdolarizando... La crisis de deuda occidental actual, la desindustrialización y la utilización coercitiva de las sanciones comerciales y financieras bajo el sistema financiero internacional dolarizado, culminadas por la política arancelaria de "América Primero", han creado una necesidad urgente para que los países busquen colectivamente la soberanía económica para independizarse del control estadounidense y europeo de la economía internacional. El colectivo BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica+) acaba de comenzar a hablar sobre hacer tal intento. El éxito de China ha hecho que una alternativa global sea alcanzable... Mantener la creación de dinero y crédito en manos del estado a través del Banco Popular de China evita que los intereses financieros y otros rentistas tomen el control de la economía y la sometan a los gastos financieros que han caracterizado a las economías occidentales... Por eso se considera una amenaza existencial para el actual modelo bancario occidental (Michael Hudson)

 "Resumen: La retórica evangelizadora de los Estados Unidos describe la inminente fractura política y económica de la economía mundial como un "conflicto de civilización" entre democracias (países que apoyan la política de EE. UU.) y autocracias (naciones que actúan de manera independiente). Sería más preciso describir esta fractura como una lucha de los Estados Unidos y sus aliados occidentales contra la civilización.

El capitalismo industrial fue revolucionario en su lucha por liberar las economías y parlamentos de Europa de los privilegios hereditarios y los intereses creados que sobrevivieron del feudalismo. Para hacer que sus manufacturas fueran competitivas en los mercados mundiales, los industrialistas necesitaban poner fin al alquiler de tierras pagado a las aristocracias terratenientes de Europa, los alquileres económicos extraídos por los monopolios comerciales y los intereses pagados a los banqueros que no desempeñaban ningún papel en la financiación de la industria. Estos ingresos rentistas se suman a la estructura de precios de la economía, aumentando el salario vital y otros gastos empresariales, lo que reduce las ganancias.

El siglo XX vio cómo el objetivo clásico de eliminar estas rentas económicas se revirtió en Europa, Estados Unidos (EE.UU.) y otros países occidentales. Las rentas de la tierra y los recursos naturales en manos privadas siguen aumentando e incluso reciben ventajas fiscales especiales. La infraestructura básica y otros monopolios naturales están siendo privatizados por el sector financiero, que es en gran parte responsable de fragmentar y desindustrializar las economías en nombre de sus clientes inmobiliarios y monopolistas—quienes destinan la mayor parte de sus ingresos por alquiler como intereses a banqueros y tenedores de bonos.

Lo que ha sobrevivido de las políticas mediante las cuales las potencias industriales de Europa y los Estados Unidos construyeron su propia manufactura es el libre comercio. Gran Bretaña implementó el libre comercio después de una lucha de 30 años en nombre de su industria contra la aristocracia terrateniente. Esto tenía como objetivo poner fin a los aranceles agrícolas proteccionistas—las leyes del maíz—promulgadas en 1815 para evitar la apertura del mercado interno a las importaciones de alimentos a bajo precio, lo que habría reducido los alquileres agrícolas. Después de derogar estas leyes en 1846, para reducir el costo de vida, Gran Bretaña ofreció acuerdos de libre comercio a los países que buscaban acceso a su mercado a cambio de que estos no protegieran su industria contra las exportaciones británicas. El objetivo era disuadir a los países menos industrializados de procesar sus propias materias primas.

En tales países, los inversores extranjeros de Europa buscaban comprar recursos naturales que generaran rentas, encabezados por derechos minerales y de tierras, y la infraestructura básica encabezada por ferrocarriles y canales. Esto creó un contraste diamétrico entre la evitación de la renta en las naciones industriales y la búsqueda de renta en sus colonias y otros países anfitriones, mientras los banqueros europeos utilizaban el apalancamiento de la deuda para obtener el control fiscal de las antiguas colonias que habían ganado la independencia en los siglos XIX y XX. Bajo la presión de pagar las deudas extranjeras acumuladas para financiar sus déficits comerciales, intentos de desarrollo y creciente dependencia de la deuda, los países deudores se vieron obligados a ceder el control fiscal de sus economías a los tenedores de bonos, bancos y gobiernos de naciones acreedoras, presionándolos para privatizar sus monopolios de infraestructura básica. El efecto fue impedirles utilizar los ingresos de sus dotaciones naturales para desarrollar una base económica amplia para un desarrollo próspero.

Así como Gran Bretaña, Francia y Alemania intentaron liberar sus economías del legado de intereses creados con privilegios de extracción de rentas del feudalismo, la mayoría de los países de la mayoría global de hoy necesitan liberarse de la carga de rentas y deudas heredadas del colonialismo europeo y del control de los acreedores. Para la década de 1950, a estos países se les llamaba "menos desarrollados" o, incluso de manera más condescendiente, "en desarrollo". Pero la combinación de la deuda externa y el libre comercio les ha impedido desarrollarse a lo largo de las líneas equilibradas de lo público y lo privado que siguieron Europa Occidental y los Estados Unidos. La política fiscal y otras legislaciones de estos países han sido moldeadas por la presión de Estados Unidos y Europa para observar las reglas de comercio e inversión internacionales, lo que perpetúa la dominación geopolítica de sus banqueros e inversores extractores de rentas con el fin de controlar su patrimonio nacional.

El eufemismo "economía huésped" es apropiado para estos países porque la penetración económica occidental en ellos se asemeja a un parásito biológico que se alimenta de su huésped. Buscando mantener esta relación, los gobiernos occidentales están bloqueando los intentos de estos países de seguir el camino que las naciones industriales de Europa y los Estados Unidos tomaron para sus propias economías, con sus reformas políticas y fiscales del siglo XIX, que impulsaron su despegue. Estos países "en desarrollo" necesitan adoptar reformas fiscales y políticas para fortalecer su soberanía y perspectivas de crecimiento sobre la base de su patrimonio nacional de tierras, recursos naturales e infraestructura básica. De lo contrario, la economía mundial seguirá bifurcada entre las naciones rentistas occidentales y sus anfitriones de la mayoría global, sometidos a la ortodoxia neoliberal.
Éxito del modelo chino: Amenaza al Orden Neoliberal

Los líderes políticos en los EE. UU. señalan a China como un enemigo existencial de Occidente, no principalmente debido a su amenaza militar, sino porque China ofrece una alternativa económica exitosa al orden mundial neoliberal patrocinado por EE. UU. en la actualidad. Este orden se suponía que representaba el fin de la historia y su lógica de libre comercio, desregulación gubernamental e inversión internacional sin controles de capital, y no un desvío de las políticas anti-rentista del capitalismo industrial. Ahora podemos ver la absurdidad en esta visión evangélica autocomplaciente que ha surgido justo cuando las economías occidentales se están desindustrializando debido a las dinámicas de su propio capitalismo financiero postindustrial. Los intereses financieros y otros intereses rentistas están rechazando no solo a China, sino también la lógica del capitalismo industrial tal como la describieron sus propios economistas clásicos del siglo XIX.

Los observadores neoliberales occidentales han cerrado los ojos a reconocer las formas en que el "socialismo con características chinas" de China ha logrado su éxito mediante una lógica similar a la del capitalismo industrial defendido por los economistas clásicos para minimizar los ingresos de los rentistas. La mayoría de los escritores económicos de finales del siglo XIX esperaban que el capitalismo industrial evolucionara hacia el socialismo de una forma u otra a medida que aumentara el papel de la inversión pública y la regulación. Liberar a las economías y sus gobiernos del control de los terratenientes y acreedores era el denominador común del socialismo socialdemócrata de John Stuart Mill, el socialismo libertario de Henry George centrado en el impuesto sobre la tierra, y el socialismo cooperativo de ayuda mutua de Peter Kropotkin, así como el marxismo.

Donde China ha ido más allá que las reformas anteriores de economías mixtas socialistas ha sido en mantener la creación de dinero y crédito en manos del gobierno, junto con la infraestructura básica y los recursos naturales. El miedo a que otros gobiernos sigan el ejemplo de China ha llevado a los ideólogos del capital financiero de EE. UU. y otros países occidentales a ver a China como una amenaza que puede proporcionar un modelo para reformas económicas, que son precisamente lo opuesto a lo que la ideología pro-rentista y anti-gobierno del siglo XX defendía.

La carga de la deuda externa adeudada a los EE. UU. y otros acreedores occidentales, y facilitada por las reglas geopolíticas internacionales de 1945-2025 diseñadas por los diplomáticos estadounidenses en Bretton Woods en 1944, obliga al Sur Global y a otros países a recuperar su soberanía económica liberándose de su carga bancaria y financiera extranjera (principalmente dolarizada). Estos países también tienen el mismo problema de renta de la tierra que enfrentó el capitalismo industrial de Europa, pero sus rentas de la tierra y los recursos son propiedad de empresas multinacionales, otros apropiadores extranjeros y plantaciones latifundistas que extraen rentas de los recursos vaciando los recursos de petróleo y minerales del mundo y talando sus bosques.

Gravar la Renta Económica como Precondición para la Soberanía

Una condición previa para que los países del Sur global ganen autonomía económica es seguir el consejo de los economistas clásicos y gravar las principales fuentes de ingresos por alquiler—la renta de la tierra, la renta de monopolio y los rendimientos financieros—en lugar de permitir que se envíen al extranjero. Gravar estas rentas ayudaría a estabilizar su balanza de pagos mientras proporciona a sus gobiernos ingresos para financiar sus necesidades de infraestructura y el gasto social relacionado necesario para subsidiar su modernización económica. Así es como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos establecieron su propia supremacía industrial, agrícola y financiera. Esta no es una política socialista radical. Siempre ha sido un elemento central del desarrollo capitalista industrial.

Recapturar las rentas de la tierra y los recursos naturales de un país como su base fiscal le permitiría evitar gravar el trabajo y la industria. Un país no necesitaría nacionalizar formalmente sus tierras y recursos naturales de manera absoluta. Simplemente necesita gravar la renta económica por encima de los "beneficios ganados" reales. Para citar el principio de Adam Smith y sus sucesores del siglo XIX, esta renta es la base impositiva natural. Pero la ideología neoliberal llama a tal tributación de la renta, y a la regulación de monopolios u otros fenómenos del mercado, una interferencia intrusiva en el "mercado libre".

Esta defensa de los ingresos rentistas invierte la definición clásica de un mercado libre. Los economistas clásicos definieron un mercado libre como aquel libre de renta económica, no como uno libre para la extracción de renta económica, y mucho menos como la libertad para que los gobiernos de las naciones acreedoras creen un "orden basado en reglas" para facilitar la extracción de renta extranjera y sofocar el desarrollo de los países anfitriones dependientes financieramente y del comercio.

La condonación de la deuda como condición previa para la soberanía económica

La lucha de los países para liberarse de su carga de deuda externa es mucho más difícil que la lucha de Europa en el siglo XIX para acabar con los privilegios de su aristocracia terrateniente (y menos exitosamente, de sus banqueros), porque tiene un alcance internacional. También se enfrenta ahora a una alianza de naciones acreedoras para mantener el sistema de colonización financiera creado hace dos siglos, cuando las antiguas colonias buscaron su independencia política pidiendo préstamos a banqueros extranjeros. A partir de la década de 1820, las regiones recién independizadas desde Haití, México y América Latina hasta Grecia, Túnez, Egipto y otras antiguas colonias otomanas lograron una libertad política nominal del control colonialista.

Pero para desarrollar su propia industria, tuvieron que asumir deuda extranjera—en la que casi inmediatamente incumplieron, lo que permitió a sus acreedores establecer autoridades monetarias encargadas de su política fiscal. Los gobiernos de estos países se convirtieron en agentes de cobranza para los banqueros internacionales a finales del siglo XIX. La dependencia financiera de los banqueros y tenedores de bonos reemplazó la dependencia colonial, obligando a los países deudores a dar prioridad fiscal a los acreedores extranjeros.

La Segunda Guerra Mundial permitió a muchos de estos países acumular reservas monetarias extranjeras sustanciales como resultado de suministrar materias primas a los beligerantes. Pero el orden postbélico diseñado por los diplomáticos estadounidenses basado en el libre comercio y los movimientos de capitales libres drenó estos ahorros, y obligó al Sur global y a otros países a endeudarse para cubrir sus déficits comerciales. Las deudas externas resultantes pronto llegaron a exceder la capacidad de estos países para pagar—es decir, para pagar sin rendirse a las demandas destructivas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de austeridad que bloqueaban la inversión necesaria para aumentar su productividad y niveles de vida. No había manera de que pudieran satisfacer sus propias necesidades de desarrollo para invertir en infraestructura básica y proporcionar subsidios industriales y agrícolas, educación y atención médica públicas, y otros gastos sociales básicos que caracterizaban a las principales naciones industriales. Esto sigue siendo así.

Su elección hoy es, por lo tanto, entre pagar sus deudas externas—al costo de bloquear su propio desarrollo—o afirmar que estas deudas son odiosas e insistir en que sean canceladas. La cuestión es si los países deudores obtendrán la soberanía que se supone debe caracterizar una economía internacional de iguales, libre del control postcolonial extranjero sobre sus políticas fiscales y comerciales, así como sobre su patrimonio nacional.

Su autodeterminación solo puede lograrse uniéndose en un frente colectivo. La agresión arancelaria de Donald Trump ha catalizado este proceso al reducir drásticamente el mercado estadounidense para las exportaciones de los países deudores, impidiéndoles obtener los dólares para pagar sus bonos y deudas bancarias, por lo que estos no se pagarán en ningún caso. El mundo ahora está ocupado desdolarizando.

La necesidad de crear una alternativa al orden mundial centrado en Estados Unidos después de la guerra se expresó en 1955 en la Conferencia de Bandung de Países No Alineados en Indonesia. Pero les faltaba una masa crítica de autosuficiencia entre ellos para actuar juntos. Los intentos de crear un Nuevo Orden Económico Internacional en la década de 1960 enfrentaron el mismo problema. Los países no eran lo suficientemente fuertes industrial, agrícola o financieramente como para "hacerlo solos."

La crisis de deuda occidental actual, la desindustrialización y la utilización coercitiva de las sanciones comerciales y financieras bajo el sistema financiero internacional dolarizado, culminadas por la política arancelaria de "América Primero", han creado una necesidad urgente para que los países busquen colectivamente la soberanía económica para independizarse del control estadounidense y europeo de la economía internacional. El colectivo BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica+) acaba de comenzar a hablar sobre hacer tal intento.

El éxito de China ha hecho que una alternativa global sea alcanzable.

El gran catalizador para que los países tomen el control de su desarrollo nacional ha sido China. Como se indicó anteriormente, su socialismo industrial ha logrado en gran medida el objetivo clásico del capitalismo industrial de minimizar los gastos de los rentistas, sobre todo mediante la creación pública de dinero para financiar el crecimiento tangible. Mantener la creación de dinero y crédito en manos del estado a través del Banco Popular de China evita que los intereses financieros y otros rentistas tomen el control de la economía y la sometan a los gastos financieros que han caracterizado a las economías occidentales. La exitosa alternativa de China para asignar crédito evita obtener ganancias puramente financieras a expensas de la formación de capital tangible y los niveles de vida. Por eso se considera una amenaza existencial para el actual modelo bancario occidental.

Los sistemas financieros occidentales están supervisados por bancos centrales que han sido independizados del tesoro y de la "interferencia" regulatoria del gobierno. Su papel es proporcionar liquidez al sistema bancario comercial a medida que crea deuda generadora de intereses—principalmente con el propósito de generar riqueza financieramente mediante el apalancamiento de la deuda (inflación de precios de activos), no para la formación de capital productivo.

Las ganancias de capital—el aumento de precios de la vivienda y otros bienes raíces, acciones y bonos—son mucho mayores que el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Pueden ser generadas fácilmente y rápidamente por los bancos, creando más crédito para aumentar los precios para los compradores de estos activos. En lugar de que el sistema financiero se industrializara, las corporaciones industriales occidentales se han financiero, y eso ha ocurrido de tal manera que ha desindustrializado las economías de EE. UU. y Europa.

La riqueza financiarizada puede generarse sin formar parte del proceso de producción. Los intereses, los cargos por demora, otras tarifas financieras y las ganancias de capital no son un "producto", pero se cuentan como tales en las estadísticas del PIB de hoy en día. Los cargos por mantenimiento de la creciente carga de deuda son transferencias al sector financiero, por parte de los trabajadores y las empresas, a partir de los salarios y las ganancias obtenidas por la producción real. Esto reduce el ingreso disponible para gastar en los productos producidos por el trabajo y el capital, dejando a las economías endeudadas y desindustrializadas.
Estrategia de las Naciones Acreedoras-Rentistas

La estrategia más amplia para evitar que los países eludan la carga rentista ha sido librar una campaña ideológica, desde el sistema educativo hasta los medios de comunicación masivos. El objetivo es controlar la narrativa de tal manera que se represente al gobierno como un Leviatán opresor, una autocracia inherentemente burocrática. La "democracia" occidental no se define tanto políticamente como económicamente, como un mercado libre cuyos recursos son asignados por un sector bancario y financiero independiente de la supervisión regulatoria. Los gobiernos lo suficientemente fuertes como para limitar la riqueza financiera y de otros rentistas en interés público son demonizados como autocracias o "economías planificadas", como si trasladar el crédito y la asignación de recursos a los centros financieros de Wall Street, Londres, París y Japón no resultara en una economía planificada por el sector financiero en su propio interés, con el objetivo de crear fortunas monetarias, no de mejorar la economía general y los niveles de vida.

Los funcionarios y administradores de la mayoría global que han estudiado economía en universidades de EE. UU. y Europa han sido adoctrinados con una ideología pro-rentista sin valores (es decir, sin alquileres) para enmarcar la manera en que piensan sobre el funcionamiento de las economías. Esta narrativa excluye la consideración de cómo la deuda polariza las economías al crecer exponencialmente con intereses compuestos. También está excluido de la lógica económica convencional el contraste clásico entre el crédito e inversión productivos y no productivos, y la distinción relacionada entre ingresos ganados (salarios y beneficios, los principales componentes del valor) e ingresos no ganados (renta económica).

Más allá de esta campaña ideológica, la diplomacia neoliberal utiliza la fuerza militar, el cambio de régimen y el control de las principales burocracias internacionales asociadas con las Naciones Unidas (ONU), el FMI y el Banco Mundial (y una red más encubierta de organizaciones no gubernamentales [ONGs]) para evitar que los países se retiren de las reglas fiscales pro-rentista y las leyes pro-acreedor de hoy en día. Estados Unidos ha tomado la delantera en el uso de la fuerza y el cambio de régimen contra los gobiernos que gravarían o limitarían de alguna otra manera la extracción de rentas.

Cabe señalar que ningún socialista temprano (excepto los anarquistas) abogó por la violencia en la búsqueda de sus reformas. Han sido los intereses creados—reacios a aceptar la pérdida de los privilegios que son la base de sus fortunas—quienes no han dudado en usar la violencia para defender su riqueza y poder contra los intentos de reforma que buscan limitar sus privilegios.

Para ser soberanas, las naciones deben crear una alternativa que les permita hacerse cargo de su propio desarrollo económico, monetario y político. Pero la diplomacia estadounidense considera cualquier intento de llevar a cabo las reformas políticas y fiscales necesarias y una fuerte autoridad reguladora gubernamental como una amenaza existencial al control estadounidense sobre las finanzas y el comercio internacionales. Esto plantea la cuestión de si es posible lograr reformas y una economía pública fuerte sin guerra. Es natural que los países se pregunten si pueden lograr la soberanía económica sin una revolución, como la que lucharon la Unión Soviética, China y otros países para poner fin a su dominación por parte de su clase terrateniente y acreedora apoyada por extranjeros.

La única manera de proteger la soberanía económica contra las amenazas militares es unirse a una alianza de apoyo mutuo, ya que los países individuales pueden ser aislados de la manera en que lo han sido Cuba, Venezuela e Irán. Como dijo Benjamin Franklin: "Si no nos unimos, nos ahorcaremos por separado."

Los escritores estadounidenses caracterizan el intento de otros países de unirse para lograr la soberanía económica como una guerra civilizacional. Aunque este es, de hecho, un concurso civilizacional, son los Estados Unidos y sus aliados los que están llevando a cabo una agresión contra los países que intentan retirarse de un sistema que les ha proporcionado un enorme flujo de rentas económicas y servicio de deuda de los países anfitriones sujetos a la diplomacia respaldada por Estados Unidos.

De la ocupación colonial europea al colonialismo financiero centrado en EE.UU.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la era del colonialismo estatal de colonos dio paso al colonialismo financiero, con la economía internacional dolarizada bajo el liderazgo de Estados Unidos. Las reglas de Bretton Woods establecidas en 1945 permitieron a las corporaciones multinacionales mantener las rentas económicas de la tierra, los recursos naturales y la infraestructura pública fuera del alcance fiscal doméstico. Los gobiernos se redujeron al papel de actuar como agentes de cobro para los acreedores extranjeros y como protectores de los inversores extranjeros de los intentos democráticos de gravar la riqueza rentista.

Estados Unidos pudo convertir el comercio mundial en un arma al monopolizar las exportaciones de petróleo por parte de empresas petroleras estadounidenses y aliadas (las Siete Hermanas), mientras que el proteccionismo agrícola estadounidense y europeo y la política de "ayuda" del Banco Mundial dirigieron a los países con déficit alimentario a centrarse en cultivos de plantación tropical en lugar de granos para alimentarse. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 del presidente Bill Clinton con México inundó su mercado con exportaciones agrícolas estadounidenses a bajo precio (altamente subsidiadas por un fuerte apoyo gubernamental). La producción de granos en México se desplomó, dejándolo dependiente de alimentos.

Para bloquear a los gobiernos de gravar o incluso multar a los inversores extranjeros para recuperar compensaciones por daños en sus países, las potencias rentistas de hoy han creado tribunales de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS) que exigen a los gobiernos compensar a los inversores extranjeros por el aumento de impuestos o la imposición de regulaciones que reduzcan los ingresos de propiedad extranjera. [1] Esto bloquea la soberanía nacional, incluyendo la prevención de que los países anfitriones puedan gravar la renta económica de sus tierras y recursos naturales propiedad de extranjeros. El efecto es que estos recursos se convierten en parte de la economía de la nación inversora, no de la suya propia. [2]

Otras naciones permitieron que Estados Unidos dictara el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, prometiendo generosa ayuda para apoyar el libre comercio, la paz y la soberanía nacional poscolonial, tal como se establece en la Carta de la ONU. Pero Estados Unidos derrochó su riqueza en gastos militares en el extranjero y en una adicción a la riqueza financiera en casa. Esto ha dejado el poder postindustrial de América basado principalmente en su capacidad para causar daño a otros países con el caos si no aceptan el "orden basado en reglas" diseñado para extraer tributo de ellos.

Estados Unidos impone aranceles proteccionistas y cuotas de importación a su antojo, y subsidia la agricultura y las tecnologías clave como posibles monopolios globales de alta tecnología, mientras prohíbe a otros países implementar tales políticas "socialistas" o "autocráticas" para volverse más competitivos. El resultado es un doble rasero en el que el "orden basado en reglas" de EE. UU. (sus propias reglas) reemplaza la adhesión al derecho internacional.

La política de apoyo a los precios agrícolas de EE. UU., iniciada bajo Franklin Roosevelt en la década de 1930, proporciona un buen ejemplo de sus dobles raseros. Hizo de la agricultura el sector más subvencionado y protegido. Se convirtió en el modelo para la Política Agrícola Común (PAC) de la Comunidad Económica Europea, introducida en 1962. Pero la diplomacia estadounidense se opone a los intentos de otros países, especialmente los del Sur Global, de imponer sus propios subsidios proteccionistas y cuotas de importación destinadas a lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos básicos, mientras que la "ayuda crediticia" de EE. UU. y el Banco Mundial han (como se indicó anteriormente) apoyado la exportación de cultivos de plantaciones tropicales por parte de los países del Sur Global a través de préstamos para el transporte y el desarrollo portuario. La política de EE. UU. se ha opuesto consistentemente a la agricultura familiar y la reforma agraria en toda América Latina y otros países del Sur Global, a menudo con violencia.

No es sorprendente que, dado que Rusia ha sido durante mucho tiempo el principal adversario militar de Estados Unidos, haya tomado la delantera en protestar contra el orden unipolar estadounidense. Abogando por una alternativa multipolar al orden neoliberal de EE. UU. en 2023, el Ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov describió la subordinación económica poscolonial de los países que lograron la independencia política del dominio colonialista en los siglos XIX y XX, pero que ahora enfrentan la próxima tarea necesaria para completar su liberación.

Nuestros amigos africanos están prestando cada vez más atención al hecho de que sus economías enteras todavía se basan en gran medida en el desvío de recursos naturales de estos países. De hecho, todo el valor añadido es producido y embolsado por las antiguas metrópolis occidentales y otros miembros de la Unión Europea y la OTAN.

Occidente está utilizando sanciones unilaterales ilegales, que cada vez más se convierten en el presagio de un ataque militar, como ha sucedido en Yugoslavia, Irak y Libia y ahora está sucediendo en Irán, así como los instrumentos de competencia desleal, iniciando guerras arancelarias, apoderándose de los activos soberanos de otros países y aprovechándose del papel de sus monedas y sistemas de pago. El propio Occidente ha enterrado el modelo de globalización, que desarrolló después de la Guerra Fría para promover sus intereses. [3]

Marco Rubio hizo el mismo comentario en las audiencias del Senado de EE. UU. para confirmarlo como Secretario de Estado de Donald Trump, explicando que "el orden global de la posguerra no solo está obsoleto, ahora se está utilizando en nuestra contra." [4]
Violando las reglas del comercio e inversión exterior que los propios Estados Unidos dictaron en 1945, en otro caso más de que los Estados Unidos recurran al "orden basado en reglas" de sus propias reglas, los aranceles unilaterales del presidente Trump tenían como objetivo tanto trasladar los costos militares de la nueva Guerra Fría a otros países—que se esperaba compraran armas estadounidenses y proporcionaran ejércitos proxy—como obligar a los países a permitir que las empresas estadounidenses extrajeran rentas monopólicas sobre las principales tecnologías emergentes para reemplazar su poder industrial perdido.

Estados Unidos busca imponer derechos de monopolio y privilegios rentistas relacionados, exclusivamente favorables para sí mismo, en todo el comercio e inversión mundial. La diplomacia de América Primero de Trump exige que otros países realicen sus relaciones comerciales, de pagos y de deuda en dólares estadounidenses en lugar de sus propias monedas. La "regla de derecho" de EE. UU. es aquella que permite las demandas unilaterales de EE. UU. para imponer sanciones comerciales y financieras que dictan cómo y con quién pueden comerciar e invertir los países extranjeros. Se les amenaza con caos económico y la confiscación de sus reservas en dólares si no boicotean las relaciones comerciales y de inversión con Rusia, China y otros países que se niegan a someterse al control de EE. UU.

La influencia de Estados Unidos para obtener estas concesiones extranjeras ya no es el liderazgo industrial y la fortaleza financiera, sino su capacidad para causar caos en otros países. Al afirmar ser la nación indispensable, la capacidad de EE. UU. para interrumpir el comercio está acabando con su antiguo poder monetario y diplomático internacional. Ese poder originalmente se basaba en sus tenencias de las mayores reservas monetarias de oro del mundo en 1945, su estatus como la mayor nación acreedora y economía industrial, y después de 1971, su hegemonía del dólar—que surgió en gran parte como resultado de que su mercado financiero era el más seguro para que otras naciones mantuvieran sus reservas monetarias oficiales.

La inercia diplomática creada por estas ventajas anteriores ya no refleja las realidades de 2025. Lo que los funcionarios estadounidenses sí tienen es la capacidad de interrumpir el comercio mundial, las cadenas de suministro y los arreglos financieros, incluido el sistema de Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) de compensación bancaria de pagos internacionales. La confiscación por parte de Estados Unidos y Europa de 300 mil millones de dólares de los depósitos monetarios de Rusia ha oscurecido su reputación de seguridad financiera, mientras que sus crónicos déficits comerciales y de balanza de pagos amenazan con desestabilizar la estabilidad monetaria internacional y el libre comercio que lo convirtieron en el principal beneficiario del orden mundial de 1945-2025.

De acuerdo con el principio de soberanía nacional y no interferencia en los asuntos internos de otros países que subyace en la creación de la ONU (el principio básico del derecho internacional fundamentado en la Paz de Westfalia de 1648), el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, describió (en su discurso citado anteriormente) la necesidad de "establecer mecanismos de comercio exterior [que] el Occidente no podrá controlar, como corredores de transporte, sistemas de pago alternativos y cadenas de suministro." Como ejemplo de cómo Estados Unidos había paralizado la Organización Mundial del Comercio (OMC), que había creado sobre la base del libre comercio en una época en que Estados Unidos era la principal potencia exportadora del mundo, explicó:

"Cuando los estadounidenses se dieron cuenta de que el sistema globalizado que habían creado—uno basado en la competencia justa, los derechos de propiedad inviolables, la presunción de inocencia y principios similares, y que les había permitido dominar durante décadas—también había comenzado a beneficiar a sus rivales, principalmente a China, tomaron medidas drásticas." Como China comenzó a superarlos en su propio terreno y según sus propias reglas, Washington simplemente bloqueó el Órgano de Apelación de la OMC. Al despojarlo artificialmente de un quórum, inactivaron este mecanismo clave de resolución de disputas—y sigue inactivo hasta el día de hoy.

Estados Unidos ha podido bloquear la oposición extranjera a sus políticas nacionalistas al tener poder de veto en la ONU, el FMI y el Banco Mundial. Incluso sin tal poder, los diplomáticos estadounidenses han podido bloquear a las organizaciones de la ONU para que actúen independientemente de los deseos de Estados Unidos al negarse a nombrar líderes o jueces que no sean principalmente leales a su política exterior. [5] El mundo ya no debe ser gobernado por el derecho internacional, sino por las reglas unilaterales de Estados Unidos, sujetas a cambios abruptos dependiendo de las vicisitudes del poder económico o militar estadounidense (o de su pérdida). Como describió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este nuevo estado de cosas en 2022: “Los países occidentales han estado diciendo durante siglos que traen libertad y democracia a otras naciones,” sin embargo, “el mundo unipolar es inherentemente antidemocrático y no libre; es falso e hipócrita hasta la médula.” [6]

La autoimagen de los Estados Unidos describe su prolongada posición dominante en el mundo como un reflejo de su democracia, mercado libre e igualdad de oportunidades, que ha permitido a su élite de poder, según su perspectiva, adquirir su estatus al ser los miembros más productivos de la economía, a través de su gestión y asignación de ahorros y crédito. La realidad es que Estados Unidos se ha convertido en una oligarquía rentista, cada vez más hereditaria. Las fortunas de sus miembros se hacen principalmente adquiriendo activos que generan rentas (tierras, recursos naturales y monopolios) sobre los cuales obtienen ganancias de capital, mientras que pagan la mayor parte de su renta como interés a sus banqueros, quienes terminan con gran parte de estas rentas y se convierten en la nueva clase directiva de la oligarquía.
En resumen

El verdadero conflicto sobre qué tipo de sistema económico y político tendrá la mayoría global está ganando impulso. Los países del Sur Global y otros se han visto tan profundamente endeudados que se han visto obligados a vender su infraestructura pública para pagar sus costos de mantenimiento. Recuperar el control de sus recursos naturales e infraestructura básica requiere el derecho fiscal de imponer un impuesto sobre la renta económica a sus tierras, recursos naturales y monopolios, así como el derecho legal de recuperar los costos de limpieza ambiental causados por empresas extranjeras de petróleo y minería, y los costos de limpieza financiera por la carga de la deuda externa impuesta por los acreedores que no han asumido la responsabilidad de garantizar que sus préstamos puedan pagarse bajo las condiciones existentes.

La retórica evangelizadora de EE. UU. describe la inminente fractura política y económica de la economía mundial como un "conflicto de civilización" entre democracias (países que apoyan la política de EE. UU.) y autocracias (naciones que actúan de manera independiente). Sería más preciso describir esta fractura como una lucha de los EE.UU. y sus aliados europeos y otros aliados occidentales contra la civilización, asumiendo que la civilización implica, como parece que debe, el derecho soberano de los países a promulgar sus propias leyes y sistemas fiscales en beneficio de sus propias poblaciones dentro de un sistema internacional que tenga un conjunto común de reglas y valores básicos.

Lo que los ideólogos occidentales llaman democracia y mercados libres ha resultado ser un imperialismo financiero-rentista agresivo. Y lo que ellos llaman autocracia es un gobierno lo suficientemente fuerte como para prevenir la polarización económica entre una clase rentista superrica y una población empobrecida en general, como está ocurriendo dentro de las propias oligarquías occidentales.

Notas

[1] Proporciono los detalles y la discusión en el Capítulo 7 de El Destino de la Civilización (ISLET 2022).

[2] La compañía petrolera saudí, Aramco, por ejemplo, no era una filial corporativa distinta, sino una sucursal de Standard Oil de Nueva York (ESSO). Esta sutileza legal significaba que sus ingresos y gastos se consolidaban en el balance general de la empresa matriz en Estados Unidos. Esto le permitió recibir un crédito fiscal por la "deducción por agotamiento" del petróleo, lo que hacía que la empresa estuviera efectivamente libre del impuesto sobre la renta en EE. UU., aunque el petróleo que se estaba agotando era el saudí.

[3] Declaraciones y respuestas a preguntas del Ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov en el 11º Foro Internacional de Lecturas Primakov, Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Moscú, 24 de junio de 2025, https://mid.ru/en/press_service/video/view/2030626/

[4] Marco Rubio, testimonio del 15 de enero de 2025, https://www.state.gov/opening-remarks-by-secretary-of-state-designate-marco-rubio-before-the-senate-foreign-relations-committee

[5] La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), encargada de mantener bajo control la proliferación nuclear, es el caso más reciente y notorio. Su líder, Grossi, proporcionó a la inteligencia estadounidense e israelí los nombres de los científicos iraníes que fueron asesinados y detalles de los sitios de refinamiento nuclear iraníes que fueron bombardeados. El veto de Estados Unidos ha impedido que casi toda la ONU condene los ataques israelíes contra la población palestina. Y cuando la Corte Penal Internacional (CPI) presentó cargos contra Benjamin Netanyahu por ser un criminal de guerra por llevar a cabo el genocidio de Israel contra los palestinos, los funcionarios estadounidenses exigieron la destitución del juez.

[6] Vladimir Putin, discurso del 30 de septiembre de 2022 tras la firma de los tratados sobre la adhesión de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk y las regiones de Zaporozhye y Jersón a Rusia, http://en.kremlin.ru/events/president/news/69465 " 

(, PRIME, 04/11/25, traducción Quillbot)

14.5.25

Un banco postal en cada rincón de España. Cómo hacerlo posible. Propuestas y debate... España es un caso anómalo en Europa: no tiene banca pública, ni cajas de ahorro en la práctica. Pero tenemos a Correos, que es una empresa pública, con 2.388 oficinas digitalizadas y un total de 8.267 puntos de atención al público... El banco postal será público, de todos, porque Correos es una sociedad mercantil pública, lo que justifica la participación de los ciudadanos en su gestión... es indispensable que los trabajadores tengan la vocación de servidores públicos y que crean en su misión de sacar adelante ese banco postal. Por eso, los trabajadores tendrán que pasar una prueba que capte esa sensibilidad hacia lo público... La libreta A francesa es un ejemplo de cuenta de ahorros que recoge unos 500.000 millones de euros, que se remuneran al 3% y que está destinada principalmente a la economía social y solidaria y a préstamos a la vivienda social en alquiler (Aurora Martínez Hernández. Coordinadora de la Plataforma por una Banca Pública)

 "El 23 de abril tuvo lugar en el Centro de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid una jornada de la Plataforma por una Banca Pública con el título «Un banco postal en cada rincón de España. De todos. para todos. Cómo hacerlo posible. Propuestas y debate» y ese fue el objeto de esta presentación, dirigida de forma especial a los sindicatos y trabajadores de Correos. Porque el objetivo de la reunión era que sirviera para promover e impulsar la creación de un banco postal en España, tan necesario…y sobre todo, posible.

Porque ¿Cómo no va a salir adelante un banco que llegue a todos los rincones de España, que se va a financiar principalmente con los ahorros de los ciudadanos (no con fondos extranjeros),  que va a invertir en las verdaderas necesidades de sus ciudadanos y que los bancos desatienden, y que no va a pagar sueldos millonarios a sus directivos, ni dividendos a los accionistas, que tiene que ser  eficaz, como exige el artículo 103 de la Constitución Española, guiado por los principios de la banca ética y los de la antigua Caja postal y siendo sus trabajadores verdaderos servidores públicos, unidos en su misión de sacar adelante ese banco postal? 

El sistema financiero español, contexto del deseado banco postal.

España es un caso anómalo en Europa: no tiene banca pública, ni cajas de ahorro en la práctica. Pero tenemos a Correos, que es una empresa pública, con 2.388 oficinas digitalizadas y un total de 8.267 puntos de atención al público.  

Las consecuencias de  esa anomalía del sistema financiero español se traduce en la existencia de un oligopolio bancario, lo que supone un riesgo de inestabilidad financiera (Santander, BBVA, CaixaBank  y Sabadell copan el 75% de los depósitos), incapacidad de fomentar el ahorro, exclusión financiera y territorial, abandono del medio rural, y falta de inversiones. Esta falta de inversiones se dan tanto en la economía real (pymes y autónomos), como en proyectos capaces  de satisfacer necesidades estratégicas del país, no cubiertas por los bancos. Ejemplos tenemos: gestión de los bosques para evitar los fuegos, infraestructuras del agua, para poder regar en caso de sequía;  rehabilitación de viviendas rurales, recuperación de trenes locales o la industria de la lana de oveja, que actualmente se tira. Antonio Turiel propone garantizar las cosas más simples y imprescindibles, como es el suministro de alimentos y el agua limpia, relocalizar el trabajo o trabajar con materiales de proximidad.

La conclusión es que necesitamos un banco postal, con un mandato de servicio público recogido en una Ley con un doble objetivo: por una parte asegurar el acceso a todos los ciudadanos a los servicios básicos de banca minorista y, por otro, obtener beneficio para contribuir a la  sostenibilidad económica de Correos.

Características del banco postal.

Comentaremos tres características: Fomentar el ahorro, descentralización y gestión democrática y control social. 

Hutchinson en su libro «Why and how britain developed the industrial revolution» explica cómo el ahorro que generaron las  800 «saving banks» en Gran Bretaña permitió la revolución industrial (en la segunda mitad del siglo XVIII). Así mismo, la Caisse des Depots et Consignations en Francia y la Cassa  Deposite e Prestiti en Italia permitieron en el siglo XIX financiar el desarrollo de esos países.  También nuestra Caja Postal tuvo esa capacidad de generar ahorro, y teniendo un tamaño mucho menor que el de los grandes bancos, su cuota de mercado -el 19% -era mucho mayor que la de ellos y con rentabilidades de hasta el 39%.

¡Y ahora, en los informes Dragui, Letta y OCDE  descubren que Europa necesita más ahorro ciudadano, asegurado por el Estado y bien remunerado para financiar la transición verde y tecnológica, aumentar la productividad y no depender de la financiación extranjera!. Y un banco postal es el mejor instrumento para asegurar ese ahorro nacional, porque los bancos tradicionales no invierten correctamente los ahorros. 

Sobre la descentralización, decir que tanto las «saving banks» como las cajas de ahorro o las Sparkassen han sido esencialmente regionales y rurales. Y sobre la gestión democrática y el control social, el banco postal deberá tener dos órganos de gobierno: un Consejo de Administración y Supervisión y una Junta Directiva. El Consejo de Administración será el órgano de control de la Junta Directiva y elaborará los planes anuales y estratégicos y estará formado por los representantes del Estado, del Parlamento, de los trabajadores y de los ciudadanos…y de su presidente, que tendrá que presentar el informe anual del banco postal en el Parlamento. Por otra parte, la Junta Directiva se encargará de la gestión del banco. Y estará bajo el control del Consejo de Administración, pero no estará bajo el control del gobierno de turno.  

De todos, para todos.

Josep Fontana escribió: «Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana».

El banco postal será público, de todos, porque Correos es una sociedad mercantil pública, lo que justifica la participación de los ciudadanos en su gestión. Antonio Palazuelos considera que para que se produzca un nuevo orden social y , en nuestro caso, para que salga adelante el  proyecto de un banco postal, se necesita: voluntad política, una base material (la financiación, inversiones en locales, mobiliario..) y una base social, que presione: los ciudadanos organizados y mayoritarios, los trabajadores y los usuarios.

Dentro de los trabajadores tendremos que considerar dos clases de trabajadores: los trabajadores que provienen de  Correos, que necesitarán formación bancaria; y los nuevos trabajadores, los especialistas y los formadores de los trabajadores. En todo caso, los trabajadores serán trabajadores de Correos, evitando contratar a empresas consultoras que realicen los primeros trabajos de puesta en marcha.

Los usuarios e impositores proporcionarán la fuente característica de financiación del banco postal: sus ahorros. Para conseguir fomentar un ahorro, es necesario que esté garantizado por el Estado y recibir por él una buena rentabilidad merecida, lo que dará al ahorro estabilidad. Porque gracias al ahorro de los ciudadanos, los bancos consiguen sus beneficios. La libreta A francesa es un ejemplo de cuenta de ahorros que recoge unos  500.000 millones de euros, que se remuneran al 3% y que está destinada principalmente a la economía social y solidaria y a préstamos a la vivienda social en alquiler. 

La voluntad política

La voluntad política es condición necesaria e imprescindible, pero no suficiente porque necesita de la participación ciudadana para que el proyecto de banco postal salga bien. Mariana Mazzucato propone para el sector público un Estado emprendedor, y unos gobiernos que vayan más allá de repartir subvenciones. Y promuevan proyectos concretos, como es la creación de un banco postal. Proyectos bien planificados, orientado por los resultados mediante una evaluación continua y rendición de cuentas.

Cómo hacerlo posible: mi propuesta y la necesidad del debate.

José Santos Pulido sintetiza como sigue el proceso de puesta en marcha del banco postal: 1º. Decisión del Presidente de Correos de crear un banco postal. 2º. Aprobación por el Gobierno de crear un banco postal. 3º. Consulta al Banco de España sobre lo que se necesita. 4º. Preparación de la documentación para un plan de negocio a tres años. 5º. Aprobación por el Banco de España y por el Banco Central Europeo de la puesta en marcha del banco postal. 6º Comienzo de la actividad.

La propuesta que elegí para comentar y para que al banco postal le vaya bien, es considerar como objetivo estratégico principal conseguir una plantilla de trabajadores excelentes y el cómo conseguirlo sería preparando la máxima calidad en la selección del personal. Christoph Scherrer, coordinador del libro «Public Banks in the age of financialization«, considera que es indispensable que los trabajadores tengan la vocación de servidores públicos y que crean en su misión de sacar adelante ese banco postal. Por eso, además de seleccionar a los trabajadores de acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad tal como se exige en el artículo 103 de la CE y en la Ley 40/2025 del Régimen Jurídico del Sector Público (que además exige a los directivos experiencia) los trabajadores tendrán que pasar una prueba que capte esa sensibilidad hacia lo público. Junto a esto, también hay que tener en cuenta la Ley del Estatuto del Empleado Público que en su artículo 20 exige la evaluación del desempeño (Por supuesto, el desempeño de los cargos directivos también).Esta reunión pretendió iniciar el debate de la necesidad de un banco postal. No todos los presentes  llevaron  una propuesta para que tengamos el banco postal que necesitamos y que es posible. Pero vamos por el buen camino del proponer, no sólo  del «Hay que…»"

( Aurora  Martínez Hernández. Coordinadora de la Plataforma por una Banca Pública , attac España, 13/05/25)

23.4.25

En busca de un sistema monetario internacional “justo”... la Reserva Federal de Estados Unidos actúa como prestamista de última instancia para todo el mundo, gracias a líneas permanentes de swap y repo con otros bancos centrales. Si un país experimenta una escasez de dólares, la Reserva Federal le proporcionará dólares durante un periodo limitado, a cambio de divisas extranjeras o de la pignoración de títulos de deuda pública federal como garantía... Sin embargo, la «estabilidad hegemónica» no logró evitar la propia crisis que, como ha quedado bien documentado, tenía su origen en el excesivo apalancamiento de Estados Unidos... Stephen Miran propone un acuerdo internacional al estilo Plaza... En una famosa reunión celebrada en el Hotel Plaza de Nueva York en 1985, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania Occidental y Francia acordaron intervenir en los mercados de divisas para frenar la apreciación del dólar, que había duplicado su valor en cinco años... Japón tuvo que repatriar enormes cantidades de ahorros que había invertido en Estados Unidos. La afluencia de capital dio lugar a una burbuja financiera e inmobiliaria, que luego estalló a principios de los noventa, sumiendo a Japón en largas décadas de deflación... Pero los bancos centrales son ahora independientes y tienen el claro mandato de luchar contra la inflación. Por lo tanto, seguirán centrados en los riesgos inflacionistas de su propio país o región, por lo que la idea de que pueda haber una reversión duradera de los tipos de cambio tras un acuerdo monetario internacional es altamente... especulativa (Agnès Bénassy-Quéré, vicegobernadora Banque De France)

 " El principal asesor económico del presidente Trump, Stephen Miran, ha afirmado que el sistema monetario internacional en el que EE. UU. proporciona al resto del mundo un activo seguro y líquido es «injusto», ya que supuestamente impide a EE. UU. eliminar su déficit por cuenta corriente. La solución que propone es reducir el valor del dólar mediante la intervención coordinada de los bancos centrales extranjeros en el mercado de divisas. Esta columna considera altamente especulativa la idea de que pueda haber una reversión duradera de los tipos de cambio tras un acuerdo monetario internacional, y argumenta que un sistema multipolar atenuaría el dilema de Triffin y proporcionaría a EE.UU. una herramienta de ajuste del déficit.

El supuesto descontento de la nueva administración Trump con el sistema monetario internacional -a juzgar por las opiniones del nuevo asesor económico jefe del presidente (Miran 2024)- ha dejado a los expertos rascándose la cabeza. Nos habíamos acostumbrado al «privilegio exorbitante» del dólar, como lo llamó Valéry Giscard d'Estaing en 1965: El Tesoro estadounidense proporciona al resto del mundo un activo seguro y líquido, engrasando así los engranajes de las finanzas mundiales, y a cambio, además de los beneficios del señoreaje, Estados Unidos obtiene préstamos en su propia moneda, sin riesgo de tipo de cambio y a un tipo relativamente bajo dado el enorme tamaño de su deuda pública: más de 35 billones de dólares a finales de 2024, es decir, más de un tercio del PIB mundial.

 Miran afirma que este sistema monetario internacional es «injusto», ya que supuestamente impide a Estados Unidos eliminar su déficit por cuenta corriente. Como la economía estadounidense crece ahora más lentamente que la del resto del mundo, la demanda mundial de activos líquidos denominados en dólares aumenta más deprisa que el PIB estadounidense. Esta fuerte demanda mantiene el dólar demasiado alto para ajustar la balanza por cuenta corriente, o los tipos de interés demasiado bajos para disuadir a los agentes privados y públicos estadounidenses de endeudarse más.

El fenómeno es bien conocido. Ya en la década de 1950, el economista belga Robert Triffin advirtió de sus peligros, señalando que, sin ninguna restricción, Estados Unidos inevitablemente emitiría demasiada deuda. En los años 50, el riesgo era que esto desencadenara una crisis de convertibilidad del oro, que es precisamente lo que ocurrió en 1971. En un sistema de tipo de cambio flotante, la demanda solo puede respaldar al dólar hasta un cierto nivel de endeudamiento, a partir del cual la confianza se desploma (Fahri y Maggiori 2018).

 Los economistas suelen evaluar la «equidad» de un sistema examinando cómo afecta al bienestar de los hogares, tanto en términos medios como en términos de dispersión en torno a la media (desigualdad). El análisis convencional del «privilegio exorbitante» concluiría, por tanto, que un sistema monetario internacional (SMI) basado en el dólar reporta beneficios netos a largo plazo a Estados Unidos. Al mantener el dólar sobrevalorado en relación con el tamaño de la deuda estadounidense, favorece el poder adquisitivo de los hogares.

Los argumentos en contra de un sistema monetario internacional dominado por el dólar

En las décadas de 2000 y 2010, los críticos argumentaron que un SMI basado en el dólar era inadecuado para una economía mundial cada vez más multipolar. En 2009, el Gobernador Zhou del Banco Popular de China señaló que era imposible que el emisor de una moneda de reserva internacional persiguiera sus propios objetivos nacionales y, al mismo tiempo, salvaguardara la estabilidad financiera mundial. La solución que propuso fue permitir que los Derechos Especiales de Giro (DEG), creados en 1969, desempeñaran un papel central en el SMI. De este modo, la provisión de liquidez mundial no dependería de la tasa de crecimiento de la deuda de un país.

 Otra solución sería aumentar el papel de otras divisas internacionales junto con el dólar, ya que esto impulsaría los volúmenes de liquidez mundial sin tener que depender de un solo país. Dar a los inversores la posibilidad de elegir las divisas en las que mantener la liquidez y liquidar las transacciones también obligaría a los emisores a ser más disciplinados y, por tanto, mitigaría el dilema de Triffin (Farhi et al. 2011). Japón, la zona del euro y China han intentado, sucesiva o paralelamente, impulsar el papel internacional de sus respectivas monedas, pero la inercia vinculada a las economías de escala y los efectos de red ha mantenido hasta ahora la hegemonía del dólar.

Desarrollar el euro o el renminbi como moneda internacional supondría emitir una gran cantidad de activos homogéneos, líquidos y seguros - el equivalente de los bonos del Tesoro estadounidense - y venderlos en todo el mundo financiero. China, en particular, tendría que asegurar su derecho contractual y liberalizar los flujos de capital entrantes y, sobre todo, salientes. Esto parece una perspectiva bastante lejana, aunque Eichengreen et al. (2024) han mostrado cómo China podría internacionalizar su moneda hasta cierto punto mediante una combinación de inversión extranjera directa en RMB, facturación comercial en RMB, mercados extraterritoriales de RMB y líneas swap del banco central. 

El euro está en mejor posición porque la región ya cuenta con contratos seguros y flujos de capital libres. Hasta ahora, el desarrollo internacional del euro se ha visto obstaculizado por la fragmentación de su sistema financiero y la falta de volúmenes suficientes de un «activo seguro» que pueda rivalizar con los bonos del Tesoro estadounidense. Pero las cosas podrían cambiar en ambos frentes si sale adelante el proyecto de Unión de Ahorro e Inversión, especialmente ante la perspectiva de una nueva emisión de deuda europea para financiar parte del rearme. Paralelamente, las actuales reservas de deuda en euros emitidas por separado por la UE (689.000 millones de euros), el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (211.000 millones de euros), el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (78.000 millones de euros) y el Banco Europeo de Inversiones (298.000 millones de euros) podrían combinarse para crear un gran fondo común de activos seguros.

Un SMI multipolar se considera a veces arriesgado, ya que los mercados podrían cambiar de una moneda a otra en cualquier momento. Sin embargo, esta inestabilidad potencial en la asignación de carteras debe sopesarse frente a dos factores estabilizadores: un sistema multipolar (1) atenuaría el dilema de Triffin (gracias a la diversificación de las fuentes de liquidez); y (2) proporcionaría a Estados Unidos una herramienta de ajuste del déficit (dado que el dólar ya no sería la única moneda de reserva disponible, podría desempeñar mejor su papel como variable de ajuste de la balanza de pagos estadounidense) (Bénassy-Quéré y Forouheshfar 2015). De hecho, el principal riesgo estaría relacionado con la transición de un régimen a otro.

 Charles Kindleberger (1973) introdujo el concepto de «estabilidad hegemónica», según el cual una potencia dominante tiene interés en mantener el statu quo y, por tanto, hará todo lo posible por evitar una crisis. En la práctica, la Reserva Federal de Estados Unidos actúa como prestamista de última instancia para todo el mundo, gracias a líneas permanentes de swap y repo con otros bancos centrales. Si un país experimenta una escasez de dólares, la Reserva Federal le proporcionará dólares durante un periodo limitado, a cambio de divisas extranjeras o de la pignoración de títulos de deuda pública federal como garantía. Esta solidaridad entre bancos centrales es esencial, y funcionó bien durante la crisis financiera de 2008. Sin embargo, la «estabilidad hegemónica» no logró evitar la propia crisis que, como ha quedado bien documentado, tenía su origen en el excesivo apalancamiento de Estados Unidos.

¿Un acuerdo en Mar-a-Lago?

En su muy comentado ensayo publicado en noviembre de 2024, Stephen Miran propone resolver el problema del SMI no mediante cambios estructurales (DEG, multipolarización), sino con un acuerdo internacional al estilo Plaza. En una famosa reunión celebrada en el Hotel Plaza de Nueva York en 1985, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania Occidental y Francia acordaron intervenir en los mercados de divisas para frenar la apreciación del dólar, que había duplicado su valor en cinco años.

 Además de las dudas suscitadas sobre el impacto real del Acuerdo del Plaza sobre el dólar (el dólar había empezado a depreciarse incluso antes del Acuerdo del 22 de septiembre de 1985), el acuerdo dejó a algunos socios comerciales de EE.UU. con dolorosos recuerdos. Japón tuvo que repatriar enormes cantidades de ahorros que había invertido en Estados Unidos. La afluencia de capital dio lugar a una burbuja financiera e inmobiliaria, que luego estalló a principios de los noventa, sumiendo a Japón en largas décadas de deflación.

Suponiendo que Estados Unidos consiga persuadir a sus socios para que repitan la experiencia, ¿qué podríamos esperar? La literatura sobre las intervenciones cambiarias no es muy alentadora. Los efectos sobre los niveles de divisas en las economías avanzadas casi nunca son duraderos, especialmente cuando la intervención es incoherente con la política monetaria.

Desde 1985, los mercados financieros se han desarrollado enormemente. Sin un cambio en las políticas macroeconómicas, y por lo tanto en los diferenciales de rendimiento esperados, un dólar más barato animaría a los inversores privados a aumentar sus tenencias, empujando rápidamente la moneda de nuevo a donde estaba antes del acuerdo sobre el tipo de cambio. Pero los bancos centrales son ahora independientes y tienen el claro mandato de luchar contra la inflación. Por lo tanto, seguirán centrados en los riesgos inflacionistas de su propio país o región, por lo que la idea de que pueda haber una reversión duradera de los tipos de cambio tras un acuerdo monetario internacional es altamente... especulativa.

 Editors’ note: A longer version of this column was published on the Banque de France website on 19 March 2025."

(Agnès Bénassy-Quéré, vicegobernadora Banque De France; VOXEU, 16/04/25, traducción DEEPL

29.10.24

POLITICO: El euro digital desata una batalla por la soberanía entre los gobiernos de la UE y el BCE... Los políticos compiten con los tecnócratas por el control de una renovación de la moneda única que, según ambos, plantea graves riesgos económicos

 "Las naciones más poderosas de Europa y el Banco Central Europeo (BCE) están librando una batalla por el control de una nueva herramienta monetaria que ambas partes temen pueda desestabilizar el sistema bancario del continente si se gestiona mal.

En el centro del conflicto se encuentra el euro digital, un equivalente virtual de las monedas y billetes de euro. Durante años, el BCE ha estado desarrollando este instrumento, con la idea de crear un competidor paneuropeo de pagos capaz de rivalizar con pesos pesados estadounidenses como Visa y Mastercard.

Pero a medida que el proyecto se acerca a la realidad, ha estallado un tira y afloja. Varios gobiernos de la Unión Europea, entre ellos Francia y Alemania, sostienen que el BCE ha adquirido demasiado control sobre un aspecto crucial: la cantidad de moneda digital que los ciudadanos podrán tener en «monederos» respaldados por el banco central.

Aunque pueda parecer una cuestión técnica sin importancia, lo que está en juego es enorme. A políticos y tecnócratas les preocupa que, si el límite se fija demasiado alto, los ciudadanos puedan retirar grandes sumas de los bancos tradicionales durante una crisis, poniendo en peligro la estabilidad de todo el sistema bancario. A algunos también les preocupa que cualquier límite pueda atentar contra la libertad financiera personal, avivando el temor a un Estado «Gran Hermano», según un diplomático, al que, como a otros mencionados en este artículo, se le concedió el anonimato para hablar libremente de un tema delicado.

 La lucha plantea una cuestión fundamental: ¿Dónde acaba la autoridad del banco central y empieza la de los países miembros de la UE? Treinta años después de que el BCE se convirtiera en el principal guardián monetario del bloque, el enfrentamiento obliga a reevaluar el delicado equilibrio entre política y banca central.

Para algunos, es un retroceso necesario contra la extralimitación del BCE. Pero en Fráncfort, los funcionarios lo consideran una intromisión política en un ámbito que debería estar libre de ella. En el fondo, como dijo con franqueza un diplomático, la disputa tiene menos que ver con tecnicismos y más con una «batalla por el poder».

Tecnocracia frente a democracia

Más de 100 bancos centrales han explorado la idea de crear una moneda digital nacional, impulsados a la acción después de que el malogrado intento de Facebook de lanzar una criptodivisa global, Libra, en 2019 enviara ondas de choque a través del mundo financiero.

Mientras que muchos de estos esfuerzos se han desvanecido desde entonces, el BCE se ha mantenido firme, defendiendo el euro digital como una alternativa que cambia el juego a los sistemas de pago existentes, uno que espera que afloje la dependencia de Europa de los servicios de pago dominantes de Estados Unidos y de fuera de la UE, que actualmente manejan alrededor del 70 por ciento de los pagos de la UE.

Pero el implacable avance del banco central también ha asustado a los principales países miembros, que ahora ven el proyecto como peligrosamente tecnocrático. En Bruselas están aprovechando su influencia política para intentar frenar el poder del Banco en las negociaciones en curso sobre aspectos cruciales del diseño del euro digital.

Según el proyecto de reglamento en el que están trabajando legisladores y gobiernos, el BCE decidiría por sí solo cuánta moneda digital pueden tener los ciudadanos en sus carteras.

Fráncfort lo considera coherente con su visión del euro digital como expresión de la soberanía monetaria europea. Además, funcionarios familiarizados con las discusiones señalan que el banco central es la única autoridad autorizada a ajustar la oferta monetaria.

Sin embargo, al menos nueve países discrepan. Antes del verano, un grupo que incluía a Alemania, Francia y los Países Bajos argumentó que la competencia monetaria exclusiva de Fráncfort no debería utilizarse como excusa para «limitar su poder de decisión», según las notas de una reunión compartidas con POLITICO.

Según el proyecto de reglamento en el que están trabajando legisladores y gobiernos, el BCE sería el único que decidiría cuánta moneda digital pueden tener los ciudadanos en sus carteras.

Diplomáticos afirmaron además su «supremacía política» en la materia, explicando que el euro digital no era sólo una herramienta monetaria, sino un asunto más amplio de servicios financieros que podría remodelar la forma en que los europeos gestionan los pagos cotidianos.

 El Tratado de la UE otorga al BCE privilegios legales muy fuertes en la regulación de la oferta monetaria, pero sólo cualificados en materia de supervisión bancaria y pagos. También permite explícitamente al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo «establecer las medidas necesarias para la utilización del euro como moneda única», aunque «sin perjuicio de las competencias del Banco Central Europeo».

Estabilidad financiera, dictada desde arriba

Algunos países miembros también están muy preocupados por cómo recibirán sus ciudadanos un proyecto ideado por tecnócratas de los que sospechan que están fuera de onda.

«Se puede crear algo en una torre de marfil», dice un ejecutivo de Bruselas familiarizado con los debates. «Pero, ¿se utilizará realmente en un mercado?».

Otro motivo de preocupación es que permitir que el BCE fije el límite dejaría a la institución con influencia exclusiva sobre una nueva herramienta que podría tener efectos desmesurados sobre la estabilidad bancaria.

El BCE argumenta que garantizar la solidez de los bancos es una parte esencial de sus responsabilidades de supervisión, dado que estas instituciones son el principal conducto a través del cual dirige su política monetaria.

Sin embargo, muchos países miembros no están convencidos. Argumentan que es el poder legislativo el que define muchas de esas responsabilidades de supervisión. Tampoco confían en que el BCE sea permisivo con los bancos que consideran su deber patriótico proteger.

 Pero Fráncfort, junto con la Comisión Europea, ha advertido de que permitir que los gobiernos fijen el límite podría exponer al banco central independiente a presiones políticas, según dos personas familiarizadas con las discusiones. A otro funcionario europeo le preocupa que los políticos puedan ceder a las demandas populares de aumentar el límite, perjudicando a los bancos. Irónicamente, muchos banqueros también están ahora del lado del BCE, después de que éste pusiera en marcha una serie de medidas destinadas a reducir la amenaza para sus negocios.

Stephen Cecchetti, profesor de la Brandeis International Business School, está de acuerdo en que el euro digital es ante todo una infraestructura del sistema de pagos, pero afirma que el límite de tenencia debería ser decidido por las mismas personas que deciden si los ciudadanos de la UE pueden utilizar billetes de 500 euros: el Consejo de Gobierno del BCE.

Este tipo de quejas sugieren que «a los políticos no les gusta que los tecnócratas de sus países asuman este papel», dijo, y añadió que si tienen algún problema con ello «deberían quejarse a sus bancos centrales».

Pero los países miembros no se han rendido. Un posible compromiso es dejar que los legisladores establezcan los parámetros dentro de los cuales opera el BCE, pero dar al Banco la última palabra.

Aun así, esto no ayudaría mucho a resolver el problema más general: que un proyecto destinado a salvar a Europa del dominio económico de la tecnología estadounidense amenace ahora con convertirse en un riesgo en sí mismo, si el BCE sigue adelante sin el apoyo democrático adecuado."

( Giovanna Faggionato and Ben Munster , POLITICO, 29/10/24. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com)

24.10.24

Un fantasma recorre el mundo financiero: el BRICS Pay... un sistema de pago diseñado para facilitar las transacciones transfronterizas entre las naciones BRICS... BRICS Pay será una plataforma digital que permitiría a los consumidores y empresas de los países asociados hacer pagos y transferir fondos a través de fronteras con facilidad, precisamente lo que hasta ahora hacemos con SWIFT, con la diferencia de que no lo harían bajo el dominio occidental... La propuesta no solo supone romper con SWIFT y su dependencia, sino que también afectará a la línea de flotación del predominio del dólar. Ahora esas transacciones se realizarán en las monedas locales de los BRICS o incluso en una nueva moneda digital que desarrollen. Ya no habrá que convertir a dólar para hacer las transferencias internacionales, se reducirían los costos, tiempos y riesgos cambiarios porque se eliminan intermediarios, y aumentaría la independencia financiera de los BRICS. El policía aduanero de las monedas se quedaría fuera de este circuito... Si bien Sudáfrica o India no tienen ninguna intención de abandonar el Swift, Rusia e Irán ya están fuera, y Brasil ha expresado sus deseos incluso de crear una moneda común. Por su parte, aunque China utiliza SWIFT, las expectativas de que dispare el uso de BRICS Pay son indiscutibles, funcionando con los dos. Tras varios años de estudio, parece que el proyecto pronto será realidad (Pascual Serrano)

"Una de las consecuencias de las sanciones occidentales a Rusia fue su exclusión del sistema de comunicación financiera SWIFT. Este sistema, acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, es una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y entidades financieras en la que participan 3.500 miembros. Gracias a él podemos hacer transferencias internacionales. Lo supervisa un consejo formado por los bancos centrales del Grupo de los Diez (Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza) y el Banco Central Europeo. Su sede legal está en Bélgica.

Se trata, por tanto, de una institución de regulación comercial internacional bajo control de Occidente y que ha sido utilizado como mecanismo de intervención y sanción internacional. Hasta hace unos años, monopolizaba entre el 80% y el 90% de todas las operaciones del sector a nivel mundial, indica El Economista. Actualmente hay 11.000 entidades financieras y 200 países registrados en esta enorme red.

A pesar de que legalmente se trata de una institución operada desde Bélgica, la realidad es que su gobernanza está basada en los volúmenes de actividad de sus miembros. Es por ello que prácticamente siempre está presidida por una empresa estadounidense y, de hecho, a día de hoy JP Morgan Chase preside la junta, con Lloyds Bank en la vicepresidencia. La influencia de EEUU en la institución es prácticamente total.

Este control del SWIFT por parte de EEUU le da varias ventajas estratégicas. En primer lugar, puede excluir a bancos a los que quiera sancionar, imponiéndoles costes extra y obligándoles a buscar métodos alternativos más caros, menos seguros y que no todos los operadores aceptan, afectando a la inversión y dañando directamente a su sistema financiero. Rusia estimaba en 2014 que la desconexión total supondría un impacto del 5% a su PIB. Además permite tener información sobre todas las transacciones que quedan registradas. Al ser prácticamente de uso universal se puede seguir ‘el rastro del dinero’ para ver donde fallan sanciones (como las impuestas a Rusia) y poder solucionar los ‘agujeros’ por los que los países sancionados evitan las imposiciones, recalca también El Economista.

En los últimos años hemos asistido al uso político sancionador de este sistema bancario de comunicación. El propio sistema SWIFT informó de que en 2012 fueron expulsados los bancos iraníes sancionados por la UE. Y en 2022, se anunciaba la expulsión de Rusia y Bielorrusia.

El Banco Central de Rusia creó un nuevo servicio de mensajería financiera, el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS). En junio de este año, la UE anunciaba que “las entidades de la UE que operan fuera de Rusia tendrán prohibido conectarse con el SPFS o servicios especializados de mensajería financiera equivalente. Además, se prohibirá a los operadores de la UE realizar transacciones con entidades específicamente cotizadas que utilicen SPFS fuera de Rusia”. La persecución no cesaba.

Los mecanismos de comunicación financiera internacional se habían convertido en objetivo militar. Todas las potencias emergentes percibían que con el sistema SWIFT estaban a merced de las potencias occidentales, que podían estrangular su relaciones comerciales internacionales solo con darle al botón de expulsión del código SWIFT.

Los BRICS lo entendieron desde sus inicios y crearon una empresa conjunta entre los cinco países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que fue lanzada en 2018 por el Consejo Empresarial BRICS entre las principales prioridades del Informe Anual. Allí se anunciaba un sistema propio de pago común para ser utilizado por cualquiera de sus cinco monedas locales.

Ahora, la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia han precipitado el definitivo cisma entre Occidente y el resto del mundo, y es ahí donde los BRICS están siendo fundamentales para un nuevo orden financiero que necesitaba un nuevo sistema de mensajería financiera internacional. Sería el BRICS Pay, un sistema de pago diseñado para facilitar las transacciones transfronterizas entre las naciones BRICS, para empezar, en la primera fase, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Mientras estas naciones buscan reducir su dependencia de las redes financieras tradicionales dominadas por Occidente, BRICS Pay ya no las necesitaría y podría revolucionar los pagos internacionales ofreciendo una alternativa más eficiente, segura e inclusiva.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio de las naciones BRICS para fortalecer su cooperación económica y reducir su dependencia del dólar y otros sistemas financieros dominados por Occidente.

BRICS Pay será una plataforma digital que permitiría a los consumidores y empresas de los países asociados hacer pagos y transferir fondos a través de fronteras con facilidad, precisamente lo que hasta ahora hacemos con SWIFT, con la diferencia de que no lo harían bajo el dominio occidental.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló hace unos días que estos sistemas de pago permiten a los países gestionar sus economías de manera más independiente, reduciendo el riesgo de sanciones de EEUU y sus aliados. Dijo que el cambio está impulsado por el creciente uso de monedas occidentales como herramientas de intervencionismo político y destacó la creciente preocupación entre las naciones sobre la amenaza de sanciones por parte de las potencias occidentales: “Todos los países del mundo entienden que cualquiera ellos puede terminar siendo víctima de las sanciones de EEUU o sus socios occidentales”.

En su opinión, las plataformas de pago BRICS ofrecen una solución viable para los países que buscan reducir su exposición a los riesgos geopolíticos y mantener autonomía y soberanía en sus transacciones financieras.

La propuesta no solo supone romper con SWIFT y su dependencia, sino que también afectará a la línea de flotación del predominio del dólar. Ahora esas transacciones se realizarán en las monedas locales de los BRICS o incluso en una nueva moneda digital que desarrollen. Ya no habrá que convertir a dólar para hacer las transferencias internacionales, se reducirían los costos, tiempos y riesgos cambiarios porque se eliminan intermediarios, y aumentaría la independencia financiera de los BRICS. El policía aduanero de las monedas se quedaría fuera de este circuito.

Michael Maharrey, experto de Money Metals, explicaba en un medio especializado que el BRICS Pay sí supone un impacto indirecto sobre el dólar. “Un nuevo sistema podría acelerar la desdolarización pues SWIFT, al final sirve como una ‘superautopista’ del comercio mundial y este SWIFT, por lo tanto, refuerza el papel del dólar como eje del comercio global”.

Los daños para Estados Unidos son múltiples. Recordemos que SWIFT ofrece a Washington otra gran ventaja estratégica en la guerra económica y de sanciones. Al tratarse de un sistema de intercambio de información, según el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés) “permite monitorear el cumplimiento de sanciones de terceros”. Un factor clave para detectar empresas y países que burlan las imposiciones de Estados Unidos. Más motivos para que la mayoría de las potencias emergentes intenten sacudirse el yugo del SWIFT.

Las publicaciones especializadas señalan que el nuevo sistema podría “no solo transformar las relaciones económicas entre los países BRICS, sino también redefinir los equilibrios financieros mundiales”.

El anuncio de la creación de BRICS Pay puso tan nerviosos a los centros financieros internacionales que el ministro de Finanzas de Sudáfrica tuvo que salir a tranquilizarlos diciendo que no estaba “previsto que reemplazara al sistema Swift”. Es evidente que la sustitución dependerá de cada país. Si bien Sudáfrica o India no tienen ninguna intención de abandonar el Swift, Rusia e Irán ya están fuera, y Brasil ha expresado sus deseos incluso de crear una moneda común. Por su parte, aunque China utiliza SWIFT, las expectativas de que dispare el uso de BRICS Pay son indiscutibles, funcionando con los dos.

Tras varios años de estudio, parece que el proyecto pronto será realidad. Valentina Matviyenko, presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, confirmó que el proyecto está en buen camino. “Esto ya no es solo una idea, está avanzando con concreción”, declaró.

Si bien en la cumbre de los BRICS de Johannesburgo el 22 y 24 de agosto de 2023 se descartó una moneda común entre los diversos miembros para plantar cara al dólar, la opción de un sistema de pagos alternativo se vio perfectamente viable y de esta reunión sí salió la firme decisión de abordar el proyecto lo más pronto posible.

Más de 50 países ya han manifestado su interés en unirse a esta iniciativa antes de la cumbre de los BRICS de 2024, que tiene lugar estos días en la ciudad rusa de Kazán. La mayoría de ellos provienen de Asia, África, América del Sur y Europa del Este.

Pero la idea puede ir mucho más lejos a medio plazo. El pasado mes de mayo, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, defendió ante la agencia Xinhua que la posibilidad de un sistema común de mensajes financieros se extienda por 159 países. “Estamos teniendo conversaciones para la integración de las diferentes plataformas nacionales”. En ese sentido, a falta de “la preparación técnica”, Nabiullina sentenciaba que “cuando todo esté listo esperamos una respuesta (afirmativa) de los mismos y tanto el SWIFT como el dólar podrían encontrarse pronto con una gran competencia de Rusia y nuestra alianza”.

En la cumbre de Kazán habrá sin duda novedades sobre el BRICS Pay.

Es evidente que hay muchos retos por delante para lograr el éxito de este proyecto. Habrá que cumplir las regulaciones nacionales de los diferentes países, garantizar la seguridad en las transacciones y buscar la interoperabilidad con los sistemas globales ahora existentes.

Pero teniendo en cuenta que en el lado BRICS habría más población, más recursos naturales y más PIB, quizá entonces se den cuenta en Estados Unidos y Europa que los sancionados han acabado siendo ellos al quedarse fuera del BRICS Pay."

(Pascual Serrano, Globalter, 23/10/24)