Catálogo de falacias abolicionistas... No vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas... un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas... el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos... el modelo de despenalización neozelandés mejora la vida de las mujeres, es la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos... Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros (Paula Sánchez Perera)

 "El PSOE, alineado con la derecha, ha desempolvado la misma propuesta abolicionista que casos como el de Mediador le obligaron a guardar en el cajón. Desde la investigación académica y el trabajo de campo conocemos el impacto de estas medidas y en 2022 ya escribí un artículo documentando las consecuencias que esta reforma del Código Penal traería para quienes ejercen la prostitución. Sin embargo, los ideales pesan más que los efectos materiales para el añejo debate; por eso hay un sector más preocupado por el uso de términos como ‘trabajadora sexual’ que por que vayan a desahuciarlas en masa. Cuando una postura goza de todo el poder institucional, no asistimos a un debate, sino a un combate dialéctico en el que la hegemonía abolicionista disemina sin obstáculo sus eslóganes, mientras la postura proderechos queda relegada a la caricatura que esta hace de ella. Para contribuir a equilibrar la balanza, en este artículo repaso algunas de las falacias más habituales de nuestro falso debate.

1)    No existe ninguna evidencia que apoye que la regulación mejora la vida de las prostitutas. De hecho, en Alemania y en Holanda ha empeorado.

Más que de una falacia se trata de una falta de formación deliberada y la clase de expresión que demuestra que hay abolicionistas que solo se leen a sí mismas: ninguna organización de trabajadoras sexuales demanda el regulacionismo. De hecho, el propio sindicato holandés Proud denuncia sus inconvenientes y reclama, en cambio, el modelo de despenalización neozelandés. Para muchas “son lo mismo” porque clasifican las normas jurídicas en función de si “legitiman” o no la prostitución, pero, aunque no estemos en un examen de derecho, convendría ser rigurosas, no extender bulos y poner en práctica el pensamiento crítico: ese que comienza cuestionando los propios prejuicios. Verbos como ‘legalizar’, ‘regular’ o ‘despenalizar’ enuncian acciones muy diferentes.

Otra de sus fake news consiste en afirmar que en España la prostitución ya está despenalizada. Sin embargo, lo que despenalizó el PSOE en 1995 fue la tercería locativa, que Franco había penalizado en 1956 cuando declaró la abolición de la prostitución “velando por la dignidad de la mujer”. En nuestro contexto se combina un Código Penal que ya es abolicionista con un alterne reglamentado y un ejercicio callejero prohibido a través de ordenanzas y de la ley mordaza. Mientras el Código Penal español considera irrelevante el consentimiento de las prostitutas, un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas.

¿Hay evidencias de que el modelo despenalizador mejore la vida de las mujeres? Sí, por ejemplo, la evaluación oficial del gobierno neozelandés, estudios como el de la universidad de Otago con una muestra de 772 trabajadoras sexuales o, si lo prefieren en castellano, el volumen traducido por Virus. De ahí que sea la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. En cambio, el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos.

2)    Se legisla para la mayoría, que está obligada a prostituirse, no para las privilegiadas.

Al margen de que desconozco cuál es el privilegio del que goza una persona que carece de derechos –sociales, civiles y laborales–, sufre un estigma y suele estar, de hecho, en posición de opresión con respecto a quien le asigna este adjetivo, no existe ningún estudio cuantitativo que avale que el 80, 90 o 95% de la prostitución es trata. La ONU la cifró en su momento en un 14%, cifra muy similar a la hallada por Carmen Meneses en Euskadi. El reciente Plan Camino la estima en un 10%. Resulta fundamental no olvidar (como tantas veces nos ha reclamado el Consejo de Europa) que existen muchas más modalidades de trata de personas en nuestro país y el último balance del CITCO ha comenzado a dar cuenta de ello. En febrero una operación policial detectó 21 mujeres víctimas de explotación laboral en zonas agrícolas, a las que no dejaban comer ni beber y una de ellas había sufrido un aborto. Lo que tienen en común muchas modalidades de trata es el cierre de fronteras de la Europa Fortaleza que favorece a las redes, así como una ley de extranjería que condena a las personas migrantes a tres años de irregularidad forzosa.

3)    Se requiere de una ley abolicionista del sistema prostitucional junto a la abolición de la ley de extranjería.

El recurso a la ley de extranjería es una especie de comodín de la llamada, pero que en realidad se trata de un cliché vacío. En occidente, las políticas abolicionistas son uno de los instrumentos que emplea la policía para llevar a cabo el control migratorio, desde el enfoque trafiquista y securitario con el que Europa tematiza la trata, hasta las redadas en los clubes que acaban con aquellas mujeres que no pueden o no quieren denunciar en un CIE a la espera de deportación. Como mostró el informe de Mundo en Movimiento, el perfil mayoritario de mujeres encerradas en el CIE de Aluche era el de prostitutas latinoamericanas con cargas familiares. Estas políticas dan cobertura humanitaria a las deportaciones, opacadas detrás de verbos como “liberar” expedientes de expulsión. Por eso, oír a abolicionistas favorables a las medidas punitivas pedir a la vez la derogación de la ley de extranjería es como escuchar al director de un matadero hablar de antiespecismo: no cuela. Más sangrante, sin duda, cuando proceden de las filas del PSOE, partido que votó en contra de la PNL de Regularización Ya; colectivo del que es portavoz Kenia García, también militante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Este, como otros tantos del movimiento migrante y antirracista, se ha significado como proderechos y obras como Putas migras de Linda Porn y Kali Sudhra dan cuenta de la coherencia de esta alianza.

4)    Ninguna mujer lo hace porque quiere: no existe libre elección en condiciones de miseria.

Estamos de acuerdo: en el capitalismo la clase obrera no suele trabajar porque quiera, sino por necesidad económica. Como tenemos conciencia de clase, entendemos que el hecho de que jornaleras, riders, camareras de piso, trabajadoras del hogar y un largo etc. no tuvieran un amplio abanico de opciones no significa que lo que hagan deje de ser un trabajo. Tampoco tiene mucha lógica sostener que darles derechos a estas personas favorece su explotación, al contrario, pero en dichos casos no existe un estigma nublando el juicio. La patronal del alterne lleva décadas demandando la regulación de la prostitución por cuenta propia y no ajena por algo: porque figurar tan solo como arrendadores del espacio y tener a las mujeres como falsas autónomas trabajando bajo sus condiciones es lo que les sale rentable.

Llamar ‘trabajo’ al trabajo no implica defender el trabajo, al menos desde una perspectiva de izquierda. Para el marxismo, en el modo de producción capitalista el trabajo es el ámbito de la venta de uno mismo como mercancía y, por tanto, se trata del contexto de la explotación. La única herramienta que hemos conquistado en estos últimos siglos para hacerle frente a los abusos y a la explotación, para reducir la vulnerabilidad y proteger a los trabajadores se llama derechos.

5)    Hay que poner el foco en la demanda: sin clientes no hay prostitución.

Como se lleva documentando en tesis doctorales e informes de entidades, con la crisis económica de 2007 primero y con la pandemia después, ha ocurrido más bien lo contrario: más oferta que demanda. Convendría recordar que eso de que “somos el tercer país del mundo en consumo de prostitución” viene de un estudio de 1998 que, a su vez, utilizaba datos de 1990 y solo observó nueve países.

No es que yo crea que la clientela de la prostitución sea el adalid del feminismo (al contrario) ni tampoco que no piense que la prostitución es una institución patriarcal (por supuesto que sí), pero no es la única y ni siquiera la más peligrosa (esa se llama matrimonio). El problema estriba en asumir que la causa de la prostitución es la clientela, porque ese enfoque individualista desresponsabiliza al Estado de las causas estructurales por las que existe, las cuales tienen más que ver con la feminización de la pobreza y el cierre de fronteras. No hay forma humana de “ir a por el cliente” sin perjudicar principalmente a las mujeres. Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido, de acuerdo con el estudio del Grupo Antígona de la Universidad de Barcelona, es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros.

Para ser “invisible”, llama la atención que llevemos casi una década sancionándola, que exista una producción académica e incluso audiovisual creciente y que se hayan destinado cientos de millones a pagar campañas contra la demanda. Es como quien sale en la portada del periódico afirmando que ya no se puede hablar de nada, porque te cancelan. Por mi parte, creo que el foco tiene que estar puesto en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres por la criminalización y la clandestinidad, en la derogación de todas las normativas, en la reforma urgente de la ley de extranjería y en construir alternativas realistas para el abandono del ejercicio. Resulta obsceno gastar tantos millones en campañas contra la demanda cuando las becas para el abandono apenas alcanzan los 400 euros mensuales.

6)    Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es lo mismo que decir que los hombres tienen derecho a comprarlas: no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona.

Si dicen que vender servicios sexuales es equivalente a venderse como mujer, entonces también están diciendo que nuestra identidad se reduce a unos genitales. El patriarcado considera que las mujeres somos solo sexo, una subjetividad sexualizada, de modo que nuestra dignidad y reputación se encuentra entre las piernas. Reducidas a ser cuerpos frente a las masculinas mentes cartesianas, hoy se nos pide que “no nos cosifiquemos”, que nos respetemos, que seamos mujeres “de alto valor”. Lo que no entiendo es cómo puede llamarse feminista una narrativa que reproduce esta escala de valores, aunque sea de manera acrítica e inconsciente.

En cuanto al tema de las fregonas y como profesora de Filosofía, me gustaría aclarar una vez más que en el capitalismo a la mercancía humana se le denomina fuerza de trabajo. Estos términos no representan ninguna clase de dicotomía, son sinónimos. Díganle a la camarera de piso que falleció el pasado año en Tenerife por la cantidad de fármacos que tenía que tomar para soportar la jornada laboral que no era su cuerpo lo que el capital ponía en juego. No entiendo la obsesión por idealizar y romantizar el concepto de trabajo para poder así demonizar a la prostitución; de lavarle la cara al capitalismo y olvidar el cuerpo en todas las demás relaciones de producción y reproducción. Ninguna capacidad o facultad humana con la que trabajamos en este sistema es ajena al Yo; ninguna parte del cuerpo es más sagrada que otra: este modo de producción se alimenta de sangre, sudor y músculo.

7)    El sexo no puede ser una relación laboral, son violaciones remuneradas.

En mi tesis doctoral documenté casos donde, al intentar denunciar una agresión sexual, la policía buscaba disuadir a la mujer diciéndole que eran “gajes del oficio”. El machismo considera que una prostituta nunca puede sufrir una violación, porque no tiene la reputación suficiente (se viola a las “puras”, frente a las cuales ellas están “disponibles”). En el otro extremo, el abolicionismo opina que se trata siempre de una violación. Estas dos respuestas antagónicas (nunca/siempre) tienen en común juzgar la violencia a partir de una idea preestablecida y esencialista. En cambio, y de acuerdo con Amnistía Internacional: “El análisis del consentimiento es necesariamente específico de cada caso y cada contexto, y en toda consideración relativa a la cuestión del consentimiento debe darse prioridad a las opiniones, las perspectivas y las experiencias de las personas que venden servicios sexuales”. También esta entidad señala que ambas posturas esencialistas conducen a consecuencias similares, como dificultar la detección de las violencias concretas cuando se producen, mermar la credibilidad del testimonio (que será juzgado a partir de sus estereotipos) y generar, en consecuencia, indefensión jurídica.

Situar al mismo nivel consumir servicios sexuales que agredir normaliza la violencia que puedan sufrir estas trabajadoras, algo especialmente grave para uno de los colectivos que menos recurre a la justicia. Las trabajadoras del sexo internalizan estos discursos, lo que las disuade muchas veces de denunciar, asumiéndose poco creíbles unas veces, y otras como malas mujeres que se merecen lo que les ocurra. Desde mi punto de vista, se debe reconocer la violencia sexual en el contexto de prostitución sin esencializarla en un siempre o en un nunca, y personas declaradas feministas no deberían ser las primeras en denegarles su capacidad de consentimiento.

8)    Deberías leer teoría feminista: feminismo solo hay uno, que es y siempre será abolicionista.

Angela Davis, Judith Butler, Emma Goldman, Nancy Fraser, Silvia Federici o Martha Nussbaum son solo algunos de los muchos nombres de teóricas feministas que demuestran que esto no es cierto. La perspectiva interseccional, de hecho, es diametralmente opuesta a la del feminismo “radical” que considera que solo hay una categoría de opresión fundamental –la de género– y las demás tan solo hacen más pesada esa carga. ¿Que las sufragistas eran abolicionistas? Sí, y también liberales, burguesas, colonialistas, heterosexistas y otros muchos sesgos, ¿reclamamos también todo eso?

Decía Echols que las autodenominadas feministas radicales de los ochenta tenían poco en común con las genuinas, y que eran, más bien, feministas culturales. De hecho, Kate Millet apoyó la huelga de prostitutas de 1975 en Lyon y también firmó, junto a Adrianne Rich, el informe de la FACT que se oponía a la prohibición de la pornografía en Indianápolis; ordenanza ideada por MacKinnon y Dworkin en alianza con Reagan. Como muestra de su “radicalidad”, a favor del abolicionismo también tenemos al papa, Frontex, la UCRIF, Ana Botella o Cuca Gamarra.

Al margen del clasismo que entraña mandar a leer, convendría recordar que nuestros derechos se los debemos al feminismo autónomo y de las bases. Y no, sus asambleas de coordinación, desde la transición hasta el presente, no le pertenecen al abolicionismo. Mujeres como Empar Pineda o Cristina Garaizabal formaron parte de las luchas que conquistaron derechos tales como el del aborto (como se recogía en este episodio de Ciberlocutorio) u otros tantos que rememora la genealogía de Paloma Uría.

El feminismo no ha venido a suturar la muerte de Dios, no es una religión con dogmas sagrados ni la sororidad sustituye al amor romántico; es, como decía Vasallo, ante todo un método y una praxis. Este es un momento crucial para que las proderechos hagamos ruido y abandonemos la tibieza por miedo al conflicto. Tenemos argumentos de sobra y no vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas. No hemos venido a caerle bien a nadie ni a hacer negocio con el feminismo: sí, somos las malas y estamos orgullosas de romper con el principal mandato patriarcal."

(Paula Sánchez Perera es autora de Crítica de la razón puta: cartografías del estigma de la prostitución.  CTXT, 09/04/24)

¿Abolir o despenalizar la prostitución? ¿A qué se refiere el presidente del Gobierno cuando afirma que quiere abolir la prostitución? ¿Se refiere a que quiere ir hacia un modelo de prohibicionismo, como en el norte de Europa, donde hay un modelo abolicionista? Sabemos a qué han conducido estos modelos prohibicionistas. El modelo sueco no eliminó la demanda, sino que se ha desplazado a terceros países. Lo que se ha conseguido es clandestinizar a las mujeres que se dedican al trabajo sexual... los modelos buenos son los que establecen derechos para las trabajadoras sexuales. El modelo neozelandés promueve la autoorganización de pequeñas cooperativas, entornos laborales muy pequeños, de las trabajadoras sexuales y que elimina la figura del proxeneta

 "Hace una semana, Pedro Sánchez prometió una ley para abolir la prostitución en España, el tercer país del mundo en el que más hombres pagan por sexo, según un informe de la fundación Scelles de 2016. Se calcula que unas 350.000 mujeres se prostituyen en el país, aunque no hay cifras oficiales. El PSOE quiere aprobar esta legislatura una ley integral bajo la cual se prohibirá la práctica y se sancionará a los clientes, de forma que se persiga la demanda y todas las formas de proxenetismo.

 En el movimiento feminista español prevalece la postura abolicionista, pero hay una parte que aboga por regularlo como una profesión. EL PAÍS invitó el viernes a dos expertas para que defendieran su postura a través de Zoom. Las llamadas se hicieron por separado. La abolicionista, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y filósofa Ana de Miguel es autora de Neoliberalismo sexual, en el que desmonta la idea de que las mujeres eligen libremente ejercer la prostitución.

 Encarna Bodelón, quien considera que la prostitución es un trabajo sexual y defiende que vaya acompañado de derechos laborales, es jurista y profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona.

¿La prostitución es un trabajo?

Ana de Miguel. La prostitución es una práctica por la que un hombre pasa a disponer del cuerpo de una mujer de forma legítima por un precio variable un tiempo determinado. Vamos a concretar más aún, que es lo que nos pide la filosofía. ¿Disponen de una mujer para qué? Disponen del cuerpo de una mujer para introducir su pene en sus agujeros: en su boca, en su ano, en su vagina. O para decirles, “chúpame los huevos”.

 Ahora nos preguntamos: ¿Queremos considerar esto un trabajo? ¿Queremos ir a la cola del paro, cada vez más llena de mujeres, y decirles: “Tranquilas, hay trabajo en los burdeles, es un trabajo como otro cualquiera”? A los jóvenes, ¿si vuestra madre está en paro, queréis decirle que el trabajo sexual es una opción? Yo no quiero ese mundo. (...)

 Encarna Bodelón. La realidad es que la mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución no tienen regulación y no se protegen sus derechos laborales. Están en un ámbito de desprotección, que difícilmente permite que denuncien los abusos laborales que sufren. Por ejemplo, cuando se les debe dinero por un acto sexual o en el caso de los clubes, donde no tienen horarios. Lo que nos encontramos básicamente desde la perspectiva del derecho laboral es un ámbito de desprotección.

¿Cómo hay que abordar la prostitución en España para garantizar los derechos de las mujeres?

A. de M. La prostitución es una escuela de desigualdad humana que refuerza enormemente la idea de que las mujeres son cuerpos, objetos o cosas, que están al servicio del placer de los hombres que quieran disponer de ellas. Entonces, mientras exista la prostitución seguirá siendo el símbolo clarísimo y material de que no somos personas exactamente. Porque la prostitución deshumaniza y cosifica sin remedio a las mujeres a los ojos de los hombres.

E. B. Más allá de las políticas públicas y más allá del derecho, el primer elemento es que todas las mujeres —y más las feministas— escuchemos a las compañeras que se prostituyen o, en algunos casos, que sufren violencia o que son forzadas a estar en situación de trata para prostituirse.

¿Qué cambios legales harían falta?

A. de M. Yo lo que creo que hace falta es que las compañeras juristas que no se conforman con normalizarlo y regularlo, las que sí tienen un pensamiento crítico y sí creen que es posible cambiar la sociedad, tienen que ponerse a ello y mostrárselo a la sociedad. Yo te puedo decir lo primero: abolir el proxenetismo. Es un mundo en el que las ganancias para los proxenetas son enormes y, además, sin ninguna consecuencia. Entonces, los chicos están volviendo a aprender que una chica es la que se sienta en el pupitre a su lado pero es también un cuerpo en tacones, braga o tanga rojo y que está a las cuatro de la mañana allí esperando a su servicio.

E. B. Lo primero sería eliminar todos aquellos elementos que están vulnerando sus derechos. Por ejemplo, tenemos una ley de seguridad ciudadana que contiene muchísimos elementos que están vulnerando los derechos de la ciudadanía: entre otros, permite sancionar a las trabajadoras sexuales que ejercen en la vía pública por delito de desobediencia. Por otra parte, tenemos que considerar que muchas de las mujeres que se dedican a la prostitución lo están haciendo en una situación administrativa irregular. Es algo que tenemos que solucionar para que estas personas tengan acceso a la ciudadanía y al derecho al trabajo desde ya.

¿Qué opina sobre la propuesta del PSOE de abolirla?

A. de M. Hay que pensarla porque me parece bastante razonable. Si los hombres no se ponen límites a ellos mismos, lo que es la moral, el comportamiento moral: ponerte en el lugar de otras personas, no el de tu deseo, y ponerte los límites que nos exige la vida buena en común, tendremos que ponérselos la sociedad, es decir, el Estado.

 E. B. ¿A qué se refiere el presidente del Gobierno cuando afirma que quiere abolir la prostitución? ¿Se refiere a que quiere ir hacia un modelo de prohibicionismo, como en el norte de Europa, donde hay un modelo abolicionista? Si lo que quiere decir es eso, sabemos a qué han conducido estos modelos prohibicionistas. Lo que nos dicen los estudios del modelo sueco, por ejemplo, es que no se eliminó la demanda, sino que se ha desplazado a terceros países. Lo que se ha conseguido es clandestinizar a las mujeres que se dedican al trabajo sexual.

 No existen datos sobre prostitución, solo estimaciones de que la mayoría lo hacen obligadas. ¿Se puede separar la prostitución y la trata?

A. de M. No estaríamos aquí hablando de la prostitución como un problema si no fuera por lo magnificada que está la trata de mujeres. Hay otro ejemplo donde no se puede desligar: los puteros, los hombres que van de putas. ¿Tú crees que ellos distinguen entre trata y prostitución? Ellos no les preguntan a la chica que está en la rotonda con tacones y bragas. No le dicen “oye, ¿tú eres de la trata o de libre consentimiento?”. Jamás. Ellos preguntan cuánto es, si acaso.

E. B. Desde mi perspectiva y la de la mayoría de la legislación internacional, no solo se puede, sino que se debe separar la prostitución de la trata. Porque son dos situaciones diversas. Tanto el Convenio de Varsovia al nivel europeo como el Convenio de Palermo [ambos contra la trata] separan las situaciones de prostitución de la situación de trata. Es más, la legislación española, en el Código Penal, separa y define trata como una situación diversa de la prostitución.

¿Qué país le parece que tiene un modelo mejor para abordar este tema? ¿Por qué?

A. de M. El sueco. Es un modelo que se ha preguntado qué tipo de sociedad queremos para legar para nuestros hijos e hijas, a las generaciones futuras, y por qué.

  Y el modelo incluye medidas que han ido incorporando paulatinamente por ensayo y error que penan al cliente, nunca a las mujeres en prostitución. Además, hacen grandes campañas para explicar por qué hacen eso. Eso es crucial.

E. B. A nivel internacional, las trabajadoras sexuales organizadas han dicho que, en general, ellas no quieren que se regule su trabajo y que sean objetos de controles y restricciones. No quieren marcos reguladores, sino marcos proderechos. Esto siempre se confunde. Entonces, los modelos buenos no son los que regulan el trabajo sexual. Son los que establecen derechos para las trabajadoras sexuales. Se habla mucho del modelo neozelandés porque es un modelo que promueve la autoorganización de pequeñas cooperativas ––entornos laborales muy pequeños–– de las trabajadoras sexuales y que elimina la figura del proxeneta. Es decir, hace una intermediación directa del trabajo sexual y de sus beneficios.

¿Qué inconvenientes tiene el modelo que usted defiende?

A. de M. Lo que el modelo sueco necesita es que se impliquen todos los países, no solo uno. El inconveniente es que está un poco solitario, aunque la verdad es que cada vez hay más países. España, Francia e Irlanda son países que se están planteando examinar qué tipo de sociedad queremos y dando el paso a reconocer que la institución de la prostitución solo reproduce la desigualdad y la deshumanización de las personas.

E. B. No hay modelo perfecto porque el contexto de aplicación, como las condiciones socioeconómicas, son muy distintas entre países y, además, porque tenemos el peso del patriarcado en muchísimos países. Eso siempre va a hacer muy complejo eliminar las vulneraciones de los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual."                         (Paola Nagovitch , El País, 25/10/21)

Tras cinco años de ley contra la prostitución en Francia, que penaliza al cliente, solo 161 mujeres han dejado la calle, y ha provocado una precarización aún más fuerte de un sector ya de por sí muy marginalizado

 "Francia celebra este martes con sentimientos encontrados el quinto aniversario de la entrada en vigor de su ley contra la prostitución.

 La normativa, que supuso un cambio de paradigma al penalizar al cliente y no a las prostitutas, siguiendo el denominado modelo sueco, dividió desde el principio a las asociaciones sobre el asunto, parte de las cuales siguen defendiendo hasta hoy su conveniencia, aunque lamentan la falta de recursos, frente a otras que afirman que ha provocado una precarización aún más fuerte de un sector ya de por sí muy marginalizado. 

En lo que coinciden todas es en los magros logros cosechados hasta la fecha: solo 161 mujeres han completado el programa previsto por la ley para abandonar esa actividad, en un país donde se estima que hasta 40.000 personas ejercen la prostitución. (...)

La normativa, que entró en vigor el 13 de abril de 2016, prevé multas de 1.500 euros (3.750 en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas, a las que se dejó de penalizar por ejercer. A la par, establece un programa de dos años para ayudar e incentivar que las mujeres abandonen la prostitución, con unas ayudas económicas para la reinserción profesional y la regulación de la situación para las personas indocumentadas que buscan integrarlas en la sociedad.

 Pero el importe de estas, de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente, según coinciden críticos y defensores de la ley. Los tiempos y requisitos establecidos para ello —la obligación de abandonar la prostitución antes de poder entrar en el programa, así como una gran burocracia y divergencia de criterios según departamentos— son también cuestionados en diverso grado por ambos bandos.

Desde 2017, un total de 564 personas se han podido beneficiar de este denominado “recorrido de salida de la prostitución”, que por el momento han completado 161 de ellas, según datos oficiales proporcionados a este periódico. Entre 2016 y 2018, las autoridades impusieron además 3.200 multas a clientes, y 2.000 más en 2019. Unas cifras muy bajas en relación con el día a día de la prostitución en Francia, que ejercen entre 30.000 y 40.000 personas en el país y que, al menos hasta que entró en vigor la ley, movía más de 3.200 millones de euros anuales. (...)

“Si la ley ha reafirmado el compromiso abolicionista de Francia, no ha desplegado suficientes medios para lograr ese objetivo”, resume la evaluación oficial. (...)

No se trata de más o menos dinero, sino de un planteamiento de base equivocado, replican las asociaciones que reclaman desde hace años la retirada total de la ley que, afirman, solo ha contribuido a estigmatizar y precarizar más a unas personas tradicionalmente sumidas en la marginación social. 

“No celebramos este aniversario, deploramos que, cinco años después, nos veamos obligados a recordar que todo lo que pasa lo habíamos previsto y que prevenimos de ello a los parlamentarios”, dijo este lunes en rueda de prensa Irène Aboudaram, de Médicos del Mundo Francia. Esta es una de las asociaciones que, en 2019, llevaron la ley de la prostitución ante el Consejo Constitucional, en un intento infructuoso —el organismo validó la normativa— de cuestionar la ley.

 Según argumentaron entonces y sostienen hasta hoy, esta ha provocado desde su entrada en vigor un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que ejercen la prostitución, con menores ingresos y una mayor exposición a la violencia y a prácticas de riesgo, ya que muchos clientes, bajo el argumento de que los que se exponen ahora son ellos, reclaman renegociar los precios o las condiciones, como el uso de preservativo.

 Para June Charlot, de la asociación de acompañamiento de prostitutas en Toulouse Grisélidis, “esta ley se vendió como que iba a salvar a estas mujeres de la prostitución, pero no se puso ningún dispositivo para acompañarlas dignamente”.               (Sylvia Ayuso, El País, 13/04/21)

El sindicato de prostitutas: “Estamos constituidas y trabajando”

"Sindicato busca afiliados y afiliadas. La Organización de Trabajadoras Sexuales Otras ha hecho este viernes en Madrid su presentación en sociedad. “Estamos constituidas y estamos trabajando”, ha dicho Conxa Borrell, secretaria general del primer sindicato estatal de prostitutas, que también acoge a actores porno, telefonistas de líneas eróticas y masajistas tántricas, entre otros. 

Es un colectivo que trae de cabeza al Gobierno y que le costó el puesto a la directora general de Trabajo Concepción Pascual por permitir la publicación de su registro en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que ahora no es fácil revertir.

Tras un par de semanas de silencio por el revuelo que produjo esta inscripción, sus integrantes han alzado la voz frente a un Gobierno que se ha proclamado abiertamente abolicionista (la prostitución se considera un atentado contra la dignidad de la mujer) y que quiere poner en marcha una Ley contra la Trata y la Explotación Sexual, para la que no hay fecha prevista.

En España, el ejercicio de la prostitución es alegal, pero la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, y distintas ordenanzas municipales suponen la persecución tanto de los clientes como de las prostitutas.

“No somos unas muñecas de trapo que se pueden usar y tirar a su antojo”, señala Borrell, que ha ofrecido una rueda de prensa en Madrid este viernes junto con otros representantes. Una portavoz del Ministerio de Trabajo confirma que el “error” de haber permitido el registro de los estatutos y su publicación en el BOE permite que Otras figure como central sindical, el reconocimiento de su actividad laboral y el amparo del Estatuto de los Trabajadores.

El asunto está en manos de los abogados del Estado que buscan la fórmula “más eficaz” para deshacer el camino que llevó a la ministra de trabajo a pronunciar aquella famosa frase: "Me han colado un gol por la escuadra". Desde el todavía sindicato Otras defienden que ejercen la prostitución por propia voluntad y que son mayoría.

Este asunto es, sin embargo, bien polémico. No existen datos oficiales, pero la Policía Nacional calcula que el 80% de quienes ejercen la prostitución son víctimas de la trata. Según informes del Parlamento Europeo, los cálculos más conservadores hablan de "una de cada siete" personas, pero hay fuentes que lo cifran entre el 70% y el 90% de prostitutas forzadas por grupos criminales.

"Somos un sindicato no pequeño, enano, pero grande en colaboraciones", ha explicado Borrell. Asegura que aún no hay afiliados, pero que la lista de espera es "considerable". Desde Otras, critican que el "moralismo imperante de una supuesta izquierda" les "deniega" derechos. Arremeten contra el PSOE y contra parte del movimiento de mujeres, que ha denunciado la creación del sindicato, cuyas representantes tendrán que comparecer el 14 de noviembre en la Audiencia Nacional. "No entendemos el rancio feminismo abolicionista", añade Borrell.

Suecia es el gran modelo abolicionista de Europa desde hace más de 20 años. Los países qeu siguen este modelo ven la prostitución incompatible con la igualdad de género y los derechos humanos y centran su persecución en el cliente. Según las autoridades suecas, la intervención en estos años ha reducido a la mitad la prostitución callejera, aunque sigue existiendo, y ha ocasionado que parte de la actividad se traslade a pisos o el negocio se cierre por Internet, donde las partidarias de regular la prostitución denuncian que están más desprotegidas.

“El modelo abolicionista de Suecia, copiado en Francia, solo ha arrojado situaciones de violencia y precarización para nosotras”, señalaba este viernes Juan, colombiano afincado en París que también ha participado en la rueda de prensa celebrada en la sede de Cogam (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid). Asegura que Francia ya tiene en marcha un sindicato similar al que acaba de inscribirse en España que cuenta con unos 200 afiliados.

El modelo opuesto, el regulacionista, impera en países como Alemania o Dinamarca. Contemplan la venta de sexo como una actividad económica más, como reclaman los integrantes de Otras. Pero el modelo, según el relator especial de Naciones Unidas sobre Trata de Seres Humanos y el Parlamento Europeo, no ha funcionado: hay mayores entradas de tráfico en el mercado sexual. En Alemania, como hay más oferta, se han reducido las tarifas que cobran las prostitutas algo más del 20% y solo entre un 1% y un 5% de mujeres se ha inscrito en el registro obligatorio.

“Es verdad que Alemania es el infierno en la tierra, cuando se legisla mal es lo que pasa”, admite Sabrina Sánchez, secretaria de organización de Otras. “Ese modelo no ha tenido en cuenta a las trabajadoras del sexo. Pero encontrar proxenetas a sus anchas y sueldos bajos ya pasa en España, por eso intentamos organizarnos”, añade. "Quiero derechos laborales por estar ejerciendo mi trabajo, me guste o no".                   (Pilar Álvarez, El País, 21/08/18)

¿Se lucha contra la trata penalizando al cliente? La aplicación de este modelo en Suecia ha conducido a mayores niveles de indefensión y clandestinidad para las prostitutas a las que se en principio se dice que se intentaba proteger

"(...) ¿Se lucha contra la trata penalizando al cliente?

De la mano de la lucha contra la trata sexual, en el ámbito de la UE se han producido cambios importantes de los marcos legales que regulan las relaciones entre el sexo y el dinero que han tendido a estimular la penalización del cliente. 

Esta fue la respuesta del feminismo estatal sueco como una forma de lucha contra la trata, pero se dejó fuera la voz de las trabajadoras sexuales que no pudieron hablar de los efectos negativos que tiene sobre ellas y de la falsa asimilación de la prostitución con la trata sexual. Queda acallado en este debate que mientras se sancionaba esta ley, en Suecia también se discutía cuáles iban a ser las relaciones con la UE, fundamentalmente en términos de políticas migratorias. 

Al respecto, las organizaciones de trabajadoras sexuales denunciaron que uno de los peores efectos era la instrumentalización que se estaba haciendo de la protección de los derechos humanos de las mujeres contra la explotación para dar apariencia de legitimidad a las políticas de control migratorio del espacio europeo.  

La ley sueca (1999) penaliza con seis meses de prisión a quienes obtienen relaciones sexuales casuales a cambio de dinero, y deja asentado que no se busca criminalizar a quien voluntaria y autónomamente ofrece servicios sexuales. 

La penalización del cliente de servicios sexuales fue consolidándose en el sentido común como un respuesta eficaz contra la trata sexual –“sin clientes no hay trata”– a pesar de que no pudo determinarse qué tipo de efectos disuasorios reales tuvo esta ley. Los análisis acerca de su impacto nos indican que la oferta y demanda de servicios en el espacio público no han desaparecido sino que se han trasladado al ámbito privado o a lugares más alejados de los centros urbanos. 

Aun cuando se haya producido una diversificación de las maneras de publicitar y acceder a servicios sexuales, la aplicación de este modelo ha conducido a mayores niveles de indefensión y clandestinidad para las prostitutas a las que se en principio se dice que se intentaba proteger.

La criminalización de la demanda se ha complementado con una red de dispositivos para que la trabajadora sexual abandone esta actividad. Se trata de una amalgama de técnicas disciplinarias y asistenciales que promueven el “empoderamiento” de las mujeres para que encuentren otra forma de subsistencia más “digna”.

 Mientras que aquellas mujeres que se empoderan mediante la reivindicación del trabajo sexual, son sometidas a mecanismos punitivos tales como la expulsión –en el caso de mujeres migrantes– o la pérdida de la tenencia de sus hijos, o directamente se las responsabiliza de explotar sexualmente a otras cuando se organizan en formas de trabajo cooperativas.

Además de penalizar a los clientes, desde finales de los 90, las reformas legales respecto del sexo comercial tienen en común la persecución y exclusión de quienes ofrecen servicios sexuales en ámbitos públicos y privados bajo criterios tanto de gentrificación –se intenta expulsar a las trabajadoras sexuales del espacio público que se quiere revalorizar–, como  de seguridad ciudadana y en definitiva operan conjuntamente con la criminalización de las migraciones a través del discurso de la lucha contra la trata sexual.

La lucha contra la trata y la persecución de las migrantes

Hay varios tipos de trata considerados como delito:  la trata laboral o trabajo forzoso, los matrimonios forzados, la mendicidad obligada, etc. En el Estado español, la mayoría de las víctimas de trata (el 75%) se contabiliza en ámbitos ajenos al mercado sexual, aunque sus condenas solo representan el 10% del total. 

El 92% de las sentencias están relacionadas con la finalidad de explotación sexual, lo cual revela la escasa importancia de la lucha efectiva contra la explotación laboral. No ha habido voluntad política de perseguir otras formas de trata, ni tampoco de definir qué significado y alcance tiene el término “explotación”, más allá de la relaciona con el trabajo sexual. 

Ello ha conducido a que se de un mayor número de mujeres –tanto nacionales como migrantes– que de hombres condenadas por el delito de trata sexual, aunque se supone que es el sujeto que las leyes buscan proteger de los abusos. Frente a un derecho laboral flexibilizado y precarizado, incidir en la trata sexual ignora los abusos de las mujeres migrantes que se dedican a las tareas informalizadas en el  mundo de los cuidados o de la agricultura. 

Reducir el mundo de la “trata” –que muchas veces simplemente es una manera de describir las relaciones entre migrantes y mercado de trabajo– a la trata sexual es una manera de dejar de lado la discusión sobre la degradación de los derechos laborales de todas, migrantes y no migrantes.  (...)

En Sevilla, con el objetivo de acabar con la trata sexual y la prostitución se desalientan las imágenes discriminatorias contra las mujeres en el espacio público a través de la criminalización de los clientes, y se impide la promoción o facilitación del consumo –panfletos, anuncios, taxistas, etc.– estimulando el vigilantismo de la ciudadanía.

Colectivos de trabajadoras sexuales –Prostitutas Indignadas, Hetaira, Colectivo de Prostitutas de Sevilla– han denunciado reiteradamente que a partir de estas ordenanzas habían empeorado sus relaciones, siempre conflictivas, con la policía, sobre todo local, que ahora se encontraba legitimada para perseguirlas y acosarlas. 

También hicieron hincapié en que las ordenanzas no habían implicado un cambio sustancial en relación a las multa porque todavía se las castiga más que a los clientes, aunque sí dificultan su presencia en el espacio público.  (...)

Por su parte, la Ley de Seguridad Ciudadana –LO 4/2015– establece la criminalización de la demanda como presupuesto rector. Con anterioridad, cada ayuntamiento tenía la facultad de dictar sus propias normas en materia de prostitución. 

Esta ley introdujo un artículo –el 36.11– que dispone que las fuerzas de seguridad “requerirán” a quienes prestan servicios sexuales que se “abstengan” de hacerlo, dejando expresamente claro que cualquier conducta que cuestione ese requerimiento va a ser castigada por “desobediencia”. 

De esta manera se facilita la arbitrariedad policial por parte de quienes la ley considera víctimas y esta “desobediencia” puede ser castigada con la misma pena que el cliente –hasta 30.000 euros–. En el caso de las migrantes no regulares los efectos pueden ser aún más nefastos ya que esta infracción puede implicar la expulsión del territorio.

La insistencia en que este modelo no criminaliza a las trabajadoras porque va dirigida a la demanda, ofrece altos niveles de fetichismo normativo y pedagógico. Este esquema despolitiza y devalúa el delito de trata, dado que solo es factible cuando se apela a un solo tipo de demanda, la sexual. 

Desde esta perspectiva se invisibilizan la multiplicidad de sexualidades y formas de agenciamiento que se dan en el mercado sexual, por ejemplo, el aumento considerable de mujeres o transvarones que demandan este tipo de servicios, o las posibilidades de mayor autonomía y mejores ingresos que proporciona el trabajo sexual si se compara con el cuidado de personas mayores o niños, o con las tareas domésticas remuneradas.

El modelo sueco y su proyección internacional también demuestran una problematización típicamente neoliberal de la trata sexual que responsabiliza a un sujeto patologizado de la existencia de la trata –“sin clientes no hay trata”, tal como rezan las campañas– creando nuevas jerarquías de masculinidad. 

Sin embargo, la situación actual describe una órbita expansiva y un cambio fundamental en el trabajo sexual y en las formas de explotación, como parte de la transformación de las formas productivas generizadas del mercado de trabajo en permanente degradación, y de los efectos nefastos de las políticas que criminalizan la migración."             (Agustina Iglesias Skulj es criminóloga transfeminista, CTXT, 07/03/18)

La prostituta jurista contra la Ley que condena a sus clientes... sexuales

“Laura lleva 20 años ejerciendo la prostitución. Ahora, está licenciada en Derecho emprende un desafío legal sin precedentes: anular la ley que penalizará en Irlanda del Norte a quienes paguen por sexo (…)

Con la prostitución, ¿quién comete el delito? ¿Los que pagan o los que venden? Laura Lee conoce bien el negocio. Lleva dos décadas ejerciendo como trabajadora sexual. Tiene 37 años, una hija de 14 y pareja estable. Y ahora ha acaparado todos los titulares al emprender un desafío legal sin precedentes. 

Se ha propuesto anular la nueva ley que, a partir del 1 de junio, convertirá a Irlanda del Norte en la primera región del Reino Unido donde se penalizará a todos aquellos que paguen por sexo. La asamblea de Belfast sigue así los pasos de Suecia y otros países nórdicos.

Lee es contundente: “Si se aplica el mismo modelo, el Estado tendrá las manos manchadas de sangre”. Un equipo de abogados se ha puesto a su disposición, activistas de ambos lados del Atlántico le han mostrado su apoyo y están recogiendo dinero a través de crowdfunding porque están dispuestos a llegar hasta la Corte de Estrasburgo si fuera necesario. (…)

“Lo único que van a conseguir es incrementar la violencia y que los trabajadores seamos menos propensos a denunciar crímenes a la policía. En definitiva, la industria va estar aún más estigmatizada”, explica a El Confidencial. “Lo que me parece increíble es que se haya empezado esta cruzada moral cuando toda evidencia muestra que la despenalización es la única manera de mejorar el bienestar de quienes trabajamos en esta industria”, añade.

¿Es hora de regular la prostitución en el Reino Unido? El debate está encima de la mesa. Pero ¿cuántos la ejercen libremente y cuántos son forzados por el control de las mafias? Ahí está la clave. (…)

Sin embargo, Lee, que conoce de primera mano la realidad de Irlanda del Norte, asegura que justificar la nueva normativa apoyándose en el tráfico humano es una absoluta “farsa”. “Aquí es como si se viviera 40 o 50 años por detrás. Es una sociedad aún sumamente tradicionalista con partidos políticos arraigados a creencias cristianas. Quieren hacer lo que sea para acabar con la prostitución y punto. Pero que no se escuden en lo que no es. 

En el último año, no ha habido ni un solo caso de mafias que traficaban con mujeres, pero sí se han registrado 70 casos de violencia y desde 1990, 149 personas han sido asesinadas”, explica.

Madres que ejercen en casa

Según las últimas cifras oficiales, en Irlanda del Norte –cuya población es de 1,8 millones– hay alrededor de 20 trabajadores sexuales que ejercen en la calle y unos 300 que están en locales o viviendas privadas. La investigación encargada por el departamento de Justicia reveló que sólo el 2% de las personas dedicadas a esta industria están a favor del llamado “modelo sueco”, el 61% teme que vayan a estar menos seguros y el 85% está convencido de que no va a reducir el tráfico sexual.

Según Lee, la mayoría de las personas que se dedican a esto lo hacen de manera independiente y el 70% son madres solteras intentando sacar adelante a sus hijos. “Nadie tendría que tener el poder de quitarles esa opción. Belfast es una ciudad, pero realmente tiene un ambiente de pueblo. 

Todo el mundo se conoce. Hay muchas madres que ejercen la prostitución en su casa cuando el niño está en el colegio porque no tienen recursos, pero si ahora los clientes tienen miedo de acabar con una ficha policial dejarán de visitarlas y ellas se quedarán sin dinero”, explica.

Aunque Lee vive en Glasgow desde 2003, viaja constantemente a Dublín y Belfast para ver a sus clientes. “Allí siempre hay mucho movimiento. Ya tengo mis clientes regulares. El hecho de que sea irlandesa les gusta y tengo que decir que la mayor parte del tiempo disfruto con mi trabajo”, dice.

“Nunca habrá una sociedad sin prostitución”

Se niega a revelar lo que cobra por cada servicio, pero asegura que puede compatibilizarlo con sus estudios y llevar un nivel de vida normal. Ya tiene la carrera de Derecho y ahora está a punto de finalizar Psicología. En el futuro, le gustaría trabajar ayudando a prostitutas. 

“La prostitución no puede ser erradicada. Nunca ha habido ni nunca habrá una sociedad sin personas que vendan sexo. Y una vez que se haya aceptado esto, las prioridades deben cambiar. La atención debe centrarse en mantener la seguridad de aquellos que trabajan voluntariamente en el negocio y ofrecer apoyo real a los que quieren salir”, añade.

Su modelo a seguir, sin duda, sería el de Nueva Zelanda. La prostitución se legalizó en 2003 y desde entonces, la violencia y enfermedades de transmisión sexual han disminuido considerablemente. Por otra parte, no existen prostíbulos en cada esquina, como se temía antes de aprobar la ley.

Aunque Lee se muestra muy discreta con su vida personal –no quiere hablar de nada relacionado con su actual pareja–, insiste en que su hija la apoya en la batalla legal que está a punto de comenzar y que incluso algunas veces la acompaña a manifestaciones. 

“Lógicamente es difícil explicar a tu hija a lo que te dedicas. Y ahora que soy una persona que aparece en los periódicos, más aún, pero en el colegio se están portando genial. Yo hablo mucho con ella.

 Empecé contándoselo poco a poco hace años. Primero le dije que acompañaba a gente que estaba sola…. Es difícil. Y es un proceso muy largo. Pero sobre todo le decía que no era nada malo ni tampoco nada ilegal”, matiza.

Con la legislación actual, está prohibido vender sexo, pero las prostitutas pueden ejercer su profesión en apartamentos o habitaciones de hotel siempre y cuando puedan demostrar que actúan de manera independiente, como hace Lee.

Con la nueva normativa, se permitirá, a partir de junio, ejercer la prostitución en la calle. Pero, tal y como dice Lee, es otra “pantomima” porque se prohíbe ir de dos en dos o regentar burdeles. 

“Esta es otra de las cosas por las que voy a luchar en los juzgados: es primordial que podamos trabajar en grupo para erradicar la violencia. Si el cliente sabe que tienes dinero y estás sola y no puedes llamar a nadie estás perdida. Si por el contrario, hay tres chicas en un apartamento y una escucha a otra gritar puede llamar a la policía”, señala.

En Suecia –donde la prostitución es considerada como un aspecto de violencia masculina contra mujeres, niñas y niños– se aprobó la polémica legislación en 1999. Por un lado, penaliza la compra de servicios sexuales y por otro, despenaliza la venta de dichos servicios. El modelo fue seguido por Noruega e Islandia.

De acuerdo con la investigación de 2010 del Gobierno sueco, la normativa ha reducido a la mitad la prostitución callejera, mientras que el número de hombres que pagan por sexo se redujo de 12,7% en 1996 al 7,6% en 2008. La ley también ha cambiado la opinión de la sociedad sobre la compra de sexo: en 1996, el 45% de mujeres y 20% de los hombres apoyaban criminalizar la compra de sexo. En 2008, los porcentajes han crecido hasta el 79% y 60% respectivamente.

“Estoy aquí por el dinero, es mi elección”

Sin embargo, los grupos por los derechos de los trabajadores del sexo argumentan que el modelo nórdico ha sido un experimento fallido que ha incrementado aún más el estigma. Dichas organizaciones apuntan a un informe de la Comisión de Derecho sobre VIH de la ONU que establece que “desde su promulgación en 1999, la ley no ha mejorado –de hecho, ha empeorado– la vida de los trabajadores”, y si bien el trabajo de calle se ha reducido a la mitad, el comercio sexual se mantiene en niveles preley.

Con todo, el modelo sueco se está debatiendo en Francia y Canadá y muchas organizaciones están presionando para que también se imponga en la república de Irlanda y en el resto del Reino Unido, donde se estima que hay alrededor de 80.000 personas dedicadas a la prostitución.

A pocos kilómetros de distancia de los pasillos de Westminster, en un piso en Soho, Ana, de Rumanía, se opone ferozmente a la campaña. Lleva trabajando como prostituta desde los 20 años. Ahora tiene 26.

 “Quién va a decirme lo que tengo que hacer? Estoy aquí por el dinero, es mi elección”, señala. Admite que los clientes a veces son violentos y reconoce que no es fácil trabajar en el negocio, “pero si dos personas adultas llegan a un acuerdo económico, el resto no se debe meter”.

La cuestión es si en la habitación de al lado de Ana hay otra chica, quizá de también de Rumanía, que es obligada a ser una esclava sexual. ¿Protegería a esta última la nueva ley de Irlanda del Norte?"                  (Celia Maza. Londres , El Confidencial , 01.04.2015)