La ingeniería jurídica de un fondo buitre para quedarse con la vivienda en la que Cristina lleva medio siglo... Un fondo quiere subastar el piso en el que vive una mujer de 77 años, que es propietaria del 39% del inmueble, tras hacerse con el resto de la propiedad y reclamarle una deuda de 40.000 euros de alquiler... “Siempre hemos oído hablar de empresas de proindivisos, que compran trozos de deuda y de casas y que terminan echando a los inquilinos"... El juzgado dio razón al fondo... “Esperan que te endeudes hasta los ojos, porque no te puedes ir, y luego se lo quedan por nada, porque como les debo, me van a dar 1.000 o 5.000 euros y a la calle”

 "Cuando la familia de Cristina se instaló en la calle Antonio López, casi a orillas del Manzanares, en Madrid, ella tendría unos 6 o 7 años. Era la década de los 50 y, aunque no recuerda las fechas exactas, sí menciona el tranvía, las chabolas o el suelo de tierra bajo sus pies. Sus padres consiguieron un alquiler y unos años después compraron una vivienda en la avenida, en primera línea de lo que hoy se ha convertido en Madrid Río y ha revalorizado la zona. A sus 77 años, esta enfermera de profesión ve peligrar el techo bajo el que ha vivido el último medio siglo y del que es propietaria en un 39%. Un fondo buitre se ha hecho con el 61% del inmueble que heredaron sus hermanos, le reclama una deuda que suma ya decenas de miles de euros y está a la espera de subastar el piso.

El drama inmobiliario comenzó con una llamada. “El fondo buitre me dijo que había comprado el 61% de mi casa y que a mí me quedaba el 39%. En ese momento me advirtieron que tendría que comprar su parte o que lo subastarían. Me quedé boquiabierta”, explica. Ante esa situación, Cristina ni siquiera pudo ejercer su derecho de tanteo. “No lo tuve, no me lo dijeron”, lamenta.

“Siempre hemos oído hablar de empresas de proindivisos, que compran trozos de deuda y de casas y que terminan echando a los inquilinos. En nuestros barrios y ciudades estamos viendo muchas formas de inversores o buitres, desde los grandes, que ya conocemos, hasta inversores de medio pelo”, explica la activista por el derecho a la vivienda y miembro de diversos movimientos sociales, Mercedes Revuelta. Ella recuerda que cuando estas empresas quieren quedarse con una casa en la que habita alguien, la única forma que tienen de hacerlo es “extorsionando”, de una forma o de otra. “Siempre”.

En marzo de 2017, la compañía Elite Invergest S.L. presentó un procedimiento para dividir el inmueble. En aquel momento, el juzgado declaró la indivisibilidad de la vivienda, acordó la disolución del proindiviso y ordenó la venta en subasta pública. Este procedimiento se detuvo, pero en enero de 2020, el fondo reclamó a Cristina la cantidad equivalente al alquiler que no había podido cobrar por el inmueble. La empresa había estimado la renta media de la zona, en pleno auge de los alquileres en la ciudad de Madrid, y consideró que por su 60% la mujer, que entonces tenía 73 años, debía pagarle 21,71 euros al día. Más de 650 euros la mes. Cuando salió la sentencia, el montante superaba los 15.500 euros, que han continuado incrementándose jornada a jornada.

Cristina alegó entonces que esa vivienda había sido su domicilio familiar “prácticamente desde su nacimiento” y que la empresa, que se dedica profesionalmente a la compraventa de inmuebles, está haciendo un “ejercicio antisocial y abusivo del derecho”. Según esta sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Elite Invergest SL, que adquirió el 61% de la propiedad por 36.000 euros, que después tasó en 253.498 euros, había propuesto a la mujer que se fuera de la casa durante el tiempo del año correspondiente a ese porcentaje, es decir 8 meses.

El juzgado dio razón al fondo: el uso “en exclusiva y excluyente” era “ilegítimo” y Cristina debía pagar 15.500 euros a Elite Invergest SL. La subasta nunca llegó a celebrarse, pero la deuda de Cristina siguió engordando. Hoy supera los 40.000 euros. Y es entonces cuando se ha reactivado la subasta. “Esperan que te endeudes hasta los ojos, porque no te puedes ir, y luego se lo quedan por nada, porque como les debo, me van a dar 1.000 o 5.000 euros y a la calle”, lamenta Cristina.

Un engranaje jurídico

“Es un engranaje. Esto comienza en 2017, cuando el fondo buitre se entera de la situación y se hace con el 60% de la casa. Ahí empieza la ingeniería jurídica: a la empresa le interesa liquidar la casa y, como es un bien indivisible, solicita que se saque a subasta. Paralelamente, inician otro procedimiento un tiempo después. Durante años la cargaron de deuda y, ahora que es alta, instan la subasta que tenían en stand by”, explica Mario Álvaro, del despacho Cano&Sánchez abogados, dirigido por Santiago J. Cano, que ha llevado el caso.

La cuestión es que, más allá de consideraciones morales, el procedimiento se basa en la legalidad. “Otra cosa es que vayan a sacar a una persona mayor de su vivienda, con operaciones a sus espaldas y con bastante malicia”, considera Álvaro.

“El entramado que se está generando es cada vez más amplio y complejo”, explica el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Juanjo Ramón, que lamenta que no haya “ningún tipo de voluntad ni medida para evitar que se puedan hacer cosas como esta”. “Tienen el dinero y el poder y puede llegar a situaciones como estas, a meterse en temas de herencias, a una subasta y, por cuatro duros, quedarse con la vivienda sin importar lo que le pase a terceros propietarios”.

La situación es aún más perversa y recuerda a episodios vividos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Si una subasta de este tipo queda desierta, los propietarios pueden acceder a la compra del inmueble por el 75% de su valor de tasación. “Es una práctica muy antigua, que utilizan los bancos. Cuando las subastas de los pisos que embargaban se quedaban desiertas, la ley les permitía quedársela al 75%, pese a que una parte ya la hubiera pagado la familia”.

En plena burbuja, Cristina consiguió una hipoteca para comprar una vivienda a la que poder ir cuando faltase su padre, pese a que continuó en la casa familiar. “Dejé ahí todos mis ahorros, 80.000 euros”, explica. Era una época en la que el crédito fluía, a la vista de los resultados, con poco control. En 2013, la Comunidad de Madrid aprobó su plan de jubilación forzosa de sanitarios y esta enfermera, que pretendía seguir en el hospital hasta los 70, se quedó sin trabajar. “Mi trabajo siempre ha sido mi refugio y mi calma”, recuerda con nostalgia. También se vio impedida para hacer frente a la hipoteca. Dejó de pagar. Sobre esa vivienda, que se encuentra en situación de abandono al no poder hacer frente a las cargas, pesa un procedimiento de ejecución hipotecaria.

“No tengo donde ir”, repite con voz firme, pero horrorizada por su situación habitacional y de salud. “Como no lloro, lo he ido somatizando”. El mes pasado acudió a urgencias con un dolor muy fuerte en el costado. “Tenía una mancha en el pulmón izquierdo”. Después, un neumólogo. “Y un nódulo en el riñón derecho”. Ahora espera el resultado de un TAC con el temor a un diagnostico oncológico. “Me han dicho que tal vez me tienen que quitar el pulmón y ¿qué hago yo, enferma y en la calle?”."                 (David Noriega, eldiario.es, 08/10/24)

Un jubilado con cáncer demanda a Antiokupa Norte por acoso inmobiliario... "No podemos aceptar que se utilice un corte de agua como medio de desahucio”... cuatro hombres que se identificaron como miembros de Antiokupa Norte acudieron a la vivienda... uno “puso el pie en el descansillo de la puerta, otro estaba a su lado, el tercero me hablaba y el cuarto, grababa la situación”. Les define como “matones” y se pregunta “¿dónde está la justicia?” y “¿qué es lo siguiente que van a hacer? ¿Una agresión física?”... “con una actitud muy agresiva y amenazadora”, le conminaron a Segura a “abandonar de forma inmediata la vivienda”, entregar las llaves y firmar un documento de “renuncia de la posesión de la vivienda”. De lo contrario, “establecerían un control de acceso a la vivienda y, en el momento en que quedara vacía, la ocuparían”... La Red Antideshaucios de Cantabria califica la situación de “absoluta infamia y una inmoralidad, además de ser manifiestamente ilegal”... lo que está padeciendo José Antonio cumple todos los criterios y fases del llamado mobbing inmobiliario, que es un tipo de violencia que propietarios y empresas de macarras como Desokupa o la que opera aquí, Antiokupa Norte, ejercen contra familias especialmente vulnerables para provocar que abandonen su vivienda... Se empieza con presiones, llamadas de teléfono y después se pasa a las coacciones, amenazas y cortes de suministros, hasta que se va avanzando hasta la llegada del grupo de matones de turno para intimidar y amedrentar a los afectados. El problema es que, demasiadas veces, la Justicia no hace nada”

 "No podemos aceptar que se utilice un corte de agua como medio de desahucio”, sostiene José Antonio Segura, de 73 años. Fue periodista, trabajó como corresponsal en Madrid y Bruselas y desde hace nueve meses vive con su esposa y su hija en una casa sin agua en Mortera de Piélagos (Cantabria). Llevaban 13 años pagando “religiosamente” 640 euros de alquiler a un constructor sobre el que ahora saben que le pesan dos embargos —uno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, otro de la Tesorería de la Seguridad Social—, según consta en las anotaciones preventivas del registro de la propiedad a las que han accedido su abogado y la Red Antidesahucios de Cantabria.

Segura está jubilado y tiene cáncer. Su mujer también es pensionista y padece una enfermedad mental. No están para mudanzas. Que les cortaran el agua de un día para otro como medida de presión para que el dueño recuperara la casa les pareció algo “indigno e inadmisible”. Consideran que “no podemos permitirlo; ni yo, ni nadie”. Así que continuaron viviendo en su casa, pagando el alquiler y acarreando diariamente entre tres y cuatro garrafas de agua de una fuente de su barrio.

Demandaron al dueño por coacción y acoso. Perdieron. En el juicio se enteraron de que el propietario tenía un impago precisamente de las tasas del agua. “Nunca las abonó ni las repercutió” en los inquilinos, señala Segura.

El periodista y su familia esperaban entonces que el propietario interpusiera una demanda de desahucio contra ellos y que fueran los tribunales quienes dirimieran quién tiene razón o cuándo deben abandonar su hogar. Pero eso no ocurrió. El constructor, que había quedado impune por el corte del suministro, optó por recurrir a una empresa de desahucios extrajudiciales.

Antiokupa Norte dijo actuar en nombre de José Gómez Cuerno

El 22 de agosto a las 21 horas, cuatro hombres que se identificaron como miembros de Antiokupa Norte acudieron a la vivienda. Dijeron actuar en nombre del José Gómez Cuerno y, “con una actitud muy agresiva y amenazadora”, le conminaron a Segura a “abandonar de forma inmediata la vivienda”, entregar las llaves y firmar un documento de “renuncia de la posesión de la vivienda”. De lo contrario, “establecerían un control de acceso a la vivienda y, en el momento en que quedara vacía, la ocuparían”, explica. Así consta en la demanda que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº3 de Santander, fechada el 24 de agosto.

Finalmente, ha sido el jubilado quien ha vuelto a demandar al propietario. Esta vez, por siete presuntos delitos: amenazas, coacciones, acoso, delito contra la integridad moral, extorsión, realización arbitraria del propio derecho y organización de grupo criminal. Al administrador único de Antiokupa Norte le acusa de estos mismos delitos como autor intelectual y también, material.

Uno de aquellos hombres que le tocó la puerta la semana pasada “puso el pie en el descansillo de la puerta, otro estaba a su lado, el tercero me hablaba y el cuarto, grababa la situación”. Les define como “matones” y se pregunta “¿dónde está la justicia?” y “¿qué es lo siguiente que van a hacer? ¿Una agresión física?”.

El Servicio de Aguas se escuda en su reglamento de altas y bajas

Segura recuerda que “no se puede echar a un inquilino por la vía de cortar el agua, es indigno e inadmisible”. El corte del suministro fue solicitado por el propietario de la vivienda y efectuado por el Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Piélagos el 1 de diciembre de 2023. El 13 de diciembre, Segura presentó una demanda contra el propietario por coacciones y acoso, delitos por los que fue absuelto por la juez de Instrucción nº5 de Santander.

En llamada telefónica a El Salto, desde el Servicio de Aguas enseguida identifican la dirección del corte de agua, pero insisten en que “la baja del suministro la tiene que presentar el propietario de la vivienda, lo dice nuestro reglamento”. Se apresuran a añadir que “también el alta”. Todo lo demás, entienden que lo debe dirimir un tribunal. El inquilino ha presentado “numerosas solicitudes para poner el suministro a nuestro nombre”. Han sido desechadas.

Los inquilinos abonaron el alquiler en diciembre, enero y febrero, en una cuenta del Ayuntamiento de Piélagos debido a la notificación de “una orden de embargo de la cuota de alquiler”. Es decir, el propietario se quedó sin recibir el alquiler. Cuando llegó la sentencia del agua, los inquilinos decidieron dejar de abonar la cuota al Ayuntamiento. Si no tenían agua, no pagarían alquiler. Al leer la sentencia, Segura se sintió como “un tonto”. “Nos parecía absurdo pagar un alquiler con una orden de embargo a favor de una institución, el Ayuntamiento de Piélagos, que nos negaba un suministro tan básico como el agua, de forma completamente ilegal, a nuestro entender”, agrega.

Segura resalta que es “muy extraño” que el constructor, José Gómez Cuerno, conocido en Cantabria por ser antiguo directivo de la Promotora Inmobiliaria Triguero, empresa familiar, no interpusiera una demanda de desahucio, pero intuye que se debe a que sobre la propiedad pesan dos anotaciones preventivas de embargo, lo cual habría provocado un desahucio “en pocos meses” o, si se suspendiera el lanzamiento debido a la situación de vulnerabilidad —cobran dos pensiones bajas y la hija está desempleada—, “tendrían derecho a una ayuda del Estado por un importe similar al del pago del alquiler”.

Segura explica las distintas formas de amenazas y coacciones que ha recibido su familia. Incluso un día acudió la madre del propietario a pedirles que se fuera. También les pidió una “cuota abusiva, con un incremento del 50% del alquiler, es decir 956 euros, si queríamos permanecer allí durante el tiempo necesario hasta que encontráramos otra cosa”.

La Red Antideshaucios califica la situación de “absoluta infamia”

La Red Antideshaucios de Cantabria a acompañado a Segura y a su familia en estos angustiosos meses, desde que en abril de 2023 el propietario y su familia “empezaron a presionarle”. El portavoz de la red, Roberto Mazorra, califica la situación de “absoluta infamia y una inmoralidad, además de ser manifiestamente ilegal”. Mazorra recuerda que, anteriormente, ha habido hasta cuatro casos de acoso inmobiliario en Cantabria, “yo mismo lo he sufrido, pero lo que está padeciendo José Antonio cumple todos los criterios y fases del llamado mobbing inmobiliario, que es un tipo de violencia que propietarios y empresas de macarras como Desokupa o la que opera aquí, Antiokupa Norte, ejercen contra familias especialmente vulnerables para provocar que abandonen su vivienda. Y suelen hacerlo contra familias con miembros de avanzada edad por motivos obvios. Se empieza con presiones, llamadas de teléfono y después se pasa a las coacciones, amenazas y cortes de suministros, hasta que se va avanzando hasta la llegada del grupo de matones de turno para intimidar y amedrentar a los afectados. El problema es que, demasiadas veces, la Justicia no hace nada”, concluye."               (Gessamí Forner , El Salto, 30/08/24)

La policía investiga a Brigada Desokupa por el intento de desalojo ilegal a Amparo Espino... El caso de Amparo ha abierto un debate sobre cómo operan este tipo de empresas antiocupación, que a golpe de músculos, gritos y amenazas tratan de sacar a inquilinos de una vivienda sin una orden judicial

 

"El intento de desalojo ilegal a Amparo Espino, de 67 años, del bajo donde vive en Vallecas, ya está en los juzgados. Después de que un grupo de una decena de hombres de la empresa Brigada Desokupa irrumpiera el miércoles 2 de agosto en su puerta sin ninguna orden judicial y acompañados por la Policía Nacional, la mujer ha denunciado a la empresa y ha agregado una queja por inacción de los agentes. Amparo, que ha estado acompañada desde ese día por gente de la PAH de Vallecas, vive con el miedo de que vuelvan cuando se quede sola. Su caso abre un debate sobre cómo operan las empresas antiocupación.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Amparo relata cómo todo empezó el 13 de julio. Ese día fue la primera vez que los hombres de la empresa se presentaron en su casa. Le mostraron un papel para que firmase una salida voluntaria del domicilio el 2 de agosto. Ella, al ver al grupo de hombres, fornidos, a un paso del recibidor, no dudó un segundo en darles su DNI y firmar lo que hiciera falta. Así lo expone en la denuncia que ha presentado este domingo: “Acabé firmando el documento contra mi voluntad, profundamente asustada por la actitud de los individuos que me increpaban en grupo desde la puerta de mi casa, sin dejarme cerrarla, y amenazando con consecuencias legales que no entendía”.

Todo se agravó unas semanas más tarde. Los hombres de Brigada Desokupa cumplieron su promesa y la semana pasada volvieron a su domicilio. Esta vez, ella no estaba sola, la acompañaba gente que había vivido desahucios anteriores, que hacían turnos para impedir cualquier tipo de abuso. Una decena de hombres se reunió en una calle paralela y llamó a la policía —según reconoció la compañía en un comunicado en redes sociales—. Esperaron a que cuatro vehículos de la Policía Nacional llegaran y caminaron de nuevo hacia su casa en la calle Carlos Solé.

Más información

Gritos, amenazas y chalecos antibalas: en las tripas de un intento de desalojo ilegal en Madrid

Ese miércoles Brigada Desokupa trató de efectuar un desalojo sin ninguna orden judicial, según ha denunciado Amparo. Hacia las 13.00 horas, después de gritos y amenazas, tocaron el timbre, acompañados de la Policía Nacional. El objetivo era sacar a la mujer de ese piso en el que está de alquiler y no paga. Habían sido contratados por la propietaria, un trabajo por el que cobran como mínimo 2.500 euros, según su página web. La propiedad se ha negado a dar ningún tipo de información a este diario sobre el proceso legal que emprendieron, tampoco sus abogados. Amparo, acompañada de gente de la PAH de Vallecas, no abrió. Ningún juez había dado una orden.

Antes de marcharse, derrotados tras el espectáculo macabro de tratar de amedrentar a una señora de 67 años, enferma del corazón (tiene una miocardiopatía hipertrófica), superviviente de un cáncer de mama, con más de una veintena de agentes de la Policía Nacional y sin ninguna justificación legal, les lanzaron una advertencia: “Ustedes mismos. Tienen 48 horas”. La policía permitió que entrara Desokupa hasta la puerta mientras un equipo de sanitarios del Summa 112 esperaba desde fuera para poder asistirla. “Los individuos de Brigada Desokupa, varios de ellos provistos de chalecos antibala, se colocaron en el portal de mi casa, escoltados por los funcionarios policiales”, reza la denuncia que ha presentado.

Todo lo ha documentado en un escrito donde ha agregado mensajes de WhatsApp con un representante de la empresa que avisaba de lo que iba a suceder ese día, vídeos, imágenes, informes médicos, para mostrar la “pesadilla” en la que se ha convertido su vida en las últimas semanas en las que trata de no abandonar la vivienda y si lo hace, se aleja apenas unos metros para sacar a sus perros. Ha sido asistida por una abogada que colabora con la plataforma, pues trató el viernes de denunciar los hechos en una comisaría y volvió a casa con las manos vacías.

La última batalla de Amparo se detonó a las puertas de una comisaría de Vallecas, según ha descrito en la denuncia presentada el domingo. “El 4 de agosto, a las 16.50 horas, acudí a la comisaría de distrito de Puente de Vallecas, situada en la calle Peña Trevinca, 1, a denunciar lo sucedido, pero los funcionarios de policía que se encontraban en la misma no me dejaron acceder a la comisaría a interponer denuncia, tratándome de okupa”, reza parte del documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Ha bastado exponer mínimamente lo sucedido para que su reacción haya sido la de impedirme el acceso a un recinto público y a un servicio público, faltándome al respeto e impidiéndome el ejercicio del derecho a poner en conocimiento de las autoridades unos hechos que considero delictivos”, señala el texto.

El domingo por la mañana, antes de salir a los juzgados, Amparo Espino recibía una llamada inesperada. No imaginó que del otro lado del teléfono, con todo lo que había vivido estos días, una persona con uniforme le hablaría por primera vez en tono conciliador. Ya no había gritos ni cuestionamientos. Un responsable de la unidad de la Policía Nacional de Puente de Vallecas, en la calle Peña Trevinca de Madrid, le ofreció poner a su disposición un acompañamiento y se interesó por su caso, según relata Amparo. También, unos agentes que se identificaron como policía judicial han acudido al domicilio para “investigar los hechos”, cuenta.

El caso de Amparo ha abierto un debate sobre cómo operan este tipo de empresas antiocupación, que a golpe de músculos, gritos y amenazas tratan de sacar a inquilinos de una vivienda sin una orden judicial. Estas firmas prometen al cliente buscar cualquier resquicio, o bien legal o bien a través de conseguir con su presencia el abandono voluntario de la vivienda, para saltarse los pasos de la justicia. Y, si es posible, como en esta ocasión, tomársela por su mano."                  (Elena Reina , El País, 08/08/23)

El acoso de las empresas 'desokupas' a los inquilinos, relatado por un trabajador: “Invades su intimidad y les destrozas”... sin embargo, estos trabajadores “propinaron varios golpes y un empujón al denunciante” cuando “salía de un domicilio, a la vez que le requerían la entrega de las llaves de la vivienda”

 "La Justicia confirma la sentencia emitida en contra de dos trabajadores de una empresa llamada Bastión Desokupación. Vicente es uno de los condenados por un delito leve de lesiones, acumula otra condena por un delito leve de coacciones y está denunciado por otro intento de desocupación en un domicilio del barrio de Arganzuela (Madrid). Tras desvincularse de esa compañía, describe así los métodos de trabajo de la empresa: “Se cogen tres machacas y se van sin papeles a desocupar”.

El salto al sector de la seguridad y a la desocupación lo dio gracias a los entornos de los deportes de combate. “[Fue] por mediación de un amigo del boxeo que me dijo: ‘Das el perfil para ayudar a estas familias. Están buscando a un chico así como tú, que habla bien y que da imagen”. Ese perfil del que le hablaron coincide con el de gran parte de los trabajadores de ese ámbito: musculado, alto y tatuado. A partir de ahí, comenzó a trabajar en Bastión Desokupación.

Vicente (nombre ficticio) relata que desde el primer día se dio cuenta de que algo no cuadraba. Ese punto de inflexión se produjo cuando vio que su “antiguo jefe entró [en una casa] diciendo que era perito judicial”. También le sorprendió “cómo trató” a los inquilinos o a las personas a las que iban a desalojar. 

“Miedo ambiental”

“Una cosa es desocupar y otra cosa es esa forma de trabajar”, apunta en una entrevista concedida a elDiario.es en el despacho de sus abogados. Aunque se muestra muy crítico con las formas de actuar de Bastión Desokupación, sí que defiende el proceder de la mayor parte de empresas que se dedican a esta labor. De hecho, él continúa trabajando en ese sector. 

Unidas Podemos ya ha anunciado medidas para limitar el trabajo de estas compañías. El grupo confederal ha registrado en el Congreso una proposición de ley para perseguir a estas empresas mediante una reforma del Código Penal. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró que quieren impedir que las organizaciones desokupas “movidas por el ánimo de lucro, hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad”.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid también cargan contra el proceder de las empresas desokupas por “trabajar fuera de la legalidad”. Un portavoz de esta organización defiende que estas compañías “hacen un trabajo en paralelo” al Estado de derecho. Con todo, alerta del “miedo ambiental” que infunde el físico de los empleados que se contratan con el objetivo de desalojar viviendas. “No son mediadores, son coaccionadores”, concede este entrevistado.

La Justicia ya ha advertido sobre los métodos de los trabajadores de Bastión Desokupación. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado 14 de febrero una condena a dos empleados de esta compañía por un delito leve de lesiones. El relato de la sentencia ratificada recogía que estos trabajadores “propinaron varios golpes y un empujón al denunciante” cuando “salía de un domicilio que al parecer ocupaba de forma ilegal, a la vez que le requerían la entrega de las llaves de la vivienda”, tal y como contó elDiario.es.

Coacciones y lesiones

La Audiencia también confirmó en mayo de 2022 una condena por un delito leve de coacciones a los mismos empleados de esta empresa. La magistrada consideró probado que los denunciados utilizaron una actitud intimidatoria para conseguir que una mujer abandonase una casa en el barrio de San Blas (Madrid) a cambio de 1.200 euros. En este último fallo, se sostiene que el “aspecto físico” de los empleados –con “una gran corpulencia”– contribuyó a la “preocupación generada en la víctima”.

Vicente figura como condenado en estas dos sentencias. Sin embargo, él, y lo confirman sus abogados, asegura que no tenía constancia de estas decisiones judiciales. “No lo sabía, desconocía que me habían llamado de 50.000 [sitios]”. Siempre según su relato, se enteró de sus problemas judiciales cuando un “compañero” le mandó un mensaje. “Mañana nos vemos en el juzgado”, le comentó. Y a partir de ahí sus letrados fueron recabando información. Sobre la notificación de las sentencias, el abogado de la compañía desokupa se limita a asegurar que él no lleva la “defensa jurídica” de Vicente “desde que fue despedido de la empresa”.

Con estas dos condenas no terminan sus procedimientos judiciales, también ha sido denunciado por Modou (nombre ficticio), de origen senegalés y con residencia en nuestro país. En la instrucción de la causa figuran otros dos trabajadores más de Bastión Desokupación como demandados. En noviembre, el denunciante explicó a elDiario.es cómo los denunciados entraron en su domicilio sin autorización y, siempre según su versión, uno de ellos se identificó como policía. 

En la declaración judicial durante la instrucción de este caso, a la que ha accedido esta redacción, Vicente explicó que fue su jefe el que se identificó como “perito judicial” –y no como agente– e instó a que se abriese la puerta. Confirma, además, que Modou “les dejó pasar al ver la placa”.

Perito judicial

Durante la entrevista con esta redacción Vicente aporta más detalles sobre su papel en ese intento de desalojo. Explica que la identificación como “perito judicial” facilitaba su misión. “Es maravilloso para entrar en las casas”, cuenta a la vez que reprocha esta forma de actuar. “Si te viene un señor con una placa de perito judicial, no sabes lo que es, tú oyes ‘juez’, le abres la casa, le abres la nevera y le abres todo. ¿Qué vas a hacer? Así es fácil desocupar”, certifica.  

Aunque el entrevistado asegura que ha observado “50 veces” esta actuación – “no una, ni dos”–, el empleado al que acusa de estos hechos los desmiente, según la documentación consultada por esta redacción. Asegura “ser perito judicial”, pero niega “en todo momento haberse hecho pasar por agente de autoridad ni enseñar placa alguna”, recoge un auto de la Audiencia emitido hace un mes. 

Varios agentes se desplazaron al portal de Modou para intermediar entre el denunciante y los miembros de la empresa. En esa incursión los policías detectaron que “uno de los denunciados tenía una tarjeta en la que ponía que era perito judicial”, pero consideraron que ese material no podía “inducir a confusión con una placa identificativa del Cuerpo Nacional de Policía”

El entrevistado asegura que se marchó de la compañía por discrepancia sobre la forma de trabajo, pero la compañía ofrece otra versión. El letrado de Bastión Desokupación asegura que Vicente “fue despedido de la empresa por varias irregularidades”. Además, sostiene que este trabajador está intentando “desprestigiar a la empresa con afirmaciones falsas”.

Aunque Vicente ya no forma parte de esta empresa, sigue vinculado a la desocupación. No quiere revelar los métodos de trabajo que utiliza. Se limita a reseñar que en su jornada laboral conseguir entrar en un domicilio es una victoria. “Una vez que accedes a la tranquilidad de la vivienda, le rompes los esquemas [a los inquilinos]”, relata, a la vez que insiste en que en su trabajo “todo es psicológico”. El factor emocional tiene un papel muy relevante. “Te sientas en su sillón, invades su intimidad. Eso les destroza”. En ese momento, ya se centra en “convencer” al inquilino de que devuelva la casa a su “legítimo propietario”. A partir de ahí, insiste en que siempre intenta “buscar una solución lo más factible para los dos”. 

 Modou recuerda como “una intimidación” la llegada de estos trabajadores a su casa. Todo arrancó con “un fuerte golpe en la puerta de la vivienda”, según la documentación del caso consultada por esta redacción. En ese momento, –siempre según el denunciado– le enseñaron una placa y “sin dar más explicaciones al declarante, estos cuatro individuos le empujan hasta el interior de la vivienda”, recoge la denuncia policial presentada por el inquilino. Los hijos de Modou presenciaron los hechos. “Están asustados porque llevan poco tiempo en España. Tienen miedo. Yo les digo que no volverán a entrar”, apunta el denunciante.

“Yo iba [como personal] de seguridad. Tenía que estar pendiente de que a ellos, [a sus compañeros], no les pasase nada”, recuerda Vicente, que también detalló durante la instrucción que Modou les enseñó una “moratoria” judicial y en ese momento se produjo un forcejeo porque su jefe “le quitó el papel y se salió fuera”. Asegura que fue él el que le devolvió ese papel al denunciante. Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmaron a esta redacción en noviembre que Modou tenía una prórroga de lanzamiento de la vivienda hasta 2024 al ser considerado “persona vulnerable”.

La versión que han dado los denunciados es totalmente distinta a la que aporta Modou. Desmienten el allanamiento de morada y aseguran que fueron invitados a entrar en la vivienda por uno de los inquilinos del domicilio, tal y como recoge el atestado policial. Ya una vez en el salón, pretendían “llegar a un acuerdo de toma de posesión voluntaria y pacífica de la vivienda con los moradores”.

En sus páginas web, estas empresas se publicitan como intermediarios pacíficos y legales para solucionar estas situaciones que, afirman, son muy frecuentes. “Dada la gran demora en los juzgados para echar a los okupas en nuestro país nace (sic) los desahucios exprés”. Así se publicita Bastión Desokupación en su página web. Señalan que saben “cómo tratar cada caso en concreto para así hacer un desalojo rápido y legal”.

“Actúan de mediadores” sin haber presentado título

El abogado de Modou ha intentado, sin éxito, que este caso se juzgase por presuntos delitos de coacciones, allanamiento y usurpación de funciones públicas. Finalmente, la Audiencia ha determinado que la denuncia seguirá adelante únicamente por un presunto delito leve de coacciones, ya que “los investigados fueron los que alertaron a la policía a fin de mediar en el conflicto”.

En este auto, los magistrados de la Sección número 23 defienden que las actuaciones de estas empresas “no son ilegales, pero están al margen de la legalidad, ya que no existe ninguna regulación al respecto”. Aún así, sostienen que las compañías desokupas “suelen usar métodos pacíficos”, así como “procedimientos basados en tratar de desincentivar a los ocupas para que abandonen el inmueble ocupado”.

Más crítica con la actuación de los empleados de esta empresa se muestra la magistrada que confirmó un delito de lesiones. “Indican los recurrentes que ellos actúan de mediadores sin que hayan presentado el título oficial universitario o de formación profesional superior y el curso correspondiente con una formación específica para ejercer la mediación”, advierte la juez de la Sección número 15 de la Audiencia en el fallo consultado por esta redacción.

“A lo mejor la calle te enseña más que un título porque yo me he criado con gente muy jodida”, responde Vicente sobre las alegaciones de la jueza. Se ampara en la experiencia adquirida en su barrio y en la intuición que ha desarrollado, para insistir en que no necesita formarse en ese campo. “Cuando veo a un tío, sé si está pasando calamidades. Me puedo equivocar, soy humano, pero en el 99% [de los casos] sé si [el afectado] está pasando calamidades, si es un punto de droga...”.                 (Laura Galaup, eldiario.es, 27/05/23)

‘Okupa’, gestor inmobiliario y 'desokupa': “El piso es de banco, garantizado. Si le gusta, ya está”... Cuando le pedían un piso, buscaba pisos vacíos, preferentemente de inmobiliarias ligadas a bancos y de fondos de inversión... tenía la última palabra sobre el destino que iba a darse a ese piso: alquiler o venta final a colombianos residentes en Cataluña... tenía cuatro tipos de tarifas: alquiler de una habitación (de 200 a 300 euros), alquiler del piso completo (de 500 a 900), “venta” (pago de una única cantidad, de 4.000 a 5.000 euros, por la falsa adquisición del inmueble) o negociación con el banco o el fondo de inversión de turno para abandonar la vivienda a cambio de una compensación (entre 6.000 y 8.000 euros)... una oferta irresistible para cualquier familia desahuciada (a veces por el mismo banco)... sólo tenían que llamarle, él se ocupaba de todo

 "Plinio C. es el supuesto cabecilla del grupo mafioso que ocupó decenas de pisos en Barcelona y L’Hospitalet desde el estallido de la pandemia, en marzo de 2020. Para sus compatriotas colombianos era, sobre todo, la persona que podía ayudarles a encontrar con facilidad un techo bajo el que dormir, sin complicaciones burocráticas y sin los precios desorbitados del mercado. Una suerte de gestor inmobiliario fuera de la ley. La investigación del caso Squatter, a la que ha accedido EL PAÍS, muestra cómo Plinio dirigía el complejo proceso de unas ocupaciones que los investigadores de los Mossos d’Esquadra, que habían pinchado su teléfono con autorización judicial, pudieron seguir en riguroso directo.

“Mi mamita está buscando habitación, no sé si de pronto usted tenga una por ahí”, le pregunta un hombre el 11 de agosto de 2022. El teléfono de Plinio, de 40 años, lleva semanas intervenido. Apenas dos días después, este le devuelve la llamada. Le dice que ya tiene un piso perfecto para él, de tres habitaciones, en la Gran Vía de Barcelona. Se lo puede alquilar por 800 euros. Un regalo, piensa. En una conversación con Sonia G., una de sus estrechas colaboradoras, presume de ofrecer precios muy competitivos: “Están pagando 300 por dos, imagínese, barato. Ya veríamos qué pagan en otro lugar, depósito, interés…”

Encargado de que haya suministro de luz, agua, gas e incluso internet en los pisos ocupados, Plinio también alardea del buen estado en el que deja las viviendas. “Ese piso como está seguirá dando renta aún. Tres habitaciones, sala comedor, ahí para colgar la ropa en la ventana…”. En una ocasión, lamenta que la policía haya frustrado una ocupación que tenía prevista. “Estaba a punto de ese regalo y llamaron a los tombos [los policías]. Chino estaba cambiando el cerrojo adentro y llegaron los rayas [de nuevo, la policía] y no dio tiempo”. Insiste en que “abrir” un piso —él participa directamente en muchas de las maniobras— tiene que ser algo rápido, “cinco minutos y fuera”.

 Plinio, que está investigado por una ristra de delitos (usurpación de bienes inmuebles, daños, defraudación de fluido eléctrico, falsedad, contra la salud pública, estafa, organización criminal), gestionaba el proceso de principio a fin. Lo primero era buscar pisos vacíos, preferentemente de inmobiliarias ligadas a bancos y de fondos de inversión. Los encontraba a través de aplicaciones de internet. Se movía, sobre todo, a demanda de futuros inquilinos y compradores. Cuando le pedían un piso, intentaba encontrarlo o ponía a su gente a buscar. Una vez localizado, se encargaba de conseguir las herramientas y de organizar a las frenteadoras, las mujeres que iban a permanecer allí los primeros días tras la ocupación, normalmente acompañadas de sus hijos para evitar el desalojo. Muchas veces participaba él mismo en las ocupaciones, rompiendo la cerradura e instalando una nueva, así como los suministros. Era también, siempre según la investigación, el que tenía la última palabra sobre el destino que iba a darse a ese piso: alquiler o venta final a colombianos residentes en Cataluña.

El problema del acceso a la vivienda

Los investigadores consideran que algunos de esos inquilinos o compradores no sabían que estaban entrando en un piso ocupado, pero otros sí. Se trata, en cualquier caso, de personas “con pocos recursos, escaso arraigo y problemas para conseguir una vivienda”, ya que muchos de ellos se encuentran en situación irregular en España. Según la investigación, a algunos ocupantes la organización los “obligaba después a realquilar” habitaciones para sacar todavía más provecho de los pisos.

Las frenteadoras ayudaban con el “boca a oreja” a Plinio, que se llevaba la mayor parte de los beneficios, según el sumario. Había cuatro tipos de tarifas, según los Mossos: alquiler de una habitación (de 200 a 300 euros), alquiler del piso completo (de 500 a 900), “venta” (pago de una única cantidad, de 4.000 a 5.000 euros, por la falsa adquisición del inmueble) o negociación con el banco o el fondo de inversión de turno para abandonar la vivienda a cambio de una compensación (entre 6.000 y 8.000 euros). El problema de la vivienda en las grandes ciudades y “especialmente en Barcelona”, subrayan los atestados policiales, ha hecho que la ocupación sea una “oportunidad de lucro” para grupos como el liderado por Plinio, porque, además, el delito de usurpación “tiene atribuida una pena de carácter leve”.

En su “tarea de planificación”, Plinio estaba presente en muchas de las ocupaciones o las dirigía por teléfono, gestionando los recursos humanos y materiales necesarios, “incluidos pañales, cables o colchones”. Lo han comprobado los mossos, que han escuchado en directo algunas de esas actuaciones, incluido el ruido de las herramientas o el llanto de los niños.

El 27 de agosto, el grupo se prepara para ocupar un piso porque tiene ya un inquilino apalabrado. “Esta noche los metemos ahí”, le dice Plinio a su hermano. A las cuatro de la mañana, están en plena acción. Plinio pide ayuda para traer herramientas. “Esta puerta ya la tengo quitada, del piso las quité todas ya. Si llegan los tombos, dejan las herramientas ahí detrás de la camioneta”, indica mientras una mujer llamada María hace tareas de vigilancia y ocupa el piso, al que dotarán de agua y luz. El hombre avisa por teléfono a una de sus frenteadoras detenidas, Brigeth D. “El local ya está, es de banco, cien por cien garantizado, si le gusta ya está, le hago un vídeo para que lo mire”. Es ella, en apariencia, la que tiene que convencer al inquilino. “Le conviene, nosotros le metemos”."              (Jesús García Bueno , El País, 08/02/23)

Le tiran la casa encima y luego le desahucian... Los límites del derecho a la vivienda y la impunidad de los propietarios

"Juana Peña Rodríguez vivió la angustia de su último intento de desahucio el pasado 1 de febrero, en el número 15 de la Calle Murillo del barrio barcelonés de Poble Sec. A sus 69 años y con un certificado de discapacidad del 78%, llevaba más de dos viviendo en mitad de una obra irregular de un edificio con serios problemas estructurales. Gracias al apoyo de sus vecinas, el lanzamiento se ha paralizado hasta el próximo 28 de febrero, pero esta semana se ha encontrado con que le han cortado el suministro eléctrico.

Una situación indigna que se ha mantenido desde verano 2020, momento en el que cuenta que unos operarios enviados sin previa autorización por la propiedad, administrada por el empresario Ramón Centelles Montoliu, apuntalaron el piso que había sido el hogar de Juana durante más de diez años, dejándola sin cocina ni baño y sin posibilidad de acceso habitual a agua corriente.

A pesar de la situación de vulnerabilidad y las diversas problemáticas abordadas por Juana, el Sindicat de Barri de Poble Sec, que acompaña a la afectada en esta situación, denuncia que los servicios municipales no habrían atendido a la misma hasta dos días antes de la última fecha del desalojo. “Los servicios municipales no han atendido bien a Juana y solo le han ofrecido una alternativa del todo indigna dos días antes del desahucio, que ella ha rechazado”, reclaman.

Un caso plagado de irregularidades

En pleno momento álgido de la pandemia, Juana se vio en mitad de una obra a medio hacer de la que nadie le había informado: unos operarios llegaron sin aviso previo, levantaron el mobiliario del baño y parte de la cocina, y después se fueron sin dar más explicaciones. Desde entonces, le ha sido imposible hacer vida normal en el inmueble. Y es que irrumpir en una casa para realizar una reforma sin previo aviso va en contra de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece que el inquilino ha de ser avisado con al menos tres meses de antelación. Además, el propio consistorio municipal habría comunicado que esa misma obra ni siquiera estaba autorizada, según llegó a informar el diario La Directa.

Cuando sucede el incidente, a Juana le quedaba solo un mes para que su contrato de alquiler venciera y, cuando acude a aclarar la situación con la propiedad, gestionada por el empresario Ramón Centelles Montoliu según informan desde el sindicato vecinal, se le indica que no se renovará su contrato. “A mí me dio una crisis de nervios y llorando le pregunté que por qué me hacía esto en plena pandemia si yo pagaba. Me dijo que no quería renovarme, que quería remodelar el bloque y me daba 15 días para que me fuera o me denunciaba”, recuerda Juana, que a pesar de las amenazas, ha continuado pagando la cuota de alquiler. “No estoy bien, se me cae la casa encima. Cuando duermo veo caer los trozos de cemento del techo”, cuenta.

En mayo de 2021, el sindicato vecinal denuncia que la propiedad vuelve a intentar expulsar a Juana de manera irregular enviando operarios a que empaqueten sus cosas y destrozando parte del mobiliario e infraestructura de la vivienda, dejando la casa en peligro de derrumbe. En esta línea, el Ajuntament de Barcelona ha confirmado a El Salto que desde el Distrito del barrio de Sants-Montjüic se han realizado inspecciones para evaluar el estado de la finca, constatando una “falta de mantenimiento interior del edificio con afectación a elementos estructurales”.

El proceso judicial iniciado tras la denuncia por finalización de contrato de la propiedad, también ha albergado diversas irregularidades según indica el sindicato vecinal, tal como la desatención y las limitaciones presentes en la justicia gratuita o la falta de consideración judicial que ha obstaculizado su defensa. “Juana no ha tenido una defensa justa. Fuimos nosotros quienes tuvimos que conseguir a última hora todos los papeles que demostraran que estaba en una situación de vulnerabilidad y que el piso pertenecía a un gran propietario, ya que el juez negaba esto aún teniendo pruebas de ello. Sospechábamos que el administrador de la propiedad, que también es abogado, tenía influencia en los juzgados y estaba impidiendo parar el desahucio”, indican desde el Sindicat de Barri Poble Sec.

En los desalojos de propiedades de grandes tenedores -aquellos con más de 10 inmuebles en propiedad-, la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda prevé que los propietarios tienen la obligación de ofrecer un alquiler social a sus inquilinos siempre que concurran una serie de requerimientos. Sin embargo, Ramón Centelles Montoliu, administrador de la finca y también de la empresa inmobiliaria Centelles Montoliu S.L, se habría negado rotundamente según las negociaciones llevadas a cabo por el colectivo vecinal.

Los límites del derecho a la vivienda y la impunidad de los propietarios

El desenlace del caso de Juana ha llevado al Sindicat de Poble Sec a denunciar “la inacción de las instituciones públicas”: “Tanto Habitatge como Servicios Sociales son conscientes de la situación de la Juana desde hace más de 2 años, pero solamente aportan alternativas habitacionales cuando se va a producir el desahucio. Solo ofrecen pensiones y ni siquiera te garantizan que sea cerca del barrio. Aprovechan que las personas vulnerables están entre la espada y la pared para ofrecer un mal menor”, señalan. “Habitatge ha aprobado la solicitud en la Mesa de Emergencia después de estos dos años, por lo que un piso con un alquiler social puede tardar varios años más. Denunciamos que hayan permitido que Juana lleve más de 2 años viviendo en condiciones lamentables, sin acceso a baño y cocina, sin haber ofrecido nada en todo este tiempo”, añaden.

En esta línea, Juana habría decidido no aceptar las alternativas habitacionales propuestas por los servicios municipales. “Nadie ha querido hablar conmigo, me siento muy despreciada. Me ofrecen una pensión tutelada pero yo no quiero ir allí”, explica Juana a El Salto.

Por otro lado, el Ajuntament de Barcelona ha informado a El Salto que actualmente se continúa investigando si el no ofrecimiento de alquiler social a la afectada podría constituir objeto de sanción. Aunque la ley lo prevea, la falta de ofrecimiento de alquileres sociales a aquellos inquilinos que cumplen los requerimientos de la 24/2015 es otro obstáculo más a su cumplimiento. En el distrito céntrico de Ciutat Vella en la ciudad condal, los sindicatos de vivienda también señalan este mismo problema hasta en trece casos pertenecientes a grandes tenedores, seis viviendas del fondo de inversión Blackstone y cinco de Cerberus, que se encuentran en la misma situación: en riesgo de perder su vivienda y a la espera de un ofrecimiento de alquiler social.

Pero, ¿qué pasa cuando la ley existe pero los propietarios no la cumplen? Desde el Ajuntament indican que en 2022 se iniciaron 36 expedientes sancionadores a grandes tenedores por no ofrecer alquiler social. De estos, en 10 casos la propiedad acabó ofreciendo alquiler social tras la apertura de expediente y solo en tres ocasiones (o sea, en el 0,08% de casos) los propietarios abonaron la cuantía sancionadora, con un importe total de 70. 217 euros.

Sin embargo, el 47% de los grandes propietarios expedientados no abonaron la cuantía de sanción indicada, que supondría más de medio millón de euros a las arcas públicas (un total de 518.716 euros), que aún no ha sido aportado. Una problemática alarmante teniendo en cuenta que los grandes tenedores son el grupo mayoritario de propietarios de inmuebles donde se producen desahucios (hasta el 47, 3% en 2021), según indica el Observatori DESC. Además, cabe recordar que la ley que permite sancionar de oficio a los grandes propietarios (Ley 1/2022) está recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

“Las instituciones forman parte del problema porque han cedido ante los propietarios dándoles en bandeja varios bloques enteros y abandonando a la gente a su suerte. Las leyes por sí mismas no tienen ningún valor si detrás de ellas no hay una fuerza independientemente organizada que obligue a cumplirlas”, indican desde el Sindicat d’Habitatge del Raval, uno de los interlocutores en la negociación colectiva. “Estas familias quedarían totalmente desamparadas si no fuese por los sindicatos de vivienda, los únicos capaces de garantizar los intereses de la clase trabajadora”, añaden

“Vemos como los desahucios en nuestro sindicato afectan especialmente a mujeres migrantes y racializadas, cuyos procedimientos avanzan infinitamente más rápido y les afectan especialmente”, indican desde el Sindicat de Barri de Poble Sec. Respecto al caso de Juana, se siguen llevando a cabo negociaciones con Servicios Sociales, reclamando una alternativa habitacional digna. “Queremos que Serveis Socials arregle la mala acción que ha hecho de mirar para otro lado y de no atender a Juana como se debe atender a las personas vulnerables en esta situación”, denuncian.Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma donde más se desahucia de todo el estado, con el 23,4% de desahucios a nivel nacional registrados en 2022 según los datos del CGPJ, siendo también una de las pocas regiones donde los desahucios aumentaron el pasado año (un 26% y un 5% en el primer y segundo trimestre respectivamente)."                         (Ana Rojas , El Salto, 9 feb 2023)

Las mafias de la ocupación cobraron miles de euros de fondos de inversión por desalojar sus viviendas... Además de alquilar y vender pisos vacíos, okupaban viviendas a la espera de recibir una oferta del fondo buitre... muchos pisos son reokupados una y otra vez

 "La investigación judicial sobre un grupo mafioso que ocupaba pisos en Barcelona y su área metropolitana ha hecho aflorar algo que, hasta ahora, era un secreto a voces: fondos de inversión y bancos han abonado generosas cantidades a los okupas para recuperar las viviendas de su propiedad. EL PAÍS ha accedido a los contratos entre las entidades y los calificados como “ocupantes” en los que, a cambio de cheques de hasta 10.000 euros en concepto de “ayuda para el realojo”, estos se comprometen a abandonar los pisos.

El grupo, dirigido por los hermanos colombianos Plinio C. y José C. y desarticulado por los Mossos a finales de noviembre, ocupó desde 2020 —coincidiendo con el estallido de la pandemia— decenas de viviendas en los barrios del sur de Barcelona y en el vecino L’Hospitalet. La inmensa mayoría son propiedad de inmobiliarias vinculadas a bancos y de fondos de inversión. Además de alquilar y vender pisos a compatriotas, los hermanos secuestraban las viviendas a la espera de recibir una oferta del dueño que, tarde o temprano, llegaba.

Los fondos suelen acudir a la vía civil (no a la penal) para recuperar sus viviendas. Es un camino lento porque los juzgados a menudo están colapsados. Las mafias lo saben y disponen así de más tiempo para sacar provecho económico al piso ocupado. “Para evitar procedimientos largos y costosos”, explica la policía en uno de sus informes del caso Squatter, los propietarios ofrecen a los ocupantes una “compensación económica”. La primera es a la baja: unos 2.000 euros, que los moradores rechazan. Si las negociaciones prosperan, se acaba firmando un contrato privado entre las partes. Los pagos suelen oscilar entre los 6.000 y los 8.000 euros.

 Los pagos no son muchas veces una garantía de nada porque, “pasado un tiempo”, otros ocupantes, guiados por Plinio y José, “vuelven a ocupar” el mismo piso “si el propietario no toma medidas” para protegerlo.

En el número 149 de la Gran Vía de Barcelona, un piso suma tres ocupaciones con sus tres rescates. En febrero de 2019, Inversiones Inmobiliarias Limara abonó 3.000 euros a una mujer colombiana para que se marchara. Tres meses después, pagó otros 6.500 euros a una peruana que había cogido el relevo. Tres años más tarde, en febrero de 2022, firmó un contrato con la nueva ocupante, Sonia G., pieza clave en el grupo. Limara es uno de los muchos nombres (Dorine, Lanisei, Budmac, Avir Investments) que figuran en los contratos, aunque todas esas empresas comparten domicilio social (una oficina en El Prat) y pertenecen a Anticipa Real Estate, un fondo de inversión.

Anticipa, parte del gigante estadounidense Blackstone —uno de los mayores propietarios de viviendas destinadas a alquiler en España— ha aportado al juez los documentos que acreditan los pagos. No lo han hecho otras empresas con las que los Mossos aseguran que se han puesto en contacto. La información, en cualquier caso, queda confirmada por las intervenciones telefónicas a una decena de miembros del grupo. Entre ellos, Sonia G., la última ocupante del piso de Gran Vía.

El contrato señala que las dos partes han llegado a un acuerdo extrajudicial “en interés mutuo”. La mujer recibirá 8.000 euros “en concepto de ayuda económica por el realojo en otra vivienda” y se compromete a entregar el piso en nueve meses, a permitir que pueda enseñarse a futuros compradores y a “mantener la más estricta confidencialidad sobre el contenido del acuerdo”.                   ( Jesús García Bueno, El País, 06/02/23)

Los antiguos 'subasteros', ahora llamados 'okupas' o 'desokupas' según su estrategia... los que controlan la información en los juzgados sobre la vivienda (desahucios, subastas)... Secuestro de pisos: cae una banda de okupas en serie que cobraba 14.000 euros por irse sin destrozar la casa

 Los 'subasteros':

- "Desmantelada una red de subasteros, abogados, procuradores y directivos de bancos, que estafaba a personas que no podían pagar la hipoteca"             (Corrupciones varias, 03/09/13)

- "Un juez dicta orden de detención para unas hermanas denunciantes de corrupción en Tarragona... Judith y Nathalia Martínez Velasco alegan que el juez, al que recusaron, demuestra una "manifiesta enemistad" por haber denunciado ellas una presunta trama de corrupción relacionada con embargos y subastas irregulares."        (Corrupciones varias, 21/03/22)

 "La Guardia Civil ha desarticulado una banda de okupas en serie que pedía a los dueños de las casas un rescate o “tasa de desokupación” para marcharse sin arrasar la vivienda.

 La red se había especializado en una especie de secuestro de pisos, que consistía en alquilar legalmente para unos pocos días un piso turístico en el que se instalaban durante semanas y meses para desesperación de los propietarios, a quienes exigían el pago de hasta 14.000 euros por abandonar la casa sin más y sin destrozarla. El grupo llegó a tener simultáneamente tres apartamentos usurpados en Villajoyosa (Alicante), una tarea en la que participaban varios miembros de la familia, viejos conocidos de las fuerzas de seguridad.

La extorsión fue extrema en uno de los casos investigados, en el que no solo cobraron la tasa de desocupación a una propietaria: se quedaron dentro de la casa, provocaron daños valorados en 20.000 euros y, por si fuera poco, le pidieron 9.000 euros más bajo la amenaza de volver a apoderarse de la casa recién arreglada, ha explicado una portavoz del instituto armado de Alicante. Cuatro de los seis detenidos, todos españoles, han sido enviados a prisión tras la liberación de cinco viviendas en total.

 La banda, compuesta por tres hombres y tres mujeres, había depurado su técnica. Una de los miembros, una mujer de 36 años, considerada la líder del grupo junto a su marido, de 33, contactaba con los dueños de las casas para alquilarlas por un fin de semana o unos pocos días para unas pequeñas vacaciones familiares en la playa. La banda se repartía las tareas: ellas hacían el contacto y mantenían las ocupaciones, mientras ellos eran los “encargados de materializar las amenazas y las extorsiones”. El contrato era normalmente verbal.

En cuanto el clan agarraba la llave, comenzaba el calvario del propietario. No solo no pagaban ni un euro por la estancia legal contratada, sino que insistían en que habían cerrado una estancia de la larga duración y, por lo tanto, tenían derecho a quedarse en el interior, pese a no pagar, alegaban. Así, inmediatamente exigían la llamada “tasa de desocupación”, que podía llegar a los 14.000 euros. Lo hacían de manera expeditiva, ya que citaban al arrendador en su propia casa, donde los “miembros de la banda golpeaban y destrozaban el mobiliario para que supieran que iban en serio”, asegura la Guardia Civil.

El instituto armado tiene constancia de la ocupación por parte de esta banda de cinco viviendas, chalés y pisos, de los que tres estuvieron okupados de manera simultánea. La familia se dividía para poder mantener bajo control los pisos, de manera que siempre hubiese alguien dentro para que no los echaran. Incluso llegaron a cederlas a otros familiares. La banda ha conseguido apropiarse de 62.000 euros de las víctimas.

 Los seis supuestos autores, de entre 27 y 42 años, son viejos conocidos de la justicia. Oriundos de la vecina Benidorm, han acumulado un largo listado de antecedentes. Recientemente, se vieron involucrados “de refilón” en una operación contra una red que ocupaba pisos para convertirlos en narcopisos abiertos las 24 horas, según fuentes de la Guardia Civil.

Cuatro de los seis detenidos han sido enviados a prisión tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa, acusados de estafa, apropiación indebida, extorsión, daños y pertenencia a grupo criminal."                    (J. A. R. El País, 23/08/22)