"La investigación judicial sobre un grupo mafioso que ocupaba pisos en Barcelona y su área metropolitana ha hecho aflorar algo que, hasta ahora, era un secreto a voces: fondos de inversión y bancos han abonado generosas cantidades a los okupas para recuperar las viviendas de su propiedad. EL PAÍS ha accedido a los contratos entre las entidades y los calificados como “ocupantes” en los que, a cambio de cheques de hasta 10.000 euros en concepto de “ayuda para el realojo”, estos se comprometen a abandonar los pisos.
El grupo, dirigido por los hermanos colombianos Plinio C. y José C. y desarticulado por los Mossos a finales de noviembre, ocupó desde 2020 —coincidiendo con el estallido de la pandemia— decenas de viviendas en los barrios del sur de Barcelona y en el vecino L’Hospitalet. La inmensa mayoría son propiedad de inmobiliarias vinculadas a bancos y de fondos de inversión. Además de alquilar y vender pisos a compatriotas, los hermanos secuestraban las viviendas a la espera de recibir una oferta del dueño que, tarde o temprano, llegaba.
Los fondos suelen acudir a la vía civil (no a la penal) para recuperar sus viviendas. Es un camino lento porque los juzgados a menudo están colapsados. Las mafias lo saben y disponen así de más tiempo para sacar provecho económico al piso ocupado. “Para evitar procedimientos largos y costosos”, explica la policía en uno de sus informes del caso Squatter, los propietarios ofrecen a los ocupantes una “compensación económica”. La primera es a la baja: unos 2.000 euros, que los moradores rechazan. Si las negociaciones prosperan, se acaba firmando un contrato privado entre las partes. Los pagos suelen oscilar entre los 6.000 y los 8.000 euros.
Los pagos no son muchas veces una garantía de nada porque, “pasado un tiempo”, otros ocupantes, guiados por Plinio y José, “vuelven a ocupar” el mismo piso “si el propietario no toma medidas” para protegerlo.
En el número 149 de la Gran Vía de Barcelona, un piso suma tres ocupaciones con sus tres rescates. En febrero de 2019, Inversiones Inmobiliarias Limara abonó 3.000 euros a una mujer colombiana para que se marchara. Tres meses después, pagó otros 6.500 euros a una peruana que había cogido el relevo. Tres años más tarde, en febrero de 2022, firmó un contrato con la nueva ocupante, Sonia G., pieza clave en el grupo. Limara es uno de los muchos nombres (Dorine, Lanisei, Budmac, Avir Investments) que figuran en los contratos, aunque todas esas empresas comparten domicilio social (una oficina en El Prat) y pertenecen a Anticipa Real Estate, un fondo de inversión.
Anticipa, parte del gigante estadounidense Blackstone —uno de los mayores propietarios de viviendas destinadas a alquiler en España— ha aportado al juez los documentos que acreditan los pagos. No lo han hecho otras empresas con las que los Mossos aseguran que se han puesto en contacto. La información, en cualquier caso, queda confirmada por las intervenciones telefónicas a una decena de miembros del grupo. Entre ellos, Sonia G., la última ocupante del piso de Gran Vía.
El
contrato señala que las dos partes han llegado a un acuerdo
extrajudicial “en interés mutuo”. La mujer recibirá 8.000 euros “en
concepto de ayuda económica por el realojo en otra vivienda” y se
compromete a entregar el piso en nueve meses, a permitir que pueda
enseñarse a futuros compradores y a “mantener la más estricta
confidencialidad sobre el contenido del acuerdo”. ( Jesús García Bueno, El País, 06/02/23)
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