“Que la vergüenza la sientan ellos” era el lema. Activistas del
Campamento Dignidad de Mérida (Badajoz) repartieron frente a la sede de
la Asamblea de Extremadura bolsas de alimentos a 176 familias el pasado
22 de noviembre.
Dos días después, doña Carmen Aguirre Castellanos,
miembro del Opus Dei y presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz,
comunicaba a la Asociación Campamento Dignidad que les suspendían de
inmediato el suministro de alimentos porque habían hecho un “uso
político” con ellos.
Ahí los tenemos, al frente de las organizaciones
privadas que reparten la comida que el Estado compra con fines
caritativos. Don José Antonio Busto Villa, el presidente de la
Federación Española de Bancos de Alimentos, también es un notorio
miembro del Opus Dei. Pero el Campamento Dignidad sigue en pie de lucha y
está plantando cara.
Van a disputar por todos los medios el derecho a
acceder, como cualquier otra asociación, a los productos básicos
adquiridos por el Fondo de Garantía Agraria (FEGA), que compra
cantidades masivas utilizando fondos europeos y las reparte a través de
dos entidades: la Cruz Roja y los bancos de alimentos.
Ya se han unido
trescientas familias emeritenses a los repartos del Campamento, porque
así, además de cubrir la necesidad biológica, fortalecen la necesidad
moral de no sentirse culpables de su pobreza.
Los culpables son ellos,
los de la clase de los que dirigen el FEGA y los bancos de alimentos, de
los diputados regionales que legislan siempre mirando hacia otro lado,
de los gobernantes que echan a la gente de las viviendas de alquiler
social, de los banqueros que ejecutan las hipotecas, de los ejecutivos
de privatización del agua o la luz que se las cortan a las familias en
paro.(...)" (Javier Mestre, Rebelión, 31/12/2013)
