"Avancemos en mi opinión que, en lugar de contribuir a paliar las consecuencias asociadas al cambio climático y a los rasgos extremos de una meteorología cambiante, el modelo territorial actual pone en riesgo, no ya los bienes de la población, sino sus propias vidas. Como se vio en el episodio de la noche del 29 al 30 de octubre de 2024, la DANA asoló las comarcas de l'Horta Sud, de la Ribera, de la Hoya de Buñol o de Requena-Utiel, dejando, solo por el momento, 62 muertos.
A partir de los años ochenta del siglo XX, el territorio de la Comunitat Valenciana experimentó importantes cambios espaciales y económicos, entre los que destacan los fuertes contrastes en materia de distribución de población y empleo. Se crearon nuevas infraestructuras, se aceleró el transporte privado, se cerraron líneas de transporte público y comenzó el declive de los espacios rurales.
El
país que emergió de aquel proceso cambió absolutamente su faz respecto
al que existía en los años sesenta y setenta. Hoy nos enfrentamos a un
cambio semejante y, sobre todo, a sus consecuencias. En los
últimos tiempos, en concreto desde finales de la década pasada del siglo
XXI, hemos asistido a una nueva transformación del modelo territorial
valenciano. Y sus implicaciones sobre la movilidad, la red de
infraestructuras y el modelo de seguridad y protección civil son
evidentes.
¿Hemos estudiado cómo los cambios en la distribución de mercado de trabajo y de la población, por ejemplo, ha afectado, a la red de transporte? De la misma manera, ¿somos conscientes de la intensificación notable de los procesos de suburbanización y metropolización de nuestro país? ¿Conocemos las nuevas dinámicas rurales-urbanas que ha ocasionado un intenso crecimiento del suelo urbanizado en la Comunitat Valenciana?
Deberíamos escuchar más atentamente a geógrafas y geógrafos como Joan Romero, Eugenio Burriel, Julia Salom, Juan Miguel Albertos o María Dolores Pitarch, que nos han advertido de un modelo de país conformado sobre enormes desarrollos urbanos morfológicos de baja densidad; con gran peso de las tendencias descentralizadoras de población y actividad, una mutación de los espacios rurales (que acentúan su incorporación física y funcional a los urbanos) y una ampliación física de las ciudades mediante la formación de continuos urbanos más extensos y laxos. Este proceso de sprawl urbano y metropolitano, hasta ahora, se había demostrado lesivo, por ejemplo, para las arcas públicas debido a los crecientes costes para la administración local de la movilidad o de la seguridad ciudadana. Sin embargo, hoy, nadie puede negar que también es lesivo en términos de vidas humanas.
¿Hasta cuándo vamos a permitir el desarrollo, sin freno, de un modelo territorial insostenible que acentúa la urbanización y extensión de las superficies artificiales (sobre las que resbala y se acelera el agua acumulada)? Un desarrollo que se estructura sobre una movilidad obligada que tiene presa cada día a la población de ámbito metropolitano y regional en un movimiento sin fin. Y que concentra la vida y los servicios en nodos determinados al rompérsela, hasta hace poco, equilibrada estructura del sistema urbano valenciano. ¿Hasta cuándo vamos a permitir el desarrollo, sin freno, de un modelo territorial insostenible que acentúa la urbanización y extensión de las superficies artificiales (sobre las que resbala y se acelera el agua acumulada)?.
La responsabilidad ciudadana y de las administraciones obliga a replantear no solo el modelo de protección civil vigente (que debe ser reforzado y nunca desmantelado), sino el propio modelo territorial que estamos construyendo y, al tiempo, el de movilidad. Es necesario ordenar el territorio, limitar crecimientos, reducir la hipermovilidad, oxigenar espacios y achicar la presión sobre el litoral, ya extremadamente presionado.
La Generalitat Valenciana, competente en las dos materias que tratamos aquí (ordenación del territorio y protección civil) debe corregir radicalmente los procesos que nos han llevado hasta aquí, con dramáticas consecuencias humanas, impulsando planes de ordenación territorial y metropolitanos, de movilidad sostenibles, incluyendo la protección ante riesgos climáticos.
Pero también otras instancias, como ayuntamientos y diputaciones, deben poner de su parte. No es en absoluto un tema menor que esta última DANA haya tenido un comportamiento fuertemente "metropolitano", sin que hoy en día exista, dramáticamente, autoridad administrativa alguna que rija el desarrollo espacial del área metropolitana valenciana, ni tampoco plan metropolitano digno de ese nombre que estructure su realidad cotidiana.
No es un tema ideológico. Es una cuestión de sentido común, al menos entre visiones razonables de la vida. La desmaterialización en la que pensamos que vivimos (todo parece ser redes 5G, inteligencia artificial y compras a distancia sin importar la distancia) se ve noqueada por impactos súbitos del mundo real; el de la interacción entre la geografía humana y las condiciones atmosféricas cambiantes, como la que hemos sufrido estos días.
Desconcertados y asustados, volvemos nuestra mirada al mapa, a lo esencial, a la orografía, a los conocimientos que salvan vidas, que ordenan nuestra existencia en el espacio, que la hacen más humana, protegida y amable. Es preciso ordenar y proteger el territorio y, con él, nuestras vidas. Debemos ligar ambos procesos con una nueva mirada territorial por encima de ideologías, al menos extremas. Conmocionado todavía por las pérdidas humanas, afirmo que es nuestro deber volver a lo esencial, a lo básico, a un mapa racional, moderado y ordenado del país. Debemos volver a un entorno de seguridad territorial y personal y no de riesgo, como en el que vivimos ahora sin saberlo. "
(Josep Vicent Boira Maiques, Un. Valencia, Agenda Pública, 30/10/24)
