La 'increíble' medida en Finlandia para reducir el número de personas sin techo: darles un techo

"Tatu Ainesmaa cumplirá 32 años este verano y por primera vez en más de una década vive en un lugar que puede llamar propio: un piso de dos habitaciones en un edificio renovado recientemente en las afueras de Helsinki, la capital de Finlancia. Incluso tiene vistas a los abedules.

"Es un milagro", confiesa Ainesmaa. "He vivido en pisos compartidos pero todo el mundo consumía drogas y tenía que irme. Tuve relaciones tóxicas y era lo mismo. He vivido en el sofá de mi hermano. He dormido en la calle. Nunca había tenido mi propio piso. Esto es increíble para mí", explica.

En la base de este edificio de dos plantas hay una luminosa área común con un salón comedor, una cocina impecable, un gimnasio y una sauna —en Finlandia, las saunas son casi obligatorias—. En la planta superior viven 21 inquilinos, hombres y mujeres, la mayoría mayores de 30 años.

Es importante remarcar que son inquilinos: todos tienen contrato, pagan el alquiler y (si lo necesitan) pueden pedir una ayuda económica. A fin de cuentas, se trata de tener una vivienda propia. Todo esto es parte de una política de vivienda que ha logrado que Finlandia sea el único país de la Unión Europea en el que está disminuyendo la cantidad de personas sin hogar.

Hace poco más de una década, cuando se estaba planteando esta medida, las cuatro personas que tuvieron la idea de lo que ahora se conoce como el programa 'Primero la Vivienda' —un sociólogo, un médico, un político y un obispo— titularon su informe 'Nimi Ovessa', que significa 'Tu Nombre en la Puerta'.

"Estaba claro para todos que el sistema anterior no funcionaba. Necesitábamos un cambio radical", asegura Juha Kaakinen, primer líder del programa y que además dirige Y-Foundation, un organismo que desarrolla viviendas accesibles con apoyo gubernamental.

"Tuvimos que eliminar los refugios nocturnos y los hostales de corto plazo. Llevábamos mucho tiempo utilizándolos en Finlandia y todos nos dábamos cuenta de que no ayudaban a que la gente saliera de su situación de calle. Entonces decidimos dar la vuelta al razonamiento", explica. 

Al igual que muchos otros países, Finlandia abordaba la cuestión de las personas sin hogar con un modelo en escalera: la persona iba ascendiendo a través de diferentes fases de alojamiento temporal a medida que rehacía su vida, y el acceso a un piso propio era el último escalón. 

"Decidimos otorgar pisos sin condiciones", explica Kaakinen. "Decirles: ‘Mira, no tienes que solucionar tus problemas para tener una vivienda’. Por el contrario, una vivienda debería ser una base que ayude a solucionar todos los otros problemas", justifica. 

Con apoyo del Gobierno, autoridades locales y de ONG, compraron o construyeron pisos nuevos. También reformaron los antiguos refugios, convirtiéndoles en hogares cómodos y permanentes. Ejemplo de ello es el hostal para personas sin hogar Rukkila en Malminkartano, a las afueras de Helsinki, donde ahora vive Ainesmaa.

El objetivo inicial de 'Vivienda primero' era crear 2.500 viviendas nuevas. Y ya se han creado 3.500. Desde el lanzamiento del programa en 2008, en Finlandia la cantidad de personas sin hogar en el largo plazo se ha reducido en más del 35%. En Helsinki prácticamente ya no hay personas durmiendo a la intemperie y solo queda un refugio nocturno con 50 camas para casos de emergencia en invierno, cuando las temperaturas pueden llegar a -20ºC.  (...)

El proyecto no consiste solo en ofrecer vivienda. "Los servicios sociales han sido esenciales", remarca el alcalde de Helsinki, Jan Vapaavuori, que ocupaba el cargo de ministro de Vivienda cuando se lanzó el programa. "Muchas personas sin hogar tienen problemas de adicciones, problemas de salud mental, enfermedades que necesitan un tratamiento continuo…Y hemos podido ofrecer ese apoyo", indica. 

En Rukkila siete empleados brindan apoyo a los 21 inquilinos. La directora del personal, Saara Haapa, explica que el trabajo va desde ofrecer ayuda práctica para hacer trámites burocráticos y acceder a instituciones educativas, apoyo en formación y acceso al empleo, hasta organizar actividades como juegos, paseos y el aprender —o re-aprender— recursos básicos como limpiar o cocinar.

"La verdad es que la mayoría de las cosas se resuelven hablando", señala Henna Ahonen, trabajadora social en prácticas. Y eso "es mucho más fácil cuando estamos haciendo algo juntos, en lugar de tener una entrevista formal", afirma Haapa. "La conexión es más fácil. Los problemas se advierten a primera vista", cuenta. 

Casi ninguno de estos inquilinos que han llegado aquí vienen directamente de la calle, según explica Haapa, aunque si los que hay que sí pueden tomarse un tiempo para acostumbrarse a la vida bajo techo. Tras tres meses de prueba cada inquilino tiene un contrato permanente y no puede ser expulsado a menos que incumpla la normativa (aquí no se permite el consumo de alcohol o drogas, aunque en otros pisos de 'Primero la Vivienda' sí) o deje de pagar el alquiler.

Algunas personas se han quedado siete años o más. Otras se han ido en un par de años. En 2018, seis inquilinos se marcharon para iniciar vidas completamente independientes, se alegra Haapa. Una de estas personas ahora es empleada de limpieza y vive en su propio piso, otro hizo una formación en gastronomía durante sus cinco años en Rukkila y trabaja como cocinero.

Ainesmaa está en un programa de experiencia laboral de dos años diseñado para mejorar su empleabilidad. La oportunidad que le han dado, destaca, no tiene precio: "Mira, no tengo nada. Tengo trastorno del espectro autista. Creo que la gente es mi amiga y luego me estafan. Me han robado… muchas veces. Pero ahora tengo mi piso. Es mío. Desde aquí puedo construir mi vida", cuenta. 

El programa 'Primero la Vivienda' cuesta dinero: Finlandia ha invertido 250 millones de euros en viviendas y en la contratación de 300 nuevos empleados. Sin embargo, un estudio reciente ha demostrado que la cantidad que se ahorra al reducir los gastos en emergencias médicas, servicios sociales y del sistema judicial asciende a 15.000 euros al año por cada persona que ingresa a una vivienda del programa.  (...)

Pero si 'Primero la Vivienda' funciona en Helsinki, donde vive la mitad de la población sin hogar del país, es también porque forma parte de una política de vivienda más amplia. "La verdad es que no necesitamos pruebas piloto", afirma Kaakinen. "Ya sabemos qué funciona. Puedes tener todos los proyectos que quieras, pero si no tienes los pisos… Es esencial contar con una cantidad suficiente de viviendas sociales", sentencia. 

Helsinki tiene 60.000 unidades de vivienda social. Uno cada siete residentes vive en una vivienda propiedad del Ayuntamiento, que también posee el 70% de los terrenos dentro de los límites de la ciudad, opera su propia empresa constructora y ahora tiene el objetivo de construir 7.000 nuevas viviendas — de todas las categorías— cada año.

La ciudad mantiene una estricta proporción de viviendas sociales en los diferentes distritos para evitar la segregación: 25% de viviendas sociales, 30% de compras subsidiadas y 45% de sector privado. Helsinki también insiste en que no haya diferencias visibles entre las viviendas sociales y las privadas, y no impone un techo de ingresos a los inquilinos de las viviendas sociales.

Además, ha habido una fuerte inversión en prevención, estableciendo equipos especiales que aconsejan y ayudan a los inquilinos en peligro de perder sus viviendas y reduciendo a la mitad los desahucios de las viviendas sociales propiedad del Ayuntamiento entre 2008 y 2016. (...)

Finlandia no ha solucionado por completo el problema de las personas sin hogar. Quedan unas 5.500 oficialmente en todo el país. La gran mayoría —más del 70%— vive temporalmente en casas de amigos o familiares.  (...)"                        (Jon Henley, eldiario.es, 06/06/19)

El Ayuntamiento de Barcelona paga a los propietarios para aplazar un desahucio

"El Ayuntamiento de Barcelona ha aplazado este miércoles un desahucio previsto en Ciutat Vella después que los consejeros de Barcelona en Comú en este distrito hayan prometido al propietario del local que el consistorio le pagaría la mensualidad correspondiente a un mes. Esta práctica, que se hace habitualmente en casos particulares, se ha puesto en práctica este miércoles en el barrio del Raval.

El propietario de un local, situado en la calle San Gil, se ha encontrado a las puertas de su local una decena de personas, entre las cuales había cargos de Barcelona en Comú, para impedir que se ejecutara el desahucio.

Según ha afirmado a e-noticies el dueño del local, Joaquim, los consejeros del partido de Ada Colau le han asegurado -aunque no por escrito- que "si deja estar a los inquilinos un mes, el Ayuntamiento de Barcelona le pagará una mensualidad de 800 euros", al mismo tiempo que le han pedido que tenga" más miramiento por la vulnerabilidad de las personas que viven en la vivienda". Los inquilinos llevan un año entero de alquiler, según el propietario.

Joaquim también ha explicado que "los inquilinos hemos dijeron que querían montar una pescadería, pero al final hicieron una vivienda", en el que viven otras cinco personas "realquiladas que hemos dijeron que pagan 250 euros por un trozo de 2 metros cuadrados".

"Es el cuarto intento de desalojo. Si viviera una familia que pasara precariedad sería más flexible, pero esta familia tienen al menos dos pisos más", ha añadido el propietario del inmueble, quien ha lamentado que" hoy me han comparado con un especulador y yo no lo soy , sólo soy un representante de zapatos".

Por otra parte, el inquilino de la vivienda, Diosdados clérigo, ha indicado a e-notícies que "actualmente en la vivienda vivimos dos adultos y un menor de diez años". "Nosotros pagaríamos, pero el propietario no quiere", al tiempo que ha reconocido que "antes alquilaba habitaciones a unos cien euros para poder pagar".

Las personas que han negociado in situ con la comitiva judicial y los procuradores para paralizar el desahucio han sido Susana Ordoñez -una de las personas que se encarga de la intervención y mediación ante la pérdida de la vivienda y el empleo-, el consejero técnico del Distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa; y la consejera de BCN Común, Luz Ventura. En la zona también se han acercado diferentes dotaciones de los Mossos y de servicios sociales."        (e-notícies, 06/04/16)

La Junta propone trabajos comunitarios para quien no pueda pagar el alquiler. Autoreparando la vivienda que habitan o los elementos comunes de los edificios

"La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha anunciado hoy que van a proponer que las personas que ocupan las viviendas sociales de la Junta y no puedan pagar el alquiler realicen trabajos para la comunidad como contrapartida. 

La medida, denominada “alquiler compensado”, persigue evitar el desahucio en casos en los que se produzca un exceso de deudas o incapacidad para hacer frente al pago mensual y, al tiempo, mantener en buen estado las viviendas y edificios del patrimonio público. 

Se calcula que hasta un 10% de los 350.000 inquilinos de las viviendas sociales de la Junta podrían beneficiarse. El parque público andaluz, el más grande del país según la consejera, consta de 80.000 casas repartidas en 550 municipios.

 El alquiler compensado está recogido en el borrador del Plan marco de Vivienda y rehabilitación de Andalucía, cuya aprobación se espera para finales de año o principios de 2014. La consejería, dice el texto, “podrá acordar con las personas arrendatarias la autoreparación de las viviendas que habitan y de los elementos comunes de los edificios que componen ese parque público”.

 Técnicos de la administración evaluarán la obra y determinarán que porcentaje de la renta se puede conmutar por las reparaciones. La fórmula también podría servir para fórmulas de compraventa, como “parte del precio en aquellas segundas adjudicaciones de viviendas de promoción pública” y “acceso diferido a la propiedad”.

Para Cortés, que ha hecho el anuncio en un desayuno informativo de la tribuna Fórum Europa en Sevilla, se trata de  “dignificar lo público”. Fomento estudia actualmente la puesta en marcha de distintas experiencias piloto para testar el sistema -Córdoba, Los Palacios y Villafranca, Granada y Almería-, para lo que ya han iniciado las conversaciones con las comunidades de vecinos. (...)

 Cortés ha insistido en la rehabilitación de viviendas y en las actuaciones para mejorar su eficiencia y energética como motores para reactivar el sector de la construcción. Ha animado al sector a “renunciar definitivamente a la nostalgia del ‘boom’ del ladrillo y a avanzar hacia un nuevo modelo basado en la rehabilitación, la eficiencia energética y la regeneración urbana”.

Cortés ha explicado que el “boom” no sólo dejó consecuencias “terribles” para el empleo en Andalucía, con la destrucción de 215.000 de los 230.000 creados en esa época, sino también para el “paisaje urbanístico”, donde se quedaron más de 700.000 viviendas vacías.

La oportunidad de crear empleo en el sector de la construcción “es inabarcable si miramos la realidad sin prejuicios” y se centra en la rehabilitación y la eficiencia energética, ha enfatizado.

La consejera ha señalado que se ha hecho una evaluación energética a 30.000 casas y “salta a la vista que queda un inmenso trabajo por hacer”. También ha dicho que gran parte del parque residencial andaluz está compuesto por edificios con más de 30 años de antigüedad y que el 60 % se levantó antes de 1979, cuando se aprobó la primera norma de requerimientos energéticos.

Además, el porcentaje de la rehabilitación en Andalucía en relación con el total del sector de la construcción no llega al 30 % frente al 41 % de la media europea. (...)"         (Público, 18/11/2013)

Solución: compra de 200.000 viviendas por una sociedad pública y su adjudicación, en régimen de alquiler con opción a compra a los particulares interesados

"El 29 de marzo de 2011 se publicó en el diario Público.es, un artículo con el título Cómo reactivar el mercado de la vivienda donde se proponía un plan concreto y cuantificado, para acometer la absorción del stock de viviendas invendidas dejadas por la burbuja inmobiliaria y que, de forma unánime, es considerado un enorme tapón para la recuperación económica, la normalización del sector bancario y el crédito a empresas y particulares.

El eje principal de la propuesta consistía en transformar una amplísima demanda potencial que no puede acceder a ellas, en demanda real, capaz de absorber una parte significativa de este stock de viviendas, satisfaciendo así unas necesidades que son reales y perentorias y simultáneamente desatascar un mercado hasta ahora bloqueado.

El Plan, en esencia, consistía en la compra de 200.000 viviendas por una sociedad pública y su adjudicación, en régimen de alquiler con opción a compra a los particulares interesados, financiada con emisiones con aval del Tesoro, similar a la aprobada y actualmente en curso, para la titulación del déficit de la tarifa eléctrica.

 

En la documentación anexa se mostraba que, en el caso más desfavorable, sería necesario invertir 30.000MM (previsiblemente bastante menos) con su propio mecanismo de atención de interés y amortización, sin efecto sobre el déficit público, y que, con un alquiler inicial medio de 500€/mes, la operación tenía un resultado positivo.

Este es el mismo número de activos que, finalmente, ha tenido que asumir el banco malo (Sareb) entre viviendas, suelo y créditos hipotecarios, pero al dejar que la situación se deteriore gravemente por el paso del tiempo ha terminado exigiendo un rescate bancario de Europa que, por ahora, ha supuesto incrementar la deuda pública y el déficit en 40.000MM y además un endeudamiento, no computable en déficit, de la Sareb por un importe de 50.000 M€. Y todo esto sin dar todavía salida alguna a los inmuebles, al aparcarlos con el mismo objetivo que ya tenían sus anteriores propietarios: intentar su venta.  (...)

En el momento actual el obstáculo para que la elevada demanda potencial existente se transforme en demanda efectiva/real no es, o no de forma significativa, el nivel de los precios de la vivienda, sino la falta de financiación para acometer las compras y el descenso de los ingresos de los hogares y la incertidumbre sobre su continuidad, agudizado por las subidas impositivas que eliminan una parte de la caída de los precios. 

Todo esto provoca una demanda raquítica, muy inferior a la potencial, impidiendo que, aún con el descenso de precios producido, se casen operaciones, generando una espiral deflacionista de rentas y precios que agrava, cada vez más, la situación. Esto ha venido ocurriendo en todo el periodo, pero se ha incrementado por la persistencia de la crisis y el tiempo ha agudizado el deterioro.

El diagnóstico permite alumbrar el camino para movilizar el mercado y permitir que los descuentos de precios reviertan en favor de las familias, usuarios permanentes de las viviendas.

Para conseguirlo, como ya se planteaba hace más de un año, hemos de salvar los escollos de la financiación y la renta menguada de los hogares y la incertidumbre sobre el futuro, por lo que la única forma de dar acceso a esa demanda potencial a la vivienda, es que la Sareb, que consigue las viviendas a precios con máximo descuento, financiadas a largo plazo y a los mejores tipos posibles por el respaldo del Tesoro, las adjudique en régimen de alquiler con opción a compra al precio de adquisición, a lo largo de los 5 años del contrato, minimizando el coste presente para las familias.

Esta actuación permitiría adjudicar viviendas del parque actual a un precio mensual notablemente inferior a un alquiler de mercado, sin los elevados costes fiscales de la compra de vivienda (en torno al 12/13% de su valor), sin necesidad de obtener una financiación bancaria, hoy inexistente, pero garantizando, que sí en el periodo establecido se produce una senda de recuperación económica, que esta operación estimula, puedan las familias ejecutar la compraventa garantizándose el precio actual.

Dado que la Sareb solo dispone, como máximo, de 75.000 viviendas terminadas y no todas adecuadas para este plan, a fin de conseguir el impacto necesario, una mayor homogeneidad territorial a la operación y, también, para estimular la participación de las entidades financieras y otros tenedores de viviendas, Sareb debería comprar directamente parte del stock de estas entidades y otros propietarios, mediante ofertas públicas y transparentes, pero a los precios que, como máximo, resultan de los niveles de descuento de los Decretos Guindos, hasta llegar a las 200.000 viviendas (mínimo 125.000), para conseguir movilizar el 30% del stock de vivienda nueva invendido, que permanece en niveles similares a 2010.

Las ventas serían financiadas por los propios vendedores, que sustituirían parte de su activo, que solo les genera gastos por mantenimiento y conservación y sometido a un grave riesgo de deterioro, por créditos hipotecarios remunerados, a un prestatario de la máxima solvencia, lo que incluso facilita que las entidades financieras pudieran títulizarlos, para obtener liquidez adicional y, siempre, eliminando incertidumbres en sus balances y mejorando sus ratios financieros.

Al realizarse la operación por el valor neto de los inmuebles (precio inicial menos provisiones ya constituidas) la venta, en sí misma, debería ser neutra para las entidades financieras, que, sin embargo, obtendrían, los ingresos por intereses derivados de los créditos para la financiación.

En todo caso estas compras podrían efectuarse por la Sareb de forma progresiva, de acuerdo con la evolución del programa.

En la documentación anexa que sirve de soporte a esta propuesta, centrada en la opción complementaria, puede verificarse su viabilidad con un precio medio de alquiler, incluyendo la opción de compra, de 472€/mes. Esta cantidad es inferior al puro alquiler medio para viviendas del mismo tipo en un 9,7% (enalquiler.com, con una muestra en torno a 300.000 alquileres).

Se traslada a los usuarios finales de la vivienda, tanto el incremento del valor de esta por IPC, como la posible revalorización del precio de la vivienda (esperada por el inversor corporativo y reforzado por la movilización del mercado) y, todo ello, a un coste mensual, tras la compra, similar al precio del alquiler vigente actualizado con su IPC. (...)

Con el conjunto del Plan podría ponerse en acción un parque en torno a 200.000 viviendas, similar al de la propuesta reflejada en el articulo comentado al principio, con un importantísimo efecto en la dinamización del mercado inmobiliario, una cierta recuperación de la industria de la construcción y sus industrias auxiliares, con el importante efecto que tiene sobre el empleo, así como cerrar el ajuste de precios, tanto de venta, como de alquiler en el sector. (...)

Naturalmente esta actuación no contradice, sino que complementa, la necesaria política tendente a evitar que el problema social e inmobiliario se agudice con los desahucios y las políticas activas de promoción, cooperativas y otras, para dar salida a inmuebles en construcción. En definitiva debería entenderse como una de las opciones para concretar la política de estímulos económicos tan ampliamente demandada."           (Fernando de Miguel Lázaro, y José María Díez–Picazo Giménez, este artículo fue publicado en el diario público.es, Econonuestra, 06/10/2013)

Rehabilitar 300.000 casas al año puede acabar con la crisis

"La imagen de promociones enteras de viviendas nuevas sin ocupar o de grandes infraestructuras como aeropuertos y autopistas sin aviones o sin apenas tráfico se ha fijado en la retina de los ciudadanos como el resultado de los excesos cometidos en el pasado.

 Pero además, ha acabado de un plumazo con decenas de miles de empresas dedicadas a la edificación y la construcción y ha abocado al paro a miles de arquitectos e ingenieros, cuyo know how ha sido tradicionalmente apreciado en todo el mundo. (...)

“Tenemos que aprender de los errores del pasado y aunque es cierto que no hay mucho más que construir, sí hay mucho que arreglar”, (...)

Además, 13 millones de casas superan los 30 años de antigüedad y casi la mitad tiene más de 50 años, por lo que muchas de sus condiciones térmicas, por ejemplo, no son ya las adecuadas.

Por tanto, con un marco regulatorio más adecuado y financiación suficiente hay mucho campo sobre el que actuar, según defienden los arquitectos. Valga como ejemplo que si se lograsen reformar unas 300.000 casas anuales, los arquitectos calculan que la actividad y el empleo que generaría acabaría con la crisis del sector en breve plazo. (...)

¿Qué medidas deberían implantarse? Desde el Colegio aseguran que primero se debe cambiar el actual marco regulatorio. “Para gestionar bien cualquier rehabilitación en un edificio se debe tener en cuenta qué hacer con quienes residen en él. Otra de las cuestiones clave es facilitar el acceso a la financiación. 

Establecer normas claras, transparentes porque existen empresas dispuestas a invertir en estos procesos, ya que son capaces de generar altas rentabilidades, pero la legislación debe ser muy sencilla y determinar, entre otras cosas, cómo se debe repercutir el IVA”, explican desde el COAM.

 Por este motivo, las mismas fuentes subrayan que la nueva ley debería ir acompañada de medidas de tipo económico y fiscal, capaces de promover de una vez por todas la colaboración público-privada. “Y no pensemos solo en grandes operaciones, sino en actuaciones pequeñas sobre viviendas, por supuesto, pero también sobre hoteles, oficinas, locales, y cualquier clase de espacio que una vez reformado puede ser recuperado para nuevos usos. 

No podemos permitirnos seguir con espacios en los centros de las ciudades vacíos, sobre los que sería mucho más barato y rentable actuar que construir otros nuevos”, explica José Antonio Granero."          (Cinco Días, 27/02/2013)

Obligación de alquilar los pisos vacíos

"La Generalidad está desarrollando el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, en base a la Ley de la Vivienda de 2007, que prevé la posibilidad de obligar a alquilar pisos vacíos en 432 de los 947 municipios catalanes para compensar la escasez de viviendas disponibles ante una ‘demanda fuerte y acreditada’.

Según ha publicado Europa Press, el propio Gobierno autonómico es el que define los criterios para justificar el alquiler forzoso y los ha tasado en la existencia de una necesidad de más de 6.000 viviendas o un 10% de la media del conjunto de edificios, en las ciudades, ó 400 viviendas y un 50% de esa media, en los pueblos.

La Consejería de Medio Ambiente pretende que la vivienda cumpla una “función social” y se evite la especulación y para ello esperan poner en el mercado 62.000 pisos desocupados antes de 2016, aunque el alquiler forzoso solo se aplicaría cuando el propietario rechace otras medidas orientadas a que alquile una vivienda que no usa, y teniendo en cuenta unas “condiciones razonables”, por ejemplo, no se actuaría sobre un piso vacío pendiente de una herencia o sobre los de propiedad de personas mayores que se han mudado a una residencia." (lavozdebarcelona.com, 27/04/2010)

Vivienda avalará el 50% de cada crédito para pisos protegidos. El Estado asume un riesgo de 6.000 millones en hipotecas

"El atasco financiero que dura ya casi dos años ha dejado sedientos de dinero a empresas y familias. La sequía ha llegado tan lejos que en los últimos meses muchos beneficiarios de vivienda protegida se han quedado sin el piso adjudicado porque el banco o la caja les ha denegado la financiación, algo insólito no hace tanto tiempo. El Ministerio de Vivienda presentó ayer una iniciativa que trata de paliar esta situación: avalará los préstamos que se concedan a 100.000 familias para comprar pisos protegidos. Esta garantía pública, que cubrirá la mitad del importe del préstamo, estará operativa desde el próximo mes de julio hasta concluir el año que viene." (El País, ed. Galicia, Economía, 22/05/2009, p. 21)