Cousas veredes... El rey Guillermo de Países Bajos agradece a Felipe VI y a la reina Letizia haber acogido en España a su hija Amalia... La Casa Real neerlandesa confirma que la heredera al trono, que ha estado en la diana del crimen organizado, vivió en Madrid en 2023, lo que le permitió seguir con su vida y sus estudios... mientras los tiroteos entre narcos encienden la bronca política... los caminos del narcoestado son inescrutables

 "El año pasado, las circunstancias hicieron que [nuestra hija mayor, Amalia] residiera en Madrid. Desde allí pudo continuar con sus estudios en la Universidad de Ámsterdam. Todo ello fue posible gracias a la afectuosa dedicación de un gran número de sus conciudadanos y de Sus Majestades”. Con estas inesperadas palabras ha agradecido este miércoles el rey Guillermo de Orange la hospitalidad mostrada por Felipe VI y la reina Letizia hacia la heredera al trono neerlandés, que vio restringida su libertad en 2022 tras recibir amenazas del crimen organizado. El soberano neerlandés lo ha dicho en un discurso que ha pronunciado este miércoles durante la cena de gala que ha ofrecido a la Reyes de España por su visita de Estado a Países Bajos.

El monarca ha asegurado que la estancia en la capital española de su primogénita en 2023 “fue una conmovedora prueba de amistad en un periodo difícil”, y ha querido expresar su “más sincero agradecimiento a Sus Majestades y a todos los que colaboraron en ese esfuerzo”. Las relaciones entre ambas casas reales son muy estrechas en el plano personal y excelentes en el oficial, y el rey Guillermo ha subrayado también en su parlamento la querencia que siente por España. “Una visita a España es siempre como un cálido abrazo. Un sentimiento que comparte con nosotros [en referencia a su esposa, la reina Máxima] nuestra hija mayor, la princesa de Orange”, ha asegurado. Los hoy reyes se conocieron en 1999 en la Feria de Abril de Sevilla, a la que ambos habían sido invitados. En 2019 regresaron a las fiestas de la capital andaluza acompañados ya de sus tres hijas: Amalia, Alexia y Ariane.

Sometida a fuertes medidas de seguridad, Amalia tuvo que abandonar en 2022 las clases presenciales en la Universidad de Ámsterdam, donde cursa un grado de Políticas, Psicología, Derecho y Economía. De forma abrupta, se quedó sin margen de maniobra y debió evitar la calle hasta casi confinarse en su domicilio. Iba a clase y regresaba, y no pudo cumplir su sueño de residir con unas amigas en una casa de estudiantes en la capital neerlandesa.

El rey Guillermo ha escogido la cena de gala para dirigir un abrazo verbal a don Felipe y doña Letizia por su apoyo. Es el momento más emblemático, relumbrante y fotografiado de la visita de Estado, y se da la circunstancia de que la princesa Amalia debutaba en un evento de esta clase. Ella estaba en el salón dispuesto como comedor del Palacio Real de Ámsterdam y ha sido un momento muy emotivo. También para su madre, la reina Máxima. La protección de la princesa es esencial y sigue presente.

El hoy primer ministro en funciones, Mark Rutte, fue igualmente amenazado en 2022 y se reforzaron las normas protectoras. La policía sospechaba que el reto al Estado provenía de la denominada Mocro Mafia, la versión local —aunque ya ramificada a escala internacional— del hampa de la droga.

Un año después, en febrero de 2023, Amalia de Orange acompañó por primera vez a sus padres a una visita oficial a los territorios neerlandeses del Caribe, y allí admitió su difícil situación. “Seré sincera: todavía lo estoy pasando muy mal. Echo de menos la vida de estudiante, pasear por la calle, entrar en una tienda sin problemas… y espero que las cosas cambien lo antes posible”, dijo. Arropada en todo momento por los reyes Guillermo y Máxima, Amalia recorrió la antiguas colonias en un encuentro marcado por la memoria esclavista.

Narcotráfico

El frenazo que supuso la amenaza del narcotráfico al desarrollo personal e intelectual de una joven que apenas había estrenado la mayoría de edad fue repudiado por sus compatriotas. En especial, los que tenían hijos de su edad. Pero la ola de solidaridad no pudo cambiar las cosas y la seguridad era innegociable. Entonces se buscó la fórmula de la residencia temporal en España, que no debía suponer un esfuerzo adicional puesto que la princesa habla español gracias a que su madre, la reina Máxima nació en Argentina. En la serie de 10 capítulos en formato de podcast que marcó el décimo aniversario de su entronización, el rey Guillermo admitió en 2023 que la situación había supuesto “un duro golpe para su hija y para toda la familia”. “La incertidumbre, la falta de libertad, no es así como quieres criar a tus hijos y tampoco lo que quieres transmitirles”, reconoció. También aseguró estar muy orgulloso de ella “por cómo lo ha había sobrellevado”.

La princesa Amalia tiene previsto asistir también a la recepción de respuesta ofrecida por los Reyes españoles en honor de los soberanos de Países Bajos, que tendrá lugar este jueves en el Museo Straat de arte mural y callejero de Ámsterdam."             (Isabel Ferrer, El País, 17/04/24)

"Bronca política en Marbella tras el sexto tiroteo entre narcos en dos meses.

 Las balas de los narcos han desatado la bronca política en Marbella. Los seis tiroteos registrados en menos de dos meses en la ciudad malagueña han ahondado la herida abierta entre el Ayuntamiento, dirigido por la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP), y el Gobierno de Pedro Sánchez. La regidora, que suele ser comedida en sus comentarios sobre el crimen organizado, dijo el lunes que tras los últimos tiroteos la localidad “tiene que ser una prioridad” para la Policía Nacional. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, le ha respondido este miércoles en un tono muy duro: ha afirmado que las manifestaciones de Muñoz son “impresentables e indignas” porque la localidad ya es prioritaria para las fuerzas de seguridad; y ha recordado la puesta en marcha reciente del Plan Marbella, centrado en la lucha contra unas organizaciones criminales cuyos miembros, según fuentes policiales, van cada vez más armados. Ambas partes se reunirán en la Junta de Seguridad Local el 25 de abril.

El pasado sábado, un hombre de 34 años y nacionalidad albanesa resultó malherido al recibir varios disparos en un restaurante de la urbanización Guadalmina, una de las zonas de lujo de Marbella. Los autores del intento de asesinato huyeron en un vehículo y la víctima fue ingresada, en estado grave, en el Hospital Costa del Sol, y más tarde trasladada a Málaga. Fue el sexto tiroteo en el municipio malagueño en dos meses —a los que se suman otros dos en la vecina Mijas—, con un resultado de cuatro hombres jóvenes heridos. Una situación que fuentes policiales achacan al gran número de grupos criminales asentados en territorio marbellí, a sus disputas por el territorio o la mercancía y a “la facilidad” con la que los narcotraficantes implicados, que suelen tener entre 20 y 30 años, utilizan sus armas para resolver cualquier problema. “Los últimos hechos tienen perfiles y grupos distintos”, explica un agente, que destaca que “son hechos sin conexión”.

Ángeles Muñoz reclamó el lunes “medidas” ante una situación que supone que la ciudad, de 150.000 habitantes, viva prácticamente un incidente con armas de fuego cada semana. “Este tipo de actuaciones trascienden la información que tiene el Ayuntamiento y se tienen que atajar con la eficacia que, estamos convencidos, tiene la propia policía y que podamos resolverlos cuanto antes”, dijo, para más tarde insistir en que “Marbella tiene que ser una prioridad” para la Policía Nacional. Solicitó también que sus agentes compartan información con la Policía Local, “para mejorar la cooperación” e impedir que la imagen que tiene la localidad como destino turístico y residencial se vea dañada. Ángel González, senador popular por Málaga, advirtió igualmente del “preocupante aumento de la criminalidad” en la provincia, e hizo mención a los robos, la llegada de narcolanchas a Manilva y los tiroteos de Marbella.

La respuesta del Gobierno ha tardado dos días después. El subdelegado, Javier Salas, ha afirmado que Muñoz “ha faltado el respeto a las mujeres y hombres de la Policía Nacional que se juegan la vida cada día para proteger a los vecinos y vecinas de Marbella”, con unas declaraciones que considera “impresentables e indignas de un representante institucional”. “Marbella ya es una prioridad [para las fuerzas de seguridad]”, ha remarcado. En su opinión, la alcaldesa “en lo único que está es en enredar y confrontar con el Gobierno de España”. También ha recordado la presunta implicación de los familiares de Muñoz en una trama de blanqueo de capitales y narcotráfico por la que la Fiscalía pide 22 años de cárcel para su hijastro. (...)"                 (Nacho Sánchez, El País, 17/04/24)

Lo que sucede en Holanda es asombroso... Holanda dispone de una formidable red de asesores financieros dispuesta a dar cobertura a la poderosa mafia local... el mismo país cuyos gobiernos suelen exigir, con gran dureza, seriedad económica a sus socios europeos, ese mismo país no ha sido capaz de ofrecer seguridad física a su viceprimera ministra y encargada de Finanzas, que anunció este verano su dimisión por no poder soportar más las muy creíbles amenazas de muerte a que la someten grupos de extrema derecha (está casada con un palestino) y de una poderosísima mafia local de narcotraficantes... Es el mismo país que tiene bajo protección a la mitad de sus diputados, igualmente amenazados, y el mismo que ha obligado a su princesa heredera a abandonar su piso de estudiante y a no salir prácticamente de palacio, porque no está seguro de garantizar su seguridad frente a la poderosa red de crimen organizado... todos los organismos internacionales encargados de vigilar las redes del crimen en el mundo aseguran que una de las más poderosas es la que se ha instalado en Países Bajos, con ramificaciones en Bélgica... porque dispone de una red de asesores financieros formidable, dispuesta a dar cobertura a los miles de millones de euros que maneja la poderosa mafia local... es “el producto de un arraigo relacional y estructural”, que les permite utilizar las oportunidades que les brinda su entorno social, “incluidos los servicios proporcionados por intermediarios profesionales, como abogados o asesores financieros y otros, en un entorno social regular y lícito” (Soledad Gallego-Díaz)

 "El país que llamó al dinero sucio, y aparecieron el miedo, el secreto y la violencia.

 El mismo país al que se van algunas empresas españolas por su seguridad financiera y por las grandes facilidades que ofrece para cualquier tipo de operaciones bursátiles y de tejemanejes relacionados con el dinero, el mismo país cuyos gobiernos suelen exigir, con gran dureza, seriedad económica a sus socios europeos, ese mismo país no ha sido capaz de ofrecer seguridad física a su viceprimera ministra y encargada de Finanzas, que anunció este verano su dimisión por no poder soportar más las muy creíbles amenazas de muerte a que la someten grupos de extrema derecha (está casada con un palestino) y de una poderosísima mafia local de narcotraficantes. Es el mismo país que tiene bajo protección a la mitad de sus diputados, igualmente amenazados, y el mismo que ha obligado a su princesa heredera a abandonar su piso de estudiante y a no salir prácticamente de palacio, porque no está seguro de garantizar su seguridad frente a la poderosa red de crimen organizado.

Lo que sucede en Holanda es asombroso. Rafael del Pino lleva su empresa, Ferrovial, a Ámsterdam, una gran meca para compañías de todo el mundo, pero difícilmente estaría él tan seguro como su dinero. En Holanda se detectó el pasado otoño un plan para secuestrar a Vincent Van Quickenborne, ministro de Justicia de Bélgica, país vecino, y el 15 de julio de 2021 cayó acribillado en la calle uno de sus periodistas de investigación más famosos, Peter R. de Vries, autor de grandes reportajes sobre el mundo del crimen organizado en su país. Los dos sicarios que le asesinaron fueron detenidos, pero, por lo que se ve, no han implicado a sus jefes.

Prácticamente todos los organismos internacionales encargados de vigilar las redes del crimen en el mundo aseguran que una de las más poderosas es la que se ha instalado en Países Bajos, con ramificaciones en Bélgica. Quizá porque Holanda cuenta con uno de los puertos con más actividad del mundo, Róterdam (entre ese puerto y el belga de Amberes consta que llega el 80% de la cocaína que se consume en Europa), y quizá también porque dispone de una red de asesores financieros formidable, dispuesta a dar cobertura a los miles de millones de euros que maneja la poderosa mafia local.

Un trabajo publicado por los profesores Roks, Kruisbergen y Kleemans explica los muros de silencio que han rodeado y ayudado al crimen organizado en los Países Bajos, “secreto mantenido por cómplices, víctimas y personas que están al tanto de sus actividades”. “Basándonos en una exploración teórica y empírica (…) del Dutch Organised Crime Monitor­­ —escriben— ilustramos cómo los delincuentes del crimen organizado en los Países Bajos dependen del silencio y el secreto de los cómplices, las víctimas, los espectadores y otras personas que están al tanto de sus actividades”. Para proteger esas actividades delictivas, esas redes recurren a diversas estrategias que incluyen “corrupción, violencia, intimidación, manipulación de los medios y el uso de expertos como notarios, abogados y contables”.

Roks y sus compañeros afirman que la continuidad y longevidad del crimen organizado en Holanda no es el resultado del aislamiento sino más bien “el producto de un arraigo relacional y estructural”. Los delincuentes ocultan deliberadamente sus actividades delictivas utilizando las oportunidades que les brinda su entorno social, “incluidos los servicios proporcionados por intermediarios profesionales, como abogados o asesores financieros y otros, en un entorno social regular y lícito”.

Otro estudio firmado por Jo-Ann Kramer y el propio Kleemans resalta la importancia de la ayuda que ofrecen los “facilitadores financieros”, generalmente vincu­lados a extensas redes de lavado de dinero. “Se pueden distinguir dos tipos de redes profesionales de lavado de dinero, las que operan en el sector inmobiliario y las que se dedican principalmente a la llamada banca clandestina”.

Países Bajos se considera desde hace muchos años el paraíso de la ingeniería financiera. En muchas ocasiones ha sido acusado de actuar como un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. En plena pandemia se supo, por ejemplo, que las prácticas tributarias de Holanda le costaban 10.000 millones de euros al conjunto de ingresos fiscales de la UE (unos 1.000 millones de euros menos para España, en particular). Pero el dinero que Holanda siempre ha llamado a gritos ha llegado también con miedo, secreto y violencia."                (Soledad Gallego-Díaz , El País, 10/09/23)

Amberes es la puerta de entrada de la droga en Europa... Holanda y Bélgica son "narcoestados light"... ésta es una historia de comercio: una batalla entre el comercio de los delincuentes que abastecen la demanda europea de drogas y las "empresas legítimas" cuyas redes de infraestructuras utilizan... "Seamos realistas: es imposible hacer de nuestros puertos una fortaleza"... así que Alemania planea legalizar y controlar la droga

 "El puerto de Amberes remonta el río Escalda y se adentra en el corazón de Europa, un puerto del tamaño de 16.600 campos de fútbol por el que circulan 240.000.000 de toneladas de mercancías al año. Desde la gigantesca fotografía aérea desplegada en el suelo del edificio de la Autoridad Portuaria, se puede ver la abierta expansión de sus dedos extendidos y sus múltiples carreteras. Pero aquí no sólo se descargan plátanos, acero y coches nuevos. Amberes es ahora la principal arteria de Europa para los contrabandistas de cocaína y la violencia que traen consigo.

 El aumento de los delitos violentos es, según la Policía Federal de Amberes, imposible de ignorar. El año pasado confiscaron 20,7 millones de euros en efectivo y bienes e iniciaron 94 investigaciones sobre violencia relacionada con las drogas. La cocaína interceptada en el puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, descendió de casi 73.000 kg en el año récord de 2021 a menos de 47.000. Mientras tanto, los hallazgos en Amberes han aumentado hasta alcanzar un máximo de casi 110.000 kg. Amberes es ahora, dicen los funcionarios de aduanas, "el principal destino para los delincuentes", y las bandas de narcotraficantes neerlandesas ya establecidas están desbordando la frontera belga. 

El pasado otoño, cuatro sospechosos holandeses fueron detenidos por preparar supuestamente un intento de secuestro del ministro de Justicia belga, Vincent van Quickenborne, que se ocultó tras un verano de ataques con granadas vinculados a bandas criminales holandesas y belgas. En Amberes, el pasado mes de enero, Firdaous EJ, de 11 años, sobrina de un presunto narcotraficante belga, murió tiroteada en un ataque contra su domicilio.

"Es un narcoestado light", dice Teun Voeten, fotógrafo y autor de varios libros sobre el tráfico de drogas, que vive en Amberes. La primera vez que fue consciente del problema de la violencia del narcotráfico fue por el sonido de granadas de mano en su calle de Deurne en 2018, un ataque que dañó 16 coches y 10 casas. "Los amsterdammers siempre fueron los grandes jefes, pero con el resquebrajamiento de EncroChat y Sky ECC, algunos líderes de bandas han sido detenidos. Ahora las familias de Amberes van por libre, y cada cambio está marcado por la violencia". 

Es algo sobre lo que el alcalde de Amberes, Bart de Wever, ha advertido repetidamente: los vergismoorden, asesinatos colaterales de civiles, que abundan en el mundo criminal holandés. Ahora dice que es una "crisis nacional". El mes pasado, el primer ministro belga, Alexander De Croo, anunció 17 millones de euros al año para un nuevo cuerpo de policía portuaria, más escáneres, exámenes para 16.000 miembros del personal en puestos "sensibles" y esfuerzos internacionales, incluido un acuerdo con cinco navieras y los holandeses.

"Bélgica tiene un problema por su proximidad a los Países Bajos", afirma Andrew Cunningham, responsable de mercado de drogas y delincuencia del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). "Hace unos años, Rotterdam se incautaba de grandes alijos de cocaína; los holandeses mejoraron mucho la seguridad portuaria y se produjo un efecto de colchón de agua: los delincuentes se trasladaron a Amberes para introducir la cocaína. Amberes es un puerto enorme y muy difícil de controlar". Hace unos cinco años, la policía y la fiscalía temían que la delincuencia se filtrara de los bajos fondos holandeses a Bélgica. Pero cuando académicos como Charlotte Colman, profesora de criminología de la Universidad de Gante, investigaron el asunto, no encontraron un desplazamiento, sino una expansión tanto del mercado de la droga como de las redes delictivas belgas y holandesas. (...)

Cuando fue a las cárceles a entrevistar a personas condenadas por producción o contrabando de drogas, dijeron que veían Amberes y Rotterdam "como un solo puerto": lo único que importaba era qué contactos tenían dentro. Por eso, cuando Rotterdam aumentó el año pasado las multas a las personas que invadían el puerto para recoger droga oculta en contenedores de transporte, los contrabandistas pudieron trasladarse fácilmente a Amberes. "Las organizaciones delictivas también se aprovechan de la diferencia de jurisdicciones", señala Joris van der Aa, periodista especializado en delincuencia del Gazet van Antwerpen.

Los investigadores creen que la mayor parte de la cocaína que llega a Bélgica va a parar a Holanda, y los hackeos policiales de servicios de mensajería "seguros" -clave para detener a los sospechosos Ridouan Taghi y Saïd Razzouki en el juicio que se está celebrando a la banda holandesa Marengo- han revelado el funcionamiento interno de esta relación. "Al principio, en las redes delictivas belgo-holandesas, los [holandeses] participaban sobre todo en el nivel superior: la logística, la organización financiera", afirma el profesor Colman. "Pero hoy observamos que los belgas han subido en la cadena, incluso controlando y organizando el contrabando. No sólo trabajan para los holandeses: Los holandeses también podrían estar trabajando para ellos. Vemos una expansión de las redes delictivas, y también una especie de cambio en el que los belgas asumen también el papel principal".

 El tráfico de cocaína es especialmente ágil, y el precio en el mercado europeo, de 50 euros el gramo, se mantiene estable a pesar de las cantidades interceptadas. Cunningham, del OEDT, afirma: "Cuando pregunto a las fuerzas del orden cuál creen que es el porcentaje de interceptación, a veces dicen que el 10%, a veces que el 25%". Aunque se interceptara el 40%, puede que a los delincuentes les siguiera mereciendo la pena, como ocurre con las cajas de autoservicio de los supermercados, que aceptan cierto nivel de robo como "merma" a cambio de menores costes de personal. 

Al fin y al cabo, ésta es también una historia de comercio: una batalla entre el comercio de los delincuentes que abastecen la demanda europea de drogas y las "empresas legítimas" cuyas redes de infraestructuras utilizan. Cuando los barcos de una empresa llevan productos perecederos a un nuevo puerto como Vlissingen en lugar de Amberes, dice Van der Aa, la cocaína le sigue.

Por otro lado, las empresas portuarias y navieras saben que si -como quiere el alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb- escanean todos los contenedores de fruta, esto les costará tiempo y dinero, lo que les hará menos competitivos. Cuando pregunté al respecto a las cinco navieras que firmaron un acuerdo con los gobiernos belga y holandés el mes pasado -Hapag-Lloyd en Alemania, MSC en Suiza, Seatrade Group Rotterdam, CMA-CGM en Francia y Maersk en Dinamarca- hubo cierta reticencia. (...)

 Lo desconcertante, sin embargo, es por qué las bandas criminales son ahora tan abiertamente violentas, cuando esto llama la atención sobre sus actividades y obliga a los políticos a invertir más en la vigilancia policial. Voeten, cuyo libro sobre el tráfico de metanfetamina se traducirá al inglés a finales de este año, cree que se debe a la arrogancia de los aficionados. "Un buen gángster es un ultracapitalista", señala. "Utiliza la violencia de vez en cuando, pero la amenaza inminente de violencia funciona mejor que la violencia en sí".

 Mientras que la delincuencia violenta en general ha disminuido en toda Europa, en el contexto de la delincuencia relacionada con las drogas se ha mantenido estable o ha aumentado, según el OEDT. Cunningham lo atribuye a las rivalidades entre numerosos grupos "que compiten por hacerse con una tajada del lucrativo mercado de la cocaína". El aumento en Bélgica es innegable desde 2012, con el primer caso conocido relacionado con un acuerdo de estafa. Ahora los expertos ven que los delitos violentos se utilizan como intimidación y castigo, pero también como táctica, para que la policía investigue a un competidor. También sabemos más sobre la violencia "invisible", incluida la construcción de una prisión subterránea equipada con una espantosa cámara de tortura en los Países Bajos.

En otros lugares, los enfoques opuestos de los gobiernos belga y holandés son más crudos. Mientras el primer ministro belga y el alcalde de Amberes hablan de tomar medidas enérgicas -incluso contra los consumidores de drogas-, los holandeses iniciarán en octubre un ensayo de cultivo regulado de cannabis en el sur, y Alemania planea legalizar y controlar la droga. "Seamos realistas: es imposible hacer de nuestros puertos una fortaleza", dice Van der Aa. "A la policía federal le faltan 150 detectives. Intentar detener la cocaína es el juego del gato y el ratón, pero los delincuentes siguen ahí. Hay que detenerlos, y eso no ocurre en Bélgica".                     (Senay Boztas , Unzherd, 07/03/23; traducción DEEPL)

100 años de un experimento fracasado: ¿Ha llegado el momento de despenalizar las drogas? Los resultados de la prohibición de las drogas están a la vista de todos y sus efectos se extienden por todo el mundo. El resumen es que ha sido un auténtico desastre: adulteración de sustancias que desembocan en accidentes mortales, vidas truncadas por la cárcel o el estigma y un consolidado poder paralelo, el narcotráfico, que no existiría si las drogas fuesen legales. No hablamos solo de Sudamérica: la policía holandesa alertó en 2018 del peligro de que Holanda se convirtiera en un narcoestado... investigaciones prueban que el consumo sensato de drogas puede mejorar la vida y por eso hay un gran número de personas sobrias y honradas en nuestra sociedad que las consumen... Despenalizar las drogas no debería ser ningún experimento, básicamente porque así ha vivido la humanidad durante toda su historia. El experimento fue prohibirlas. Más de 100 años después y constatado su fracaso, ¿tal vez tocaría regresar al punto de partida?

 "Cuando un joven empieza a salir de noche, todavía siendo menor de edad, le puede resultar más sencillo llamar a un camello y comprar una pastilla de éxtasis que entrar a un supermercado e intentar que le vendan una botella de ron. Imaginen qué acabarán eligiendo muchos. 

El ejemplo demuestra que cuando algo es ilegal no significa que esté más o mejor controlado. Tal vez al contrario: hay una serie de requisitos sobre su calidad, su pureza y su acceso que quedan en manos de criminales en lugar de las autoridades. ¿Ha sido efectivo prohibir las drogas?

Hasta finales del siglo XIX (en algunos lugares incluso hasta principios del siglo XX), los ciudadanos eran libres de alterar su conciencia con las sustancias que quisieran. No debería hacer falta usar el manido recurso de que la cocaína y varios opiáceos podían comprarse en la farmacia. Tampoco recordar que la humanidad ha consumido estupefacientes desde tiempos inmemoriales sin rasgarnos las vestiduras. 

En Las Drogas, de los orígenes a la prohibición (Espasa), el pensador Antonio Escohotado documentó cómo las primeras referencias a la adormidera aparecen en tablillas sumerias del tercer milenio antes de Cristo. El opio figura también en jeroglíficos egipcios y en La Odisea de Homero. Se dice que Aristóteles, Platón, Sófocles, Sócrates, Plutarco y muchos más tuvieron experiencias visionarias tomando un concentrado con propiedades similares al LSD en los ritos de los misterios eleusinos. Se presume que Nietzsche era adicto al opio cuando escribió Genealogía de la Moral. 

¿Cuándo y por qué decidimos perseguir penalmente a las drogas? ¿Ha servido de algo prohibirlas durante más de un siglo? ¿Quién ha sido el principal perjudicado? ¿Es legítimo que el Estado imponga lo que podemos tomar y lo que no? 

 La semana pasada se inició una prueba piloto de tres años en Vancouver (Canadá), donde se permitirá la posesión de cantidades inferiores a 2,5 gramos de cocaína, heroína, éxtasis, morfina… En lugar de multas o arrestos, los usuarios recibirán información o serán derivados a servicios de atención social si así lo desean. En Oregón (EEUU) se tomó una decisión similar hace dos años. 

“El consumo de sustancias es un problema de salud, no un problema penal”, señaló al respecto la ministra de salud mental y adicciones de la región. “Necesitamos dar este paso adelante para abordar la vergüenza y el estigma”.

Los resultados de la prohibición de las drogas están a la vista de todos y sus efectos se extienden por todo el mundo. El resumen es que ha sido un auténtico desastre: adulteración de sustancias que desembocan en accidentes mortales, vidas truncadas por la cárcel o el estigma y un consolidado poder paralelo, el narcotráfico, que no existiría si las drogas fuesen legales.

No hablamos solo de Sudamérica: la policía holandesa alertó en 2018 del peligro de que Holanda se convirtiera en un narco estado ante el poder que las mafias de la droga estaban ganando en el país. La situación en México es todavía más funesta: más de la mitad de la población cree que el crimen organizado es una institución más poderosa que el propio Gobierno. 

Defender la despenalización de las drogas es cada vez una postura menos radical porque la evidencia habla por sí sola. La lista de ex gobernantes y mandatarios que se manifiestan en este sentido no para de crecer: el presidente de Colombia Gustavo Petro, los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica, el exsecretario general de la OTAN Javier Solana, el exsecretario de Estado de EEUU George Schultz, también expresidentes de Brasil, Perú, Colombia, Chile… 

Existe, además, consenso entre los historiadores en que las primeras políticas prohibicionistas no estaban basadas en la ciencia ni la salud, sino que tenían un sesgo claramente racista: se buscó criminalizar o aislar a los migrantes chinos fumadores de opio, a los esclavos que consumían cocaína o a los nativos y curanderos sudamericanos que fumaban marihuana.

La prohibición fue también un asunto moral y de clase y lo sigue siendo a día de hoy: la legislación castiga más a los pobres y a los jóvenes que a los ricos y a los mayores, porque tienen donde refugiarse para consumir drogas sin que nadie les juzgue. Hasta hace poco, las penas por poseer crack en EEUU eran 100 veces superiores que las que se imponían por poseer cocaína, a pesar de que farmacológicamente son muy similares. La primera la toman los pobres y la segunda los ricos. 

 Más allá de los efectos negativos que ha tenido la prohibición en tantas capas de la sociedad, del peligro para la salud que supone dejar las drogas en manos del mercado negro, del clasismo que impera en el origen y en la actual legislación sobre drogas, al final hay un motivo que debería ser igual de relevante: tomar o no tomar drogas es una cuestión de libertad individual en la que nadie debería inmiscuirse. 

El filósofo Stuart Mill lo resumió a la perfección hace más de un siglo en su obra Sobre la libertad: los ciudadanos adultos de un país libre tienen todo el derecho a hacer consigo mismo lo que ellos quieran, siempre y cuando no produzca un daño a terceros.

Aunque a algunos les cueste admitirlo, tomar drogas es una expresión de nuestra libertad personal en la búsqueda del placer. ¿Debería el derecho penal imponer la moral por la vía de la fuerza? La respuesta, vistos los resultados, es que no. Una moral impuesta de manera coercitiva es -o debería ser- una contradicción, como ya señaló hace 40 años el prestigioso catedrático Emilio Lamo de Espinosa en su defensa de la despenalización.

Después está otra cuestión. ¿Y si las drogas no fueran tan malas como nos las han pintado? ¿Y si la mayoría de información al respecto, ampliada por los medios de comunicación, partiera de un consolidado sesgo moral impuesto durante décadas? ¿Por qué cuando hablamos de drogas nos centramos solo en el pequeño porcentaje que sufre una adicción, y no en la mayoría que las consume sin que eso suponga ningún problema?

Anne Katrin Schlag, psicóloga, investigadora y durante años profesora del King's College de Londres, analizó la mayoría de estudios y datos oficiales disponibles y concluyó que los consumidores que desarrollan un “consumo problemático” oscilan entre el 25% en el caso de la heroína y un 10% en drogas psicodélicas. La mayoría de datos públicos ofrecen porcentajes similares.

También es malo abusar del azúcar, de la comida basura, de las pantallas, del tabaco o del alcohol. También generan adicción y nadie lo prohíbe, aunque últimamente proliferan regulaciones sobre la publicidad y campañas para concienciar sobre todo a los menores.

Carl Hart es doctor en neurociencia, investigador y profesor de psiquiatría en la Universidad de Columbia (Nueva York). Llegó a ser el jefe del departamento de psicología de esa prestigiosa universidad. Durante casi tres décadas ha investigado los efectos que tienen las drogas en humanos y ratones. Nacido en uno de los barrios más desfavorecidos de Miami, sufrió en primera persona la delincuencia y los estragos sociales vinculados a las drogas en la comunidad negra. Sus conclusiones, sin embargo, escapan de la norma.  

 “Los resultados de una impresionante base de datos de nuestro laboratorio muestran que las drogas producen efectos predominantemente positivos”, explica por correo electrónico. “En pocas palabras, el consumo sensato de drogas puede mejorar la vida y por eso hay un gran número de personas sobrias y honradas en nuestra sociedad que las consumen”.

En su último libro, Drug use for grown-ups (Penguin, por ahora sin traducción al español), Hart lanza una bomba en el prólogo: confiesa que desde hace un lustro consume heroína de vez en cuando. Aún así es un profesional respetadísimo, un adulto funcional y un responsable padre de familia. 

¿Cuántos hay cómo Hart? Los datos disponibles muestran que buena parte de los consumidores de drogas están en esa situación y nadie parece tenerlos en cuenta porque la mayoría permanece en el anonimato. ¿Cuántos prefieren ocultar a la sociedad que de vez en cuando consumen alguna droga por miedo a lo que pensará el resto? ¿Por qué no sucede lo mismo con el alcohol, con tasas de adicción altas y una de las sustancias más difíciles de abandonar?

“Hay mucha más gente que tiene experiencias con drogas de lo que el público sabe, pero la mayoría tiene miedo de reconocer públicamente que las consume”, prosigue Hart en su correo electrónico. “Saben que las comunidades están asediadas de información que solo hace hincapié en sus efectos nocivos, e incluso mortales. También saben que los consumidores de drogas son habitualmente menospreciados”.

Hart cree que los medios de comunicación y los productos culturales hemos ampliado esta visión sesgada del consumo de drogas. “¿Has visto alguna película sobre la heroína que no se centrara en la adicción?”, pregunta. “¿Quién va a querer ver una película o leer un artículo sobre una persona que consume heroína un par de veces al mes, va a trabajar según lo previsto y cumple con sus responsabilidades sin incidentes? Nadie. Sería demasiado aburrido”.

La postura de Hart tiene, evidentemente, muchos detractores y entre ellos se encuentran prestigiosos profesionales. No se trata de banalizar las adicciones ni esconder que un porcentaje de los usuarios de drogas acaba desarrollándolas con graves consecuencias para él y su entorno. Lo que pide este investigador es que se abra la mirada y se tenga una visión que vaya más allá del simplista “droga mala” y admitir que la mayoría de los consumidores obtienen placer de los estupefacientes y pocas contrapartidas negativas. Y, lo más importante: por mucho que estén prohibidos no dejarán de consumirlos.

El verano pasado Josep Rovira, fundador del reputado proyecto de reducción de riesgos Energy Control, me dijo una frase que se me quedó grabada. “Nadie dejará de conducir porque muera gente en la carretera ni dejará de tener sexo por riesgo a contraer una enfermedad”, me explicó. “Pasa lo mismo con las drogas. De lo que se trata es de que todo el mundo tenga información para que lo haga de la manera más segura posible”.

Despenalizar las drogas no debería ser ningún experimento, básicamente porque así ha vivido la humanidad durante toda su historia. El experimento fue prohibirlas. Más de 100 años después y constatado su fracaso, ¿tal vez tocaría regresar al punto de partida?"                       (Pol Pareja , eldiario.es, 11/02/23)

Una princesa confinada y un primer ministro amenazado: la mafia pone en la diana al Estado holandés

 "La sospecha de que la princesa Amalia de Orange, hija de los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, está en la diana del crimen organizado, ha llevado al Gobierno a reducir drásticamente sus movimientos, hasta casi confinarla en su domicilio. Sale para ir a la universidad, en Ámsterdam, y después regresa al palacio Huis ten Bosch, la residencia oficial de la familia real, en La Haya. Así lo contaron sus padres la semana pasada durante una visita oficial a Suecia.

La policía y el Ejecutivo holandés guardan silencio, mientras que expertos en seguridad y terrorismo dan credibilidad a la amenaza y ven “altamente probable” que el desafío provenga de grupos criminales ligados al narcotráfico. Es un salto cualitativo sin precedentes en un país en el que los criminales han pasado de ajustar cuentas entre sus miembros o rivales a desafiar a la democracia. El primer ministro, Mark Rutte, que suele ir al trabajo en bicicleta, también ha tenido que aceptar mayor protección por amenazas a su vida.

 “Este tipo de amenazas se consideraban prácticamente imposibles hace unos años”, afirma al teléfono el sociólogo Paul Schnabel, en referencia a la situación de la princesa Amalia. La heredera al trono estudia un grado de Políticas, Psicología, Derecho y Economía, y Rutte ha asegurado que “se está haciendo todo lo posible para resolver el problema con rapidez”. “Aunque no puedo garantizar los tiempos”, ha advertido.

No es excepcional que servidores públicos reciban alguna amenaza por su función o gestión, pero en este caso “falta el elemento ideológico o un claro objetivo político”, señala Jelle van Buuren, experto en seguridad de la Universidad de Leiden. “Cuando el objetivo ya no es el dinero, sino el Estado, sus símbolos e instituciones, puede considerarse una forma de terrorismo”, sostiene. El refuerzo de la seguridad a los representantes del Estado se empezó a notar en septiembre, cuando el diario De Telegraaf publicó que “se hacía referencia al primer ministro y a la princesa en mensajes encriptados del crimen organizado sobre un supuesto ataque o un secuestro”.

Erwin Bakker, catedrático de Estudios sobre el Terrorismo en la misma universidad holandesa, comparte la opinión de su colega. Le parece, además, que intimidar de este modo a la futura jefa del Estado y al primer ministro supone “entrar en una nueva realidad que pone a Países Bajos a la altura de otros Estados” amenazados. “Tal vez nos sintamos lejos de lugares como México o Italia, donde hemos visto crímenes de mafias, pero es una forma de negación de la realidad. El Gobierno se ha dado cuenta de que el crimen organizado atenta contra el orden legal, y de que debe invertir más en seguridad”.

El asesinato de De Vries, punto de inflexión

Ambos expertos ven en la muerte a tiros del reportero de investigación Peter R. de Vries, en julio de 2021, en el centro de Ámsterdam, un punto de inflexión. Fueron detenidos dos autores materiales del ataque, pero todavía no hay sentencia porque se investiga a tres sospechosos más. El asalto mortal fue filmado por los delincuentes, y Bakker recuerda que el fiscal ha subrayado que “puede hablarse de intención terrorista”. Ello “obliga a reevaluar la definición misma de terrorismo, porque asistimos a una amenaza contra la democracia y el imperio de la ley”. Es la primera vez que se califica de acto terrorista un crimen de esta clase. La Fiscalía considera que “el asesinato fue perpetrado para asustar a la población”.

De Vries, de 64 años, era el confidente del testigo de cargo en el caso Marengo, un proceso contra presuntos miembros de la denominada Mocro Mafia, dedicada al tráfico de drogas. Formada por varias bandas, sus integrantes son holandeses, también de origen turco y marroquí (de ahí el término Mocro), antillano, de Surinam, y albanés. Operan sobre todo en los puertos de Amberes, en Bélgica, y en Ámsterdam, aunque su red de contactos es internacional. Uno de sus principales cabecillas es Ridouan Taghi, encerrado en una cárcel de máxima seguridad en el sur de Países Bajos. En 2019 hubo otro crimen relacionado con este entorno que sacudió a la sociedad holandesa: el asesinato del abogado Derk Wiersum, de 44 años, que defendía al mismo testigo que le contaba confidencias a De Vries. Dos años después mataron al reportero.

La actuación del crimen organizado contra instancias del Estado se extiende más allá de la frontera de Países Bajos. Cuatro ciudadanos holandeses fueron detenidos en septiembre en La Haya y alrededores después de que la policía encontrase un coche con armas y botellas de gasolina en Bélgica. El vehículo tenía matrícula de Países Bajos y fue hallado frente a la casa del ministro belga de Justicia, Vincent van Quickenborne. Los medios belgas señalaron que el político, que pasó unos días con la seguridad reforzada, había recibido amenazas graves que provenían “del mundo de la droga”.

Según Van Buuren, “el crimen organizado es difícil de combatir en todas partes, y Países Bajos tiene una posición geográfica privilegiada para el transporte y producción de productos de todo tipo; también las drogas”. “Tenemos el aeropuerto de Schiphol y el puerto de Róterdam, gran conectividad y buenas carreteras”, destaca. Pero hasta la muerte del abogado y el periodista, la sociedad holandesa creía que este tipo de criminales solo se mataban entre ellos, afirma el experto. Bakker sitúa la amenaza del crimen organizado como uno de los principales desafíos del país: “La violencia del crimen organizado socava el orden democrático legal”, recalca.

Ambos expertos reclaman un debate nacional porque, en su opinión, hasta ahora no se ha abordado suficientemente “el problema social y del crimen” en el país, según Bakker. Van Buuren agrega: “Hay diferencias en el Parlamento en torno a la legalización de las drogas, pero no así en cuestiones de seguridad: hay que hablar”."                      (Isabel Ferrer, El País, 18/10/22)

El crimen organizado pone en la diana al primer ministro holandés Mark Rutte... el Sindicato Nacional de Policía en 2018 ya publicó un informe donde decía que Países Bajos presenta los rasgos de un ‘narcoestado'... el crimen organizado amaga con atacar el orden democrático... la amenaza alcanza a varios alcaldes, jueces y abogados holandeses

 "Países Bajos afronta un problema de seguridad nacional por culpa del crimen organizado asociado al narcotráfico. A los asesinatos cruzados entre miembros de distintas bandas que operan también desde Bélgica, se han sumado en los tres últimos años tres ataques mortales. El hermano de un testigo de cargo, su abogado y un conocido periodista de investigación ―Peter R. de Vries― han sido tiroteados en plena calle.

 Y la cosa no para ahí. El último en ser objeto de amenazas es el primer ministro, Mark Rutte, que ha pasado de ir en bici a todas partes a estar fuertemente vigilado. La policía nacional prefiere no entrar en detalles, pero los datos que maneja apuntan a un supuesto atentado o un secuestro del mandatario por parte de las mafias que distribuyen la cocaína llegada desde Sudamérica. 

Con tres puertos clave en Europa -Amberes, Róterdam y Hamburgo-, la pugna por el control de un negocio multimillonario es calificado por agentes e investigadores de un intento de golpe a la democracia holandesa, de la que Rutte es su principal representante electo.

Ante una alerta de esta clase por razón de su cargo Rutte no puede rechazar la protección. Aunque hasta ahora era discreta y él prefiere la cercanía de la gente -accede si le piden un selfi y hace largos recorridos callejeros a pie- “pasará tiempo hasta que pueda moverse con la soltura de antes”, explica por teléfono Jan Struijs, presidente del Sindicato Nacional de Policía. 

La vigilancia para los cargos electos empezó a reforzarse en 2002, tras el asesinato de Pim Fortuyn, el líder ultraconservador que fue tiroteado por un ecologista radical. Ya entonces hubo rechazo por parte de algunos ministros a esa seguridad, y Rutte no ha ocultado el suyo. Este lunes, cuando su riesgo se convirtió en el tema de día, cubrió andando el camino hasta su despacho, en el centro de La Haya. “No haré comentarios sobre la seguridad, otra pregunta”, dijo, sonriente. Con una manzana a medio comer en una mano y la cartera de documentos en la otra, su jovialidad contrastaba con los uniformados apostados en la zona.

 A Jelle van Buuren, experto en temas de seguridad de la Universidad de Leiden, le parece que “la amenaza no es como la del terrorismo político, o bien político-religioso, pero sí compromete la seguridad nacional porque el crimen organizado amaga con atacar el orden democrático”, asegura. Hay otro detalle de gran valor simbólico asociado al hecho de que los políticos se muevan con libertad en Países Bajos. “Es un poderoso mensaje cultural de cómo se desea gobernar y ser fiable, aunque el mundo cambia y no somos una isla”, asevera. En este punto, el jefe policial Struijs recuerda que en el narcotráfico hay grupos grandes y pequeños, “y gente joven metida también en Bélgica y en España que lo consideran una forma rápida de ganar mucho dinero. No podemos pecar de ingenuos. No se trata de terrorismo sino de avaricia y de drogas, pero es evidente que subyace un intento de desestabilizar la sociedad”.

 Si bien tanto la presidencia del Gobierno como el coordinador de la lucha antiterrorista evitan hacer comentarios, que el primer ministro esté en la diana de los narcotraficantes muestra que el problema de la droga puede entrar en una espiral fuera de control. “Hemos visto cómo se degradaba la situación a lo largo de la última década, y desde 2019 es aún más grave. En 2018 ya publicamos un informe donde decíamos que Países Bajos presenta los rasgos de un ‘narcoestado’”, explica Struijs. Intimidando a los representantes de la justicia y del Gobierno, “estas bandas tratan de demostrar que controlan el negocio de la droga y no piensan soltarlo”, añade. Peter R. de Vries había recibido señales de amenazas de los bajos fondos, pero decía que la seguridad entorpecía su trabajo. De ahí que su asesinato, a la luz del día y en el centro de Ámsterdam, generase un debate sobre si contaba con guardaespaldas o prefería ir por su cuenta.

Las consecuencias penales, médicas y sociales del narcotráfico cuestan entre 3.200 y 4.100 millones de euros anuales, revela un informe remitido por el Ministerio de Justicia al Parlamento. Los bancos, por otra parte, gastan 550 millones de euros al año en combatir el blanqueo de capitales. El Ministerio calcula, además, que la mayoría de los cerca de 16.000 millones de euros en dinero negro que circulan todos los años en el país proceden del fraude y el tráfico de drogas. Van Buuren sostiene que no hay soluciones definitivas y recuerda que la amenaza alcanza a varios alcaldes, jueces y abogados holandeses. Para ilustrar las dificultades, señala el aprovechamiento, por parte del narcotráfico, de la buena infraestructura digital holandesa y un sistema financiero atractivo, junto con la facilidad geográfica del transporte de mercancías. “Disponemos de expertos con capacidad para ocuparse de la seguridad de la Casa Real, de políticos y diplomáticos. De lo que se trata ahora es de mejorar la información y el análisis de los datos, y eso lleva tiempo y cuesta dinero”.

Actividad portuaria

Además del puerto de Róterdam ―el mayor de Europa― como vía de entrada de los cargamentos, Países Bajos encabeza la fabricación mundial de drogas de diseño, según la academia holandesa de policía. Destinadas en su mayoría a la exportación, en la segunda participan también ciudadanos mexicanos y colombianos, indican las mismas fuentes. Este año se han desmantelado ya 30 laboratorios clandestinos. “El Gobierno está en funciones, pero ha presentado unas cifras económicas saneadas. No hay excusa para no inyectar los fondos que necesitan policías y expertos para combatir el crimen organizado”, advierte Jan Struijs.

Un análisis de las aguas residuales ha mostrado que en Ámsterdam y Róterdam se esnifan “alrededor de 40.000 rayas de cocaína diarias”, según Fred Westerbeke, comisario jefe de esta última ciudad. El año pasado, se requisaron en Róterdam 43 toneladas de cocaína. En septiembre, una decena de recogedores de esta droga pidieron ayuda al servicio de urgencias por teléfono. Llevaban medio día metidos en un contenedor marítimo de troncos de madera a la espera de hacerse con la carga que había dentro de otro, y les faltaba oxígeno. Fueron rescatados a tiempo en una terminal portuaria, atendidos por los sanitarios y luego detenidos. En lo que va de año, ha habido ya 325 arrestos similares."             (Isabel Ferrer, El País, 03/10/21)