Mostrando entradas con la etiqueta m. Inmigración y condiciones de trabajo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta m. Inmigración y condiciones de trabajo. Mostrar todas las entradas

7.9.26

¿Cómo va realmente el último proceso de Regularización Extraordinaria de Extranjeros en España? 330.000 con alta en Seguridad Social o TIE en curso... aportan liquidez inmediata a las arcas públicas vía IRPF y cuotas y elevan la ratio a 2,5 trabajadores por pensionista con mano de obra joven... cubriendo puestos vacantes en agricultura, hostelería, construcción y cuidados... lo que exige un esfuerzo de adaptación en municipios receptores, por la presión sobre los servicios públicos. Conclusión el proceso no ha creado competencia con el empleo autóctono... se trata de aflorar a personas que ya vivían y trabajaban aquí). (Hipólito José Aceituno Aldeguer)

Hipólito José Aceituno Aldeguer @hjaceituno

1/8 ¿Cómo va REALMENTE el último proceso de Regularización Extraordinaria de Extranjeros en España? ​Cifras oficiales, estado de las tramitaciones e impactos clave (positivos y negativos). ​Abro hilo

 2/8  ¿En qué punto estamos? Tras el cierre del plazo el pasado 30 de junio de 2026, son 1.174.978 laspeticiones registradas: • ~52% en fase de instrucción / admisión a trámite. • ~20% en requerimiento de documentación. • >330.000 con alta en Seguridad Social o TIE en curso.

 3/8  Un mecanismo ágil: La "vía rápida" laboral La mera admisión a trámite otorgó autorización provisional de trabajo a los 15 días. Esto ha permitido agilizar la incorporación legal de miles de personas al mercado formal sin esperar al cierre definitivo.

 4/8  Impactos POSITIVOS (Económicos y Sociales) 1/ Afloramiento de economía sumergida: Más de 330k nuevos cotizantes aportan liquidez inmediata a las arcas públicas vía IRPF y cuotas. 2/ Sostenibilidad : Eleva la ratio a 2,5 trabajadores por pensionista con mano de obra joven

 5/8  Impactos POSITIVOS (Sectores y Derechos) 3/ Cobertura de vacantes: Cobertura de puestos en agricultura, hostelería, construcción y cuidados. 4/ Derechos laborales: Paso del trabajo no declarado a la aplicación del SMI, convenios colectivos y prevención de riesgos.

6/8  Impactos NEGATIVOS / Retos estructurales 1/ Saturación administrativa: La avalancha de expedientes colapsó durante semanas las Oficinas de Extranjería y el sistema de cita previa. 2/ Presión sobre servicios públicos: Exige un esfuerzo de adaptación en municipios receptores

 8/8  Conclusión El proceso no ha creado competencia con el empleo autóctono (se trata de aflorar a personas que ya vivían y trabajaban aquí). Afronta el reto de integrar plenamente a miles de nuevos cotizantes antes de finales de año 

3:15 p. m. · 6 sept. 2026 ·452 Visualizaciones

28.7.26

Los italianos residentes en el extranjero son 6,4 millones... la población extranjera total en Italia asciende a 5,4 millones de personas... entre los italianos que se trasladan al extranjero y los que regresan a Italia, tenemos un saldo medio negativo de 100 000 ciudadanos al año... si cada año 100 000 italianos (con formación media-alta) se marchan al extranjero, ¿cómo se puede pensar que ese vacío no se cubrirá con la llegada de extranjeros? Decenas de miles de italianos, casi todos con título de bachillerato o de grado, se marchan al extranjero en busca de un trabajo digno y son sustituidos por un número similar de extranjeros, a menudo con escasa formación, que son contratados para trabajos de bajo valor añadido. ¿Por qué ocurre todo esto? Este es el resultado deliberado de una decisión de política industrial tomada en los años noventa, en el marco de la financiarización de la economía, del triunfo neoliberal y de la adhesión a la UE... En Italia, el sector que se dedicaba principalmente a la investigación y el desarrollo, y que tenía una producción con un alto uso de capital (intensiva en capital), era el sector público. La decisión de reducirlo al mínimo mediante oleadas de privatizaciones, así como la de deslocalizar incluso las producciones de alto valor añadido, ha supuesto una elección bien definida a favor de los trabajos con un alto uso de mano de obra (intensivos en mano de obra)... Lo que ocurre en Italia es muy sencillo: exportamos titulados de bachillerato y universitarios que, tras haber invertido en formación, no quieren convertirse en «trabajadores pobres», e importamos personas desesperadas dispuestas a cualquier trabajo a cambio de salarios de subsistencia... esto no se resuelve ni sermoneando a los jóvenes que no se resignan a realizar trabajos de mierda por un sueldo de mierda, ni invocando puños de hierro y ráfagas de ametralladora contra las embarcaciones... si se quiere resolver un problema estructural, hay que abordarlo de forma estructural (Andrea Zhok)

 "NOTA AL MARGEN SOBRE EL TEMA DE LA INMIGRACIÓN

El tema de la inmigración es enormemente complejo; abarca aspectos económicos, culturales y de seguridad, de formas muy variadas. No existen varitas mágicas que puedan revertir los procesos en curso en un abrir y cerrar de ojos.

Sin embargo, ante la gran cantidad de vociferantes profesionales que agitan el espacio público a base de eslóganes grandilocuentes y promesas de rigor draconiano, recurrir a la complejidad acaba dando la impresión de querer andarse por las ramas.

Permítanme, pues, por una vez, una respuesta directa, en parte simplificadora, pero al menos representativa de cómo debería abordarse un debate serio.

Ante el tema de los flujos migratorios hacia Europa, suelen enfrentarse dos actitudes.

1) Existe una actitud «humanitaria», predominante en la izquierda, percibida como «ingenua», que, en esencia, siempre trata de explicar, por un lado, que el problema no es tan grave, o que, más bien, supone una gran oportunidad de enriquecimiento humano, y que quien se queja es un racista; y, por otro lado, que se trata de un movimiento histórico inevitable y que toda oposición es inútil (además de inhumana).

2) Existe una segunda actitud, «securitaria», que acentúa todos los problemas relacionados con la inmigración, exagera su narrativa y sus peligros, y acaba invocando habitualmente diversas «medidas de mano dura»: bloqueos navales, repatriaciones, improbables exámenes de fe cristiana, rostros feroces y guiños ocasionales a los verdaderos racistas (que son minorías en Italia, pero existen).

Este juego entre ambas partes se prolonga desde hace más de treinta años (desde la llegada de 20 000 albaneses en 1991 al puerto de Bari). Mientras tanto, Italia, que ha experimentado los procesos migratorios con retraso —al no haber tenido un imperio colonial—, se ha visto abrumada por un proceso que no parece dar señales de detenerse.

Tanto la postura «buenista» como la represiva son dos «no soluciones».

De hecho, solo sirven para mantener vivo el problema, agravándolo, y fidelizando a sus respectivas aficiones a través del desprecio hacia las posturas contrarias.

¿Qué falta en este panorama? Faltan muchas cosas, pero hay una que es colosal, y es algo de lo que nadie, literalmente nadie, ni de derechas ni de izquierdas, quiere hablar.

El gran ausente en el debate sobre la inmigración es la comprensión de una dinámica elemental.

En los últimos años, entre los italianos que se trasladan al extranjero y los que regresan a Italia, tenemos un saldo medio negativo de 100 000 ciudadanos al año.

Los italianos residentes en el extranjero son 6,4 millones.

A modo de comparación, la población extranjera total en Italia asciende a 5,4 millones de personas.

Ahora bien, la primera y sencilla pregunta que nadie quiere plantear es: si cada año 100 000 italianos (con formación media-alta) se marchan al extranjero, ¿cómo se puede pensar que ese vacío no se cubrirá con la llegada de extranjeros?

El problema, expresado en sus términos esenciales, es el siguiente: decenas de miles de italianos, casi todos con título de bachillerato o de grado, se marchan al extranjero en busca de un trabajo digno y son sustituidos por un número similar de extranjeros, a menudo con escasa formación, que son contratados para trabajos de bajo valor añadido.

¿Por qué ocurre todo esto? ¿Es una cuestión de destino cínico y traicionero?

Ni mucho menos. Este es el resultado deliberado de una decisión de política industrial tomada en los años noventa, en el marco de la financiarización de la economía, del triunfo neoliberal y de la adhesión a la UE.

En Italia, el sector que se dedicaba principalmente a la investigación y el desarrollo, y que tenía una producción con un alto uso de capital (intensiva en capital), era el sector público. La decisión de reducirlo al mínimo mediante oleadas de privatizaciones, así como la de deslocalizar incluso las producciones de alto valor añadido, ha supuesto una elección bien definida a favor de los trabajos con un alto uso de mano de obra (intensivos en mano de obra). Para competir en los sectores intensivos en capital hay que innovar; para competir en los sectores intensivos en mano de obra hay que reducir los costes salariales.

Lo que ocurre en Italia es muy sencillo y, sin cambios de rumbo en la política industrial, inevitable: exportamos titulados de bachillerato y universitarios que, tras haber invertido en formación, no quieren convertirse en «trabajadores pobres», e importamos personas desesperadas dispuestas a cualquier trabajo a cambio de salarios de subsistencia.

Obviamente, este flujo también tiene repercusiones culturales y de seguridad. Un aumento porcentual de la población compuesta por jóvenes, culturalmente ajenos, con poco que perder, condicionados a salarios de subsistencia y, a menudo, en el sector no declarado, no puede sino traducirse en problemas de seguridad e integración. Pero esto es el efecto, no la causa, y si se insiste en ocuparse únicamente de los efectos y nunca de las causas, en realidad se está tratando de cultivar el problema, que siempre resulta útil.

La cuestión es que los bajos salarios, las privatizaciones, la descalificación del trabajo y el flujo migratorio asimétrico (la mítica «sustitución étnica») SON UN MISMO Y MISMO PROBLEMA.

Y no se resuelve ni sermoneando a los jóvenes que no se resignan a realizar trabajos de mierda por un sueldo de mierda, ni invocando puños de hierro y ráfagas de ametralladora contra las embarcaciones.

Algunos, tanto de la derecha como de la izquierda, han elegido ese camino y siguen persiguiéndolo («porque lo quiere Europa», «porque lo quieren los mercados», y así sucesivamente con sus delirios).

Sé que preferirían quedarse en el plano de los sentimientos: los «buenos y acogedores» (izquierdistas bienpensantes para la parte contraria) frente a los «rigurosos e inflexibles» (fascistas racistas para la parte contraria). En este plano no hace falta entender nada, basta con confiar en los sentimientos y en las banderas.

Pero si se quiere resolver un problema estructural, hay que abordarlo de forma estructural.

Si, por el contrario, se quiere alimentar el problema, armando jaleo para gente sin criterio y obteniendo aplausos instintivos de las distintas aficiones, pues muy bien, el rumbo es el correcto: timón a estribor y a toda máquina."

(Andrea Zhok, blog, 26/07/26, traducción Salvador L. Arnal) 

29.6.26

Occidente, en vísperas de una guerra civil... El fenómeno migratorio en Occidente es, en su totalidad, un fenómeno con raíces económicas, dependiente de la lógica del capital... Al capital le interesa obtener una mano de obra que esté lo más dispuesta posible a trabajar por poco dinero y que sea fácilmente chantajeable... La falta de mano de obra interna de los países occidentales se compensa importándola de partes del mundo donde los «costes de producción de niños» son bajos... Este proceso nunca está guiado ni controlado porque para guiarlo y controlarlo se necesitarían enormes inversiones: dinero para los procesos de asimilación, educación o reeducación, enseñanza de idiomas, socialización, pero también para el control y la represión de comportamientos ilícitos... todo el sentido del proceso está exclusivamente orientado a incrementar los márgenes de beneficio, todo este «proceso de inclusión y acogida» queda necesariamente en el papel... si viviéramos en Estados dispuestos a sostener estos niveles de gasto público para los procesos de socialización e inclusión, el problema migratorio ni siquiera surgiría... el peso de esta situación recae principalmente sobre las personas que se encuentran en relación de competencia directa con la mano de obra importada, es decir, ese proletariado o esa pequeña burguesía que lucha por mantener a flote el salario y la dignidad... Es tan cierto como que sale el sol que, en algún momento, estas situaciones están destinadas a estallar en formas de violencia civil... por lo tanto, de forma constante e inevitable, estos procesos crean formas de desestabilización social... el verdadero problema, es que entonces las clases políticas desprovistas de vergüenza están listas para abalanzarse como buitres sobre la escena de la violencia social... no estaban ahí cuando se chantajeaba a la gente durante décadas, para que aceptara condiciones laborales cada vez más precarias. Pero ahora están ahí... en este momento se desata el juego de la polarización artificial, que mantiene con vida a la clase política que ha causado el daño... Sin una transformación de la representación política (hoy en día difícil incluso de imaginar), este circo occidental seguirá pudriéndose, hasta llegar a alguna forma de guerra civil (Andrea Zhok)

"Dado que los acontecimientos de Belfast han vuelto a situar en el centro del debate temas que ya se han analizado a fondo en todos sus aspectos, intentemos hacer un resumen para aclarar un poco las ideas.

1) El fenómeno migratorio en Occidente es, en su totalidad, un fenómeno con raíces económicas, dependiente de la lógica del capital.

Se favorecen los desplazamientos de mano de obra que busca ocupar los puestos de trabajo disponibles en el mercado mundial.

Al capital le interesa obtener una mano de obra que esté lo más dispuesta posible a trabajar por poco dinero y que sea fácilmente chantajeable. No es una cuestión de «inmigración irregular». Los irregulares también forman parte del juego, porque son un poco más chantajeables, pero el juego en su conjunto es aceptado, deseado y teorizado.

2) La presión que ejercen los modos de vida cultivados en Occidente (desde los costes de criar a los hijos, pasando por las responsabilidades legales, hasta las dificultades pedagógicas para los hijos que crecen en entornos desocializados, etc.) crea constantemente las condiciones para una reducción de la fecundidad. (Esto ocurre también con las segundas generaciones de migrantes, tan pronto como se aclimatan).

La falta de mano de obra interna de los países occidentales se compensa importándola de partes del mundo donde los «costes de producción de niños» son bajos, porque no existe un sistema de protección pública, servicios sanitarios, sistemas escolares, etc. Occidente es una tumba atareada que absorbe a jóvenes «producidos» en otros lugares para transformarlos en concentraciones de capital.

3) Este proceso nunca está guiado ni controlado porque para guiarlo y controlarlo se necesitarían enormes inversiones: dinero para los procesos de asimilación, educación o reeducación, enseñanza de idiomas, socialización, pero también para el control y la represión de comportamientos ilícitos.

Así pues, se dejan en manos de algunos payasos políticos las consignas de la inclusión y la acogida, pero como todo el sentido del proceso está exclusivamente orientado a incrementar los márgenes de beneficio, todo este «proceso de inclusión y acogida» queda necesariamente en el papel.

Por otra parte, si viviéramos en Estados dispuestos a sostener estos niveles de gasto público para los procesos de socialización e inclusión, el problema migratorio ni siquiera surgiría: estaríamos en Estados dispuestos a drenar dinero del gran capital para mejorar las condiciones laborales de los autóctonos, para mejorar los servicios públicos, para reprimir la explotación y el trabajo en negro, para ayudar a las familias a criar a sus hijos, etc.

Por lo tanto, si estuviéramos en el mundo idealizado (pero nunca implementado) por los promotores de la «acogida infinita», simplemente no habría ningún interés en importar mano de obra, porque nada más llegar a nuestro país estaría protegida y, por lo tanto, sería costosa.

4) El proceso se deja, por tanto, siempre a su suerte, porque quien dirige estos procesos es el capital y este no tiene ningún interés en gestionar los efectos sociales de los procesos migratorios.

Por lo tanto, de forma constante e inevitable, estos procesos crean formas de desestabilización social. La escuela pública sale degradada porque se ve desbordada por un exceso de demanda sin los medios adecuados para responder; las viviendas sociales desaparecen de la oferta pública; sujetos culturalmente ajenos e imposibles de integrar —porque la única forma de integración que se ofrece es el trabajo y no hay para todos— acaban engrosando las filas de la pequeña delincuencia.

Me ahorraré la obviedad de que no hay equivalencia entre inmigración y delincuencia. Obviamente no hay equivalencia, pero con igual obviedad e irrefutabilidad, en las sociedades en las que crecen grupos de sujetos culturalmente ajenos e inempleables, aumentan la inseguridad y los delitos.

Solo personas de perfecta y culpable mala fe pueden negar este nexo que se atestigua constantemente y se registra estadísticamente.

5) En un sistema competitivo como el nuestro, el peso de esta situación recae principalmente sobre las personas que se encuentran en relación de competencia directa con la mano de obra importada, es decir, ese proletariado o esa pequeña burguesía que lucha por mantener a flote el salario y la dignidad.

Estas personas suelen pertenecer a zonas ya socialmente desfavorecidas o en riesgo de desfavorecimiento, y perciben al Estado como distante e incluso hostil, como si no estuviera interesado en defenderlas ni en el ámbito laboral ni en el de la seguridad pública.

La ineficacia y la inercia de los sistemas represivos (como cualquier servicio público, infradotado y sometido a recortes) acaba, paradójicamente, siendo más eficaz a la hora de castigar las pequeñas infracciones de ese proletariado que ha conservado con esfuerzo lo poco que tiene (un coche, una casa), que las grandes infracciones de quienes acaban de llegar y no tienen nada que perder (si es que delinquen).

Pedir sabiduría infinita, moderación perenne y santo autocontrol a estas personas significa ser o estúpidos o de mala fe. Es tan cierto como que sale el sol que, en algún momento, estas situaciones están destinadas a estallar en formas de violencia civil.

6) Que estas formas de violencia civil sean horribles, inmorales, que adopten formas de violencia indeterminada, incapaces de distinguir entre objetivos culpables e inocentes, es obvio e inevitable.

El problema, el verdadero problema, es que ahora —solo ahora— las clases políticas desprovistas de vergüenza están listas para abalanzarse como buitres sobre la escena de la violencia social.

No estaban ahí cuando las familias, ya fueran autóctonas o migrantes, no podían hacerse cargo de un hijo enfermo o sucumbían ante el más mínimo revés de la suerte; no estaban ahí cuando se chantajeaba a la gente durante años, durante décadas, para que aceptara condiciones laborales cada vez más precarias.

Pero ahora están ahí.

Están, por un lado, para sacar provecho avivando el fuego de la «sacrosanta protesta contra el intruso», y por otro, para sacar provecho indignándose por el «racismo» y el «fascismo».

Así transforman los problemas, esos problemas que ambos han contribuido a crear, en otras tantas oportunidades personales para una entrevista llena de indignación y para alguna sesión fotográfica.

7) En conclusión. La trampa que se ha tendido (ya sea intencionadamente o por casualidad, da igual) es esta.

Mientras la gente no reaccione, se finge que el sistema está funcionando mágicamente según los mecanismos de alguna «mano invisible» y que todos se están beneficiando de ello.

Cuando la olla a presión estalla, cuando hay disturbios y violencia (pueden ser de autóctonos, pero también de migrantes de primera o segunda generación —pensemos en los banlieues*—), en ese momento se desata el juego de la polarización artificial, que mantiene con vida a la clase política que ha causado el daño y, de hecho, le otorga mayores poderes.

Si no reaccionas, no existes y se ríen en tu cara.

Si reaccionas, te pones del lado de los que están en el error y das fuerza a quienes han creado el problema.

Sin una transformación de la representación política (hoy en día difícil incluso de imaginar), este circo occidental seguirá pudriéndose, hasta llegar a alguna forma de guerra civil.

 (Andrea Zhok, Observatorio de trabajadores en lucha,  12/06/26)

21.6.26

En España, la regularización masiva está configurando un nuevo horizonte... Si hay una "batalla cultural" que la extrema derecha está ganando, es esta: la idea de que la inmigración es un problema... Sin embargo, nos parece esencial afirmar que la inmigración es un hecho positivo. Lo que está ocurriendo actualmente en España demuestra que este proyecto es posible y que cuenta con el apoyo de una parte de la sociedad civil... El actual procedimiento de regularización ha llamado la atención internacional en una Europa que va en dirección opuesta, aunque ello suponga engrosar la masa de trabajadores sin derechos... la regularización es consecuencia de un largo proceso de movilización social iniciado en 2021... la idea de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgió entre los movimientos de migrantes... en 2022 se presentó en el Congreso más de 700.000 firmas, convirtiéndose así en una de las ILP con más apoyo en casi cinco décadas de democracia... «la Iglesia empujó al PP a aceptar que esta iniciativa entrara en el Parlamento»... La regularización no ha sido solo un procedimiento administrativo, se ha convertido en un acontecimiento ciudadano. Miles de voluntarios han colaborado con diferentes asociaciones autorizadas por la administración para expedir los certificados de vulnerabilidad... al menos, en unos meses, cientos de miles de personas dejarán de tener miedo a ser detenidas y expulsadas, tendrán derecho a entrar y salir libremente del país y podrán defender sus derechos desde la misma posición legal que el resto de trabajadores, no dos escalones por debajo... El Banco Central Europeo atribuye el 80% del crecimiento del PIB español entre 2019 y 2024 a la inmigración, lo que explica el apoyo generalizado de la patronal y los sindicatos a la regularización. Esto solo perjudica «a los explotadores» (Pablo Castaño)

"La lucha contra la inmigración se ha impuesto en la agenda de la mayoría de los Estados europeos, y parece haberse convertido en una evidencia que pocas voces cuestionan abiertamente. Si hay una "batalla cultural" que la extrema derecha está ganando, es esta: la idea de que la inmigración es un problema que hay que abordar, de manera más o menos humana según la tendencia política de cada quien. Sin embargo, nos parece esencial afirmar que la inmigración es un hecho positivo, que somos capaces de acoger a más personas y que debemos hacerlo. Lo que está ocurriendo actualmente en España demuestra que este proyecto es posible y que cuenta con el apoyo de toda una parte de la sociedad civil. Este reportaje de nuestro cronista Pablo Castaño, que vive en Barcelona, pone rostro a lo que demasiado a menudo se trata a distancia e ilustra el apasionante proceso de regularización, surgido en gran medida de una movilización popular y respaldado por una buena parte de la población.**

Walter lleva cinco años en España, sin permiso de residencia ni trabajo. Es colombiano, una de las tres principales nacionalidades de migrantes en el país, junto con personas originarias de Marruecos o Rumanía. Walter hace cola frente al Teatre Lliure de Barcelona, pero no para asistir a una obra: viene a buscar el certificado de vulnerabilidad, necesario para el procedimiento de regularización excepcional iniciado el 16 de abril mediante un decreto del gobierno de Pedro Sánchez. El café del teatro está gestionado por Mescladís, una de las asociaciones autorizadas para expedir este certificado. Esto lleva a cientos de personas a hacer cola en este tranquilo y verde barrio de Montjuïc, donde suelen convivir los visitantes de museos y auditorios, los turistas que visitan el castillo donde las tropas franquistas fusilaron al presidente de Cataluña en 1940 y, escondidos bajo los árboles de la colina, asentamientos de chabolas donde sobreviven con dificultades decenas de personas, muchos de ellos jóvenes migrantes.

La situación de Walter es diferente: ha logrado ganarse la vida encadenando durante años trabajos de limpieza, reparto de paquetes y en la construcción. Pero en condiciones inferiores a los mínimos legales y, en algunos casos, sin ser pagado: «Me he encontrado con diferentes personas con malas intenciones que se aprovechan de esta situación: al ver que hay gente sin papeles, los hacen trabajar y luego no quieren pagar el salario», cuenta, con una expresión más resignada que enfadada. Ya ha intentado regularizar su situación por la vía ordinaria, pero no lo ha conseguido porque «sin papeles no te dan un contrato, y sin contrato no te dan papeles». La normativa española sobre inmigración exige un precontrato de 30 horas semanales durante un mínimo de un año para obtener un permiso de residencia y trabajo por arraigo social. Una condición que excluye a cientos de miles de personas, condenadas a trabajos a tiempo parcial con salarios miserables.

La fundación Funcas estima que en 2025, 840.000 personas vivían en España en situación administrativa irregular, de las cuales 9 de cada 10 son originarias de países americanos. El gobierno estima que aproximadamente 500.000 se beneficiarán del procedimiento de regularización excepcional, aunque nadie se atreve a dar una cifra exacta. Una única certeza: tendrán derecho a un permiso de residencia y un permiso de trabajo todas las personas que vivían en España antes del 1 de enero de 2026 y que puedan justificar al menos cinco meses de residencia continuada en el país. En total, alrededor de 10 millones de personas nacidas en el extranjero residen en España, lo que supone el 20% de la población total.

**Una victoria de la movilización popular**

El actual procedimiento de regularización ha llamado la atención internacional en una Europa que va en dirección opuesta, la de poner palos en las ruedas a los trabajadores migrantes, aunque ello suponga engrosar la masa de trabajadores sin derechos. Pero el decreto adoptado el 14 de abril pasado por el gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Sumar no surge de la nada: es consecuencia de un largo proceso de movilización social iniciado en 2021 por Regularización Ya, una coalición de colectivos antirracistas y de migrantes a la que se han sumado hasta 900 movimientos y asociaciones de todo tipo.

«Durante el confinamiento de 2020, vimos claramente que las personas en situación administrativa irregular quedaban totalmente excluidas del paraguas social tan alabado por el gobierno», cuenta Redwan Baddouh, uno de los portavoces de Regularización Ya, en referencia a medidas como los mecanismos de reducción temporal de empleo para empresas afectadas por los confinamientos, que salvaron del desempleo a miles de trabajadores. «En ese contexto de pandemia, enviamos una carta al presidente del gobierno pidiendo la aprobación de una regularización excepcional. La carta nunca recibió respuesta.» Así comenzó un largo periplo de lucha en las calles y en los pasillos del parlamento, que duraría cinco años. Ante la falta de respuesta de Sánchez, la coalición presentó, con el apoyo de los partidos a la izquierda del PSOE, una proposición de ley a favor de la regularización, pero esta fue rechazada por el Partido Popular, Vox y el propio PSOE. España vivía entonces una auténtica crisis social a raíz de la pandemia, con una tasa de pobreza que alcanzó el 65% en 2021 entre la población migrante originaria de fuera de la Unión Europea.

Tras estos primeros reveses, la idea de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgió entre los movimientos de migrantes. Se trata de un mecanismo de participación directa previsto por la Constitución española de 1978, pero que rara vez ha prosperado debido al gran número de firmas necesarias y a que los grupos parlamentarios pueden simplemente rechazar la iniciativa mediante una votación. Regularización Ya debía afrontar un desafío adicional: «recoger medio millón de firmas de ciudadanos españoles, es decir, que los extranjeros con permiso de residencia no podían firmar, solo los ciudadanos españoles. No podíamos quedarnos en nuestras comunidades, había que ir a buscar las firmas de los blancos», relata Baddouh. Pero, en una época de ascenso de la extrema derecha y de creciente xenofobia en Europa, ¿se lograría hacer firmar a medio millón de españoles para regularizar a migrantes?

El 19 de febrero de 2022 se lanzó públicamente la recogida de firmas y, en diciembre de ese mismo año, Regularización Ya presentó en el Congreso de los Diputados más de 700.000 firmas, convirtiéndose así en una de las ILP con más apoyo en casi cinco décadas de democracia. «Hubo momentos en los que pensamos que no lo lograríamos. Pero lo conseguimos, e incluso superamos el objetivo, fue impresionante», recuerda Baddouh. «Fueron los colectivos de migrantes los que recorrieron las calles para pedir firmas. En Madrid, por ejemplo, las trabajadoras del hogar se implicaron mucho. En Barcelona, Top Manta» (un colectivo de vendedores ambulantes), subraya el activista, que también elogia a las cientos de organizaciones que apoyaron la iniciativa, así como a la Iglesia católica: «Hay que decirlo, se implicaron, tanto en la recogida de firmas como en las negociaciones con los grupos parlamentarios.»

Fernando Redondo, director del departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, afirma que «la Iglesia se sumó a partir de los valores del Evangelio, del principio del bien común y de la dignidad de las personas. Durante la pandemia, muchos de los que seguían cultivando los campos y cuidando a los mayores eran migrantes». El portavoz católico confirma que «la Iglesia empujó al PP a aceptar que esta iniciativa entrara en el Parlamento». En abril de 2024, todos los grupos parlamentarios excepto Vox votaron a favor de la toma en consideración de la iniciativa, prueba de la fuerza social adquirida por el movimiento. El año anterior, el partido de extrema derecha había obtenido el 12% de los votos en las elecciones generales, convirtiéndose en el tercer grupo parlamentario del Congreso, y la xenofobia había entrado de lleno en el debate político español.

Pero, con la toma en consideración, comenzó otro calvario parlamentario. La falta de consenso en un parlamento fragmentado bloqueó la iniciativa durante más de un año. «El PSOE nunca apoyó la ILP», precisa Baddouh. «Decían que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo no permitía una regularización excepcional, pero era una excusa barata; consultamos a la Comisaria de Asuntos Interiores y nos respondió que era competencia de cada Estado miembro.» Por su parte, el PP y Junts (partido catalán de centro-derecha) habían votado a favor de la toma en consideración pero se negaban a transformar la iniciativa en ley, a pesar del apoyo a la regularización de la Iglesia y de la patronal. Finalmente, en enero de 2026, Podemos anunció un acuerdo con el gobierno para aprobar la regularización por decreto. «Un gol marcado desde el medio campo», en palabras de Vicky Canalla, otra portavoz de Regularización Ya.

Y una esperanza para trabajadores como Arturo, que también está realizando los trámites para la regularización. Peruano, trabajaba para un concesionario de automóviles en su país, pero en Barcelona ha trabajado como repartidor con una furgoneta. «Las jornadas laborales eran de doce, quince horas... El viernes me dijeron que ya no había trabajo y me quedé sin empleo», lamenta. De la regularización espera «un apoyo para vivir tranquilo, tener un trabajo y no pensar que un día me digan "no"... Tener derechos».

**Un procedimiento administrativo y ciudadano**

Arturo, que migró solo a Barcelona y sufrió un robo durante sus primeros meses en la ciudad, acudió a una de las oficinas del ayuntamiento para obtener el certificado de vulnerabilidad. En este soleado día de mayo, nadie hace cola frente a la Fira, un pabellón que suele albergar ferias comerciales y que hoy acoge a los funcionarios municipales encargados de tramitar los certificados. Nada que ver con las primeras semanas del procedimiento, donde se formaron larguísimas colas alrededor de los puntos de tramitación de solicitudes.

El ayuntamiento de Barcelona ha atendido a más de 27.000 personas durante el primer mes, según los datos facilitados por la directora de Derechos Sociales, Marta Clari, quien destaca que el municipio creó en enero «un grupo técnico para preparar el dispositivo». Ante la diversidad de origen de los solicitantes —un cuarto de los residentes en Barcelona es de origen extranjero, más de 180 nacionalidades conviven en la ciudad—, el ayuntamiento facilitó fichas informativas en 6 idiomas diferentes, pero la barrera del idioma sigue siendo muy visible en la cola de la oficina municipal de Sant Miquel, en el centro de la ciudad, donde algunos solicitantes no hablan ni español ni catalán. Los solicitantes, algunos de los cuales esperan desde hace tres horas, miran con poco interés a los periodistas extranjeros que captan imágenes y testimonios de un proceso que ha llamado la atención de Europa.

A pesar de los esfuerzos descritos por la funcionaria del ayuntamiento, Xavier (nombre ficticio), trabajador del servicio municipal de acogida a inmigrantes, denuncia lentitud, improvisación y mala gestión a nivel municipal. «Los criterios cambian cada dos minutos, los servicios se han visto desbordados, entras en la página web y es imposible encontrar la información», denuncia, furioso por la falta de preparación y la mala planificación que atribuye al ayuntamiento. La directora reconoce que los primeros días «hubo muchas aglomeraciones de personas» frente a las oficinas municipales y «algunas personas pasaban la noche en el lugar». La imagen de cientos de personas durmiendo alrededor de las oficinas de la administración se repitió en toda España durante los primeros días tras la aprobación del decreto, que fija un plazo de solo dos meses y medio para presentar los documentos. «Las primeras semanas fueron un desbordamiento total», confirma Redwan Baddouh, de Regularización Ya, «la gente no sabía dónde obtener el certificado de vulnerabilidad, las asociaciones y los ayuntamientos tenían que coordinarse».

La decisión del gobierno español de exigir en el último momento un certificado de antecedentes penales no ayudó: su obtención depende de la diligencia de los gobiernos de los países de origen de los migrantes y de los consulados españoles en el extranjero. Los argelinos se cuentan entre los que han encontrado más dificultades, como cuenta Miriam, mientras hace cola frente a la oficina municipal de Sant Miquel. «Llevo tres años viviendo en Barcelona. Nosotros, los argelinos, tenemos muchos problemas con el certificado de antecedentes penales: hay que ir al tribunal, luego al Ministerio de Asuntos Exteriores, luego al consulado de España en Argelia», relata. Como no puede salir de España, ha tenido que hacer un poder a un familiar. A esto se añade la dificultad de obtener una cita en los consulados españoles en el país magrebí, un ejemplo del calvario que viven muchas personas para obtener el tan ansiado permiso de residencia y trabajo. Las vidas de Walter, Arturo y Miriam son muy diferentes, pero todos afirman haber tenido miedo de ser detenidos por la policía, un miedo que esperan dejar atrás muy pronto.

La regularización no ha sido solo un procedimiento administrativo, se ha convertido en un acontecimiento ciudadano. Miles de voluntarios han colaborado con diferentes asociaciones —51 solo en Barcelona— autorizadas por la administración para expedir los certificados de vulnerabilidad. Una de ellas es Tere, que colabora con Mescladís en la terraza del Teatre Lliure de Montjuïc, mientras que en el café contiguo un grupo de jóvenes migrantes recibe formación en hostelería y restauración. «Lo supe por Instagram y vine a una reunión. Creo que la mejor manera de usar mi tiempo es ayudar a la gente; no me parecía humano que se inventara un papel en el último momento y eso retrasara el procedimiento y causara angustia a gente que solo quiere trabajar y vivir su vida», cuenta durante una pausa de su servicio de cuatro horas, en el que recoge los datos de decenas de solicitantes y les entrega su certificado, sellado por la asociación.

Uno de ellos es Walter, que, tras hacer cola frente a la oficina municipal instalada cerca de la antigua plaza de toros Monumental, vio su solicitud rechazada porque no estaba empadronado en Barcelona. Supo por un amigo que Mescladís también los expedía, pidió cita y en pocos minutos salió con el último papel que le faltaba para hacer su solicitud. «En Bogotá, mi familia tenía un taller de costura; ahora me gustaría hacer un curso de electricidad», cuenta Walter, quien, como muchos otros solicitantes, ha decidido pagar a un abogado «para que sea seguro», aunque solo una tasa de 38 euros es obligatoria para hacer la solicitud.

Otra barrera que encuentran los inmigrantes en situación irregular: no disponen del certificado electrónico necesario para realizar el trámite en línea, por lo que los voluntarios también piden cita en su nombre. Las 700.000 firmas recogidas en menos de un año y la implicación de muchos ciudadanos españoles para facilitar la regularización del mayor número posible de trabajadores migrantes contrastan con la creciente presencia de la xenofobia en el debate público. Desde finales de la década de 1980, y sobre todo durante el boom inmobiliario de principios de los 2000, se han aprobado en España siete regularizaciones excepcionales, algunas bajo gobiernos conservadores. Pero fue en una época en la que la inmigración estaba poco politizada, mientras que hoy las encuestas atribuyen un 17% de la intención de voto a Vox, que ha hecho del racismo su principal eje discursivo.

**Los impactos políticos y económicos de una regularización excepcional**

«La extrema derecha se posiciona frontalmente en contra de la regularización, vinculándola al concepto de prioridad nacional, importado de Francia», explica Guillermo Fernández, profesor en la universidad Carlos III especializado en extrema derecha. «Vox quiso hacer de la regularización un eje de confrontación tras algunos meses en los que estuvo en gran dificultad por su vínculo con Donald Trump», un personaje considerado una amenaza para la paz mundial por el 80% de los españoles, según una encuesta reciente. La extrema derecha ha lanzado dos rumores, según el investigador: «la idea de que los regularizados obtendrán automáticamente la nacionalidad y que la izquierda quiere reemplazar a la población española y constituir un nuevo electorado», explica, mientras que los recién regularizados no podrán votar en las elecciones generales ni autonómicas y el proceso de obtención de la nacionalidad es mucho más largo y complejo.

Pero la regularización también le ha servido a Pedro Sánchez «para generar un debate internacional y seguir posicionándose como el modelo de la izquierda europea», considera Fernández. Un beneficio político que contrasta con el papel que ha desempeñado su partido, según Regularización Ya. «Si hubiera dependido solo del Partido Socialista, esta regularización no se habría producido», sentencia su portavoz, Redwan Baddouh, que también critica que «los sindicatos mayoritarios no se implicaron en esta ILP; ni en la recogida de firmas, ni en la exigencia de su adopción cuando estaba en el Congreso. Se aprobó gracias al trabajo de influencia política que hicimos desde los movimientos sociales». El activista hace un paralelismo con el feminismo para argumentar el impacto político que puede tener la regularización, en un contexto de crecimiento de la extrema derecha: «No hay ninguna lógica en decir que no hay que dar derechos a las mujeres porque eso alimentaría a la extrema derecha. Las personas migrantes están totalmente expuestas; cuantos más derechos tengamos, más tendrá que morderse la lengua la extrema derecha.»

Lo que está claro es el impacto económico y social considerable que tendrá que más de medio millón de personas, que a menudo trabajan ilegalmente, obtengan un permiso de trabajo. Liliana Reyes, secretaria de migraciones del sindicato Comisiones Obreras de Cataluña, defiende que «hay que permitir y garantizar el acceso al trabajo formal y a los derechos. Constatamos todo tipo de abusos cuando no tienen papeles, en sectores como la limpieza, la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y los cuidados». También exige «acelerar la homologación de títulos extranjeros», un obstáculo al que se enfrentan muchos trabajadores migrantes cualificados. Es el caso de Miriam, arquitecta argelina, que, tras obtener su permiso de trabajo, deberá iniciar el largo camino para homologar su título por la administración española. La sindicalista también reclama agilizar los procedimientos ordinarios de regularización, «que se realicen en los plazos previstos por el reglamento y que los recursos sean suficientes», y califica de «discutible» la exigencia de dos años de residencia antes de obtener el permiso de residencia y trabajo por arraigo social. Una huelga convocada por el sindicato en los servicios de atención a extranjeros al inicio del proceso de regularización provocó duras críticas por parte de Regularización Ya: «Pusieron palos en las ruedas», denuncia Baddouh.

Incluso la patronal ve con buenos ojos la regularización excepcional. Yessika Aguilar, directora de Relaciones Laborales de la patronal catalana Foment del Treball, afirma que «las empresas necesitan la migración como el agua que bebemos para mantener nuestra economía» y vincula «el fenómeno migratorio al desafío demográfico» que representa el envejecimiento de la población española. Aguilar espera que la regularización atenúe «la dificultad que tenemos para cubrir ciertos perfiles profesionales». Según el Servicio Público de Empleo, entre los sectores donde los empleadores tienen más dificultades para encontrar trabajadores se encuentran la construcción y la hostelería y restauración. Mientras que en la construcción los salarios son más altos que la media, la hostelería es uno de los sectores más precarizados de la economía española, con salarios bajos y contratos que generalmente no superan el año.

El Banco Central Europeo atribuye el 80% del crecimiento del PIB español entre 2019 y 2024 a la inmigración, lo que explica el apoyo generalizado de la patronal y los sindicatos a la regularización. Esto solo perjudica «a los explotadores», concluye la portavoz de Comisiones Obreras, que pide que, tras el procedimiento, «las empresas contraten en las condiciones previstas por el convenio colectivo de cada sector». Nada garantiza que todos los trabajadores que actualmente se ven obligados a trabajar sin contrato y en condiciones degradadas obtengan un contrato legal tras su regularización administrativa, porque España tiene una economía sumergida del 24%, la tercera tasa más alta de la Unión Europea. Pero, al menos, en unos meses, cientos de miles de personas dejarán de tener miedo a ser detenidas y expulsadas, tendrán derecho a entrar y salir libremente del país y podrán defender sus derechos desde la misma posición legal que el resto de trabajadores, no dos escalones por debajo." 

(Pablo Castaño, FrustrAtion, 11/06/26, traducción Deeñ Seek, enlaces en el original) 

20.2.26

EEUU: Balance económico de la migración... Los inmigrantes aportaron un superávit de 14,5 billones de dólares a la economía estadounidense en las úlitmas tres décadas... Si nos fijamos en 2023, ese año los inmigrantes trabajadores pagaron 1,3 billones de dólares en impuestos, pero recibieron solo 761.000 millones de dólares en beneficios... “en lugar de tratar a [los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados] como la causa de los problemas fiscales de Estados Unidos, deberíamos considerar a los inmigrantes parte de la solución” (Jon Queally)

"¿La afirmación de MAGA de que los inmigrantes son una carga para los presupuestos gubernamentales? Es mentira.

Un nuevo informe innovador publicado el martes detalla cómo los inmigrantes en los Estados Unidos durante las últimas tres décadas han contribuido con un superávit masivo a la economía de la nación, resultando en un total de más de $14 billones durante ese período debido al hecho de que las familias inmigrantes generan significativamente más beneficios para la salud fiscal de los que obtienen en forma de beneficios recibidos o costos negativos.

El libro blanco elaborado por los defensores del libre mercado libertario del Cato Institute, un organismo que no es de tendencia izquierdista, se basa en un modelo existente desarrollado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM) para crear un análisis, el primero de su tipo, para determinar “cómo los inmigrantes, tanto legales como ilegales, y sus hijos afectan los presupuestos gubernamentales” de manera acumulativa.

Tras analizar 30 años de datos, el informe de 95 páginas, titulado " Efectos recientes de los inmigrantes en los presupuestos gubernamentales: 1994-2023 ", descubrió que, en general, los inmigrantes generaron un superávit fiscal de aproximadamente 14,5 billones de dólares durante esos años. En parte, el modelo NASEM-Cato muestra: Cada año, desde 1994 hasta 2023, los inmigrantes han pagado más en impuestos de lo que han recibido en beneficios.
Los inmigrantes generaron casi 10,6 billones de dólares más en impuestos federales, estatales y locales de lo que generaron en el gasto gubernamental total.
Teniendo en cuenta los ahorros en el pago de intereses de la deuda nacional, los inmigrantes ahorraron 14,5 billones de dólares en deuda durante este período de 30 años.
Los inmigrantes redujeron el déficit presupuestario de Estados Unidos en aproximadamente un tercio entre 1994 y 2023, y los ahorros fiscales crecieron a 878 mil millones de dólares en 2023.

El documento concluye que “el inmigrante promedio es mucho menos costoso que el estadounidense promedio nacido en Estados Unidos, y que los inmigrantes imponen costos más bajos por persona en beneficios de vejez, educación y programas de seguridad pública”.

Los hallazgos llegan en un momento en que Estados Unidos está envuelto en un acalorado debate sobre la aplicación de las leyes migratorias mientras el presidente Donald Trump, respaldado por xenófobos de extrema derecha en su órbita interna, incluido el subjefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca , Stephen Miller, y el Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha desatado agentes federales violentos en comunidades de todo el país para atrapar a trabajadores indocumentados y sus familiares.

En un video producido para las redes sociales , David J. Bier, director de Estudios de Inmigración en Cato y uno de los coautores del informe, dijo que el análisis muestra en detalle por qué es una mentira creer que los inmigrantes nos están “absorbiendo”, un argumento familiar entre los “nativistas” antiinmigrantes como Miller.

En resumen, el informe señala que los inmigrantes producen un beneficio fiscal neto en la economía estadounidense porque: Estados Unidos recaudó más en impuestos al ciudadano medio de lo que gastó en beneficios (excluyendo los bienes públicos puros).
Los inmigrantes pagaron impuestos más altos que el promedio porque su tasa de empleo más alta que el promedio condujo a ingresos más altos que el promedio.
Los inmigrantes le cuestan al gobierno menos que el promedio porque no aumentan el costo del mayor gasto del gobierno (bienes públicos puros) y reciben beneficios inferiores al promedio para otros artículos importantes, en particular los beneficios de vejez y la educación.

Como se muestra en la figura a continuación, la diferencia entre los impuestos que pagan los inmigrantes y los beneficios públicos que reciben ha aumentado de 158.000 millones de dólares a 572.000 millones de dólares en términos reales desde 1994. Si nos fijamos en 2023, ese año los inmigrantes trabajadores pagaron 1,3 billones de dólares en impuestos, pero recibieron solo 761.000 millones de dólares en beneficios.

Esta tendencia, a pesar de los constantes reclamos de expertos de extrema derecha y legisladores xenófobos de que los inmigrantes son una carga para las arcas públicas, se ha mantenido estable durante décadas y no hay señales de que vaya a terminar en el futuro.

“Durante décadas, los nativistas han vendido a Estados Unidos la idea de que la asistencia social a los inmigrantes es la causa de nuestros déficits y deuda”, dijo Bier. “Esta cifra demuestra lo absurdo que es”.

El informe sostiene que “en lugar de tratar a [los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados] como la causa de los problemas fiscales de Estados Unidos, deberíamos considerar a los inmigrantes parte de la solución”.

Mark D. Levine, contralor de la ciudad de Nueva York , estuvo entre los funcionarios públicos que señalaron el informe como evidencia oportuna de que la narrativa de Trump-Miller-Noem sobre la inmigración está construida sobre una base de falsedades.

"¿La afirmación de MAGA de que los inmigrantes son una carga para los presupuestos gubernamentales? Es mentira", dijo Levine."

(Jon Queally , Common Dreams, 04/02/26, traducción La casa de mi tía)

10.11.25

El 75% de los empleos generados durante en el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al turismo están ocupados por inmigrantes... la inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos por turismo internacional... la recuperación en marcha de la edificación de viviendas sería inconcebible sin el recurso a la mano de obra extranjera. Prueba de esta dependencia: el 68% de las nuevas contrataciones del sector de la construcción en el último año han sido para inmigrantes... la pronta integración de los inmigrantes es igualmente sorprendente... Sectores intensivos en mano de obra extranjera como la logística y los servicios a empresas con salarios inferiores a la media, forman parte de la cadena de suministros, siendo, por tanto, cruciales para el buen funcionamiento del conjunto de la economía. Todo ello ha facilitado el crecimiento en los sectores que originan la mayoría de las contrataciones de trabajadores españoles. Por ejemplo, las actividades profesionales, la educación y la sanidad aportan cerca del 60% de los nuevos puestos de trabajo ocupados por los españoles en el periodo reciente... La especificidad del shock demográfico español es que ha coincido con una fuerte demanda latente (Raymond Torres)

 "El papel de la inmigración en el actual ciclo expansivo ha sido más significativo, pero también menos automático, de lo que es comúnmente admitido. No es solo que, año tras año, los extranjeros estén aportando cerca de dos de cada tres nuevas incorporaciones al mercado laboral: la clave está en que esta fuerza laboral sustenta la actividad de sectores que se enfrentan a una demanda desbocada, aliviando la situación de escasez o de desmovilización de la mano de obra española, habida cuenta del nivel de los salarios en vigor.

La especificidad del shock demográfico español, y su corolario de elevación de la oferta laboral, es que ha coincido con una fuerte demanda latente. El 75% de los empleos generados durante en el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al turismo están ocupados por inmigrantes. En otras palabras, la inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos por turismo internacional. Pero si el aumento de la población activa ha ejercido un impacto tan potente e inmediato —la pronta integración de los inmigrantes es igualmente sorprendente—es porque se ha simultaneado con una demanda potente, alentada por un deseo de viajar que había sido reprimido durante la pandemia.

De manera más contundente, la recuperación en marcha de la edificación de viviendas sería inconcebible sin el recurso a la mano de obra extranjera. Prueba de esta dependencia: el 68% de las nuevas contrataciones del sector de la construcción en el último año han sido para inmigrantes. Ahora bien, es probable que esas mismas personas no hubieran encontrado empleo en un contexto recesivo, como el que prevalecía tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, provocando una oleada de retornos de inmigrantes a sus países de origen. Esta circunstancia explica también las dificultades de integración de los extranjeros en economías en fase de ajuste estructural como Alemania, o que adolecen un déficit de competitividad como Francia.

Es más, la inmigración ha complementado, cuando no impulsado, la nacional. Sectores intensivos en mano de obra extranjera como la logística y los servicios a empresas con salarios inferiores a la media, forman parte de la cadena de suministros, siendo, por tanto, cruciales para el buen funcionamiento del conjunto de la economía. Todo ello ha facilitado el crecimiento en los sectores que originan la mayoría de las contrataciones de trabajadores españoles. Por ejemplo, las actividades profesionales, la educación y la sanidad aportan cerca del 60% de los nuevos puestos de trabajo ocupados por los españoles en el periodo reciente.

Sería temerario, sin embargo, anticipar la perpetuación de semejante círculo virtuoso. Los beneficios del crecimiento poblacional no se producen automáticamente, ya que el plus de oferta laboral podría no coincidir en el futuro cercano con la demanda (o al menos no de manera inmediata). La moderación del turismo augura una inflexión en el mercado laboral, independientemente de la entrada de inmigrantes que busquen empleos en el sector.

Además de la existencia de una demanda solvente, otro condicionante de la integración de la fuerza laboral, ya sea nacional o extranjera, es la disponibilidad de una capacidad productiva suficiente para sostener la actividad. A este respecto, es preocupante la debilidad de la inversión empresarial, sobre todo en los sectores que funcionan ya a plena capacidad, y que, por tanto, carecen de equipamiento ocioso para ampliar la plantilla.

En definitiva, la inmigración ensancha el margen de acción de la política económica, pero no la sustituye. Sigue siendo necesario incentivar el retorno al empleo de los parados, nacionales o extranjeros —no se entiende que, en plena bonanza, 173.000 desempleados que proceden de la construcción no encuentren un puesto de trabajo—. Y el fenómeno migratorio hace más prioritario abordar los obstáculos a la inversión y a la productividad, como sustento del bienestar general."                          (Raymond Torres , El País, 09/11/25) 

15.10.25

España ha adoptado un nuevo modelo de crecimiento demográfico... Nuestra población crece por encima de la de muchos países de nuestro entorno. El número de ocupados y de cotizantes a la Seguridad Social aumenta, en contra de los interesados vaticinios de los que veían a la vuelta de la esquina la ruina de nuestro sistema de protección social... Nuestra demografía funciona... Nuestra población se renueva hoy por la vía del mercado de trabajo: llegan inmigrantes deseosos de trabajar y terminan asentándose, trayendo a su familia, o formando una, e integrando la población española con un buen número adoptando la nacionalidad... lejos de ligar todavía más la inmigración al mercado de trabajo, algo que ya funciona razonablemente bien, lo que importa realmente es como asegurarse de que los que vienen a trabajar accedan a la plena ciudadanía... es el verdadero reto para una política de inmigración eficaz... El deficit de nacimientos se está cubriendo con llegadas continuadas de inmigrantes que vienen a trabajar y se integran en la población. La política inmigratoria debe fijarse esa integración como único objetivo... Solo es realmente preocupante la instrumentalización de la inmigración por los partidos de la derecha. Es un comportamiento que va directamente en contra de los intereses de nuestra nación... contra un un colectivo que España necesita y que ni suplanta a trabajadores españoles ni delinque más que el resto de quienes residen en España. Un colectivo que aporta mucho a nuestro PIB y es esencial para nuestra continuidad como población El combate en torno a la inmigración no se ganará por puntos (Juan Antonio Fernández Cordón)

 "Desde que se inició la llegada de importantes flujos de inmigrantes, al alba del nuevo milenio, España ha adoptado un nuevo modelo de crecimiento demográfico cuyos resultados contradicen todas las proyecciones de población anteriores. Nuestra población crece por encima de la de muchos países de nuestro entorno. El número de ocupados y de cotizantes a la Seguridad Social aumenta, en contra de los interesados vaticinios de los que veían a la vuelta de la esquina la ruina de nuestro sistema de protección social, debido al aumento del número de viejos y a la inevitable, según ellos, caída de la población de adultos en edad de trabajar. 

Nuestra demografía funciona. Pero funciona de una manera distinta a la que nos ha habituado la historia. El crecimiento de la población, o al menos su mantenimiento, no surge de las familias, que están muy lejos de renovarse, puesto que una pareja trae ahora al mundo, en promedio, 1,2 hijos. Nuestra población se renueva hoy por la vía del mercado de trabajo: llegan inmigrantes deseosos de trabajar y terminan asentándose, trayendo a su familia, o formando una, e integrando la población española con un buen número adoptando la nacionalidad. 

Este modelo, que lleva funcionando de facto en España más de 25 años, tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es evitar que, si se prolonga indefinidamente la baja fecundidad, los españoles acaben por desaparecer de la faz de la tierra o, por lo menos, vayan siendo cada vez menos, con una carga de mayores insostenible. Otra gran ventaja es que nos llegan personas dispuestas a trabajar, cuya crianza y formación la han costeado otros países. La adecuación de la formación, a la demanda del mercado de trabajo no constituye un obstáculo en sí ya que, por las peculiaridades de este mercado, se crean empleos que ocupan sobre todo los inmigrantes, para los que estos no compiten con los autóctonos.

Una selección de inmigrantes en función de las necesidades del mercado de trabajo solo afectaría a efectivos muy reducidos, en sectores con escasez de oferta de trabajo suficientemente cualificada como, por ejemplo, ciertas ingenierías. Nada que ver con la entrada de varios cientos de miles de personas cada año que se insertan y forman en nuestro sistema productivo.

Sí se puede contar entre los incovenientes que esa crianza que nos sale gratis entraña habitualmente costumbres, prácticas religiosas o hablas alejadas de las que imperan mayoritariamente aquí. España cuenta con la ventaja, que no se da en otros países importantes de la Unión Europea, de que la inmigración, en su gran mayoría, proviene de países en los que se habla castellano y se practica la misma religión[1].

Otro rasgo, menos aparente, pero que debe preocupar, es que la llegada neta de inmigrantes en un año dado va a depender de la situación económica, a través del mercado de trabajo. Si esto interesa indudablemente a las empresas, para las que representa un mecanismo de ajuste de las plantillas muy flexible, no lo es tanto para nuestra demografía. Cuando la población se alimenta fundamentalmente de nacimientos, su evolución es regular, porque no se producen, salvo circunstancias excepcionales, variaciones bruscas en el número de nacidos cada año. Cuando la evolución demográfica depende de las necesidades del mercado de trabajo, sí que pueden producirse variaciones importantes de las entradas entre años de crisis y años de bonanza económica. Lo que puede parecer bueno para el mercado de trabajo se traduce en posibles desequilibrios en la estructura por edades y en el ritmo de crecimiento de la población.

Se deduce de lo anterior que, lejos de ligar todavía más la inmigración al mercado de trabajo, algo que ya funciona razonablemente bien, lo que importa realmente es como asegurarse de que los que vienen a trabajar accedan a la plena ciudadanía. El modelo del “gastarbeiter” (trabajador invitado, literalmente), aplicado a los trabajadores que llegaron a Alemania entre los años cincuenta y setenta, nunca funcionó: entre los que venían a cubrir huecos en el mercado de trabajo con expectativa temporal, la mayoría permaneció en el país de forma permanente, sin acceder al estatus de ciudadano.

El pleno acceso de los inmigrantes a la ciudadanía es el verdadero reto para una política de inmigración eficaz. Es necesario aceptar, con todas sus consecuencias, el cambio de modelo demográfico. El deficit de nacimientos se está cubriendo con llegadas continuadas de inmigrantes que vienen a trabajar y se integran en la población. La política inmigratoria debe fijarse esa integración como único objetivo: no son preocupantes los flujos de llegada, que hasta ahora no superan la capacidad de integración en el mercado de trabajo, no es preocupante la situación irregular de muchos de ellos, que se debe a la escasez de vías de acceso con plena legalidad y a la lentitud de los procesos administrativos que regularizan a ciertas categorías, como los demandantes de asilo, y que es posible solucionar mediante regularizaciones, de carácter periódico si es necesario. Solo es realmente preocupante la instrumentalización de la inmigración por los partidos de la derecha, en una pugna cainita, para intentar rascar votos. Es un comportamiento que va directamente en contra de los intereses de nuestra nación y que, además puede crear conflictos internos innecesarios, no deseados ni por los inmigrantes ni por la mayoría del resto de los ciudadanos.

En esto días el Partido Popular ha aprobado una llamada “Declaración de Murcia” por la que anuncia un mayor endurecimiento de su política hacia la inmigración. Restringe las entradas, discrimina a los inmigrantes que cometen delitos con relación al resto de la población y, en general, favorece la suspicacia, la desconfianza hacia un colectivo que España necesita y que ni suplanta a trabajadores españoles ni delinque más que el resto de quienes residen en España. Un colectivo que aporta mucho a nuestro PIB y es esencial para nuestra continuidad como población. Esta “Declaración” y otros pronunciamientos anteriores denotan la ausencia de miras de una derecha supuestamente moderada que, lejos de ver en la inmigración un problema de Estado, no duda en utilizarla para intereses cortoplacistas, a riesgo incluso de equivocarse y ser superado por el discurso más desacomplejado de su rival de la ultraderecha.

Es una ironía de la Historia que esta “Declaración” haya visto la luz en la región que alimentó a Cataluña de inmigrantes, que recibían el nombre genérico de “murcianos”. Allí llegaban a trabajar, sin conocer el idioma, con costumbres que, aún hoy, son despreciadas por algunos catalanes. Sin embargo, la inteligencia del sistema catalán los integró, primero como trabajadores, muchos en las categorías más bajas, y progresivamente como ciudadanos y ciudadanas, que fueron escalando posiciones y criando hijos catalanes. Las autoridades murcianas, hoy del Partido Popular, no deberían olvidar la historia de su pueblo y ganarían en prestar el nombre de esa región a una política de integración inteligente y humana y no a unos propósitos marcados por la xenofobia y el oportunismo.

[1] Aunque convendría analizar la creciente influencia del evangelismo entre los inmigrados de origen latinoaméricano." 

( , Economistas frente a la crisis, 29/09/25)

9.10.25

En 2024 se contabilizaron cerca de 400.000 trabajadores extranjeros autónomos... el autoempleo inmigrante se ha convertido en una importante vía de inserción, con un impacto territorial clave al “revitalizar barrios urbanos en declive y sostener servicios básicos en zonas rurales en riesgo de despoblación, reforzando así la cohesión social y demográfica”... los autónomos inmigrantes aportan un mayor dinamismo a la economía, al incorporar nuevas formas de emprender, diferentes estrategias de gestión y una oferta más diversa de bienes y servicios. El comercio —sobre todo el minorista— y la hostelería concentran más del 40% del colectivo, seguidos del transporte, la construcción y los cuidados... los inmigrantes no son una amenaza para el empleo, sino una pieza esencial para sostener la economía, reforzar la cohesión social y garantizar el futuro del país (Confederación Intersectorial de Autónomos)

 "En 2024 se contabilizaron cerca de 400.000 trabajadores extranjeros autónomos, equivalentes al 10% del total nacional de autónomos y al 15% de la afiliación inmigrante a la Seguridad Social, según recoge el informe de la Confederación Intersectorial de Autónomos (CIAE) Migración y Trabajo Autónomo en España. Retos y Oportunidades para la Cohesión Social y Territorial.

La población inmigrante representa alrededor del 12% del empleo en España y una tasa de actividad superior a la nacional (73,2% frente al 58,6%). Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social aumentaron un 7,9% en 2024, alcanzando los 2,86 millones, con predominio de trabajadores extracomunitarios (69%). Unos datos que evidencian el creciente peso económico de la inmigración y su papel como pilar del mercado laboral, y que desmontan a su vez el relato antiinmigración -en ocasiones con tintes xenófobos- de la derecha y ultraderecha.

Porque los inmigrantes no quitan trabajo, sino que lo crean abriendo negocios, autoempleándose y aportando sus correspondientes cotizaciones sociales. Por ello, subraya el informe, “su relevancia no es coyuntural, sino estructural, vinculada a la sostenibilidad del sistema de cuidados, el dinamismo del comercio urbano y la continuidad de la actividad agrícola en zonas rurales”.

El informe de CIAE destaca que el autoempleo inmigrante se ha convertido en una importante vía de inserción, con un impacto territorial clave al “revitalizar barrios urbanos en declive y sostener servicios básicos en zonas rurales en riesgo de despoblación, reforzando así la cohesión social y demográfica”.

Y no solo. Más allá de las cifras, los autónomos inmigrantes aportan un mayor dinamismo a la economía, al incorporar nuevas formas de emprender, diferentes estrategias de gestión y una oferta más diversa de bienes y servicios.

El comercio —sobre todo el minorista— y la hostelería concentran más del 40% del colectivo, seguidos del transporte, la construcción y los cuidados. Sin embargo, la realidad evidencia también vulnerabilidades que conviene abordar.

A pesar de tener una tasa de actividad superior a la nacional, la población inmigrante registra más paro (15,8% frente al 12%), lo que confirma una inserción activa pero aún vulnerable. Los sectores de fácil acceso, como comercio, hostelería y cuidados, facilitan la entrada, pero también exponen a mayor competencia y menor rentabilidad.

La supervivencia de los negocios inmigrantes a más de tres años se sitúa entre 10 y 15 puntos por debajo la de los nacionales, debido a las dificultades de financiación, la falta de redes de apoyo y la concentración en determinados sectores. La excepción la marcan los inmigrantes con estudios superiores, que presentan tasas de supervivencia empresarial similares a las de los nacionales.

A esta brecha se suman las desigualdades de género. Las mujeres inmigrantes autónomas sufren una triple discriminación (género, origen, situación administrativa) y quedan relegadas a sectores invisibilizados como los cuidados y el trabajo doméstico, con menor protección.

Con el objetivo de lograr una España más cohesionada, inclusiva y sostenible hacia 2030, la Confederación Intersectorial de Autónomos aboga por “políticas integrales que transformen la actual vulnerabilidad en oportunidad”. Los retos de los próximos cinco años pasan por profesionalizar los cuidados, mejorar el acceso a financiación inclusiva, garantizar la plena protección social y potenciar el papel del autoempleo inmigrante en la repoblación rural y la transición ecológica.

En definitiva, el informe evidencia que los inmigrantes no son una amenaza para el empleo, sino una pieza esencial para sostener la economía, reforzar la cohesión social y garantizar el futuro del país."               (Isabel García , Nueva Tribuna, 08/10/25) 

12.7.25

Inmigración y mercado de trabajo en España: Todo el crecimiento demográfico que ha experimentado España en lo que va de siglo se debe a la recepción de inmigrantes... así la población española ha crecido un 23% en lo que va de siglo, un incremento que triplica el aumento medio que se ha producido en este periodo en los demás países de Europa occidental... representa el 23% de la población ocupada en España. El 90% del empleo nuevo creado desde enero de 2024 a marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes... Varios sectores de actividad dependen ya completamente o en gran medida del empleo inmigrante. Por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en la hostelería es inmigrante... el 26% de los inmigrantes de países de renta baja con título universitario encuentran empleo únicamente en trabajos que no requieren esa cualificación. En buena parte este “despilfarro” de sus cualificaciones se debe al larguísimo proceso de reconocimiento de sus títulos (Carmen González Enríquez)

 "Mensajes clave

  • La población inmigrante en España supera ya los nueve millones de personas y crece a un ritmo de 600.000 personas anuales desde el fin de la pandemia.
  • La población inmigrante representa el 23% de la población ocupada en España. El 90% del empleo nuevo creado desde enero de 2024 a marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes.
  • El nivel educativo medio de la inmigración que recibe España es bajo y se emplea en un tipo de puestos de trabajo que requiere poca cualificación.
  • Varios sectores de actividad dependen ya completamente o en gran medida del empleo inmigrante. Por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico y el 45% en la hostelería es inmigrante.
  • El abandono educativo es muy alto entre los adolescentes y jóvenes de origen inmigrante, triplicando al de los autóctonos, lo que implica dificultades para su integración laboral y social.    

Análisis
Este documento es el primero de una serie de análisis que el Real Instituto Elcano publicará a lo largo de los próximos meses sobre la integración laboral de los inmigrantes en España. Así, para los diferentes grandes grupos poblacionales nacidos en el extranjero se analizarán los datos más relevantes sobre niveles educativos, tasas de ocupación, actividad y paro, sectores de empleo e ingresos salariales.

El objetivo es obtener una foto panorámica que permita conocer a grandes rasgos cómo se está produciendo la integración laboral de los inmigrantes en España. Esa integración laboral de los migrantes adultos es una de las más importantes precondiciones para su integración social y para su plena aceptación por la sociedad mayoritaria.

En este primer análisis se presentan datos del conjunto de la población migrante, dividida por orígenes, que se complementarán en estudios sucesivos con investigaciones específicas dedicadas a cada uno de los mayores grupos de inmigrantes en España, como los latinoamericanos, los europeos de países de renta alta y los africanos.

El análisis dedica una primera parte a mostrar las características básicas de la inmigración en España para presentar en la segunda parte los datos referidos a su integración en el mercado de trabajo.

Las principales fuentes utilizadas para la redacción de este texto son el Padrón Continuo de Población, la Estadística Continua de Población y la Encuesta de Población Activa (EPA) (microdatos de la EPA del 4º Trimestre de 2024), todos ellos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

1. El contexto: tamaño, composición y características de la inmigración en España

Conviene comenzar esta descripción con una nota previa: en este texto se adopta la definición de migrante internacional que usa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su División de Población. Migrante internacional es la persona que vive en un país diferente al que nació. Por tanto, según esta definición, los inmigrantes lo son al margen de cuál sea su estatus legal en el país de residencia, ya sean regulares, irregulares o nacionalizados, ricos o pobres, inmigrantes laborales o refugiados políticos.

Definidos como “nacidos en el extranjero”, y según los datos más actuales ofrecidos por el INE, en su Estadística Continua de Población, el número total de inmigrantes en España es de 9.379.972 personas (cifras provisionales a 1 de enero de 2025), lo que supone un 18% de la población total. Esta población compone la inmigración de primera generación (es decir, la nacida fuera). Algunos países incluyen en sus cifras sobre inmigración la segunda generación, es decir a los descendientes de la primera, e incluso en algunos casos, generaciones sucesivas. La causa de esta atención a las segundas y posteriores generaciones es la constatación en numerosos países de que muchos de esos descendientes de inmigrantes se enfrentan a dificultades específicas que amenazan su integración exitosa. En España, la segunda generación de inmigrantes, definida como la formada por los hijos de padre y/o madre nacidos fuera, alcanza ahora los 3.100.000 individuos (EPA 4T 2024). De ellos, 1.800.000 son hijos de padre y madre inmigrantes y 1.300.000 son hijos de sólo un progenitor inmigrante.

Una parte importante de los inmigrantes de primera generación que ahora residen en España ha obtenido la nacionalidad española, en total 2.800.000 personas, la mayor parte de ellos latinoamericanos, según los datos del Padrón a 1 de enero de 2024. Por esta razón, los datos sobre población de “extranjeros” en España son sustancialmente inferiores a los que se refieren a la población inmigrante.

Todo el crecimiento demográfico que ha experimentado España en lo que va de siglo se debe a la recepción de inmigrantes. La reducción del número de hijos por mujer es un fenómeno que afecta cada vez más a todos los continentes, de tal modo que en la actualidad casi toda Europa, América, Oceanía y parte de Asia se encuentran ya por debajo de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer) y, por tanto, en camino hacia la disminución de su población total. España se encuentra desde hace años entre los países de menor tasa de fertilidad en el mundo (1,12 hijos por mujer) y en consecuencia su población, sin inmigración, sería hoy inferior a los 40 millones con que contaba a comienzos de siglo. Pero la inmigración ha hecho mucho más que evitar el descenso demográfico: ha causado un aumento sustancial de la población total.

En conjunto la población española ha crecido un 23% en lo que va de siglo, un incremento que triplica el aumento medio que se ha producido en este periodo en los demás países de Europa occidental, en concreto en los que pertenecían ya a la Unión Europea (UE) al comenzar el siglo.

En función de sus orígenes, la población inmigrante en España es muy diversa, con representación de todos los continentes y con más de 50 países de los que proceden al menos 9.000 personas,[1] y 22 países con más de 100.000. El origen de mayor presencia es el de Marruecos, con más de un millón de inmigrantes a comienzos del 2024, seguido por Colombia, con 850.000. Sin embargo, el conjunto de los inmigrantes latinoamericanos supera en mucho a cualquier otro grupo, y constituye uno de los rasgos más peculiares de la inmigración en España: la inmigración latinoamericana supone el 47% del total.

Esta preeminencia de los migrantes latinoamericanos, cercanos por su idioma y su religión a la población mayoritaria española, forma un contexto social muy diferente al dominante en los países de Europa Occidental, en los que la inmigración extraeuropea proviene mayoritariamente de Asia y África. Este predominio de la inmigración latinoamericana en España es resultado, en primer lugar, de la exención de visado que permite la entrada libre a los nacionales de la mayoría de sus países; en segundo lugar, del efecto “red”, que atrae a los inmigrantes hacia los lugares donde ya se han instalado previamente conocidos, familiares o amigos; en tercer lugar, de la reagrupación familiar; y, en cuarto, de las facilidades que España ofrece para la nacionalización a los inmigrantes procedentes de América Latina, que pueden acceder a ella tras dos años de estancia legal, frente a los 10 años que se exige al resto de los inmigrantes.[2]

A gran distancia de la inmigración latinoamericana se encuentran la europea procedente de Estados miembros de la UE (18%), la africana (17%), la de los europeos no-UE (9%) y la asiática (6%), básicamente china y paquistaní. En el Anexo II puede verse el listado completo de la procedencia por países de los inmigrantes.

La juventud suele ser una característica de la migración internacional analizada como flujo: son los jóvenes los que más a menudo toman la decisión de abandonar su país. En España, la pirámide de edad de la población inmigrada es sustancialmente más joven que la de la población autóctona, en buena parte por el continuo aporte de nueva inmigración que se está produciendo desde que el país se recuperó de la crisis económica de 2008-2014, con la salvedad del periodo 2020-2021 (COVID-19). Desde enero del 2022, se ha instalado en España una media anual de 600.000 inmigrantes al año (datos netos, es decir, excluyendo a los que han salido del país). Con frecuencia los inmigrantes llegan acompañados por sus hijos menores o los reagrupan posteriormente, añadiendo así más “juventud” al carácter del flujo migratorio.

Incluso la inmigración procedente de países europeos occidentales es ahora más joven que la autóctona. En contra del estereotipo que identificaba a los inmigrantes de países ricos europeos con los jubilados residiendo en las costas españolas, la inmigración que procede ahora de esos países está concentrada en las edades de máxima actividad económica. De hecho, el 67% tiene entre 20 y 59 años (inmigrantes UE-27 excluyendo a los que provienen de Rumanía, Bulgaria y Portugal). Como resultado de este proceso, los inmigrantes de cualquier origen suponen ya el 29% de la población residente en España de entre 25 y 49 años. En el grupo de mayor concentración, el de 30 a 34 años, hay 52 inmigrantes por cada 100 autóctonos (34% del total de ese grupo de edad).

En la estructura de edad de la población nacida en España puede detectarse el efecto de la llegada de inmigrantes jóvenes en edad reproductiva (Figura 1). Como ya se ha mencionado, los hijos nacidos en España, descendientes de padre y/o madre inmigrante, representan ya más de tres millones de personas. A su vez, la natalidad procedente de madres autóctonas se ha reducido sustancialmente: en el periodo 2009 a 2023 ha disminuido en un 42%.[3] En consecuencia, entre los menores de tres años, los hijos de padre y/o madre inmigrante forman ya el 30%.[4]

En función de la nacionalidad, el origen geográfico y el origen geográfico de sus padres, la población residente en España se distribuye como muestra la Figura 2. Se utilizan aquí los datos de la EPA, ya que el Padrón no permite identificar a los componentes de las segundas generaciones. En la figura se denomina Población Autóctona a la nacida en España, de padre y madre nacidos también en España. Compone en la actualidad el 75% de la población total. Se denomina “Segunda generación” a la nacida en España de padre y/o madre nacidos fuera de España. En el grupo de inmigrantes nacionalizados como españoles se incluye también a los que mantienen doble nacionalidad (la española y la de origen).

En cuanto a su origen geográfico, por grandes regiones, la Figura 3 nos muestra esta distribución, basada en los datos del Padrón a 1 de enero de 2024 (los datos referidos al 2025 no permiten este desglose).

La inmigración se distribuye de forma heterogénea en el territorio español, con hasta 15 provincias donde ya suponen más del 20% de la población (Figura 4). Entre éstas dominan los polos económicos y turísticos, como Madrid, Barcelona, las islas y la costa mediterránea. En conjunto, la inmigración es mayor en todo el este de la Península y disminuye hacia el oeste, con Extremadura y las provincias del norte de Andalucía ocupando el último lugar.

Finalmente, respecto al género, aunque existen notables desequilibrios en función del área de origen (sobrerrepresentación masculina en la inmigración africana y femenina en la procedente de América Latina y Europa del este), estos desequilibrios parciales se compensan mutuamente, y en su conjunto la población inmigrante se muestra equilibrada con una ligera mayoría de mujeres del 51%, similar a la que suele presentar cualquier población de manera natural. En análisis sucesivos sobre grupos específicos de inmigrantes se mostrará la composición por género correspondiente.

2. La integración de los inmigrantes en el mercado laboral español

Además de la heterogeneidad de sus orígenes, los inmigrantes son muy plurales en función de variables relevantes que afectan a su modo de integración, como su nivel educativo, su participación en el mercado de trabajo y su nivel de ingresos. Para mostrar esa diversidad y para compararla con la situación de la población autóctona, se ha realizado este análisis de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA, cuarto trimestre de 2024).

El estudio se ha ocupado de los individuos situados entre los 25 y los 59 años de edad, para excluir a los jóvenes aún en formación y a los adultos ya retirados del mercado laboral[5] y homogeneizar así los colectivos a comparar, ya que entre los inmigrantes la población de más de 59 años es aún muy pequeña en comparación con la autóctona.

En la explotación de estos microdatos, se ha agrupado a la población de 25 a 59 años en varios grupos: (a) población autóctona; (8) inmigrantes procedentes de países de alta renta per cápita, similar o mayor que la española (en adelante inmigrantes PAR); (c) inmigrantes procedentes de países de baja renta per cápita, inferior a la española, (en adelante inmigrantes PBR); e (d) inmigrantes de segunda generación (nacidos en España con padre y madre nacidos en países de baja renta per cápita[6]). A su vez, los inmigrantes procedentes de países de menor renta per cápita se han distribuido en función de sus orígenes en cuatro grupos: latinoamericanos, europeos (rumanos, búlgaros, ucranianos…), africanos y asiáticos. En el Anexo 1 se presentan los detalles de esta agrupación.

Uno de los principales factores que afectan a la integración en el mercado de trabajo es el nivel educativo, en el que se observan importantes diferencias en función del origen geográfico (Figura 5). Así, mientras que el 49% de los autóctonos y el 57% de los inmigrantes de países PAR tienen un título universitario o de FP superior, entre el conjunto de los inmigrantes de países PBR ese porcentaje alcanza al 26%. A su vez, este último conjunto es muy heterogéneo, ya que mientras los latinoamericanos y europeos de países PBR presentan porcentajes del 32% y 28% respectivamente, en el caso de los africanos éste se reduce al 10%.

Especialmente preocupante resulta el bajo nivel educativo logrado por los inmigrantes de segunda generación: el 39% sólo tiene el título correspondiente a la educación secundaria obligatoria y sólo el 25% de ellos ha obtenido un título universitario, 24 puntos por debajo de los autóctonos.[7] Este dato muestra que se está produciendo un fracaso en la integración que afecta a buena parte de las segundas generaciones de inmigrantes en España: varios estudios han advertido sobre la alta tasa de abandono escolar de los alumnos hijos de inmigrantes (o inmigrantes ellos mismos en el caso de los llegados a España en su infancia o adolescencia), especialmente de los varones, y sobre el riesgo que eso implica para su integración posterior en el mercado de trabajo, y, en conjunto, para su integración social.[8]

Respecto a la tasa de actividad[9], ésta supera el 80% para todos los colectivos, a excepción de africanos y asiáticos (Figura 6). En el caso africano y en el paquistaní, la baja tasa de actividad está relacionada, no sólo con los bajos niveles educativos, sino con el carácter tradicional de sus funciones de género, que asignan a la mujer la permanencia en el hogar y la no participación en el mercado de trabajo. Sólo el 46% de las mujeres inmigrantes procedentes de África son activas, frente al 87% de los hombres de este grupo yo al 84% de las mujeres autóctonas (Figura 7).

En cuanto a la tasa de ocupación,[10] todos los grupos presentan niveles inferiores a los de la población autóctona (80%), aunque con diferencias pequeñas en el caso de los inmigrantes de países de alta renta per cápita o en el de los latinoamericanos. Sin embargo, entre los demás grupos, la diferencia es de más de nueve puntos porcentuales y llega a los 11 en el caso de los adultos que forman parte de la segunda generación de inmigrantes y a los 28 en el caso de los inmigrantes procedentes de África.[11]

En coherencia con estas tasas de actividad y de ocupación, las tasas de paro son muy superiores entre el conjunto de inmigrantes procedentes de países de menor renta en comparación con los autóctonos (Figura 8) y, en particular, entre los inmigrantes africanos, que triplican la tasa de los autóctonos, pero también entre los inmigrantes ya adultos de segunda generación, que la duplican. 

De nuevo las bajas tasas de ocupación y las altas tasas de paro de la segunda generación de inmigrantes muestran que ya está produciéndose un fracaso que implica un riesgo para la cohesión social y un coste para el estado de bienestar.

El nivel educativo de la población inmigrante también condiciona el tipo de actividad a la que se incorpora. Los inmigrantes de PBR se concentran en cuatro sectores, que acumulan más de la mitad de su fuerza laboral: la hostelería, el comercio, la construcción y la industria manufacturera (Figura 9). Respecto a la industria, los inmigrantes se ocupan básicamente en las relacionadas con la alimentación: industrias cárnicas, panificadoras, conserveras, lácteas… que agrupan a un 30% de todos los inmigrantes PBR empleados en este sector.

La concentración sectorial es especialmente alta en el caso de los asiáticos. En este grupo, tres de cada cuatro se ocupan en el comercio o la hostelería. Respecto a la segunda generación, descendientes de inmigrantes PBR, su concentración es muy alta en dos sectores, comercio y hostelería, que emplean al 53% de los ocupados en este grupo.

En términos del peso de cada grupo de ocupados en cada sector, destaca el del servicio doméstico (Figura 10). En él el 71% de los ocupados (en su casi totalidad mujeres) son inmigrantes procedentes de países de renta baja y la mayor parte es la ocupada por mujeres latinoamericanas (53% del total de ocupados en el sector). El segundo sector que depende en mayor medida del trabajo inmigrante es el de la hostelería, con un 45%, seguido por la construcción (32%), la agricultura (31%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (28%). En el transporte, “otros servicios”, el comercio y las actividades inmobiliarias el porcentaje de población ocupada que procede de países de menor nivel de renta supera también el 20%.

En el extremo contrario, el de la menor presencia de inmigrantes, se encuentran los sectores de Educación y Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. El grueso del empleo en estos sectores se corresponde con la función pública y los requisitos institucionalizados de entrada a esa función (exigencia de ciudadanía de la UE) impiden el acceso a los inmigrantes no nacionalizados. Por otra parte, el proceso selectivo de acceso favorece a las personas de alto nivel educativo. El resultado es que sólo un 4% de los inmigrantes procedentes de países de baja renta per cápita está empleado en el sector público (Figura 11).

Los inmigrantes se concentran en el sector privado como asalariados, con la excepción de los asiáticos. Casi la mitad de éstos ejerce como autónomos o empresarios.  En cuanto a la ocupación de los inmigrantes de países “ricos”, su presencia es alta en ámbitos laborales de “cuello blanco”: actividades profesionales, científicas, técnicas, educativas, informativas, financieras e inmobiliarias, con un alto porcentaje de autónomos.

En términos de categorías de ocupación, los inmigrantes PBR se concentran en las categorías de “ocupaciones elementales” (Figura 12), donde se encuentra la cuarta parte del total de empleados de este grupo –frente a sólo un 8% de los autóctonos–, y en el de “trabajadores de servicios”, con un 27% de inmigrantes PBR y un 18% de los autóctonos, mientras que los inmigrantes procedentes de países de alta renta se encuentran sobre todo entre los “técnicos y profesionales científicos e intelectuales». También entre los autóctonos éste es el grupo que recoge una mayor concentración de los ocupados.  

En conjunto, se ha producido una “segmentación” o “dualización” del mercado de trabajo, en la que los inmigrantes procedentes de países de menor renta per cápita se concentran en las actividades que requieren menor cualificación y mayor intensidad en trabajo físico (agricultura, comercio, hostelería, construcción, servicio doméstico, industrias de baja tecnificación…) y, dentro de esos sectores, en las categorías de más baja posición en la jerarquía organizativa.

Una derivada de esta distribución laboral son las diferencias en el salario percibido. La Encuesta de Población Activa no incluye preguntas sobre ingresos salariales, por lo que se recurre aquí a la estadística de bases medias de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social. En este caso los individuos aparecen clasificados por nacionalidad y no por país de nacimiento, y sólo se recogen separadamente los de los países con altos números de cotizantes.[12]

La base media de cotización de los nacionales de países de renta alta es 179 euros superior a la de los nacionales españoles, un grupo que incluye a los inmigrantes nacionalizados (Figura 13). Hay que recordar que las bases de cotización a la Seguridad Social están “topadas” por arriba,[13] de modo que los salarios más altos, los que se pagan a los directivos en algunos sectores, no se reflejan en las bases de cotización. Por tanto, es muy probable que la diferencia salarial media sea superior a la que se recoge a través de las bases de cotización. Por su parte, la brecha en la base media de cotización entre los españoles y los nacionales de países de baja renta per cápita es de 532 euros, con los asiáticos en el extremo inferior.

El menor nivel educativo no es la única causa de la concentración de los inmigrantes de PBR en las actividades señaladas. Una parte de los inmigrantes con un título universitario (como se ha dicho, un 26% de los inmigrantes de PBR) encuentran empleo únicamente en trabajos que no requieren esa cualificación. En buena parte este “despilfarro” de sus cualificaciones se debe al larguísimo proceso de reconocimiento de sus títulos. Por otra parte, la sobre cualificación es un rasgo general del mercado de trabajo español, consecuencia de la muy alta proporción de individuos con títulos universitarios, aunque afecte en mayor medida a los inmigrantes. Más de la mitad (54%) de los inmigrantes con título universitario ocupa un puesto que no requiere esa cualificación, algo que sucede al 33% de los autóctonos con un título universitario.[14] Además de los problemas relacionados con la homologación de los títulos, esta diferencia es también resultado de la dificultad de los inmigrantes para acceder al sector público del empleo, aunque en algunos nichos específicos, como la medicina o la docencia y la investigación, su presencia es cada vez más visible.

Los datos de la EPA permiten también conocer la situación educativa de los jóvenes de entre 16 y 20 años que han acabado ya el periodo de educación obligatoria (en España hasta los 16 años) pero que, en su inmensa mayoría, no se han incorporado aún al mercado de trabajo.[15] En el caso de los autóctonos, el 86% continúa estudiando y lo mismo ocurre con el 84% de las segundas generaciones y con el 82% de los jóvenes inmigrantes procedentes de países de alta renta per cápita (Figura 14). Sin embargo, en el conjunto de los adolescentes inmigrantes (es decir, nacidos fuera) que proceden de países de baja renta (lo que suele denominarse como generación 1’5, llegada a España en la infancia o adolescencia) sólo el 67% sigue estudiando, con importantes diferencias internas. Estudian el 77% de los asiáticos de entre 16 y 20 años, pero sólo el 65% de los africanos y el 66% de los latinoamericanos.

De nuevo, estos datos resultan preocupantes desde la perspectiva de la futura integración laboral de los inmigrantes ahora más jóvenes e indican que la situación de la generación 1’5, es aún peor que la de la segunda generación, nacida en España. Esto indica, por otra parte, que el sistema educativo español es capaz de corregir algunas de las debilidades de origen con las que se incorporan a él los hijos de los inmigrantes, pero lo hace de modo insuficiente: los resultados son mejores para los que cursan toda su educación en España (la segunda generación) que para los llegados desde otros sistemas educativos, pero también en el primer caso son insuficientes para lograr una equiparación de sus capacidades con las de la población autóctona.

Conclusiones
España está experimentando un cambio transcendental en su mercado de trabajo con efectos aún poco estudiados sobre el conjunto de la economía y la sociedad. El grueso del empleo nuevo que se ha creado en los últimos años, desde la recuperación económica tras la pandemia, es el ocupado por inmigrantes, que representan el 90% del total del nuevo empleo creado en los cinco últimos trimestres que recoge la EPA (de enero de 2024 a marzo de 2025).

Este es el resultado de un crecimiento de la inmigración recibida tras la crisis de la pandemia con una media de 600.000 personas anuales, en términos netos, es decir, restando a los que abandonan el país, en un flujo compuesto en estos últimos años sobre todo por latinoamericanos.

La inmigración que procede de países PBR supone un 91% del total de la inmigración que se encuentra en las edades de mayor actividad laboral (entre 25 y 59 años), y una de sus características más relevantes es un bajo nivel educativo medio, sustancialmente inferior al de la población autóctona y, especialmente bajo en el caso de la inmigración procedente de Asia y de África. La llegada en los últimos años de miles de inmigrantes latinoamericanos de renta media y alta, con educación universitaria, es un fenómeno muy llamativo, pero aún minoritario en el conjunto de esa inmigración latinoamericana.

La inmigración PBR presenta menores tasas de ocupación que las correspondientes a la población autóctona de sus mismos grupos de edad, mucho mayores tasas de paro, y una actividad que se concentra en sectores de servicios de baja productividad y en consecuencia bajos salarios y por tanto bajas aportaciones al sistema de pensiones.

En el presente varios sectores dependen de modo mayoritario o muy relevante de la inmigración: el servicio doméstico, la hostelería, la construcción y la agricultura tienen entre sus empleados al menos a un 30% de inmigrantes, y estos ocupan prácticamente el total del nuevo empleo que crean esos sectores.

El peso poblacional de la inmigración sobre el conjunto crecerá en los próximos años: los niños inmigrantes, o hijos de inmigrantes, suponen ya el 32% del alumnado de Primaria y Secundaria obligatoria, a la vez que disminuye el número de hijos de mujeres autóctonas. Si se mantiene la evolución actual, la población de origen inmigrante pasará a representar una parte creciente del total. En este contexto, pensando en el futuro, preocupan especialmente los datos sobre los resultados educativos de la segunda generación y de la generación 1,5 de inmigrantes: su tasa de abandono educativo es del 33%, triplicando la de la población autóctona. Entre los nacidos en España hijos de padre y madre inmigrantes, con ya más de 25 años de edad, el 39% sólo tiene el título correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria, lo que implica su confinamiento en el mercado de trabajo español en tareas “elementales” de baja cualificación y su mayor riesgo de encontrarse en desempleo.

Todo esto supone a su vez efecto sobre la integración social de las segundas generaciones de inmigrantes. Como derivada a medio plazo puede esperarse una repercusión sobre la opinión pública española ante la inmigración, cada vez más cercana a la media europea, y, por tanto, consecuencias sobre el puesto que ocupa la inmigración en el debate político. (...)"

( Carmen González Enríquez , José Pablo Martínez, Real Instituto Elcano, 09/06/25, notas y gráficos en el original)