"No podemos aceptar que se utilice un corte de agua como medio de desahucio”, sostiene José Antonio Segura, de 73 años. Fue periodista, trabajó como corresponsal en Madrid y Bruselas y desde hace nueve meses vive con su esposa y su hija en una casa sin agua en Mortera de Piélagos (Cantabria). Llevaban 13 años pagando “religiosamente” 640 euros de alquiler a un constructor sobre el que ahora saben que le pesan dos embargos —uno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, otro de la Tesorería de la Seguridad Social—, según consta en las anotaciones preventivas del registro de la propiedad a las que han accedido su abogado y la Red Antidesahucios de Cantabria.
Segura está jubilado y tiene cáncer. Su mujer también es pensionista y padece una enfermedad mental. No están para mudanzas. Que les cortaran el agua de un día para otro como medida de presión para que el dueño recuperara la casa les pareció algo “indigno e inadmisible”. Consideran que “no podemos permitirlo; ni yo, ni nadie”. Así que continuaron viviendo en su casa, pagando el alquiler y acarreando diariamente entre tres y cuatro garrafas de agua de una fuente de su barrio.
Demandaron al dueño por coacción y acoso. Perdieron. En el juicio se enteraron de que el propietario tenía un impago precisamente de las tasas del agua. “Nunca las abonó ni las repercutió” en los inquilinos, señala Segura.
El periodista y su familia esperaban entonces que el propietario interpusiera una demanda de desahucio contra ellos y que fueran los tribunales quienes dirimieran quién tiene razón o cuándo deben abandonar su hogar. Pero eso no ocurrió. El constructor, que había quedado impune por el corte del suministro, optó por recurrir a una empresa de desahucios extrajudiciales.
Antiokupa Norte dijo actuar en nombre de José Gómez Cuerno
El 22 de agosto a las 21 horas, cuatro hombres que se identificaron como miembros de Antiokupa Norte acudieron a la vivienda. Dijeron actuar en nombre del José Gómez Cuerno y, “con una actitud muy agresiva y amenazadora”, le conminaron a Segura a “abandonar de forma inmediata la vivienda”, entregar las llaves y firmar un documento de “renuncia de la posesión de la vivienda”. De lo contrario, “establecerían un control de acceso a la vivienda y, en el momento en que quedara vacía, la ocuparían”, explica. Así consta en la demanda que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº3 de Santander, fechada el 24 de agosto.
Finalmente, ha sido el jubilado quien ha vuelto a demandar al propietario. Esta vez, por siete presuntos delitos: amenazas, coacciones, acoso, delito contra la integridad moral, extorsión, realización arbitraria del propio derecho y organización de grupo criminal. Al administrador único de Antiokupa Norte le acusa de estos mismos delitos como autor intelectual y también, material.
Uno de aquellos hombres que le tocó la puerta la semana pasada “puso el pie en el descansillo de la puerta, otro estaba a su lado, el tercero me hablaba y el cuarto, grababa la situación”. Les define como “matones” y se pregunta “¿dónde está la justicia?” y “¿qué es lo siguiente que van a hacer? ¿Una agresión física?”.
El Servicio de Aguas se escuda en su reglamento de altas y bajas
Segura recuerda que “no se puede echar a un inquilino por la vía de cortar el agua, es indigno e inadmisible”. El corte del suministro fue solicitado por el propietario de la vivienda y efectuado por el Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Piélagos el 1 de diciembre de 2023. El 13 de diciembre, Segura presentó una demanda contra el propietario por coacciones y acoso, delitos por los que fue absuelto por la juez de Instrucción nº5 de Santander.
En llamada telefónica a El Salto, desde el Servicio de Aguas enseguida identifican la dirección del corte de agua, pero insisten en que “la baja del suministro la tiene que presentar el propietario de la vivienda, lo dice nuestro reglamento”. Se apresuran a añadir que “también el alta”. Todo lo demás, entienden que lo debe dirimir un tribunal. El inquilino ha presentado “numerosas solicitudes para poner el suministro a nuestro nombre”. Han sido desechadas.
Los inquilinos abonaron el alquiler en diciembre, enero y febrero, en una cuenta del Ayuntamiento de Piélagos debido a la notificación de “una orden de embargo de la cuota de alquiler”. Es decir, el propietario se quedó sin recibir el alquiler. Cuando llegó la sentencia del agua, los inquilinos decidieron dejar de abonar la cuota al Ayuntamiento. Si no tenían agua, no pagarían alquiler. Al leer la sentencia, Segura se sintió como “un tonto”. “Nos parecía absurdo pagar un alquiler con una orden de embargo a favor de una institución, el Ayuntamiento de Piélagos, que nos negaba un suministro tan básico como el agua, de forma completamente ilegal, a nuestro entender”, agrega.
Segura resalta que es “muy extraño” que el constructor, José Gómez Cuerno, conocido en Cantabria por ser antiguo directivo de la Promotora Inmobiliaria Triguero, empresa familiar, no interpusiera una demanda de desahucio, pero intuye que se debe a que sobre la propiedad pesan dos anotaciones preventivas de embargo, lo cual habría provocado un desahucio “en pocos meses” o, si se suspendiera el lanzamiento debido a la situación de vulnerabilidad —cobran dos pensiones bajas y la hija está desempleada—, “tendrían derecho a una ayuda del Estado por un importe similar al del pago del alquiler”.
Segura explica las distintas formas de amenazas y coacciones
que ha recibido su familia. Incluso un día acudió la madre del
propietario a pedirles que se fuera. También les pidió una “cuota
abusiva, con un incremento del 50% del alquiler, es decir 956 euros, si
queríamos permanecer allí durante el tiempo necesario hasta que
encontráramos otra cosa”.
La Red Antideshaucios califica la situación de “absoluta infamia”
La Red Antideshaucios de Cantabria a acompañado a Segura y a su
familia en estos angustiosos meses, desde que en abril de 2023 el
propietario y su familia “empezaron a presionarle”. El portavoz de la
red, Roberto Mazorra, califica la situación de “absoluta infamia y una
inmoralidad, además de ser manifiestamente ilegal”. Mazorra recuerda
que, anteriormente, ha habido hasta cuatro casos de acoso inmobiliario
en Cantabria, “yo mismo lo he sufrido, pero lo que está padeciendo José
Antonio cumple todos los criterios y fases del llamado mobbing
inmobiliario, que es un tipo de violencia que propietarios y empresas de
macarras como Desokupa o la que opera aquí, Antiokupa Norte, ejercen
contra familias especialmente vulnerables para provocar que abandonen su
vivienda. Y suelen hacerlo contra familias con miembros de avanzada
edad por motivos obvios. Se empieza con presiones, llamadas de teléfono y
después se pasa a las coacciones, amenazas y cortes de suministros,
hasta que se va avanzando hasta la llegada del grupo de matones de turno
para intimidar y amedrentar a los afectados. El problema es que,
demasiadas veces, la Justicia no hace nada”, concluye." (Gessamí Forner , El Salto, 30/08/24)
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