" Toda amnistía fiscal es un fracaso
colectivo. Se mire por donde se mire.
Se podrá argumentar que no había
más remedio que aprobarla para cumplir con la senda de reducción del
déficit. O esgrimir, incluso, que los impuestos son un medio para lograr un objetivo y no un fin en sí mismo. En una palabra, que lo importante es recaudar aunque sea con la nariz tapada. Pero lo cierto es que su obscenidad es manifiesta.
No hay razones para aprobar una amnistía que va a costar a la larga más
que los 2.500 millones de euros que Hacienda pretende recaudar. El mal
está hecho y a partir de que la norma entre hoy en vigor, ningún inspector de Hacienda tendrá argumentos morales —aunque sí legales— para levantar un acta a un contribuyente.
Los países serios no hacen amnistías para recaudar una cantidad irrelevante
que supone apenas el 5% del déficit que tendrá este país en 2012 en el
mejor de los casos. Si el Gobierno tiene argumentos suficientes para aflorar el dinero negro
—y seguro que los hay—, lo que debería haber hecho es un plan más
ambicioso: lanzar un plan de blanqueo masivo de los capitales que hoy se
escapan a los ojos del fisco. ¿Por qué 2.500 y no 25.000 millones, señor Montoro?
No lo ha hecho, y el resultado es que la propia Hacienda viene a reconocer que solo ataca una parte del fraude fiscal,
mientras que el resto seguirá campando a sus anchas. Este es, en
realidad, el fondo del problema. La incapacidad del sistema fiscal para
exigir a todos los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
El fracaso no ha caído del cielo. No es ninguna maldición bíblica. Responde a comportamientos humanos y a decisiones equivocadas. No es un juicio de valor. Lo dicen las fuentes oficiales,
que reconocen que el 72% de los contribuyentes considera que el fraude
fiscal ha aumentado en los últimos años. Cuando en 1999 este porcentaje
apenas llegaba al 24%. (...)
Los altos tipos impositivos no son la causa del problema, sino, al contrario, la consecuencia de
haber dejado crecer la economía sumergida —el dinero negro— hasta
límites insoportables. Si todos los contribuyentes pagaran sus
impuestos, es evidente que la presión fiscal individual bajaría, elevándose, al mismo tiempo, la presión fiscal global y, por ende, la recaudación. (...)
Los datos son aterradores. Dignos de una sociedad adormecida acostumbrada
a ver el fraude como un fenómeno cotidiano. Los expedientes por delito
fiscal se pudren en los tribunales por la lentitud de la justicia. Y
esos mismos tribunales son los que acostumbran a imponer penas mínimas
por delitos fiscales, probablemente por una percepción laxa de los
jueces sobre lo que significa el fraude en términos económicos y sociales. Como han señalado algunos inspectores, en ocasiones la cuantía de las multas penales es, incluso, inferior a la que le hubiera correspondido al condenado por vía administrativa.
Aunque resulte increíble, el fisco es acreedor de
deudas tributarias por valor de más de 6.000 millones de euros
pendientes de cobro, más del doble de lo que pretende recaudar Hacienda
con la amnistía. En muchos casos, se trata de sentencias en firme que condenan a los contribuyentes por delito fiscal. Y ahora lo
que se hace, sin embargo, es exonerar al delincuente sin pasar 'el
tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal'. (...)
El número de expedientes que envían los inspectores a la Fiscalía por
presunto delito fiscal ha caído un 40% desde 2003, pese a que tres de
cada cuatro sentencias son condenatorias, lo que da a entender
que había razones fundadas para enviar un expediente a los tribunales.
Pero no pasa nada. Ni siquiera entra nadie a la cárcel por defraudar a
Hacienda. Y tampoco se ha creado una policía fiscal, prevista ya cuando se creó la Agencia Tributaria, ¡en 1991! (...)" (Carlos Sánchez , El Confidencial, 01/04/12)
"Legalmente la sentencia no sirve, pero alguien ha querido ajustar cuentas con el Gobierno”
(...) ¿Qué consecuencias tendrá en la práctica?
Jurídicamente, ninguna. De una parte porque en materia tributaria el TC viene afirmando desde 1989 que la sentencia que anula una norma no tiene efecto para los actos administrativos que se hubieran dictado antes de dicha sentencia. Luego no se anula ningún acto de Hacienda por el que aplique estos beneficios tributarios. (...)
¿El Estado tendría que indemnizar de alguna manera a los ciudadanos por el dinero ya regularizado?
Para nada. La parte de la sentencia que habla de la ilegitimidad de la amnistía fiscal en sí misma dice el propio Tribunal que es solo un comentario, sin vinculación con la decisión final. Aunque no fuera así, tampoco cabe ninguna indemnización por una sentencia del TC.
¿Cree que Montoro debería dimitir?
La sentencia es dañina, pero formalmente no entra sobre el fondo de la cuestión. Puede alegar que por ahora no ha quedado desautorizado más que en cuanto a haber usado el mecanismo del decreto-ley en vez del de la ley. De todas formas, los comentarios del TC diciendo que es injusta dejan a Montoro en una situación política peligrosa. Queda desautorizado políticamente, aunque no jurídicamente.
¿Cabría una denuncia por prevaricación?
No. En ningún caso. La inconstitucionalidad de una ley nunca es prevaricación. No hay previo conocimiento expreso de que la ley es evidentemente inconstitucional.
¿La sentencia sirve entonces para algo?
Legalmente no. Pero sí… para dar caña al Gobierno. En la sentencia alguien ha querido ajustar cuentas con el Gobierno." (Entrevista al profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, La Marea, 09/06/17)
"La amnistía fiscal ya es historia. El Ministerio de Hacienda no podrá volver a perdonar deudas
con el fisco a defraudadores con dinero oculto en cuentas extranjeras.
Pero durante estos años, la iniciativa ha beneficiado a numerosos personajes ilustres,
en su mayoría investigados por delitos de corrupción, que tiraron de
este recurso para aflorar fondos en negro que escondían al fisco.
Bárcenas, Rato y los Pujol encabezan una lista a la que se suman otros
muchos nombres.
El extesorero del PP Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal de Montoro para regularizar más de 10 millones de euros que tenía en sus cuentas suizas a nombre de la empresa Tesedul. Según han ido desvelando los avances en el caso Gürtel, realizó posteriormente otras declaraciones complementarias. Según el propio exsenador del PP, este dinero procedía de su pericia en los negocios y sus inversiones en bolsa, donde gestionaba una cartera de clientes.
Su compañero de banquillo en el juicio por la primera época de actividades de la trama, Alberto López Viejo, hizo lo mismo para regularizar una cuenta helvética en la que llegó a disponer de más de un millón y medio de euros.
También el exministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato hizo uso de la medida
aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La información, que fue
confirmada por miembros del Gobierno, se hizo pública como avance a la
causa judicial en la que se encuentra inmerso desde abril de 2015 y que
investiga al que fuera presidente del FMI por irregularidades en su
patrimonio. Se le acusa, entre otros delitos, de blanqueo de capitales.
Otros de los protagonistas habituales de los juzgados, los Pujol, recurrieron a la medida y declararon a través del socorrido formulario 750 parte de su fortuna oculta hasta ese momento en cuentas de Andorra.
Con el expresidente de la Generalitat de Cataluña a la cabeza, varios
miembros del clan admitieron que disponían de cantidades millonarias
hasta entonces desconocidas.
La lista continúa con un ya viejo conocido de la Audiencia Nacional, el cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, que tras hacer uso de la amnistía pagó tres millones de euros en 2014. Su socio David Marjaliza regularizó, por la misma época, el año 2014, 12 millones de euros depositados fuera de España.
De un caso de corrupción a otro, la querencia por la amnistía fiscal llega también al caso Lezo. El hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, tiró de este recurso para legalizar más de 400.000 euros
de su cartera de valores suiza. Lo hizo el mismo año 2012 aunque, según
ha podido comprobarse años después, no reconoció todos sus fondos, como
demuestra el reciente hallazgo de billetes por un importe total de
262.000 euros que guardaba en su piso colombiano de Barranquilla.
El caso Nóos también aparece en la relación de ilustres beneficiados por la iniciativa de Montoro. El socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, saldó con este sistema sus deudas con el fisco y declaró 160.000 euros de los que disponía en Luxemburgo. Otro empresario, el expresidente de Martinsa Fadesa Fernando Martín, inmerso en Gürtel, hizo lo propio con sus fondos expatriados.
Empresarios pero también sindicalistas, como el histórico de la UGT asturiana José Ángel Fernández Villa, que, hasta entonces, había ocultado a Hacienda 1,4 millones de euros. Familiares del Rey vinculados a Alicia de Borbón-Parma declararon, a su vez, cantidades ligeramente superiores a los 70.000 euros.
Cierra la relación Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del comisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete, que se acogió también a la medida, según adelantó El Confidencial.
Miembro de una familia de terratenientes y empresarios de Jerez de la
Frontera (Cádiz) y administradora de empresas familiares, fue una de las
29.000 personas que abrazaron la amnistía y que hicieron aflorar bienes por valor de 40.000 millones en 2012." (El Confidencial, 08/06/17)
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