"(...) Parece cada vez más evidente que la edad de los hidrocarburos
(petróleo y gas) empieza a decaer, no por agotamiento de reservas (peak
oil) sino por reducción de la demanda, al haberse iniciado ya una nueva
edad de renovables (sobretodo sol y viento) que pueden producir a costes
competitivos sin agotarse ni contaminar.
Datos cuantitativos y
cualitativos avalan la certidumbre de esta transición: Según las últimas
previsiones de Bloomberg la eólica y la solar supondrán el 64% de la
nueva potencia eléctrica que se instale en todo el mundo en los próximos
25 años; siete de las diez mayores empresas mundiales se han
comprometido ya a cubrir sus necesidades energéticas exclusivamente con
energías renovables.
En España esa transición energética no se va a
producir de forma inercial ya que está frenada por una regulación de
los precios de la electricidad establecida hace 20 años para un parque
de centrales muy diferente del actual; por el exceso de centrales de gas
instaladas y por unos combustibles fósiles cuyos precios no recogen
todos los costes que producen sus emisiones.
Sin embargo nuestro país
sería uno de los más beneficiados por ese paso de fósiles (que no
existen en nuestro país) a renovables, en las que tenemos más recursos,
emplazamientos y tecnología que otros países europeos.
Por ello es
hora ya de dejar de “parchear” la regulación energética para intentar
resolver un problema creando simultáneamente otros y comenzar por
establecer claramente la Política Energética que necesita el país para
encaminarnos cuanto antes al objetivo deseable para 2050. Cuatro
propuestas a destacar:
- a) Acabar con el despilfarro energético, haciendo casi autosuficiente en energía cada nueva edificación y abordando la rehabilitación energética de todas las existentes, relanzando así eficazmente el sector de la construcción;
- b) Hacer consciente a la sociedad de los riesgos de los vehículos en las ciudades que -según el Instituto de Salud Carlos III- producen en España anualmente, sólo por las emisiones de vehículos de gasóleo, más de 9.000 muertes prematuras (ocho veces más que por accidentes de tráfico). Fomentar, en consecuencia, los vehículos híbridos y eléctricos con normativas de tráfico urbano;
- c) Recoger las externalidades de todos los carburantes y combustibles fósiles en sus precios y prioridades de uso;
- d) Maximizar la implantación de energías renovables, acelerando la transición energética.
Para ello habrá que definir como objetivo lo que la
miopía del mercado es incapaz de anticipar: la evolución del mix de
generación eléctrica (abriendo hueco a las renovables) y del mix del
parque de movilidad y transporte (abriendo hueco a los vehículos
eléctricos), para que se preparen las empresas de esos sectores.
La
expansión de las renovables requiere afianzar su intermitencia y
aleatoriedad, complementándolas con hidroeléctricas repotenciadas y
térmicas de gas, almacenamiento (bombeo, baterías, sales, aire
comprimido,…), gestión de la demanda e interconexiones internacionales.
La producción y almacenamiento de agua, que es un recurso público, debe
optimizarse para el conjunto del sistema eléctrico, al igual que los
intercambios internacionales, por lo que se ganaría en eficiencia si las
centrales hidroeléctricas incluido bombeo y las importaciones y
exportaciones de electricidad fueran gestionadas por el operador del
sistema eléctrico de acuerdo al interés general.
Con respecto a
los precios es conveniente utilizar mecanismos de mercado donde sean
eficaces, por ejemplo para ordenar el funcionamiento de las centrales y
establecer referencias de precios para remunerar a las centrales con
altos costes marginales (las de carbón y gas).
También son adecuados
otros mecanismos de mercado como subastas bien diseñadas, para
incorporar más renovables y centrales de gas para puntas. El autoconsumo
no puede seguir estando proscrito y tiene que dejar de soportar cargas
por la energía autoconsumida sin pasar por red y facturar a su precio
horario la energía vertida o consumida de la red.
Si vamos a
sustituir energías fósiles por electricidad, hay que depurar previamente
algunas remuneraciones eléctricas excesivas, para evitar que se eleve
el precio del suministro energético. Para ello hay que poner fin a la
actual regulación paradójica en la que las remuneraciones, no sólo no
tienen que ver con los costes, sino que han creado una injusta dicotomía
entre distintos sistemas de producir electricidad: por un lado las
centrales térmicas (carbón y gas) y las renovables, con remuneraciones
próximas a sus costes (que se han visto perjudicadas por los recortes a
las renovables y por la baja utilización del gas) y por otro las
hidráulicas y nucleares, cuya remuneración sería – más allá de las
prácticas contables de las empresas eléctricas propietarias – muy
superior a los costes remanentes que se deducirían de la aplicación fiel
de las normas regulatorias. (...)
Por ello, como se ha pedido reiteradamente, es el momento de llevar a
cabo una auditoría regulatoria del sector eléctrico, que no es la de
las cuentas de las empresas, sino del origen y aplicación de fondos del
conjunto del sistema, tal como prescribió la regulación original de la
ley de 1997.
Ésa auditoría pondría de manifiesto como el conjunto
de las centrales existentes en 1997 recuperaron ya en 2005 (entre CTC’s y
precios) todas sus inversiones históricas, además de un exceso de CTC’s
de 1.500-2.800 M€ hasta 2006, año de derogación de la norma que los
regulaba. Sobre este último asunto Jorge Fabra Utray, Vocal de la CNE en
el, periodo 2005- 2011, ha documentado que la liquidación definitiva –que todavía no ha sido hecha- no ha prescrito y sigue siendo una obligación pendiente de las autoridades regulatorias el recuperar ese exceso de ingresos.
Al
ser derogada la regulación de los CTC’s debería también haberse
establecido, como ya señalaba el Libro Blanco, una nueva remuneración
inferior para las centrales cuya inversión fue realizada antes de
1997acorde con sus costes reales.
Al haber sido ignoradas dichas
recomendaciones las eléctricas han percibido desde 2005 a 2016 más de
30.000 M€ de extra-beneficios inesperados (16.000 M€ las nucleares), al
remunerarlas sin justificación al precio determinado por las centrales
de gas.
El actual Ministro de Energía parecía asumir este argumentos
cuando explicó en el Congreso que con los impuestos al agua y a las
nucleares se había buscado “limitar sustancialmente las excesivas
ganancias de aquellas tecnologías que no son replicables”. (...)" (Martín Gallego Malaga, ingeniero de minas y economista, es miembro de Economistas Frente a la Crisis, 08/06/17)
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