"Durante la pasada legislatura el Ministerio de Sanidad dio a conocer un proyecto de ley, fechado en noviembre de 2011, para restaurar un derecho aniquilado por Mariano Rajoy en 2012 y que formó parte del acuerdo de investidura entre el pasado gobierno de coalición: la vuelta a la sanidad universal. Un proyecto de ley “Frankenstein”, tal y como lo define Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, que incluía varios aspectos, algunos que han separado irremediablemente a los partidos en la coalición de gobierno y que ha provocado que la sanidad universal no volviera a hospitales y centros de salud.
Fue la privatización sanitaria el mayor escollo de ese anteproyecto de ley por el que se modificaban diversas normas para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud y que fue reformado en junio de 2022 por el Consejo de Ministros afinando aún más en la vuelta a la universalidad. Del lado del PSOE, mantenían la puerta abierta a recurrir a la colaboración público-privada de manera “excepcional”, mientras del lado de Unidas Podemos pedían una posición más rotunda frente a la privatización sanitaria para evitar que las comunidades gobernadas por el PP usaran esa excepción como excusa. La vuelta a la sanidad universal sufrió los daños colaterales de este desencuentro.
Para Revuelta se ha perdido una oportunidad “muy importante”. Y esto se debe, según este médico de familia, a que “no ha habido una voluntad firme, la vuelta a la sanidad universal fue algo puesto en el final de la agenda, en comparación con otras leyes”. Hoy, y de cara a las próximas elecciones del 23J, las entidades corroboran que la voluntad de las fuerzas progresistas por retornar este derecho sigue en pie, pero las urnas pueden arrojar un resultado incierto.
Desde los recortes de 2012
Fue el Real Decreto de 16/2012 de Mariano Rajoy el que, con la excusa de la crisis, inauguró el ‘apartheid sanitario’: algunos colectivos, como los migrantes en situación irregular, se quedaban fuera del sistema de salud. Esta exclusión sanitaria se ha traducido en cifras preocupantes. Según un estudio de la Universidad Pompeu i Fabra presentado en 2018, entre 2012 y 2015 la mortalidad entre las personas migrantes en situación irregular se incrementó un 15%.
El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió con el fin de la exclusión sanitaria. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Este decreto establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. Las Comunidades Autónomas hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia. El informe de servicios sociales ha actuado también como un tapón para el acceso a la sanidad.
La investigación de Yo Sí Sanidad Universal El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos, presentada en noviembre de 2022 constata el “caos”, la “confusión” y la “inseguridad jurídica” existente en la actualidad. Hasta 14 comunidades autónomas están exigiendo que las personas demuestren que llevan más de 90 días viviendo en el país para poder acceder a la sanidad. Este modelo deja fuera a todas las personas que lleven menos de tres meses en el país, entre ellas mujeres que llegan a España embarazadas y que paren sin poder acceder a ningún tipo de seguimiento, menores que no pueden recibir sus vacunas o personas con enfermedades crónicas.
Un problema de salud pública
Hay quienes apuntan hacia un problema de salud pública ya que se está retrasando el tratamiento de enfermedades infecciosas. Alarma que lanzaban el 6 de marzo de 2022 desde un grupo de siete sociedades científicas, entre las que se encuentra la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP). Hablaban de dificultades y demoras en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en personas con infecciones como VIH, lo que ha impedido o retrasado el acceso a test diagnósticos, tratamientos o medidas preventivas.
“La salud es un aspecto colectivo, si tenemos a un número de personas mal vacunadas, con patologías que puedan ser transmisibles sin tratar, estamos perjudicando al conjunto de la sociedad”, expresa a El Salto Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo, entidad integrante de la plataforma REDER que lucha contra la exclusión sanitaria, para quien restringir el acceso a las personas migrantes significaba una bomba de relojería en el sistema sanitario público.
Y más en un contexto como el actual, donde la extrema derecha pueden ocupar posiciones de poder. Para Fernández el fin del acceso universal a la sanidad fue “la avanzadilla, el cebo que se coloca para ir a una regresión más de fondo en el carácter público y universal del sistema de salud, no solo para las personas migrantes”.
Y el presidente de Médicos del Mundo avisa: “El sistema sanitario va a ir progresivamente a un sistema dual, tendremos seguros privados para quien se lo pueda pagar y una sanidad pública cada vez más descapitalizada”. Por ello, para Fernández en las próximas elecciones no es solo la universalidad de la sanidad para las personas migrantes lo que está en juego, “sino para el conjunto de la población”. (...)" (Sara Plaza, El Salto, 10/07/23)
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