"Desde hace varios años, y en particular, desde el 7 de octubre de 2023, la izauierda radical y los movimientos de protesta —especialmente los antiimperialistas y antirracistas— son objeto de campañas de intimidación, que se han multiplicado en los últimos meses, y de una ofensiva represiva. Un buen número de activistas antirracistas, pro-Palestina, ecologistas, políticas/os y sindicalistas han sido objeto de numerosos ataques, ya sea en las redes sociales, a través de declaraciones de responsables políticos o mediante acciones legales.
Si bien la causa palestina ha suscitado la mayor represión y los intentos de censura más constantes, no es la única, ya que recientemente, Sophie Binet, secretaria general de la CGT, ha sido imputada por injurias públicas tras comparar a los grandes empresarios que amenazan con deslocalizar con "las ratas que huyen del barco". Un sector de la sociedad del que se habla menos, el de la universidad y la investigación, también sufre numerosos ataques de este tipo, con una multiplicación de las amenazas contra las libertades académicas, que son también ataques contra las libertades públicas.
En este editorial de la revista Contretemps, volvemos sobre esta ofensiva liberticida que requiere una amplia resistencia por parte de los círculos universitarios y más allá.
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El profesorado y las investigadoras e investigadores que se resisten al rumbo autoritario, militarista y racista del mundo se enfrentan hoy a una ola de censura, amenazas y procedimientos legales que tienen por objeto la intimidación y el silenciamiento. Estos ataques a las libertades académicas, a veces orquestados desde las altas esferas del Estado, deben entenderse en el contexto de la fascistización de las élites y del Estado, la radicalización islamófoba del Occidente imperialista, la represión de la solidaridad con el pueblo palestino contra la guerra genocida y la alianza entre neoliberales y neofascistas.
El Código de Educación francés establece claramente que "los profesores-investigadores, los profesores y los investigadores gozan de plena independencia y total libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones docentes y de sus actividades de investigación, con las reservas que les imponen, de conformidad con las tradiciones universitarias y las disposiciones del presente código, los principios de tolerancia y objetividad" (artículo L952-2).
Esta disposición recuerda que la libertad académica es la condición misma de la producción científica, basada en la autonomía respecto a los poderes, el rigor metodológico y la validación por pares. No es un privilegio corporativista ni un espacio de ilegalidad, sino una base indispensable para la vitalidad democrática.
Sin embargo, esta libertad fundamental se ve hoy amenazada y cuestionada por un conjunto de discursos, decisiones políticas y prácticas institucionales que contribuyen a una restricción general de las libertades públicas. La libertad académica está estrechamente relacionada con otras libertades, en particular la libertad de expresión y la libertad de asociación, y los ataques contra ellas son testimonio de amenazas más amplias a los principios democráticos. Defender una de estas libertades implica, por tanto, defenderlas todas.
Desde hace algunos años, varios responsables políticos señalan a la universidad como un espacio problemático, incluso peligroso. Al afirmar que «el mundo universitario [era] culpable de haber dividido a la República en dos» en junio de 2020, al salir del confinamiento, mientras se desplegaban movilizaciones contra la violencia policial convocadas por el Comité Adama Traoré tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, Emmanuel Macron legitima las ofensivas anteriores, procedentes en particular de la extrema derecha o del Printemps républicain, que ya habían llevado a la cancelación de algunos coloquios.
Jean-Michel Blanquer siguió por este camino cuando, en el contexto del asesinato de Samuel Paty, acusó a los enfoques interseccionales de amenazar a la República. Frédérique Vidal, entonces ministra de Educación Superior e Investigación, anunció en 2021 una investigación sobre el «islamoizquierdismo» en la enseñanza superior, apoyada por el diputado Patrick Hetzel, investigación que finalmente se abandonó, pero cuyos efectos nocivos se dejaron sentir de forma duradera1/. Más recientemente, Élisabeth Borne, entonces primera ministra, consideró que el «islamoizquierdismo» era «una corriente [que] existe en la sociedad y, por lo tanto, necesariamente en la universidad», reactivando la idea de que ciertas disciplinas y ciertos objetos de estudio tendrían un sesgo político incompatible con las exigencias científicas.
Desde el 7 de octubre de 2023, esta ofensiva política ha subido un peldaño: los y las investigadoras especializadas en Palestina han sido amenazadas con sanciones y/o vilipendiadas. A nivel local, presentar mociones en las instancias universitarias en solidaridad con el pueblo palestino o contra el genocidio en Gaza se ha vuelto muy complicado, mientras que las iniciativas académicas o militantes en las universidades se enfrentan a numerosos obstáculos.
Estos obstáculos llegaron incluso a las prohibiciones, como es el caso de una conferencia en la Universidad de Estrasburgo con Rima Hassan en noviembre de 2024, considerada ilegal por una orden judicial. Esta deriva se vio facilitada por la LRU, una ley impuesta bajo la presidencia de Sarkozy, que pretendía instaurar la «autonomía de lasuniversidades», pero que lo que hizo fue sobre todo aumentar la autonomía de rectores y rectoras, otorgándoles poderes propios mucho más importantes.
Además, el ciberacoso a profesionales de la investigación ha aumentado aún más y diversas iniciativas académicas han sido objeto de amenazas, como el coloquio «Materialismo histórico» en la Universidad Paris-Dauphine en junio de 2025, con el objetivo de censurar ciertas voces consideradas demasiado militantes o subversivas, lo que llevó a la organización, bajo la presión de la dirección de la institución, a sacar algunas sesiones fuera de la universidad2/.
Este salto cualitativo en la ofensiva reaccionaria condujo, además, a la elaboración de una ley cuyos decretos de aplicación se promulgaron durante el verano de 2025. De hecho, la ley del 31 de julio de 2025 sobre la lucha contra el antisemitismo en la enseñanza superior marca un giro importante y muy preocupante. Si bien sus objetivos declarados se inscriben en una lucha necesaria contra el racismo y todas las formas de discriminación, sus modalidades prácticas entrañan numerosos riesgos para las libertades académicas y la libertad de expresión del estudiantado.
La reforma del procedimiento disciplinario introduce una nueva sección académica presidida por un/a magistrado/a, lo que confiere a las presidencias de los centros un poder disciplinario mayor y potencialmente excesivo3/. La moción del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación (CNESER) pide la retirada de esta ley debido al carácter potencialmente represivo de las disposiciones adoptadas, que podrían dar lugar a un control abusivo de las expresiones militantes estudiantiles o a la confusión entre posiciones políticas y comportamientos discriminatorios.
En lo que se refiere al personal de la enseñanza superior y la investigación, y en particular de investigadoras e investigadores, se multiplican las campañas de intimidación mediática y política. En septiembre, se acusó a varios historiadores/as de fomentar el antisemitismo cuando decidieron retirarse de un coloquio organizado por la Universidad Paris Cité tras conocer que contaba con el apoyo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Fundación Científica de Israel, cuya financiación también abarca ámbitos militares4/. Las personas afectadas, que fueron invitadas por su experticia en la historia del judaísmo y las comunidades judías, vieron cómo sus nombres circulaban por las redes sociales y se veían expuestos a amenazas que no solo iban dirigidas contra su reputación, sino también contra su seguridad.
Después, se canceló el coloquio «Palestina y Europa», organizado fundamentalmente por el Centro Árabe de Investigaciones y Estudios de París (Carep Paris), que debía celebrarse en el Collège de France los días 13 y 14 de noviembre de 2025, bajo la presión conjunta del ministerio, un colectivo de abogados y una red de investigadores reaccionarios reunidos en la Red de Investigación sobre el Racismo y el Antisemitismo, que no es la primera vez que lleva a cabo una campaña de delación, fichaje y calumnia, según un artículo bien documentado, publicado por Blast. Afortunadamente, el coloquio pudo celebrarse en las instalaciones del CAREP en París, con una gran participación en línea.
Al mismo tiempo, se supo de la existencia de una encuesta del Cevipof, destinada a ser realizada en las universidades, que incluía una pregunta sobre si la institución era un lugar donde se propagaban fenómenos como el «odio a Israel», «la manifestación de apoyo a la causa palestina», «la manifestación de apoyo a Hamás» o el «odio a los sionistas»5/ todo ello presentado de antemano como indicios de antisemitismo. Para Nicolas Cadène, antiguo relator general del Observatorio de la Laicidad, tal yuxtaposición constituye una «confusión peligrosa», ya que asimila formas de expresión política legítimas, e incluso protegidas, a formas de odio o violencia punibles.
Las librerías tampoco se libran, y algunas de ellas afirman estar «especialmente afectadas por las intimidaciones» desde el 7 de octubre de 2023. La denuncia presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, contra la editorial Libertalia por un juego de las siete familias que incluye el personaje de «un policía racista de la BAC» ilustra una preocupante tendencia a criminalizar la sátira. El propio ministro del Interior también presentó una denuncia contra un humorista, Pierre-Emmanuel Barré, por haber tenido la osadía de recordar varios hechos recientes y especialmente impactantes de delitos policiales, generalmente impunes.
Por último, la suspensión del historiador Julien Théry, amenazado con perder su puesto por denunciar a los firmantes de un artículo en el que se pedía a Emmanuel Macron que no reconociera al Estado palestino, cuando la calidad de su trabajo como profesor no se ha puesto en duda, pone de manifiesto el progresivo deslizamiento hacia sanciones basadas no en faltas profesionales, sino en opiniones expresadas públicamente6/.
Todos estos hechos remiten a una dinámica más profunda, característica de un proceso de fascistización, que se basa especialmente en un vuelco ficticio de las relaciones de dominación. Así, se acusa a los grupos minoritarios de haberse vuelto dominantes y tiránicos, capaces de imponer la censura y de instaurar un clima de terror intelectual. Además, se les reprocha que se presenten como víctimas, mientras que las verdaderas víctimas serían, según esta lógica, aquellas personas que, al ver cuestionados sus privilegios, se consideran desposeídas de sus libertades7/.
La amalgama entre pensamiento crítico, activismo y odio racial permite entonces criminalizar posiciones intelectuales, deslegitimar campos de investigación y presentar ciertas disciplinas como intrínsecamente peligrosas8/. En particular, se asiste a una confusión deliberada entre antisemitismo, apoyo a Palestina, críticas al Estado colonial israelí, defensa del derecho internacional y a fortiori, cualquier análisis crítico del colonialismo y las relaciones sociales de raza.
Pueden existir formas de racismo, en particular de antisemitismo e islamofobia, pero también de sexismo, homofobia y capacitismo en las filas de la izquierda social y política, en la medida en que las opresiones estructuran y atraviesan todas las capas de la sociedad, pero son contrarias a los valores y compromisos mayoritarios de nuestras organizaciones, y deben combatirse sin tregua.
En lo que respecta específicamente al antisemitismo (pero esto es válido para todos los tipos de racismo), es importante recordar, basándonos en el último informe de la CNCDH (2023), que son, con diferencia, las personas simpatizantes de la izquierda quienes se declaran con mayor frecuencia «totalmente a favor de una lucha enérgica contra el antisemitismo»; lo mismo ocurre con la islamofobia y, en general, con el racismo.
Ante esta ofensiva, se han organizado movilizaciones colectivas. Además del trabajo cotidiano de las organizaciones sindicales, el colectivo «Vidal démission», el coloquio «La savante et le politique» (La sabia y la política) o la creación de la Asociación para la Libertad Académica y de la Coordinación Antifascista para la Afirmación de las Libertades Pedagógicas y Académicas, entre otras, dan testimonio de la voluntad de numerosos investigadores e investigadoras de resistir a este deterioro de las condiciones de trabajo intelectual.
También se han emprendido acciones legales, en particular un recurso por abuso de poder contra el anuncio de la investigación de Frédérique Vidal, mencionado más arriba. Dos años después, el ministerio respondió que estas declaraciones «no le comprometían», ya que finalmente no se había llevado a cabo ninguna investigación. Sin embargo, como recuerda el colectivo que inició el procedimiento, «estas palabras (...) tuvieron consecuencias realmente perjudiciales para los colegas»9/. Las movilizaciones sindicales, universitarias y jurídicas demuestran la capacidad del mundo académico para defenderse colectivamente, aunque las relaciones de fuerza sigan siendo desfavorables.
La acumulación de censuras, intimidaciones y presiones institucionales o políticas constituye una señal extremadamente alarmante para el estado de las libertades académicas en Francia. Preservar estas libertades implica reconocer su papel esencial en la construcción de un espacio democrático basado en la pluralidad de conocimientos y puntos de vista. También se trata de garantizar la protección y la formación de las personas más expuestas a las diferentes formas de racismo, rechazando al mismo tiempo las generalizaciones que sirven a objetivos represivos. Por último, la lucha contra las formas de discriminación presentes en los medios universitarios nunca debe conducir a la aceptación de medidas o discursos que reduzcan la libertad de expresión o de enseñanza.
La defensa de la libertad académica es indisociable de la defensa de la propia democracia, es decir, del conjunto de las libertades públicas y los derechos democráticos fundamentales. Supone una vigilancia constante y un compromiso colectivo para preservar las condiciones de un debate intelectual abierto, riguroso y contradictorio, sin el cual no puede existir ni una verdadera investigación ni una sociedad democrática.
Esta exigencia no es solo francesa: se inscribe en un contexto internacional donde las universidades se han convertido en objetivos privilegiados de las fuerzas reaccionarias. En Estados Unidos, el nuevo mandato de Donald Trump ha venido acompañado de ataques radicales contra las instituciones científicas y los campus10/.
El ejemplo más emblemático es la publicación, a principios de 2025, de una lista de palabras que pasaron a estar prohibidas en las solicitudes de financiación que se eleven a la Fundación Nacional para la Ciencia —entre ellas «diversidad», «género», «racismo», «justicia social» o «víctima»— con el fin de descartar sistemáticamente los proyectos de investigación relacionados con las desigualdades y la discriminación11/.
Esto también puede adoptar la forma de amenazas físicas, como en el caso del historiador Mark Bray, especialista en antifascismo y profesor en Nueva Jersey, que se vio obligado a huir de Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte por la firma de un decreto por parte de Donald Trump en el que se designaba al «movimiento antifa» como terrorista.
Esta ofensiva también se observa en Argentina, donde el Gobierno de Javier Milei impone una austeridad brutal y endurece la represión de las movilizaciones. Las universidades se ven estranguladas financieramente y acusadas de adoctrinamiento ideológico; el Conicet (CNRS argentino) se desmantela mediante despidos masivos y congelación de las becas, mientras que la comunidad universitaria —en particular la de ciencias humanas y sociales— es estigmatizada: la ciencia solo tiene valor si la financia el mercado.
Ante estas dinámicas autoritarias, la defensa de las libertades académicas se presenta más que nunca como un instrumento fundamental contra el odio racista, la dominación social y la violencia, ya sean promovidos en Francia o en otros lugares por la extrema derecha y sus aliados neoliberales y/o libertarios."
(Editorial Contretemps, Viento Sur, 09/01/26, fuente Contretemps)
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