"Malos tiempos en los barrios de Madrid, donde los desahucios nunca se detienen. Este miércoles fue desalojado en Vallecas Adolfo, de 60 años, junto a su hija y su nieto. La semana que viene está previsto otro desahucio, la siguiente otro y el día 22 otro más, durante un mes negro para el barrio, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tres lanzamientos en Vallecas en apenas un mes. En Madrid, la escena se repite por diferentes distritos, en Usera, Tetuán o Carabanchel, afectados por órdenes judiciales que en la Comunidad de Madrid vacían un promedio de seis viviendas diarias, según datos del Consejo del Poder Judicial.
De la mano de los desahucios ha crecido también el negocio de las compañías de desokupación, un universo de empresas ligadas a gimnasios, clubes de boxeo y empresas de seguridad privada que se mueven en un limbo legal combinando el matonismo con la negociación. Una dinámica que se extiende por otras comunidades como Cataluña, Castilla la Mancha, Andalucía o Valencia, confirman distintas asociaciones de vecinales consultadas.
“La semana pasada me echaron pegamento en la cerradura y el martes me cortaron los cables de la luz”, dice Ghita Hachemi, inquilina de la calle Membezas, en Entrevías, justo en el momento en que un técnico entra en casa para devolverle la electricidad tras dos días a oscuras. “Todas las semanas llegan hasta la puerta y la golpean, me insultan o me ofrecen dinero”, explica.
Hachemi paga mensualmente al BBVA el importe acordado con el banco en concepto de alquiler social. Sin embargo, hace un año su casa fue vendida a un nuevo dueño que la quiere fuera cuanto antes y como ella no tiene dónde irse, él ha contratado a D&A, una empresa de desokupación que tiene la misión de sacarla de su casa.
Aunque la empresa no está dada de alta ni existe en el registro de sociedades, es habitual en el sector que estas compañías aparezcan, cambien de nombre, se disuelvan y vuelvan a aparecer con nuevas siglas registrándose con un capital social de 3.000 euros.
‘Bastión Desokupación’, ‘Horus Desokupa’, ‘Rekupera’, ‘D.I.O. Express’, ‘Servi-Okupas’, ‘Recupera tu Inmueble Madrid’, ‘Antiokupa Tarraco’, ‘DesokupaCyL’, ‘Desokupación 365’ o ‘Desokupa y Recupera’ son los nombres de algunas de estas empresas que se anuncian ahora con agresivas campañas en redes prometiendo expulsar de forma legal a los inquilinos en menos de 24 horas.
Con tarifas que van de los 2.000 a los 4.000 euros por recuperación, “han vuelto a aparecer como setas”, dice Diego Sanz, miembro de la PAH. “Van cambiando los nombres, pero es la misma gente. Surgieron con la pandemia, después desaparecieron muchas, pero ahora vemos que han regresado con fuerza”, dice sobre un negocio que ha crecido notablemente en el último año siguiendo la estela de la famosa Desokupa de Daniel Esteve.
Esteve, exboxeador y empresario de seguridad, fue la primera marca que en 2016 convirtió la recuperación extrajudicial de viviendas ocupadas en un negocio reconocible y mediático que añadía a sus controvertidos métodos una agenda política contra muchas de las medidas sociales del Gobierno. Su fórmula combinó intimidación física, negociación con los ocupantes, vídeos en redes y una estética de fuerza que le dio notoriedad pública. A partir de ese modelo fueron apareciendo nuevas empresas con métodos parecidos: desde la vigilancia a la mediación y el acoso.
En el caso de Vallecas, los principales clientes no son ni fondos ni bancos, sino pequeños especuladores que adquieren las viviendas a precios muy bajos porque tienen “bicho dentro”, como se refieren despectivamente a quién ahí reside. La vivienda de Ghita Hachemi, un piso de 70 m2 donde viven matrimonio y cuatro hijos, se vendió por 73.000 euros y ahora está a la venta por 113.000. Una operación redonda si logra expulsarla a la familia.
“Me insultan, me amenazan y me cortan los cables de la luz si consiguen colarse en el portal. Se dedican a meter miedo a toda mi familia. Mi hija ha faltado al último examen debido a un ataque de ansiedad provocado por estos salvajes”, explica. Ghita y sus cuatro hijos viven en Entrevías desde 2014 y hasta 2024 tenía un contrato que se renovaba cada año. Cuando la vivienda cambió de manos, ella siguió pagando el alquiler, pero comenzó el asedio. “Suelen venir cuatro, dos se quedan en el portal y otros dos llaman a la puerta, me insultan o me ofrecen dinero por salir”, explica. La última amenaza es que establecerán “controles de acceso” para que se vaya, lo que consiste en instalarse frente al domicilio para que nadie entre ni salga. Después de varias llamadas, este periódico no ha logrado obtener la versión de la empresa de desokupación en los teléfonos proporcionados.
Según Juan Carlos González, gerente de Horus Desokupa, “en el sector hay mucho intrusismo y ha crecido de forma desmedida en el último año”, dice vía telefónica desde Toledo, adonde se ha desplazado para expulsar a un “inquiokupa”. “Cada poco tiempo surgen continuamente empresas de dos o tres personas que trabajan de cualquier manera por cuatro duros”, señala.
Los métodos
Sobre su polémica forma de operar, defiende que todo es legal. “Nosotros nos dedicamos a mediar y, según el tipo de persona, utilizamos unos métodos u otros y, por supuesto, también ofrecemos dinero, pero está claro que a nadie le gusta que estemos cuatro días delante de la puerta”, dice. “No cortamos servicios ni cerraduras, pero sí es legal montar un ‘control de acceso’ si contamos con el permiso del resto de vecinos”, añade. Para estos casos, suelen subcontratar empresas de seguridad, que son las que están legalmente autorizadas para ello. “Nos denuncian con frecuencia, pero siempre son todas desestimadas y nunca hemos sido condenados”, aclara sobre su empresa, una de las veteranas del sector, con cuatro años de vida.
“Estaba desesperado. Llevo dos años aguantando a un tipo que no quiere pagarme y necesito ese dinero porque es mi único ingreso”, dice el dueño de un inmueble en Tetuán que prefiere no dar su nombre, pero que ha recurrido a una de estas empresas a principios de año. “Tengo una hipoteca que no puedo pagar y la justicia no funciona. No son empresas que me gusten ni es la mejor opción, pero tengo tanta rabia acumulada que solo quiero acabar con esto cuanto antes. Ellos cumplen una función que ni los juzgados ni la policía hacen. Llevo dos años esperando y, si lo hubiera sabido, hubiera llamado antes”, resume este casero, que recuperó su casa después de pagar 2.000 euros a un inquilino moroso.
El Ministerio del Interior no cuenta con un registro de estas empresas dedicadas a la desokupación, que tienen como objeto social la mediación, pero que en muchos casos incluye coacciones y amenazas, y varios de sus empleados han terminado en disturbios allí donde desembarcan. Unas veces por el uso de métodos violentos, otras por portar armas y otras por hacerse pasar por falsos policías para intimidar.
Otro de los trabajos habituales para las que son contratadas es el de “testar un inmueble”, o sea, tantear para un comprador si el inquilino que está dentro “es un okupa de patada en la puerta que puede ser desalojado en pocas horas o alguien que se declarará vulnerable y, por tanto, lo más probable es que el proceso judicial para lograr el desahucio se alargue durante años. En ese caso aconsejamos no comprar”, explica el gerente de Horus Desokupa.
La presencia de este tipo de empresas se ha multiplicado en zonas de la capital como Vallecas, San Blas, Vicálvaro o Villaverde, sembrando el temor entre quienes los ven llegar. En 2023, en una corrala en ruinas de la calle Azucenas de Tetuán, siete miembros de la empresa APD Security Iberia fueron detenidos tras un intento de desalojo en el que, según fuentes policiales, llegaron a hacerse pasar por agentes. El jefe fue acusado de usurpación de funciones públicas por mostrar una placa falsa; los demás, de coacciones y tenencia ilícita de armas. Cuando fueron detenidos después de estar acosando a un inquilino, llevaban defensas extensibles, puños americanos, un cuchillo y espray de pimienta. Dos años después, en octubre de 2025, la misma empresa volvió a aparecer en Puente de Vallecas: una pelea entre vecinos y empleados de APD acabó con 16 detenidos, diez de ellos trabajadores vestidos de negro con el logotipo de la compañía, y tres heridos, incluido el propietario de la vivienda. Más viral aún se hizo el caso de DesokupaCyL, que se equivocó de piso y de portal en Lugo y comenzó a insultar y acosar a un señor que nada tenía que ver con la casa que pretendían desokupar." (Jacobo García , El País, 05/07/26)
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