"El futuro de Mari Carmen, pensionista de 87 años del madrileño barrio de Retiro, ha vuelto a quedar en manos de los juzgados. Esta semana ha sido ya la tercera vez en un año que se pospone el desalojo de la vivienda donde lleva habitando toda la vida. La primera ocurrió en octubre de 2025 cuando consiguió, gracias a la elevada presión sindical y mediática ejercida, que el lanzamiento se suspendiera en los juzgados la víspera.
Después, el 3 de junio, se aplazó 20 días la ejecución hasta finalmente volver a darle esta semana una prórroga. Esta última tregua hasta el 23 de septiembre, nueva fecha oficial de la ejecución inmobiliaria. En todo este tiempo no han cejado los pasacalles, encuentros, manifestaciones y toda clase de acciones de apoyo para acuerpar a la inquilina en lucha frente a los abusos de quienes quieren dejarla en la calle a la mayor brevedad.
El Sindicato de Inquilinas, organización con la que la octogenaria lleva todo este tiempo batallando por su casa, ha emitido este viernes un comunicado en el que ha dado a conocer la última resolución judicial. En la nota explican que el juzgado número 90 de Madrid ha estimado el recurso de su letrada que determinaba que este último aplazamiento de junio no se atenía a la legalidad. “El artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LECRIM) que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor al mes para el nuevo desahucio, el juzgado estima que a Maricarmen se le concede un nuevo mes y una nueva fecha de desahucio”.
Lo que a priori pudiera parecer una victoria parcial -la inquilina ha ganado varios meses en los que podrá permanecer en su casa mientras su defensa trata de volver a negociar un contrato asequible- en la práctica supone un acto de violencia institucional “brutal”, afirman las vecinas de Mari Carmen. “Lejos de suponer una gran victoria este aplazamiento no da una solución real al conflicto de Mari Carmen y supone una forma de violencia institucional que busca alargar la agonía de no saber qué va a pasar con su vivienda y tiene como fin desmovilizar el gran apoyo popular”, alegan. La pensionista ha sufrido un claro deterioro físico y emocional desde que recibió el primer burofax de no renovación por parte de Urbagestión, el fondo buitre que adquirió en 2020 la propiedad de su vivienda.
Cada decisión judicial de posponer el lanzamiento no hace sino alargar su agonía. La ansiedad se acumula lentamente día tras día mientras los Gobiernos central y autonómico rehúsan tomar cartas en el asunto. Beatriz Duro, abogada de la vecina, ya se pronunció sobre este hecho en el último intento de lanzamiento pospuesto. “Vivir dos desahucios en apenas 20 días es un tortura psicológica que ninguna persona debería pasar. Un aplazamiento del desahucio promovido por unas leyes rentistas que están acabando con su salud y literalmente con la vida de Maricarmen”, protestaba. “Al final es un procedimiento para cualquier persona que lo sufre resulta súper desgastante y genera muchísima incertidumbre, tensión, malestar, sumado a que tiene 87 años. Vemos que estos procedimientos son realmente crueles”, añadía Duro en conversación con El Salto.
Toda una vida de recuerdos en Retiro
Mari Carmen lleva en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda desde que sus padres se instalaron en el barrio de Ibiza, en Retiro en el año 1956, cuando ella tenía solo 17 años. Pensaba terminar su vida en él pero la propietaria de su piso tenía otros planes. Como ha ocurrido este año a miles de familias madrileñas, en 2018 el piso donde vio fallecer a sus dos progenitores fue adquirido por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones SL después de que la anterior propietaria vendiera toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España, y este lo revendiera. Urbagestión está especializado en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias y su dirección recae en manos de los rentistas Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que son a su vez titulares de más de una docena de empresas.
El contrato subrogado a su favor 15 años antes debía haberse extinguido en 2007 y la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. “Maricarmen, a sus 87 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de 'tan sólo' el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada”, denunciaba meses atrás el Sindicato.
El Tribunal Supremo dio la razón el pasado mes de marzo a Urbagestión y la empresa solo ofreció dos opciones a Mari Carmen: o pagar un alquiler mensual de 1.650 euros, es decir, sufrir un incremento del 275% de la renta (sabiendo que su pensión es de solo es de sólo 1.450 euros) o abandonar el edificio forzosamente. Desde que manifestó su imposibilidad de abonar esas cantidades astronómicas, reclamando una renta más acorde a sus ingresos, las negociaciones con Urbagestión cayeron en saco roto. No hubo forma de dialogar ni de llegar a acuerdos.
Las inquilinas en lucha han señalado en todo momento la inacción institucional por parte del Ministerio de Vivienda. Primero, las administraciones hicieron caso omiso a la carta enviada por la anciana en la que imploraba una solución asequible para su situación. Después, la Ministra, Isabel Rodríguez, se reunió con el Sindicato de Inquilinas y Maricarmen para trabajar una propuesta sólida que pudiera salvarla del desalojo pero nadie de la organización ha recibido noticias al respecto cinco meses después de aquella cita. El Sindicato afeó el gesto a la ministra a través de un escrache que tuvo lugar el pasado 15 de junio durante su intervención en el acto del II Foro inmobiliario 360º, exigiendo una implicación real en el caso. “La forma de atajar el problema de Maricarmen es legislando para que nadie más deba pasar por este calvario”, han remarcado esta semana.
El marco legislativo tampoco estaba de su lado. En febrero cayó en el Congreso la prórroga de la moratoria antidesahucios, que contemplaba la suspensión de los lanzamientos en el caso de personas vulnerables —ella lo es, por lo que inicialmente se acogió al Real Decreto 11/2020—. Luego fracasó en el debate parlamentario la prórroga de los alquileres con los votos en contra de PP, Junts y Vox. La inquilina no pudo acogerse a este decreto ni siquiera en su corto periodo de vigencia puesto que la suspensión de dos años de los contratos se aplicaba a aquellos regidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el suyo era de renta antigua anterior a la ley. Una casuística injusta que fue recurrida sin éxito ante el Tribunal Constitucional.
Naciones Unidas solicitó a España suspender cautelarmente el lanzamiento
“Ahora mismo legalmente no puede acogerse a nada, es decir, no hay nada legal que contemple su caso”, explicaba Duro hace una semana. Casos como el de Mari Carmen, afirmaban las vecinas de la pensionista recientemente, “ponen en el centro del debate público la necesidad de contratos indefinidos que impidan que familias se queden en la calle tras 5 años hagan lo que hagan. El caso de Maricarmen es aún más sangrante, teniendo en cuenta que lleva 70 años en esa vivienda”. Agotadas todas las vías legales a las que recurrir dentro del Estado español, la lucha por el derecho a la vivienda de Mari Carmen fue elevado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) de Naciones Unidas este mes de junio.
Desde este organismo de la ONU se instó a España a suspender cautelarmente la ejecución mientras se tramitaba el procedimiento y se encontraban alternativas habitacionales, argumentando que el Estado tendría plazo hasta diciembre de este año para hacer alegaciones. Además, la defensa de Mari Carmen añadió tras las recomendaciones de Naciones Unidas que en su caso debería darse un juicio de proporcionalidad: no es igual el perjuicio que se está ocasionando a una anciana si ésta es desahuciada que el que se le está ocasionando a Urbagestión por no poder ejercer el derecho a la propiedad privada.
Esta resolución, sin embargo, carecía de carácter vinculante, aunque sí permitía a la judicatura disponer de herramientas como para motivar una resolución a favor de Mari Carmen. Actualmente no se ha valorado y por eso el desahucio sigue en pie. Hoy, la única alternativa habitacional que las instituciones de la Comunidad de Madrid le ofrecen —puesto que ella no tiene familiares directos ni otro lugar donde quedarse— es una residencia en Alcalá de Henares, por la que tendría que pagar cerca de 1.200 euros al mes. “No es una opción ni por la ubicación, ya que tarda una hora en transporte público en ir a su médico, ni por el precio, porque no lo puede pagar. En realidad ella es una persona autónoma que vive sola en su casa, que se hace la comida y la cena todos los días y que no tiene por qué ir a una residencia”, comenta Duro.
Querella criminal contra activistas del Sindicato de Inquilinas
La última comunicación que recibió el Sindicato de Inquilinas por parte de los propietarios de la vivienda ha sido la interposición de una querella criminal contra una de sus portavoces, Valeria Racu, por presuntos delitos de coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, contra la intimidad y contra el honor. Ya el pasado 3 de junio alegaron que la vecina se había dedicado por activa y por pasiva a promover campañas de difamación contra ellos a través de las distintas acciones que organizó el sindicato para visibilizar su dramática situación. Urbagestión requiere asimismo 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios por la campaña mediática llevada a cabo para arropar a Mari Carmen y defender su derecho a permanecer en su casa. El acto de conciliación, que estaba previsto para el jueves pasado, se celebrará en próximas semanas.
Hoy, para otorgar estabilidad y protección a las inquilinas, que actualmente pueden ser expulsadas de sus viviendas a voluntad del casero al cabo de cinco años, el Sindicato de Inquilinas propone establecer por ley contratos indefinidos. “Es la forma de poder tener proyectos de vida estables y a largo plazo que no dependan de cuándo se te acaba el contrato de alquiler. Esto ya está regulado en países como Inglaterra”, traslada Alicia del Río, portavoz de esta organización. A su juicio, las políticas de vivienda deberían poner fin “de una vez por todas” a la compra especulativa de inmuebles en aras de que éstos no acaben destinados a usos no residenciales como el alquiler turístico o por habitaciones.
“Las casas tienen que comprar para vivir en ellas, y esto ya se ha regulado en ciudades como Ámsterdam”, añade. Para muchos, el caso de Mari Carmen se ha convertido estos últimos meses en un emblema de la crueldad del sistema actual, que privilegia la ganancia individual al bienestar colectivo. El movimiento de vivienda lleva años reclamando a las distintas instituciones medidas legislativas que pongan coto a la voracidad de los fondos buitres, cuyas operaciones financieras ya han dejado en la calle a miles de vecinas en todo el Estado."
Después, el 3 de junio, se aplazó 20 días la ejecución hasta finalmente volver a darle esta semana una prórroga. Esta última tregua hasta el 23 de septiembre, nueva fecha oficial de la ejecución inmobiliaria. En todo este tiempo no han cejado los pasacalles, encuentros, manifestaciones y toda clase de acciones de apoyo para acuerpar a la inquilina en lucha frente a los abusos de quienes quieren dejarla en la calle a la mayor brevedad.
El Sindicato de Inquilinas, organización con la que la octogenaria lleva todo este tiempo batallando por su casa, ha emitido este viernes un comunicado en el que ha dado a conocer la última resolución judicial. En la nota explican que el juzgado número 90 de Madrid ha estimado el recurso de su letrada que determinaba que este último aplazamiento de junio no se atenía a la legalidad. “El artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LECRIM) que establece que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo. Al haberse dado un plazo menor al mes para el nuevo desahucio, el juzgado estima que a Maricarmen se le concede un nuevo mes y una nueva fecha de desahucio”.
Lo que a priori pudiera parecer una victoria parcial -la inquilina ha ganado varios meses en los que podrá permanecer en su casa mientras su defensa trata de volver a negociar un contrato asequible- en la práctica supone un acto de violencia institucional “brutal”, afirman las vecinas de Mari Carmen. “Lejos de suponer una gran victoria este aplazamiento no da una solución real al conflicto de Mari Carmen y supone una forma de violencia institucional que busca alargar la agonía de no saber qué va a pasar con su vivienda y tiene como fin desmovilizar el gran apoyo popular”, alegan. La pensionista ha sufrido un claro deterioro físico y emocional desde que recibió el primer burofax de no renovación por parte de Urbagestión, el fondo buitre que adquirió en 2020 la propiedad de su vivienda.
Cada decisión judicial de posponer el lanzamiento no hace sino alargar su agonía. La ansiedad se acumula lentamente día tras día mientras los Gobiernos central y autonómico rehúsan tomar cartas en el asunto. Beatriz Duro, abogada de la vecina, ya se pronunció sobre este hecho en el último intento de lanzamiento pospuesto. “Vivir dos desahucios en apenas 20 días es un tortura psicológica que ninguna persona debería pasar. Un aplazamiento del desahucio promovido por unas leyes rentistas que están acabando con su salud y literalmente con la vida de Maricarmen”, protestaba. “Al final es un procedimiento para cualquier persona que lo sufre resulta súper desgastante y genera muchísima incertidumbre, tensión, malestar, sumado a que tiene 87 años. Vemos que estos procedimientos son realmente crueles”, añadía Duro en conversación con El Salto.
Toda una vida de recuerdos en Retiro
Mari Carmen lleva en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda desde que sus padres se instalaron en el barrio de Ibiza, en Retiro en el año 1956, cuando ella tenía solo 17 años. Pensaba terminar su vida en él pero la propietaria de su piso tenía otros planes. Como ha ocurrido este año a miles de familias madrileñas, en 2018 el piso donde vio fallecer a sus dos progenitores fue adquirido por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones SL después de que la anterior propietaria vendiera toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España, y este lo revendiera. Urbagestión está especializado en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias y su dirección recae en manos de los rentistas Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que son a su vez titulares de más de una docena de empresas.
El contrato subrogado a su favor 15 años antes debía haberse extinguido en 2007 y la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. “Maricarmen, a sus 87 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de 'tan sólo' el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada”, denunciaba meses atrás el Sindicato.
El Tribunal Supremo dio la razón el pasado mes de marzo a Urbagestión y la empresa solo ofreció dos opciones a Mari Carmen: o pagar un alquiler mensual de 1.650 euros, es decir, sufrir un incremento del 275% de la renta (sabiendo que su pensión es de solo es de sólo 1.450 euros) o abandonar el edificio forzosamente. Desde que manifestó su imposibilidad de abonar esas cantidades astronómicas, reclamando una renta más acorde a sus ingresos, las negociaciones con Urbagestión cayeron en saco roto. No hubo forma de dialogar ni de llegar a acuerdos.
Las inquilinas en lucha han señalado en todo momento la inacción institucional por parte del Ministerio de Vivienda. Primero, las administraciones hicieron caso omiso a la carta enviada por la anciana en la que imploraba una solución asequible para su situación. Después, la Ministra, Isabel Rodríguez, se reunió con el Sindicato de Inquilinas y Maricarmen para trabajar una propuesta sólida que pudiera salvarla del desalojo pero nadie de la organización ha recibido noticias al respecto cinco meses después de aquella cita. El Sindicato afeó el gesto a la ministra a través de un escrache que tuvo lugar el pasado 15 de junio durante su intervención en el acto del II Foro inmobiliario 360º, exigiendo una implicación real en el caso. “La forma de atajar el problema de Maricarmen es legislando para que nadie más deba pasar por este calvario”, han remarcado esta semana.
El marco legislativo tampoco estaba de su lado. En febrero cayó en el Congreso la prórroga de la moratoria antidesahucios, que contemplaba la suspensión de los lanzamientos en el caso de personas vulnerables —ella lo es, por lo que inicialmente se acogió al Real Decreto 11/2020—. Luego fracasó en el debate parlamentario la prórroga de los alquileres con los votos en contra de PP, Junts y Vox. La inquilina no pudo acogerse a este decreto ni siquiera en su corto periodo de vigencia puesto que la suspensión de dos años de los contratos se aplicaba a aquellos regidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el suyo era de renta antigua anterior a la ley. Una casuística injusta que fue recurrida sin éxito ante el Tribunal Constitucional.
Naciones Unidas solicitó a España suspender cautelarmente el lanzamiento
“Ahora mismo legalmente no puede acogerse a nada, es decir, no hay nada legal que contemple su caso”, explicaba Duro hace una semana. Casos como el de Mari Carmen, afirmaban las vecinas de la pensionista recientemente, “ponen en el centro del debate público la necesidad de contratos indefinidos que impidan que familias se queden en la calle tras 5 años hagan lo que hagan. El caso de Maricarmen es aún más sangrante, teniendo en cuenta que lleva 70 años en esa vivienda”. Agotadas todas las vías legales a las que recurrir dentro del Estado español, la lucha por el derecho a la vivienda de Mari Carmen fue elevado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) de Naciones Unidas este mes de junio.
Desde este organismo de la ONU se instó a España a suspender cautelarmente la ejecución mientras se tramitaba el procedimiento y se encontraban alternativas habitacionales, argumentando que el Estado tendría plazo hasta diciembre de este año para hacer alegaciones. Además, la defensa de Mari Carmen añadió tras las recomendaciones de Naciones Unidas que en su caso debería darse un juicio de proporcionalidad: no es igual el perjuicio que se está ocasionando a una anciana si ésta es desahuciada que el que se le está ocasionando a Urbagestión por no poder ejercer el derecho a la propiedad privada.
Esta resolución, sin embargo, carecía de carácter vinculante, aunque sí permitía a la judicatura disponer de herramientas como para motivar una resolución a favor de Mari Carmen. Actualmente no se ha valorado y por eso el desahucio sigue en pie. Hoy, la única alternativa habitacional que las instituciones de la Comunidad de Madrid le ofrecen —puesto que ella no tiene familiares directos ni otro lugar donde quedarse— es una residencia en Alcalá de Henares, por la que tendría que pagar cerca de 1.200 euros al mes. “No es una opción ni por la ubicación, ya que tarda una hora en transporte público en ir a su médico, ni por el precio, porque no lo puede pagar. En realidad ella es una persona autónoma que vive sola en su casa, que se hace la comida y la cena todos los días y que no tiene por qué ir a una residencia”, comenta Duro.
Querella criminal contra activistas del Sindicato de Inquilinas
La última comunicación que recibió el Sindicato de Inquilinas por parte de los propietarios de la vivienda ha sido la interposición de una querella criminal contra una de sus portavoces, Valeria Racu, por presuntos delitos de coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, contra la intimidad y contra el honor. Ya el pasado 3 de junio alegaron que la vecina se había dedicado por activa y por pasiva a promover campañas de difamación contra ellos a través de las distintas acciones que organizó el sindicato para visibilizar su dramática situación. Urbagestión requiere asimismo 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios por la campaña mediática llevada a cabo para arropar a Mari Carmen y defender su derecho a permanecer en su casa. El acto de conciliación, que estaba previsto para el jueves pasado, se celebrará en próximas semanas.
Hoy, para otorgar estabilidad y protección a las inquilinas, que actualmente pueden ser expulsadas de sus viviendas a voluntad del casero al cabo de cinco años, el Sindicato de Inquilinas propone establecer por ley contratos indefinidos. “Es la forma de poder tener proyectos de vida estables y a largo plazo que no dependan de cuándo se te acaba el contrato de alquiler. Esto ya está regulado en países como Inglaterra”, traslada Alicia del Río, portavoz de esta organización. A su juicio, las políticas de vivienda deberían poner fin “de una vez por todas” a la compra especulativa de inmuebles en aras de que éstos no acaben destinados a usos no residenciales como el alquiler turístico o por habitaciones.
“Las casas tienen que comprar para vivir en ellas, y esto ya se ha regulado en ciudades como Ámsterdam”, añade. Para muchos, el caso de Mari Carmen se ha convertido estos últimos meses en un emblema de la crueldad del sistema actual, que privilegia la ganancia individual al bienestar colectivo. El movimiento de vivienda lleva años reclamando a las distintas instituciones medidas legislativas que pongan coto a la voracidad de los fondos buitres, cuyas operaciones financieras ya han dejado en la calle a miles de vecinas en todo el Estado."
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