"(...) Ø Decretar una moratoria de la deuda pública y emprender una auditoría ciudadana
–en la que participen miembros de organizaciones sociales comprometidos
con este fenómeno (como la PACD, el CADTM o el OdG), y expertos
elegidos democráticamente, y cuyos resultados estén bajo control social,
por un plazo de seis meses.
Ø Se trata de abrir un proceso de evaluación de las políticas públicas para determinar qué porcentaje de la deuda es ilegítima,
en base a un vector: la conversión de las deudas privadas en públicas.
Para este cometido se estudiarán los efectos del modelo tributario y del
volumen de gasto público, para realizar una aproximación al crecimiento
de la deuda pública, que partió del 37% del PIB en 2007 hasta superar
el 100% a finales de 2014.
Ø La aplicación selectiva de porcentajes de quita o de reducción de tipos o alargamiento de plazos, dejando
intactos los derechos sobre pequeños ahorradores (menos del 1% del
total de la deuda), fondos de pensiones y fondo de reserva de la
seguridad social.
Ø Se realizaría una auditoría de las diferentes partidas presupuestarias,
identificando los destinos del gasto. Las ayudas y rescates al capital
se convertirían en acciones de oro (en manos públicas).
Las partidas de
gasto que sirvieron al interés o enriquecimiento particular o
constituyeron un gasto infructuoso serán declaradas deudas odiosas y se
exigirá su devolución, con el consiguiente encausamiento penal de los
políticos implicados y los beneficiarios de estos proyectos.
Ø Se intentará, si es posible, la concertación de iniciativas similares en otros países damnificados,
de cara a fortalecer las medidas unilaterales a adoptar o la fuerza
negociadora, en la que se tendrá en cuenta el reforzamiento de la
cooperación económica entre los países implicados como endeudados (en
materia financiera, inversiones, comercial, etc.) y el replanteamiento
de las relaciones con la UE (desde la revisión de políticas, tratados,
instituciones o cualquier iniciativa emancipadora que se contemple).
Ø Se realizarán las medidas complementarias que sean precisas:
simultanear el proceso de moratoria con un establecimiento transitorio
de control de movimiento de capitales para evitar fugas; nueva regulación del sistema financiero privado
para garantizar los depósitos y la función social del crédito, y con
una cláusula que indique que en caso de incumplimiento supondrá el paso
de su patrimonio a un nuevo polo bancario público; una reforma fiscal progresiva que soporte el esfuerzo fiscal principal en las grandes fortunas, rentas del capital y altas; o una política de inversiones masiva para extender infraestructuras e industrias basadas en energías renovables, para reducir la dependencia energética y minorar la emisión de gases de efecto invernadero.
Ø Se emprenderá una política para atajar la deuda hipotecaria de los hogares,
estableciendo una quita de los montantes de la deuda de la vivienda en
la que se resida, equivalente a la caída en el valor de la tasación del
inmueble. Se eliminarán las cláusulas suelo.
Se establecerá la dación en
pago para acabar con la deuda definiendo el derecho al usufructo
mediante conversión en alquiler social (un máximo del 30% de los
ingresos familiares), desarrollando medidas fiscales de alto gravamen
sobre las viviendas vacías o en desuso, y haciendo pasar a un parque
público de alquiler las viviendas del SAREB.
Ø Aunque es probable que el impago selectivo tenga
consecuencias transitorias negativas (cierre temporal a los mercados
financieros, posible expulsión del euro –si no se alcanza un acuerdo que
redefina las reglas europeas-, encarecimiento de las materias primas y
energía si hay que tomar una nueva moneda devaluada, etc.), se podrá
contar con resortes y recursos nuevos: la deuda aminorada puede liberar
más de un 6% adicional del PIB para recursos públicos, la reforma fiscal
para alcanzar la media europea un 8% más, y la lucha contra el fraude
efectiva otro 8%, lo que sumando con la configuración de un polo público
bancario, puede afirmarse que podrá responderse a esta situación, mejor
aún si este camino se emprende en compañía de otros países solidarios.
Es preciso incluir en la agenda política una explicación pedagógica a la
población que ponga sobre la mesa el coste de la libertad, para que se
observe el horizonte y se convenza de que merece la pena. Sin el apoyo
popular difícilmente podrá llevarse adelante medidas de esta naturaleza." (Daniel Albarracín, Viento Sur, 17/12/2014)
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