"Ayer, tras la no dimisión del presidente del Gobierno, hubo mucho comentario grandilocuente sobre la democracia. Hay que insistir en que Pedro Sánchez no es la democracia ni el problema de la Justicia en España se circunscribe sólo a la ideologización o el lawfare. El problema es mucho más profundo.
Por más que se dijera desde la izquierda y, sobre todo, desde el PSOE, que España es una democracia plena, la realidad es que no es así porque, al contrario de lo que indica la Constitución, el país no se constituye en un «Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
Mientras que no se depure a la Administración de Justicia, España no podrá afirmar con rotundidad que es lo que dice la Carta Magna.
En España hay cerca de 5.500 jueces. Seguramente, más de un 85% de ese número realiza su trabajo con la diligencia debida y tomando decisiones basadas en la aplicación de la Ley. El resto deja muchas dudas y lo peor es que ese número ocupa los puestos donde se tiene la capacidad de dictar sentencias firmes o de difícil recurso.
El problema está en que desde la reinstauración de la democracia en el año 1976, tras la aprobación en referéndum de la Ley de Reforma Política, ha habido muchas reformas legales pero la Administración de Justicia aún no ha pasado por el tamiz de la Transición. No se trata sólo de que haya jueces franquistas, sino que los tribunales siguen funcionando con el mismo sistema de influencias que sólo favorecen a los poderosos. Lo que debiera ser hacer justicia, se ha convertido en ensañamiento hacia los ciudadanos.
En España hay secciones de audiencias provinciales en las que, por defecto, la balanza de la justicia siempre cae del lado de los poderosos. Los abogados independientes que defienden al pueblo ya empiezan a preparar los recursos al Supremo cuando se enteran de que el reparto ha decidido que sus causas han caído en esas secciones. No hay nada que hacer, ya se sabe el resultado de antemano. Lo mismo sucede con los tribunales superiores de Justicia, el Supremo, la Audiencia Nacional o los juzgados de lo Mercantil. En primera instancia e instrucción, sucede, pero con mucha menor intensidad.
Ayer, Pedro Sánchez, en su comparecencia afirmó «Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza, si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España […] Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango coloniza impunemente la vida política, la vida pública, contaminados de prácticas tóxicas inimaginables».
La regeneración democrática, un fenómeno del que ya se empezó a hablar durante el primer gobierno de Mariano Rajoy, sólo puede iniciarse con una limpieza absoluta de la Administración de Justicia. No debe pensarse sólo que esto se arregla por una purga ideológica de jueces o por la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El problema es mucho más grave y profundo porque lo sufren los ciudadanos. Ahora el PSOE y Pedro Sánchez se han sentido golpeados por las decisiones judiciales, ahora les ha tocado a ellos y, por esa razón, han reaccionado. Sin embargo, los ciudadanos de a pie, los pequeños empresarios, las familias de clase media y trabajadora, lo llevan sufriendo durante décadas sin que desde la política nadie haya hecho nada para evitarlo.
Reformar a fondo no es una intrusión en la independencia del poder judicial porque, en realidad es hacer lo que no se hizo en la Transición. Como ha afirmado en repetidas ocasiones el editor de Diario16, Manuel Domínguez Moreno, es «la revolución pendiente» de la democracia española.
Por esa razón, lo primero que tiene que hacer Pedro Sánchez es acometerla con valentía, sin miedo y con mucha efectividad atacando al problema desde la raíz. Si tiene intención de hacerlo y le permiten conseguirlo, entonces dejará un legado histórico.
Hay mucho que hacer y los más de 4.800 jueces justos se lo agradecerán porque no tendrán que convivir rodeados del fango que acumulan aquellos que priorizan el bienestar de los poderosos frente a la aplicación del principio de igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución.
Sánchez no debe tener miedo a enfrentarse a la polémica de crear un organismo independiente de los tres poderes para controlar las decisiones que adoptan los jueces. Ese organismo independiente, además de funciones de control de sentencias, también debe tener capacidad ejecutiva a la hora de sancionar o llevar ante la Fiscalía a los jueces que se desvíen de la legalidad en sus decisiones. Y, por supuesto, encargarse de controlar el reparto que, por más que desde los decanatos se afirme que es «aleatorio», la realidad es que se producen demasiadas «casualidades».
Lo mismo hay que tener valor para ordenar una investigación del patrimonio de los jueces, tanto dentro como fuera de España, para, de este modo, verificar la limpieza de los procedimientos.
El gobierno de Sánchez también debe regular la actividad de los grandes despachos de abogados y de importantes consultoras, al igual que se hace en distintos sectores como la banca o la energía, para evitar que se generen redes de influencias entre esos bufetes y los jueces que instruyen causas relacionadas con sus grandes clientes.
En este sentido, también se hace necesaria una legislación para incrementar el régimen de incompatibilidad que impida que haya jueces que sean contratados por los grandes despachos si han instruido causas de sus clientes. Es decir, frenar las puertas giratorias de la Justicia, que las hay.
Respecto al régimen de incompatibilidades de los jueces, también se hace necesaria una reforma legal para evitar que los titulares de los juzgados de lo Mercantil puedan acudir o ser ponentes de cursos, jornadas, congresos organizados por administradores concursales.
También se hace necesaria una reforma profunda de la protección a las personas que denuncien a los jueces para evitar que se tomen represalias legales contra ellas o sus empresas, además de eliminar las «listas negras» que, como las meigas, «haberlas, hailas».
El problema de la Justicia en España es tan grave que estas son
algunas de los elementos que se precisan para reformarla. Hay muchas
más, pero este sería un inicio que demostraría que sí hay intención de
ejecutar una verdadera regeneración para que se cumpla la Constitución.
Y, todo ello, sin entrar en el capítulo de la ideología o el lawfare." (José Antonio Gómez, Diario16, 30/04/24)
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