"El banco malo (SAREB), suma y sigue. Sigue sumando deuda pública al abultadísimo rescate de la banca española, hipoteca que aún no ha sido devuelta y que no ha resuelto el grave problema de vivienda que arrastra el país.
El más reciente anuncio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es que no podrá podrá devolver parte de la deuda que tiene con aval del Estado, que ascendía a 50.781 millones de euros en su origen en 2012 y era de 29.413 millones de euros a cierre de 2023 [1]. En concreto, en su reciente presentación de resultados, el banco malo ha reconocido que le será imposible reembolsar 14.600 millones de euros, que pasarán a engrosar aún más la deuda pública cuando en 2027 expire el mandato de la sociedad. Los tenedores de estos bonos son los principales bancos, como Santander, CaixaBank y BBVA [2].
’Hay una parte de la deuda que no se va a poder amortizar’, admitió Leopoldo Puig, consejero delegado de SAREB, en la presentación de resultados el pasado 25 de abril. ’En nuestras cuentas oficiales ya reflejamos un patrimonio negativo de 14.600 millones, eso ya va dando un indicio de por dónde van las cosas...’, dijo. Y dudó de si serían capaces de liquidar toda la cartera en 2027 [3].
En las goteras de la banca en general y el banco malo en particular, llueve sobre mojado. En el rescate de hasta 100.000 millones de euros que Luis de Guindos, bajo el Gobierno popular de Mariano Rajoy, firmó en 2012 [4] y que ya disparó aquel año la deuda y el déficit públicos [5], hay que contabilizar la reclasificación en el sector de las Administraciones Públicas de 34.182 millones de euros de la SAREB en 2020, en plena pandemia, por mandato de la Comisión Europea, supervisora estricta de todo el proceso de reestructuración de la banca española desde su inicio [6]. El resultado fue un aumento de la deuda pública que representó nada más y nada menos que el 3% del PIB español a precios de mercado en diciembre de 2020, según cálculos del Banco de España [7], lo que contribuyó a superar el 125% del PIB en el primer trimestre de 2021 [8]. (Ver gráfico de la AIReF)
SAREB, entre buitres y parásitos
Desde estas líneas hemos dado buena cuenta de las prácticas del banco malo que, gestionado entre buitres y parásitos [9] le han llevado a registrar pérdida tras pérdida, con una transparencia muy mejorable. Un agujero negro sin fin del que nadie responde.
Entre dichas prácticas se cuentan los exdirectivos del banco malo que terminan recalando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB. Como el caso de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que fue fichado a principios de 2023 por Blackstone, buitre de casas y casinos [10]. Pocos meses antes, Areal había sido uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente. El Proyecto SMO se implementó después de que la SAREB pasara a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva”.
Reconociendo sin pudor que ni ha cumplido ni cumplirá el mandato que al banco malo le fue encomendado, sus gestores no han tenido empacho en embolsarse sueldos escandalosos. Solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [11].
Y eso que la propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones”.
Pero es que además, el propio documento del rescate financiero, el Memorando de Entendimiento entre la Comisión Europea y España, que incluye la obligación de crear la entidad de gestión de activos deteriorados para su segregación, detalla lo siguiente:
“Los bancos que reciban ayuda estatal contribuirán con sus propios recursos, en la mayor medida posible, al coste de la reestructuración. Posibles medidas son la venta de participaciones y activos secundarios, la eliminación de actividades secundarias, la prohibición del pago de dividendos, la prohibición de remuneración discrecional de los instrumentos híbridos de capital y la prohibición del crecimiento no orgánico. Los bancos y sus accionistas deberán sufrir pérdidas antes de que se aprueben medidas de ayuda estatal, y garantizar la absorción de las pérdidas de los instrumentos de capital y de los instrumentos híbridos de capital, en la mayor medida posible” [12].
Nuevas reglas fiscales de la UE
Este reconocimiento de que el banco malo no podrá devolver el rescate, lo que engrosará aún más la deuda pública, se produce al tiempo que la Unión Europea (UE) vuelve oficialmente a la austeridad. El pasado 30 de abril entraron en vigor las nuevas reglas fiscales de la UE [13].
Entre las normas figura que los países con deuda excesiva tendrán que reducirla, de media, un punto porcentual al año si se sitúa por encima del 90% del PIB, y en 0,5 puntos si está entre el 60% y el 90% del PIB. Si el déficit supera el 3% del PIB, el país en cuestión tendrá que reducirlo en los periodos con crecimiento para alcanzar 1,5% y acumular capacidad de gasto para utilizarla cuando las condiciones económicas sean menos propicias. Los estados miembros deberán remitir sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024 [14].
Mientras tanto, los desahucios continúan, así como los desequilibrios en materia de vivienda. En uno de sus últimos comunicados, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) recoge el número de desahucios ejecutados en España en 2023: 26.659, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos desahucios se desglosan de la siguiente manera: 5.260 derivados de ejecución hipotecaria, 19.676 como consecuencia de impago de alquiler, y 1.723 derivados de otras causas. “También la banca ha presentado 19.577 nuevas ejecuciones hipotecarias, que elevarán sin duda la cifra de desahucios por esta causa en 2024”, añade la PAH.
Según la plataforma, “estas cifras corroboran, en primer lugar, que el Derecho Humano a la Vivienda es inexistente, por la falta de Parque Público, tantas veces reivindicado por la PAH. También que, como venimos denunciando, aunque el escudo social evita muchos desahucios, es insuficiente para hacer frente a la especulación”. Entre las reivindicaciones finales de ese comunicado, la PAH exige al Gobierno “que ponga de inmediato todo el parque de la Sareb en los Parques Públicos de Vivienda, que reclame el uso temporal del parque en manos de la banca rescatada como parte del pago de su deuda, y que invierta en la expropiación de parte de los 3,8 millones de casas desocupadas existentes” [15].
Tanto las entidades financieras como los fondos, cuando sus clientes o inquilino/as no pagan, los desahucian sin contemplaciones y les echan encima todo el peso de la ley. ¿Por qué para ellos su hipoteca no devuelta, que se cuenta por miles de millones de euros y afecta al interés general [16], sus deudas impagadas, su nefasta gestión, su flagrante expolio a las arcas públicas no tienen consecuencias? (...)"
(
Fátima Martín , CADTM, 06/05/2, notas en el original)
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