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1.5.24
Inquilinos se rebelan contra los contratos ilegales de temporada: “Cada semana me llamaba la empresa para acosarme” En la isla de Eivissa proliferan los contratos cortos, a pesar de que la Ley de Vivienda obliga a un mínimo de cinco años de vigencia
"En Eivissa proliferan los contratos de arrendamiento de temporada, esos que se han convertido en la trampa para esquivar la Ley de vivienda estatal.
Es el caso de Sonia y su familia, cuyo contrato ha vencido el 30 de
abril. Según la propiedad, no es un contrato como vivienda habitual,
sino de temporada. “He dejado de cogerles el teléfono. Ya no aguanto
más”. Así se manifiesta la mujer, inquilina de una diminuta vivienda en
la isla, a la que, según cuenta a elDiario.es, la propiedad “acosa” para
que abandone la casa cuando cumpla el contrato temporal de 2 años que
estaba en vigor, el último que han firmado.
El acoso es continuo, asegura la mujer. El mismo día que habla
con este periódico encuentra un papel pegado a su telefonillo
indicándole que tiene que pasar por el juzgado a recoger una citación.
No es el primer contrato fraudulento que firma en esta vivienda. “No es
una persona a quién yo le he alquilado la casa, es una empresa que tiene
una inmobiliaria y una constructora”, concreta Sonia. Como ella, muchos
otros inquilinos se ven afectados por esos contratos que, según el
Sindicato de Inquilinas de la isla, son “totalmente ilegales” porque el
periodo mínimo de alquiler, según estipula la Ley de vivienda estatal,
es de 5 años en los casos en los que el arrendador es un particular y de
7 años cuando es una empresa.
“Yo entré en la casa hace 4 años con un contrato de 11 meses
donde ponía que era un contrato de temporada. En ese mismo momento,
pregunté si me lo van a poder renovar. A los 11 meses me renovaron por
un año, al año me renuevan otra vez y, como dicen que me porto muy bien
porque no protesto, firmamos otro nuevo contrato de dos años. Llevo
meses hablándoles por WhatsApp, pero nunca me responden si me van a
renovar o no, aunque sí lo hacen si hablamos de otras cuestiones. Y, de
repente, me dicen que quieren vender la casa porque se jubilan”, explica
la arrendataria, que vive con su marido y su hijo y que asegura que
esta razón es una excusa para que abandone la casa. “Sé que son
propietarios de más casas al lado de la mía. A algunos de ellos también
les han dicho que se tienen que ir, seguramente para alquilarlas en plan
turístico o para cobrar el doble de lo que pagamos ahora. Es mentira,
no se jubilan, es una empresa super grande”, aclara.
Sé que son propietarios de más casas al lado
de la mía. A algunos de ellos también les han dicho que se tienen que
ir, seguramente para alquilarlas en plan turístico o para cobrar el
doble de lo que pagamos ahora. Es mentira, no se jubilan, es una empresa
super grande
Sonia — Afectada por los contratos temporales
“Los únicos contratos temporales que se pueden hacer son los
turísticos y para ello hay que tener una licencia expedida por el
Consell Insular de Eivissa como vivienda turística”, puntualiza Daniel
Granda, portavoz del Sindicato de Inquilinas, entidad a la que la mujer
acudió para que le informaran de sus derechos. “Me dijeron que tenían
que vender y les tenía que dar acceso para visitas y fotos”, especifica.
Sonia empezó a recibir visitas constantes. “Cada semana me llamaban.
Era una molestia continua. Entonces me fui al Sindicato y me di cuenta
de que mi contrato es totalmente ilegal y que si quieren vender se
tienen que esperar a que cumplan los plazos”, exclama.
Los servicios jurídicos del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y
Formentera informaron a Sonia que el último contrato firmado se podía
prorrogar por otros 5 años debido a que el arrendador es una empresa y
que, muy al contrario de lo que le solicita la propiedad, tiene derecho a
permanecer en la vivienda hasta que el periodo legal finalice. “Yo
cuando entré tuve que dar un aval de 2.000 euros que aportó mi madre y
que hemos tenido que renovar cada año. Además, 2 meses de alquiler, el
mes de fianza y pagar otra mensualidad a la inmobiliaria. Tuvimos que
pedir ayuda a los servicios sociales para que nos ayudaran a pagar a la
inmobiliaria, porque no llegábamos”, relata.
“Han montado una jugarreta para echarme”
El piso de Sonia ya se oferta en Idealista por 320.000 euros:
“Este encantador apartamento en venta se encuentra ubicado en la cuarta
planta de un edificio en la zona de Es Canar, Santa Eulalia. Con una
superficie total de 45m2, este acogedor hogar ofrece una distribución
inteligente que aprovecha al máximo cada metro cuadrado. Con su
excelente ubicación, comodidades modernas y vistas impresionantes, este
apartamento es una oportunidad única para aquellos que buscan disfrutar
de la vida en la hermosa isla de Ibiza”. Cuenta con una habitación y con
un garaje.
El piso de Sonia, de 45 metros cuadrados, se
oferta en Idealista por 320.000 euros. El anuncio destaca que es un
apartamento 'encantador' y supone una 'oportunidad única para aquellos
que buscan disfrutar de la vida en la hermosa isla de Ibiza
El pasado mes de febrero, el apartamento sufría una inundación
de aguas fecales. “Se nos inundó toda la casa, una cosa rarísima porque
es un cuarto. Estuvimos un mes entero sin agua, nos fuimos a un bungalow
en el camping. Las fecales salían por la bañera, por el lavabo, el
fregadero, se vertían a la calle a través de los tubos del aire
acondicionado. En ese momento, mi casera me dice que no pague esos meses
en compensación por las molestias y quedamos en que a cambio yo ponía
de mi parte un mueble que había instalado en el baño”, explica.
“Todo fue a la vez. Primero intentaron subirme el alquiler y,
como no accedimos, nos comunicaron que teníamos que dejar la casa; y en
medio de todo esto pasó lo de los vertidos”, especifica. “Ahora, me ha
mandado un escrito diciéndome que tengo que pagar esos meses, y me ha
mandado una carta a través de un abogado como que no pagué. Ya tengo
todo el dinero preparado para dárselo, pero creo que todo ha sido una
jugarreta para que dejara de pagar unos meses y me puedan echar por
impago. Algo que nunca ha ocurrido. No me voy a ir, voy a pelear la
casa, no me voy a ir con mi hijo y mi marido a la calle”, puntualiza.
¿Quién lo vigila?
“Comparado con lo que le pasa a la gente parece que mi historia
es normal, pero no es para nada normal”, dice la mujer pensando en voz
alta. Porque sus experiencias con el alquiler de vivienda en Eivissa han
sido un periplo de desgracias. “Antes de llegar aquí ya había pasado
por otras experiencias. Había vivido en varias viviendas, incluso en una caravana,
sin contrato alguno. Una caravana a cambio de 7 horas de trabajo sin
cobrar, y luego tenía que salir a trabajar, claro. Luego, el alquiler de
otro jefe que me hacía pagar 1.300 euros por la casa y me pagaba 5
euros la hora. Hay mucha gente que está siendo manipulada por sus
caseros, sus jefes o por las personas que le dan cama”, afirma.
Antes de llegar aquí ya había pasado por
otras experiencias. Había vivido en varias viviendas, incluso en una
caravana, sin contrato alguno. Una caravana a cambio de 7 horas de
trabajo sin cobrar, y luego tenía que salir a trabajar, claro
Sonia — Afectada por los contratos temporales
Desde la entidad de inquilinas de las Pitiusas insisten en que
este tipo de contratos son totalmente ilegales: “Los únicos que se
pueden hacer de duración menor son los turísticos con licencia. Los
contratos de temporada, que antes se hacían muchos y se siguen haciendo,
no obligan al inquilino a abandonar la vivienda cuando el periodo
firmado acaba, porque la ley estipula un mínimo de años de
arrendamiento. Además, si ninguna de las partes comunica de la
finalización del mismo, se entiende que se prorroga por un año más y así
hasta los 5 o los 7 años de duración. En este sentido, aunque el
propietario quiera finalizar el contrato en la fecha prevista en el
documento de arrendamiento, el inquilino tiene derecho a quedarse”. El
Sindicato afirma que la única figura que se puede contemplar como
contrato temporal es la de el arrendamiento turístico, cuyo control y
competencias está en manos del Consell d'Eivissa a través de su
departamento de Intrusismo.
La máxima institución insular, por su parte, explica a
elDiario.es que este asunto no es de su competencia. “No hay que
confundir el arrendamiento de temporada con los alquileres turísticos,
ya que en los alquileres turísticos se aplica el Decreto 79/2014, de 10
de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las
viviendas de uso turístico. Nosotros lo que sancionamos es la actividad
ilegal de comercializar, publicitar y alquilar pisos turísticos
ilegales. El de temporada es un contrato basado en el Código Civil y ahí
no entramos”, concretan fuentes del Consell. Este medio también se ha
dirigido a la Conselleria de Vivienda del Govern balear, que asegura
que, asimismo, no es su competencia: “Es un asunto privado entre el
propietario y el inquilino”.
“Me querían hacer un contrato de un mes”
José Antonio también es víctima de este fenómeno. Vive con su
mujer y su hija de 13 años en un edificio donde la mayoría de los
vecinos, excepto él y otro, son trabajadores de temporada, “para los que
su empresa alquila los pisos”. “El bloque donde vivo en invierno está
completamente vacío, solo se alquila la temporada de verano, de abril a
septiembre, a trabajadores de dos discotecas de aquí de la isla. En cada
piso de dos habitaciones hay 4 trabajadores. Les descuentan de la
nómina 650 euros aparte de los gastos de luz, agua…”, cuenta el hombre a
este diario. “Nosotros y otro vecino de abajo somos los únicos del
bloque que vivimos todo el año y nos quieren echar”, explica.
La familia de José Antonio lleva 4 años viviendo en esta casa.
“Cuando entramos, este edificio era de una empresa que alquilaba los
pisos por temporadas o turísticamente. Esta compañía los vendió a otra
empresa de Valencia, que es la que ahora los alquila a otras empresas
para sus trabajadores”, especifica. Sin embargo, en todo este período,
solo ha tenido un único contrato, con una duración de 6 meses, que
obviamente ya está caducado. Se pasó sin noticias de la empresa
propietaria varios años, hasta el pasado mes de agosto. “En verano del
año pasado vinieron con un contrato nuevo, con unas 8 páginas con todo
tipo de cláusulas, que decía que se renovaba hasta septiembre. Venían
constantemente para obligarnos a firmarlo, pero no lo firmamos y aquí
seguimos”, añade.
Después de este intento por parte de la propiedad, una empresa
gran tenedora, para firmar un contrato que duraría un mes, la familia
recibió una carta en la que se les informaba de que se iba a comenzar
con un proceso judicial. “Pero han pasado ya 6 meses y no sabemos nada.
Hasta ahora no tenemos noticias del proceso”, aclaran. Los inquilinos y
la propiedad no han firmado nada desde el último contrato, pero los
primeros aseguran que constantemente les están comunicando de palabra
que se tienen que ir.
En este sentido, el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y
Formentera explica que estas prácticas ilegales por parte de las
empresas arrendatarias y esta inseguridad de las personas inquilinas se
podría subsanar si se cumpliera la Ley de Vivienda de 2023: “Si el
Govern defendiera como dicen a los pequeños propietarios, acataría la
Ley de Vivienda estatal que permite crear zonas tensionadas y actuar en
la limitación de precios en ellas por una parte. Por otra, obligaría a
este tipo de empresas que hacen negocio con la vivienda a pagar más
impuestos y estar dentro de la legalidad. Y algo muy importante, se
pondrían las viviendas vacías en el mercado de alquiler”.
La realidad, hoy por hoy, es que los grandes tenedores y algunos
pequeños propietarios están empezando a alquilar sus viviendas, en el
caso de los primeros edificios enteros, a las empresas para alojar a sus
trabajadores en temporada. ¿El motivo? Les cobran a los trabajadores
mucho más que a una familia que vive todo el año y, además, los
empleados de temporada no se quejarán por el riesgo de perder sus
trabajos. Si la situación continúa así, habrá multitud de edificios que
serán alquilados por las empresas para el alquiler temporal de sus
trabajadores, pero que estarán vacíos durante el resto del año.
Mientras, continúa el éxodo de la población residente, incapaz de pagar los precios que exigen empresas y particulares." (Esther Cabezas / Marcelo Sastre , eldiario.es, 30/04/24)
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