"La comisión judicial ha desalojado este miércoles del piso en el que residían en la Zona Norte de Alicante a una familia con un menor de seis años que sufre una discapacidad psíquica del 95 por ciento y que apenas tiene movilidad física. Además de la parálisis cerebral, sufre epilepsia y necesita asistencia constante en el Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda. Ha sido muy impactante la salida del niño, en brazos de su padre pasando por debajo del precinto policial. Ya en la silla de ruedas, la empujaba su madre, Soria Oukil, mientras el progenitor sacaba una almohada.
Este caso es un exponente, según el Sindicat de Barri de Carolines, que apoya a las personas amenazadas por el desalojo de viviendas, de la situación que se vive en la ciudad, donde cada día se producen una media de tres desahucios; y de que grandes tenedores y pequeños propietarios "hacen negocio expulsando a los inquilinos en favor de la vivienda turística tanto legal como ilegal".
"¿Dónde están los derechos de los niños? Esto es un atropello” , han gritado los presentes, pues han acudido numerosos vecinos, criticando que ha sido el tercer desahucio este miércoles en la ciudad, "la cuarta de España" en número de lanzamientos; y que este caso es especialmente sangrante pues la familia con su niño dependiente a causa de su grado de discapacidad intelectual grave se veía abocada a pasar la noche en la calle al no tener alternativa. De hecho, la madre no podía pronunciar palabra entre lágrimas.
Los afectados se han llevado la nevera y entre tres personas han sacado la cama articulada del menor, y varios colchones, entre otros enseres. Desde las diez de la mañana la Policía ha acordonado el entorno del inmueble para proteger a la comisión judicial de la presión vecinal.
Acampada
Una vez efectuado el desalojo, el Sindicat de Barri de Carolines, que ha intentado pararlo por tercera vez sin éxito ha instalado una acampada ante la sede de la Concejalía de Servicios Sociales, en pleno centro de Alicante, en demanda de una vivienda para esta familia, que había obtenido previamente dos moratorias. La primera fue el 7 de mayo, cuando se frenó el primer intento de lanzamiento; y el segundo, el pasado 3 de julio. Fue un alivio para ellos pese a la incertidumbre al no contar con un techo bajo el que residir a partir de este miércoles 24, cuando se ha ejecutado el desalojo definitivo.
Tras quedarse en la calle, la madre y el menor han entrado en la Concejalía de Servicios Sociales. Según el Ayuntamiento de Alicante, se ha proporcionado "de inmediato" una solución habitacional alternativa para la familia: "En primera instancia se ha habilitado su alojamiento en la primera planta del CAI (albergue de transeúntes), con baño y acceso adaptados para el menor en esas dependencias. Y en los próximos días pasarán a ocupar una vivienda de urgencia social del Ayuntamiento, una vez la deje su actual ocupante, tal y como ya estaba previsto". Esta vivienda será compartida con otra familia durante un mes, según ha matizado después el Sindicat de Barri.
Todo ello se ha explicado a la familia en un encuentro dentro del departamento municipal mientras un grupo coreaba consignas en favor de una vivienda digna para todas las personas y en contra de los desahucios. Este jueves intentará impedir otro en Alicante, de una mujer con una hija de 22 años en Carolinas. La joven tiene una discapacidad reconocida del 75%, movilidad reducida del 78% y un tercer grado de dependencia severa, y se quedan sin alternativa habitacional
Al albergue de transeúntes
En cualquier caso, a la salida de la reunión en Servicios Sociales, desde la entidad han explicado que la solución propuesta no satisface a la familia. "Se supone que mañana vamos a firmar un acuerdo y después bajar a la Concejalía a la entrega de llaves". Sobre la estancia de esta noche en el CAI, han apuntado que "les parece muy mal porque no tiene condiciones sanitarias para un niño con discapacidad y no sabemos por qué la casa mañana sí pero hoy no. Además, hay hoteles. El CAI es un sitio para transeúntes inadecuado para un niño de 6 años con parálisis cerebral".
"El CAI no tiene condiciones sanitarias para un niño con discapacidad y no sabemos por qué la casa mañana sí pero hoy no"
Sindicat de Barri
La acampada, por tanto, se ha desmontado, al menos hoy, porque "lo importante es que el niño vaya descansar".
Para el desplazamiento la Concejalía ha costeado un taxi adaptado; y el Sindicat se disponía a buscar un espacio para que puedan guardar sus enseres. A esta protesta frente a la Concejalía ha asistido el concejal de Izquierda Unida Manolo Copé.
Insensibilidad
Así las cosas, el Sindicat critica la insensibilidad de los jueces y al propietario, un particular que aseguran tiene seis pisos. También han recalcado que los afectados cuentan con un informe de vulnerabilidad "que se están saltando con la ejecución del desahucio". Y que han intentado negociar un alquiler social.
Antes del desalojo se han coreado numerosas consignas como “basta ya”, “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste’, “ni un desahucio más”, “vecino despierta desahucian en tu puerta”, “vergüenza me daría desahuciar a una familia”, “si pago el alquiler no tengo para comer “, “la vivienda es un derecho, no un negocio”, "burocracia lamentable, todos somos vulnerables” o "con estos alquileres aquí no hay quien viva", en alusión al elevado coste de las rentas de arrendamiento.
Con un megáfono, una representante ha explicado a los presentes que la comisión judicial ha subido al piso “y ahora les toca decirles a los ojos, a unos padres de un niño en silla de ruedas, que les da igual que se queden en la calle”.
Tensión
Se han vivido momentos de tensión con gritos de no tenéis corazón, empatía, alma y espíritu. "Se supone que estáis para protegernos y nos echáis a la calle", han gritado desde el público a jueces y policías.
Daniel Martínez, portavoz del Sindicat, ha destacado el alto nivel de vulnerabilidad de esta familia por la gran dependencia del menor que "está reconocida". Además de que, ha afirmado, solo cuentan con un ingreso de emergencia concedido el día anterior al último intento de desahucio, y aún no les ha llegado la renta valenciana de inclusión.
También durante la acampada posterior se han repetido consignas como "aquí discriminan la discapacidad", "la avaricia romper el barrio" o "la vivienda es para vivir, no para especular", coincidiendo en que desalojos forzosos como este abocan a la exclusión social a las personas.
Residencia
La situación de este caso es especialmente grave debido a la condición del menor. A su madre, Soria Oukil, le concedieron la residencia con resolución favorable hace dos meses y, en ese momento, desde el Sindicat de Barri de Carolines la inscribieron como demandante de vivienda social en el EVha.
Aunque los servicios sociales de la Generalitat ofrecieron a través del EVHa una vivienda adaptada en Orihuela Costa, como adelantó este diario, los trámites para su habilitación no han avanzado lo suficiente.
Desde la Dirección General de Vivienda, han señalado este miércoles que "somos conscientes de la emergencia de la situación. Estamos en coordinación con la EVha, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante (que le están ofreciendo soluciones temporales de emergencia) y con el Sindicato de Carolines de Alicante".
En este sentido, añaden que "la familia está correctamente inscrita en el registro de demandantes que sigue un orden de baremación, pero hay familias con situación de emergencia por delante y no podemos saltarnos esta baremación. El lanzamiento es una decisión judicial y no de la Generalitat Valenciana"." (J. Hernández, Información.es, 24/07/24)
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