"(...) En efecto, la reforma del PP adelanta
trece años su aplicación y apuesta por una configuración del citado
factor de la que resulta un sistema de pensiones ‘menguantes’ en la
medida en que su cuantía se reduce automáticamente conforme se eleva la
esperanza de vida.
Pero, además, la citada norma modifica el mecanismo
de revalorización cuya nueva formulación aboca a todos los pensionistas a
la pérdida segura de poder adquisitivo como consecuencia de la adversa
situación económica y del gravísimo problema de desempleo, en el corto
plazo, y del lastre que supondrá el cuantioso incremento del número de
pensionistas, en el largo plazo.
Pues bien, lo que el mencionado Programa de Estabilidad
revela es la magnitud del recorte que, según el Gobierno, va a suponer
la conjunción de ambas medidas: un gasto del 10’5% del PIB en 2050
supone un ‘ahorro’ (sic) creciente, un recorte, de casi 4 puntos
porcentuales de PIB (alrededor de 40.000 millones de euros actuales) en
esa fecha respecto de la estimación previa a esta reforma.
De manera que
la parte de la riqueza nacional que gastaremos en pensiones públicas
dentro de cuarenta años será la misma que hoy, con la diferencia de que
el número de pensionistas se habrá doblado: de 8 pasaremos a más de 15,2
millones.
Es evidente que ni el Gobierno ni el
poder financiero que alienta la orientación de estos cambios están
pensando que una buena parte de los jubilados de mitad de siglo vayan a
conformarse con ser mucho más pobres que los de hoy.
Piensan lógicamente
que la transformación demográfica de nuestras sociedades debe
aprovecharse para apostar por un cambio de modelo hacia una limitación
de las pensiones públicas y una progresiva extensión del peso de los
planes (privados) de pensiones.
Es decir que su apuesta –no explícita–
consiste básicamente en que en 2050 al menos un tercio aproximadamente
del gasto total en pensiones tenga que ser sufragado de forma privada. (...)
Y, en segundo lugar, es muy posible que el modelo hacia el que nos
conduce la reforma (‘ruptura’) de 2013 no suponga una reducción
importante sobre el 14% del PIB de gasto total en pensiones previsto
antes de esta reforma dada la necesidad de los futuros jubilados de
suscribir pensiones privadas para mantener su nivel de vida.
Pero sí
supondrá un cambio de su origen y composición porque el mismo nivel de
gasto contendrá mucha menos aportación del sistema público de pensiones y
mucha más privada. Y no debe desconocerse que ese nuevo sistema, más
individualista, ha de traer consigo enormes desigualdades en términos de
protección en función de la capacidad de ahorro individual y un
debilitamiento del Estado de Bienestar con el consiguiente incremento de
la pobreza." (Antonio González, economista, y Borja Suárez, autor del libro “El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad” (2014), Economistas frente a la crisis, 15/07/2014)
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