"Las autoridades podrán inspeccionar ordenadores y móviles de forma
telemática si se aprueba el proyecto de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Así lo afirman los expertos en privacidad.
“Tal
y como está redactado ahora mismo, en el contexto que se va a incluir,
es demasiado amplio, tan amplio que raya lo inconstitucional”, dice
Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas.
En marzo, el Gobierno presentó al Congreso su proyecto de ley orgánica tras remendar el polémico texto inicial,
que abría las puertas a las escuchas telefónicas sin autorización
judicial, llevando al Consejo General del Poder Judicial a cuestionar su
legalidad.
Pese a renunciar a las escuchas, el proyecto
–actualmente ante la Comisión de Justicia- continúa siendo diana de
críticas por introducir el registro remoto (con autorización judicial)
de dispositivos electrónicos en el caso de “delitos cometidos a través
de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la
información o la telecomunicación o servicio de comunicación”.
La
falta de claridad del apartado, según fuentes jurídicas, provocaría que
cualquier delito cometido en la red, por leve que fuese, pudiese ser
investigado por la Policía mediante la instalación de software en equipos informáticos personales para examinar su contenido.
“No
se limita exclusivamente a lo que serían delitos más graves, sino que
se extiende también a todo tipo de delitos que se puedan haber cometido a
través de una tecnología de la información”, dice el abogado
especializado en internet Carlos Almeida. “Cualquier instalación de un software
remoto de control debería limitarse a delitos graves, y estamos
hablando de aquellos cometidos por bandas criminales, terrorismo y
demás”.
Estas son algunas actividades que se realizan en internet que podrían llevar a que dispositivos personales fuesen investigados:
Criticar en redes sociales.
Quien guste de despotricar contra las autoridades públicas en Twitter
tendrá que andarse con ojo porque publicar declaraciones injuriosas o
calumnias podría llevar a la inspección de equipos. Son especialmente
delicadas las críticas dirigidas a la unidad de España o a sus
comunidades, a la Iglesia o a la Corona. Por ejemplo, realizar un
montaje fotográfico mofándose del Rey podría propiciar la instalación de
un troyano.
Incitar a la comisión de crímenes. Las frases del tipo ‘hay que matar a todos los X’ que hagan apología de la violencia o el odio también pueden salir muy caras.
Piratear con ánimo de lucro. El
usuario que descarga material protegido por derechos de autor con ánimo
de lucro -por ejemplo, para ponerlo en una web para ganar dinero-,
podría ser objeto de un registro.
Compartir archivos en redes P2P. Aunque compartir archivos sin ánimo de lucro a través de redespeer-to-peer
es legal en España, el apartado puede dar lugar a registros masivos.
“Imaginemos que un buen día le da a la Policía por montar una operación
contra páginas de enlaces”, dice Almeida. “También se puede dirigir
contra el común de los internautas, es decir, mucha gente que
lícitamente está compartiendo su biblioteca”. (...)
Por su parte, Tejerina, de la Asociación de Internautas, afirma que la
medida es excesiva en relación con su finalidad: “Es como si pudieran
entrar en nuestra casa por cualquier tipo de delito, cosa que es
totalmente desproporcionada”." (Pablo Mayo Cerqueiro , elconfidencial.com, en Rebelión, 29/04/2015)
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