26.6.16

Nada de lo que Unidos Podemos establece sobre impuestos se sale lo más mínimo de la moderación... son menores que los que impuso UCD en los ochenta

"(...) Las medidas fiscales de Unidos Podemos han levantado una ola de indignación y repulsa no solo en las otras formaciones políticas, sino en toda clase de comentaristas y tertulianos. Debían de estar pensando en sus bolsillos. 

Al mismo tiempo, estas voces de condena lo único que demuestran es la ignorancia supina que en materia fiscal caracteriza a los que con una osadía temeraria pontifican a diario en nuestras radios, televisiones o periódicos. 

Por poner algún ejemplo, confunden el tipo medio con el tipo marginal y la renta del contribuyente con la base liquidable, la cual suele ser mucho más reducida, tanto más cuanto que la gran lacra que arrastra el IRPF es haber sido desnaturalizado, excluyendo las rentas de capital de la tarifa general.

Y aquí es donde el programa de Podemos se queda muy corto, puesto que señala tan solo que corregirán “progresivamente” la dualidad de tarifas, cuando lo primero que precisa este tributo para restaurar la equidad y que toda otra medida adquiera sentido, es el retorno inmediato a un impuesto personal con una única base liquidable en la que se incluyan todos los ingresos del contribuyente, y a la que se aplique una sola tarifa, tal y como esta figura tributaria fue creada en España y se mantiene hoy en día en la mayoría de los países europeos. 

Resulta paradójico que los que se oponen a la subida de los tipos, afirmando que solo afecta a las rentas del trabajo, estén también radicalmente en contra de que las rentas del capital se incluyan en la tarifa general.

La subida del tipo marginal ha causado auténtica indignación entre los que hablan de la clase media, pero que están en cotas muy superiores de ingresos. Recordemos que el salario medio en España se encuentra en 1.634 euros mensuales. 

Les parece vejatorio que el tipo marginal máximo pueda subir desde el 45% a partir de 60.000 euros de base liquidable (que no es exactamente la renta) en varios tramos hasta alcanzar el 55% para aquellas superiores a 300.000 euros. Antes que nada conviene indicar que un tipo marginal del 55% para una base liquidable de 300.000 euros significa tan solo que este tipo se aplicará a todo euro adicional en que esta cantidad se incremente. 

No parece excesivo, sino más bien tibio, si recordamos que un gobierno que no era bolchevique ni bolivariano, ni siquiera socialdemócrata, como el de la UCD, lo situó en el 65% y para unos niveles mucho más reducidos de renta de los que ahora propone Podemos, tanto más cuanto que entones era obligatorio la acumulación de la renta de la unidad familiar.

El argumento en contra, tal como Pedro Sánchez lo formula, de que es reducido el número de contribuyentes que se encuentran en estos tramos, no es consistente. De un lado, porque la equidad vertical y la justicia en la imposición no deben estar supeditadas al número y a que la medida repercuta significativamente en la recaudación. 

Todo el mundo está de acuerdo en que ciertos sueldos son escandalosos y que solo se explican por el control abusivo que los consejeros suelen poseer sobre las corporaciones actuales. ¿Qué problema existe en que contribuyentes con estas remuneraciones (incluyendo sus fondos de pensiones e indemnizaciones) colaboren con cantidades importantes en el mantenimiento de los servicios públicos?

Por otra parte, si en los momentos actuales el número es tan reducido se debe a que de forma voluntaria se ha elaborado una legislación que permite la exención, la elusión y la defraudación de determinadas rentas. 

Como se ha señalado más arriba, hace casi veinte años, sin que ningún gobierno, tampoco los del PSOE, hayan tenido ninguna voluntad de corregirlo, el impuesto se desnaturalizó, excluyendo de la tarifa general las rentas de capital. Además, se permite que estas se embalsen indefinidamente en sociedades, tales como falsas SICAV o sociedades patrimoniales, sin imputación directa a los socios, tal como sería lógico. 

 Además, se permite que estas se embalsen indefinidamente en sociedades, tales como falsas SICAV o sociedades patrimoniales, sin imputación directa a los socios, tal como sería lógico. 

Al igual que en los últimos tiempos se está persiguiendo el fraude de ley que representan aquellos autónomos que se disfrazan de sociedades con la única finalidad de cotizar por el impuesto de sociedades y no por el de renta, cuya tarifa es más elevada, parece lógico que no se permita la existencia de sociedades, y mucho menos si se domicilian en el extranjero, cuya única finalidad sea la de administrar capitales.

 O, de permitirse, que tributen tal como se hacía en los inicios de la implantación del impuesto en régimen de transparencia, es decir, con aplicación directa de los beneficios a los socios.

Hay que aceptar, no obstante, que, a pesar de todo lo señalado, los ingresos provenientes del capital son mucho más difíciles de periodificar que los del trabajo y siempre será posible posponer su imputación, al menos parcialmente, a la renta del sujeto. 

Pero ello constituye precisamente una de las razones, no la única, que justifican los impuestos de patrimonio y de sucesiones a modo de cierre del sistema. Mediante ambos tributos las rentas embalsadas terminan por ser gravadas, bien de forma periódica, bien al final de la vida del sujeto.

Nada de lo que Unidos Podemos establece sobre estos impuestos (IRPF, patrimonio, sucesiones o sociedades) se sale lo más mínimo de la moderación y de lo que ha sido durante muchos años, antes de que comenzase la ofensiva neoliberal, una teoría fiscal pacíficamente aceptada. 

Solo la contrarrevolución llevada a cabo en materia impositiva en los últimos veinticinco años y que ha convertido a todos los partidos, incluyendo al PSOE, al neoliberalismo económico, puede hacer que las propuestas se consideren abusivas y desproporcionadas. De hecho, en todos los casos los gravámenes son menos exigentes que los que regían en los primeros años ochenta.  (...)

Las voces críticas también blanden la amenaza de la posible fuga de capitales. Hay que reconocer que la libre circulación de capitales y la Unión Monetaria complican e incluso imposibilitan toda política económica progresista y socialdemócrata, lo que nos debería quizás llevar a plantear si no es suficiente motivo para dar marcha atrás en este proceso, ya que a lo que se pretende que renunciemos es nada menos que a la democracia y al Estado social. 

No obstante, en nuestro país en el ámbito fiscal hay bastante margen para avanzar sin tener miedo al dumping fiscal. Más bien somos nosotros los que lo estamos realizando y convirtiéndonos, como con las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE), en un cuasi paraíso fiscal, que ha tenido que ser denunciado por la Unión Europea. 

Según la OCDE, en 2014 la presión fiscal de España era siete puntos inferior a la de la media de la Eurozona y se situaba por debajo de las de Grecia y Portugal. Parece ser que si hay margen."                  (Juan Francisco Martín Seco, El Viejo Topo, 25/06/16)

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