El precio de cualquier investidura, amparada por la gran patronal y las grandes multinacionales, es que la corrupción quede indultada

"(...) Después de manipular la fecha de investidura, podríamos volver a votar en Navidad. Esta presión parece que ha sido determinante, eso dicen ellos, para que Ciudadanos haya girado toda su estrategia que ha ido desde el no rotundo, por motivos de corrupción, pasando por una abstención técnica, curioso vocablo, hasta el sí entregado previa redefinición del concepto de corrupción, para indultar a toda la trama de prevaricadores, malversadores de dinero público, defraudadores fiscales y otros malhechores de cuello blanco que ahora no tocaba penalizar. 

Por tanto, el primer precio de este intento de investidura, amparada y validada por la gran patronal y las grandes multinacionales es que la corrupción quede indultada, algo que el órgano ejecutor, la judicatura, ya habrá tomado nota para ir incorporando a las sentencias esta amnistía encubierta diseñada por el camarada Rivera.

 De hecho, ya están empezando a oírse voces de nulidad en el primer gran juicio de este otoño caliente: GÜRTEL. 

Rivera ha tenido que traicionar su guion establecido para pasarse al sí obediente. Una vez superado el escollo de las famosas seis condiciones que prácticamente ya nadie recuerda, porque han sido laminadas o eliminadas del pacto de las elites  (...)

Una vez contabilizados los pelos que se ha dejado Ciudadanos, el PP puede vender que ha logrado imponer su principal arma: lo que diga Bruselas, por lo que todos los intentos, tan falsos como inútiles, de Ciudadanos de vender la idea que le preocupa la pobreza infantil, los salarios bajos, o el desempleo estructural, se quedarán en nada porque la cuantía del pacto, unos 29.000 millones de euros a medio plazo, serán imposibles de implementar.

 La idea del complemento salarial, vía IRPF es simplemente una subvención encubierta al salario que claramente incentiva el pago en negro o la reducción ex ante de las bases de cotización, complementándolo con el IRPF, que presumiblemente no cotizará, por lo que la Seguridad Social seguirá huérfana de ingresos. 

La revisión de la amnistía fiscal es simplemente una broma, ya que no cabe la retroactividad fiscal en este caso. Los expedientes cerrados serán difícilmente abiertos de nuevo, por lo que los grandes amigos de Montoro y compañía seguirán disfrutando de bienes y posesiones, tras pagar un magro 3%, de forma irreversible, eso sí hasta la próxima amnistía fiscal.  (...)"                (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 28/08/16)