"La exalcaldesa de Madrid Ana Botella
(Partido Popular) fue “responsable directo” de que, en octubre de 2013,
el Ayuntamiento de Madrid vendiese por debajo de precio de mercado un
total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas
públicas, a dos fondos buitre.
Ambas empresas formaban parte del
conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España.
La operación, según el dictamen de 90 páginas al que ha tenido acceso
EL PAÍS, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin
pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”.
“El
precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”,
concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la
sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y que condena, además
de a Botella, a otros siete miembros de su equipo a abonar en total 25,7
millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública.
La
resolución hace referencia a la venta de 18 promociones inmobiliarias
(un total de 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros
locales), que fueron vendidos por la Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo (EMVS) en octubre de 2013 al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000, un precio
que el Tribunal de Cuentas no solo considera por debajo del mercado sino
que también provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio
público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según
estima el Tribunal, se podían haber vendido por un total de 151.211.518
euros.
Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la
baja, el Tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como
la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los
concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva,
concluye, que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado.
Tras analizar los datos, el Tribunal sentencia que tanto Botella como
otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son
responsables directos del perjuicio generado. Los condenados, además de
la exalaldesa Botella, son Fermín Oslé, exconsejero delegado del EMVS;
Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Diego
Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro
Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey,
concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que
ejerce ahora de viceconsejero de Justicia en el gobierno regional,
liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda.Tres de los condenados ostentan actualmente cargos públicos. (...)
Desde la EMVS confirman que la resolución es el resultado de la
denuncia por el agravio financiero, pero avisan: "Esta sentencia es solo
por el delito contable, pero hay otras dos vías abiertas: la penal y la
administrativa". La vía administrativa busca la nulidad de la venta
realizada ya que, en base a las pruebas aportadas, fue fraudulenta.
La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas alertara en 2016 sobre las irregularidades que habían identificado en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra,
pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMSV les negó
la condición de interesados".
La Cámara de Cuentas también consideró
que aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal de
gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a
una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas. (...)" (Pablo León, El País, 28/12/18)
"Madrid valora iniciar un nuevo proceso para revertir la venta de 1.860 viviendas.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado la sentencia del Tribunal de Cuentas que considera ilegal la venta de más de 1.800 viviendas a fondos buitres durante el mandato de Ana Botella (PP). La Corporación local, presidida por Ahora Madrid, estudia emprender un proceso de nulidad para revertir la operación de compra-venta y recuperar la titularidad de los inmuebles.
Los servicios jurídicos municipales estudian también presentar un recurso porque no están satisfechos con la cuantía reclamada a Botella y su equipo, que estiman en 127 millones de euros en lugar de los 25 millones exigidos por el juez.
La primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Marta Higueras, ha comparecido en rueda de prensa rodeada por una buena parte de su equipo de Gobierno para escenificar la importancia que confieren al fallo judicial.
Higueras, que ha apelado a la “prudencia” porque la sentencia no es firme y ha sido recurrida por Botella, ha afirmado que “el problema de las 1.800 familias afectadas no está resuelto”. Muchas no pueden pagar el nuevo recibo del alquiler de sus viviendas y otras han sido desahuciadas, ha añadido.
A la vista de la sentencia, el Ayuntamiento valora volver a presentar un estudio de nulidad, según Higueras. Ya intentó revertir la compra y recuperar la titularidad de las viviendas en un proceso anterior que se archivó después de que la Comunidad de Madrid presentase un informe vinculante que obligaba a suspenderlo.
El consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Francisco López Barquero, ha subrayado la “contundencia” de la sentencia, que condena las “decisiones ilegales y gravemente negligentes” del anterior equipo de Gobierno. Como ha explicado, de las viviendas que se vendieron a fondos buitres 1.208 estaban en régimen de alquiler puro y 652 con opción a compra.
Fruto del cambio de propiedad de las viviendas y de las subidas del alquiler, “muchas familias no han podido ejercer ese derecho a compra y han tenido que abandonarlas”, ha recordado López. Higueras ha asegurado a esas familias que “el Ayuntamiento va a seguir trabajando por el derecho a la vivienda”.
La alcaldesa en funciones ha subrayado que "la venta de viviendas no fue ilegal pero sí cómo se hizo la venta, sin publicidad ni concurrencia, fue pactado y eso produjo un quebranto patrimonial". (...)" (Pablo León , Gloria Rodríguez-Pina , El País, 29/12/18)
"Madrid valora iniciar un nuevo proceso para revertir la venta de 1.860 viviendas.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado la sentencia del Tribunal de Cuentas que considera ilegal la venta de más de 1.800 viviendas a fondos buitres durante el mandato de Ana Botella (PP). La Corporación local, presidida por Ahora Madrid, estudia emprender un proceso de nulidad para revertir la operación de compra-venta y recuperar la titularidad de los inmuebles.
Los servicios jurídicos municipales estudian también presentar un recurso porque no están satisfechos con la cuantía reclamada a Botella y su equipo, que estiman en 127 millones de euros en lugar de los 25 millones exigidos por el juez.
La primera teniente de alcalde y alcaldesa en funciones, Marta Higueras, ha comparecido en rueda de prensa rodeada por una buena parte de su equipo de Gobierno para escenificar la importancia que confieren al fallo judicial.
Higueras, que ha apelado a la “prudencia” porque la sentencia no es firme y ha sido recurrida por Botella, ha afirmado que “el problema de las 1.800 familias afectadas no está resuelto”. Muchas no pueden pagar el nuevo recibo del alquiler de sus viviendas y otras han sido desahuciadas, ha añadido.
A la vista de la sentencia, el Ayuntamiento valora volver a presentar un estudio de nulidad, según Higueras. Ya intentó revertir la compra y recuperar la titularidad de las viviendas en un proceso anterior que se archivó después de que la Comunidad de Madrid presentase un informe vinculante que obligaba a suspenderlo.
El consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Francisco López Barquero, ha subrayado la “contundencia” de la sentencia, que condena las “decisiones ilegales y gravemente negligentes” del anterior equipo de Gobierno. Como ha explicado, de las viviendas que se vendieron a fondos buitres 1.208 estaban en régimen de alquiler puro y 652 con opción a compra.
Fruto del cambio de propiedad de las viviendas y de las subidas del alquiler, “muchas familias no han podido ejercer ese derecho a compra y han tenido que abandonarlas”, ha recordado López. Higueras ha asegurado a esas familias que “el Ayuntamiento va a seguir trabajando por el derecho a la vivienda”.
La alcaldesa en funciones ha subrayado que "la venta de viviendas no fue ilegal pero sí cómo se hizo la venta, sin publicidad ni concurrencia, fue pactado y eso produjo un quebranto patrimonial". (...)" (Pablo León , Gloria Rodríguez-Pina , El País, 29/12/18)
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