"El control de precios en los alquileres de vivienda,
la medida más polémica de la nueva ley con la que el Gobierno trata de
regular de manera urgente este mercado, ha provocado un fuerte
enfrentamiento en el seno de los ministerios de Fomento -encargado de
elaborar el texto- y Economía, cuyo visto bueno es necesario para
recibir luz verde por parte del Consejo de Ministros.
La ley promovida por José Luis Ábalos ha abierto una
brecha con Podemos, que considera que en su actual estado no merece la
pena ser votada. «No es lo que pactamos: han sacado el control de
precios de la ley y el resto, salvo los plazos de renovación de
alquileres, lo han diluido», explica Lucía Martín, diputada de En Comú
Podem y la responsable del grupo confederal en materia de vivienda.
En el otro lado, los grandes inversores en vivienda
de alquiler tampoco han quedado satisfechos. Con distintas
sensibilidades, mientras unos consideran que tras la retirada del
control de precios «se puede vivir», para otros el texto supone un
cambio en las reglas del juego.
«Ante una ley que alarga hasta siete años los plazos
de renovación de contratos, las inversiones pierden liquidez y capacidad
de rentabilizarse, por lo que el riesgo es que los alquileres se
retiren del mercado», afirma Javier Rodríguez Heredia, socio de Azora,
uno de los principales fondos propietarios en España.
Acuerdo presupuestario
Aunque la norma publicada el pasado 14 de diciembre comenzó a elaborarse ya el pasado verano con la ex ministra de Vivienda y registradora de la propiedad Beatriz Corredor como valedora, su desarrollo final ha estado marcado por el acuerdo presupuestario pactado entre el Gobierno y Podemos, para quien la vivienda es uno de los pilares de su programa político.
El punto número tres de este acuerdo establece que se
dará a los ayuntamientos la facultad de poder intervenir los precios de
mercados de alquiler especialmente tensionados, una herramienta de la
que esperaban disponer ya las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada
Colau y Manuela Carmena, respectivamente.
La posibilidad de esta intervención municipal puso en
alerta a los fondos de inversión. Blackstone, que con más de 23.000
millones es el mayor inversor en España, llegó a advertir en público el
pasado mes de noviembre a la ministra Nadia Calviño sobre una retirada
de inversiones si se aprobaba el control de precios.
Directivos de este sector reconocen que llevaron sus
argumentaciones y advertencias ante la Secretaría de Vivienda dirigida
por Helena Beunza en Fomento «tan lejos como pudieron», si bien se
toparon con la respuesta de que cualquier modificación en el borrador
que entonces se manejaba superaba ya el nivel técnico y «exigía
contactos políticos».
Aunque en Fomento niegan que el control de precios
estuviera en el borrador en ningún momento, fuentes conocedoras del
desarrollo del texto legal indican que el borrador se encontró con una
dura oposición por parte de la Dirección de Política Económica a cargo
de Luis Martí, donde se presionó para retirar el apartado más
conflictivo y suavizar el resto. Para entonces, Nadia Calviño ya se
había reunido con representantes de los mayores fondos de inversión.
Finalmente, el pasado 14 de diciembre José Luis
Ábalos anunció el acuerdo del consejo de Ministros para el nuevo texto
aplazando hasta el año que viene en una nueva ley de Vivienda la
introducción de medidas de control de precios de alquiler. La norma aún
tardó tres días en ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)." (César Urrutia, El Mundo, 27/12/18)
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