Las empresas eléctricas echan un pulso al Gobierno y al conjunto del país tras el anuncio del plan del Ejecutivo para abaratar la factura de la luz... plantean un apagón inminente de sus centrales y dejar al país sin el 25% de su energía... Lo advirtió Daniel Bernabé: 'Especulación energética, golpe de Estado a la democracia'... Que el Gobierno español caiga al mostrarse incapaz de atajar estos problemas evitaría que la democracia vuelva a estar por encima de las finanzas

 "El pulso que las compañías eléctricas han comenzado a plantearle al Gobierno apenas unas horas después de que este planteara un paquete de medidas de choque para bajar el recibo de la luz arranca con un desafío al conjunto del país: las empresas amagan con cerrar las siete centrales nucleares que siguen operando en España, algo que en la práctica supondría dejar a este sin entre un 20% y un 25% de su producción eléctrica y condenar a la inviabilidad a buena parte de su sistema productivo al no existir a fecha de hoy fuentes alternativas para cubrir ese apagón nuclear.

El plan de choque, que llega después de que el precio de venta al público de la electricidad se haya triplicado en seis meses al pasar de una horquilla de 5,17 a 14,38 céntimos por kilowatio a otra de 15,23 a 33,86 entre el 14 de marzo y el mismo día de septiembre, según los datos de Red Eléctrica, contempla varias medidas de carácter tributario que en la práctica no afectan a las cuentas de resultados de las compañías, ya que los soportan los consumidores y estas actúan como meras recaudadoras.

Sin embargo, hay una que sí afecta a sus ingresos: la prohibición de que la energía generada con fuentes no fósiles, es decir, la eólica, la solar, la hidráulica y la nuclear, dejen de beneficiarse de las consecuencias de aplicar al precio final el coste de los bonos de CO2 que grava las que funcionan a base de derivados del petróleo, como son la térmica, la de ciclo combinado y, a menudo, la cogeneración.

 Eso supone en la práctica una reducción de las cantidades que pueden llegar a percibir por la energía producida en centrales nucleares e hidráulicas, que hasta ahora han sido las que mayores márgenes les proporcionaban por sus bajos costes de explotación y los elevados niveles de amortización de las instalaciones tras décadas de funcionamiento.

El impacto en las cuentas de resultados

La medida es de calado, ya que las estimaciones del Gobierno apuntan a un alivio de 2.600 millones de euros en los bolsillos de los consumidores hasta finales de marzo. Y eso equivale a algo más de un tercio de las cantidades que las eléctricas están ganando en los últimos años, en las que a los 6.000 millones declarados como beneficio hay que añadirles las magras provisiones para financiar el cierre de las térmicas y el despliegue de las renovables.

La reacción llegaba antes de que hubieran pasado cinco horas desde que el Consejo de Ministros aprobara el plan de choque: el Foro de la Industria Nuclear Española, un hibrido de patronal sectorial y lobby, advertía en un comunicado del "rechazo de la industria nuclear al proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico" ya que, en su opinión, "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear". (...) 

Una amenaza con ecos latinoamericanos

En esa tesitura, el sector de la energía nuclear, que no deja de ser un subsector del eléctrico en el que los pesos pesados siguen siendo Endesa, Iberdrola y Naturgy, opta por el órdago al Gobierno, ya que la energía nuclear es ahora mismo la piedra angular del sistema de generación eléctrica español por dos motivos.

 Uno de ellos es que, según el año, cubre entre el 20% y el 25% de la demanda energética española, con una participación que solo la hidráulica y la eólica han superado puntualmente en los últimos años.

El otro consiste en que, pese a sus obvios riesgos ambientales y de seguridad, que ya llevaron a la clausura de la central de Garoña, actúa como base del sistema eléctrico español con una aportación constante que no proporcionan otras fuentes dependientes de la meteorología y el ciclo del agua, y cuya magnitud resultaría inviable para las de combustibles fósiles por sus costes.

Eso la sitúa como un factor estratégico del panorama energético español que tampoco parece reemplazable desde el exterior por la vía de los intercambios energéticos. Y los dueños de esas centrales, que hasta ahora venían reclamando la prolongación de los permisos para explotar esas instalaciones, han optado por virar en redondo y, en una jugada de ecos latinoamericanos, plantear la eventualidad de un apagón inminente.

 La amenaza de las eléctricas tiene, en cualquier caso, una componente estratégica que admiten implícitamente en su comunicado: se trata de seguir cobrando la energía limpia y de menor coste como si se produjera con combustibles fósiles gravados con los bonos de CO2 hasta que avance el despliegue de las renovables, en el que aspiran a seguir teniendo un peso, si no de oligopolio, amplio.

De hecho, otro de los escenarios de tensión del mercado eléctrico se localiza en los expedientes que está tramitando el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) para determinar si son las empresas del oligopolio o los nuevos actores quienes se quedan con los derechos para ocupar el espacio que libera en las redes de transporte y distribución el cierre de las térmicas. (...)"                     (Eduardo Bayona, Público, 14/09/21)

 "(...) La escalada de precios de la luz es un tema que empieza a quemar. 

 En primer lugar por su efecto real en la economía, tirando de la inflación, elevando el gasto que las familias dedican a este apartado o ralentizando el crecimiento económico de las empresas. Pero quema, también, por sus implicaciones políticas. Nadie parece atreverse a señalar cuáles son las razones últimas de que el poder democrático elegido por los ciudadanos no pueda actuar contra algo que daña a esos ciudadanos. Así no sólo se perjudican las aspiraciones electorales de un Gobierno, así lo que se alimenta es la crisis de legitimidad de nuestro sistema político. (...)

Ribera explica que la normativa europea no permite regular los precios de la luz, lo que significa que, de hacerlo, nos veríamos expuestos a multas y demandas millonarias que perderíamos frente a las compañías energéticas. (...)

 En el idílico mundo neoliberal, la libre competencia regulará por sí sola el mercado, ofreciendo precios competitivos a los clientes que podrán elegir con total libertad cuál oferta prefieren: la realidad es bien distinta. La realidad es que la única libertad que consagra esta directiva europea es la de las empresas eléctricas para que nadie les diga lo que tienen que hacer, siendo ese “nadie” la democracia y ese “hacer” el poder lucrarse de manera inmoral con un bien básico. 

 Uno producido además con recursos comunes como el agua, el viento o el sol. La reforma eléctrica del Gobierno de Rajoy en 2012 ayudó en gran medida a permitir este saqueo de los bienes públicos para el interés privado.  (...)

De hecho, el problema no es la “excesiva regulación”, sino que esa regulación está redactada no para favorecer los intereses de la mayoría de ciudadanos, sino de una minoría: los inversores. La derecha, en este tema y en tantos otros, se queja precisamente del modelo que su ideología neoliberal ha creado, poniendo el cazo populista de la indignación para recoger los frutos electorales ante la incapacidad de la izquierda, atada de pies y manos, de poder situar los intereses de todos por delante de los mercados.(...)

 De hecho hay un problema añadido y es que esos inversores han dejado de ser nacionales. Un inversor parece una figura benéfica, es decir, alguien que emplea su dinero para desarrollar un sector y a la larga obtiene beneficios en la operación. El problema es cuando ese inversor tiene una mirada netamente especulativa, buscando el mayor beneficio en el menor tiempo posible, justo la política que siguen los fondos buitre. Estos fondos tienen importantes paquetes accionariales en todas las eléctricas, pero no sólo, sino que también se han introducido en multitud de sectores, estando presentes en 18 de las 35 empresas del IBEX, teniendo intereses en epígrafes de gran importancia social como la vivienda. (...)

Lo paradójico es que los ricos españoles, esos que además financian a los ultras de nacionalismo español exacerbado, invierten cada vez más dinero en estos fondos antes que directamente en la economía nacional: una auténtica y efectiva secesión de clase, el procés de los que llevan la rojigualda en la muñeca pero tienen el corazón en Wall Street.

Toda esta situación, que como ven ustedes va mucho más allá del mero interés personal de las puertas giratorias, alcanza su punto álgido en el vaciado de las presas, para situar a la hidroeléctrica como la energía que más ha encarecido la factura en estos meses, incluso más que el gas, al que se culpabilizaba a principios de verano de ser el principal problema. Una energía, cabe recordar, que a diferencia del gas no hay que importar y cuyas instalaciones han sido amortizadas hace décadas.

 Si a eso le sumamos que las facturas han sido infladas por los comercializadores, podemos deducir que las eléctricas han pasado ya a la fase de negocio macarra: hacemos lo que queremos cuando queremos. La CNMC, mientras, más que como un árbitro vigilante se comporta como la cuidadora anciana de un jardín de infancia: cuando los críos se desmandan intenta controlarlos con caricias. (...)

La excepcional situación pandémica provocó la mutualización bajo el paraguas UE de la deuda soberana, algo que privó a los fondos buitre de una suculenta presa, como ya sucedió en la crisis de 2011. Y ésta es una situación coyuntural que el entramado financiero internacional necesita que no se vuelva norma ni posibilidad.

 Que al Gobierno español, uno de los pocos de izquierdas dentro de esa UE, le salieran sus planes de reforma, provocaría probablemente un impulso en esta dirección en otros países de la Unión, que podrían ver con esperanza el ejemplo español y, por tanto, caminar hacia un modelo diferente al actual: que cuatro vivos se lo lleven crudo practicando inversiones extractivas contra la mayoría. Que el Gobierno español caiga al mostrarse incapaz de atajar estos problemas evitaría un nuevo rumbo: aquel donde la democracia vuelva a estar por encima de las finanzas. (...)

Si España no puede cambiar la regulación de precios dentro de la UE, y este sería un debate interesante, si no está dispuesta a arriesgarse esgrimiendo el artículo 5 de la directiva, considerando a toda la población en situación de riesgo, algo jurídicamente complicado pero políticamente audaz, al Gobierno le queda la resignación y dejar que la derecha capitalice de forma hipócrita el descontento. 

O atreverse con una eléctrica pública, una que dentro del mercado situara los precios en la realidad del coste y no en la necesidad de la especulación. Un camino a largo plazo, donde habría que revisar a cara de perro las concesiones de todo aquello que fue público y el uso que se da a las nuevas infraestructuras energéticas: ¿vale de algo aún el artículo 128 de nuestra Constitución, aquél que explicita que toda la riqueza del país está subordinada al interés general?"       (Daniel Bernabé, InfoLibre, 01/09/21)

 

 "Las empresas eléctricas echan un pulso al Gobierno tras el anuncio del plan del Ejecutivo para abaratar la factura de la luz. 

(...) Para las nucleares, "este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear". En un comunicado publicado este martes por la tarde

 (...) amenazan con el "cierre desordenado" de las plantas nucleares y aseguran que "conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad". El Foro obvia que todas las centrales nucleares de España son propiedad de las grandes eléctricas del país. En concreto, todas pertenecen a Iberdrola, Endesa, Naturgy y, solamente en el caso de la central de Trillo, hay además participación de EDP. 

(...) Es por ello que afirman que el proyecto de Ley presentado este martes, junto a la "excesiva presión fiscal actual" llevaría al "cese de la actividad de todo el parque nuclear".  (...)"           (Javier Ruiz, SER, 14/09/21)

 "Las eléctricas, a través del Foro Nuclear, han reaccionado de forma inmediata al real decreto-ley que ha anunciado este martes el Gobierno. 

"Cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados", titula el comunicado de la patronal liderada por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. 

 Esta patronal rechaza de pleno el proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO₂ no emitido del mercado eléctrico. "Para Foro Nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear", detallan. "Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear", añaden.

 El Gobierno puso en marcha esta iniciativa a través de un anteproyecto de ley que se estaba tramitando en el Congreso. Pero la crisis eléctrica vivida este verano ha acelerado sus planes y lleva su trámite a real decreto-ley por su urgencia. La medida tiene como finalidad minorar el precio del CO₂ de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO_2. 

"Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha", detalla la patronal liderada por Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP.

"Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO₂ del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes", detallan desde la patronal liderada por las eléctricas.

Impacto en la economía

Ignacio Araluce, presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, comenta en este mismo comunicado que “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista". 

"Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO_2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 millones de toneladas/año", asegura el presidente del Foro Nuclear.

El Foro Nuclear argumentan en su comunicado que ya tienen una" excesiva presión fiscal" y el impacto del proyecto de Ley del CO₂ en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 euros/MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 -en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero- le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad. "                              (Alberto Sanz, Vox Populi, 14/09/21)