"Los brutales sucesos del 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamás irrumpieron en el perímetro de la Franja de Gaza, abrieron un nuevo capítulo en el conflicto entre Israel y Palestina, que dura ya décadas. La violencia ejercida por el Estado israelí en los doce meses siguientes no tiene precedentes. Israel ha llevado a cabo una guerra genocida en Gaza, ha ampliado enormemente su prolongada política de asesinatos extrajudiciales de líderes de la resistencia, ha intentado sistemáticamente provocar a Irán para que entre en un conflicto armado, ha bombardeado Siria y ahora está bombardeando e invadiendo intensamente Líbano.
Durante todo este periodo, Israel contó con el apoyo militar y político incondicional de Estados Unidos, así como con el respaldo algo más moderado de las principales potencias europeas. La crueldad de su agresión hizo que la mayor parte del resto del mundo retrocediera horrorizado, pero el suministro constante de armamento estadounidense y la presencia tranquilizadora de la marina y la aviación occidentales compensaron fácilmente el daño diplomático.
A pesar de la furia de su respuesta, los objetivos estratégicos de Israel siguen sin estar claros. Incluso la capacidad de alcanzar sus objetivos más inmediatos está en duda. Hamás sigue activo entre las ruinas de Gaza, sus dirigentes están en los túneles y los israelíes cautivos siguen en sus manos. La fuerza militar de Hezbolá en Líbano no está seriamente degradada. Un ataque total contra Irán -con el apoyo de Estados Unidos- sería extraordinariamente imprudente y sus implicaciones atroces.
En medio de esta confusión estratégica, resulta sorprendente que los principales políticos occidentales sigan refiriéndose a la solución de los dos Estados como un marco viable para resolver el conflicto. Igualmente sorprendente, e instructivo, es que los políticos israelíes nunca lo hagan.
La solución de los dos Estados se ha promovido durante décadas a través de un «proceso de paz» que se desarrolla bajo los auspicios de Estados Unidos y con el apoyo de la ONU y los países de la UE. Después de todos estos años, Israel sigue siendo el único Estado del antiguo Mandato Británico de Palestina que ejerce su soberanía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El «proceso de paz» no ha sido más que una fachada que ha permitido afianzar una serie de virulentas realidades sociales, económicas y políticas sobre el terreno.
Estas realidades no dejan espacio para dos Estados independientes en la región. Pero mientras permanezcan inalteradas, también excluyen cualquier posibilidad de paz y coexistencia a largo plazo entre las dos comunidades de Palestina. Este es el terrible callejón sin salida que han puesto de manifiesto los acontecimientos del último año.
El conflicto de Palestina sigue estando en el centro de la inestabilidad de Oriente Próximo y no puede resolverse únicamente mediante acciones militares. Cualquier nueva iniciativa política requeriría una dirección estratégica alternativa, y eso pasa necesariamente por el Estado único que existe entre el río y el mar.
Realidades sobre el terreno
Históricamente, se suponía que la solución de los dos Estados permitiría a Israel mantener la soberanía sobre el 78% de la tierra de Palestina, mientras que los palestinos establecerían un Estado sobre el 22% restante. En la práctica, el «proceso de paz» dio a Israel tiempo y recursos para consolidar su soberanía exclusiva. Poco a poco ha ido surgiendo un régimen de apartheid que despliega métodos coloniales de control por parte de los colonos en todo el territorio destinado al Estado palestino.
En la actualidad, catorce millones de personas viven entre el río y el mar, divididas por la mitad entre judíos israelíes y palestinos. Los palestinos se dividen en cinco grandes categorías:
Casi dos millones son ciudadanos de Israel, pero con derechos democráticos limitados.
Unos 400.000 viven en Jerusalén con estatuto de residencia pero sin ciudadanía.
Tres millones viven en Cisjordania, en comunidades segregadas, delimitadas por muros y vigiladas por puestos de control militares.
Dos millones viven en la Franja de Gaza, el 80% de los cuales son refugiados expulsados de sus hogares durante la Nakba de 1948. La Franja es de hecho una prisión al aire libre que ahora yace destruida tras una campaña de bombardeos masivos.
Siete millones viven en una diáspora creada tras la creación del Estado de Israel.
Desde la guerra de 1967, las políticas coloniales del Estado israelí permitieron el establecimiento de más de 700.000 colonos judíos en Cisjordania y Jerusalén. En la actualidad, el Estado de Israel controla el 93% de las tierras de su territorio anterior a 1967, la mayoría de las cuales pertenecían originalmente a refugiados palestinos. Parte de esa tierra está administrada por el Fondo Nacional Judío, que la asigna exclusivamente a judíos. En los territorios ocupados después de 1967, Israel ha confiscado tierras para su empresa de asentamientos, controlando ahora el 60% de las tierras de Cisjordania y todo Jerusalén.
La constante desposesión de tierras ha ido acompañada de la creación de un marco económico más amplio en virtud de los Acuerdos de Oslo y el Protocolo Económico de París de principios de la década de 1990. Poco a poco se ha ido configurando una economía palestina supeditada a la israelí.
El Estado israelí recauda impuestos directos e indirectos en nombre de la Autoridad Palestina en Cisjordania (aunque no en la Franja de Gaza). La política fiscal depende en gran medida de que Israel transfiera los fondos necesarios. La moneda principal para las transacciones tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza es el shekel israelí, por lo que la política monetaria también está en gran medida en manos de Israel. Al mismo tiempo, la «shekelización» de la economía palestina ha fomentado el crecimiento de la banca -conectada a las instituciones financieras israelíes- e impulsado el endeudamiento de los hogares.
En estas condiciones, el desarrollo independiente de Palestina es imposible, incluso con algo de ayuda extranjera. Sólo en la agricultura, la extracción de agua está bajo pleno control israelí y, junto con la pérdida de tierras, la dificultad de movimiento y las depredaciones de los colonos, ha hecho que incluso la producción de alimentos sea muy difícil para los palestinos. Además, Israel domina las exportaciones y las importaciones, y sólo permite que un número limitado de trabajadores palestinos obtengan empleo en su economía.
La dependencia es manifiesta y va en una sola dirección. En este entorno, se ha fomentado la corrupción y han surgido «padrinos» económicos localmente poderosos, que a menudo operan en estrecha colaboración con los intereses israelíes. No hay ninguna posibilidad de que se establezca un Estado viable sobre estas bases.
Pensar en una alternativa
La solución de dos Estados es imposible, pero al mismo tiempo el Estado único actualmente existente es incapaz de resolver el conflicto con los palestinos. Las causas de ese monumental desastre se encuentran sobre todo en las acciones del Estado israelí, el actor dominante en la región.
Israel está lejos de ser inmune al desastre que ha creado. Cuanto más persista en establecer un régimen de apartheid, menos viable será su propia existencia. No puede haber futuro a largo plazo para un Estado soberano en el que la mitad de la población carece de derechos democráticos y no tiene perspectivas reales de progreso económico. El futuro es aún menor cuando ese Estado está rodeado de vecinos hostiles y la mayor parte del mundo contempla atónita su conducta.
De hecho, las cosas son aún peores. Es bien sabido que oprimir a los demás es la forma más segura de envenenar la propia sociedad, y la transformación de Israel desde los Acuerdos de Oslo es buena prueba de ello. La extrema derecha israelí es fuertemente religiosa, abiertamente racista y está estrechamente relacionada con los colonos armados. Su compenetración con el Estado profundo israelí y su presencia activa en el gobierno la han convertido en una fuerza enormemente poderosa. Este resultado político no es lo que los sionistas europeos imaginaron cuando pusieron en práctica sus sueños etnocéntricos hace más de siete décadas.
Es necesaria una alternativa en Palestina, y es difícil pensar en otra que no sea un único Estado democrático basado en el principio de igualdad de ciudadanía para todos. ¿Es realista tal perspectiva, especialmente a la vista de los terribles acontecimientos del último año? Desde luego, no en un futuro previsible.
Y, sin embargo, es demasiado fácil mostrarse despectivo y cínico ante el intratable conflicto palestino-israelí. La realidad sigue siendo que Israel carece de estrategia y despliega una violencia militar asesina sin un propósito claro. Pero no existe una solución puramente militar para el problema. Se necesitan respuestas políticas, y éstas exigen un fundamento racional si se quiere siquiera que empiecen a tomar forma. ¿Qué otro fundamento racional podría haber en la Palestina contemporánea excepto un único Estado democrático?
Los méritos teóricos de esta idea son, por supuesto, indiscutibles. Un Estado democrático brindaría la oportunidad de abordar las injusticias históricas infligidas a los palestinos, ya que permitiría la aplicación de la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, que exige el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Este es un elemento central del conflicto entre Israel y Palestina. Un Estado democrático eliminaría además cualquier derecho especial basado en características etnocéntricas, especialmente el derecho a poseer tierras según la ley. Eso significaría que los colonos israelíes podrían permanecer en sus comunidades pero sin derechos exclusivos sobre el agua, el uso de las carreteras y una seguridad privilegiada. Un Estado así, por último, empezaría a abordar las profundas disparidades económicas entre el río y el mar.
Sin embargo, una cosa son los méritos teóricos y otra la realidad política. La realidad exige que la noción sea aceptada gradualmente por las partes enfrentadas y comience a guiar sus acciones políticas.
Para el pueblo palestino el salto es grande pero no imposible. No tienen otra opción que resistir a la dominación israelí y no cabe duda de que seguirán haciéndolo indefinidamente. Sus objetivos nacionales son esencialmente democráticos y aspiran al derecho a regresar a su patria, al derecho a la autodeterminación y a la creación de su propio Estado.
Todas estas aspiraciones están arraigadas en el principio de igualdad de ciudadanía. La Carta Nacional Palestina ya reconoce que los judíos que vivían en Palestina antes de 1917 son considerados ciudadanos palestinos normales. No es ni mucho menos imposible extender esto a los demás si se abolieran los derechos exclusivos.
Incluso los grupos nacionalistas islámicos, como Hamás, que ha liderado la resistencia en la Franja de Gaza, no rechazan de plano el concepto de un acuerdo político basado en un Estado democrático. De hecho, Hamás ha entablado negociaciones con la Autoridad Palestina para unirse a la Organización para la Liberación de Palestina, la organización que representa a las facciones políticas palestinas. Los estatutos de la OLP exigen la creación de un Estado democrático, un concepto al que no se oponen la mayoría de los grupos políticos nacionalistas islámicos. Estos grupos no están en contra de la existencia de una comunidad judía en Palestina, sino que se oponen al Estado de Israel como entidad que pretende anular los derechos nacionales y civiles del pueblo palestino.
Por difícil que sea para los palestinos, la verdadera dificultad reside en la comunidad judía. Los judíos israelíes deben darse cuenta políticamente de que sus derechos y privilegios exclusivos son insostenibles a largo plazo. La comunidad dominante debe enfrentarse al terrible aprieto que su sionismo etnocéntrico ha creado para los demás y para sí misma.
En la actualidad esto es imposible, ya que la opinión pública israelí habla de un enfrentamiento entre «civilización» y «barbarie» o incluso entre «personas» y «animales». Para que esto se haga realidad, serán necesarios grandes acontecimientos y presiones políticas y económicas externas.
En la actualidad, tal perspectiva parece inexistente. Pero la incesante violencia del último año, lejos de resolver el problema, ha empeorado las cosas, ya que la preponderancia militar no es lo mismo que alcanzar los propios objetivos estratégicos. Puede producirse un fracaso estratégico decisivo sin sufrir una derrota en el campo de batalla, como descubrió Estados Unidos en Vietnam. Pasar página tras el 7 de octubre significa que Israel, a pesar de su enorme poderío militar, se enfrenta a la perspectiva de un fracaso estratégico.
Tal vez tal fracaso abriría una grieta en el muro de la ideología que impide a los israelíes diferenciar entre la comunidad judía, que ha existido en la Palestina histórica durante generaciones, y el Estado de Israel, un experimento de apartheid basado en derechos exclusivos para los judíos. Esta es la única esperanza de que sea posible algún avance político hacia la resolución del conflicto."
( Costas Lapavitsas es profesor de Economía en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos y coordinador de la Red Europea de Investigación sobre Política Social y Económica. Samer Jaber es un investigador de doctorado especializado en economía política en Royal Holloway, Universidad de Londres, Brave New Europe, 10/10/24, traducción DEEPL)
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