"Los españoles debemos unos 30.000 millones de euros a cinco grandes
empresas eléctricas en concepto de déficit de tarifa y esa cantidad
crece a un ritmo aproximado de 3.000 millones de euros anuales. Por si
eso fuera poco, esta situación ha secuestrado completamente nuestra
política energética y no tiene visos de solucionarse con las recientes
medidas del Gobierno.
La postura que argumentamos en este artículo es que ha llegado el
momento de auditar dicha deuda, determinar qué parte es ilegítima y
pagar sólo la que no lo sea. (...)
Entre los motivos que nos llevan a cuestionar el déficit de tarifa destacamos los siguientes:
- El precio que alcanza el kilovatio/hora en el mercado nada tiene
que ver con el coste real de producirlo. Además, el mercado mayorista,
donde los productores venden electricidad a las comercializadoras (que
luego la revenderán a los consumidores) es marcadamente oligopólico, y
las mismas cinco empresas controlan la oferta y la demanda.
- La especulación con el precio de la energía, entre sospechas de manipulación como en el caso de las subastas CESUR,
ha incrementado innecesariamente el precio de la electricidad los
últimos años. El Gobierno ha eliminado recientemente las subastas CESUR,
pero la deuda acumulada debida al sobrecoste que han generado hasta
ahora sigue existiendo [1].
- Los Costes de Transición a la Competencia concedidos a las grandes empresas eléctricas (que además el Gobierno ha pagado en exceso) equivalen a una fracción sustancial del déficit de tarifa.
- Pero sobre todo, los ya famosos windfall profits (beneficios caídos del cielo).
Las centrales nucleares e hidroeléctricas, que se construyeron en el
marco previo a la liberalización del sector eléctrico, y cuyas
inversiones ya han sido recuperadas, reciben unos beneficios
estratosféricos en el nuevo esquema de mercado.
Del déficit de tarifa contraído cada año, calcular qué parte puede
ser atribuida a cada uno de estos aspectos no es una tarea sencilla,
pero sí muy necesaria. Sin embargo, todas las propuestas de auditar el
déficit de tarifa hechas hasta la fecha han sido rechazadas, tanto por el Parlamento como por las grandes eléctricas. (...)
Un hecho que sorprende a primera vista es que las grandes eléctricas, a pesar de que protesten
por “estar obligadas a financiar el déficit de tarifa”, sigan teniendo
beneficios anuales de miles de millones de euros.
La explicación es que
esa deuda, una vez titulizada y revendida con el aval del Estado[2], se
suma al resto de ingresos: cuando se discute
si las grandes eléctricas deben o no financiar el déficit de tarifa, lo
que se suele plantear es cuándo reciben (inmediatamente o no) una parte
del dinero asociado a los costes reconocidos.
Lo que nos preguntamos en este artículo es si deben recibirla en absoluto. (...)
A nuestro modo de ver, el único modo de acabar con el déficit de
tarifa empezaría por realizar una auditoría del funcionamiento del
mercado eléctrico y sus costes desde que comenzó el proceso de
privatización en 1997.
Esto es sin duda una tarea ímproba, pero que indefectiblemente
merecerá la pena, ya que sólo así podremos dilucidar qué porcentaje
debemos pagar de los más de 30.000 millones de euros que los
consumidores supuestamente debemos a las eléctricas en concepto de
déficit de tarifa acumulado. Y sólo así evitaremos que esta deuda siga
creciendo y podremos rescatar nuestra política energética. Sin embargo, las principales empresas eléctricas españolas se niegan a aceptar esta auditoría, lo que obviamente no hace sino aumentar la desconfianza de los ciudadanos informados.
Creemos que, llegados a este punto, no podemos seguir esperando a que
los principales beneficiados por un sistema eléctrico intencionadamente
opaco se presten a arrojar luz sobre él. La escasa información pública
disponible nos demuestra que las eléctricas españolas obtienen
anualmente beneficios milmillonarios. Eso por sí solo ya hace
inaceptable que una supuesta deuda contraída con ellas tenga secuestrado
un sector estratégico del país (o que se les permita cortar un servicio
básico como la electricidad a miles de familias empobrecidas).
Pero es que además vemos que, si hubiesen obtenido unos beneficios
similares a los de sus homólogas europeas, la deuda acumulada en
concepto de déficit de tarifa sería notablemente inferior.
Concluimos por tanto que existe una duda más que razonable sobre la
legitimidad de la práctica totalidad del déficit de tarifa contraído
durante el período 2008-2012, así como en el periodo anterior, que
comienza en 2002, y durante el cual el sistema eléctrico funcionó según
los mismos criterios.
En consecuencia, la postura de la ciudadanía y del Gobierno que debe
representarla ha de ser tajante: en primer lugar, es necesario realizar
una auditoría sobre el déficit de tarifa para determinar qué parte es
legítima y debemos pagar y cuál no; en segundo lugar, la reforma del
sector eléctrico que impida el aumento del déficit de tarifa no puede
retrasarse más." (Marta Victoria, José Luis Velasco y Raquel del Río, Público, 13/10/2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario