"Empecemos por el
principio, por muy evidente que éste pudiera parecer: la deuda no es una
cuestión moral sino un negocio económico entre dos partes, acreedor y
deudor, que generalmente ocupan posiciones asimétricas.
Por lo tanto,
recurrir a argumentos morales para tratar de justificar que la deuda hay
que pagarla por encima de cualquier otra consideración es una trampa en
la que no se debe caer.
En principio, las
deudas hay que pagarlas, por supuesto. Nadie dice lo contrario. Pero
siempre que se pueda y hasta donde se pueda y no como principio sagrado y
mucho menos cuando se ponen en juego bienes y derechos sociales de
orden superior a un contrato de tipo financiero, como pueden ser los
derechos humanos.
De hecho,
la posibilidad de impago es inherente al negocio del acreedor, que por
eso cuando decide prestar incorpora en el tipo de interés que va a
cobrar al deudor un componente relacionado con el grado de solvencia de
éste, siendo más elevado cuanto mayor sea el riesgo de impago. (...)
¿O es que Alemania
apeló al espíritu de sacrificio calvinista y exigió continuar pagando su
deuda cuando las naciones aliadas le ofrecieron su condonación parcial
en los Acuerdos de Londres de 1953? Si impone ahora la austeridad es,
exclusivamente, porque se encuentra en una posición acreedora y desde
ahí siempre es más fácil predicar con el ejemplo e imponer el
sufrimiento.
Todo lo argumentado
hasta ahora es absolutamente compatible con reconocer que el nivel de
endeudamiento de la economía española es uno de sus principales
problemas y se constituye no sólo en una restricción para retomar la
senda del crecimiento económico sino también en una hipoteca injusta
sobre las generaciones futuras. (...)
la senda de insostenibilidad que está tomando la deuda pública española
(hasta aquí lo que reconocen) exige de una reestructuración ordenada de
la misma (y esto es lo que rechazan). En vez de reconocer que a la
primera premisa le sucede la segunda, prefieren replicar el recetario
del FMI y se limitan a proponer tan sólo una reestructuración de la
deuda privada de familias y empresas.
Parten en realidad de la quimérica
esperanza de que el sector privado (familias y empresas) reactive la
economía, recuperando el crecimiento y haciendo que el denominador del
cociente entre deuda pública y PIB crezca para que, con ello, se reduzca
la ratio entre ambas variables (vid, por ejemplo, José Carlos Díez, “Costes de impagar la deuda”, El País, 12 de septiembre). (...)
Y es que mientras el
sector privado se va desendeudando con mucho esfuerzo, la deuda del
sector público sigue una senda insostenible a pesar de la actual
reducción del coste de su financiación en los mercados financieros.
Dicho de otro modo,
desde 2010, cuando los ratios de deuda del sector privado alcanzaron su
valor máximo, la deuda de las familias y de las empresas no financieras
ha experimentado una reducción acumulada hasta finales de 2013 de 11 y
21 puntos porcentuales, respectivamente.
Una reducción mayor que la
experimentada por esos mismos sectores en Estados Unidos, Reino Unido y
Holanda. Es, decir, las familias y empresas españolas, a pesar del
dificilísimo contexto, están haciendo mayores esfuerzos para hacer
frente a sus deudas. Sin embargo, en ese mismo periodo la deuda pública
española ha pasado del 61,7% al 93,9% del PIB, es decir, ha crecido en
un 52% y, en estos momentos, en septiembre de 2014, supera ya el billón
de euros, esto es, un 98,9% del PIB, es decir, en menos de un año ha
aumento cinco puntos.
A mi humilde entender,
basta con estos datos para percibir que España tiene un problema de
deuda pública, y no sólo de deuda privada, y que cualquier turbulencia
en los mercados financieros que elevara el coste de la financiación de
los mínimos históricos absurdos en los que se encuentra ahora, dados los
fundamentos de la economía española, provocaría una auténtica
hecatombe.
Por lo tanto, desde
Podemos defendemos que ambas propuestas no son incompatibles y que no se
puede despreciar la necesidad de reestructurar ordenadamente la deuda
pública al tiempo que se reestructura la privada. Frente a las
repercusiones que ambas medidas podrían tener sobre la deuda externa,
bien podríamos hacer valer, por una vez, nuestro peso económico en la
Eurozona y la vulnerabilidad de ésta ante los problemas de nuestra
economía.
En definitiva, creo que no debemos rechazar de plano la posibilidad de
una reestructuración ordenada de la deuda y debemos aprender
humildemente de cómo se gestionaron esos procesos en América Latina
durante el último cuarto del siglo XX. En aquellos momentos la respuesta
de algunos gobernantes fue clara y digna, en consonancia con el
sufrimiento que venían experimentando sus pueblos por culpa de los
procesos de empobrecimiento por deuda.
Como ejemplo, valga recordar aquí
la frase de Salinas de Gortari cuando la situación de la economía
mejicana era desesperada y que sirvió como lema para obligar a la
negociación al gobierno estadounidense, su principal acreedor. Dijo
entonces Salinas de Gortari: “Si no crecemos, no pagamos”. ¿No les
parece un buen principio para comenzar a negociar? " (Alberto Montero, 14/10/2014)
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