El problema de nuestro sistema público de pensiones, ahora y en las próximas décadas es de ingresos

"(...) Las pensiones públicas en España suponen ya más del 10 por ciento del PIB, correspondiendo la mayor parte a las de jubilación, aunque no son despreciables las cuantías dedicadas a la contingencia de viudedad (alrededor de 2 puntos de PIB). 

En los dos últimos años el recurso sistemático al Fondo de Reserva de la Seguridad, la “hucha” de las pensiones, para financiar el déficit del sistema (que puede alcanzar el próximo ejercicio 20.000 millones de euros) ha disparado todas las alarmas. 

Por eso, lo que se venía interpretando como una urgencia para la próxima década, los problemas de financiación del sistema cuando las generaciones del ‘baby boom’ cesaran en la actividad para convertirse en pasivos del sistema, ha devenido en una prioridad inminente. 

Lo que ahora tenemos sobre la mesa, ni más ni menos, es el hecho de que los problemas de financiación ligados a la coyuntura económica, han aparecido mucho antes de acuciaran los efectos de la demografía. (...)

El problema de nuestro sistema público de pensiones, ahora y en las próximas décadas es, sobre todo, de ingresos (...)

Al fin y al cabo, el problema de la escasez de ingresos, esperada para un plazo mayor, ha aparecido de forma acelerada, drenando la “hucha”, no por un acuciante problema de envejecimiento de la población, que se manifiesta más lentamente, sino por la dinámica de un mercado de trabajo, que a pesar de la moderada recuperación económica no genera ingresos adicionales para el sistema de la Seguridad Social.

 ¿Por qué? El diagnóstico es sencillo. Tenemos más personas empleadas, sí, pero no sustancialmente más horas de trabajo. Además las horas trabajadas están, en media peor remuneradas, ya que el empleo que se crea es de baja cualificación y, por tanto, con menores niveles salariales que los previamente existentes. (...)

La financiación de las pensiones, requiere por tanto en primera instancia de más y mejores salarios. En las condiciones actuales, con las tendencias registradas en la evolución de las bases de cotización del sistema y el gasto en pensiones, para equilibrar financieramente el sistema habría que tener 3,1 millones de afiliados más que los que hoy tenemos. 

Y es que a menudo pasamos por alto, probablemente porque nos guiamos por frases hechas y repetitivas, algunas cuestiones esenciales que afectan a uno de los elementos fundamentales del empleo que se está creando: su calidad y su retribución.

Destruir empleo de calidad, con elevados salarios, reducir buenos contribuyentes para el sistema financiador de las pensiones públicas, ¿a cambio de qué? Pues como viene ocurriendo en estos años de incipiente recuperación, a cambio de ladrillo y hostelería (que está sufriendo por cierto un enorme deterioro en sus condiciones laborales) para turismo de sol y playa, nuestras singularidades productivas. (...)

Una subida sostenida de alrededor del 4% anual en el Salario Mínimo Interprofesional durante el próximo lustro podría aportar ingresos adicionalesHay medidas que pueden llevarse a cabo sin elevar cotizaciones o establecer nuevas figuras tributarias finalistas o complementarias. 

Si la política de estímulos al empleo (a través de tarifas planas y otros instrumentos, por otra parte muy cuestionables desde la perspectiva de su eficiencia) fuera financiada por el presupuesto del Estado, o directamente suprimidas, podrían incrementarse los ingresos en alrededor de 3.000 millones de euros anuales. 

Además, una subida sostenida de alrededor del 4% anual en el Salario Mínimo Interprofesional durante el próximo lustro podría aportar ingresos adicionales de alrededor de 1000 millones al año y aportaría a nuestro mercado de trabajo dosis de igualdad salarial imprescindibles tras el intenso aumento de la desigualdad y la pobreza laboral en estos años de crisis. 

La supresión de los topes máximos de cotización hoy vigentes incrementaría los ingresos a corto plazo en no menos de 4.000 millones de euros, aunque es verdad que los gastos en pensiones también crecerían a plazo dado que habría que subir en una medida similar los topes máximos de pensión habría una ganancia transitoria de tesorería durante el periodo de ajuste.

Por supuesto, la implantación de estas medidas no evitaría la necesidad de nuevos ingresos pero reduciría la intensidad del incremento complementario de las nuevas fuentes tributarias. Si todo el peso de los nuevos ingresos recayera sobre una figura que, de modo similar al establecido en Francia, incrementara la contribución al sistema a través del IRPF y el Impuesto de Sociedades la recaudación actual debería crecer en algo más del 20%. Se trata de una cuantía no precisamente pequeña.

Algo parecido ocurriría si el impuesto a recargar fuera el IVA. De ahí que no deba descartarse una salida transitoria consistente en un paquete de medidas mixto que incluyera también, junto a la nueva figura tributaria, un incremento en las cotizaciones sociales a cargo de trabajadores y empresarios. 

No es desde luego la mejor opción, pero los tipos de cotización españoles permanecen hoy en un nivel inferior al vigente a lo largo del último tercio de siglo y, dada la reducción de costes laborales llevada a cabo con la devaluación salarial, permitiría un margen de actuación complementario. Un punto de cotización adicional supone hoy alrededor de 3.000 millones de nuevos ingresos.

Más vale que centremos el debate en estos ámbitos. Porque si pensamos que esto se arregla reformando la pensión de viudedad, trasladándola a las Comunidades Autónomas, eliminando su carácter contributivo, que es el que hoy tiene, entonces no solo estaremos equivocando la receta sino alterando de forma sustancial una de las bases fundamentales de nuestro sistema de pensiones. 

Dejemos que un renovado Pacto de Toledo atienda a estas otras cuestiones con sosiego, en tanto que se pone de inmediato en marcha lo que urge, nuevas fuentes de ingresos."                 (Valeriano Gómez, El Confidencial, 14/11/16)