"(...) Tras una “década perdida”, la economía española ha vuelto en 2017 a los
niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición
económica que supone quebrar de hecho el “contrato social”: estamos en
una economía más desigual, que no garantiza que el trabajo sea un
pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja atrás a
una parte muy importante de la población.
¿Cómo podemos reducir
drásticamente las desigualdades y poner en pie un nuevo contrato social? (...)
España es el país de la unión monetaria en donde más ha
aumentado la desigualdad en la última década. Este espectacular
incremento desde el inicio de la crisis se debe fundamentalmente a tres
factores:
a) una fortísima destrucción de empleo durante el periodo
2008-2012, acentuada por la facilidad de despido de las personas con
empleos temporales y el abuso de este tipo de contratos.
b) unos duros recortes en el gasto público, que no sólo
agudizaron la crisis y la destrucción de empleo, sino que además
limitaron la capacidad redistributiva de nuestro débil Estado de
Bienestar.
c) la política de devaluación salarial implementada por el
gobierno del Partido Popular, principalmente a través de la erosión de
la negociación colectiva y el impulso de la unilateralidad de las
empresas para fijar condiciones salariales y de trabajo.
La superposición de estos tres factores ha llevado a que
durante esta última década se haya producido un aumento de la
desigualdad de la renta en todas sus facetas: ha caído el peso de los
salarios en la renta nacional, ha aumentado la diferencia entre los
salarios más bajos y más altos, y ha aumentado la desigualdad en las
rentas personales incluso teniendo en cuenta la actuación redistributiva
del Estado mediante impuestos y transferencias.
(...) entre 2000 y 2007 se crearon 8 millones de puestos de
trabajo, pero el peso de los salarios en la renta disminuyó 2 puntos
porcentuales y el índice de Gini permaneció relativamente estable. La
vuelta al crecimiento económico durante el periodo 2014-2017 tampoco
está sirviendo para reducir los aumentos de la desigualdad asociados a
la crisis económica.
Dos factores resultan determinantes en este sentido: el
intenso y generalizado ajuste salarial propiciado por la reforma laboral
de 2012, que llega hasta 2017, y la extensión del empleo atípico
(temporal y a tiempo parcial) y de mala calidad. Entre el primer
trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2017, casi el 60% del empleo
creado ha sido de carácter temporal o a tiempo parcial.
(...) parece que se está produciendo una reconfiguración económico-social, en
torno a una nueva correlación de poder y a nuevas instituciones en el
mercado de trabajo, que impide que la recuperación económica se
transmita a los trabajadores y a la mayoría social del país. El elevado
desempleo aún existente no haría sino reforzar esta tendencia.
Una estrategia integral para reducir drásticamente las desigualdades y
garantizar que los beneficios del crecimiento se reparten de forma más
equitativa debe contemplar al menos tres niveles.
El primero –quizá el
más relevante en este momento– se refiere al desarrollo de un nuevo
marco de relaciones laborales más equilibrado entre trabajadores y
empresarios.
En segundo lugar, es necesario avanzar en la creación de un
verdadero Programa de Renta Garantizada para aquellos hogares que
carecen de recursos suficientes.
Finalmente, es ineludible acometer una
profunda reforma fiscal que, con más progresividad y justicia, asegure
recursos suficientes para financiar las políticas públicas. (...)
Un programa de renta diferencial (complementaria de los
ingresos existentes) para todos los hogares con ingresos por debajo del
umbral de la pobreza monetaria permitiría darle forma real a una
estrategia de “crecimiento inclusivo”.
Si además este programa contempla
una retirada gradual (y no súbita) de las prestaciones conforme se
encuentre empleo y los hogares vayan aumentando los ingresos, la
reducción de las desigualdades será compatible con la erradicación de
posibles trampas de la pobreza.
Los cálculos existentes en el diseño de esta medida,
hechos a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE,
establecen un coste total de un 1%-1,5% del PIB. Teniendo en cuenta que
España está a la cola de la UE en materia de fiscalidad verde, la simple
equiparación de nuestros niveles de tributación ambiental con países
como Bulgaria, Grecia o Malta, serviría para financiar esta medida.
Construir un verdadero sistema de Renta Garantizada no es
simplemente una cuestión de equidad y lucha contra las desigualdades.
Además de fortalecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades,
también favorece el propio crecimiento económico, al reforzar la
capacidad adquisitiva de aquellos hogares que tienen precisamente una
mayor propensión marginal al consumo. (...)" (Jorge Uxó, Nacho Álvarez, CTXT, 06/12/17)
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