"La Airef propone una renta contra la pobreza compatible con empleos de sueldos bajos
La Autoridad Fiscal aprovecha el examen para lanzar una propuesta suya. Esta consiste en una prestación por “tramos de renta para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en pobreza severa” y que podría compatibilizarse “con el empleo, actuando como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente”. El objetivo de esta compatibilidad, que se da en el salario social del País Vasco, sería no desincentivar la búsqueda de empleo si se cobra la ayuda, algo que se estaría observando en el plan PREPARA, uno de los subsidios extraordinarios para desempleados creados durante la crisis. (...)
No obstante, también es cierto que una y otra tienen objetivos distintos. La iniciativa de los sindicatos apunta a los parados de larga duración y la de la Airef señala a la pobreza severa.
Este requisito se eliminaría en la propuesta de la Airef. No obstante, este organismo también pretende que su propuesta de renta se ancle en la Seguridad Social. En sus trabajos cita el artículo 41 de la Constitución, que asigna al instituto previsor la garantía de asistencia y “prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad”. “El pago sería de la Seguridad Social" (Manuel V. Gómez, El País, 23/06/19)
"La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe a petición del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el que establece que con una renta mínima con un coste fiscal de solo 3.500 millones de euros se podría reducir en un 60,4% la pobreza severa en España beneficiando con esta medida a 1,8 millones de hogares.
La Autoridad Fiscal aprovecha el examen para lanzar una propuesta suya. Esta consiste en una prestación por “tramos de renta para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en pobreza severa” y que podría compatibilizarse “con el empleo, actuando como un complemento salarial hasta un determinado umbral en el que se haya alcanzado un salario suficiente”. El objetivo de esta compatibilidad, que se da en el salario social del País Vasco, sería no desincentivar la búsqueda de empleo si se cobra la ayuda, algo que se estaría observando en el plan PREPARA, uno de los subsidios extraordinarios para desempleados creados durante la crisis. (...)
No obstante, también es cierto que una y otra tienen objetivos distintos. La iniciativa de los sindicatos apunta a los parados de larga duración y la de la Airef señala a la pobreza severa.
El papel de la Seguridad Social
Esto mismo ha subrayado en Twitter el responsable de políticas públicas de CC OO, Carlos Bravo, al publicarse la noticia. El sindicalista, señalaba que su diseño buscaba evitar un “conflicto de competencias entre el Estado [central] y las comunidades autónomas”, de ahí que lo plantearan como una ayuda a gestionar por la Seguridad Social y vinculada a la inscripción en los servicios públicos de empleo. Con esta exigencia, se evitaba que cayeran en el ámbito de los Servicios Sociales, donde las administraciones autonómicas tienen mucho que decir.Este requisito se eliminaría en la propuesta de la Airef. No obstante, este organismo también pretende que su propuesta de renta se ancle en la Seguridad Social. En sus trabajos cita el artículo 41 de la Constitución, que asigna al instituto previsor la garantía de asistencia y “prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad”. “El pago sería de la Seguridad Social" (Manuel V. Gómez, El País, 23/06/19)
"La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe a petición del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el que establece que con una renta mínima con un coste fiscal de solo 3.500 millones de euros se podría reducir en un 60,4% la pobreza severa en España beneficiando con esta medida a 1,8 millones de hogares.
La propuesta de la AIReF viene a modificar el
planteamiento de renta mínima que los sindicatos CCOO y UGT llevaron al
Congreso mediante una Iniciativa Legislativa Popular y propone una
serie de modificaciones para "aumentar la eficacia de la prestación,
mejorar su diseño institucional y asegurar la eficiencia y coherencia de
la prestación con la situación fiscal de España".
La AIReF responde así a la petición del Gobierno de Pedro
Sánchez de analizar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada
a propuesta de los sindicatos UGT y CCOO en 2016 con el aval de 700.000
firmas, cuya finalidad era establecer una prestación de ingresos
mínimos (426 euros para los ciudadanos sin recursos y en extrema
pobreza) en el ámbito de la protección social de Seguridad Social.
En
un extenso informe de 170 páginas al que ha tenido acceso en exclusiva
eldiario.es, la institución que dirige José Luis Escrivá apunta que esta
propuesta de renta mínima, desde el punto de vista de la eficacia,
permite reducir la tasa de pobreza un 12,1% y un 27,6% la tasa de
pobreza extrema, "no obstante, la falta de focalización en el objetivo
principal, materializada en los requisitos para acceder a la prestación,
dificulta una mayor reducción de la pobreza".
Ante
esta posición, la AIReF ha diseñado dos alternativas de actuación que
incidirían, según sus cálculos, en una reducción de la tasa de pobreza
severa mayor, con un coste fiscal inferior e incrementarían el número de
hogares beneficiarios.
La primera alternativa
propone dos tramos para la asignación de la prestación. Si los ingresos
por hogar se encuentran por debajo del 20% de la mediana, los adultos
percibirían una prestación cuya cuantía se situaría en el 80% del
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice
empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, y 1.200
euros/año por hija/o a cargo. Si los ingresos varían entre el 20% y el
60% de la mediana, se tendría derecho a 1.200 euros/año por hija/o a
cargo. Esta medida afectaría a 1,8 millones de hogares y tendría una
reducción del 60,4% de la tasa de pobreza severa mientras que el
resultado en la caída de la tasa de pobreza sería mucho más modesta: un
2%.
La segunda alternativa también tiene dos tramos
para la asignación de la prestación. Si los ingresos del hogar se
encuentran por debajo del 30% de la mediana habría una ayuda decreciente
desde el 80% al 10% del IPREM más un complemento por hija/o a cargo
equivalente a 1.680 €/año. Si los ingresos del hogar oscilan entre el
30% y el 60%, los beneficiarios tendrían derecho a la asignación por
hija/o a cargo de 1.200 €/año. Esta propuesta también afectaría a 1,8
millones de hogares, pero la reducción de la tasa de pobreza extrema
sería menor, un 46%, mientras que la disminución de la tasa de pobreza
sería de un 4,7%.
La AIReF destaca que su propuesta "podría sustituir las
prestaciones existentes nacionales y autonómicas, permitiendo a las
comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de
cobertura como de generosidad". Su prestación "se encuadraría dentro del
sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva
y podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única a
través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales
incluyendo el perfilado de los beneficiarios y la derivación hacía los
servicios que necesiten, sean políticas activas de empleo o de lucha
contra la exclusión social".
Según el organismo
supervisor "ambas alternativas tendrían un coste de 5.500 millones de
euros, en lugar de los 7.000 millones de la propuesta de los sindicatos,
con lo que se permiten alcanzar o superar los objetivos de reducción de
la pobreza con un menor coste fiscal. Las alternativas propuestas
tienen un menor coste fiscal, unos 1.500 millones de euros menos al que
hay que añadir un ahorro en torno a 2.000 millones por la supresión de
duplicidades, por lo que el coste neto sería de 3.500 millones de euros.
Además, presenta entre un 50% y un 60% de mejores resultados en
términos de reducción de la pobreza severa.
La propuesta de este nuevo sistema debería introducirse, según la AIReF,
de manera gradual (3 años), lo que supondría "anualmente una décima más
de déficit estructural, cuya compensación con otras medidas resulta
factible". (...)
Análisis de la propuesta de los sindicatos
La AIReF destaca que "la necesidad de estar inscrito de
manera ininterrumpida como demandante de empleo al menos durante los 12
meses anteriores a la solicitud supone identificar pobreza con desempleo
de larga duración", cuando hay otros factores causantes de la pobreza.
En el último informe Foessa se vuelve a colocar a la vivienda como principal factor de exclusión social.
Adicionalmente, la autoridad fiscal apunta que "la combinación de
límites de renta individuales con límites de renta por hogar para
percibir la prestación impide focalizar la prestación en los colectivos
más vulnerables".
La AIReF abunda en que el requisito
de ser desempleado puede agravar los desincentivos de salida al mercado
laboral identificados en algunos de estos programas, cuando este efecto
parece mitigarse en el caso de aquellas prestaciones que permiten cierta
compatibilidad con el empleo como es el caso de la Renta de Garantías
de Ingresos del País Vasco.
Esta vinculación del
desempleo de larga duración con el número de beneficiarios de la ILP y
su coste fiscal hace que en 2014 se multiplicasen por 7 las cifras de
2008, pasando de 272.000 en 2008 a 1.929.000 en 2014 de personas que se
acogerían a esta renta mínima utilizando como la Encuesta de Condiciones
de Vida (ECV) desde 2004 hasta 2017. Asimismo, la proyección para los
próximos años sería de una reducción notable de beneficiarios y coste
fiscal. (...)" (Rodrigo Ponce de León, eldiario.es, 22/06/19)
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