La capital se convirtió ayer en una ciudad colapsada. Más de dos millones de personas se quedaron en Madrid sin su medio habitual de transporte. El metro amaneció cerrado y durante todo el día no circuló ni un solo tren, algo que no había pasado desde hacía 23 años. Los trabajadores de Metro protestaron así contra los recortes aprobados por la Comunidad de Madrid para todos sus funcionarios y trabajadores de las empresas públicas. El lunes iniciaron la huelga con la amenaza de parar la ciudad. Ayer la cumplieron. Hoy han convocado otro paro total. (...)
No hubo conductores dispuestos a cubrir los servicios mínimos del 50% que fijó la Consejería de Transportes e Infraestructuras para la huelga. La razón que argumentan es que la Comunidad de Madrid se ha saltado su convenio colectivo, firmado en 2009, al incluirles en el plan de recortes. El Gobierno regional incluyó una disposición adicional, solo para Metro, en la que les permite negociar las rebajas en gastos de personal más allá de sus sueldos. Pero no les sirve." (El País, ed. Galicia, España, 30/06/2010, p. 15)
"A los trabajadores de las empresas públicas estatales y entidades como Renfe, Adif o AENA no les afectó el recorte salarial que han sufrido todos los funcionarios. Deliberadamente, el Gobierno central los dejó fuera. Incluirlos no era fácil jurídicamente.
Los presupuestos determinan los salarios de los funcionarios, del personal laboral o de los trabajadores de los organismos autónomos, pero no el de quienes están en la nómina de las sociedades mercantiles públicas. En este caso los sueldos están determinados por los convenios colectivos. Modificar las condiciones salariales de estos implica negociar y recurrir a las ahora famosas -por la reforma laboral- cláusulas de descuelgue.
A la hora de seguir esa senda de ajustes del Gobierno, la Comunidad de Madrid ha ido más allá. Ha fabricado la Ley de Medidas Urgentes, en las que recorta un 5% de media el sueldo de los trabajadores de las empresas públicas (Telemadrid, Canal de Isabel II, Metro...) y el del personal docente.
"Hay un convenio colectivo que hay que respetar. Es un escenario distinto al de los funcionarios", explica Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. En su opinión, la iniciativa del Gobierno de Esperanza Aguirre está en el límite de la constitucionalidad. Pero le queda una duda. "Está el precedente de AENA", continúa Lahera, en referencia a la rebaja del salario de los funcionarios decretada por el Ministerio de Fomento. "Y esta decisión ha sido ratificada por los tribunales". (El País, ed. Galicia, España, 30/06/2010, p. 15)
El intento sindical de paralizar Euskadi se quedó finalmente ayer a medio camino. La sociedad vasca protagonizó la huelga más contundente de la última década. Un paro convocado de forma separada por las centrales nacionalistas y CC OO cuyo seguimiento, sin embargo, fue desigual en función de comarcas o sectores y que distó de ser general, como pretendían los convocantes. (...)
Los sindicatos coincidieron en su satisfacción por el rechazo al decreto del presidente Zapatero que, a su juicio, evidenció la respuesta "masiva" de los trabajadores. Una impresión que contrastó con la del Gobierno vasco. Su portavoz, Idoia Mendia, insistió en que "no está el país para huelgas" y limitó a un 22% su seguimiento en el sector privado, cifra que redujo a un 8% en el ámbito de la Administración. " (El País, ed. Galicia, España, 30/06/2010, p. 16)
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