"A la espera de la letra pequeña, y pendientes todavía del resultado
de una negociación que se promete tensa, ya conocemos en términos
generales la estrategia que la Unión Europea (UE) ha diseñado para enfrentar el shock generado por la covid-19.
En
una primera fase ya en marcha hasta finales de año, y bajo el relato de
un supuesto “triple escudo de defensa de empresas, estados y
trabajadoras”, los esfuerzos se están centrando fundamentalmente en "inyectar liquidez a los mercados"
(en torno a 2 billones de euros) a través de la banca y de las grandes
empresas.
Estas son, en última instancia, las principales beneficiarias
del billón que el Banco Central Europeo (BCE) se ha comprometido a
insuflar vía compra de deuda pública y privada, del programa de avales
impulsado por el Eurogrupo (200.000 millones), así como de la
posibilidad de inversión pública temporal en corporaciones estratégicas
en dificultades –donde destaca especialmente el apoyo al sector
aeronáutico y de automoción–.
Al mismo tiempo, haciendo de la necesidad
virtud, se ha permitido que los estados suspendan por el momento el
límite de endeudamiento contemplado en el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, teniendo además acceso a 240.000 millones en préstamos MEDE
–para temas sanitarios únicamente–, junto a otros 100.000 para
programas de regulación temporal de empleo (programa SURE).
Esta estrategia a corto plazo, lejos del imaginario del triple escudo,
ofrece una respuesta altamente "insuficiente". No solo en términos
generales (si comparamos con la asumida por EEUU, Reino Unido, Dinamarca
o Alemania, por poner solo algunos ejemplos), sino también en lo
referente a los países más castigados por la pandemia, que reciben
ayudas en función de su población total, no de su situación específica.
Además, también es "insensible al creciente drama social", ya que en la
práctica sus metas se centran en evitar ataques especulativos y sostener
con respiración asistida a las empresas transnacionales
ultra-endeudadas, no en defender a las mayorías sociales y a los
pueblos. Al mismo tiempo, este plan ahonda el ya de por sí grave problema de "deuda pública", al vehiculizarse absolutamente mediante préstamos y avales,
sentando así las bases de nuevos estallidos financieros.
Evidencia, a
su vez, la "insolidaridad y el dogmatismo" de un proyecto europeo
incapaz de dar respuestas colectivas, audaces y adaptadas ante una
situación extraordinaria. Y, como corolario, se mantiene absolutamente
ajeno a la situación actual de "colapso ecológico y de crisis" del
modelo globalizado de acumulación capitalista.
Así, este “paquetazo económico” generó numerosas críticas,
tanto de los representantes de los países más afectados por el
coronavirus como de numerosos movimientos sociales a escala continental.
La derivada natural del mismo ha dado lugar a un clima generalizado de
desafección con la UE –especialmente en el sur del continente–, que pone
incluso en jaque la propia supervivencia del proyecto.
En este contexto, la Comisión Europea ha presentado a finales de mayo
la segunda fase de su estrategia, centrada en la "reconstrucción", y
por tanto con una perspectiva temporal más amplia (2021-2017). Bajo la
denominación de “Next generation EU”, el ejecutivo europeo propone un plan de 750.000 millones de euros más para el desarrollo de las reformas y adaptaciones estructurales que el momento crítico actual exige.
Su
financiación se sufragaría mediante bonos a 30 años, además de una
serie de impuestos todavía sin concretar, entre los que se baraja la obtención de ingresos derivados del carbón,
plástico, la economía digital y las grandes empresas. Todo ello, en
última instancia, bajo el respaldo del presupuesto europeo, cuyo techo
se incrementa del 1 al 1.4% del PIB continental, y que incluso se eleva
hasta el 2% con carácter temporal.
Estos recursos no se canalizarían únicamente a través de préstamos y avales, sino que se propone que al menos un 66% de las ayudas se vehiculicen mediante subvenciones a fondo perdido,
dentro de un marco que combina numerosos instrumentos ya en marcha con
otros mecanismos inéditos. El reparto, a su vez, se realizará en función
del impacto de la pandemia en cada país. De este modo, Italia y el
Estado español serán los principales beneficiarios, con un máximo de
172.745 y 140.446 millones, respectivamente.
El destino de los fondos se estructura en 3 líneas programáticas.
La primera y mejor dotada (560.000 millones) se denomina “Inversiones y
reformas”. Dentro de esta, junto a programas de cohesión (55.000) y
transición ecológica (40.000), se impulsa un "mecanismo de recuperación y
resiliencia" –auténtico meollo del plan–, destinado a la implementación
de inversiones y reformas –sin concretar–, sujetas al “semestre
europeo”. Esto es, vinculadas a la condicionalidad establecida en el
sistema de gobernanza presupuestaria comunitaria, por el que los estados
rinden cuentas ante la Comisión para el cumplimiento del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, así como del articulado de los Tratados.
Una
segunda línea, “Incentivar inversiones privadas” (60.000), plantea el
desarrollo –también sin concretar– de 3 programas para favorecer la
solvencia y las inversiones estratégicas empresariales en la UE. La
tercera línea, “Aplicar lecciones de la crisis” (130.000), se centra
finalmente en reforzar sistemas sanitarios (EU4 Health, 9.400),
protección civil (2.000), innovación e investigación (94.000), acción
exterior (16.500) y otros.
Por último, el acceso a esta miríada de programas y mecanismos estará condicionado, en última instancia, a la negociación con las estructuras comunitarias
bajo la égida del semestre europeo como ya hemos indicado, a partir de
la presentación de planes específicos por parte de los estados.
Se destacan, en este sentido, una serie de avances: el aumento de un
techo de gasto situado previamente en un pírrico 1% del PIB, inamovible
hasta el momento, incluso cuando Alemania y Francia pactaron la
propuesta de elevarlo para 2020, antes de la pandemia; la combinación de
préstamos con subvenciones directas, mitigando así el impacto en la
deuda de los estados; el abordaje del espinoso asunto de la fiscalidad
como vía de financiación del incremento presupuestario más allá de los
aportes de los países, que hoy suponen el 90% del total; la inclusión de
cuestiones hoy en día ineludibles como el cambio climático, la economía
digital, el fortalecimiento de los servicios sanitarios y la protección
civil; y, por último, la definición de un tipo de condicionalidad
supuestamente más laxa, no dependiente de la unilateralidad de los
“hombres de negro de la Troika”, sino del debate en el marco del
Semestre Europeo.
¿Se trata entonces de un giro en la política
europea? ¿El comienzo de una reflexión profunda sobre las señas de
identidad del proyecto continental? ¿Un reconocimiento del impacto
funesto de su apoyo sistemático al capital?
Balance de la estrategia frente a la covid-19
La respuesta a estas preguntas ha de partir necesariamente de la cautela ante una negociación que no ha hecho sino empezar,
así como de una estrategia muy difusa aún en términos de contenidos y
condicionalidades. En todo caso, y únicamente conociendo sus parámetros
fundamentales, sigue estando en su conjunto muy alejada de las
necesidades de un momento tan crítico como el presente.
Además, dado el
antidemocrático modelo de gobernanza europea, el fundamentalismo
reaccionario y/o neoliberal de países con capacidad de veto, así como
numerosas evidencias de que el modelo económico no solo no se cuestiona
sino que se acrecienta, no sería extraño que el nuevo “Plan
Marshall” mostrara, cuando se concrete, el acostumbrado rostro timorato y
corporativo de toda apuesta de la UE.
En este sentido, y en primer lugar, los recursos destinados a esta estrategia siguen siendo muy insuficientes.
Es muy llamativo que los montos dirigidos a la inyección de liquidez
(primera fase) sean más del doble de los destinados a la reconstrucción
(segunda fase).
Toda una declaración de intenciones, que deja
meridianamente claras las prioridades. Además, la reconstrucción queda
muy por debajo de las expectativas del parlamento europeo (que
solicitaba 2 billones) o estados como el español (1,5), incluso
partiendo de un turbio cálculo agregado que incluye programas que se
crearán ex profeso para enfrentar el shock actual, con otros
derivados de la dinámica presupuestaria habitual.
En todo caso, y
teniendo en cuenta estas salvedades, el plan en su conjunto destinaría
2,75 billones para que una población de 446 millones de personas
enfrente en los próximos años una crisis que, según la propia UE,
reducirá el PIB comunitario en un 7% en 2020, destruirá entre 25 y 35
millones de empleos, y ahondara su impacto en los próximos años, sin
fecha clara de “recuperación”. Máxime si, como parece, se producen
nuevos rebrotes.
En segundo término, el blindaje de los tratados de la UE,
el sistema de toma de decisiones basado en el consenso entre los 27
países para cuestiones estratégicas como la presente, así como el clima
de virulento enfrentamiento entre los autodenominados "frugales" y
"amigos de la cohesión" ("halcones" y "PIGS", en palabras del
adversario), hace prever que la indefinición actual de la estrategia
tenga más posibilidades de concretarse en un empeoramiento de los
avances inicialmente presentados.
De este modo, las reglas de juego y
las asimetrías políticas podrían hacer decantar el resultado final en
favor de la agenda hegemónica de la austeridad y la defensa de los
mercados y corporaciones.
Así, en un marco de evidentes desigualdades
entre Norte y Sur, y en un momento de auge de la extrema derecha y del
dogmatismo neoliberal, los “halcones” cuentan con un derecho de veto de facto
que, presumiblemente, podrá alterar la "relación
subvenciones/préstamos" en favor de estos últimos. No sería por tanto
extraño que ese 2/3 de ayudas a fondo perdido se redujera. (...)
Primero, nada se habla del desmantelamiento de los paraísos fiscales
y la lucha decidida contra el fraude, cuando cada año los países
europeos dejan de recaudar 25.000 millones en impuestos corporativos. Al
mismo tiempo, se obvian propuestas como la tasa covid, que pretende
gravar a grandes fortunas y corporaciones con cuantiosos beneficios, en
un ejercicio de equidad y justicia.
Segundo, la apuesta por los tratados
comerciales y de inversión, profundamente antidemocráticos e
insostenibles, sigue más que vigente, como lo demuestra la firma de la
actualización del acuerdo UE-México en plena emergencia sanitaria.
Tercero, se fomenta un sistema de ayudas estatales que ahondará las
desigualdades (Alemania está ayudando a “sus empresas” en una proporción
30 a 1 respecto al Estado español) y que además incentivan sectores de
alto impacto en el cambio climático, como la aeronáutica y la
automoción.
Y cuarto, se sigue sin abrir el debate sobre el conjunto de
la arquitectura mercantil y pro-competitividad cread en torno al euro,
que impide por ejemplo la inyección directa de dinero a los estados por
parte de los bancos centrales, que permanece muda ante los desbalances
generados por Alemania vía deflación salarial, y que blinda la
austeridad en un sistema prácticamente imposible de modificar.
En
definitiva los supuestos avances del plan, no contrastados en la
práctica y sujetos a una negociación con las cartas marcadas, no son
sino un relato cool que hace de la necesidad virtud. Se venden
así como éxitos ciertos movimientos de ficha que, de no haberse
propuesto, harían evidente el exceso de dogmatismo y falta de humanidad.
Se sitúa en el centro del relato, de este modo, cantos de sirena y
programas periféricos y presupuestariamente menores (transición,
cohesión, reforma sanitaria, economía digital), pero sin revisar
mínimamente un modelo frágil y agotado, al que pretenden defender con uñas y dientes en un intento desesperado por frenar su sangría. (...)"
(Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL , Cuarto Poder, 05/06/20)
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